En 2015, mientras avanzaban las conversaciones de paz en La Habana, 69 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia; y en agosto de 2016 se sumaban 35 más. Anunciado el nuevo acuerdo, cuatro personas más fueron liquidadas. Quiere decir esto que el triunfo del NO –ciertamente pírrico– al Acuerdo de Paz en el plebiscito del 2 de octubre, si bien se debe a posiciones políticas de derecha, coincide con formas de violencia seguramente vinculadas al paramilitarismo y otras expresiones políticas profundamente antidemocráticas.

Una paz “barata”

La continuidad de la violencia por los sectores mencionados es desde luego muy preocupante; a ello debe adicionarse la negativa del gobierno colombiano y sus partidos de coalición, así como de la derecha uribista y conservadora, a reconocer la relación existente entre el tipo socio-económico y político de país que somos y nuestra traumática relación con los ecosistemas y la violencia y los conflictos armados que ha predominado en los doscientos años transcurridos desde la independencia de España.

Por tal razón Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental en las conversaciones de La Habana con las FARC, dijo de entrada que “el modelo de desarrollo no está en discusión”, ante planteamientos de la guerrilla sobre las características socio-económicas de Colombia e incluso los peligros existentes para el medio ambiente. Las clases dominantes aspiran a una paz “barata” en las concesiones que se hagan a los grupos guerrilleros; y no piensan abandonar el modelo extractivista.

Historiadores y analistas críticos, entre ellos el antropólogo Darío Fajardo, han señalado que Colombia ha carecido de un proyecto nacional estratégico propio y autónomo. Desde la colonia española la producción se ha articulado al mercado internacional y a los intereses de poderes extranjeros. La explotación de oro, plata y platino en la colonia fue siendo sustituida por los ciclos de las quinas, el añil, el tabaco, la ganadería –en la Costa Atlántica–, el café y otros productos clave de acuerdo con la demanda internacional. Desde hace treinta años estos han sido fundamentalmente el petróleo, los cultivos ilícitos, el carbón y el oro. Este retorno a la dependencia de los combustibles fósiles y los yacimientos minerales ha coincidido con el desmonte de la industria liviana nacional, a partir de la “apertura económica” de comienzos de los noventa y la firma de los tratados de libre comercio. Además ha conducido a la sustitución de la producción rural por la importación de alimentos y la entrega de zonas agropecuarias –especialmente en la Orinoquía– a compañías transnacionales y monopolios nacionales.

El “modelo” de desarrollo ha estado acompañado de una fuerte concentración de la tierra, con un Coeficiente de Gini de 0’88 y un desplazamiento violento de la población rural o semirrural. Colombia, según la ONU, es el país con mayor número de desplazados: 6’9 millones de casos.

La locomotora minera

El extractivismo minero-energético es fundamental en la actual modalidad del “desarrollo”, habiéndose dado en concesión 5’6 millones hectáreas –principalmente a empresas transnacionales– por los gobiernos de Uribe y Santos, promotores de la “locomotora minera”.

Según Rodrigo Negrete, uno de los analistas de la Contraloría General de la República en la crítica que esta entidad hizo al extractivismo minero-energético, “a finales de diciembre de 2012 en Colombia habían sido suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5’6 millones de hectáreas. De éstos, 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2’1 millones de hectáreas”. Según el mismo autor, el área correspondiente a las 19.000 solicitudes pendientes y a las áreas estratégicas mineras decretadas en el Amazonas, sumadas a las ya otorgadas, conduce a que la tercera parte del territorio colombiano cuente con título minero.

Con las FARC se llegó a acuerdos relativos a la conformación de zonas de reserva campesina que la guerrilla considera viables y justas para sus bases campesinas. Posiblemente esto reactualice las pretensiones de reforma agraria de amplios sectores sociales, con un enfoque ecológico. No obstante, en el acuerdo firmado el 24 de noviembre con las modificaciones al inicial se hizo referencia a la Ley de ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social) como marco del desarrollo rural integral, ley que es el principal obstáculo a una reforma agraria democrática y ecológica pues permitirá que el Gobierno alquile o dé en concesión territorios baldíos del Estado a multinacionales o monopolios nacionales, como ha venido ocurriendo en la Orinoquía con un millón de hectáreas.

