Almas bien o mal intencionadas llevan mucho tiempo sembrando inquietudes sobre el futuro de las pensiones públicas. Y no sin éxito, según parece. Es verdad que, cuando vienen por el lado derecho, se desacreditan los augurios atribuyéndolos al interés de la banca por administrar nuestros ahorros por un módico dos por ciento anual; y, cuando vienen por la izquierda, el desprestigio se intenta reduciéndolos a estrategias de desgaste contra los gobiernos del PP. Pero unos y otros, a derecha e izquierda, han convertido en lugar común la idea de que las pensiones públicas van a ir a peor, o incluso a dejar de existir. Los pensionistas que estos días se movilizan, lo hacen por sus pensiones, pero sobre todo, protestan, por las de sus hijos.

Creo que estas protestas están poco justificadas para el presente, pues la renta de la población que depende de las pensiones es la mayor de la historia, tanto en términos absolutos como en relación al resto de la población. Históricamente los pensionistas han sido más pobres que los activos, pero justo durante la última crisis los ingresos de estos han caído hasta igualarse con los de los pensionistas, de modo que actualmente y por primera vez en la historia su posición relativa es de uno a uno.

¿Aciertan las protestas en lo referente al futuro? ¿Es verdad que el sistema actual de pensiones públicas es insostenible y que las pensiones peligran? Con casi total seguridad, no. Los temores por las pensiones futuras se justifican por el envejecimiento de la población y por el empeoramiento de los salarios. Ahora bien, el envejecimiento de la población, que es una previsión muy probable, es un factor de poca importancia; por el contrario, el empeoramiento de los salarios, que es mucho más importante, es una previsión harto improbable. Dicho de otro modo, es casi seguro que la proporción de ancianos aumente, pero también muy probable que la productividad de la economía aumente mucho más.

¿Por qué digo que el envejecimiento es de poca importancia? Para explicarlo, es útil dividir a la población adulta en dos partes, según la relación que tengan con las rentas del trabajo. Una parte depende directamente de los ingresos del trabajo; los podemos llamar A (de 'adultos' o de potencialmente 'activos'), y otra parte depende indirectamente; los podemos llamar P (de 'pasivos' o de 'pensionistas'). (Simplificamos dejando aparte a los menores y las rentas del capital, pero ello no afecta a lo principal del argumento).

Comencemos por los temores respecto al sistema de pensiones. Los sistemas de pensiones públicas suelen llamarse de 'reparto' o 'distribución' (pay as you go en inglés) porque se basan en la transferencia de una parte de las rentas laborales de A a P. Estos sistemas no pueden nunca 'quebrar' ni ser 'insostenibles', pues, como sistemas, no dependen de la demografía ni de la economía, sino que se basan en lo que suele llamarse un 'pacto intergeneracional' que se actualiza por decisiones políticas acerca de la magnitud de la transferencia. Esta magnitud es la cuestión principal para el sistema, independiente de cuestiones de organización como entre quiénes se recauda y cómo se reparte. ¿Qué parte de la renta deben transferir los A a los P? Es una cuestión estrictamente política, que puede adoptarse año a año o por plazos más largos, e incluso incluirse en la Constitución. Desde luego, si la cantidad se fija en términos absolutos, puede resultar una carga pesada si la economía va mal. La clave está en fijar la renta media de los pensionistas en términos relativos a la renta media de los activos. Puede decidirse una relación de uno a uno, de modo que la renta media de P quede igual a la renta media de A, y los abuelos no tengan ni más ni menos que sus hijos y sus nietos. O puede decidirse que los P vivan con la mitad, o que necesitan el doble. En cualquier caso, la viabilidad del sistema de reparto está asegurada, siempre que los adultos no se nieguen a transferir parte de las rentas a los mayores.

