Hace 43 años que la Constitución del Estado español consagró en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva garantizándose, siquiera formalmente, el acceso a la justicia por parte de todas las personas que así lo requirieran o demandaran.

El citado precepto constitucional ha sido incumplido reiteradamente por el Estado español respecto a todas las personas, y sus familiares, que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos como consecuencia de los crímenes franquistas que se cometieron: asesinatos, desapariciones forzadas, trabajo esclavo, encarcelamientos, robo de bebés, torturas, expolio patrimonial.....

Los juzgados y tribunales españoles se niegan a investigar y, en su caso, enjuiciar los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos en y por el Estado español durante mucho más de cuarenta años, consolidando un modelo de impunidad que en ningún caso es aceptable ni en términos democráticos, ni en términos jurídicos desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Penal.

Así, desde diferentes instancias internacionales se viene demandando al Estado español que revierta la situación de impunidad mantenida y que para ello facilite e impulse, entre otras cuestiones, la investigación judicial de los crímenes franquistas. En este sentido podemos citar, a modo de ejemplo, los informes emitidos por órganos de Tratado y Mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como son el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Desapariciones Forzadas, Relatores Especiales, etc…..

A ello conviene sumar, cómo no, las demandas que en este sentido mantienen desde hace muchos años el conjunto del movimiento social memorialista.

El revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad que mantiene el Estado español, que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, es una urgencia de carácter democrático.

En la actual legislatura se encuentran en tramitación parlamentaria tres iniciativas legislativas importantes para tratar de poner fin a la impunidad de los crímenes franquistas: el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, la Proposición de Ley de Bebés Robados en el Estado español y la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales.

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales fue registrada y publicada en el Boletín Oficial en el mes de enero de 2020, la de Bebés Robados en el mes de marzo de 2020 y el Proyecto de Ley de Memoria Democrática en agosto de 2021.

Habiéndose superado en exceso el ecuador de la actual legislatura las tres iniciativas legislativas se encuentran sometidas a sucesivas e injustificadas prórrogas en el trámite de enmiendas lo que, de facto, supone un bloqueo en su tramitación.

Como decíamos es urgente terminar ya con esta situación y dar urgente curso a las iniciativas legislativas citadas, máxime cuando comprobamos día a día como se extiende y avanza el discurso de negación de derechos fundamentales por los sectores más reaccionarios del Estado. Por tanto, resulta imprescindible proceder a desbloquear las tres iniciativas legislativas, avanzar sin más demora en su tramitación y proceder a su aprobación con unos contenidos acordes a los estándares en materia de derechos humanos que le han sido exigidos al Estado español y que están siendo reclamados a su vez por el movimiento memorialista.

Y todo ello porque lo merecen las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sus familiares y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Se trata de una cuestión de dignidad democrática.

Si lo del martes fueran solo unas elecciones a la Comunidad de Madrid, probablemente no estaría escribiendo estas líneas. El martes es la primera batalla entre dos modelos de gestionar la mayor crisis sanitaria, económica y social a la que hemos tenido que hacer frente. 

Por un lado, el modelo de Ayuso, el modelo de la privatización y la confrontación feroz. Es un modelo basado en el egoísmo y que, si hiciera falta, podría pactar con el mismísimo Ku Klux Klan con tal de mantenerse en el poder. Eso sí, con mucha “libertad”. Por otro lado está el modelo de Mónica García y Más Madrid, un modelo que pone a las personas y a los servicios públicos en el centro, un modelo como el valenciano, el Botánico. Porque existe otra manera de gestionar esta crisis y en València lo hemos demostrado y lo demostramos día a día.

Lo demostramos cuando, mientras la señora Ayuso repartía en pleno confinamiento pizza y Coca Cola a los niños con beca comedor, en el País Valenciano se daban vales de 60 euros por alumno becado para que pudieran adquirir productos de alimentación e higiene en una cooperativa de supermercados valenciana.

