El feminismo (o los feminismos, con el plural que ahora parece obligado para cumplir con lo políticamente correcto) siempre ha tenido disensiones y debates internos. Pero han sido eso, disensiones y debates paradigmáticos, entendiendo por tal cosa la primera acepción de la RAE: “Paradigmático, adj. Perteneciente o relativo al paradigma”. Por tanto, han sido pertenecientes o relativos al paradigma feminista. Incluso las desavenencias teóricas y prácticas entre lo que fue el feminismo de la igualdad y el pensamiento de la diferencia sexual hacia los años 80 se movieron en el marco de esta comunidad paradigmática.

Pero hoy se presenta al feminismo dividido por un debate que se sale de esa pertenencia a su propio paradigma y se pretende que sigue dentro de una discusión intra-paradigmática cuando, en realidad, lo que se quiere es confrontarlo con un debate en otro terreno de juego totalmente ajeno: a saber, los derechos de las personas trans.

No soy la primera en aclarar que el movimiento feminista, que se opone a que las mujeres seamos invisibilizadas una vez más -en esta ocasión con la excusa de ceder sitio a una multiplicidad de identidades de género-, no está en contra de los derechos de las personas transexuales. Y que, muy al contrario, siempre ha acogido en su talante emancipatorio la reivindicación de la dignidad de todas las minorías discriminadas. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es poner la otra mejilla cuando la maniobra intelectual y política pasa por afirmar la realidad de las personas trans (por cierto, así, genéricamente designadas), para acto seguido cuestionar la de las mujeres. 

En su ristra de preguntas retóricas sobre lo que es ser hombre o ser mujer, sobre la talla de pecho asignable en cada caso, o sobre qué es el sexo y si es o no genético -imitando por cierto con esta retórica de manera muy desafortunada el estilo de la filósofa Judith Butler- hemos tenido la ocasión el último y pandémico verano de saber que la ministra de Igualdad se debate en un sinfín de dudas. Dudas que parecen crearle una gran perplejidad ontológica sobre si es o no real lo que parece haber. Casi en la misma línea del genio maligno ideado por el filósofo Descartes que podría ser la causa de que yo me engañe y dude de todo, incluido yo misma.

Pero la hipótesis cartesiana del genio maligno tenía la finalidad de utilizar la duda como método para llegar a alguna verdad, que no se dudaba que se podía alcanzar. Ahora parece que de lo que se trata es de invertir la carga de la prueba sobre el movimiento feminista, que ahora tendría que demostrar que efectivamente hay hombres y mujeres – sobre todo, que hay mujeres-. Y que las variadas y contingentes identidades de género a las que se apela se piensan en el espectro imaginable entre estos referentes.

El feminismo tiene que estar atento a esta estrategia tramposa: nunca ha sido ni es su cometido tener que buscar argumentos o pruebas retóricas para fundamentar que los sexos y, entre ellos, el sexo femenino existe. Entrar en esa dinámica es dejarse atrapar por un juego de sofística de la mala. Desviar la comprensión de la construcción socio-cultural y de poder que es el género al terreno de un debate ontológico sobre realidades genéricas identitarias y su multiplicidad es querer desmontar el feminismo como discurso y praxis emancipatoria de las mujeres, negando la mayor: que haya mujeres. 

Con eso, desplazado el feminismo de su propio paradigma, se pretende que se habla desde este por el mismo movimiento por el que se le niega: en lugar de la lucha por la libertad, la igualdad y la autonomía de las mujeres -por decirlo en consignas hoy tan denostadas y, sin embargo, tan vigentes- se pretende que sea feminismo la reclamación de cualquier colectivo, más o menos minoritario, cuyos intereses han de anteponerse a los de las mujeres. En particular porque, como ya sabemos, estas son de dudosa existencia frente a la rotundidad ontológica de esos colectivos. O, en otras palabras, el feminismo tiene que hacerse cargo de cualquier forma de discriminación, pero no de algo tan estructural como la opresión patriarcal de las mujeres en sus diversas manifestaciones culturales.

No voy ahora a repetir los potentes argumentos que muchas feministas han ido desgranando contra la operación de querer prescindir de “las mujeres”. Entre otras cosas, porque tal operación no puede tener éxito: las mujeres no son una simple posición discursiva, con lo que en su materialidad difícilmente pueden ser borradas como efecto de su borrado meramente discursivo. Y pretender tal cosa no solo es moverse en otro paradigma distinto del paradigma feminista, sino que en gran medida es moverse en un paradigma opuesto a este: hoy por hoy, pertenecer al sexo femenino implica en nuestro planeta padecer violencia, pobreza y desigualdad. Y negar la materialidad del sexo es negar todo proyecto feminista para transformar esas condiciones materiales de vida de las mujeres.

Desde su consolidación hasta nuestros días, la lucha feminista no es ni ha sido otra que la lucha por la desactivación del patriarcado. Y comprender esto es comprender que, como lo sugirió en su momento la filósofa Celia Amorós, el sistema género/sexo del que habló el feminismo contemporáneo tiene que ser sinónimo de patriarcado o no es nada: porque implica la pertenencia a un grupo sexual y social determinado y oprimido -las mujeres- como seña de identidad. Pero esa seña de identidad no existiría si no fuera porque existe un sistema de dominación, precisamente el patriarcado, que la produce. 

En otras palabras: oponer resistencia a la dominación de género, a la que son sometidas las mujeres por razón de su sexo, es tanto como hablar del paradigma feminista antipatriarcal y de emancipación. Por supuesto que para ese proyecto el feminismo tiene que aliarse con otros proyectos que luchan contra otras formas de discriminación, en tanto que esto es  fundamentalmente aspiración a un mundo mejor. Un mundo que solo será verdaderamente mejor cuando se acepte que está habitado por realidades humanas, como son las mujeres materiales y concretas, y no por ficciones genéricas.

Me gustaría saber quiénes son esas malvadas feministas que no estarían de acuerdo en que “es necesario acabar con la prostitución” y en que “la falta de derechos de las mujeres no es el camino”. Yo, que llevo ya más de cuarenta años en asuntos feministas, no conozco a ninguna.

Me gustaría saber quiénes son esas perversas feministas que conforman un “matonismo pandillero” que no acepta de buen grado que las mujeres prostituidas “puedan subsistir estos meses siendo más independientes y autónomas”. Y que, de manera mezquina y cicatera, les habrían negado su ayuda, no aportando además ni un euro, ni un céntimo de euro, para apoyar a estas mujeres en tan dura situación como la que actualmente viven y vivimos.

Estas cosas se dicen en un artículo reciente y quiero centrar de qué hablo con mayor seriedad. Pero, antes de nada, quisiera dejar claro también que no me parece momento para dirimir una disputa feminista de manera más o menos bronca: creo que el contexto trágico en el que nos movemos hoy no es en absoluto el escenario idóneo para ninguna confrontación. Sin embargo, me ha parecido que el artículo publicado por Clara Serra hace unos días sí tiene ese tono. Y que, por lo mismo, se hace ineludible darle alguna respuesta, aunque sea tratando de hacerlo desde la más que recomendable serenidad.

El artículo del que hablo se titula acertadamente “Las trabajadoras sexuales en estado de alarma”. Y digo que es un título acertado porque lo que pretende, contra lo que pueda parecer, no es dar la voz de alarma sobre la desamparada situación de estas mujeres; no es denunciar sus condiciones infrahumanas de explotación por parte de puteros, proxenetas y empresarios del sexo; no es exponer la existencia brutal de la trata con fines de explotación sexual; no es, en fin, impugnar la cara más violenta del patriarcado y la cruel mercantilización de los cuerpos y las vidas femeninas. No. El estado de alarma del que se nos alerta lo provocaría el feminismo abolicionista. No el sistema patriarcal explotador, no el orden del capitalismo neoliberal “despiadado y cruel”, por decirlo en términos de Marx. No. Según la autora la alarma hay que darla frente a la reclamación del feminismo abolicionista.

Pero criminalizar a una parte - y no pequeña- del feminismo de la realidad lacerante de las condiciones de vida actuales de las mujeres en el mercado prostitucional, eximiendo a los verdaderos responsables, no es solo, con serlo, un auténtico acto de injusticia feminista: creo que es también una maniobra de manipulación más propia de posiciones políticas de signo poco defendible. En momentos como estos de una crisis sin precedentes y de una inconmensurable tragedia humana, hacer recaer la responsabilidad de la situación, sin duda desesperada, de estas mujeres en otras mujeres -que serían su verdadero enemigo- es simple y llanamente un acto de irresponsable demagogia.

