Una mujer de 52 años intenta explicar en su trabajo que lleva semanas sin dormir, se despierta empapada en sudor, el corazón se le dispara, la cabeza se le queda en blanco. Pronuncia la palabra “menopausia”. Su compañero responde: “Yo también duermo fatal, el niño pequeño llora todas las noches”.

Otra mujer, 46 años, tiene un puesto de responsabilidad. La menopausia le trae noches en vela, sofocos en mitad de las reuniones, lagunas de memoria que le dan pánico. Además, es la hija “responsable” de unos padres mayores. Cuando pide flexibilidad y apoyo temporal en sus funciones, la llama a hablar otra mujer con cargo en la empresa y con tono pretendidamente “empático” le dice: “Te vemos sufrir, de verdad. ¿No será mejor que lo dejes para no sufrir más? No puedes estar al 100%”.

En un invernadero del campo andaluz, una temporera de 49 años trabaja a destajo. Sangrados muy abundantes, mareos, sofocos bajo el plástico, dolor en las piernas. El baño está a diez minutos andando. Cuando pide ir porque la compresa no aguanta más, el manijero mira el reloj y responde que allí se ha ido “a trabajar, no a pasearse”. En pleno sofoco siente que se desmaya, pero no le permiten parar porque “se enfría el ritmo”. Ese día, con los mareos y el sangrado, no llega a la media de kilos exigida. Al final de la jornada, el capataz la llama aparte: “Mañana quédate en casa, ya te avisaremos”. Varios días sin jornal, sin despido formal, pero con castigo real.

No son anécdotas aisladas. Son tres formas distintas de una misma violencia. Cada 25 de noviembre miramos de frente el maltrato psicológico, los asesinatos, las violaciones. Y es imprescindible. Pero hay violencias que no dejan moratones y, sin embargo, destrozan la vida de miles de mujeres en Andalucía como el abandono sanitario tras un cribado de cáncer de mama o la falta de atención y de derechos laborales de quienes transitan la menopausia con síntomas severos.

La mayoría sufren síntomas y para alrededor de un 20%, esos síntomas deterioran gravemente la calidad de vida con sofocos, insomnio crónico, ansiedad, dolores articulares, sangrados incapacitantes, niebla mental, pérdida de memoria, dolor en las relaciones sexuales...

Lo escribo como feminista, como activista de derechos humanos y como exdiputada andaluza que llegó a registrar una ley para luchar contra la discriminación por menopausia. Si hubo que redactarla es porque el sistema falla en algo tan básico como nuestro derecho a la salud y al empleo en igualdad. Durante su preparación pude recoger decenas y decenas de testimonios de mujeres que me confirmaron esta necesidad.

El climaterio, esa transición que incluye la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, puede durar años y atravesar casi la mitad de la vida de las personas con útero. La mayoría sufren síntomas y para alrededor de un 20%, esos síntomas deterioran gravemente la calidad de vida con sofocos, insomnio crónico, ansiedad, dolores articulares, sangrados incapacitantes, niebla mental, pérdida de memoria, dolor en las relaciones sexuales... Y, sin embargo, llegamos a esta etapa casi siempre desinformadas. Ni en la escuela, ni en las campañas públicas, ni en las consultas te preparan. No es un despiste neutral: es la consecuencia de una medicina androcéntrica que sigue tratando la salud de las mujeres como un añadido sin importancia, un problema “de hormonas” que cada una debe sobrellevar como pueda.

La Organización Mundial de la Salud lleva años reclamando que la transición por la menopausia se trate como parte integral del derecho a la salud, con atención física, mental y sexual y acceso real a información y tratamientos. Ignorar estas recomendaciones cuando se conoce el sufrimiento que hay detrás no es un olvido técnico, es una decisión política.