Lo problemático no es, pues, el sistema, sino la magnitud de las transferencias, es decir, no la existencia, sino la cuantía de las pensiones. Es posible, en efecto, que con la organización actual, el sistema no recaude lo suficiente para pagar las pensiones que se ha comprometido a pagar, y en ese caso, efectivamente, habrá que reformar la organización del sistema, bien subiendo las cotizaciones de A, bien bajando las percepciones de P. Cuando se augura la 'quiebra' o la 'insostenibilidad' del sistema, lo que realmente se dice es que por mucho que se suban las cotizaciones habrá, además, que bajar las pensiones. Pedro eso no sería una quiebra del sistema, sino un ajuste de las percepciones.

Aquí es donde entra en juego el envejecimiento de la población. Es frecuente exponerlo bajo la forma de la tasa de dependencia, que es simplemente la ratio P/A, entre mayores de 65 años (que pueden representar a P) y los que tienen entre 15 y 64 años (por convención 'potencialmente activos', y pueden tomarse como representación de A). Según las más recientes proyecciones del INE, la tasa de dependencia es de 28%, será de 33% en 2025, pasará del 50% en 2038 y se estabilizará sobre 60% hacia 2050 (tabla 1). Visto desde el otro lado, esto significa que actualmente hay 3,5 adultos por cada mayor de 64 años, ratio que llegará a 3 en 2025, en 2038 estará en 2 y desde 2050 se estabilizará, por fin, en torno a 1,5. ¿No es esto un riesgo muy serio, difícil de afrontar? Y, además, con salarios cada vez menores como los que se avecinan.

¿Un riesgo muy serio? Supongamos que los potencialmente activos son generosos y transfieren a los pensionistas una renta igual a la que se quedan para ellos. Cada A, además de a sí mismo, tiene que mantener actualmente sí mismo y a 1/3,5 de pensionista (en total 1+1/3,5=1,28); en 2025 tendrá que mantener a 1+1/3 (1,33 en total), en 2038 tendrá que mantener a 1,5 y hacia 2050 a aproximadamente 1,65. Podemos llamar 'factor de reparto' al número total de adultos (A+P) a cargo de cada A, es decir, al cociente (A+P/A). Es otro modo de expresar lo que se suele llamar tasa de dependencia, P/A. Preguntemos ahora cuánto más tiene que producir A para mantener la renta media del conjunto A+P. La respuesta, obvia, es que tiene que aumentar el producto en lo que va de 1,28 a 1,67, es decir, un 30%. Este 30% es exactamente el aumento de la productividad de A necesario para hacer frente al incremento de P entre 2016 y 2050 manteniendo constante la renta per capita del conjunto de A y P.

¿Un riesgo difícil de afrontar?¿Cuán difícil de conseguir es un aumento así de la productividad? Veamos cómo ha ido la tarea hasta ahora. Según se ve en la tabla 2, los 'factores de reparto' han pasado de 1,15 en 1971 a 1,20 en 1989, a 1,25 en 2002 y a 1,29 en 2017, a medida que el porcentaje de población con 65 años y más subía del 10% al 19% de la población total. Es decir, el incremento de productividad necesario para compensar el envejecimiento ha sido de un 11% (1,29/1,15). Pues bien, como puede verse en la tabla 2, en este intervalo de cuarenta y cinco años la productividad de A se ha más que doblado, de modo que cada A podría en 2015 mantener a un pensionista entero, no al 0,28 de pensionista que realmente tuvo que mantener. La diferencia, naturalmente, se reflejó en un aumento general de la renta per capita.

El contraste entre el aumento del 11% requerido por el envejecimiento y el de 116% logrado por la economía es una buena base para afirmar que el envejecimiento de la población es un factor de poca importancia comparado con las mejoras de la economía. Como escribí hace ya algunos años, la carencia fatal de considerar el futuro de las pensiones en términos de envejecimiento es que plantea en términos de simple demografía un problema complejo de economía, por mucho que, curioisamente, sea el enfoque favorito de muchos economistas. Por ejemplo, The Economist. En 2003 titulaba “Work longer, have more babies” y explicaba: “Muchos países europeos tendrán que hacer algo sobre los efectos de sus decrecientes tasas de natalidad a fin de corregir el desequilibrio entre trabajadores y pensionistas” (27-9-03:13). Y en 2018 volvía sobre el tema, si bien algo más optimista: en muchos países la población en edad de trabajar disminuye y los viejos aumentan, pero la demografía no es el destino. Y, en efecto, no lo es; o, por lo menos, no es el destino de las pensiones, que es económico, no demográfico. La cuestión no es que la población envejezca, sino si los jóvenes van a producir lo suficiente para compensarlo.

