Estos días ha quedado claro el papel central de la vivienda como protección básica. Y, a la vez, la obligación de quedarnos en casa ha resaltado las graves deficiencias que acumula nuestro sistema habitacional. Muchas ciudades hemos reaccionado para atender de forma urgente a personas sin hogar o confinadas en infraviviendas. Pero el nuevo contexto de crisis económica, agravará aún más la emergencia habitacional y exigirá actuaciones valientes que van mucho más allá de la capacidad del ámbito local.

¿Qué políticas de vivienda vamos a necesitar? La experiencia de la crisis de 2008, nos permite mirar al pasado y aprender de lo que no funcionó. En 2012, con más de 70.000 desahucios en todo el Estado, el Gobierno apostó por un rescate bancario millonario sin ninguna contrapartida: ni se pararon los desalojos, ni se movilizaron esos centenares de miles de viviendas hacia el alquiler público. Se recortaron las ayudas al alquiler y también lo poco que se destinaba a la construcción de vivienda pública, mientras se impulsaban rebajas fiscales para que la inversión privada especulativa “reactivara el sector”. Al año siguiente, esos mismos inversores consiguieron precarizar los contratos de alquiler y reducirlos a tres años.

Sólo ocho años nos separan de unas medidas que arrasaron el derecho a la vivienda. Y, sin embargo, algunos responsables políticos, como Isabel Díaz Ayuso, insisten en ese modelo: vender suelo, suprimir licencias, pelotazo y nada de limitar precios. Las medidas tomadas por el Gobierno actual, como la moratoria hipotecaria, la suspensión de los desahucios, y la prórroga de los contratos de alquiler, aunque pueden parecer insuficientes, dibujan un modelo opuesto a las recetas que el PP puso en marcha en 2012. Sin embargo, la dimensión de la crisis social que se avecina, comparable a la sanitaria, exigirá respuestas mucho más ambiciosas.

Los desahucios no pueden volver a ser parte de la “nueva normalidad”, por eso es necesario extender al menos seis meses más su suspensión y ampliar la prórroga de contratos de alquiler, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad. Y en paralelo instaurar por ley procesos de mediación para llegar a acuerdos antes de iniciar una demanda de desahucio.

La crisis social y económica nos obliga a aumentar el parque de vivienda asequible. Debemos buscar fórmulas que permitan alojar de forma estable a familias en situación de vulnerabilidad en pisos turísticos, hoy vacíos, que responden a un modelo turístico insostenible. Y a la vez, trabajar para construir viviendas lo más rápido posible, bajo criterios de máxima calidad y sostenibilidad. Pero esta vez la prioridad debe ser el alquiler público junto con otras fórmulas de tenencia, como las cooperativas en cesión de uso. La innovación debe llegar al sector de la construcción y lo puede hacer con una apuesta clara por fórmulas constructivas industrializadas, modulares, de larga tradición en otros países europeos. Pero aún más importante en términos de reactivación económica y de lucha contra la emergencia climática es impulsar un programa ambicioso de rehabilitación que busque, además del ahorro energético, mejorar la calidad de nuestros pisos. 

Nada de eso será posible sin una financiación pública potente. Durante los últimos años Barcelona ha dedicado cerca del 5% del presupuesto municipal, pero el Estado y la Generalitat a duras penas han comprometido un 1% de sus recursos a la vivienda. Necesitamos que ambos reviertan sus recortes de la última década y sitúen las políticas de vivienda en el centro de sus presupuestos.

Si queremos que el alquiler asequible dé el salto de escala que necesitamos, el sector privado tiene un papel clave que jugar. Para que esta colaboración sea fructífera hacen falta nuevas reglas del juego que bonifiquen fiscalmente la construcción de alquiler estable y asequible, e impulsen, en cambio, medidas que dificulten la especulación. En este sentido, un primer paso imprescindible es abordar la regulación de los alquileres para dotarlos de estabilidad y que se acomoden a la capacidad adquisitiva de la población.

En realidad, la crisis sanitaria no ha hecho más que subrayar los fallos de un sistema habitacional que hacía aguas. No es casualidad que las mejores respuestas a la emergencia, desde la activación de miles de camas para personas sin techo, hasta la moratoria de todos los desahucios o la prórroga automática de los contratos de alquiler, constituyan reivindicaciones sociales históricas que hasta hace muy poco parecían imposibles.