Volvamos a las escenas. El compañero que responde “yo también duermo fatal” borra la especificidad de lo que te ocurre, reduce un cuadro complejo y sostenido a una mala noche, coloca su experiencia de hombre como medida de todas y te lanza un mensaje disciplinador: si él aguanta, tú deberías aguantar. Es machista porque se niega a reconocer que tu insomnio no viene de un niño que llora, sino de una etapa vital que solo atravesamos las mujeres y que va unida a una desigualdad estructural en la sanidad y en el trabajo. Además, desplaza el foco de la conversación: en lugar de abrir espacio para hablar de menopausia en la empresa y pensar cambios, la sitúa en el terreno de las quejas individuales. Tu dolor deja de ser un asunto político y vuelve a ser un problema privado que deberías gestionar tú sola.

La otra compañera que te dice “mejor déjalo para no sufrir” envuelta en empatía está haciendo el trabajo sucio del patriarcado. En vez de pelear junto a ti por una adaptación razonable, convierte el problema estructural en tu decisión “libre” de renunciar. Es machista porque parte de la idea de que solo hay dos opciones: o encajas en el modelo de trabajadora ideal, disponible, sin límites, sin cuerpo, sin cuidados, o desapareces. Se apoya en el hecho de ser mujer para legitimar el mensaje pero lo que transmite es que la combinación de cuerpo menopáusico y cuidados son incompatibles con el poder.

La temporera que no llega a la media de kilos descubre otra cara de lo mismo. Las condiciones objetivas de muchos trabajos como el trabajo con calor extremo, falta de ventilación, distancia o restricciones para ir al baño o uniformes restrictivos multiplican los síntomas, y la forma de contratar: a destajo, con miedo o sin contrato, sin derechos, convierte esos síntomas en sanción económica. No hace falta que nadie pronuncie la palabra menopausia para que tu cuerpo y tu bolsillo sean castigados por ella.

Muchas han pensado en dejar su empleo por una menopausia complicada, muchas van a trabajar sufriendo por miedo a que su situación se interprete como falta de compromiso, y casi ninguna se atreve a nombrarla abiertamente en la empresa

Cuando miramos los datos, el panorama es impactante. En el Reino Unido, un informe de The Fawcett Society, Menopause and the Workplace (mayo 2022), reveló que tres de cada cinco mujeres menopáusicas se veían afectadas negativamente en el trabajo y que centenares de miles habían dejado su empleo por los síntomas. A los 50 años con al menos un síntoma problemático tienen mucha más probabilidad de haber dejado su trabajo a los 55 o de haber reducido su jornada. Y una encuesta del Women & Equalities Committee del Parlamento británico (septiembre 2021) recogía que en torno a un tercio de las participantes se había ausentado del trabajo por sus síntomas, muchas sin atreverse a decir la verdadera razón a su jefe.

Mientras tanto, en España y en Andalucía no tenemos estudios públicos sobre cómo afecta la menopausia a la carrera profesional de las mujeres. Lo poco que sabemos proviene de investigaciones parciales y privadas que dejan ver lo obvio: muchas han pensado en dejar su empleo por una menopausia complicada, muchas van a trabajar sufriendo por miedo a que su situación se interprete como falta de compromiso, y casi ninguna se atreve a nombrarla abiertamente en la empresa.

En la sanidad ocurre algo similar. Una encuesta de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia de 2023 realizada a profesionales del SAS muestra que la inmensa mayoría de especialistas en medicina de familia, ginecología y matronas no había recibido formación suficiente en menopausia y no se sentía preparada para tratarla. La atención al climaterio aparece en los papeles, pero en la práctica no hay unidades específicas, ni protocolos claros, ni campañas públicas que expliquen qué nos pasa y qué opciones tenemos.

La respuesta habitual son parches farmacológicos, ansiolíticos, antidepresivos, que ni tratan el problema, ni abordan de manera global la situación, ni previenen complicaciones como la osteoporosis o el riesgo cardiovascular. Cuando actualmente hay tratamientos eficaces y seguros que pueden mejorar radicalmente la vida de mujeres muy mermadas, y aun así no se ofrecen o se demonizan, lo que hay detrás no es ignorancia inocente, sino desinterés estructural.