Lo demostramos porque, aunque la incidencia de la Covid-19 ha bajado muchísimo, se ha mantenido la plantilla de profesorado que se contrató como refuerzo para bajar las ratios y hacer desdoblamientos de aulas en los centros educativos. Como se puede intuir, en el caso madrileño, dicho profesorado ya ha sido despedido.

¿Y qué podemos decir del modelo Ayuso para la hostelería? Pese a sus continuas consignas vacías, al más puro estilo Donald Trump, decidió abandonar al sector siendo la única autonomía que no destina ni un solo euro en ayudas directas. En sentido opuesto, tenemos de nuevo al gobierno valenciano, el que más ayudas directas ha otorgado a la hostelería con más de 280 millones de euros.

Más ejemplos: en el territorio valenciano se actuó con firmeza y fueron decisiones duras, pero se cerró cuando las cifras y los expertos lo indicaban, ahora mismo se está llevando a cabo una desescalada racional. No hace falta recordar qué ha hecho el Gobierno de Ayuso, los números de cada autonomía hablan por sí solos: el País Valenciano es ahora mismo una de las zonas de Europa con una incidencia acumulada más baja.

Por todas estas razones, considero que estas elecciones van de modelos y de cómo se afronta la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. Muchos están intentando que se hable de otras cosas y a todos nos hierve la sangre cuando la extrema derecha provoca o directamente amenaza, pero no podemos dejar que ellos nos digan de qué tenemos que hablar. Aquí todos venimos antifascistas de casa porque el fascismo es odio y violencia, pero no olvidemos que esto no va de quién la dice más gorda contra Vox, quién polariza, gesticula o se pone más chulo, esto va de hacer políticas para mejorar la vida diaria de la ciudadanía.

No permitamos que la extrema derecha consiga, con amenazas, bulos y provocaciones, que no se conozca lo que pasará en Madrid los próximos dos años, no permitamos que la política de gestos gane a la política de proyectos y derechos.

Madrid necesita urgentemente que florezca su propio Gobierno del Botánico.

Madrid necesita urgentemente a su Mónica, Mónica García.

“Estimados señorías, éste es nuestro decreto de prórroga del estado de alarma, no hemos querido negociar prácticamente con ustedes y el Estado se ha quedado competencias que deberían gestionar los territorios pero, ya lo saben, si no quieren que el apocalipsis llegue a cada pueblo y ciudad del Estado español, cómanselo. Aquí tienen nuestra propuesta, si quieren la votan y si no, el caos”. Este fue, en esencia, el ofrecimiento de la semana pasada de los chefs Sánchez e Iglesias a las fuerzas de izquierdas y territoriales que mantenemos su Gobierno. Tampoco habría un trato mejor para los gobiernos autonómicos unos días más tarde. El Gobierno volvería a dejar claro que ellos cocinan solos, decidiendo sin explicaciones claras y razonadas los cambios o no de fase de los diferentes territorios.

En la votación del estado de alarma el chantaje fue real, teníamos que decidir si nos comíamos su plato de lentejas mal cocinadas o nos cargábamos todo lo que habíamos conseguido hasta ahora. Ha habido muchísimas víctimas y, aunque no me gusta la coerción servida en plato de legumbres, el sentido de la responsabilidad me impide tirar por la borda todo lo que han logrado los sanitarios jugándose la vida, los trabajadores que han mantenido en marcha el país y los ciudadanos, que hace casi dos meses suspendieron sus vidas por el bien de todos.

La mayoría de ciudadanos han arrimado el hombro y han mostrado su mejor versión. Sin embargo, la derecha política y mediática no ha sabido estar a la altura de la gente. Tenemos una oposición carroñera, enferma de odio, a la que le asusta la responsabilidad y que propicia un caos que ni ellos mismos saben resolver. Los buitres han dejado claro que quieren aprovechar esta dramática situación para posar elegantes frente a los decorados de incertidumbre y de angustia.

