En 1987, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo: “De Soto y sus colegas han estudiado la única escalera para el ascenso social. El libre mercado es el otro sendero hacia el desarrollo y el único sendero verdadero”. Reagan se refería al empresario e investigador peruano Hernando de Soto y sus colegas eran, supongo, los investigadores del Instituto Libertad y Democracia (ILD), uno de los think-tank más influyentes del mundo o, en otras palabras, una de las puntas de lanza neoliberales responsable del diseño e implementación de reformas legales durante los últimos 30 años y cuyo objetivo principal ha sido empoderar a los pobres de medio mundo.

De Soto saltó a la fama en 1986 por su libro El otro sendero, en el que sostenía que los trabajadores informales eran empresarios no reconocidos por el Estado. Para el autor, la desigualdad en el mundo del trabajo estaba ligada al torpe papel del Estado frente a las empresas, y no debido a los modos de producción, extracción y explotación dominantes. Esta visión de la pobreza en el que cada pobre es una empresa, perdón, una pequeña empresa, se convirtió en un leitmotiv internacional y de Soto su vedette.

Este mantra ha calado hasta los huesos las políticas sociales y económicas a nivel global, no solo como medida para los países menos desarrollados o en vías al desarrollo, sino también para los rincones, barrios, comunidades, pueblos y suburbios para los que el desarrollo pasó de largo o, tal vez, ni vino, ni se le esperaba. Lamentablemente, no solo se ha extendido geográficamente, también lo ha hecho a través del eje político izquierda-derecha. Y, por esto, no es extraño que cuando nos preguntamos por las medidas que se han tomado, por ejemplo, acá en Barcelona, para trabajadores informales como los vendedores ambulantes o los chatarreros de la ciudad, la respuesta sea inmediata: cooperativa.

No es necesario ir muy atrás en el tiempo para recordar el caso de los chatarreros sub-saharianos que ocupaban Ca l’Afrika en Poblenou Valley. De allí fueron desalojados cientos de ellos en 2013. Las soluciones del Ayuntamiento fueron vivienda temporal para algunos y la creación de la cooperativa Alencop –actualmente con 30 socios-. Ca l’Áfrika pasó de ser un símbolo que evidenciaba las desigualdades, la soberbia institucional y el racismo que se reproducen en la ciudad, a ser un modelo de gestión para esos otros trabajos y otros trabajadores. Los chatarreros pasaron de actor político colectivo a solo ser reconocidos en forma individual; pasaron de tener un lugar de y en la ciudad donde llevar a cabo su actividad, a ser difuminados y, al final de cuentas, atomizados y ocultados.

En Barcelona el proceso de higienización del uso de la calle, prohibición de actividades y procesos de regularización vino de la mano de las Olimpiadas del 92. Y tiene a Las Ramblas como espacio de pruebas. Allí se han seleccionado actividades y probado mecanismos de regularización para cada una de ellas, y luego se ha extendido del centro al resto de la ciudad. Músicos de calle, estatuas humanas y pintores se han visto sometidos a prohibiciones en el uso libre de la calle, limitación de plazas, registro y selección de artistas e inscripción en el censo de empresarios para algunos casos. Un modelo de gestión urbana que Barcelona mañana mismo podría vender a Medellín, Guadalajara o Río. Un meta-modelo que abraza a unos cuantos empresa-artistas para los rincones del Born, una cooperativa para los que no adornen y un Código de Convivencia y Civismo para el orden urbano.

El caso de los manteros de la ciudad no ha sido diferente. En la mano derecha doctrina policial y, en la otra, cooperativa para la sustitución de la actividad –adenda, enhorabuena a Diomcoop, la cooperativa impulsada por el Ayuntamiento que, aunque no puede ser la solución, sí es una herramienta útil-. Pero en la ciudad hay más posibilidades que las ambidiestras y ya están en marcha.