El feminismo habla desde hace mucho de violencias estructurales e institucionales. Hay violencia machista cuando un sistema sanitario no forma a sus profesionales, no organiza recursos, no analiza con datos la realidad para poder actuar y normaliza que miles de mujeres sufran durante años síntomas graves en una etapa vital que solo atravesamos nosotras. Hay violencia machista cuando un sistema laboral no contempla el climaterio en la prevención de riesgos, no incluye la menopausia en los planes de igualdad, no prevé ajustes razonables ni flexibilidad y utiliza la competitividad como filtro que expulsa a quienes no pueden rendir como el varón estándar. Y hay violencia machista cuando una cultura ridiculiza la menopausia, nos hace avergonzarnos de nombrarla y nos empuja a aguantar en silencio.

Cuando el precio de la menopausia es perder la salud, el salario o el trabajo, lo que se rompe no son solo nuestros cuerpos, es nuestro derecho a una vida digna

El resultado es empobrecimiento, brecha salarial y de pensiones, pérdida de autonomía, deterioro de la salud, expulsión de espacios de poder. Y ese daño recae casi exclusivamente sobre mujeres de determinada edad, muchas de ellas trabajadoras precarias, migrantes y cuidadoras. Llamar a esto violencia machista no es exagerar; es darle nombre a un daño que, precisamente por no tenerlo, se ha vivido en soledad generación tras generación.

Este 25 de noviembre volveré a salir a la calle por las asesinadas, por las violadas, por las mujeres acosadas. Pero también quiero salir por las mujeres que se levantan cada mañana después de otra noche en blanco, se toman un ibuprofeno, un ansiolítico, un café y se van al tajo, al invernadero, al hotel, a la oficina pensando que “es lo que toca”. No, no es lo que toca. No es “la edad”. Es un sistema sanitario y laboral que ha decidido que nuestros cuerpos en climaterio son prescindibles.

Nombrarlo como violencia machista es el primer paso para dejar de soportarlo en silencio. El siguiente, ineludible, es exigir políticas públicas a la altura: formación, unidades específicas, adaptaciones laborales, datos y recursos reales. Porque cuando el precio de la menopausia es perder la salud, el salario o el trabajo, lo que se rompe no son solo nuestros cuerpos, es nuestro derecho a una vida digna. Y eso, aquí y en cualquier lugar del mundo, se llama violencia.

Martes, puerta del CEIP San José Obrero, en el barrio de El Cerezo, Sevilla. Madres y padres esperan a sus hijos. Un coche negro se detiene. Tres hombres con chalecos oscuros se acercan a una mujer dentro de otro vehículo. Le piden la documentación y aunque ella intenta explicar agobiada que solo ha venido a por su niño, la sacan del coche a rastras y se la llevan. Su hijo, de siete años, llora solo al otro lado de la verja con la mochila abierta en el suelo.

No, no pasó en Sevilla. Pasó frente al Columbus Elementary School de Chicago (Illinois), cuando agentes del ICE detuvieron a dos madres latinas mientras esperaban a sus hijos.

En los campos de Huelva, las jornaleras corren entre los surcos perseguidas por agentes armados que bajan de furgones policiales.

No ocurrió en Palos, sino en Bakersfield (California), donde agentes del ICE irrumpieron en varias fincas agrícolas y detuvieron a decenas de trabajadores latinos.

En la Parroquia Santa María Madre de Dios, en El Puche (Almería), varias familias con niños son identificadas en la puerta y varios padres son reducidos en el suelo delante de sus niños pequeños y resto de parroquianos.

No ha pasado aquí. Pero sí en Houston (Texas), donde este verano más de 3.000 migrantes fueron detenidos en o cerca de iglesias.