Para guiar la nube de carroñeros, los buitres más hambrientos se contonean ante los focos de un desfile organizado por las instituciones madrileñas, sacan pecho, y fotos, en un macroescenario sanitario también montado por la Comunidad de Madrid, acarician un par de borregos en una granja a las afueras y terminan el día posando dramáticos en portadas claroscuras o frente a un espejo. Buitres de estado.

Existe, afortunadamente, una oposición constructiva y responsable, que cuando no le gusta el menú, propone mejoras y no le importa ponerse a cocinar. Aunque los dos partidos del Gobierno rechacen religiosamente cada una de las propuestas de Compromís, muchas de ellas, unos días más tarde, se convierten en ley en el BOE o en un anuncio en rueda de prensa. Celebramos que se limiten los precios del material sanitario para salvarlo de la especulación, que se quiera impulsar el blindaje de la sanidad en la Constitución, que las administraciones puedan licitar obra pública telemáticamente, que haya un plan para rescatar al mundo de la cultura y que los Centros de Internamiento de Extranjeros se hayan vaciado.

Arremanguémonos y pongámonos a cocinar juntos para tratar con confianza a los gobiernos autonómicos y que el proceso de desescalada no vaya marinado con chantajes e intereses partidistas. También, para que los ayuntamientos puedan gastar el dinero que han estado ahorrando en hacer frente a la crisis derivada del coronavirus en su municipio y para que la financiación por habitante sea igual independientemente del territorio donde se viva.

En un par de semanas volveremos a estar votando la prórroga del estado de alarma, el Gobierno tiene 15 días para corregir sus recetas y ser transparente con los territorios o seremos nosotros los que tendremos que rechazar sus legumbres mal cocinadas. La oposición también tiene 15 días para abandonar la carroña y que se ponga a cocinar con fundamento.

Nos falta cocina y nos sobran buitres y lentejas.

Señor Sánchez:

Permítame que me dirija a usted para transmitirle mi profunda decepción por cómo han gestionado usted y su equipo la negociación para conseguir un Gobierno progresista en el Estado español. Creo, sinceramente, que podrían haber hecho mucho más. Empezamos muy tarde y no ha habido una verdadera voluntad de llegar a acuerdos con nosotros.

El fracaso de negociación que le ha abocado a una investidura fallida, no solo ha sido por una cuestión de actitud, sino también por la falta de responsabilidad que supone romper con medidas a las que su partido ya se había comprometido. En el caso de Compromís, usted y su partido han decidido hacer oídos sordos a las tres necesidades básicas del pueblo valenciano que se demandaban para votar afirmativamente a su candidatura a presidente del Gobierno.

Por acción o por omisión esta semana se han negado a calendarizar un nuevo sistema de financiación autonómica, a establecer mecanismos de compensación para corregir las desigualdades entre territorios hasta aprobar una financiación justa para todas las comunidades autónomas y a comprometerse a pagar lo que le corresponde por ley al Estado en materia de dependencia (se hacen cargo del 12% cuando deberían contribuir con el 50%). Todo ello, pese a que su propio partido había firmado estas políticas hace poco más de un mes, en el Acord del Botànic II.

Con este hecho no solo ha menospreciado usted a Compromís y a los firmantes del acuerdo, también lo ha hecho al pueblo valenciano en su conjunto: asociaciones, colectivos, partidos, sindicatos, empresarios… Lamento profundamente que los diputados valencianos del PSOE antepongan los intereses de su propio partido a los de los ciudadanos que representan, dejando en papel mojado el acuerdo de Gobierno que ellos mismos firmaron en València.

No entendemos, tampoco, el silencio del president Puig ante este duro golpe a los intereses de las valencianas y los valencianos y a la suficiencia financiera del gobierno que dirige. Con su negativa, la Generalitat Valenciana tendrá que seguir endeudándose para poder pagar los servicios básicos públicos que nos ha encomendado el Estado. Seguiremos recurriendo a los préstamos para pagar las nóminas del personal sanitario, para poder sustituir a los profesores y profesoras que están de baja o para luchar contra el paro.

