Cuando alguien afirma que la tokenización de activos y, en particular, las criptomonedas, favorecen la “democratización” de las finanzas, está usando el término en un sentido muy concreto: lo equipara a la falta de un control centralizado, y a la imposibilidad de que nadie excluya o censure. Identifica, así, la democracia con la ausencia de poder coercitivo.

Pero cuando el mismo término se emplea para describir la organización de una sociedad dotada de mecanismos de representación, se apunta casi siempre a algo muy diferente: a que sea el conjunto de los individuos quien decida colectivamente, según la voluntad de la mayoría. Y el Estado, en las sociedades democráticas contemporáneas, aparece como la institución que canaliza esa voluntad colectiva, bajo mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, parte de la narrativa construida alrededor de las finanzas descentralizadas lo presenta como una amenaza para la libertad. ¿Se trata de un mero juego de palabras o subyace una contradicción de fondo? Probablemente, existe un equívoco semántico deliberado, pero detrás de él se esconde una tensión muy antigua: la que enfrenta la libertad del individuo con la soberanía de la comunidad. Esta tensión no la ha creado la tecnología: sólo le ha proporcionado un nuevo vestuario.

Tras el entusiasmo cripto hacia las ventajas de los mercados descentralizados existe una sólida tradición intelectual, cuyo autor de referencia es probablemente Friedrich Hayek. En “The Use of Knowledge in Society” (1945), el pensador austríaco sostiene que el conocimiento económico relevante no está al alcande de un individuo o un reducido número de personas, sino disperso entre millones de ellas, y que los mecanismos de fijación de precios son capaces de agregar y gestionar esos enormes volúmenes de información heterogénea y diseminada mejor que una autoridad central. De acuerdo con esta lectura, el mercado, por su carácter descentralizado, es preferible como procesador de datos. La conexión con el relato cripto es inmediata: el conocimiento disperso se puede coordinar mejor en un sistema monetario descentralizado que en uno gestionado por un banco central.

A Hayek se sumaron otros destacados intelectuales, como Ludwig von Mises, Robert Nozick y otros, que insistieron, desde perspectivas diferentes, en la idea de que sólo un Estado mínimo, limitado a proteger a la ciudadanía frente a la fuerza, el robo o el fraude, puede puede justificar la violación de los derechos individuales. Mucho antes de que se escribiera la primera línea de código de Bitcoin, ya existía la arquitectura conceptual que le daría soporte. De hecho, Milton Friedman ya especulaba a finales de los noventa con un dinero electrónico ajeno a la voluntad de quienes gestionan la oferta monetaria.

El nacimiento de las criptomonedas se benefició también de un catalizador cultural, cuyo origen analizó Fred Turner en “From Counterculture to Cyberculture” (2006), situándolo en la fusión entre el comunalismo de la bahía de San Francisco y la cultura informática. De esa coincidencia surgió una mezcla de antiautoritarismo, individualismo radical y utopismo tecnológico, donde la emancipación personal se presentaba como alternativa a las instituciones tradicionales. En 1988, Timothy May ya había alumbrado un incipiente “ciberlibertarismo” en su “Crypto Anarchist Manifesto”, secundado por James Dale Davidson y William Rees-Mogg en “The Sovereign Individual” (1997), donde se profetizaba el debilitamiento del Estado del bienestar ante una cibermoneda capaz de sustraer a los gobiernos el control sobre el dinero.

Cuando Bitcoin fue presentado en 2008, recogió implícitamente esta herencia intelectual: Wei Dai, cuyo ensayo sobre el “b-money” aparece citado al comienzo del whitepaper de Satoshi Nakamoto (el anónimo desarrollador de la criptomoneda), había declarado su fascinación por la criptoanarquía de May. La fecha de su aparición resulta significativa: el “bloque génesis” de Bitcoin fue minado tras el colapso de Lehman Brothers, y en medio de la polémica sobre el coste de los rescates bancarios (en su código está incrustado el titular de la portada de The Times del 3 de enero de 2009: “Chancellor on brink of second bailout for banks”). El mensaje subyacente era muy claro: Bitcoin nacía para refundar la confianza monetaria, sin la mediación de ninguna institución.