Una paciente convaleciente en el hospital Virgen del Rocío grita pidiendo ayuda cuando tres hombres entran en su habitación para detenerla. La enfermera intenta advertirles que no está estable, pero la apartan de un empujón y se llevan a la paciente detenida ante la mirada perpleja del resto de enfermos y personal sanitario.

No ha pasado aquí. Pero sí ocurrió en el Glendale Memorial Hospital de Los Ángeles, donde una inmigrante fue arrestada en una camilla mientras seguía hospitalizada.

Todas estas escenas son reales. Solo que aún no han ocurrido en Andalucía.

En esta deriva la extrema derecha no avanza sola. Avanza cuando la derecha tradicional la normaliza. Vox no gobierna sin el Partido Popular, y sus ideas políticas antiinmigración (deportaciones masivas, invasión, sustitución de la población, islamofobia) entran en la agenda cuando el PP necesita sus votos o asume su lenguaje

Y lo inquietante es que empiezan igual en todas partes: con discursos que se venden como razonables, con políticos diciendo que “no hay para todos”, que “hay que priorizar a los de aquí”, que “los inmigrantes abusan del sistema” o que “se llevan las ayudas”.

Estas frases dividen el mundo en dos grupos. Los que merecen derechos y los que deben demostrarlo. Ahí es cuando empieza el racismo institucional.

En esta deriva la extrema derecha no avanza sola. Avanza cuando la derecha tradicional la normaliza. Vox no gobierna sin el Partido Popular, y sus ideas políticas antiinmigración (deportaciones masivas, invasión, sustitución de la población, islamofobia) entran en la agenda cuando el PP necesita sus votos o asume su lenguaje. El ejemplo más reciente el mes pasado cuando en Murcia, el Gobierno del PP cierra un centro de menores, tras la presión de Vox, y traslada a los menores no acompañados a un albergue remoto y separado del resto de niños de origen español,  pese a que ningún vecino había presentado queja alguna. En Cataluña, Aliança Catalana ha crecido con una retórica abiertamente islamófoba, señalando a las personas musulmanas como amenaza y pidiendo expulsiones y cierres de mezquitas. Cuando estos discursos suben, no es porque la sociedad se vuelva más racista, sino porque la política empieza a tratar el racismo como una opinión respetable.

Y da igual que todo sea falso, que las personas migrantes no sean una carga, que paguen impuestos, sostengan nuestros campos, limpien nuestros hoteles y cuiden a nuestros mayores. Sin ellas, lo que colapsa no es la identidad, son los cuidados, la economía y nuestra humanidad compartida.

Cuando un Estado aprende a negar derechos a un grupo, pronto encuentra otro. Hoy serán los migrantes, mañana los parados, las mujeres que protestan por sus cribados, los enfermos caros, los disidentes. Porque el racismo es el laboratorio del autoritarismo y no hace falta imaginarlo porque nos pasó recientemente

Afirmar que hay personas que merecen menos derechos por su origen es negarse a la base de los derechos humanos, que todos nacemos iguales en dignidad. Tras dos guerras mundiales, genocidios y dictaduras, Europa asumió el principio esencial de que los derechos humanos son universales, no dependen del lugar donde naciste, de tu apellido o de tu pasaporte.

El discurso racista que utilizan las derechas es abiertamente utilitarista y no pretende proteger a la gente de aquí. Tiene truco. Enfrenta a pobres contra pobres. Y mientras discutimos quién merece una prestación o una cama de hospital, nadie mira hacia arriba: hacia quienes acumulan riqueza, inflan alquileres, especulan con la vivienda y no pagan impuestos en proporción. El racismo es así funcional porque divide a los trabajadores y desvía la mirada de los verdaderos responsables de la desigualdad.

El riesgo posterior es el de que cuando un Estado aprende a negar derechos a un grupo, pronto encuentra otro. Hoy serán los migrantes, mañana los parados, las mujeres que protestan por sus cribados, los enfermos caros, los disidentes. Porque el racismo es el laboratorio del autoritarismo y no hace falta imaginarlo porque nos pasó recientemente. Primero se negó el pan, luego la escuela, luego la nacionalidad… hasta que un día llegaron los trenes, los extranjeros, los pobres, los judíos, los gitanos, los disidentes, nadie estaba a salvo cuando la dignidad se volvió un privilegio.

