Siempre que se mira atrás a un momento político significativo, especialmente cuando éste se vivió en primera persona, se corre el riesgo de idealizarlo y acabar cayendo en el “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Hoy, décimo aniversario del 15M, vamos a intentar mirar a 2011 sin caer en esa tentación, y sobre todo, para sacar de entonces algún aprendizaje útil para el momento político, tan distinto, en el que escribimos estas líneas.

Que el 15M dio un vuelco a la política tal y como la entendíamos y que desde entonces nada ha vuelto a ser igual es algo que incluso quienes se negaban a verlo en aquel momento son incapaces de obviar ahora. Aquel mes de mayo miles de personas descubrieron que “política” no tenía por qué ser sinónimo de bipartidismo ni resignación. Que si quienes ocupaban escaños en los parlamentos no eran capaces de dar respuesta a las demandas de una generación cuyas expectativas se habían visto completamente truncadas por la crisis, sería la propia ciudadanía quien construyera el futuro prometido y robado.

El 15M supuso el despertar político y activista para muchas personas jóvenes de entonces, y también la renovación de ilusión y reactivación para muchas otras no tan jóvenes. Más allá de la experiencia catártica que suponía llenar las plazas a diario, de las manifestaciones masivas y del desahogo colectivo, de las plazas del 15M se nutrieron muchos de los movimientos sociales y plataformas activistas ya existentes, antidesahucios, contra la precariedad, ecologistas, movimientos vecinales y sindicales, y también nuevos proyectos surgidos de la propia reflexión de las asambleas quincemayistas. Algunos años después, vino el salto a la política institucional. Muchas personas aceptaron el desafío lanzado por Esperanza Aguirre y Maria Dolores de Cospedal con su célebre “que monten un partido y se presenten a las elecciones” y comenzaron, comenzamos, el camino para llevar a las instituciones el descontento social y la ilusión por el cambio.

La situación hoy, diez años después, es radicalmente diferente. Los rigores de la crisis de esta década nos han obligado a encerrarnos en nuestras casas, a recluirnos, a dejar de reunirnos y participar en espacios de debate y construcción. Si bien las tecnologías y las redes sociales nos han permitido mantener un elevado nivel de contacto, si bien han surgido iniciativas colectivas para intentar afrontar los problemas derivados de esta pandemia, la realidad es que a la lista de síntomas y consecuencias del virus hay que añadir la desmovilización y la congelación en gran medida del activismo organizado, un anti 15M en toda regla.

Los espacios de construcción han quedado alejados y acotados a una pequeña pantalla con muchas caras pixeladas, desconexiones y horribles ecos digitales, mientras la crítica destructiva ha encontrado su caldo de cultivo ideal en una sociedad ya inmersa en la apatía y la frustración, y ahora desconcertada, encerrada y sin saber cómo canalizar el temor y la rabia.

Más allá de la pandemia, aunque siempre atravesado por ella, quizá lo que diferencia a la generación del 15M con la juventud actual sea que los diez últimos años de quienes participaban en las asambleas han sido un enorme spoiler para quienes venían detrás, y los y las jóvenes ahora ya saben cómo acaba la película: con trabajos precarios, sin poder pagar el alquiler, tener hijos e hijas y ni soñar con jubilarse algún día. Quienes participamos en el 15M teníamos expectativas de un futuro digno y luchamos por ellas, porque no podíamos creer que no se fueran a cumplir, aunque luego se vieran truncadas y las fuerzas progresistas no hayan sabido terminar de dar una respuesta institucional a ese malestar. Pero en quienes vienen detrás impera el desapego y la apatía, no encuentran sentido a pelear por lo imposible porque bastante hay con sobrevivir al día día. Como decía el tuitero Don Mitxel I al hilo de las elecciones madrileñas “cada vez menos gente vota para asegurarse un futuro mejor, sino para defenderse del presente”. El 15M construyó compromiso político desde la esperanza. Hoy, el elemento movilizador es precisamente la ausencia de ella. Mientras hace diez años se exigía una profundización democrática, hoy nos asomamos cada vez más al abismo del autoritarismo: el futuro se construye en colectivo, pero de la falta de horizontes se tiende a intentar salir a codazos y sálvese quien pueda. 

Decíamos al principio que nos negábamos a caer en el “cualquier tiempo pasado fue mejor” y no lo vamos a hacer. Creemos firmemente que queda lugar para la esperanza, pero la ciudadanía necesita estímulos que la saquen de este cinismo casi obligado. Ahora más que nunca, se hace imprescindible que las fuerzas progresistas, sobre todo aquellas con poder institucional y muy especialmente quienes gobiernan el Estado, den respuestas firmes a quienes han perdido la fe en sus representantes o nunca la han tenido. Y eso solo puede hacerse con políticas valientes en favor de la mayoría. Políticas de empleo, fiscales, verdes, feministas o de vivienda que ofrezcan horizontes y certezas. 

El lunes 9 de marzo, cuando aún quedaba por delante un trimestre lectivo entero, a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país se les condenaba a finalizar el curso desde sus casas. Los centros educativos y las familias vieron entonces cómo caía sobre ellos toda la responsabilidad de la educación a distancia sin ningún acompañamiento ni recursos por parte del Gobierno, que no supo establecer medidas para lo que nos venía. Ese mismo viernes, el lehendakari Urkullu, con un parlamento disuelto y una cita electoral a la vuelta de la esquina, declaraba la emergencia sanitaria en Euskadi con su ya manoseado mando único y sin anunciar ninguna medida adicional. Un día después, el Gobierno de Pedro Sánchez declaraba el Estado de Alarma y el confinamiento para todo el territorio del Estado. A partir de ese instante, el lehendakari, inmerso en una interminable campaña electoral, sólo tuvo en su agenda la reclamación de sus competencias y el autogobierno mientras la prensa actualizaba diariamente las cifras de personas contagiadas y fallecidas.

Tras tener que posponerlas, Urkullu se vio obligado a levantar la emergencia sanitaria para poder celebrar el único gran festejo de este verano, la fiesta de la democracia, las elecciones del 12J. Alegó, eso sí, que votar sería tanto o más seguro que ir a la playa, al monte o a pasar el fin de semana, por lo que el estado de emergencia ya no parecía necesario.