Conviene, con todo, introducir aquí una nota crítica, porque, como señaló David Golumbia en “The Politics of Bitcoin” (2016), esta genealogía no es intelectualmente neutral. A su juicio, tales ideas arrastran, a menudo sin que sus divulgadores lo perciban, premisas coincidentes con los planteamientos de algunos grupos extremistas de la política estadounidense: la inflación como un expolio premeditado, orquestado por las élites políticas; la caracterización de la Reserva Federal como una institución manipuladora; o la asimilación de cualquier tipo de impuesto a un atraco. Estas opiniones han generado intensas polémicas: por ejemplo, William J. Luther, de la Universidad de Florida, acusó a Golumbia de simplificar excesivamente lo que no es más que teoría monetaria convencional (aunque también ha señalado que los defensores de las criptomonedas pecan de lo mismo). En cualquier caso, la controversia evidencia que la afirmación de que la descentralización es “democrática” no cae del cielo, hunde sus raíces en una tradición intelectual que lleva décadas asociando la autonomía individual con la reducción del poder estatal.

Frente a esa tradición, se han alzado las ideas de quienes han defendido que no se debe confundir libertad con ausencia de poder, como Jean-Jacques Rousseau, para quien la libertad exige que cada individuo cumpla la ley que, como parte del cuerpo soberano, se ha dado a sí mismo (configurando la llamada “voluntad general”). Pero Rousseau llevó esta idea hasta el extremo de afirmar —en “El contrato social” (1762)— que quien se niegue a obedecer la voluntad general debe ser obligado a ello por todos, “lo que no significa otra cosa sino que se le forzará a ser libre”. En esa frase late ya la tensión que el discurso cripto aprovecha: ¿qué ocurre con el individuo cuya voluntad particular discrepa de la colectiva? ¿Dónde termina la autodeterminación democrática y empieza la coacción estatal?

John Stuart Mill ofreció en “On Liberty” (1859) una respuesta liberal a Rousseau, apoyándose en la preocupación por la “tiranía de la mayoría”, que había adquirido especial relevancia en el pensamiento de Alexis de Tocqueville. Mill defiende que el poder solo puede ejercerse legítimamente sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, para evitar que dañe a otro. Locke, antes que ambos, había fundado la legitimidad del gobierno en el consentimiento y la protección de los derechos naturales, asentando la idea de que el poder político es un fideicomiso revocable, no un dominio irreversible. El discurso cripto no inventa esta tensión: se adentra en una disputa centenaria, apostando por la descentralización como una “forma superior de democracia”.  

Sus promesas llegaron a concretarse en metas muy concretas: facilitar el acceso al sistema financiero, proporcionando servicios bancarios a los 1.400 millones de adultos que, según el Banco Mundial, carecen de los mismos; eliminar a los intermediarios que se limitan a cobrar un margen; y colocar el poder de decisión manos de los usuarios.

Al menos, en lo que se refiere al reparto del poder, la evidencia acumulada no es muy favorable. El estudio de referencia sobre la concentración de la propiedad en Bitcoin es el desarrollado por los economistas Igor Makarov y Antoinette Schoar para el National Bureau of Economic Research en 2021, aplicando algoritmos de agrupación de datos (clustering) sobre la totalidad del registro de transacciones para aislar las cuentas individuales. Sus hallazgos revelaron que, al cierre de 2020, la propiedad se encontraba altamente concentrada: los mil mayores inversores individuales disponían de aproximadamente 3 millones de bitcoins (BTC), mientras que los diez mil principales controlaban cerca de 5 millones. Asimismo, los intermediarios acumulaban unos 5,5 millones de BTC, equivalentes a un tercio del circulante de la época. Los autores concluyeron que el ecosistema operaba bajo una dinámica asimétrica donde los grandes mineros, los principales tenedores (whales) y las plataformas de intercambio (exchanges) absorbían la mayor parte de los flujos de la red, acumulando los retornos de la adopción en una franja minoritaria de participantes.