Construir una salida justa dependerá de la capacidad de escucha y articulación entre todas las administraciones y el tejido social. Por ello, desde Barcelona proponemos la constitución de un Pacto de Estado por el derecho a la vivienda que aborde al más alto nivel las reformas estructurales imprescindibles para que la garantía del derecho a la vivienda constituya una oportunidad de cohesión social, de reactivación económica y de lucha contra el cambio climático. Ni podemos repetir errores ni hay tiempo que perder.

Esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler. Una evidente mejora con respecto a la situación actual que aportará mayor estabilidad a todas aquellas personas que viven de alquiler. Así, se alarga la duración de los contratos de tres a cinco años, si quien arrienda es una persona física, y hasta siete en el caso de que la propiedad esté en manos de una persona jurídica.

Además, a diferencia del anterior Decreto fallido que el Partido Socialista intentó aprobar hace unos meses, la nueva legislación recupera derechos que el Partido Popular había eliminado en 2013: la actualización anual del precio del alquiler vuelve a estar vinculada al IPC y asegura que, en caso de venta del piso, el alquiler deberá ser respetado aunque no esté inscrito en el Registro de la Propiedad. Cuestiones claves teniendo en cuenta la nueva duración de los contratos y el contexto actual en que la compra-venta de inmuebles con fines especulativos es cada vez más intensa.

La nueva norma establece también que los gastos de gestión deberán ir a cargo de la propiedad si se trata de una persona jurídica, y se alarga de 30 días a 4 meses el tiempo de aviso que la propiedad debe conceder a las personas inquilinas en el caso de que no les quiera renovar el contrato. En materia de desahucios, por un lado se introduce la obligación de que los juzgados se comuniquen de oficio con servicios sociales para asegurar una buena atención a las familias en situación de vulnerabilidad, y por otro se da un paso más para impedir la práctica brutal y abusiva de los “desahucios abiertos”, desalojos sin fecha y hora exacta que suponen una vulneración de los derechos de las familias afectadas.

Sin embargo, pese a los avances de la reforma, seguimos lejos de las mejores prácticas europeas. La nueva ley ni permite a los ayuntamientos impedir subidas abusivas entre contrato y contrato, ni elimina los privilegios fiscales de los que disfrutan los fondos de inversión especulativos que hoy destrozan el tejido vecinal y las comunidades de los barrios. La negativa del Partido Socialista a cumplir la totalidad del acuerdo de vivienda, que desde el grupo Confederal habíamos conseguido arrancar en la negociación de presupuestos, ha impedido la inclusión de ambas medidas.

Si vivir de alquiler es cada vez más difícil en tantas ciudades de España es en gran medida consecuencia de una legislación estatal que lleva décadas impulsando la mercantilización de la vivienda, en lugar de tratarla como un derecho básico. Al igual que las hipotecas en su momento, hoy el alquiler se ha convertido en un producto especulativo que devora los ingresos de las familias de clases populares y clases medias.

Según datos europeos, España es el país europeo con mayor tasa de sobresfuerzo para pagar el alquiler. Su encarecimiento dificulta aspectos tan básicos para el buen funcionamiento de las ciudades como la emancipación de la gente joven, la cohesión de nuestros barrios o la incapacidad de contar con profesionales imprescindibles – los famosos “keyworkers” – como personal sanitario, educativo, investigadoras, etc.

Pese a la gravedad de la situación, desde el primer momento resultó claro que el PSOE sería hostil a revertir los privilegios históricos del poder inmobiliario. Quedó en evidencia cuando intentó aprobar sin previo aviso un primer texto que, no por casualidad, dejaba fuera gran parte de los avances que finalmente se incorporan. Y lo volvimos a experimentar durante la negociación del presente Decreto en la que se negaron a incorporar los sistemas europeos de control de rentas.

Las exigencias de los fondos buitres y promotores especulativos que llevan años dirigiendo las políticas de vivienda del país han impedido una reforma a la altura de las circunstancias. Pero la demanda ciudadana de corresponsabilizar a un sector que lleva años campando a sus anchas sin cortapisa alguna no ha caído en saco roto.

De hecho, los avances que se le han arrancado al PSOE en el nuevo texto no hubiesen sido posibles sin una ciudadanía organizada y vigilante. En la calle nadie duda de que sin control de precios de alquiler no hay derecho a la vivienda. Ahora, hacen falta gobiernos valientes que se atrevan a poner límites a esta nueva ola de especulación de global que acecha a nuestras ciudades.