Y ahora, justo 5 meses y un día después de la primera, Urkullu declara de nuevo la emergencia sanitaria en Euskadi entre cifras que cada día superan las de la jornada anterior y mensajes que colman de miedo y angustia a la ciudadanía. Tras el anuncio de la aplicación del mando único, dos consejeras convocaban una rueda de prensa para no decir nada. Una vez más, las medidas para abordar la situación por parte del Ejecutivo brillaban por su ausencia.

Un Gobierno vasco, ahora en funciones, que lleva siete meses sin someterse al control del Parlamento que no paraba de apelar a la solidaridad con nuestros mayores cuando el coronavirus estaba teniendo gran incidencia en este sector de la población pero ni rastro de abordar la gestión de las residencias ni del modelo de cuidados. Un modelo, el de los cuidados, que recae mayoritariamente en las mujeres que no siempre cuentan con la salvaguarda del teletrabajo, aunque tampoco éste sea una solución de por sí. Como consecuencia, los efectos de la pandemia también han ahondado en la brecha entre mujeres y hombres en lo que a corresponsabilidad en los cuidados se refiere.

Junto a estas llamadas a la solidaridad, desde los poderes públicos se apeló a la responsabilidad individual, sobre todo cuando fueron noticia algunos botellones. Más allá de ayudar a la estigmatización del colectivo joven -no eran ningún fenómeno generalizado- el resto de la población empezaba a disfrutar del terraceo mientras los más pequeños correteaban por plazas utilizando el mobiliario urbano como distracción ante la falta de columpios que permanecían cerrados. Era como si el maldito bicho hubiese escogido los parques infantiles como refugio ante las masas de gente que ansiosas salían de sus casas con el buen tiempo tras meses de confinamiento.

En aquel momento hubo muchos que quisieron demonizar a la juventud por hacer botellón, no entendiendo que siendo menores no pueden sentarse en una terraza, y sin un atisbo de autocrítica al modelo de ocio de este país, basado casi en exclusiva en el consumo de alcohol y sin prestar alternativa de ocio alguna.

Es verdad que los y las jóvenes han podido tardar algo más en tomar conciencia de una realidad que a veces incluso a quienes podemos estar más concienciados nos cuesta creer. Pero nadie se ha tomado la molestia de dirigirse al futuro de este país. Los mensajes han sido generalistas, llenos de reproches y por medios de los 'mass media' y esto ha supuesto el primer gran fallo en comunicación. Cualquiera que haya trabajado algo en comunicación -y en el Gobierno de esto tiene que haber a mansalva- sabe que se requiere de un mensaje, un código y un canal determinado para poder llegar a cada público. Pues nada de esto ha habido.

Se habla mucho de los éxitos de países como Finlandia en la lucha contra la pandemia y, según explicaba su primera ministra, una parte de dicho éxito había consistido en la estrategia del Gobierno para llegar a los y las más jóvenes contratando a los 'influencers' del momento para elaborar mensajes en positivo que calaran en los y las adolescentes mediante sus redes sociales favoritas.

Aquí sin embargo, ni un mensaje específico para los más jóvenes y adolescentes. Tampoco parecen haber funcionado demasiado bien los avisos llamando a la responsabilidad cuando estas últimas semanas vemos cómo la consejera de salud, Nekane Murga, recurre sin contemplaciones al discurso del miedo con expresiones como “decenas de personas que se van a contagiar en los próximos días van a necesitar ser ingresadas y algunas, sin duda, fallecerán” o denominando “tsunami” a esta segunda ola.

En los próximos días veremos qué implicaciones tiene este nuevo estado de emergencia, aunque todo apunta a que el Gobierno seguirá sin implementar ninguna medida específica mientras continúa enumerando recomendaciones en relación a los hábitos de ocio de niños y adultos, como dejar de jugar en el parque o dejar de frecuentar los bares de nuestras ciudades con el consabido efecto negativo que esto supondrá en un tejido económico tan importante para nuestros municipios como es el de la hostelería. Todo indica que el Ejecutivo en funciones nos quiere llevar a un autoconfinamiento mientras a tres semanas del inicio del curso lectivo nadie sabe nada de cómo se planificará el regreso a las aulas ni del paradero de la responsable de Educación, una consejera que dejó colgada a la comunidad educativa hace ya seis meses.

Urkullu tiene ahora la oportunidad de comenzar su nuevo mandato de la manera opuesta a como finalizó el anterior: con iniciativa. Aún estamos a tiempo de que se contrate más profesorado para disminuir las ratios, de que se refuercen la atención temprana y los equipos de rastreo, de ofrecer datos transparentes y con la información suficiente como para que una ciudadanía conocedora de la situación real de la pandemia se comprometa a combatirla, al igual que deberían estar haciendo todos los poderes públicos. Toca abandonar los reproches y la infantilización y pasar a las medidas y el compromiso. 

Del no hay dinero al si se puede. He aquí una frase que resume bien lo que significa en términos políticos el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Sánchez y Unidos Podemos.

“No hay dinero” ha sido el argumento del gobierno del PP, durante y tras la crisis, para blindar el desmantelamiento de los servicios públicos y la precariedad laboral. Ni siquiera la recuperación económica de la que Mariano Rajoy sacaba pecho hizo que cambiara el discurso: No hay dinero no hay dinero para pensiones, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad ni para combatir la violencia machista, ni...

La narrativa de la austeridad y de la contención de gasto público, ha sido tan reiteradamente defendida por las élites económicas, que a veces parece un principio constitucional (bueno, lo es un poco gracias al artículo 135). Sin embargo, la política no solo es gestión de lo ya dado, es también transformación, y voluntad política para hacerla.

Y esto es lo que ha demostrado el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Sánchez y Unidos Podemos. Un acuerdo verdaderamente progresista que rompe la inercia de los últimos 7 años del Partido Popular, y se propone comenzar a recuperar lo que la crisis se llevó por delante. Pone en el centro lo social, incrementa bienestar, asegura derechos e incluye medidas para la adecuación del país al siglo XXI. Es decir, si se quiere, sí se puede.