Este diagnóstico exige una actualización, impulsada por la maduración institucional y el viraje del activo hacia las finanzas tradicionales. El análisis de los datos suministrados por las firmas de análisis on-chain, como Glassnode, muestran que la concentración continúa siendo elevada, aunque su composición ha cambiado. La preeminencia de los grandes exchanges minoristas ha sido mitigada por la irrupción de grandes vehículos institucionales (como, por ejemplo, los ETF de Bitcoin al contado). Este fenómeno matiza, pero no invalida, la tesis implícita en el estudio del NBER: la concentración en la custodia ya no equivale a una acumulación de la riqueza patrimonial en unos pocos individuos criptonativos, sino a una delegación institucional donde millones de inversores minoristas provenientes de las finanzas tradicionales acceden de forma indirecta a los rendimientos de la red a través de instrumentos convencionales. En 2021, una dirección con 50.000 BTC podía representar a una sola “ballena” o a un “exchange”; en 2026 puede pertenecer a un custodio de ETF tras el que pueden estar cientos de miles de minoristas. La conclusión no es que la concentración se haya disuelto, sino que se ha institucionalizado: continúa siendo asimétrica, pero se ha fragmentado a través de vehículos colectivos.

La ironía es la colonización de Bitcoin por el mismo establishment financiero que venía a combatir. En enero de 2024, la SEC aprobó los ETF de Bitcoin al contado, y el iShares Bitcoin Trust de BlackRock protagonizó lo que Bloomberg calificó como el mayor lanzamiento de la historia de los fondos cotizados: alcanzó los 50.000 millones de dólares en activos en apenas once meses, convirtiéndose en el ETF con un crecimiento más rápido hasta entonces. El dinero que iba a liberar al individuo del “cártel” de las finanzas tradicionales es ahora custodiado, empaquetado y vendido por Wall Street. La paradoja difícilmente podría ser mayor: la desintermediación prometida ha dado lugar a una nueva intermediación institucional.

Las finanzas descentralizadas ofrecen un ejemplo aún más nítido de lo que el Banco Internacional de Pagos ha llamado “ilusión de descentralización”. Su análisis constató que algunas entidades de capital riesgo, como la firma Andreessen Horowitz, disponían de una capacidad de voto y de veto fáctico sobre las propuestas sometidas a votación en Uniswap, uno de los principales protocolos de intercambio descentralizado, donde la participación efectiva de los usuarios en las votaciones es muy reducida, lo que permite que los grandes poseedores de tokens ejerzan una influencia desproporcionada sobre las decisiones del protocolo. La descentralización, por tanto, no elimina el poder: puede limitar su concentración en una institución formal y, al mismo tiempo, trasladarlo hacia quienes controlan los activos que permiten ejercerlo.

Uno de los reproches centrales del pensamiento criptolibertario es que el Estado no representa a todos por igual, sino que suele ser capturado por élites organizadas, y en este argumento tiene a su favor aportaciones académicas muy sólidas, como las desarrolladas a partir de los trabajos de George Stigler sobre “captura regulatoria” (1971). Desde entonces, diversos trabajos han mostrado que, incluso en las democracias avanzadas, la traducción de las preferencias mayoritarias en políticas públicas puede verse condicionada por la capacidad de influencia de las élites económicas.

Ahora bien: si el problema del Estado es que puede ser capturado, la pregunta decisiva es: ¿qué ocurre en los sistemas descentralizados? Y la respuesta empírica, como se ha comprobado con Bitcoin, resulta muy clarificadora: pueden ser capturados por los mismos actores, a menudo de forma más opaca y con menos mecanismos de corrección. La diferencia crucial entre ambos casos no es técnica sino institucional: un Estado democrático capturado dispone, al menos, de mecanismos de corrección (elecciones, tribunales constitucionales, prensa libre, reglas sobre financiación de partidos, transparencia presupuestaria), mientras que un protocolo descentralizado capturado por fondos de capital riesgo o ETF carece de mecanismos de control equivalentes. La descentralización no democratiza el poder: lo vuelve invisible.