¿Van a hacerlo? ¿Va a mejorar la economía lo bastante? Desde luego, una cosa es que lo hiciera en el pasado y otra que lo siga haciendo en el futuro. Agua pasada no mueve molino y además aquellos fueron otros tiempos. Remontarse a 1971 parece excesivo. Si miramos períodos más cortos, encontramos que la productividad de los adultos aumentó un 45% hasta 1989, y más que se dobló hasta 2007, pero cayó un 10% entre 2007 y 2013; es cierto que entre 2013 y 2017 se ha recuperado algo más de lo perdido, pero eso solo permite decir de momento que la productividad se ha estancado en los diez años entre 2007 y 2017. La cuestión es que hasta 2050 habrá que aumentar la productividad de los adultos de 1,28 a 1,67, es decir, casi un 30%; puede parecer poco comparado con el 100% de aumento entre 1971 y 2005, pero es infinitamente más que lo logrado entre 2007 y 2017. ¿Por qué considerar más probable el crecimiento que el estancamiento?

Creo que hay muchas razones para ser optimista y esperar no ya que la renta per capita se mantenga, sino que crezca considerablemente. Si volvemos otra vez al pasado, cabe advertir que los años entre 1971 y 2007 son los difíciles años de la crisis del petróleo de los ochenta y de la recesión de principios de los noventa. Y si nos limitamos a los años últimos, podemos fijarnos en que la productividad cayó un 10% entre 2007 y 2013, pero también habría que tener en cuenta cómo se ha recuperado ese porcentaje entre 2013 y 2017. Y si directamente pensamos en el futuro, hay por lo pronto un trecho hasta volver a las tasas de ocupación de 2007, y otro hasta alcanzar el 70%, la tasa media de Europa. Con solo llegar a este 70%, el PIB crecería en España lo suficiente para cubrir el 18% que demanda el envejecimiento de la población hasta 2038. Para el resto, hasta el 30% necesario para 2050, resulta extraño pensar que no va a mejorar la productividad por ocupado en el momento de mayor avance tecnológico de toda la historia de la humanidad. Por eso me parece muy probable que la productividad de la economía aumente mucho más que la longevidad de la población.

Podría ocurrir, sin embargo, que la productividad no mejorara. Pero entonces el problema no sería el sistema de pensiones, que seguiría funcionando igual; ni el aumento del envejecimiento, que seguiría teniendo una importancia menor. Habría un problema con la cuantía de las pensiones, que caerían lentamente o no subirían, pero sería un problema derivado. El problema principal, si la productividad no mejorara, sería el estancamiento de los ingresos y el nivel de vida de todos, trabajadores y pensionistas, activos y pasivos, mayores y menores. Tendríamos que acostumbrarnos a vivir al nivel que vivimos ahora. Por horrible que nos parezca esta perspectiva, nadie debería caer en la insolidaridad de querer salvarse de los recortes a costa de los demás.

Ni el deterioro de las escuelas ni el de las condiciones de vida en general han dejado huella en los resultados de los estudiantes en PISA 2015

Cabe preguntarse a qué factores responde la 'literacia' que mide el estudio y suscita la cuestión de si los gobiernos pueden controlarlos

¿Sorprendente? No tanto si tenemos en cuenta que las puntuaciones aumentaron poco o nada mientras la economía crecía y el gasto público subía

Como las ediciones anteriores, PISA 2015 encuentra pocos cambios en las puntuaciones de los países, particularmente en los que pertenecen a la OECD. Algunos mejoran, otros empeoran, la mayor parte queda igual y la puntuación del conjunto de la OECD queda alrededor de 500 puntos (atribuyamos a circunstancias los 491 puntos de Matemáticas y los 493 de Ciencias).