Escribir que “podríamos esperar que el feminismo se hubiera puesto de acuerdo para defender a estas mujeres. Defenderlas de los que quieren explotarlas”, es tanto como pretender que se desconocen las medidas públicas que, precisamente para defender a las mujeres en prostitución, se pusieron en marcha en países como Suecia, por ejemplo, ya desde 1999. Unas medidas orientadas a la abolición de la prostitución, que garantizan, nunca criminalizan, la integridad y la dignidad de las mujeres prostituidas. Pero este tipo de políticas públicas, en las que el feminismo se ha puesto de acuerdo para defender a estas mujeres, no hace falta que se las explique a la alarmada autora.

Me consta que tampoco hace falta que le explique las diferencias que hay entre reivindicar abolir la prostitución como institución y defender “más pobreza y más inseguridad para las mujeres” en prostitución. Ninguna feminista abolicionista en su sano juicio confundiría ambas cosas. Pero me consta que la autora conoce bien los debates feministas en torno a la prostitución. Y con ello los argumentos que se manejan en los mismos, con lo que no hace falta repetírselos aquí. Lo que sí me parece necesario evidenciar es que lo que ella califica de “cruzada moral” -pretendiendo descalificar así todo pensamiento que no comulgue con sus ideas- es más bien un movimiento que cada día va creciendo más y más en el feminismo y calando más y más en el tejido social.

Un movimiento que entiende que la pervivencia de determinadas prácticas de violencia y de mercantilización del cuerpo y la vida de las mujeres es incompatible con una sociedad a la que sobre todo hoy tenemos más que nunca que aspirar: una sociedad más igualitaria, más humana, más al cuidado del bien común y de la “buena vida” para todas y para todos.

Como feministas, y como defensoras de ese futuro social, tenemos que estar por supuesto del lado de las exigencias de protección de las mujeres prostituidas en esta situación extrema que viven con la pandemia global. Y esto es algo tan obvio que no parecería ni siquiera necesario tener que explicitarlo. No lo parecería de no ser que, como ha ocurrido, se haya buscado explicitar lo contrario. Resulta incomprensible el porqué de este ataque a una buena parte del feminismo, el porqué de su criminalización y, sobre todo, el porqué de pretender que con ello se estaría favoreciendo a este colectivo hoy totalmente desamparado por quienes siempre lo han explotado. Y, no nos engañemos, aspiran a seguir haciéndolo en condiciones legalmente más ventajosas para ellos, nunca para las mujeres.

Como ya he dicho, no es mi intención entrar en el enfrentamiento o la descalificación: creo que no es un momento para reproducir algunas viejas contiendas feministas. O, al menos, no para reproducirlas en un tono que solo contribuya a exacerbar la división. Pero, dejando toda insidia de lado, me ha parecido obligado hacer las anteriores puntualizaciones a la autora y, sobre todo, a las lectoras y lectores de su artículo. Y hacerlo porque no es de recibo que se quiera demonizar a una parte nada desdeñable del feminismo. No es de recibo inculpar gratuitamente al abolicionismo señalándolo como verdugo. No es de recibo exculpar con ello a la alianza criminal entre patriarcado y neocapitalismo. Y todo esto no es de recibo porque tampoco ayuda a mejorar hoy por hoy las condiciones materiales de vida de las mujeres por las que habla.

El activismo ha sido siempre una seña de identidad del feminismo. Así, por ejemplo, la ola sufragista fue un movimiento imparable durante casi cien años por la conquista del voto femenino. Y esa gran ola recaló en una cascada de teóricas en cadena que, sin dejar el ámbito reivindicativo, se pusieron a “pensar el pensamiento” de su momento desde las claves de la crítica feminista. Me estoy refiriendo a las grandes figuras del neofeminismo, a partir de Simone de Beauvoir, como son Betty Friedan, Shulamith Firestone o Kate Millet en los años 60 y 70 del siglo XX, que aportaron conceptos y teorías con las que hoy se mueve el bagaje feminista de análisis.

En nuestros días el feminismo sigue siendo reivindicativo. Y ha aglutinado a muchos sectores sociales y a muchas mujeres jóvenes, que se están alzando contra la pervivencia del patriarcado y, sobre todo, contra su violencia estructural. Frentes como la prostitución y los vientres de alquiler ocupan también a una buena parte del feminismo que escribe, debate y se moviliza en contra de su regulación. Y hay una producción teórica, que también es activismo feminista y que da cobertura a “las luchas y anhelos de una época”, por decirlo en palabras de Marx cuando definía qué es la teoría crítica.

En estos terrenos de la praxis política el feminismo sigue ganando batallas. Pero en el terreno del pensamiento podría advertirse que parece perderlas. Buena prueba de ello es que, cuando todavía no estamos en condiciones de hablar de un postpatriarcado, el postfeminismo es una expresión cada vez más extendida y aceptada. Y eso no es inocuo: responde a un imaginario propio de una parte del pensamiento contemporáneo, que ha decretado el acta de defunción de todas las grandes reclamaciones de la modernidad anterior. Y, entre ellas, la de la igualdad. Lo que se aplica además a la demanda de la igualdad entre los sexos. Todo esto, simplemente, habría caducado.

Como también estaría caduco el propio sujeto que protagonizó las luchas del pasado y, para lo que nos interesa aquí, esto incluiría al sujeto político feminista. Porque el sujeto no serían las “mujeres”, esta es otra ficción a deconstruir para dar paso a una coalición de identidades variables que se alían en su resistencia al orden heteropatriarcal. Que, además, no es sólo un orden de dominación heterosexual, sino un orden de dominación cisheteropatriarcal. Con esta denominación (¡que ya es para nota!) se trata de designar algo así como un sistema de dominación heterosexual jeraquizado por lo cis (personas que se identifican con el sexo y el género atribuido al nacer y que se opone a las personas trans).

En esta sopa de sufijos, es imposible abrirse paso con mayor claridad, pues nos movemos en un proceloso y sombrío bosque de letras. Pero algo parece claro: se trata de abatir lo que ha conformado y conforma el feminismo y su sujeto histórico. Y esta estrategia puede que no constituya parte del debate social, pero sí se muestra como una de las líneas en auge del pensamiento de nuestro presente. Y hay que afrontarlo.

Hay que afrontarlo porque el pensamiento, cuando se repite y se repite, acaba permeando la propia dialéctica social. Y hay que afrontarlo en el terreno donde el pensamiento afronta el pensamiento, que no es otro que el terreno del pensamiento mismo. Quiero decir que, además de las necesarias reivindicaciones y del activismo, el feminismo ha sido y es un pensamiento potente, una teoría crítica, que tiene que dialogar con los discursos subyacentes a cada presente, para recoger de los mismos lo que le interesa reutilizar –como por ejemplo lo hicieron las feministas de los 60 y los 70 con el marxismo y el psicoanálisis– y para detectar y desactivar lo que va en contra del proyecto de emancipación que el feminismo es.

La impugnación al sujeto político mujeres y la voluntad de encasillarlo como una diversidad más, tiene su suelo teórico en los planteamientos de la postmodernidad queer. Estos planteamientos, importados de los discursos académicos confinados a las universidades norteamericanas, encontraron eco también en nuestro entorno académico. El feminismo tiene que “pensar este pensamiento” y conocer los fermentos que lo han abonado. Y sobre todo sospechar de que se produzca justamente ahora, cuando en un mundo dominado por la lógica neoliberal el feminismo está volviendo a ser un movimiento emergente, incómodo y resistente a esa lógica.

Hoy el feminismo sin duda está tan diversificado como las propias variables con las que interactúa: eso quiere decir que hay que hablar de “raza”, de etnicidad, de ecofeminismo, de grupos de mujeres negras, chicanas o racializadas en general, de mujeres emigradas, de preferencias sexuales… Y todo ello compone una red de variables, que son variables de opresión y que, lógicamente, diversifican los intereses de las mujeres según su relación con cada una de ellas. Pero que se dé un espectro tan diversificado en el feminismo no significa entonar sus cánticos funerarios, o venir a declarar su momento post.

El feminismo no está ni mucho menos muerto y enterrado, no está ni mucho menos kaputt: frente a lo post, lo trans, lo cis, etc., puede decirse que constituye hoy la última gran teoría crítica resistente al presente neoliberal y patriarcal. Y las mujeres en todo el mundo, con sus “múltiples diferencias que intersectan” (como lo expresa la filósofa feminista Nancy Fraser), están protagonizando esa resistencia y dando buena cuenta de algo que es un hecho palmario, para pensarlo más allá de todo debate estéril: que son un sujeto político vivo.