Este acuerdo muestra además que es posible negociar de otra forma el apoyo a los presupuestos. Es decir, más allá del tradicional cambalache de partidas que hemos visto en los últimos años, el acuerdo se sustenta en un programa económico y político de largo recorrido con un hilo conductor: el bienestar ciudadano. Frente a pactos que solo garantizan negocios para las grandes constructoras, la fuerza de 67 escaños han logrado materializar en políticas públicas las victorias del 8M, de la Marea Pensionista o del movimiento por el derecho a una vivienda digna. Cualquier presupuesto que se proponga a partir de ahora no puede estar por debajo de estas conquistas.

Toca reconocerlo alto y claro: este acuerdo es bueno para Euskadi y la ciudadanía vasca. La mayor subida de la historia del Salario Mínimo, facilitará que miles de personas trabajadoras en Euskadi lleguen más fácilmente a fin de mes; las personas desempleadas mayores de 52 años estarán mejor protegidas, las familias y la industria vasca se beneficiarán de las medidas para rebajar la factura de la luz, las miles de familias en situación de pobreza energética estarán mejor protegidas y los más de 172.000 autónomos que hay en Euskadi verán mejoradas sus condiciones. Es un acuerdo que, además, da más competencias a los municipios para combatir efectivamente la burbuja del alquiler (recordemos que el alquiler alquiler medio en Euskadi ronda los 1000€ mensuales).

Nadie puede discutir que este es un buen acuerdo para Euskadi, sobre todo para su gente. Responde a la agenda vasca del bienestar y los derechos, esa que mejora la vida de las personas y reduce la desigualdad. No estamos ante un reparto de prebendas y favores, no habrá grandes infraestructuras ni millones en hormigón, pero hay una voluntad férrea de poner la política al servicio de las personas.

Aún queda algo de camino para que este acuerdo se plasme en la Ley de Presupuestos del Estado. Otro grupos políticos tendrán que dar su apoyo y tendrán que decidir qué es lo que piden a cambio de un voto favorable. Esperamos que la posición de los otros grupos políticos vascos en el Congreso, permita que estas medidas se hagan realidad y que miles de personas se beneficien en Euskadi, sin poner condiciones que nada tienen que ver con la realidad vasca.

Pero ese es otro debate, el de la aprobación. A día de hoy, este acuerdo que demuestra que cuando se quiere, se puede. Y que hay una agenda vasca alternativa a la del hormigón que es perfectamente defendible en Madrid: la que pone a las personas en el centro de las decisiones políticas.

*Nagua Alba y Rosa Martínez son diputadas vascas de Unidos Podemos

Año 2011, inicio de la crisis económica, empezamos a escuchar en los medios y por boca del Gobierno eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y “hay que apretarse el cinturón”. Comienzan con la Administración pública, el 30 de diciembre se aprueba el Decreto Ley 20/2011 que le impone una tasa de reposición de efectivos del 10%, también para la Universidad. Al mismo tiempo, se aprueban los recortes presupuestarios en educación, que para la universidad española suponen una pérdida de más de 1.500 millones de euros en el periodo 2010-2014.

Las consecuencias no tardan en llegar, las plantillas de la universidad española pierden más de 7.500 empleos -3.486 PDI y 4.068 PAS- en el transcurso de estos años, con la consiguiente merma de su capacidad productiva, porque mientras la plantilla mengua, las matriculaciones no descienden, se mantienen con una media, para el periodo 2008-2015, de 1.244.791 alumnos y alumnas.

La repercusión en el profesorado de ese desequilibrio se evidencia en el aumento de carga docente, pero también en el de las tareas administrativas que, en realidad, no correspondía realizar al profesorado. Los docentes pasan a cumplir con unas exigencias más propias de una persona con superpoderes que de profesorado universitario.

Es realmente admirable cómo la Universidad Pública española ha conseguido mantener sus niveles de calidad –o al menos limitar su descenso–, tanto científica como docente en los últimos años, gracias al esfuerzo sobrehumano de sus trabajadores y trabajadoras, que han asumido con responsabilidad el hacer dignamente su tarea compensando los recortes y trabas que se han producido desde la Administración.

Uno de los colectivos más golpeados por esta situación, que ha sufrido la crisis con mayor fuerza y de quienes últimamente se habla mucho, son los y las llamados “falsos asociados”.

Y es que, a raíz de todas las limitaciones económicas ya citadas y la imposibilidad de sustituir durante años al profesorado que se jubilaba, se optó por incrementar el uso fraudulento de una figura, la de Profesor Asociado -prevista por el artículo 53 de la Ley Orgánica de Universidades para que profesionales de reconocido prestigio pudieran dar clases en la Universidad y transmitir su experiencia a los estudiantes-.

Era usada como un comodín que permitía contratar profesorado cualificado y con perfil académico en condiciones precarias y muy “baratas” para la Universidad, condiciones que han sido denunciadas varias veces en los tribunales de justicia y que ya cuentan con sentencias en contra de las universidades y a favor de quienes denunciaron. Hasta el punto de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha animado a estos trabajadores y trabajadoras, a través de su presidenta Cecilia Wikström, a presentar denuncias ante los tribunales españoles.

Dicho claramente: a día de hoy, aproximadamente el 30% del profesorado universitario español está compuesto por una categoría que fue creada como excepcional y que ahora se ha convertido en regla, sujeto a condiciones laborales abusivas -tanto por carga de trabajo como por retribución- y que, al mismo tiempo, causa un grave perjuicio a la Universidad Pública y menoscaba el derecho de sus estudiantes a recibir una educación de calidad. Y esto es inadmisible.

Dice el Gobierno que está preocupado por la situación, pero cuando se le pregunta qué medidas va a desarrollar para abordarlo, no hay respuesta. Es urgente solventar de forma razonable y justa este problema y, para ello, solo hace falta un poquito de voluntad. Quizá lo que le pasa al Gobierno es que no está inspirado, así que aprovechamos para dejarle algunas ideas, por si acaso.

