Hace casi cuatro años, conforme se completaba el recuento de las elecciones presidenciales de 2020, muchos analistas alertaban de que el Partido Republicano debía apartarse de Trump lo más rápido posible. Advertían de que su extremismo y su histrionismo eran un pesado lastre para una organización política que debía aspirar a representar la diversidad de los Estados Unidos. Cuando sus seguidores más fieles, alentados por su líder, trataron de asaltar el Congreso, los mismos observadores reiteraron que el trumpismo era cosa del pasado y avisaron de que los republicanos acabarían suicidándose si no pasaban página lo antes posible. 

Sin embargo, aquí estamos, cuatro años después, contemplando la posibilidad de que Donald Trump vuelva a residir en la Casa Blanca. Un análisis detallado de las razones por las que puede ocurrir exigiría mucho más espacio, pero nos atrevemos a apuntar aquí, someramente, algunos de los motivos. 

En los Estados Unidos hay dos realidades completamente diferentes. Por un lado, están las grandes ciudades. Por otro, las extensas zonas rurales y las urbes de tamaño medio. En The New Class War, Michael Lind explica cómo las poblaciones más grandes se fueron llenando de clases medias muy formadas, que abrazaban valores progresistas, mientras las inmensas regiones agrarias se vaciaban y muchas áreas industriales se empobrecían, pues las empresas se deslocalizaban a otros países. Esas clases medias urbanas lograron introducir en la agenda política sus preocupaciones (como el cambio climático o el aprovechamiento de los beneficios de la globalización), pero tanto los residentes en zonas rurales como los trabajadores menos cualificados sintieron que las suyas eran ignoradas, e incluso marginadas, en beneficio de la “ideología urbana imperante”. Trump se aprovecha de esa sensación de abandono y del resentimiento que provoca. Los mapas electorales de los estados más disputados suelen mostrar enormes superficies rojas (color del partido republicano), entre las que destacan pequeñas islas azules (las grandes ciudades, donde los demócratas obtienen elevados niveles de voto). 

Además, los mayores núcleos urbanos no son tan homogéneos como muchos piensan. En ellos hay barrios degradados, con elevados porcentajes de población inmigrante, que constituyen un óptimo caldo de cultivo para las propuestas de Donald Trump, lo que acaba erosionando la base electoral de sus rivales en los territorios que deberían serles más favorables. Entre las minorías étnicas, también existe una enorme diversidad: en algunos segmentos, crecen las reticencias hacia la llegada de nuevos inmigrantes, especialmente entre los latinos; en otros, como ocurre entre los musulmanes, la postura de los demócratas hacia Israel o su defensa del feminismo, los aleja de Kamala Harris, que puede tener problemas para mantener los porcentajes de Joe Biden entre el electorado afroamericano, pues la inflación ha resultado devastadora entre las familias más humildes.

Hoy, Estados Unidos es un mosaico de contradicciones, y nadie como Trump para explotarlas, aprovechando la complejidad del mundo en que vivimos para lanzar mensajes simplistas y proponer soluciones tan fáciles como inútiles, pero que encajan muy bien con las opiniones, casi siempre poco fundamentadas, de una parte relevante del electorado.

Debemos llamar también la atención sobre el papel de las redes sociales, a través de las que los mensajes falsos y las medias verdades se difunden con enorme rapidez. Algunos estudios (por ejemplo, el publicado por Vosoughi, Roy y Aral en la revista Science en 2018) han puesto de manifiesto que, en ellas, las mentiras se propagan más, y con más velocidad, que las informaciones veraces. La manera en que funcionan, a través de algoritmos que proporcionan acceso a contenidos parecidos a los ya visualizados y crean una barrera frente a voces discrepantes, refuerzan la polarización y facilitan la difusión de esos mensajes simples. La argumentación, las opiniones contrastadas, el debate riguroso, con ánimo constructivo, apenas tienen cabida en las redes sociales, terreno abonado para el trumpismo. Al tratar de combatirlo con las mismas armas, se olvida con frecuencia que ni el medio ni sus reglas son neutrales. Es una batalla desigual.