La narrativa cripto descansa, por tanto, sobre un equívoco en torno a la palabra “democrático” y, una vez desmontado, se aprecia con claridad que tras ella opera fundamentalmente una respuesta individualista al problema de la decisión colectiva, no una forma superior de resolverlo. Calificar como democrático un sistema en el que una fracción reducida de los participantes concentra una parte sustancial del poder computacional, mientras grandes tenedores e inversores pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre las votaciones de gobernanza, constituye, en el mejor de los casos, un abuso del lenguaje. Pero, al mismo tiempo, existe una paradoja real, porque bajo ese equívoco late una realidad que los defensores de los principios democráticos no han de ignorar: la desconfianza hacia el Estado no brota de la nada, sino de su captura recurrente por intereses particulares que traicionan su promesa de representación universal. El debate entre Rousseau y Mill sobre dónde termina la libertad individual y empieza la coacción colectiva sigue abierto, y la tokenización no parece capaz de cerrarlo. Ninguna tecnología puede hacerlo, porque la democracia no es una arquitectura técnica, sino un conjunto de reglas y prácticas institucionales, siempre imperfectas, que requieren un permanente proceso de mejora y mantenimiento.

Hace casi cuatro años, conforme se completaba el recuento de las elecciones presidenciales de 2020, muchos analistas alertaban de que el Partido Republicano debía apartarse de Trump lo más rápido posible. Advertían de que su extremismo y su histrionismo eran un pesado lastre para una organización política que debía aspirar a representar la diversidad de los Estados Unidos. Cuando sus seguidores más fieles, alentados por su líder, trataron de asaltar el Congreso, los mismos observadores reiteraron que el trumpismo era cosa del pasado y avisaron de que los republicanos acabarían suicidándose si no pasaban página lo antes posible. 

Sin embargo, aquí estamos, cuatro años después, contemplando la posibilidad de que Donald Trump vuelva a residir en la Casa Blanca. Un análisis detallado de las razones por las que puede ocurrir exigiría mucho más espacio, pero nos atrevemos a apuntar aquí, someramente, algunos de los motivos. 

En los Estados Unidos hay dos realidades completamente diferentes. Por un lado, están las grandes ciudades. Por otro, las extensas zonas rurales y las urbes de tamaño medio. En The New Class War, Michael Lind explica cómo las poblaciones más grandes se fueron llenando de clases medias muy formadas, que abrazaban valores progresistas, mientras las inmensas regiones agrarias se vaciaban y muchas áreas industriales se empobrecían, pues las empresas se deslocalizaban a otros países. Esas clases medias urbanas lograron introducir en la agenda política sus preocupaciones (como el cambio climático o el aprovechamiento de los beneficios de la globalización), pero tanto los residentes en zonas rurales como los trabajadores menos cualificados sintieron que las suyas eran ignoradas, e incluso marginadas, en beneficio de la “ideología urbana imperante”. Trump se aprovecha de esa sensación de abandono y del resentimiento que provoca. Los mapas electorales de los estados más disputados suelen mostrar enormes superficies rojas (color del partido republicano), entre las que destacan pequeñas islas azules (las grandes ciudades, donde los demócratas obtienen elevados niveles de voto). 

Además, los mayores núcleos urbanos no son tan homogéneos como muchos piensan. En ellos hay barrios degradados, con elevados porcentajes de población inmigrante, que constituyen un óptimo caldo de cultivo para las propuestas de Donald Trump, lo que acaba erosionando la base electoral de sus rivales en los territorios que deberían serles más favorables. Entre las minorías étnicas, también existe una enorme diversidad: en algunos segmentos, crecen las reticencias hacia la llegada de nuevos inmigrantes, especialmente entre los latinos; en otros, como ocurre entre los musulmanes, la postura de los demócratas hacia Israel o su defensa del feminismo, los aleja de Kamala Harris, que puede tener problemas para mantener los porcentajes de Joe Biden entre el electorado afroamericano, pues la inflación ha resultado devastadora entre las familias más humildes.

Hoy, Estados Unidos es un mosaico de contradicciones, y nadie como Trump para explotarlas, aprovechando la complejidad del mundo en que vivimos para lanzar mensajes simplistas y proponer soluciones tan fáciles como inútiles, pero que encajan muy bien con las opiniones, casi siempre poco fundamentadas, de una parte relevante del electorado.