El Gobierno debería dirigirse a las CCAA y a las universidades públicas, para que se proceda a un análisis de las necesidades docentes en el medio y largo plazo, de forma sería fácil establecer una planificación de crecimiento coherente. Tras esto, habría de ponerse en marcha un Plan de Incorporación de Profesorado que diera respuesta a las necesidades identificadas. Podrían convocarse los concursos públicos que fueran necesarios, respetando las competencias de cada administración y la autonomía universitaria. Aunque claro, el Gobierno debería comprometerse para ello a la creación de una partida económica en los próximos PGE.

Por último, podría modificarse el artículo 53 de la LOU para que este tipo de contratos nunca supere el 15% del PDI de la Universidad -excluidos los Profesores Asociados Sanitarios-, dificultando, de esta forma, su uso fraudulento. O crear un Estatuto Básico del Profesor Asociado, que impida su abuso y delimite sus funciones.

Y mientras tanto, se debe asumir que las plazas de Asociado existentes deben ajustarse a lo indicado en las diversas sentencias dictadas a su favor -como la del Juzgado de lo Social 10 de Sevilla- y específicamente a la consideración de los falsos asociados como trabajadores y trabajadoras indefinidos de la Universidad.

Debemos convertir la visibilidad que han adquirido los falsos asociados para abordar su situación específica y para comenzar a tomarnos en serio la precariedad estructural de la educación superior española. Una universidad precaria es una universidad que maltrata el talento y no genera condiciones adecuadas para el aprendizaje y la investigación.

A principios de 2016 elaboramos  y votamos en primarias unos documentos en los que nos marcábamos un objetivo fundamental: impulsar y asentar de manera definitiva la posición y el papel de Podemos Euskadi. Teníamos la maquinaria y a  mucha gente detrás, acabábamos de ganar unas elecciones generales, pero necesitábamos construir los raíles para que la máquina siguiera avanzando. Necesitábamos ir asentando el suelo bajo los pies en una época muy agitada electoralmente. Ser competitivos en las urnas, pero sabiendo que el objetivo era más amplio, profundo y a más largo plazo.

Un objetivo que no era precisamente menor, más si cabe para una formación con apenas dos años de vida y que en pocos meses tenía que realizar tareas para las que otros habían tenido décadas: asentar la organización a nivel municipal, implantarnos en municipios donde teníamos voto pero no estábamos presentes orgánicamente (sobre todo municipios pequeños), abrir sedes y locales, enlazar y cooperar a fondo con la sociedad civil organizada, solidificar los vínculos con nuestros barrios, financiar mejor a los círculos y consejos municipales, establecer protocolos de comunicación interna y de trabajo entre áreas y un larguísimo etcétera. La mayor parte de esos objetivos se ha cumplido o está en vías de cumplirse. Hoy somos mucho más fuertes que hace dos años y estamos mucho más instalados en una política vasca que ya no puede entenderse sin nosotras y nosotros.

Sin embargo, la tarea iba mucho más allá: era a medio y largo plazo, pasaba por las elecciones vascas, sí, pero llegaba hasta el objetivo de las municipales y forales de 2019. Todavía queda mucho por hacer, sobre todo a medida que se acerquen el verano y el otoño de 2018. Para ello necesitaremos actualizar nuestra hoja de ruta política y elaborar de manera colectiva el documento que nos guíe. Pero también nos hará falta una dirección que haga suya esa hoja de ruta y la ponga en práctica; esa dirección debe ser elegida ahora, porque de no serlo su elección habría coincidido de lleno con el proceso previo a municipales y forales. Permitir eso sería contraproducente y quizá no llegaríamos preparadas y preparados. Por el contrario, convocar ahora la Asamblea Ciudadana permite que Podemos Euskadi salga fortalecido y la nueva dirección tenga el tiempo suficiente para abordar la decisiva fase municipal y foral.

Hace casi dos años la dirección actual y yo misma asumimos la tarea de construir un Podemos Euskadi abierto y útil a la gente y estoy orgullosa de poder decir que hemos cumplido gracias al trabajo de muchísima gente. Por ese motivo, y porque nunca quise hacer de la política mi oficio, seguiré trabajando esta legislatura como diputada por Gipuzkoa, mano a mano con la dirección que salga elegida, pero no como Secretaria General. Estoy segura de que mis compañeras y compañeros seguirán trabajando en esta línea y contarán con mi apoyo y con todo lo que pueda aportar.

Quienes están más acostumbrados o son adictos a los juegos de poder y al reparto de cromos y quienes ambicionan ocupar sillones durante décadas no lo entenderán; intentarán imponer categorizaciones absurdas que jamás respondieron a la realidad política de Euskadi; buscarán el ruido para acallar el debate y querrán adivinar una enrevesada trama de poderes y presiones que provocan decisiones que de otra forma no consiguen explicarse. Con ello, sin embargo, obviarán la explicación más sencilla. Para quienes queremos otra política lo importante es dar soluciones y estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda, y para eso solo hacen falta tres cosas: humildad, debate y proyecto. Y eso es lo que Podemos Euskadi les va a demostrar en los próximos meses, primero en la ponencia de autogobierno y después con su asamblea ciudadana.

La ciudadanía vasca merece una alternativa a las políticas de bienestar raquíticas, a los cierres de empresas, a un modelo de desarrollo que deja atrás a comarcas y municipios enteros, que no garantiza bienestar y oportunidades ni a los jóvenes ni a los mayores. Hoy estamos más y mejor pertrechados que hace dos años. En los próximos dos años vamos a estarlo mucho más en todos los municipios y comarcas de Euskadi.

Alcanzamos en estas fechas el ecuador del primer año sin elecciones desde 2014, y por ese motivo es fundamental pararse a pensar. Todas las fuerzas políticas, las nuevas y las tradicionales, estamos asentadas social e institucionalmente en el tablero vasco. Por eso es un buen momento para evaluar qué hemos hecho este tiempo y para vislumbrar por dónde podrían ir las cosas a medio plazo.