El extractivismo minero-energético no fue tratado ni mencionado en los acuerdos de paz, y altos funcionarios del gobierno lo presentaron como fuente de financiación del posconflicto. No es de extrañar entonces que en el frenesí minero que recorre el mundo, donde la disputa por el petróleo, el carbón y el gas se amplía a minerales tradicionales como el oro, el cobre, el níquel y el hierro, entre otros, y a minerales de reciente utilización masiva como el coltán, el territorio colombiano, rico en estos recursos, esté en la mira de las compañías (en su inmensa mayoría transnacionales) que se dedican a la extracción, transporte y comercialización de los mismos.

Las actuales formas de explotación mineral con tecnologías altamente destructoras, como la denominada “minería a cielo abierto”, constituyen la mayor amenaza sobre la frágil ecología del territorio colombiano. Si los páramos del país son destruidos o fuertemente afectados, el ciclo hidrológico se estropeará para siempre, más cuando la deforestación a que ha sido sometida la zona andina ya constituye un problema mayor (como se puso de manifiesto en las inundaciones de 2010-2011, mostrando la aceleración inusitada de la escorrentía y la sedimentación del Magdalena y el Cauca, los desagües naturales del sistema andino).

Colombia, el segundo país megadiverso del mundo después del Brasil, está perdiendo gran parte de su biodiversidad por la deforestación y el uso inadecuado del territorio. Se han perdido 6’2 millones de hectáreas entre 1990 y 2010. Los datos sobre el deterioro de los ecosistemas colombianos fueron confirmados por el V Informe Nacional de Biodiversidad, presentado el 13 de mayo de 2014.

Resistencia regional

No es extraño entonces que la resistencia en las regiones haya surgido con fuerza inusitada y de manera sorpresiva para las trasnacionales. Dos se destacan: en primer lugar la movilización que involucró a toda la sociedad santandereana contra la explotación de oro por la canadiense Grey Star, en el Páramo de Santurbán, que amenazaba el suministro de agua al Área Metropolitana de Bucaramanga (se realizaron multitudinarias marchas en Bucaramanga el 25 de febrero y el 16 de marzo de 2012, y otras en octubre de 2013).

Y en segundo lugar la oposición creciente a la mina de oro de La Colosa, ubicada en el municipio de Cajamarca, Departamento del Tolima, cuya concesionaria es la Anglo Gold Ashanti. La resistencia se expresa en formas como la “marcha-carnaval”, que anualmente se realiza en Ibagué (el 3 de junio de 2016 tuvo lugar la VIII Marcha-Carnaval). Además hay que mencionar la consulta popular realizada en el municipio de Piedras el 28 de junio de 2013, para oponerse a la utilización de las aguas del municipio en el lavado del material extraído de la mencionada mina, el cual se pensaba trasladar hasta allí por un ducto.

El Gobierno de Santos contra la consulta popular

La posición del Gobierno de Santos frente a la consulta popular, mecanismo de participación y democracia directa consagrado en la Constitución colombiana, es reveladora de su negativa a la transformación de los modelos productivos dominantes (en particular el extractivismo minero-energético) y su desprecio por la ampliación de la participación social y la democracia directa.

La consulta popular aprobada por el Concejo Municipal de Ibagué para que la ciudadanía decida si acepta o no la minería en la capital del Departamento del Tolima, vecino de Cajamarca y afectable por la explotación aurífera a cielo abierto en éste, ha sido aplazada por el Consejo de Estado. De esta manera se impide, al menos por ahora, la participación de por lo menos cien mil ciudadanos, la mayoría de los cuales decide sobre el asunto.

Paradójicamente el Gobierno desconoce los importantes pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre los derechos y facultades que tienen los municipios en decidir sobre la explotación minera en su territorio. Mediante sentencia T-445 de 2016, la Corte Constitucional estableció que los entes territoriales poseen competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, pudiendo prohibir la actividad minera.

¿Qué es la paz?

De mantenerse la posición cerrada del bloque en el poder, con profundas vinculaciones con el capital trasnacional, no parece posible alcanzar una paz integral, es decir una que ayude a crear las condiciones para el bienestar colectivo de quienes habitamos este territorio, relacionándonos con el de manera creativa, constructiva, entendiendo su lógica y adaptándonos a la misma, aprovechando los beneficios de la biodiversidad, la abundancia de agua, el legado cultural de las culturas indígenas, afrodescendientes y campesinas tradicionales que lo han ocupado sin destruirlo.

Para ello sería indispensable una nueva democracia, directa y participativa: la misma que desconoce y atropella el Gobierno que supuestamente anhela la paz.