Hace un par de años surgió el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, un nombre a juego con las realidades evidentes, las instituciones del mundo del trabajo son muy estrechas y excluyentes. El Sindicato surge como institución paralela, resaltando que la venta ambulante es un trabajo como cualquier otro. Sumado a acciones de resistencia civil, como el Mercadillo Rebelde, para desmitificar la venta ambulante como algo relacionado con lo ilegal o con la idea de mafia.

Además, han tomado la calle como forma de protesta en contra el maltrato policial y el ocultamiento institucional. Han construido un relato y un discurso sobre lo que es la venta ambulante por medio de charlas, videos y presencia en las redes sociales. Han dado soporte a vendedores ambulantes judicializados. Han fomentado la creación de sindicatos pares en otras ciudades españolas. Han presentado, de la mano de otras organizaciones, una propuesta de ley para que se despenalice la venta ambulante. Crearon la marca social propia Top Manta, con la que buscan comercializar sus productos. Y ahora, han establecido un espacio físico, en alianza con la Librería Veusambveu en la calle Picalquers 2, en el corazón del Raval. Un espacio que es una tienda, un punto de encuentro, una embajada, pero, tal vez más importante, un elemento simbólico poderoso sembrado en la ciudad.

Pero, acaso todas estas acciones del sindicato ¿no crean un actor social?, ¿no sirven para apropiarse derechos?, ¿no sirven para reconocer el hacer de algunos grupos? Creo que sí, y además son buenas para la mejor excusa política, la economía. El reconocimiento de las acciones de los otros permite la construcción de valor y, que este sea legitimado por todos nosotros, permite la construcción de capital o, en palabras mágicas, riqueza.

La economía es un gran juego simbólico, y en la versión que jugamos ahora, la capitalista, conocemos algunas de sus reglas. Una es que lo que digamos que es útil e intercambiable es lo que importa. Pues ese ha sido uno de los resultados de las acciones del sindicato, mostrar que su hacer es útil y, algunas veces, también intercambiable. Y lo más importante, para nosotros -la sociedad sentada-, crea y creará lo que llamamos puestos de trabajo.

Por simple economía institucional -sin hablar de los principios de autogestión- el Ayuntamiento debería prestar algunos de sus recursos para que una organización como el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes tenga éxito en sus múltiples iniciativas y salga del pensamiento único heredado del neoliberalismo más rancio de la solución empresarial y el control urbano. En un marco donde los derechos son provistos cada vez más en el ámbito urbano es necesario tener en cuenta un abanico de múltiples posibilidades y, muchas de ellas, hasta ahora no se han querido ver.

La ocupación en Barcelona ha sido uno de los mecanismos políticos y materiales de auto protección que ha utilizado una parte de la comunidad africana

Desde hace más de dos meses, las instituciones de Barcelona tienen en la mira a los chatarreros de Glòries. La Sunu Village, la última ocupación de chatarreros africanos, está siendo asediada. Primero, con un desalojo exprés en agosto, sin ruido mediático, sin una sola voz en contra, con las formas que se guardan en la ciudad. Al parecer fue una operación de limpieza más que el cumplimiento de un juicio por desahucio. Vinieron, destrozaron toda la ocupación, tapiaron las paredes de la casa ocupada, desocuparon los materiales y se marcharon. Los chatarreros reocuparon inmediatamente; habían entendido el mensaje.

Desde entonces, la tenaza día a día de la Guàrdia Urbana alrededor de la ocupación. Así llevan más de dos meses. Como los controles son continuos, los chatarreros no pueden llevar a cabo su actividad, se sienten ahogados, sus ingresos han bajado a límites cercanos a la supervivencia. Y hay que recordar que estos límites son elásticos, de no ser porque son un colectivo que tiene mecanismos de redistribución y cooperación hace tiempo hubiesen desaparecido.

La ocupación en Barcelona ha sido uno de los mecanismos políticos y materiales de auto protección que ha utilizado una parte de la comunidad africana. Como un cuento de nunca acabar, como lo muestra Ixia Mendoza en su texto Afriklando in the gueto, las ocupaciones africanas en Barcelona han sido una de las pocas herramientas exitosas para luchar contra las políticas racistas, la exclusión del mercado de trabajo y su invisibilización como actores sociales.