Desde 2011 hemos asistido a un importante ciclo de movilizaciones sociales, con altibajos y diferencias entre territorios, pero muy potente en general. A partir de 2014, esta fase fue protagonizada, no en exclusiva pero sí sustancialmente, por las fuerzas políticas que componen Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a nivel estatal y Elkarrekin Podemos en Euskadi. Llegamos muy lejos en muchos lugares, incluso allá donde los “expertos” dijeron que nunca llegaríamos. Los mismos que vaticinaban que nunca entraríamos en las instituciones vascas porque Euskadi era otra cosa acabaron criticándonos por no haber alcanzado los resultados que preveían sus propias encuestas autonómicas.

Unos meses después, con los presupuestos aprobados y los primeros pasos de la legislatura vasca a nuestras espaldas, parece claro que no estamos en una fase de movimientos rápidos. Estamos en un momento diferente en el que los partidos políticos tradicionales están reaccionando y agrupándose para lo que se viene encima. El ciclo está pasando de un momento de apertura por abajo a otro de cierre desde arriba. En resumen, la alternativa política ha protagonizado una fase con vocación de desafiar la agenda y la hegemonía existentes, pero no ha sido capaz de desbordarlas.

Recordemos que cuando empezó la legislatura en Euskadi no había gobierno en Madrid. El PNV se había desmarcado del PP para afrontar las autonómicas vascas sin peso a sus espaldas. El PSOE estaba más cerca de consumar su abstención histórica en la investidura de Mariano Rajoy. En las elecciones vascas, PNV y PSE perdían el escaño 38 en el último momento, lo cual, pese a no poner en cuestión los cimientos de su coalición, dificultaba de manera notable algunos pasos y abría la legislatura a acuerdos progresistas en algunas materias. No son pocos acontecimientos y no todos han tenido continuidad.

Al comienzo de la legislatura se vio cómo había posibilidad de llegar a acuerdos razonables con otras fuerzas en materias importantes: autogobierno, paz y convivencia, igualdad entre mujeres y hombres, etc. Había mucha distancia en cuestiones sociales y económicas, pero también margen para hacer algunas cosas. Sin embargo, desde que PNV y PP alcanzaron el doble acuerdo presupuestario en Vitoria-Gasteiz y Madrid —con la negociación del cupo de fondo— la actitud del Gobierno Vasco ha cambiado: no abren la mano en temas clave y se imponen mayorías parlamentarias en las que el PP marca la diferencia, cuantitativa y cualitativamente. En materia de RGI, no hay más que ver al PNV defendiendo argumentos del PP que criticaba hace apenas doce meses. PP, PNV y PSE han acabado defendiendo que en Euskadi se vive suficientemente bien con 650, 800 o 900 euros. No hay más que ver al PSE encerrado entre su acuerdo con el PNV, por un lado, y el de PP y PNV, por el otro. Obviamente, al Gobierno Vasco el PP le resulta un socio más cómodo a corto y medio plazo que EH Bildu, por más que no dejen de ofrecerse para todo o casi todo, y por supuesto más cómodo que Elkarrekin Podemos, que es el actor que está poniendo más énfasis en temas sociales, económicos, de igualdad, medioambientales, transparencia, etc.

Por tanto, el escenario político puede considerarse bastante cerrado. Al contrario que Rajoy en Madrid, Urkullu no lidera un gobierno débil. Cuenta con el PP como pestillo si es necesario cerrar la puerta a cualquier cosa que podamos aportar otras fuerzas. No podemos cambiar esto último, pero en clave vasca hay algunas cosas que sí podemos hacer. Lo interesante de la fase política que se está abriendo en Euskadi, y que identificamos como un intento de cierre por arriba, es que no se produce ante una situación de emergencia o desesperación, ni para los de arriba ni para la gente común. Más que una crisis social, por más que no dejemos de pensar en quienes peor lo pasan, lo que el PNV ha hecho es anticiparse a una crisis orgánica o de autoridad para la que, sin duda alguna, hay condiciones materiales en el oasis vasco.

La realidad es que el PNV ha visto el peligro. No por las dos elecciones generales perdidas, sino porque durante algún tiempo sus mensajes y relatos tradicionales parecían no ajustarse a lo que la gente trabajadora de Euskadi, así como la gente mayor, pensionistas, etcétera, veían que estaba pasando tanto con ellas y ellos como con sus nietos. No olvidemos que, por más que el PNV sea el representante histórico de la burguesía vasca, hace mucho que cimentó una fuerte hegemonía cultural que va más allá de las clases sociales tal como se han entendido tradicionalmente. Electoralmente, esto se traduce en que la gente de a pie les vota con naturalidad. Mucha gente mayor, pero también personas jóvenes, gente sin estudios y profesionales liberales. En general, la gente se ha acostumbrado a mirar las cosas con los ojos del PNV, luego no parece muy difícil que el principal beneficiado de dicha estructura hegemónica sea… el PNV.

¿Qué se ha hecho para atajar este problema de autoridad? Cerrar filas con los partidos de siempre, PSE en Vitoria y PP en Madrid, en nombre de la estabilidad y de lo mejor para Euskadi. Ajuria Enea y Moncloa están en la mejor sintonía de los últimos veinte años. En ambos casos, el PNV ha actuado con el único objetivo de afianzarse como fuerza dirigente, no solamente gobernante. Pactando con el PSE no consigue una mayoría parlamentaria suficiente, pero hace imposible una alternativa progresista en todo caso muy complicada por barreras históricas aún imposibles de derribar. El PNV ha hecho todo para evitar que los demás hicieran. Su hacer consiste en no dejar hacer. Con el PP apoyándole en Vitoria consigue sacar adelante casi todo lo que quiera, incluso la ponencia de autogobierno si así lo deseara, pero sobre todo consigue que nadie más pueda coger impulso.

Por eso al PNV se le notaba aliviado en la moción de censura. Por eso decían con una sonrisa que “no hay alternativa”, porque con ello no hacían sino expresar su deseo de que nunca haya alternativa. Lo que ocurre es que como corriente de fondo esto ya ocurre en un Parlamento vasco en el que la izquierda es mayoría. Incapaz de articular una alternativa, pero mayoría.