En Estados Unidos tampoco empezó con agentes entrando en colegios o en hospitales. Empezó con palabras. Con políticos repitiendo que el país está “lleno”, que los inmigrantes nos quitan el trabajo y las ayudas, que vienen a delinquir y hay que proteger lo de los de aquí. Lo que parecía imposible en una democracia consolidada se ha vuelto rutina en pocos años. Niños solos en la puerta de un colegio, familias perseguidas en las iglesias, trabajadores cazados en los campos.

El racismo como sistema no aparece de golpe. Se cuela en las leyes, en los discursos, en las bromas. Se instala despacio, hasta que un día los niños se quedan solos en la puerta del colegio. Todavía no ha pasado aquí. Pero cada vez que guardamos silencio ante un discurso de odio, la frontera del miedo se mueve un centímetro. Si no frenamos esta deriva ahora, algún día, pronto, será demasiado tarde para decir que no lo vimos venir.

La gestión sanitaria andaluza atraviesa una crisis profunda, pero lo que ha sucedido con el cribado del cáncer de mama trasciende el deterioro de los servicios y nos enfrenta, con publicidad máxima, a un modelo político que combina la lógica neoliberal con el patriarcado institucional.

De un lado, se descapitaliza lo público para abrir espacio al negocio privado. Del otro, se oculta información a las mujeres como forma de justificar el desastre. Y lo más inquietante es la naturalidad con que se dice. Porque lo verdaderamente insoportable no es que un presidente piense así, sino que lo diga sin darse cuenta de la barbaridad que está diciendo.

Durante meses, miles de mujeres andaluzas esperamos los resultados de nuestras mamografías dentro del programa de cribado del cáncer de mama. Algunas nunca recibimos el aviso, otras supieron por la prensa que los resultados no concluyentes de sus exploraciones no habían sido informadas a tiempo.

Cuando el escándalo se hizo público, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, intentó justificarse afirmando que “no se avisó a las mujeres para no generarles ansiedad”.

Un acto político machista que presupone que las mujeres no somos capaces de procesar la verdad sobre nuestros cuerpos, que debemos ser protegidas de la realidad, que el poder tiene derecho a decidir qué grado de angustia podemos soportar. En un solo gesto, el presidente borró el derecho a saber, el derecho a decidir y el principio de igualdad que sustentan cualquier democracia moderna

Esa frase no es una simple torpeza comunicativa. Es la expresión nítida de un modo de ejercer el poder. Es, en sí misma, un acto político machista que presupone que las mujeres no somos capaces de procesar la verdad sobre nuestros cuerpos, que debemos ser protegidas de la realidad, que el poder tiene derecho a decidir qué grado de angustia podemos soportar. En un solo gesto, el presidente borró el derecho a saber, el derecho a decidir y el principio de igualdad que sustentan cualquier democracia moderna.

Cuando quien gobierna se permite justificar una vulneración de derechos en nombre del “bien emocional” de las mujeres, está normalizando la desigualdad.

El lenguaje, en política, nunca es inocente. Y en este caso, lo que las palabras del presidente revelaron no ya una falta de empatía, sino una ausencia total de perspectiva feminista, una ceguera estructural ante el hecho de que el paternalismo también es violencia.

Cuando se decide por nosotras bajo el pretexto de “cuidarnos” y una administración se arroga el derecho a “protegernos del miedo” ocultándonos información médica, evidencia la realidad de un Gobierno que entiende el feminismo solo como eslogan.