Ya en el año 2000, grupos de africanos, muchos refugiados no reconocidos, crean un campamento en la Plaza Cataluña, el cual es desalojado un año después. Este fue seguido por la ocupación de la plaza Ramón Berenguer el Gran y, tras su desalojo, por la ocupación de la plaza André Malraux. Situación no muy diferente de las que suceden actualmente con los refugiados en Grecia, Turquía o Francia.

A estas apropiaciones habría que añadir las realizadas en los cuarteles de Sant Andreu de 2001 al 2004, junto a espacios reivindicados para la comunidad africana como El Casal Popular del Guinardó, Guinarecords, Lukum-Taka en Fabra i Coats y Lukum-Taka en Consell de Cent. Y luego el desplazamiento hacia el Poblenou con la ocupación Bagdad en la calle Badajoz, al tiempo de Oshan Guin-I en la calle Zamora.

En Septiembre de 2011 se ocupa la que fue, tal vez, el estandarte de la ocupación africana en la ciudad: La Nave, Afriklando, Mount Zion o Cal Áfrika en la calle Puigcerdà. Su desalojo en el año 2013 desarticuló gran parte de la resistencia llevada hasta el momento en la ciudad. Por medio de una negociación con el Ayuntamiento de Barcelona se creó la cooperativa Alencop que dio soluciones laborales para una veintena de chatarreros, sin embargo, ocultó las formas de vida, reproducción y trabajo de cientos de chatarreros de la ciudad.

Después del desalojo de Cal Áfrika, una de las pocas ocupaciones en respuesta fue la Sunu Village ubicada al finalizar la calle Dos de Maig, justo antes de llegar a la plaza de las Glòries. El acoso sufrido por esta ocupación está pasando frente a los ojos de todos, en una de las zonas de mayor gentrificación de la ciudad actualmente. Se está llevando a cabo lo que en el argot del mundo laboral se conoce como acoso o mobbing, una estrategia que no parece propia de este Ayuntamiento, aunque obvia, si se sabe que el colectivo de chatarreros está totalmente desprotegido debido al desmantelamiento de unas estructuras organizativas construido a lo largo de más de 15 años.

El oficio de chatarrero se basa en la selección, transporte, mejora y venta de materias reciclables y objetos de re-uso. Es una actividad que le da valor a objetos que han sido desechados por parte de la ciudad y no reconocida por parte de las instituciones, sin embargo, crea y ha creado riqueza para la ciudad por lo menos desde el siglo XVIII, tal como lo documenta Ricard Fernandez Valentí en el Blog El tranvía 48.

Surge primero en la forma de trapero –recuperación de trapos para la industria papelera en las América–-, seguido por su transformación hacia chatarrero durante la Primera Guerra Mundial debido a la escasez de materias primas, al igual que en la Guerra Civil. Esta actividad fue posteriormente invisibilizada por la Barcelona olímpica.

De no ser frenado el proceso de ocultamiento institucional de la ocupación Sunu Village, la ciudad y los chatarreros perderán una herramienta de lucha política. No sólo por su importancia histórica, también porque es el último mecanismo de protección que tienen algunos de los colectivos más vulnerabilizados que hay en la ciudad.

L'ocupació a Barcelona ha estat un dels mecanismes polítics i materials d'autoprotecció que ha utilitzat una part de la comunitat africana

Des de fa més de dos mesos, les institucions de Barcelona tenen en la mira als drapaires de Glòries. La Sunu Village, l'última ocupació de drapaires africans, està sent assetjada. Primer, amb un desallotjament exprés a l'agost, sense soroll mediàtic, sense una sola veu en contra, amb les formes que es guarden a la ciutat. Pel que sembla va ser una operació de neteja més que el compliment d'un judici per desnonament. Van venir, van destrossar tota l'ocupació, van tapiar les parets de la casa ocupada, van desocupar els materials i van marxar. Els drapaires van reocupar immediatament; havien entès el missatge.