Como lo dice la pensadora y activista italiana Lidia Cirillo “Las mujeres, algunas mujeres, muchas mujeres han comenzado a pensar en sí mismas como sujeto político de liberación porque han reconocido que su principal característica común es la opresión”. Pero para reconocernos como sujeto político de liberación, como dice Cirillo, las mujeres hemos tenido que empoderarnos. En relación con las mujeres el término “empoderamiento” se vincula a una red feminista en Balagore, en la India, llamada Red DAWN-MUDAR. Esta red, formada por activistas e intelectuales en 1984, se centró en el análisis de la situación de las mujeres pobres y planteó la necesidad de transformar la estructura económica y política que favorecía la pobreza y la desigualdad femeninas. Con ello se consiguió que en 1985 la III Conferencia Mundial de Nairobi, contemplase el empoderamiento como una estrategia impulsada por mujeres del Sur, que podía usarse para enfrentar las desigualdades de género. Y ya en la IV Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, en 1995, se adopta el empoderamiento femenino como una de las estrategias fundamentales para luchar por la igualdad de género.

El empoderamiento se entiende, por un lado, como proceso individual: es el proceso por el cual una mujer evoluciona de manera personal, hasta hacerse consciente de sus derechos y consolidar, a partir de ahí, su poder, su autoestima y su autonomía personales. Pero también se puede entender el empoderamiento como proceso colectivo: se trata entonces de aunar las subjetividades femeninas para organizarse en la lucha política por sus intereses y conseguir una transformación completa de las desigualdades de género en todos los frentes: político, social, económico, cultural, etc. Y esto precisamente es lo que nombramos como feminismo.

De modo que empoderamiento y feminismo van juntos y no pueden entenderse aisladamente. Y van juntos en una historia que ya tiene más de tres siglos, desde las primeras reclamaciones de las mujeres empoderadas ilustradas en el siglo XVIII hasta las últimas grandes y empoderadísimas movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo.

El empoderamiento, individual y colectivo, lo es de un sujeto: el sujeto “mujeres”. Pero ¿de qué hablamos al hablar de un sujeto “mujeres”? Quiero advertir que, al hablar de “mujeres”, no me estoy refiriendo a nada así como una esencia o una determinación biológica. Me refiero a “mujeres” ahora como el referente que ha padecido y padece la exclusión y la opresión patriarcales. La cuestión será si las diferencias locales, culturales, raciales, de clase, de preferencia sexual, etc. permiten hablar de un sujeto político “mujeres” empoderado y fuerte. Y mi respuesta es que sí, porque un sujeto político tiene objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes porque padecemos opresiones comunes por el hecho de ser mujeres.

Pero, a partir de aquí, creo que es importante tomar conciencia de cómo las estrategias actuales de la contrarreacción patriarcal están encaminadas precisamente a “desempoderar” a las mujeres. Porque la derecha y la ultraderecha hoy reaccionan contra el empoderamiento femenino y extienden en el imaginario masculino la idea de que, por así decirlo, hay que pararles los pies a las mujeres y volver a meterlas en cintura. Lo que quiero señalar es que ese desempoderamiento de las mujeres pasa por reforzar la violencia sexual, pasa por fomentar la cultura de la violación como forma de trasladar el mensaje a todas las mujeres de que sus conquistas emancipatorias las pone en la mira de esa cultura violenta.

Pero ¿de qué hablamos al hablar de cultura de la violación? En palabras de la jurista norteamericana Catherine MacKinnon, esa cultura se fundamenta en el principio de que poder ser violada, posición que es social y no biológica, es lo que define a una mujer. Y es así, porque MacKinnon sostiene que el ejercicio de esta violencia sobre las mujeres se fundamenta en las relaciones de poder que estructuran toda la dinámica entre los sexos. En su obra, ya un clásico de la teoría feminista y que titula Hacia una teoría feminista del Estado, esta pensadora analiza que la construcción de la sexualidad femenina es siempre producto del poder patriarcal. Y, en ese sentido es una cultura cuya violencia hacia las mujeres ya la asentaban los padres de la democracia moderna, como el propio Rousseau, el gran defensor de la igualdad económica y social, que sin embargo escribía en ya en el siglo XVIII: “la mujer está destinada a obedecer a tan imperfecta criatura como es el hombre (…); desde muy temprano debe aprender a padecer hasta la injusticia y a soportar los agravios de su marido sin quejarse”.

Esa cultura que asocia de manera inextricable violencia sexual y relaciones de poder patriarcales, esa cultura de la violación, es conceptualizada por la pensadora feminista Rita Laura Segato más allá de su carácter puramente sexualizado. Segato  interpreta que la violación cumple tres objetivos: se trata de poner a las mujeres en su sitio, en primer lugar. Pero también, en segundo lugar, de ejercer una agresión a otros hombres violando el cuerpo de sus mujeres. Así como, en tercer lugar, de reafirmar la virilidad y ocupar una posición respetada entre los hombres. Y yo diría que un cuarto objetivo de la cultura de la violación, que habría que añadir a estos que enumera Segato, es justamente el de desempoderar a las mujeres.

Defender que la violación debe ser relativizada, minimizada o incluso naturalizada, es poner en escena esa cultura de la violación. Y es a la vez negar la violencia de género. Con ambas cosas, lo que se quiere trasladar hoy a la sociedad desde los sectores políticos conservadores y ultraconservadores es el mensaje de que hay que poner freno al empoderamiento femenino. Pero, ante ello, las mujeres tenemos que concluir aquello de que “ladran, luego cabalgamos”.

Si hablamos de una 4ª ola feminista, habrá que establecer que hablamos de algo reactivo, ya que toda ola es reactiva, es decir, es algo que supone un avance frente a un repliegue. Hablamos entonces de una 4ª ola como reacción, como impulso hacia delante, frente a la actual contrarreacción patriarcal. Preguntarnos si se está realmente produciendo esta ola será preguntarnos qué la impulsa, cómo se expresa y quiénes la protagonizan. Me voy a referir sólo brevemente al qué y al cómo, para centrarme en lo que me parece urgente que nos volvamos a plantear hoy: el quiénes, es decir, el sujeto político del feminismo.

Tras las grandes conquistas feministas, lo que hoy está sacando al feminismo a las calles y haciéndolo un movimiento de masas yo diría que es -no sólo pero sí centralmente- una auténtica insurrección, una rebelión contra la violencia patriarcal. Una violencia en sentido amplio, que se expresa de muchas maneras: como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como desigualdad económica y laboral, como pornografía, como prostitución, como trata… Hoy habría que añadir otros fenómenos de este poder sexualmente expresado, como la práctica de los vientres de alquiler. Por tanto, en cuanto al qué de esta cuarta ola, el qué la impulsa, yo diría que fundamentalmente es una rebelión contra lo que creo que se está configurando como el nuevo paradigma del patriarcado: el patriarcado violento.

En cuanto al cómo se expresa esta reacción, el feminismo está aglutinando a muchos sectores sociales, a muchas mujeres y a muchos hombres en sus masivas manifestaciones contra esa violencia. De lo que se trata es de crear en todos ellos no sólo rechazo, sino también conciencia crítica: es decir, que no se queden sólo en condenar los efectos más cruentos de esa violencia, como los asesinatos de mujeres, sino que tomen conciencia de que se trata de un poder sexualmente expresado de muy diversas maneras y que es estructural al sistema patriarcal.

Si atendemos ahora al quiénes protagonizan esta nueva ola, hay que recordar brevemente que a partir de los años 80 del siglo pasado el feminismo reconoció la diversidad entre las mujeres por raza, clase, preferencia sexual, etc. Y lo hizo sobre todo a raíz de las críticas chicanas al feminismo tradicional de las feministas lesbianas, negras y por no contemplar sus diferencias y no sentirse representadas en un feminismo centrado en la mujer blanca, occidental, heterosexual y de clase media. Pero el reconocimiento de las diferencias entre mujeres plantea un problema en el feminismo: ¿Cómo pensar las identidades que se reconocen como diversas? ¿Cómo evaluar las diferencias? La teórica norteamericana Nancy Fraser advierte que no todas las diferencias deben ser reconocidas, que no todo vale y que hay que rechazar aquellas diferencias que fomentan la subordinación o que implican desigualdad. El debate abierto acerca de qué hacer con las identidades diversas, qué hacer si reconocemos las diferencias entre mujeres, abre también el debate de qué hacemos con el sujeto político del feminismo, con el quiénes de esta nueva ola.