El fracaso del cribado de cáncer de mama pone de relieve, además, algo más profundo como es la desigualdad estructural en el acceso a la salud. Las mujeres que pueden pagar un seguro privado logran hacerse cuanto antes todas las pruebas, pero las que no, esperan, sin remedio, entre varios meses y dos años entre la mamografía y la siguiente prueba concluyente para el diagnóstico dependiendo del lugar de residencia. Así, la desigualdad económica y la desigualdad territorial se entrelazan con la desigualdad de género, generando un triángulo perfecto de injusticia.

Negar información médica, retrasar diagnósticos o justificarlo con argumentos de género no solo vulnera la ley, sino que traiciona el principio de igualdad sobre el que se construye la ciudadanía. Y cuando quien debe garantizar los derechos públicos los relativiza con una frase paternalista, el daño trasciende el ámbito sanitario, es que afecta a la confianza en las instituciones y erosiona la legitimidad democrática

La política sanitaria andaluza del Partido Popular ha seguido un rumbo claro: la descapitalización progresiva del sistema público. Mientras los hospitales acumulan demoras récord y las plantillas sufren precariedad, el gasto en conciertos con la sanidad privada ha crecido muy por encima del refuerzo del sistema público. Paralelamente, el número de andaluces y andaluzas con seguro médico privado supera ya los 2 millones, un 25 % más que en 2019. La crisis de los cribados de mama ejemplifica perfectamene como se nos empuja a contratar seguros privados para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida. Este vaciamiento es una estrategia clara de desgastar lo público hasta generar desesperanza y trasladar la confianza, y el dinero, a lo privado.

Caroline Criado Pérez denunciaba en “Mujeres Invisibles Para la Medicina” que cuando las políticas y los sistemas de datos se diseñan sin tener en cuenta las necesidades de las mujeres, ellas desaparecen de las estadísticas y, con ellas, de las prioridades. En Andalucía, lo invisible no son solo los datos (a estas alturas no sabemos con certeza cuántas son las afectadas), sino las propias mujeres que esperan su diagnóstico.

A todo esto el derecho a la salud no es una cortesía del Estado, sino una obligación jurídica y moral reconocida por la Constitución, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos instrumentos internacionales exigen garantizar una atención sanitaria accesible, de calidad y libre de discriminación por razón de sexo. Así que negar información médica, retrasar diagnósticos o justificarlo con argumentos de género no solo vulnera la ley, sino que traiciona el principio de igualdad sobre el que se construye la ciudadanía. Y cuando quien debe garantizar los derechos públicos los relativiza con una frase paternalista, el daño trasciende el ámbito sanitario, es que afecta a la confianza en las instituciones y erosiona la legitimidad democrática. Es nuestro propio presidente, que, ante una crisis sanitaria, opta por justificar lo injustificable de manera machista antes que asumir su responsabilidad. Y eso, en términos políticos y éticos, es de una gravedad excepcional. No informar para “proteger” a las mujeres no es cuidado; es exclusión. Y cuando la exclusión se disfraza de empatía, lo que se rompe es la confianza social. El daño no es solo clínico, es democrático.

Lo grave no es solo lo que dijo, sino la naturalidad con la que el Partido Popular gobierna desde el machismo. En su intento por justificarse, el presidente no se traicionó: se mostró tal cual es su Gobierno, desprovisto de toda conciencia feminista y del respeto debido hacia los derechos de las mujeres.

La agenda social nos devuelve hoy a la conciencia uno de los problemas más graves a los que se han enfrentado nuestras sociedades en el último medio siglo. Hoy todo son lazos rojos y actos institucionales para alabar la lucha contra el VIH y el sida. Sí, son cosas distintas, pero la desinformación y el estigma también son parte de la mochila que pesa sobre esta infección.

Días como hoy evidencian una de las contradicciones de este tiempo que algunos han etiquetado como “postverdad”. Sin tapujos, los mismos gobernantes que claman a los cuatro vientos sus grandes compromisos y esfuerzos en la erradicación del VIH, recortan a dos manos la financiación de las campañas de prevención y control de esta enfermedad, y sin que se les salten los colores ni nada. Desde 2011 llevamos más de un 90 % de recortes para campañas contra el VIH, lo que deja campo libre para que proliferen nuevas infecciones. De nuevo, los recortes matan.