Des de llavors, la tenalla dia a dia de la Guàrdia Urbana al voltant de l'ocupació. Així porten més de dos mesos. Com els controls són continus, els drapaires no poden dur a terme la seva activitat, se senten ofegats, els seus ingressos han baixat a límits propers a la supervivència. I cal recordar que aquests límits són elàstics, de no ser perquè són un col·lectiu que té mecanismes de redistribució i cooperació fa temps haguessin desaparegut.

L'ocupació a Barcelona ha estat un dels mecanismes polítics i materials d'autoprotecció que ha utilitzat una part de la comunitat africana. Com un conte de mai acabar, com ho mostra Ixia Mendoza en el seu text Afriklando in the gueto, les ocupacions africanes a Barcelona han estat una de les poques eines reeixides per lluitar contra les polítiques racistes, l'exclusió del mercat de treball i la seva invisibilització com actors socials. Ja l'any 2000, grups d'africans, molts refugiats no reconeguts, creen un campament a la Plaça Catalunya, el qual és desallotjat un any després. Aquest va ser seguit per l'ocupació de la Plaça Ramon Berenguer el Gran i, després del seu desallotjament, per l'ocupació de la Plaça André Malraux. Situació no molt diferent de les que succeeixen actualment amb els refugiats a Grècia, Turquia o França.

A aquestes apropiacions caldria afegir les realitzades a les casernes de Sant Andreu de 2001 al 2004, al costat d'espais reivindicats per la comunitat africana com El Casal Popular del Guinardó, Guinarecords, Lukum-Taka a Fabra i Coats i Lukum-Taka a Consell de Cent. I després el desplaçament cap al Poblenou amb l'ocupació Bagdad al Carrer Badajoz, al temps de Oshan Guin-I al Carrer Zamora. Al setembre de 2011 s'ocupa la que va ser, potser, l'estendard de l'ocupació africana a la ciutat: La Nau, Afriklando, Mount Zion o Cal Áfrika al carrer Puigcerdà. El seu desallotjament en l'any 2013 va desarticular gran part de la resistència portada fins al moment a la ciutat. Per mitjà d'una negociació amb l'Ajuntament de Barcelona es va crear la cooperativa Alencop que va donar solucions laborals per a una vintena de drapaires, però, va ocultar les formes de vida, reproducció i treball de centenars de drapaires de la ciutat.

Després del desallotjament de Cal Áfrika, una de les poques ocupacions en resposta va ser la Sunu Village situada en finalitzar el carrer Dos de Maig, just abans d'arribar a la Plaça de les Glòries. L'assetjament sofert per aquesta ocupació està passant davant dels ulls de tots, en una de les zones de major gentrificació de la ciutat actualment. S'està duent a terme el que en l'argot del món laboral es coneix com a assetjament o mobbing, una estratègia que no sembla pròpia d'aquest Ajuntament, encara que òbvia, si se sap que el col·lectiu de drapaires està totalment desprotegit a causa del desmantellament d'unes estructures organitzatives construït al llarg de més de 15 anys.

L'ofici de drapaire es basa en la selecció, transport, millora i venda de matèries reciclables i objectes de re-ús. És una activitat que li dóna valor a objectes que han estat rebutjats per part de la ciutat i no reconeguda per part de les institucions, però, crea i ha creat riquesa per a la ciutat almenys des del segle XVIII, tal com ho documenta Ricard Fernandez Valentí al Bloc el Tramvia 48. Sorgeix primer en la forma de drapaire –recuperació de draps per a la indústria paperera a les Amèriques–, seguit per la seva transformació cap a ferroveller durant la Primera Guerra Mundial a causa de l'escassetat de matèries primeres, al igual que a la Guerra Civil. Aquesta activitat va ser posteriorment invisibilitzada per la Barcelona olímpica.

De no ser frenat el procés d'ocultació institucional de l'ocupació Sunu Village, la ciutat i els drapaires perdran una eina de lluita política. No només per la seva importància històrica, també perquè és l'últim mecanisme de protecció que tenen alguns dels col·lectius més vulnerabilitzats que hi ha a la ciutat.