Hay quien defiende que estaríamos ante una 4ª ola en la que el sujeto político del feminismo habría cambiado: de ahí vienen las propuestas del transfeminismo y de la teoría queer. Estas propuestas postmodernas se vinculan directamente con la filósofa norteamericana Judith Butler: Butler propone que cabe deconstruir las identidades por normativas y excluyentes, ya que toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a la misma y deja fuera todo lo que no se ajusta a esas normas. También la identidad “mujeres” deberá ser desestabilizada y deconstruida, pues como toda identidad es normativa y excluye a parte del grupo que dice representar. Ahora estaríamos en un momento de postfeminismo en el que el sujeto ya no serían las mujeres sino un sujeto en coalición de identidades diversas y contingentes, aliadas en la resistencia al orden heteropatriarcal (como los gays, las lesbianas, los transexuales, los transgénero, los bisexuales, etc). Pero hay quien, lógicamente, ve un peligro para el feminismo en estas propuestas postmodernas. Así la filósofa feminista Seyla Benhabib le contesta a Butler que, si deconstruimos la identidad mujeres, nos quedamos sin sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. Benhabib pregunta cómo sería posible siquiera pensar un proyecto político de emancipación feminista sin un sujeto político del mismo, sin el “nosotras” feminista.

Creo que hoy indudablemente hay que pensar el sujeto feminista en alianza con otras identidades que se crean en su resistencia al orden heteropatriarcal. Pero, a mi juicio, de lo que no se trata es de disolver el sujeto del feminismo en esas otras colectividades, que deben tener sus propios sujetos. Lo que sí me parece urgente es que hoy, con las masivas movilizaciones feministas en la calle, con esta cuarta ola en puertas, repensemos y volvamos a estabilizar el sujeto político del feminismo. Porque no podemos dejar que se nos quiera usurpar el sujeto a las mujeres precisamente ahora, cuando la lucha feminista más necesita de un sujeto fuerte. Un sujeto que tiene que llevar adelante un proyecto feminista tan fácil de enunciar y tan difícil de hacer como es erradicar el patriarcado. Y hacerlo además a escala transnacional, a escala planetaria, reconociendo desde luego las diferencias culturales, locales, raciales, de clase, de orientación sexual, etc. Entre las mujeres. Pero reconocer esas diferencias no significa que se pueda hablar hoy de un postfeminismo, o incluso hablar de la postmujer (como hacen algunos discursos actuales). Y no cabe hacerlo, no cabe hablar de tanto post, cuando, como dice Fraser, todavía no estamos ni mucho menos en condiciones de hablar de un postpatriarcado.

En otras palabras, no podemos admitir que se siegue la hierba bajo nuestros pies y se pretenda acabar con el sujeto “mujeres” justo cuando el feminismo está volviendo a ser un movimiento emergente. Las mujeres, repitámoslo, pueden coaligarse con otros sujetos que como los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales o los transgénero están embarcados en una lucha contra el orden patriarcal heteronormativo. Pero sabiendo que centrar el foco de reivindicación en el reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual, como hacen esas colectividades, no será suficiente para hablar de un proyecto feminista que tiene que impugnar el patriarcado como sistema de dominación total. Es decir, entender el patriarcado sólo como heteropatriarcado es reductivo, ya que definir el patriarcado prioritariamente como sistema de dominación heterosexual es obviar que, además de eso, es también un sistema de opresión política y económica. Y el feminismo tiene que impugnar el patriarcado en toda su complejidad.

En nuestro mundo globalizado la realidad material de las condiciones de vida de muchas mujeres exige todavía pensar desde el feminismo un proyecto de emancipación social, político, cultural y personal. Y para ese proyecto se necesita hoy un sujeto fuerte, un sujeto “mujeres”, que a pesar de sus diferencias indudables tenga objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes porque padecemos dominaciones comunes por el hecho mismo de ser mujeres, como es el caso paradigmático de la violencia patriarcal.

En definitiva, y por decirlo brevemente, yo tengo muy clara una cosa: que defender que se deconstruya hoy el sujeto “mujeres”, que prescindamos de él como sujeto político del feminismo, sólo puede venirle bien a los propios intereses del patriarcado.

Una cosa es escenificar un pacto de Estado contra la violencia de género, para figurar en la foto mediática y en la oportunidad política, y otra muy distinta es contraer el compromiso real de llevarlo a efecto de manera urgente y hasta sus últimas consecuencias. Es fácil hablar de pactos para negar la custodia de los hijos/as a condenados por malos tratos y, con la otra mano, dejar en la indefensión a una madre maltratada y a sus hijos. Estamos hablando de una mujer aterrorizada y desprotegida, maltratada no sólo por su ex pareja, sino por la ley que la convierte a esta última de verdugo en víctima y le hace susceptible de amparo.

Ya se ha escrito mucho sobre el caso de Juana Rivas, que pone sobre el tapete que efectivamente hay un pacto, sí. Pero es el pacto patriarcal dirigido a silenciar y hasta a negar la violencia estructural contra las mujeres. Cómplice directo en ese pacto, la justicia no tiene una venda de neutralidad, ni equilibra el fiel de la balanza. La justicia es justicia con apellido: es justicia patriarcal y, por tanto, interesada.

Esto ya lo sabían las mujeres del siglo XVIII, cuando, como Olympe de Gouges, denunciaban que los derechos y deberes estaban promulgados sólo para la mitad masculina de la humanidad: para las mujeres sólo restaba la exclusión y el sometimiento a la ley. Una ley hecha para y por los hombres, y formulada con pretensiones de universalidad.

Lo que está sucediendo con Juana demuestra que las cosas no han cambiado mucho del XVIII para acá. Se parte a priori de que la mujer es culpable y, en todo caso, es ella quien tiene que demostrar lo contrario. Los delitos imputados a Juana, la imputación también de las profesionales que la han asistido, ponen a las claras que la ley –insisto, patriarcal– siempre se vuelve en contra de las mujeres.

Y se vuelve contra ellas porque, siguiendo la idea de la filósofa Celia Amorós, la ley y el sistema que la sustenta no da legitimidad a la palabra de las mujeres. De ahí que siempre se aplique la sospecha sobre sus testimonios, sobre sus relatos, sobre sus denuncias. El sistema patriarcal, como todo sistema de dominio, es paranoide: desconfía de lo que no es igual a sí mismo. Las mujeres, las otras, no pueden tener credibilidad, porque su palabra, su denuncia amenaza la misma línea de flotación de una estructura política y social que se quiere hacer pasar por natural. Por tanto, lo que hay que hacer con las mujeres es negarles la palabra, quebrar la legitimidad de su testimonio.

Sin embargo, las feministas sabemos que estamos asistiendo al inicio de la crisis más profunda del sistema patriarcal. Y reclamamos que se les devuelva a las mujeres la palabra y la ley. Por eso, entendemos que el auténtico pacto es el pacto entre las mujeres y los hombres que, apoyando a Juana Rivas, apoyamos la fe en un imperativo moral y legal: el del fin de la injusticia de género.

Condenar la violencia contra las mujeres, sobre todo en sus manifestaciones más luctuosas, es algo común hoy en nuestra sociedad. Algo que se hace individualmente, pero también a través de diversos vehículos de opinión. Cuando esos vehículos expresan el rechazo más generalizado a la violencia machista es de suyo esperar que no caigan tampoco en actitudes y publicaciones que perpetúen las causas de esa violencia. Es de esperar, en fin, que contribuyan a crear conciencia crítica.

Sin embargo, lamentablemente hay que decir que la mayoría de los medios más instalados en la opinión pública hacen, por el contrario, alarde de un cúmulo de contradicciones cuando, alineados contra la violencia machista, no dudan en reproducir los estereotipos de género en la que esta descansa. Es el caso de periódicos que siguen albergando en sus páginas anuncios de prostitución sin ningún pudor. O que publican reclamos con razón del Día de la Madre sobre un ranking de las madres “más cañón”. O, en casi todos los casos, que no hablan de asesinatos de mujeres ni de feminicidios, sino de mujeres “muertas”. Es el caso, en fin, de la manera de dar las noticias de tal modo que no socave el orden de género dominante.

Esos medios tienen que saber, sin duda, cuán poderoso es su papel para crear opinión. A estas alturas, es imposible que desconozcan hasta qué punto el dar noticias de un u otro modo tiene una influencia decisiva en la reacción de la sociedad. Y qué flaco favor hacen a la más que razonable idea de igualdad entre los sexos cuando publican artículos o hacen campañas en las que se vuelve a presentar a las mujeres como mero producto de consumo, como objeto sin más o como definitivamente seres inferiores. Una quisiera leer algunos periódicos sin sobresaltarse a cada paso por encontrar este tipo de despropósitos.