Por su ninguneo a los valencianos y valencianas, parecía que le sobrasen los apoyos para formar un Gobierno estable que durase cuatro años, ya que decidió dejar fuera de un posible acuerdo de legislatura a la única formación política que solo le pedía que resolviese el injusto sistema de financiación que padecen muchas comunidades autónomas (en plural) y que cumpliese con su propia ley de dependencia.

Espero sinceramente que cambie su postura y decida impulsar la revolución social que suponen gobiernos como el Botànic II. Nosotros, como bien sabe, estaremos dispuestos a formar parte de esa mayoría que sostenga un Gobierno progresista.

Por último, ahora ya sabemos todo lo que se ha hecho mal para que todo saliera mal. Aprendamos de nuestros errores. No se puede aprobar un examen difícil estudiando tres días antes, con toda la presión del mundo. Quedan dos meses de aquí al 24 de septiembre, suficientes para sacar adelante una nueva investidura. Hagamos tabla rasa, cambiemos si es necesario a los negociadores, vayamos a las reuniones con espíritu constructivo y, sobre todo, empecemos ya a negociar con discreción y aplicando el sentido común: primero un acuerdo de gobierno y después ya hablaremos de las personas que lo harán posible.

No baje los brazos, señor Sánchez. Rectifique, todavía está a tiempo. Sea generoso y forme un Gobierno progresista y cómplice de las comunidades autónomas, no impida la financiación justa de las políticas transformadoras. La ciudadanía no nos perdonará que desaprovechemos esta oportunidad. No defraudemos la esperanza de millones de personas. Aún estamos a tiempo.

Ens ho demanaven. Vam buidar les institucions de corruptes i corrupteles i seguim treballant perquè tornen cada cèntim que s'han endut dels diners de tots. Vam rescatar persones amb l'eliminació del copagament farmacèutic, la millora en la gestió de la dependència, els programes per fomentar l'ocupació «Avalem» o la creació de noves beques de la Generalitat. Li hem donat un impuls a la nostra cultura i llengua i hem reforçat el nostre autogovern.

Amb tot això, estem acabant amb el pitjor govern que hem tingut i ara els valencians i les valencianes som amos del nostre propi destí. Per desgràcia nostra, eixe canvi no ha arribat a les institucions amb seu a Madrid.

Mentre les Corts i els ajuntaments començaven a revertir les polítiques d'anys de desgovern del Partit Popular, al Congrés i al Senat hem viscut moments insòlits: el final d'una legislatura amb majoria absoluta del PP, la falta d'acord a l'esquerra per desbancar Rajoy del Govern i la repetició de les eleccions. Al final de la partida, i gràcies a un PSOE amb les mans lligades, Rajoy va aconseguir tornar a la Moncloa, tot i les noves majories al Congrés i els casos de corrupció que seguien esguitant-lo.

Una vegada més, el Partit Popular ens va castigar amb els pitjors Pressupostos Generals de l'Estat que podia cuinar. Uns pressupostos contra els drets socials, 290 milions d'euros menys que l'any anterior en inversions al nostre territori i cap de les demandes històriques dels valencians.

Ara que s'ha fet públic que el PP ha estat anys passant per damunt dels principis de separació de poders, posant i llevant fiscals anticorrupció al seu gust, el debat està en la moció de censura que pot fer caure el PP i el seu joc brut de les institucions estatals. La situació, que recorda inevitablement a la viscuda fa dos anys a casa nostra, requereix generositat i intel·ligència política. Seria bo per a tots que expressions com «Govern del Botànic» o «via valenciana» tornaren a sonar per Madrid.