Debemos llamar también la atención sobre el papel de las redes sociales, a través de las que los mensajes falsos y las medias verdades se difunden con enorme rapidez. Algunos estudios (por ejemplo, el publicado por Vosoughi, Roy y Aral en la revista Science en 2018) han puesto de manifiesto que, en ellas, las mentiras se propagan más, y con más velocidad, que las informaciones veraces. La manera en que funcionan, a través de algoritmos que proporcionan acceso a contenidos parecidos a los ya visualizados y crean una barrera frente a voces discrepantes, refuerzan la polarización y facilitan la difusión de esos mensajes simples. La argumentación, las opiniones contrastadas, el debate riguroso, con ánimo constructivo, apenas tienen cabida en las redes sociales, terreno abonado para el trumpismo. Al tratar de combatirlo con las mismas armas, se olvida con frecuencia que ni el medio ni sus reglas son neutrales. Es una batalla desigual.

Con el apoyo de las redes sociales, pero con la complicidad de algunos de los grandes medios de comunicación tradicionales (bastantes críticos con Trump, casi todos), el candidato republicano ha conseguido imponer sus temas durante la campaña. Con mensajes delirantes, como los relativos a los haitianos que se comían a las mascotas, ha logrado que la inmigración y la inseguridad ocupasen un lugar central, y que muchos espacios de debate político dedicasen horas y horas a hablar de sus declaraciones en vez de abordar otras cuestiones, como la asistencia sanitaria o la falta de servicios sociales, en las que el expresidente no tiene mucho crédito entre el electorado. Sus exageraciones, exabruptos e insultos se han convertido en el eje de la campaña, y los demócratas, al tratar de combatirlos, muchas veces han amplificado su impacto, cohesionando a los votantes de Trump, que constituyen un bloque mucho más compacto que el de Harris, que aglutina a votantes con opiniones muy dispares sobre cuestiones como la invasión de Ucrania, la guerra comercial con China, o el conflicto palestino, por citar sólo tres ejemplos.

Quizás la vicepresidenta no era la mejor opción demócrata para esta confrontación electoral (tampoco era, ni mucho menos, la peor), aunque no creemos que su elección sea tan determinante para el resultado final como los factores a los que nos acabamos de referir y que, a nuestro juicio, no han merecido la suficiente atención. Si Trump vuelve a convertirse en presidente, no será ninguna sorpresa. 

No me resulta difícil empatizar con los dirigentes políticos que han de tomar decisiones en situaciones complejas. Normalmente, disponen de información parcial y, a veces, contradictoria. Aunque suelen contar con el soporte de especialistas en la materia (normalmente, funcionarios con una dilatada experiencia en la gestión de eventos similares), casi nunca hay nadie capaz de proponer una solución óptima. Frecuentemente, hay que elegir entre respuestas imperfectas, arriesgadas, asumiendo que siempre va a producirse algún perjuicio y tratando de minimizar los daños. Adoptando todas las medidas preventivas posibles, siempre hay algo que sale mal y las convierte en insuficientes. Asumir este tipo de responsabilidades forma parte de las obligaciones de quienes nos gobiernan. Como suele afirmarse, “va incluido en el cargo”.

Sin embargo, no puedo sentir más que perplejidad e irritación cuando ante una evidente concatenación de fallos, con graves e irreparables consecuencias, continúa habiendo resistencias a asumir responsabilidades y continúa pareciendo que no hay nadie al frente. Todos los mensajes que lanzaron los organismos oficiales (como AEMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar) y las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) fueron hechos públicos, se difundieron velozmente, y han quedado para la historia (por más que alguno haya sido borrado, lo que no ha hecho más que poner en evidencia el error de quien lo emitió). La habitual guerra de fanáticos, tratando de desacreditar a los contrarios, recordando algunos de esos mensajes e ignorando los otros, sólo debería cubrir de vergüenza a quien participa en ella. 

Tras la catástrofe natural y sus devastadoras consecuencias, amplificadas por la cadena de fallos en el sistema de prevención, era necesario que la respuesta estuviera a la altura de la inmensidad del drama y del desastre. Pero no lo ha estado, y ello no ha hecho más que acentuar la rabia y la impotencia de la ciudadanía. Muchas personas han tratado de movilizarse para echar una mano, pertrechados de buena voluntad, y poco más… Pero todos estos esfuerzos pueden resultar inútiles si nadie se ocupa de organizar la ayuda y de crear las condiciones para que sea eficaz. 