El problema es que no estamos, en lo que se refiere a los medios, ante meros despropósitos que puedan ser excusados como faltas menores. Los medios que tanto se posicionan contra la violencia de género tienen la responsabilidad, ética y política, de expurgar de sus contenidos todo aquello que la perpetúa. No es un sueño imposible que las noticias, los artículos de opinión, la publicidad, … dejaran de comprometerse con los valores más patriarcales, más desigualitarios y más dañinos para las mujeres.

Sabemos que hay medios que, decididamente, siempre van a jugar en contra de extender el pensamiento de la igualdad entre los sexos, que van a seguir en el amarillismo ideológico de reproducir las claves de la discriminación, porque ese es su ideario. Sin embargo, cuesta entender a aquellos medios que aparentemente podrían presentarse como aliados de esa causa y que, a poco que les dan la oportunidad, caen en el guiño fácil y descarnado a los lugares comunes de la estereotipia de género, que es la que más vende en el imaginario social.

Hoy cuando se habla de un pacto de Estado contra la violencia de género –un pacto que, por cierto, se pretende casi gratuito– quizá sea el momento de interpelar a los medios de comunicación para exigir que rompan esa cadena de contradicciones entre sus proclamas y sus hechos. Por ejemplo, que en lugar de inundar sus ediciones de publicidad y llenar huecos y huecos con la celebración del Día de la Madre, en una vorágine entre mística y consumista, dediquen espacios destacados a contrarrestar la percepción social de la violencia contra las mujeres como un dato natural de nuestro día a día.

El papel de los poderosos medios de comunicación que se presentan como aliados del progreso y la igualdad no puede seguir siendo el de, a la vez, erigirse en un dechado de contenidos patriarcales. Es hora de comprometerse de lleno con la erradicación de la violencia machista, cosa que pasa por un compromiso con la igualdad entre los sexos. Y, para eso, es hora de que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en ese objetivo. Mientras no sea así, seguirán siendo cómplices de la violencia y del machismo.

La prostitución se enmarca y se juzga tradicionalmente en relación con la moral sexual. El argumento más relevante contra esta institución consiste en señalar que generalmente no es algo libremente elegido, sino que su ejercicio se debe a la precariedad y la necesidad, así como a la falta de recursos económicos y sociales. Y esto es un argumento contra toda explotación sexual, dejando ahora de lado las cifras contundentes de la trata con tales fines. Sin embargo, la equiparación de la prostitución a cualquier otro trabajo, como por ejemplo se hizo en Alemania en 2001, alimenta la idea de la prostitución como elección libre que debe ser reconocida por un Estado de derecho. Esta situación amplía las fronteras del negocio económico y traslada el mensaje a niños y adolescentes varones de que están legitimados para comprar mujeres si necesitan cubrir sus necesidades sexuales.

Pero más allá de los puros intereses comerciales del mercado neoliberal, hay criterios morales, éticos y políticos que se han de poner en juego al hablar de la prostitución. Porque no estamos hablando de que los varones se limiten a satisfacer sus necesidades, sino de que lo hacen a costa del bienestar de las mujeres y de la compra de su sexualidad. Este hecho mismo convierte la relación prostitucional en un ejercicio de poder y de dominación, por la que una persona tiene que ponerse al servicio de otra pasando por encima de sus propios deseos o necesidades. Con ello la persona prostituida pierde el sentido de su propia sexualidad y de la decisión autónoma sobre la misma.

Frente a las pretensiones de la ética liberal de que con la prostitución “elegida” estamos ante un caso de libre consenso de las partes, cabe oponer que estamos ante la vulneración del principio de no-instrumentalización, esto es, de no convertir a la persona en medio para un fin, en el sentido kantiano. Con la prostitución se institucionaliza la vulneración de tal derecho. Con lo que nos encontramos en el terreno de la protección o desprotección de los derechos humanos. Y la legalización de la prostitución nos hace retroceder a estadios anteriores a la defensa de tales derechos.

Las vinculaciones entre prostitución y capitalismo neoliberal tiene raíces ya en la segunda mitad del siglo XIX europeo, cuando la industrialización obligó en particular a las mujeres de la clase trabajadora al trabajo con horarios extenuantes, sobre todo fabril, con sueldos miserables y con la sobrecarga del trabajo doméstico añadida. Muchas mujeres encontraron en esas circunstancias en la prostitución la única alternativa para conseguir un sueldo digno. De modo que cabe decir que la expansión del capitalismo fue de la mano del aumento de la actividad prostitucional, con lo que su carácter “natural” queda totalmente en entredicho y se pone en evidencia que se trata de un fenómeno sometido a condiciones históricas.

El carácter radicalmente histórico y no natural de la prostitución se evidencia cuando nos planteamos cómo se ha desarrollado a lo largo de los tiempos. La supuesta naturalidad y universalidad de la prostitución queda ya de entrada cuestionada si pensamos en que esta no se daba por ejemplo en pueblos indígenas, como los de la Polinesia. También sabemos que en el antiguo Egipcio no se dio esta institución. Y mujeres como Mesalina han pasado a la historia de Roma como prostituidas probablemente por no someterse al código patriarcal diseñado para la mujer. Pero más allá de un recuento de datos que contradicen esa supuesta universalidad de la prostitución, lo cierto es que esta alcanzó su mayor extensión al final de la Segunda Gran Guerra.

En los años 90 algunos países, como Holanda o Alemania, desarrollaron entramados legislativos que de hecho legalizaban la prostitución. Pero ello no ha redundado ni en la disminución de esta práctica de explotación sexual, ni en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres prostituidas: en todo caso, ha contribuido a acrecentar los beneficios de la industria del sexo. Frente a estas experiencias, países como Suecia y Noruega se han orientado a políticas de erradicación de la prostitución, principalmente sancionando a los supuestos “clientes”. Las experiencias en estos países hacen pensar que la abolición de la prostitución no es un horizonte imposible y vienen a refrendar el carácter histórico, construido y patriarcal de esta institución, que nada tiene pues de “natural”.

En la lucha por la erradicación de la prostitución como institución, Andrea Dworkin ha puesto de manifiesto que la prostitución como institución es el enemigo de las mujeres, puesto que representaba la cara más brutal del sistema patriarcal. Y, en consecuencia, hace un llamamiento a que el movimiento feminista debe comprometerse en su abolición. Frente a esta reclamación está, como es sabido, la posición de quienes defienden la legalización de la prostitución y su asimilación a un trabajo como cualquier otro.

Ambos extremos tienen en común que juegan dentro de los parámetros de un binarismo sexual, que da por supuesta la heteronormatividad sexual. Esta heteronormatividad prescribe cómo debe ser el deseo sexual, en tanto heterosexual, y excluye cualquier forma de sexualidad que no se inscriba en este marco. La prostitución también es abordada desde la perspectiva única, estereotipada y naturalizada de la sexualidad complementaria entre los sexos. Tal perspectiva asume que los varones son sexualmente promiscuos y fogosos, en tanto que las mujeres son pasivas y receptivas.

Esta construcción de la heterosexualidad redunda en relación con la prostitución en que el hombre que actúa como cliente es sexualmente activo y necesitado de manera irrefrenable de satisfacción sexual, en tanto que la mujer prostituida vendría a ser algo así como el receptáculo pasivo, por decirlo en términos aristotélicos referidos a la sexualidad femenina. Por tanto, aunque se estigmatice socialmente a la prostituida, se considera la prostitución una necesidad a la que los hombres tienen derecho por razón de su propia naturaleza sexual.

El negocio de la prostitución se basa en la reproducción de la normatividad heterosexual, antes que suponer una desestabilización de la misma. La prostituida tiene que cubrir las demandas del prostituidor y, a menudo, no sólo en cuanto a sus deseos sexuales, sino también en cuanto a las necesidades de este de hablar sobre sus problemas laborales o familiares. De manera que la prostituida debe entregar no sólo su sexualidad, sino también su emocionalidad. Por tanto, la prostituida tiene que poner en escena aquello que el prostituidor quiere comprar, y que implica varios ámbitos de su persona, además del sexual.

La experiencia abolicionista del gobierno sueco desde 1999 ha abierto una vía que han querido seguir países como Corea del Norte, Noruega, Finlandia, Islandia, Sudáfrica y recientemente Francia. Este modelo propone no sancionar a las prostituidas, a las que antes bien se les oferta formación y salidas laborales y terapéuticas, sino al cliente, desde una nueva comprensión de la masculinidad que no parte de las supuestas necesidades sexuales de los varones como legitimación de sus prácticas de explotación sexual. Este modelo entiende que la prostitución es violencia contra las mujeres y que va en contra de todas las legislaciones y las políticas de igualdad. La evaluación de esta política sueca realizada en el 2008 vino a refrendar, entre otras cosas, que con la misma habían disminuido las cifras de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Quizá, después de todo, algo está cambiando en los medios y en la sociedad misma frente a la percepción de la violencia de género. La publicación en eldiario.es de la noticia de 'Los trabajadores del Diari de Terrassa se rebelan contra la publicación de una viñeta machista' alienta esta esperanza. Porque los medios de comunicación son esenciales para generar rechazo o, por el contrario, tolerancia ante esta violencia. Esto es tanto como decir que el problema de la violencia contra las mujeres resulta ser también el problema del discurso en el que está inserta.