Con el apoyo de las redes sociales, pero con la complicidad de algunos de los grandes medios de comunicación tradicionales (bastantes críticos con Trump, casi todos), el candidato republicano ha conseguido imponer sus temas durante la campaña. Con mensajes delirantes, como los relativos a los haitianos que se comían a las mascotas, ha logrado que la inmigración y la inseguridad ocupasen un lugar central, y que muchos espacios de debate político dedicasen horas y horas a hablar de sus declaraciones en vez de abordar otras cuestiones, como la asistencia sanitaria o la falta de servicios sociales, en las que el expresidente no tiene mucho crédito entre el electorado. Sus exageraciones, exabruptos e insultos se han convertido en el eje de la campaña, y los demócratas, al tratar de combatirlos, muchas veces han amplificado su impacto, cohesionando a los votantes de Trump, que constituyen un bloque mucho más compacto que el de Harris, que aglutina a votantes con opiniones muy dispares sobre cuestiones como la invasión de Ucrania, la guerra comercial con China, o el conflicto palestino, por citar sólo tres ejemplos.

Quizás la vicepresidenta no era la mejor opción demócrata para esta confrontación electoral (tampoco era, ni mucho menos, la peor), aunque no creemos que su elección sea tan determinante para el resultado final como los factores a los que nos acabamos de referir y que, a nuestro juicio, no han merecido la suficiente atención. Si Trump vuelve a convertirse en presidente, no será ninguna sorpresa. 

No me resulta difícil empatizar con los dirigentes políticos que han de tomar decisiones en situaciones complejas. Normalmente, disponen de información parcial y, a veces, contradictoria. Aunque suelen contar con el soporte de especialistas en la materia (normalmente, funcionarios con una dilatada experiencia en la gestión de eventos similares), casi nunca hay nadie capaz de proponer una solución óptima. Frecuentemente, hay que elegir entre respuestas imperfectas, arriesgadas, asumiendo que siempre va a producirse algún perjuicio y tratando de minimizar los daños. Adoptando todas las medidas preventivas posibles, siempre hay algo que sale mal y las convierte en insuficientes. Asumir este tipo de responsabilidades forma parte de las obligaciones de quienes nos gobiernan. Como suele afirmarse, “va incluido en el cargo”.

Sin embargo, no puedo sentir más que perplejidad e irritación cuando ante una evidente concatenación de fallos, con graves e irreparables consecuencias, continúa habiendo resistencias a asumir responsabilidades y continúa pareciendo que no hay nadie al frente. Todos los mensajes que lanzaron los organismos oficiales (como AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar) y las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) fueron hechos públicos, se difundieron velozmente, y han quedado para la historia (por más que alguno haya sido borrado, lo que no ha hecho más que poner en evidencia el error de quien lo emitió). La habitual guerra de fanáticos, tratando de desacreditar a los contrarios, recordando algunos de esos mensajes e ignorando los otros, sólo debería cubrir de vergüenza a quien participa en ella. 

Tras la catástrofe natural y sus devastadoras consecuencias, amplificadas por la cadena de fallos en el sistema de prevención, era necesario que la respuesta estuviera a la altura de la inmensidad del drama y del desastre. Pero no lo ha estado, y ello no ha hecho más que acentuar la rabia y la impotencia de la ciudadanía. Muchas personas han tratado de movilizarse para echar una mano, pertrechados de buena voluntad, y poco más… Pero todos estos esfuerzos pueden resultar inútiles si nadie se ocupa de organizar la ayuda y de crear las condiciones para que sea eficaz. 

Me imagino que los múltiples frentes en que se debe actuar exigen una capacidad organizativa de la que, probablemente, no se dispone. Y que, en tales circunstancias, es muy difícil fijar prioridades para asignar unos recursos que siempre serán escasos. Pero creo que no soy el único que ha tenido la sensación de que la Administración autonómica, incapaz de utilizar todos los medios a su alcance para mitigar las consecuencias de la catástrofe (la Diputación o la Universitat de València, por ejemplo, sí actuaron a tiempo), entró en shock y quedó paralizada durante muchas horas, limitándose a poco más que hacer un recuento de las víctimas y los daños materiales. Ni siquiera pudo definir las actuaciones más urgentes y solicitar los medios necesarios para acometerlas. Si quien está sobre el terreno no es capaz de establecer dónde hay que actuar y qué medios hacen falta en cada lugar, ¿debemos esperar que lo haga una persona sentada en un despacho de Madrid? 