Este año celebramos el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI del Estado español, que tuvo lugar en un espacio que ha sido siempre escenario de diversidad: la Rambla de Barcelona. Dispersados por la policía con balas de goma, 4000 activistas por la libertad sexual y de género reivindicaron entonces su existencia en el mismo lugar donde hace apenas unas semanas la barbarie quiso negar la vida. Su marcha fue un gesto de afirmación cuyos lemas enlazan con la fraternidad ciudadana vivida después de los atentados del 17 de agosto: “Nosaltres no tenim por, nosaltres som!”.

Ahora, después de cuarenta años de intenso activismo contra las estructuras de poder que han perseguido, judicializado y medicalizado sus vidas, el debate entorno las políticas LGTBI entra al centro mismo del Estado, el Congreso de los Diputados. Y lo hace con una ley que recoge gran parte de sus reivindicaciones históricas. El próximo martes, En Comú Podem defenderá en el pleno el Proyecto de ley integral LGTBI (Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales), que ha sido elaborado por decenas de colectivos de todo el Estado, no sólo aquellos integrados en la Federación estatal de lesbianas, gays transexuales y bisexuales, sino también muchas otras entidades y activistas establecidos por el territorio español.

Estamos ante un momento histórico. El martes empezará la andadura parlamentaria de un texto destinado a mejorar las vidas de las personas LGTBI, en tanto su aprobación les dotaría de derechos históricamente negados y les daría un marco de protección específico contra la discriminación. Pero el objetivo de la ley es más amplio; su articulado es también un paso más hacia la transformación de las lógicas de género impuestas por lo que se ha venido a llamar heterocispatriarcado: ese conjunto de normas sociales y jurídicas que obligan a que nuestra orientación sexual, identidad de género y expresión de género esté en consonancia con la “normalidad”, una “normalidad” definida por un binarismo que expulsa a los márgenes a todo aquello que no se integre en los binomios “hombre/mujer” o “masculino/femenino”.

Es obvio que una ley no puede transformar inmediatamente un orden establecido históricamente pero sí puede poner ciertas bases que permitan abordar la naturaleza estructural del problema. Ésta es una ley ambiciosa, que cubre todas las etapas de la vida y ámbitos sociales, y que intenta no caer en la trampa liberal de creer que los culpables de la LGTBIfobia son unos pocos individuos que actúan fuera del sistema. Es importante reconocer y abordar el crecimiento de las agresiones LGTBIfóbicas, que según datos del Minsiterio del Interior aumentaron en un 36 % el pasado año, pero más importante aún es señalar la naturaleza sistémica de la LGTBIfobia y cómo ésta emana muchas veces de las propias estructuras de Estado. Por eso esta ley propone modificar directamente nuestro sistema sanitario, laboral, educativo y administrativo, a la vez que incidir en el ámbito cultural.

En el ámbito sanitario, la ley apuesta por una visión despatologizadora de la transexualidad: no estamos ante una enfermedad o trastorno, sino ante una expresión de la diversidad de género. Por ello, se propone un modelo de acompañamiento a la salud trans basado en la libre autodeterminación del género. En el ámbito educativo se establece un plan sobre educación y diversidad de género que estará presente desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, y se modificará el material didáctico para eliminar el sesgo discriminatorio hacia la diversidad. La ley promueve la creación del Centro de Memoria Histórica LGTBI, cuyo objetivo será revertir la invisibilización histórica de las personas LGTBI, algo que no es sólo de justicia sino que repercutirá positivamente en la riqueza de nuestro acervo cultural.