Para muestra, un botón: a estas alturas ya no es de recibo que, cuando una mujer es asesinada por la violencia de género, se publique una noticia en la que “una mujer muere”, obviando así el término “asesinato”. Tampoco es muy de recibo seguir hablando de “malos tratos”, que parecen remitir a otros que fueran “buenos”. Y estamos más que hartas de “presuntos” agresores a víctimas que, más que presuntas, son una realidad letal y palpable.

Es cierto que los medios se hacen eco de la violencia de género, pero en la forma de ir contabilizando las cifras –por cierto, cifras oficiales que siempre van por detrás de las cuentas que nos salen– de mujeres “muertas presuntamente por violencia de género” en las noticias de cada día. Con ello, se produce una percepción de goteo, algo que se convierte en un dato añadido a otros, sin remover en lo más mínimo la conciencia crítica ante esa sistemática práctica de terror patriarcal.

La escalada constante de la violencia contra las mujeres se convierte así en la crónica (gris) de una muerte anunciada. Por más que sepamos que va a seguir sucediendo, por más que resulte incalculable su magnitud en nuestro mundo globalizado, por más que nos salpique desde la radio, la prensa o la televisión, parece algo ya instalado en nuestro paisaje cotidiano sin que provoque mayores sobresaltos que el horror efímero ante acontecimientos luctuosos.

Por ello, la noticia de la rebelión de la plantilla del Diari de Terrasa ante un nuevo intento de banalizar y de someter a chanza la violencia contra las mujeres es un dato muy positivo, por mucho que el simple hecho de que algo así sea noticia no deja de ser también otro síntoma de la pasividad y la tolerancia con la que socialmente se asiste a esta brutal realidad.

Los medios de comunicación tienen un papel esencial como transmisores de valores y de reflexión crítica. Ya nadie puede creer en esa supuesta objetividad, que hace un corte radical entre hechos y valores, como si, tal como lo ha señalado el filósofo Hilary Putnam, pudiéramos hablar de los hechos desde un punto de vista neutral y exento de valores: desde lo que llama “el-ojo-de-dios”. De manera que la forma misma de informar es ya una toma de posición, es ya una transmisión de valores, es ya una apuesta por orientar al receptor en una u otra dirección. Y, por mucho que se hable de pacto de Estado, si la violencia contra las mujeres no es objeto de un pacto entre los medios para contribuir a su radical condena, para desenmascarar sus causas, para desvelarla como expresión extrema de un sistema de desigualdad entre los sexos, poco estaremos haciendo para su erradicación.

Recientemente he oído decir a alguna feminista, no precisamente insustancial, que la igualdad no va a acabar con la violencia de género. Puede que no, pero sí cabe decir que resulta ser una condición sin la cual ese futuro es totalmente impensable. Yo estoy convencida de que pegar a una mujer, humillarla y vejarla psicológicamente, utilizar a sus hijos para castigarla o, en el caso límite, asesinarla, sólo es pensable en unas sociedades donde las mujeres siguen siendo situadas en una posición de inferioridad. Es decir, que el grado civilizatorio de una sociedad se mide por cómo trata a sus mujeres. Y en nuestro mundo, tanto en el “avanzado” mundo occidental, como en las sociedades del denominado “tercer mundo” las mujeres siguen valiendo lo mismo: apenas nada.

Que los trabajadores de un medio de comunicación hayan puesto en jaque a su propio medio por ejercer violencia contra las mujeres –pues publicar algo vejatorio para las mismas también es ejercer violencia de género– es algo por lo que congratularnos. Es algo por lo que pensar que, poco a poco, aunque sea muy poco a poco, vamos consiguiendo, no sólo el rechazo, sino también la conciencia crítica. Una conciencia que nos hace más justos y, con ello, más humanos.

Lo que está sucediendo en estos momentos en Rusia testimonia cómo las conquistas sociales y, en particular, las de las mujeres se cimentan sobre terrenos arenosos que pueden ser socavados de la noche a la mañana. A iniciativa de dos diputadas y de dos senadoras del partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, se está tramitando en el Parlamento un cambio legislativo terrorífico: se trata de que la agresión en el ámbito familiar y, en particular a la mujer, sale de la vía penal y sólo será objeto de una multa administrativa de 500 euros y 15 días de trabajos comunitarios. Solo si, en el plazo de un año, el agresor vuelve a maltratar a la mujer podrá procesársele por vía penal y, en este caso, la justicia no actuará de oficio, sino que la propia víctima debe acudir ella misma a los tribunales y reunir todas las pruebas del maltrato recibido.

Con esta reforma se pretende que la justicia no “invada” el ámbito doméstico, según declaraciones de Putin. De manera que, ya de entrada, la óptica que preside la propuesta es la de que la violencia de género es un acto privado, un asunto de la vida personal, que no compete regular y perseguir desde el ámbito político. También, como asunto individual se comprende la vía judicial que pueda emprender la propia víctima una vez haya sido objeto de agresión por segunda vez en el plazo de un año. Todo ello deja inermes a las víctimas frente al agresor y frente a la institución. La desprotección es así absoluta y, sobre todo, la medida es disuasoria para que las mujeres denuncien a sus maltratadores.

Dar vía libre a que una mujer pueda ser agredida siquiera una vez con total impunidad es ya de por sí una manifestación de la aberrante percepción de lo poco que vale una vida femenina. Pero pretender además que, si la víctima no se resigna y denuncia a su agresor una segunda vez, tiene que enfrentarse con sus solas fuerzas a toda la maquinaria judicial no es sino alargar el maltrato por vía institucional. Pretender incluso que esta denuncia sólo entre por la vía penal si se produce por segunda vez en el plazo de un año, permite suponer que el agresor estaría legitimado para ejercer su violencia impunemente una vez cada año por un módico precio.

Que pueda siquiera plantearse seriamente una modificación como esta no es, desde luego, un asunto nada trivial: testimonia la voluntad política de invisibilizar la violencia contra las mujeres y convertirla en una práctica “normalizada”. No estamos ante opiniones peregrinas de individuos particulares, que manifiestan sus despropósitos para negar la violencia de género o para minimizarla. No: estamos ante una decisión de Estado, que tiene traducción en la vida jurídica y en la responsabilidad política para dedicar recursos y esfuerzos a atajar la violencia contra las mujeres. Se pone todo el peso de la prueba sobre la mujer agredida, y no sobre el agresor, y es aquella la que tiene que demostrar que la agresión ha existido y hacerlo una vez que se ha repetido.

Si no fuera por la enorme trascendencia que tiene que, a estas alturas, pueda legislarse en este sentido, parecería que estamos ante un chiste de mal gusto. Pero lo cierto es que esta injuriosa iniciativa está en trámite en el Parlamento ruso y que esa contundente realidad nos tiene que poner en alerta. En alerta sobre lo fácil que resulta que se dé una reacción en las conquistas para las mujeres. En alerta sobre el imaginario político que sigue considerando la violencia de género como una práctica “normalizada” de la vida privada. En alerta sobre cómo se puede volver a dejar a las víctimas de violencia desamparadas y desprotegidas por las instituciones. En alerta, en fin, sobre las muchas formas en las que se traduce todavía hoy una desigualdad sexual en la que se cimenta no un delito, sino un “derecho de propiedad”: el tan ancestral imaginario de “la maté –o para el caso, la pegué– porque era mía”.

Salga adelante o no esta aberrante modificación de la ley en Rusia –que tiene visos de que sí–, el simple hecho de que se pueda ni siquiera proponer algo así trasciende las fronteras de ese país y tiene que causar una conmoción generalizada. Debería ser objeto de denuncia y de impugnación por los gobiernos europeos y los organismos internacionales. Porque ese rearme violento ataca de plano todas las políticas de igualdad y, cuando viene de un Estado y sus leyes, los convierte en cómplices de los crímenes de violencia contra las mujeres.