Se ha ido extendiendo la sensación de que no hay nadie al frente. El gobierno valenciano dispone de los instrumentos legales necesarios para ceder las riendas (solicitar la declaración de Estado de alarma o elevar la emergencia al nivel 3), pero parece dispuesto a continuar manteniéndose al mando, a pesar de que no parece capaz de reaccionar con la rapidez, la contundencia y la efectividad que exige la situación. Mientras escribo este texto, estoy comprobando que tampoco ha logrado articular una organización mínimamente eficaz en el centro de voluntarios instalado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al mando del cual se encuentra, al parecer, toda una vicepresidenta del Consell (muchos están pasando más tiempo en el autobús que ayudando a los damnificados). Los medios llegan a las zonas con cuentagotas, entre acusaciones veladas respecto a si se solicitan pocos desde Valencia o se envían menos de los que se piden desde Madrid. Pero los afectados, después de varios días entre el barro, rodeados de vehículos y enseres amontonados, sin luz ni agua, con dificultades para acceder a alimentos y medicinas, ya están hartos. 

No hay excusas. La DANA era inevitable, pero las previsiones, esta vez, fueron, en general, acertadas. Algunos avisos se dieron a tiempo, otros llegaron muy tarde. Nunca sabremos cuántas muertes podrían haberse impedido. Pero, cada día que pasa, estamos comprobando lo importante que es actuar con rapidez y eficacia. La envergadura de la respuesta está quedando muy por debajo de la que exige la magnitud de la tragedia. El gobierno de España debe asumir su responsabilidad y tomar las riendas de la situación, movilizando más recursos y coordinando la actuación de los efectivos europeos (ya sé que una saturación de medios puede ser casi tan perjudicial como su ausencia, pero nada impide que, por ejemplo, se vayan acercando a la zona). Correrá un enorme riesgo político, claro. Pero creo que muchos coincidiremos en que eso es lo de menos. Ha de emplearse a fondo, recurriendo a su mayor capacidad organizativa y logística, y desplegando todos los recursos con que cuenta.

Los loables esfuerzos de muchos particulares no pueden llenar más que una mínima parte del hueco que está dejando la insuficiencia de los medios públicos. Pero si el Estado no es capaz de esta presente y actuar con rapidez y eficacia, se va a acrecentar la crisis de legitimidad de las instituciones. Probablemente, habrá quien esté encantado con ello, pues alimentará el auge del individualismo y el rechazo a lo colectivo. Yo no.

Los socialistas españoles, como los demás partidos socialdemócratas europeos, somos defensores de la sostenibilidad fiscal, en los términos en que la formularon los socialdemócratas suecos cuando llegaron al gobierno en los años treinta del siglo pasado. Los servicios públicos deben financiarse mediante un sistema tributario progresivo, y el recurso a la deuda ha de ser sólo una fórmula transitoria, limitada a las etapas de crisis, en las que los impuestos son incapaces de proporcionar recursos suficientes y una subida excesiva de los mismos puede ahogar la recuperación.

Estamos a favor de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, que la Comisión Europea ha ido flexibilizando tras comprobar que la austeridad compulsiva no hacía más que agravar las consecuencias de la crisis. De hecho, el objetivo de déficit para 2015, que el Gobierno incumplió (lo sobrepasó en unos 9.000 millones de euros), acabó situándose en el 4,2% después de que Bruselas lo ampliase en varias ocasiones, pues en la primera actualización del Programa de Estabilidad que Rajoy negoció con la Comisión, en 2012, era del 1%. Y el que se acaba de fijar para 2017, del 3,1%, contrasta con el equilibrio presupuestario acordado con la Comisión Europea hace cinco años.