Me imagino que los múltiples frentes en que se debe actuar exigen una capacidad organizativa de la que, probablemente, no se dispone. Y que, en tales circunstancias, es muy difícil fijar prioridades para asignar unos recursos que siempre serán escasos. Pero creo que no soy el único que ha tenido la sensación de que la Administración autonómica, incapaz de utilizar todos los medios a su alcance para mitigar las consecuencias de la catástrofe (la Diputación o la Universitat de València, por ejemplo, sí actuaron a tiempo), entró en shock y quedó paralizada durante muchas horas, limitándose a poco más que hacer un recuento de las víctimas y los daños materiales. Ni siquiera pudo definir las actuaciones más urgentes y solicitar los medios necesarios para acometerlas. Si quien está sobre el terreno no es capaz de establecer dónde hay que actuar y qué medios hacen falta en cada lugar, ¿debemos esperar que lo haga una persona sentada en un despacho de Madrid? 

Se ha ido extendiendo la sensación de que no hay nadie al frente. El gobierno valenciano dispone de los instrumentos legales necesarios para ceder las riendas (solicitar la declaración de Estado de alarma o elevar la emergencia al nivel 3), pero parece dispuesto a continuar manteniéndose al mando, a pesar de que no parece capaz de reaccionar con la rapidez, la contundencia y la efectividad que exige la situación. Mientras escribo este texto, estoy comprobando que tampoco ha logrado articular una organización mínimamente eficaz en el centro de voluntarios instalado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al mando del cual se encuentra, al parecer, toda una vicepresidenta del Consell (muchos están pasando más tiempo en el autobús que ayudando a los damnificados). Los medios llegan a las zonas con cuentagotas, entre acusaciones veladas respecto a si se solicitan pocos desde Valencia o se envían menos de los que se piden desde Madrid. Pero los afectados, después de varios días entre el barro, rodeados de vehículos y enseres amontonados, sin luz ni agua, con dificultades para acceder a alimentos y medicinas, ya están hartos. 

No hay excusas. La DANA era inevitable, pero las previsiones, esta vez, fueron, en general, acertadas. Algunos avisos se dieron a tiempo, otros llegaron muy tarde. Nunca sabremos cuántas muertes podrían haberse impedido. Pero, cada día que pasa, estamos comprobando lo importante que es actuar con rapidez y eficacia. La envergadura de la respuesta está quedando muy por debajo de la que exige la magnitud de la tragedia. El gobierno de España debe asumir su responsabilidad y tomar las riendas de la situación, movilizando más recursos y coordinando la actuación de los efectivos europeos (ya sé que una saturación de medios puede ser casi tan perjudicial como su ausencia, pero nada impide que, por ejemplo, se vayan acercando a la zona). Correrá un enorme riesgo político, claro. Pero creo que muchos coincidiremos en que eso es lo de menos. Ha de emplearse a fondo, recurriendo a su mayor capacidad organizativa y logística, y desplegando todos los recursos con que cuenta.

Los loables esfuerzos de muchos particulares no pueden llenar más que una mínima parte del hueco que está dejando la insuficiencia de los medios públicos. Pero si el Estado no es capaz de esta presente y actuar con rapidez y eficacia, se va a acrecentar la crisis de legitimidad de las instituciones. Probablemente, habrá quien esté encantado con ello, pues alimentará el auge del individualismo y el rechazo a lo colectivo. Yo no.

Los socialistas españoles, como los demás partidos socialdemócratas europeos, somos defensores de la sostenibilidad fiscal, en los términos en que la formularon los socialdemócratas suecos cuando llegaron al gobierno en los años treinta del siglo pasado. Los servicios públicos deben financiarse mediante un sistema tributario progresivo, y el recurso a la deuda ha de ser sólo una fórmula transitoria, limitada a las etapas de crisis, en las que los impuestos son incapaces de proporcionar recursos suficientes y una subida excesiva de los mismos puede ahogar la recuperación.

Estamos a favor de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, que la Comisión Europea ha ido flexibilizando tras comprobar que la austeridad compulsiva no hacía más que agravar las consecuencias de la crisis. De hecho, el objetivo de déficit para 2015, que el Gobierno incumplió (lo sobrepasó en unos 9.000 millones de euros), acabó situándose en el 4,2% después de que Bruselas lo ampliase en varias ocasiones, pues en la primera actualización del Programa de Estabilidad que Rajoy negoció con la Comisión, en 2012, era del 1%. Y el que se acaba de fijar para 2017, del 3,1%, contrasta con el equilibrio presupuestario acordado con la Comisión Europea hace cinco años.