La ley pretende hacer justicia a las personas que han estado tradicionalmente en los márgenes de las políticas LGTBI. Del jurista trans Dean Spade, que ha desarrollado una crítica a las políticas contra la discriminación por LGTBIfobia, rescatamos su advertencia del riesgo que supone retocar mediante este tipo de iniciativas jurídicas sólo la fachada de la violencia neoliberal, que es lo que en último término perjudica y margina aún más a las poblaciones LGTBI más vulnerables. Es por eso que no hay una verdadera política de género si no se acompaña de un cambio social a gran escala. En la medida de lo posible, esta ley contribuye a esta voluntad de cambio poniendo el foco por primera vez en los colectivos LGTBI con más riesgo de precarización o que son víctimas de discriminaciones múltiples: además de ser una ley feminista, que incluye perspectiva de género transversal a todo el articulado, contiene artículos específicos para personas LGTBI de edad avanzada, las personas migradas o solicitantes de asilo, las que están privadas de libertad o las menores y adolescentes. A las mujeres trans, que sufren grandes niveles de violencia, les reconoce una especial protección y establece que se les aplique la ley de violencia de género. En cuanto a violencias, es importante destacar también que esta ley regula por primera vez a nivel jurídico la violencia intragénero, que es aquella que se da entre los miembros de una pareja sentimental del mismo género.

La defensa de esta ley se ubica en un proyecto político amplio con el que En Comú Podem busca recoger las demandas del activismo feminista y LGTBI y promover una transformación social profunda en cuanto al género. El siguiente paso será el registro, antes de fin de año, de una ley integral trans, proyecto liderado por la Plataforma de Derechos Trans. El activismo trans lleva décadas luchando contra la invisibilización a la que sido sometido muchas veces dentro del mismo colectivo LGTBI. Ha llegado la hora de que, también en las instituciones, las personas trans se pongan a la cabeza del cambio social. No en vano, en nuestra sociedad, como dice la historiadora e investigadora trans Susan Stryker, “cada vez que una persona trans respira, realiza una pequeña revolución”.

A Mariano Rajoy el veiem gairebé cada setmana de ple assegut al seu escó. Normalment, però, s'absenta els dimarts, quan debatem i votem mocions o proposicions no de llei, iniciatives parlamentàries que tan sols poden “instar” el Govern a actuar. Aquí el PP no es juga res. Aquests dies tirem endavant, moltes vegades amb el suport del PSOE, iniciatives que de convertir-se en lleis garantirien el dret a l'habitatge, incrementarien el salari mínim a 800 euros el 2018 o permetrien implementar de manera gradual uns permisos parentals iguals i intransferibles de 16 setmanes.

Però els dijous, la bancada del PP acostuma a estar completa. Cap membre del Govern sol faltar quan es vota algun Reial Decret o Projecte de Llei amb efectes legislatius concrets, immediats. El Partit Popular, protagonista de centenars de casos de corrupció que dia rere dia surten a la llum pública, governa el país cada setmana des del Congrés. I aconsegueix fer-ho perquè, alternativament, compta amb els suports de PSOE i Ciutadans.

Aquest Govern, que en vista dels últims esdeveniments cada cop s'assembla més a una organització mafiosa, ha aprovat amb el suport de Ciutadans i del PSOE un objectiu de dèficit i un sostre de despesa que consolida l'austeritat en els pressupostos de l'Estat. De poc serveix després que en els debats dels dimarts, o en alguna comissió, el PSOE li recrimini les seves retallades, igual que ho fem nosaltres. El pressupost és el que és i no es pot fer una altra cosa, venia a dir aquesta mateixa setmana el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, quan intentava justificar una disminució acumulada del 40% des del 2013 en el pressupost destinat a polítiques d'habitatge. I ho diuen sense cap vergonya, quan cada dia veiem que el seu partit ens està robant a mans plenes. Amb quina legitimitat pot un projecte polític defensar retallades de recursos, drets i llibertats que afecten la majoria de la ciutadania mentre alguns dels seus principals dirigents es dediquen a omplir-se les butxaques?

Es manté al Govern a un partit al qual se’l defineix en algun aute judicial com a organització criminal; a un partit que ha donat lloc, entre d'altres, als casos Bárcenas, Palma Arena, Gürtel, Taula, Púnica i a la recent operació Lezo. Parlem d'un president del Govern cridat a declarar pel finançament il·legal del seu partit, d'ex-Secretaris d'Estat, ex-presidents de CCAA, i altres alts càrrecs liderant, juntament amb els seus familiars, xarxes de frau, estafa, blanqueig, malversació, suborn o blanqueig de capitals, entre d'altres. Parlem de grans (grandíssimes) empreses privades que a canvi de quedar-se amb contractes milionaris de l'Administració Pública, retornen aquests favors a partits i els seus dirigents com millor convingui. Parlem d'utilitzar el poder polític, judicial i mediàtic, les influències i els contactes, per saquejar els recursos de totes, mentre s'aparta a jutges i fiscals que destorben quan intenten fer la seva feina amb independència. Aquest és el partit que setmana rere setmana guanya les votacions transcendents al Congrés.