Nos parece que alcanzar el 3,1% de déficit en 2017 es posible, y por eso vamos a apoyarlo en el Congreso. Cosa distinta es que estemos de acuerdo con la forma en Montoro y Rajoy prevén lograrlo, pues para ello dejan de lado la posibilidad de llevar a cabo una reforma integral de nuestro sistema tributario para hacerlo más progresivo y más justo, y rebajan el techo de gasto de la Administración Central en unos 5.000 millones de euros. Esto supone consolidar los 3.000 millones de gasto recortados en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de créditos y del cierre anticipado del presupuesto y abrir la puesta a recortes de gasto adicionales porque los 2.000 millones de euros de ahorro conseguidos por la caída de los intereses de la deuda parece que ya no se van a lograr el próximo año. Su “mix” de ingresos y gastos no lo compartimos.

En las primeras semanas de esta legislatura, el Gobierno de Rajoy ha tomado conciencia de que los votos del Grupo Socialista en el Congreso son decisivos. Así se ha demostrado cuando hemos logrado articular mayorías para instar al instar al Gobierno a derogar la Ley Mordaza o alcanzar un pacto de estado contra la violencia de género, o cuando hemos logrado que se admitiera a trámite una reforma legal para acabar con la LOMCE, que ha obligado al Ejecutivo a negociar.

Los votos de otros grupos pueden ser influyentes, pero los del PSOE son decisivos. Y si el Gobierno quiere contar con ellos debe asegurarnos un giro inequívoco en las políticas de los últimos años. Para aprobar los objetivos de déficit y deuda (que no el techo de gasto, que es una decisión del Gobierno que no requiere la validación del Congreso) hemos logrado la flexibilización de la regla de gasto, que impide a muchos ayuntamientos que tienen “dinero en la caja” dedicarlo a inversiones productivas, generadoras de empleo, que permiten prestar mejores servicios a los vecinos del municipio (el caso del Ayuntamiento de Madrid es una buena muestra de esta situación).

Hemos conseguido también que el Gobierno abra una vía para asegurar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones (que se deberá desarrollar en el marco del Pacto de Toledo), subiendo los topes a las cotizaciones sociales de los salarios más elevados con el fin de ir aumentando los ingresos. Hemos logrado una reforma del Impuesto de Sociedades que, aunque insuficiente, va en la dirección correcta, pues supondrá un ascenso del tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones.

Y hemos acordado una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8%, que supondrá 731 euros/año para quienes van a pasar de cobrar 655 euros a 707 euros al mes por una jornada laboral completa. Será, en términos absolutos, la mayor subida del SMI en los últimos 30 años, y la segunda más elevada, en términos relativos. Mejorará los ingresos de los trabajadores que el salario mínimo e impulsará el aumento de los ingresos de quienes cobran salarios superiores, aunque cercanos, al SMI. Ayudará a los representantes de los trabajadores a demandar mejoras de las condiciones salariales en las mesas del diálogo social. Evidentemente, no resolverá los problemas de precariedad producidos por la reforma laboral de 2012, ni mejorará la situación de quienes no tienen un puesto de trabajo o ni siquiera cobran el SMI, pero paliará el deterioro de las condiciones en que viven cientos miles de trabajadores que no han dejado de ver cómo empeoraban durante los últimos años.

Es el principio del cambio que es posible en el actual contexto político. Para lograrlo, hemos hecho valer nuestros votos, decisivos a la hora de aprobar un objetivo de estabilidad presupuestaria que compartimos (aunque no la forma de alcanzarlo, que no se vota en este momento), con la única aspiración de ser útiles a quienes nos apoyaron en las elecciones, e incluso a muchos que no lo hicieron.

Seguiremos haciendo propuestas con el mismo objetivo. Trataremos de paliar las consecuencias más graves de la crisis y de las injustas políticas aplicadas por el Gobierno de Rajoy desde 2012. Si el PP se aviene a ello, podremos llegar a acuerdos, como ahora. Si no lo hace, intentaremos forjar alianzas con otras fuerzas políticas para conseguirlo, como ya hemos hecho con la LOMCE o con la Ley Mordaza.