El VIH sigue siendo considerado una epidemia en nuestro país por su alto índice de contagio, pero sobre todo por el alto porcentaje de personas que no saben que lo padecen. En España, durante el año 2015, las personas portadoras del virus suponían un 7,4 por cada 100.000 habitantes. Si esa cifra le parece alta, acompáñeme en esta vista rápida por las cárceles españolas, donde casi 6 de cada 100 reclusos son portadores del VIH y de ellos, el 87 % son portadores también del virus de la hepatitis C. Sí, esa enfermedad para la que existe cura, pero cuyos medicamentos el Ministerio de Sanidad se ha negado a pagar durante meses.

Si los actuales recortes en sanidad están poniendo en riesgo la vida de miles de personas en España, en las cárceles, el acceso a un derecho básico como es el de la protección de la salud parece una utopía para la población interna, donde además existe una sobrerrepresentación de enfermedades cien veces superior al de la población en libertad.

No parece que entre las prioridades del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esté garantizar la adecuada atención médica que reciben los presos. Nada importa que lo que para cualquiera de nosotros serían varias semanas de espera para recibir un diagnóstico o un tratamiento, para una persona presa pueda convertirse en hasta año y medio de calvario entre una cita y la siguiente.

La realidad que se vive en nuestras cárceles podría parecer el guión de cualquier cinta de cine negro, pero lejos de la ficción, las personas presas ven mermado su derecho a la salud día tras día. No son sólo las largas esperas esposados mientras acuden a los hospitales. Tampoco es la falta de intimidad en la consulta acompañados por un policía mientras los exploran. La descoordinación entre administraciones está provocando que no se compartan las historias clínicas entre los diferentes médicos, o que ni siquiera se les lleguen a suministrar los medicamentos que les han sido prescritos, porque son “demasiado caros”.

No parece que esta situación le haya importado mucho a los anteriores gobiernos de PP y PSOE. Qué más da si no se cumple la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que mandataba a que se realizara la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria a los servicios de salud de las comunidades autónomas. Tal y como nos tienen acostumbrados, las leyes sólo importan cuando se trata de garantizar privilegios o pagar las deudas contraídas con los bancos. Cuando se trata de garantizar los Derechos Humanos, mirar hacia otro lado ha sido la política de Estado.

Como de costumbre, el incumplimiento de la legalidad en esta transferencia de competencias desde Instituciones Penitenciarias hacia las comunidades tiene dos ingredientes muy habituales entre el bipartidismo, la falta de voluntad política y la lucha por los recursos públicos. Todas las administraciones hacen oídos sordos para evitar pagar la factura. Pero esto, a diferencia de otras situaciones, está costando vidas.

El pasado 26 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad la moción presentada por Unidos Podemos para la transferencia a las autonomías de las competencias en materia de sanidad penitenciaria. La respuesta Ministro del Interior ante esta flagrante vulneración de los Derechos Humanos no ha sido otra que culpar a las comunidades autónomas de no querer asumir las competencias. Nada dice del impago que lleva acumulado Instituciones Penitenciarias con éstas desde el año 2014, año en el que vencieron todos los convenios de colaboración entre ambas administraciones.

Sin contar los medicamentos de la hepatitis C, el Ministerio adeuda a las comunidades más en torno a 25 millones de euros. Y mientras que unos y otros se pasan la pelota, el tiempo juega en contra de los enfermos que entraron en prisión por no cumplir la ley, mientras que nadie garantiza que esas mismas leyes se cumplen también para ellos.

Hoy no habrá lazos rojos para los más de 3.600 enfermos de VIH que se encuentran en las cárceles españolas. Y es que no hay lazo lo suficientemente grande que pueda ya seguir ocultando este despropósito.