Joan Baldoví, portaveu de Compromís en el Congrés dels Diputats

Nunca hubiéramos permanecido en nuestros escaños si se hubiera querido ensalzar la figura política de la senadora y exalcaldesa con la que siempre mantuvimos una relación especialmente áspera

Compromís combatió y denunció con contundencia las políticas de Rita Barberá. Pero una vez acabó la lucha política, gestos de respeto a la persona o a la ex-alcaldesa creo que son absolutamente razonables

Oír expresiones como “cacería” o “linchamiento” en boca de quienes la semana pasada en el Congreso la evitaban por todos los medios, se apartaban de ella, no le dirigían la palabra, es absolutamente miserable

El miércoles en el Congreso, sorprendidos aún por la noticia del fallecimiento de la senadora Barberá, tuvimos que tomar una decisión complicada en muy poco tiempo, apenas tres minutos. A punto de empezar la sesión, la presidenta del Congreso me llamó y me dijo que se estaban planteando hacer un minuto de silencio por Rita Barberá. Y desde el primer momento lo tuve –lo tuvimos- claro y así se lo dije: “Compromís no se opone y estará presente”.

Entendimos que se trataba de un acto de respeto a la persona, a una senadora que había fallecido y no de un homenaje a la política que gobernó Valencia durante casi un cuarto de siglo con mano de acero. Nunca, nunca hubiéramos permanecido en nuestros escaños si se hubiera querido ensalzar la figura política de la senadora y exalcaldesa con la que siempre mantuvimos una relación especialmente áspera. Pero ayer entendimos que sólo se trataba de un acto de consideración personal. Sólo eso.

Mucha gente entendió así nuestra presencia ayer en el hemiciclo, como la de otras fuerzas muy críticas también con las políticas –en ambos sentidos- y los políticos del PP, y así nos lo hizo saber. Otros no lo entendieron así y también nos lo hicieron saber. Reconozco que no era una decisión fácil y que se presta a la controversia.

Desde el profundo respeto por la posición de cada cual, Compromís hizo en el Congreso, en el Senado, en el Ayuntamiento de Valencia y en el Parlamento Valenciano lo que se haría con cualquier senador, exalcalde o diputado, con independencia de su adscripción política. En este sentido quiero recalcar la actuación impecable del alcalde de Valencia, Joan Ribó, que contrasta con la nula consideración que la exalcaldesa tuvo con él, dimitiendo el mismo día que tenía que entregarle la vara de alcalde. Creo que la política necesita de gestos como el de Ribó, de normalidad democràtica. Compromís combatió y denunció con contundencia las políticas de Rita Barberá, y ella nos correspondía siempre que podía demostrándonos su extraordinaria animadversión hacia nosotros. Pero una vez acabó la lucha política, creo que gestos de respeto a la persona o a la ex-alcaldesa son absolutamente razonables.

Otra cosa es que ahora los mismos que la abandonaron quieran hacer recaer la culpa de su muerte en los que combatimos sus prácticas en el Ayuntamiento o en la prensa. Oír expresiones como “cacería” o “linchamiento” en boca de quienes la semana pasada en el Congreso, en la apertura de la legislatura, la evitaban por todos los medios, se apartaban de ella, no le dirigían la palabra, es absolutamente miserable.

Ver las lágrimas de cocodrilo que están derramando toda una corte de hipócritas que hace apenas tres días decían que Rita Barberá ya no era del PP y, por tanto, no era asunto suyo, es profundamente indignante. ¿Dónde estaban todos ellos el lunes cuando la senadora acudió al Tribunal Supremo a declarar?

No, a Rita no le dolían las críticas de sus adversarios políticos, a Rita –como a cualquier persona- le dolía el abandono de los suyos. Aquellos que hace año y medio se llenaban la boca diciendo que era la mejor alcaldesa de España y que hace una semana ni la saludaban. A Rita lo que le dolió de verdad fue la traición de su PP.

Cada político es responsable de las decisiones que tomó –y de las que no tomó- mientras gobernó. Y el nombre de Rita Barberá siempre estará ligado a una época oscura de la política valenciana en la que miembros de su partido, de su absoluta confianza, de su equipo más próximo, estuvieron implicados en graves casos de corrupción.

Me hubiera gustado que Rita viviera y se hubiera defendido en el caso de financiación ilegal por el que estaba siendo investigada. No podrá ser, como tampoco podrá ya nunca disculparse con las familias del accidente del metro por aquel feo gesto de burla que les dedicó.