Nos parece que alcanzar el 3,1% de déficit en 2017 es posible, y por eso vamos a apoyarlo en el Congreso. Cosa distinta es que estemos de acuerdo con la forma en Montoro y Rajoy prevén lograrlo, pues para ello dejan de lado la posibilidad de llevar a cabo una reforma integral de nuestro sistema tributario para hacerlo más progresivo y más justo, y rebajan el techo de gasto de la Administración Central en unos 5.000 millones de euros. Esto supone consolidar los 3.000 millones de gasto recortados en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de créditos y del cierre anticipado del presupuesto y abrir la puesta a recortes de gasto adicionales porque los 2.000 millones de euros de ahorro conseguidos por la caída de los intereses de la deuda parece que ya no se van a lograr el próximo año. Su “mix” de ingresos y gastos no lo compartimos.

En las primeras semanas de esta legislatura, el Gobierno de Rajoy ha tomado conciencia de que los votos del Grupo Socialista en el Congreso son decisivos. Así se ha demostrado cuando hemos logrado articular mayorías para instar al instar al Gobierno a derogar la Ley Mordaza o alcanzar un pacto de estado contra la violencia de género, o cuando hemos logrado que se admitiera a trámite una reforma legal para acabar con la LOMCE, que ha obligado al Ejecutivo a negociar.

Los votos de otros grupos pueden ser influyentes, pero los del PSOE son decisivos. Y si el Gobierno quiere contar con ellos debe asegurarnos un giro inequívoco en las políticas de los últimos años. Para aprobar los objetivos de déficit y deuda (que no el techo de gasto, que es una decisión del Gobierno que no requiere la validación del Congreso) hemos logrado la flexibilización de la regla de gasto, que impide a muchos ayuntamientos que tienen “dinero en la caja” dedicarlo a inversiones productivas, generadoras de empleo, que permiten prestar mejores servicios a los vecinos del municipio (el caso del Ayuntamiento de Madrid es una buena muestra de esta situación).

Hemos conseguido también que el Gobierno abra una vía para asegurar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones (que se deberá desarrollar en el marco del Pacto de Toledo), subiendo los topes a las cotizaciones sociales de los salarios más elevados con el fin de ir aumentando los ingresos. Hemos logrado una reforma del Impuesto de Sociedades que, aunque insuficiente, va en la dirección correcta, pues supondrá un ascenso del tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones.

Y hemos acordado una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8%, que supondrá 731 euros/año para quienes van a pasar de cobrar 655 euros a 707 euros al mes por una jornada laboral completa. Será, en términos absolutos, la mayor subida del SMI en los últimos 30 años, y la segunda más elevada, en términos relativos. Mejorará los ingresos de los trabajadores que el salario mínimo e impulsará el aumento de los ingresos de quienes cobran salarios superiores, aunque cercanos, al SMI. Ayudará a los representantes de los trabajadores a demandar mejoras de las condiciones salariales en las mesas del diálogo social. Evidentemente, no resolverá los problemas de precariedad producidos por la reforma laboral de 2012, ni mejorará la situación de quienes no tienen un puesto de trabajo o ni siquiera cobran el SMI, pero paliará el deterioro de las condiciones en que viven cientos miles de trabajadores que no han dejado de ver cómo empeoraban durante los últimos años.

Es el principio del cambio que es posible en el actual contexto político. Para lograrlo, hemos hecho valer nuestros votos, decisivos a la hora de aprobar un objetivo de estabilidad presupuestaria que compartimos (aunque no la forma de alcanzarlo, que no se vota en este momento), con la única aspiración de ser útiles a quienes nos apoyaron en las elecciones, e incluso a muchos que no lo hicieron.

Seguiremos haciendo propuestas con el mismo objetivo. Trataremos de paliar las consecuencias más graves de la crisis y de las injustas políticas aplicadas por el Gobierno de Rajoy desde 2012. Si el PP se aviene a ello, podremos llegar a acuerdos, como ahora. Si no lo hace, intentaremos forjar alianzas con otras fuerzas políticas para conseguirlo, como ya hemos hecho con la LOMCE o con la Ley Mordaza.