En la sección de “Crónicas Bárbaras” –con un adjetivo muy acertado– de El Correo Gallego el periodista Manuel Molares do Val ha escrito una breve columna que titula “Víctimas de su sexismo”. En este artículo –que fue retirado de la edición en la página web tras un comunicado de repulsa del Colegio de Periodistas de Galicia, pero que apareció en la edición impresa– la tesis es contundente: son las víctimas de la violencia de género las culpables de sufrirla. Y, para argumentar su desatinada tesis, el periodista vierte opiniones como que “el miedo al feminismo radical consigue que pocos medios informativos se atrevan a recordar que hay mujeres que se entregan voluntariamente a hombres violentos sabiendo que pueden matarlas”. Y, ¿por qué?, sigue razonando Molares do Val: porque esas mujeres “se convierten voluntariamente en esclavas sexuales de posibles asesinos. Los siguen suicidamente por el placer físico que les proporcionan”.

Desdeñando “los consejos de los psicólogos que las atienden tras denunciar a su pareja”, prosigue el autor, las mujeres “establecen una relación morbosa” porque “esos hombres son buenos amantes” y, de ese modo, “reinciden buscando el éxtasis que demasiadas veces les trae la muerte”. Y, remata el periodista, “al culpar sólo al asesino, el feminismo más activo facilita la continuidad de esa cadena mortal”, en lugar de ocuparse de “advertir también que la mujer tiene que ser autorresponsable evitando machos violentos”.

Veamos, hay tres supuestos, o lindezas, en estas afirmaciones del autor: que a las mujeres les puede el morbo de la relación con el maltratador; que son ellas las únicas culpables de mantener esa situación arriesgando la vida; y que la violencia de género obedece a que hay “machos violentos”. Será cuestión de ir por partes ante tales afirmaciones, sin duda bárbaras y deudoras, por cierto y por desgracia, de un imaginario ancestral.

En cuanto al supuesto morbo de las víctimas, parece que este señor desconoce por completo los estudios más expertos sobre los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres. La mayoría de los especialistas hablan de estos factores para señalar la imposibilidad de establecer algo así como un catálogo claro y preciso de los mismos. Pero a la hora de desmitificar aquellas conductas que se asocian por lo común con “factores de riesgo” y que, sin embargo, en sentido estricto no lo son, una de las tesis que se rechaza de plano es la de que –como sostiene el señor Molares do Val– se pueda establecer factor de riesgo alguno asociado a un supuesto masoquismo o placer morboso por parte de la víctima.

Le recomiendo al periodista que, para disolver éste y otros fantasmas (o fantasías) acuda a ilustrase en fuentes expertas. Y, a la vista de su aversión por las mujeres y, más concretamente, las feministas, le recomiendo encarecidamente la lectura de los títulos de Miguel Lorente Acosta, algunos de los cuales gustosamente le indico en nota*.

Aparte de esta argumentación, no ya improcedente sino claramente caduca, el señor Molares do Val culpa a las mujeres de mantenerse en esa relación de violencia, aunque saben que puede costarles la vida. Ante esta nueva bajeza argumentativa, me remito a las palabras de la jurista norteamericana Catherine MacKinnon, quien afirma tajantemente: “Por qué una persona 'permite la fuerza' en lo privado (la pregunta de por qué no se marcha que se hace a las mujeres maltratadas) es una pregunta que se convierte en un insulto por el significado social de lo privado como si fuera una esfera de opción. Para las mujeres la medida de la intimidad ha sido la medida de la opresión”.

Efectivamente, en la intimidad se intimida a las mujeres y el pánico al agresor, cimentado en la anulación de la propia autoestima, es la respuesta más clara a por qué una mujer maltratada se resiste a romper el vínculo o a denunciar. El respaldo que una mujer necesita para dar estos pasos es proporcionalmente tan grande como el terror en el que vive. Pretender que sólo depende de su voluntad acabar con el círculo del maltrato es tanto como pretender insidiosamente que estamos hablando de un problema individual, personal y de conciencia de la propia mujer; es negar la necesidad de una implicación social e institucional; es, en fin, tan inaudito a estas alturas como querer volver a confinar esa violencia estructural al ámbito de lo privado como si fuera poco menos que “un asunto de alcoba”.

Por último, el señor Molares do Val se despacha contra el feminismo que no advierte a las mujeres para que eviten los “machos violentos” –¡lo que, al parecer, les hace según el periodista ser “buenos amantes”!–. Atribuir la violencia de género al carácter violento de algunos machos no tiene otro objetivo que el de abstraer esta de todo discurso sobre la desigualdad entre los sexos y evitar, con ello, ir a las causas últimas que hacen posible esta violencia. Una violencia que no es violencia sin más, sino que, como la ha expresado la norteamericana Carol Sheffield, es “poder sexualmente expresado”.

Hablar del carácter violento de determinados “machos”, cuya conducta es de suponer que respondería a un exceso de testosterona, es obviar la causa por el efecto: es querer hacer pasar lo que es estructural por un hecho individual, por el que las mujeres individuales vuelven a ser culpabilizadas de no saber distinguir a esos impetuosos varones individualmente arrastrados por la fuerza de su singular agresividad.

De nuevo conviene recomendar al señor periodista que lea a los expertos: ni los ingresos económicos, ni el nivel de educación, ni el estatus social ofrecen datos relevantes para poder diseñar un perfil del maltratador que pudiera comprenderse como factor de riesgo. E incluso en el caso del llamado “agresor patológico”, cuya conducta de agresión obedece a trastornos de la personalidad o a enfermedades mentales, los expertos nos dicen que estos casos componen un porcentaje tan escaso del total de los casos de violencia de género que hay que desechar su tratamiento como factor de riesgo.

Yo creo que el señor Molares do Val, a pesar de sus injuriosas argumentaciones para hacer de las víctimas verdugos, tiene que saber que, en última instancia, el ser mujer viene a resumir la motivación última de esta violencia masculina. Y tiene que saberlo porque sólo ello explica su denodado esfuerzo por insultar a las mujeres víctimas de violencia y por desviar la atención del verdadero problema: que la violencia de género no puede atajarse sin cambiar las estructuras profundas de nuestra desigualdad socio-sexual. Que, en fin, estamos ante una auténtica tragedia de género, por mucho que se pretenda hacerla pasar por poco más que una comedieta vulgar.

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*LORENTE ACOSTA, Miguel; Toquero de la Torre, Franciscol: Guía de la buena práctica clínica en abordaje en situaciones de violencia de género, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004. Mi marido me pega lo normal, Editorial Crítica, 2001; ediciones de Bolsillo, 2003. El Rompecabezas. Anatomía del maltratador, Editorial Crítica, 2004.

La violencia contra las mujeres, cuando se expresa en sus formas más luctuosas, provoca afortunadamente un rechazo generalizado y una creciente alarma social. Sin embargo, las causas de esa violencia parecen antojarse como invisibles o misteriosas, permanecen como un interrogante indescifrable en el imaginario colectivo o, como mucho, asimilado a la violencia sin más. El rechazo del hecho violento no va así de la mano de la conciencia crítica. Y tampoco hay una pedagogía orientada a hacer inteligible que esta violencia, antes que bastarda, tiene un apellido muy definido: es violencia de género.

La violencia de género no se puede entender como expresión de la violencia en general. Si se entiende así, se olvida que, como lo decía la norteamericana Carol Sheffield en 1992 al hablar de “Sexual Terrorism”, estamos ante una forma de agresión que está tan enraizada en nuestra cultura que es percibida como el orden natural de las cosas o que, incluso, a veces ni siquiera es percibida. Esta forma de agresión se ejerce como maltrato, como incesto, como pornografía, como acoso, como violación, como ablación, como prostitución, como trata, como asesinato… Se ejerce, en fin, en las múltiples caras del terror.

Este ejercicio de atemorizar a las mujeres tiene un objetivo claro: controlarlas y dominarlas. En su manifestación más extrema del asesinato no se trata, como ya lo señalaba en 1995 Ana María Pérez del Campo en Una cuestión incomprendida: el maltrato a la mujer, de una violencia que pueda achacarse al perfil o a las características psicológicas del maltratador. Se trata de una violencia que se ampara en la estructura misma de la desigualdad entre los sexos que vertebra nuestras relaciones sociales. Esto es tanto como decir que la misma estructura social que, a través de diversos vehículos de expresión, condena las manifestaciones luctuosas de la violencia de género, perpetúa a la vez las condiciones de dominio de un sexo sobre otro como estructura central de relación y, con ello, sigue haciendo posible esa violencia.