Així que davant del mantra del PP, aquell que Cospedal i Rajoy s'esforcen a repetir sense descans, que la corrupció és només cosa d’“alguns”, només cal dir que ja n'hi ha prou de prendre'ns per idiotes. I a Ciutadans caldria dir-li que res del que està passant se soluciona únicament limitant mandats i acabant amb els aforaments. El seu fals paper de representants de la regeneració política, proposant mesures que no ataquen les veritables arrels de la corrupció, els pot acabar convertint en els promotors d'una ridícula operació cosmètica.

Iniciar converses amb altres partits polítics, moviments i organitzacions socials per impulsar una moció de censura que aconsegueixi fer fora el PP del Govern no es tracta únicament d'una qüestió de responsabilitat política o ètica. Es tracta d'intentar donar una resposta útil a la moltíssima gent que pensa que el que passa ja no es pot aguantar més. Es tracta de lluitar amb totes les eines que cadascuna tinguem al nostre abast per a protegir i restaurar els nostres drets, els nostres recursos públics i unes institucions que ens haurien de pertànyer a totes, i no a uns pocs i als seus amics. Aquesta mal anomenada crisi ens ha ensenyat, entre altres coses, que no ens podem permetre pensar que hem de resignar-nos. Seria el pitjor que podríem fer.

Perquè la moció de censura prosperi i tiri endavant serà imprescindible la participació i el suport del PSOE. Esperem que, a poc a poc, quan es vagin coneixent més detalls dels últims casos investigats, i també a mesura que s'acostin les seves primàries, reconsiderin la seva negativa inicial. I és que més enllà de les crítiques a la “teatralització” de la iniciativa, la veritat és que, arribats a aquest punt, la proposta d'impulsar una moció de censura, hauria de ser útil també per al PSOE si algun dia vol començar a actuar com un veritable partit de l'oposició.

No obstant això la utilitat, l'oportunitat i l'èxit de la proposta dependrà també del que passi més enllà dels grups polítics. I és que la capacitat que la ciutadania organitzada ha demostrat per lluitar contra la corrupció ha quedat àmpliament demostrada. Aquí està, entre altres exemples, 15MpaRato aconseguint condemnes de presó per a Rato i tota la cúpula de Bankia gràcies a un crowfunding finançat per milers de persones anònimes.

Algú pot imaginar 1, 2 o fins i tot 4 anys d'un Govern en mans d'un partit que és, en si mateix, la definició de corrupció política? Posar fi a això és una qüestió de pur sentit comú i la moció de censura ha de ser una eina més per intentar aconseguir-ho.

A Mariano Rajoy lo vemos casi todas las semanas de pleno sentado en su escaño. Sin embargo, normalmente se ausenta los martes, cuando debatimos y votamos mociones o proposiciones no de ley, iniciativas parlamentarias que tan sólo pueden “instar” al Gobierno a actuar. Ahí el PP no se juega nada. Esos días sacamos adelante, muchas veces con el apoyo del PSOE, iniciativas que de convertirse en leyes, garantizarían el derecho a la vivienda, incrementarían el salario mínimo a 800 euros en 2018 o permitirían implementar de forma gradual unos permisos parentales iguales e intransferibles de 16 semanas.

Pero los jueves, la bancada del PP acostumbra a estar completa. Ningún miembro del Gobierno suele faltar cuando se vota algún Real Decreto o Proyecto de Ley con efectos legislativos concretos, inmediatos. El Partido Popular, protagonista de centenares de casos de corrupción que día tras día salen a la luz pública, gobierna el país cada semana desde el Congreso. Y consigue hacerlo porque, alternativamente, cuenta con los apoyos de PSOE y Ciudadanos.

Este Gobierno, que a la luz de los últimos acontecimientos cada vez se parece más a una organización mafiosa, ha aprobado, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, un objetivo de déficit y un techo de gasto que consolida la austeridad en los presupuestos del Estado. De poco sirve luego que en los debates de los martes, o en alguna comisión, el PSOE le recrimine sus recortes, igual que lo hacemos nosotras. El presupuesto es el que es y no se puede hacer otra cosa, venía a decir esta misma semana el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cuando intentaba justificar una disminución acumulada del 40% desde 2013 en el presupuesto destinado a políticas de vivienda. Y lo dicen sin ninguna vergüenza, cuando cada día vemos que su partido nos está robando a manos llenas. ¿Con qué legitimidad puede un proyecto político defender recortes de recursos, derechos y libertades que afectan a la mayoría de la ciudadanía mientras algunos de sus principales dirigentes se dedican a llevárselo crudo?