Esta estrategia de autoconservación ha tenido un precio: aprobarle los presupuestos al PP y garantizarle la legislatura con un pacto encubierto. A cambio, cabalgando a lomos del 90% de la prensa vasca, el PNV puede sacar pecho con el cupo y con sus grandes conquistas, casi todas plurianuales, por cierto, con lo cual ninguna está garantizada. El PP tiene más bazas en este acuerdo que el PNV.

Vienen tiempos difíciles. No es fácil, pero tenemos que seguir impidiendo que el ciclo político se cierre por arriba. Hay que mantener la brecha abierta, aunque no podamos agrandarla ahora mismo. En ese sentido, desde la perspectiva de Elkarrekin Podemos, hay que convertir este escenario más cerrado en una oportunidad para el futuro. Somos el partido de la modernidad ecológica en Euskadi, el partido de la transición energética y del futuro del empleo y la igualdad entre hombres y mujeres. Hacemos una apuesta fuerte por abrir el debate sobre autogobierno a la sociedad civil. No queremos un Estatuto a la medida del PNV, sino un nuevo pacto social, y para eso hacen falta más voces y más participación ciudadana. Vamos a ser la oposición más concienzuda en lo social. Quizá no podamos aprobar cosas que consideramos muy buenas para la ciudadanía vasca, ni siquiera pactándolas, pero seguro que nadie va a poder aprobar reformas a la baja y pretender pasar desapercibido.

El objetivo es que la oportunidad no se cierre por arriba y que en cuanto se reabran las urnas estemos en la mejor posición posible para seguir ensanchando por abajo. Queda mucho tiempo, pero mucho es muy poco en política. Hay que estar preparadas y preparados desde ya.

Nagua Alba es Secretaria General de Podemos Euskadi y diputada de Unidos Podemos

Este artículo tiene como objetivo debatir la cuestión de la pertenencia a la comunidad, en general, y plantear la necesaria democratización de la idea de patria en Euskadi, en particular. No como una propuesta cerrada, lo cual sería absurdo, sino, al contrario, con la intención de abrir un debate que tiene resonancias de nuestro pasado, pero también un presente muy vivo en Europa.

Tal como señalaba Bernardo Atxaga el pasado domingo en Bilbao, este debate debe partir del aquí y del ahora. Es decir, partiendo de lo que significa “patria” de manera situada, en nuestro territorio y en nuestro tiempo. Hacer este ejercicio exige, en primer lugar, huir de cualquier tipo de ingenuidad. En nuestra sociedad los símbolos que delimitan el país y reparten las posiciones simbólicas dentro del mismo han sido los de una parte (el nacionalismo jeltzale). En nuestra tierra, tristemente, se ha matado y se ha muerto con la excusa de la patria. En base a algunas concepciones ultranacionalistas de corte esencialista se ha excluido del sentimiento de pertenencia a personas que venían de fuera y también a gente nacida aquí. Por tanto, hablar de “patria” en Euskadi es hacerlo de algo plagado de aristas.

Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarse por ella y por su potencialidad política? En primer lugar, porque no disputarlo, asumiendo que pertenece exclusivamente al campo nacionalista, equivale a asumir la subalternidad respecto a esa posición ideológica y a pensar que sólo algunos pueden identificarse con el territorio, que sólo ellos pueden definir los símbolos o que sólo ellos tienen un sentido de pertenencia genuino. Es tanto como renunciar a tener un proyecto de país propio y a desmontar la interesada y eficaz identificación que existe entre país, instituciones y PNV.

Viendo otros referentes cercanos, presentes y pasados, pensamos que sí es posible, y que incluso es necesario, disputar la hegemonía nacionalista en el ámbito de la pertenencia y hacer una propuesta de patria, es decir, de pertenencia a la comunidad política y al territorio, en clave inclusiva, abierta y radicalmente democrática.

Este debate ya se está dando en otros ámbitos. Por ejemplo, la apropiación nacionalista española que la dictadura franquista hizo de “España” y, por tanto, de la idea de patria, ha hecho que muchísimas personas tengan reparos a la hora de relacionarse positivamente con esta palabra. Es destacable el esfuerzo que Podemos ha realizado para que importantes sectores progresistas y de la izquierda hayan vuelto a pensar en lo patriótico desde otro lugar, es decir, a no concederle al PP y a las fuerzas conservadoras una herramienta tan poderosa como el sentimiento de pertenencia. Este esfuerzo se caracteriza por democratizar y hacer más inclusivo todo lo relativo a la propia concepción del Estado y de “lo español”, vinculándolo a la plurinacionalidad, a la diversidad cultural, al derecho a decidir, a las raíces democráticas de la soberanía popular y a la justicia social.

Estas semanas asistimos en Francia a un proceso similar, aunque con características propias. Jean-Luc Mélenchon no duda en disputar los sentimientos de pertenencia y la bandera al Frente Nacional de Marine Le Pen y a Les Républicains de François Fillon. Era rarísimo ver la tricolor en los mítines de la izquierda francesa, y hoy está por todas partes en los de 'La France Insoumise'. Mélenchon hace frente no sólo a Le Pen, sino también a los partidos de gobiernos tradicionales, con un discurso patriótico y republicano, que rescata para la comunidad política francesa términos como república, soberanía, igualdad o mestizaje. Lo hace como un medio para que el progresismo y la izquierda vuelvan a conectar con las clases populares en torno a los valores de libertad e igualdad, así como con la gran olvidada de la triada de 1789: la fraternidad. Independientemente del resultado que obtenga en una campaña a la que la izquierda ha llegado tarde, se trata de un punto de inflexión política.