Cuando escribo esto en nuestro estado ya son 59 mujeres y 2 niñas las víctimas mortales por violencia de género en el 2016, según contabiliza el movimiento feminista; 44 víctimas mortales y una menor según cifra de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En todo caso, se trata, sin duda, de cifras alarmantes, sobre todo porque constituyen sólo la punta del iceberg de una violencia omnipresente y soterrada que, con sus múltiples caras, permea toda nuestra cotidianeidad. Una cotidianeidad en la que la opresión contra las mujeres se recubre habitualmente como amor y que justifica así las conductas violentas de los hombres sobre las mujeres por motivos amorosos o pasionales. Es un espejismo pretender acabar con esta violencia mientras no se acabe con sus causas estructurales, unas causas que son bien precisas y que están enraizadas en la forma de opresión más paradigmática: la opresión de las mujeres que, incluso en sociedades formalmente libres e igualitarias, perpetúan sus condiciones materiales de desigualdad.

Leer la violencia de género fuera de este contexto es no comprender nada o no querer comprenderlo. Porque, como lo dice la jurista norteamericana Catherine MacKinnon, preguntar “Por qué una persona «permite» la fuerza en lo privado (la pregunta de por qué no se marcha que se hace a las mujeres maltratadas) es una pregunta que se convierte en un insulto por el significado social de lo privado como esfera de opción. Para las mujeres la medida de la intimidad ha sido la medida de la opresión”. Y MacKinnonn hace esta reflexión ya en 1995 en Hacia una teoría feminista del Estado. Sacar de lo privado esta violencia y dimensionarlo al ámbito político fue la voluntad de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y sin duda, aun con las revisiones que fueran hoy pertinentes, esa ley tuvo una enorme función pedagógica y supuso un tremendo avance en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres.

Esa ley pecaba, sin embargo, de cierto optimismo al declarar en su Exposición de Motivos que hablaba de algo que “Ya no es un 'delito invisible', sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social”. Ese rechazo y esa alarma no parecen haber redundado ni en una aplicación estricta de esta ley, ni en la amplificación de los recursos destinados a aplicarla, ni en la concienciación colectiva de las causas estructurales de ese delito. Con todo, esta ley ha constituido un avance importante en la lucha contra la violencia de género que, afortunadamente, marca un punto de no retorno.

Pero la sociedad, que se lamenta y guarda minutos de silencio ante cada asesinato de una mujer, sigue presa de la estupefacción y del interrogante ante este fenómeno. No hay voluntad política de trasladar a esa sociedad la respuesta a su incertidumbre, una respuesta que implica socavar los fundamentos mismos de los modos de vida y de relación en los que estamos inscritos. La violencia de género es violencia patriarcal y sólo desaparecerá cuando desaparezca ese sistema de dominación que, no sólo la hace posible, sino que la requiere como condición de su subsistencia. Mientras tanto, cada mujer asesinada por violencia de género engrosa el obituario de nuestra hipócrita y farsante igualdad.

Cuando oigo hablar de “feminizar la política” se me viene a la cabeza la reflexión que la filósofa Celia Amorós hacía ya en el 2005, cuando escribía: “¿Nos echan de la polis por ser masculina? ¿o más bien nos hacen creer que es masculina porque nos echan?”. En cualquier caso, lo que parece claro es que el ámbito de la política se ha constituido como el ámbito de los pactos patriarcales y ha hecho elisión de las mujeres.

Sin duda es un objetivo deseable humanizar la política, con valores que, más allá de la agresividad o la competitividad, radiquen en la solidaridad y la inter-dependencia, y pongan en primer plano la necesidad del cuidado. Pero, que estos valores se hayan asignado a las mujeres no significa que sean “femeninos” por sí mismos y que llevarlos al ámbito de la política sea “feminizarla”. Porque entonces estamos aceptando de entrada que la política es masculina, nos estamos creyendo el relato más androcéntrico para justificar que las mujeres no tengan acceso a la plaza pública.

Hablar de “feminizar” la política es equivalente a hablar de recambiar los “valores masculinos” por otros asignados a lo femenino, con lo que ya a priori se parte de que hay una distinción neta entre valores femeninos y valores masculinos. Y que de lo que se trata es de sustituir los segundos por los primeros. Más que de un discurso sobre la construcción socio-simbólica de la diferencia entre ambos tipos de valores, asistimos así a un discurso cuasi-ontológico que parece apelar a una suerte de “estado de naturaleza” donde, antes de la cultura y como orden previo, pudiera evocarse una suerte de identidad femenina.

Este discurso, tan viejo como androcéntrico, piensa lo femenino como sinónimo de madre, de madre-cuidadora, de madre-naturaleza: de madre-doméstica, en fin. La pretendida revalorización de lo femenino por esta vía está ya en discursos tan poco ilustres como el de Rousseau, cuando en su Emilio o de la educación en el siglo XVIII, escribe sobre los sexos con el objetivo de sancionar la desigualdad entre ellos y relegar a las mujeres de los asuntos políticos en virtud de determinadas características femeninas “naturales”.

Habremos, sin embargo, de conceder el beneficio de la duda a esta proclamación actual de “feminizar la política” y suponer que sus fines no coinciden con los fines del patriarcalismo rousseauniano. Sus fines serían alcanzar una sociedad más humana, más justa y menos embarcada en los valores de un sistema neocapitalista depredador. Pero, ¿siempre es bueno para las mujeres hacerlas iconos de un catálogo de valores específicos y deseables para una humanidad mejor? Y, ¿de dónde sacar ese catálogo si no es de lo que el propio patriarcado ha reconocido como femenino cuando nos ha reconocido como “nada más que mujeres”, como lo dice Susan Wolf? Y, aún más, ¿queremos ser reconocidas en estos términos? Pero ¿acaso hay otros en los que reconocernos como mujeres?

En definitiva, si es el propio pensamiento patriarcal quien ha establecido estos valores como femeninos, es el propio pensamiento patriarcal quien, al reivindicarlos, “feminiza” la política. Y, por lo tanto, sigue siendo el propio pensamiento masculino el que establece lo que ha de ser y lo que no ha de ser la política. Ahí las mujeres nada tenemos que ver: como decía Francois Collin, se trata de hablar de “lo femenino sin las mujeres”. Porque las mujeres, desde un sano nominalismo, son individuas singulares y concretas, determinadas, que pueden participar en la política como tales. Cuando su participación parte del discurso feminista, estas mujeres se convierten en agentes de un proyecto de emancipación político y social que, ya de por sí, es requisito para una sociedad y una política, antes que “feminizadas”, simplemente “humanas”.

Asistimos, por tanto, en la reclamación de “feminizar la política” a un nuevo discurso que, haciendo abstracción de las mujeres singulares y concretas, determinadas en sus condiciones materiales de vida, se presenta como un discurso normativo sobre lo femenino. Lo femenino se asocia al cuidado, a la solidaridad, a la comunidad y es reclamado ahora como esencialmente constitutivo de una nueva forma de política.

Pero, como el feminismo es, en términos de Amelia Valcárcel, una “filosofía de la sospecha”, cabe ahora que sospechemos de ese denodado impuso por “feminizar la política”. Pues, ¿en nombre de quién se reclama? Y, ¿por qué se reclama ahora, justamente ahora, cuando las mujeres empiezan a emerger en el ámbito de la política pública?

La voluntad política para “feminizar” este ámbito no puede ser confundida con valores tradicionalmente asociados a las mujeres. La voluntad política para hacer de la política otra cosa es una demanda colectiva, de mujeres y hombres, en su enfrentamiento con las inhumanas condiciones de la política neoliberal y neocapitalista. Hacer coincidir esa demanda justa y necesaria de un cambio en la política con un intento de “feminizarla” es caer de nuevo en una de las acepciones de la mala fe de la que ya hablaran los filósofos Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir: es negar la libertad en orden a una supuesta necesidad, que en este caso sería la necesidad de apelar a valores supuestamente femeninos como necesarios cuando a lo que hay que apelar es a la libertad de enfatizar los valores que ambos sexos tienen en común en tanto que humanos.

Seguir inmersos e inmersas en la misma trampa patriarcal, esto es, en reclamar unas identidades masculinas y femeninas con unos valores propios, más allá del discurso androcéntrico y patriarcal que las ha establecido como tales, es no querer mirar más allá de los estereotipos de género que, por cierto, nunca han resultado favorables a las mujeres en su realización como seres humanos, nada más y nada menos que humanos.

En resumidas cuentas, si nos interrogamos sobre quién “feminiza la política”, la respuesta a este interrogante es: de nuevo, no nosotras, las mujeres. De nuevo estamos ante un escenario del pensamiento patriarcal que, en este caso, nos sitúa en las redes categoriales y simbólicas de su propio pensamiento en el que nos aprisiona: proyectadas de nuevo como la sombra de la caverna platónica que es androcéntrica y masculina por excelencia y que nos utiliza como pro-yección de sus propio intereses.