España está, como de costumbre, entre los que varían poco; en Lectura está un punto por encima del año 2000, en Matemáticas también un punto por encima del año 2003 y en Ciencias cuatro puntos sobre 2006. En relación a 2009 son algo mejores las puntuaciones en Lectura y Ciencias; en relación a 2012 es mejor la de Lectura y peor la de Ciencias. Las diferencias son siempre pequeñas, oscilantes y debidas al azar en todo o en parte.

¿No deberían haber disminuido más las puntuaciones a consecuencia de los recortes del gasto público en Educación? Según PISA, sí. PISA ya no dice que la inversión en las escuelas mejore sin más sus resultados, pero todavía los relaciona con los sueldos de los profesores y con distribuir los recursos favoreciendo a las escuelas más difíciles. En España, los sueldos de los profesores no han subido y los recortes se han cebado con los programas para alumnos desfavorecidos. Por consiguiente, los resultados deberían haber empeorado.

También según PISA deberían haber caído las puntuaciones a consecuencia de la crisis en sí misma. PISA advierte en todos sus informes de que la literacia que sus pruebas miden depende de la calidad del cuidado y la estimulación dados a los niños durante la infancia y los años preescolares, así como de las oportunidades de aprender en casa y fuera de la escuela.

Caben pocas dudas de que al menos los factores materiales han ido a peor durante la crisis en muchos países. Según el Innocenti Report de 2013, se detectan “incrementos sin precedentes” en privaciones materiales graves en España, Italia, Grecia y Reino Unido; en la más grave de todas, la alimentaria, el porcentaje de hogares con hijos que no pueden permitirse comer carne, pescado (o un equivalente en hortalizas) cada dos días se duplicó con creces en Estonia, Grecia, Islandia e Italia, y aumentó también en España.

El efecto negativo de las carencias alimentarias en el desarrollo intelectual está bien estudiado por la Psicología; influyentes economistas, como el Nobel James Heckman, y sociólogos, como Gösta Esping-Andersen, han insistido en que la pobreza en la infancia pueden afectar el desarrollo cognitivo. Como ha escrito Marí-Klose, “vivir en un hogar con bajos niveles de renta, en una vivienda en malas condiciones, o estar expuesto a una alimentación inadecuada durante la infancia influye negativamente en la salud, las aptitudes cognitivas, los resultados educativos o los comportamientos asociales”.

Sin embargo, ni el deterioro de las escuelas ni el de las condiciones de vida en general han dejado huella en los resultados de los alumnos en PISA 2015. Podría objetarse que PISA mide los resultados a los 15 años, y que los alumnos nacidos en el año 2000 habían superado los momentos más críticos de la infancia temprana cuando llegaron la crisis y los recortes.

Pero hace tan solo unos días se publicaron los resultados de TIMSS 2015, un estudio internacional que lleva a cabo una organización privada (la IEA, menos poderosa que la OECD) que incluyó en 2011 y 2015 alumnos españoles de cuarto de primaria. La edad aproximada de estos alumnos es 10 años, de modo que han pasado la mayor parte de su vida y toda su escolarización en tiempos de crisis. Pues bien, tampoco en los resultados de TIMSS se encuentra rastro de los recortes o de la crisis. Los alumnos españoles han conseguido mejores puntuaciones que en 2011; sobre una media de 500, 23 puntos más en Matemáticas y 13 puntos en Ciencias.

¿Sorprendente? No tanto si tenemos en cuenta que las puntuaciones aumentaron poco (TIMSS) o nada (PISA) mientras la economía crecía y el gasto público aumentaba.

Los autores de los informes PISA ya venían encontrando curioso que incrementos de gasto por alumno del 40% y otras reformas inspiradas por la OECD no se hubieran traducido en mejoras de los resultados. A lo que habría que añadir los avances en las nuevas tecnologías de la información.

No hay por qué dudar de que la literacia que miden las pruebas PISA dependen de toda la experiencia vital de los individuos. Pero si no se ve afectada por los cambios que se han producido en esas experiencias durante el último ciclo económico, cabe preguntarse a qué tipo de factores responde, y de cuánta intensidad. Lo cual a su vez suscita la cuestión de si los gobiernos están en situación de controlarlos. Pero esa es otra historia.