Por tanto, no somos la primera sociedad que se enfrenta a este reto, ni somos la única sociedad plural. Ni tan siquiera tenemos la exclusiva de haber sufrido décadas de violencia de motivación política. No obstante, la sociedad vasca, por lo ya relatado, tiene dificultades para proceder a esa democratización del sentimiento de pertenencia, de la idea de “patria” y, por extensión, de “lo vasco”. A este respecto, el contexto de asentamiento de la paz y de la convivencia facilita que pueda avanzarse en este sentido, más si cabe porque hablar de convivencia en Euskadi significa asumir como algo propio de la sociedad su enorme pluralidad política, ideológica y de identificaciones nacionales. Y asumirlo además como algo positivo que merece ser cuidado y respetado.

Es evidente que ante esta pluralidad ha fracasado y fracasará cualquier intento por encerrar lo vasco en una sola identificación o definición estrecha. Como también es evidente que una sociedad plural, más cuando ha padecido un conflicto violento con rasgos identitarios, necesita compartir algo. Tenemos que hacer un camino vasco. Un camino que identifique y desarrolle ese algo compartido por todos y todas, sin excepción, generando un sentimiento de pertenencia democrático.

Tenemos referentes en otros contextos, algunos cercanos, para abordar esta cuestión. Nosotras optamos expresamente por las que proceden del ámbito del cosmopolitismo y del republicanismo. A pesar de la burda manipulación que intentó el autodenominado “constitucionalismo”, una de las propuestas más desarrolladas ha sido la del patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. Pese a todo, pensamos que esta posición política, jurídica y normativa puede ayudar a plantearse cómo democratizar a fondo el concepto de patria en Euskadi en nuestros días.

Sin embargo, antes de pensar claves que aterricen esta propuesta, es preciso descartar soluciones esencialistas de un signo u otro. En este caso, de aquellas opciones que le niegan validez a los elementos culturales cambiantes y en movimiento. Toda colectividad, pueblo, nacionalidad o nación posee atributos culturales propios y diferenciales que pueden y deben vehicular, precisamente por su familiaridad, el sentimiento de pertenencia correspondiente. Estos factores deben vincularse de igual a igual con las libertades y los derechos de ciudadanía universal, tanto individuales como colectivos, de tal manera que podamos construir un “cosmopolitismo situado”, es decir, una formulación específica para nuestro contexto social, cultural e histórico. En nuestro caso, uno de los máximos exponentes es el euskera, pero también el reconocimiento de la innegable realidad de los lazos, de muy diverso tipo, que se dan en el marco territorial más amplio que habitualmente se denomina Euskal Herria.

Probablemente, la única fuerza política vasca en condiciones de asumir este reto es Podemos Euskadi. “Probablemente” porque somos casi tan plurales en nuestra composición interna como la propia sociedad vasca. Quizá por ese motivo sentimos el deber de hacer un planteamiento democrático de los sentimientos de pertenencia en nuestra tierra, o lo que podría llegar a ser igual, de la patria vasca. También nos tomamos como deber la tarea, no menos difícil, de conseguir que se entienda.

Nuestra alternativa no es imponer otra concepción de parte de la patria. Al contrario, consiste en plantear una patria abierta, inclusiva, respetuosa con todas las formas de ser vasco, alejada de elementos esencialistas y radicalmente democrática, con base sólida en los derechos humanos, en la paz y en la convivencia. Una patria que no deje a nadie atrás y que piense la democracia en las claves del siglo XXI, esto es, vinculando los derechos sociales, culturales y económicos, de tercera y cuarta generación.

Pensamos que disputar la patria es disputarle al nacionalismo jeltzale la hegemonía política y cultural del país. Es cuestionar su propia condición de “gobernante natural”, que está en el fondo de la renuncia del PSE a la Lehendakaritza en 1986. A diferencia de lo que otros hicieron antes, este camino no pasa por negarle legitimidad al proyecto político del nacionalismo democrático. Más bien tiene que ver con negarse a pensar el país y a nosotras y nosotros mismos desde cualquier tipo de subalternidad. Aquí cabe reivindicar, sin ir más lejos, el ejemplo de Gabriel Aresti y de su capacidad para confrontar con las formas dominantes de entender la patria en su época, así como de su notable capacidad para formular alternativas. De hacerlo en clave inclusiva y con una clara dimensión transformadora en lo social, entendiendo la libertad como algo que va más allá de la esfera individual y del fuero interno, esto es, como la libertad de no tener que pedir permiso a nadie para existir socialmente. Este ejemplo sirve para señalar que no somos los primeros en plantearnos este reto. Seguimos el sendero abierto por muchas personas antes de nosotras.

En nuestros días, el mero hecho de afirmar que no existe una sola forma de entender Euskadi, o la patria vasca, es ya desafiar lo establecido. Lo transformador es proponer una patria en la que quepan todas las personas y una Euskadi en la que quepan todas las patrias. En 2017, pensamos que esta es una forma de confrontar constructivamente con el nacionalismo jeltzale y de socavar su liderazgo. Un liderazgo que en parte se fundamenta en la identificación entre país, instituciones y partido a la que aludíamos anteriormente. Tenemos que hacerlo ofreciendo a la ciudadanía un proyecto de país propio, justo, inclusivo y de futuro. Por citar a Bernardo Atxaga, lo haremos “cuando, precisamente, miremos a la nueva realidad vasca con otra mirada, capaz de crear, de inventar, una utopía; no una utopía heroica –ya hemos tenido bastantes–, sino una utopía que tenga por objeto, por sueño, la mejor convivencia de todos cuantos vivimos aquí”.

Nagua Alba, secretaria general de Podemos Euskadi y diputada de Unidos Podemos en el Congreso.Nagua Alba

Sergio Campo, responsable de discurso de Podemos Euskadi.Sergio Campo

Andeka Larrea, responsable del área de cultura de Podemos Euskadi.Andeka Larrea

La secuencia de noticias sobre la Universidad Rey Juan Carlos, sobre las prácticas reiteradas de falta de transparencia en la contratación de profesorado y, recientemente, sobre las acusaciones de plagio por parte de su rector Fernando Suárez, han provocado una reacción de alarma social sobre el estado de esta universidad de la que Podemos en la Comunidad de Madrid se ha hecho eco. Este caso, sin embargo, no debemos interpretarlo, más allá de su relevancia, como un suceso de interés puramente madrileño, ya que muestra, en nuestra opinión, el deterioro de la imagen del sistema público de enseñanza superior y, lo que es más grave, del deterioro real del sistema de investigación y enseñanza universitaria del conjunto del Estado, al tiempo que pone en entredicho los planes de reforma universitaria de los gobiernos del PP -tanto autonómico como estatal-.

Para quienes no la conozcan, la Universidad Rey Juan Carlos fue fundada en 1996 por el gobierno de Ruiz Gallardón y desde entonces ha sido identificada como “la universidad del PP”. No solo porque allí se reunieran profesores más o menos afines ideológicamente al partido conservador, lo que no es objeto de reproche por nuestra parte -pues al fin y al cabo las actitudes políticas diversas son perfectamente legítimas en la universidad como lo son en cualquier espacio-, sino porque, desde su creación, fue una universidad privilegiada por las autoridades de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP de Esperanza Aguirre. Es por eso por lo que resulta mucho más preocupante la acumulación de informes sobre prácticas irregulares en esta universidad. Informes que han sido ignorados de forma reiterada y de los que sólo muy ocasionalmente ha dado cuenta la prensa. La conclusión a la que llegamos inevitablemente es que si este es el concepto de universidad pública del Partido Popular, si esto es lo mejor que son capaces de hacer, entonces tenemos un problema.

Porque no sólo estamos hablando de los casos de -supuestas- irregularidades. La URJC no es una universidad que se distinga especialmente por su capacidad investigadora, como dan cuenta todos los datos comparativos con las demás universidades madrileñas. Podríamos incluso disculpar esto dada su juventud si tuviésemos constancia de que, como institución, se está proponiendo una mejora continua de su calidad docente e investigadora para poder alcanzar el nivel medio de las universidades de su entorno. Pero no es este el caso. La “universidad del PP” une a su desprecio por las normas que regulan, por ejemplo, las condiciones de contratación del profesorado con un notable abandono de la aspiración a la “excelencia” que en teoría defienden en ese partido. Cierto es que los criterios de calidad que este gobierno propone a través de la ANECA se basan en la “investigación al peso”, esto es, en el recuento matemático del número de artículos publicados -sin entrar a analizar su contenido­-, una forma de entender la “calidad” y la “excelencia” que avala y  refuerza prácticas como el plagio. Porque, si nadie se lee los artículos, ¿por qué no íbamos a copiarlos? Y frente a esta mentalidad contable, sólo prácticas bien asentadas de autogobierno y autoexigencia pueden servir de barrera.

Por esta razón nos escandaliza de forma especial el hecho de que la persona acusada de prácticas absolutamente contrarias a las normas de la investigación científica, como son los plagios, sea la de su Rector, quien está encargado de la vigilancia para que la universidad cumpla escrupulosamente con las funciones que le encarga el sistema público de enseñanza e investigación. Pero nos preocupa mucho más la falta de una rápida reacción para aclarar estas acusaciones y que, cuando la presión pública ha sido irresistible, el Rector se haya limitado a encargar a una comisión dirigida por el propio equipo rectoral la investigación de tales hechos. Todo esto sin entrar a analizar el vergonzoso escrito institucional firmado por el Rector, en el que intenta retorcer el concepto de plagio utilizando argumentos falsos e interesados y se esconde tras una idea torticera de autonomía universitaria, ni tampoco el comportamiento de aquellas instituciones (la CRUE, la CRUMA, el Ministerio de Educación) que deberían ser guardianes de la -ahora sí- excelencia en la universidad, y guardan silencio o peor, apoyan explícitamente el proceder del Rector. Curiosa forma de poner en práctica el criterio tan empleado por Mariano Rajoy de gobernanza.

Esta reacción tan falta de transparencia y democracia, de desconfianza de su propio claustro o de una comisión externa e imparcial encargada a la comunidad científica, es la que nos indica que tal vez hay mucha verosimilitud en las acusaciones y, desde luego, refleja de un modo muy claro prácticas similares en las diversas instituciones que dirige y gobierna el Partido Popular.

Quienes viven día a día la investigación y la enseñanza universitaria saben que el sistema completo de I+D+i se encuentra en una situación de emergencia. A los recortes y faltas de inversión, a la expulsión del sistema de una generación entera, al envejecimiento de las plantillas investigadoras y docentes, se suma una constante denigración de la competencia del sistema público de investigación y enseñanza, que noticias como ésta no sirven  sino para incrementar.

No es casual tampoco que quienes más se empeñan en esta degradación de la imagen de las universidades sean también responsables directos de su degradación real por falta de inversiones, por su despreocupación por la calidad docente e investigadora, y por la pasividad ante las faltas tan graves que ocurren en las instituciones que le son cercanas. Como en tantas otras realidades del estado, las políticas del Partido Popular contradicen sus apelaciones a términos grandilocuentes. Al Partido Popular no parece interesarle demasiado un sistema público de enseñanza e investigación de calidad, parece más bien preocupado por colocar a sus afines también en lugares cuya autonomía debería estar garantizada por instituciones y prácticas de absoluta transparencia.

En Podemos estamos especialmente preocupados por esta degradación de la educación y del potencial investigador del país. No es casual tampoco. Acompaña a un modelo económico que, bajo el palio de un discurso neoliberal, se ha convertido en un sistema económico de especulación, explotación financiera y casi absoluta desertización innovadora. Frente a esta situación, defendemos un Pacto por la Ciencia que, en primer lugar, haga frente a la situación de emergencia recuperando el talento perdido en estos años y vuelva a niveles de inversión en investigación y enseñanza previos al comienzo de la crisis. Pretendemos garantizar, por otro lado, la autonomía del sistema de investigación basada en los más escrupulosos criterios de transparencia en la gestión y en las prácticas de la investigación y la enseñanza universitaria. Y, sobre todo, buscamos un sistema de investigación y de universidades basado en la búsqueda de la cooperación interna y la cooperación con la sociedad para superar un modelo económico basado en la especulación y en el individualismo ciego. Sin investigación, sin universidad, no hay futuro, exijamos políticas a la altura del mañana que nos merecemos.