Se sostiene en el Gobierno a un partido al que se define en algún auto como 'organización criminal'; a un partido que ha dado lugar, entre otros, a los casos Bárcenas, Palma Arena, Gürtel, Taula, Púnica y a la reciente operación Lezo. Hablamos de un presidente del Gobierno llamado a declarar por la financiación ilegal de su partido, de ex-Secretarios de Estado, ex-presidentes de Comunidades Autónomas y otros altos cargos liderando, junto con sus familiares, redes de fraude, estafa, blanqueo, malversación, cohecho o blanqueo de capitales, entre otros. Hablamos de grandes (grandísimas) empresas privadas que a cambio de quedarse con contratos millonarios de la Administración Pública, devuelven esos favores a partidos y dirigentes como mejor convenga. Hablamos de utilizar el poder político, judicial y mediático, las influencias y los contactos, para saquear los recursos de todas, mientras se aparta a jueces y fiscales que estorban cuando intentan realizar su trabajo con independencia. Ese es el partido que semana tras semana gana las votaciones trascendentes en el Congreso. 

Así que frente al mantra del PP, ese que Cospedal y Rajoy se esfuerzan en repetir sin descanso, de que la corrupción es sólo cosa de “algunos”, falta decir que ya basta de tomarnos por idiotas. Y a Ciudadanos habría que decirle que nada de lo que está ocurriendo se soluciona únicamente limitando mandatos y acabando con los aforamientos. Su falso papel de representantes de la regeneración política, proponiendo medidas que no atacan a las verdaderas raíces de la corrupción, los puede acabar convirtiendo en los promotores de una ridícula operación cosmética.

Iniciar conversaciones con otros partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales para impulsar una moción de censura que consiga echar al PP del gobierno no se trata únicamente de una cuestión de responsabilidad política o ética. Se trata de intentar dar una respuesta útil a la muchísima gente que piensa que lo que ocurre ya no se puede aguantar más. Se trata de luchar con todas las herramientas que cada una tengamos a nuestro alcance para proteger y restaurar nuestros derechos, nuestros recursos públicos y unas instituciones que deberían pertenecernos a todas, y no a unos pocos y a sus amigos. Esta mal llamada crisis nos ha enseñado, entre otras cosas, que no podemos permitirnos pensar que debemos resignarnos. Sería lo peor que podríamos hacer.

Para que la moción de censura prospere y salga adelante va a ser imprescindible la participación y el apoyo del PSOE. Esperemos que, poco a poco, cuando se vayan conociendo más detalles de los últimos casos investigados, y también a medida que se acerquen sus primarias, reconsideren su negativa inicial. Y es que más allá de las críticas a la “teatralización” de la iniciativa, lo cierto es que, llegados a este punto, la propuesta de impulsar una moción de censura debería ser útil también para el PSOE si algún día quiere empezar a actuar como un verdadero partido de la oposición.

Sin embargo la utilidad, la oportunidad y el éxito de la propuesta va a depender también de lo que ocurra más allá de los grupos políticos. Y es que la capacidad que la ciudadanía organizada ha demostrado para luchar contra la corrupción ha quedado ampliamente demostrada. Ahí está, entre otros ejemplos, 15MpaRato consiguiendo condenas de cárcel para Rato y toda la cúpula de Bankia gracias a un crowfunding financiado por miles de personas anónimas.

¿Alguien puede imaginar uno, dos o incluso cuatro años de un Gobierno en manos de un partido que es, en sí mismo, la definición de corrupción política? Acabar con esto es una cuestión de puro sentido común y la moción de censura debe ser una herramienta más para intentar conseguirlo.

Nuestro grupo parlamentario presentó en el Congreso una moción consecuencia de interpelación al ministro de energía, para poner fin a la pobreza energética que instaba al Gobierno a, entre otras cosas “la prohibición de cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución” y a “aprobar una tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta a la que puedan acogerse todos los hogares en situación de vulnerabilidad y que sea sufragada por las compañías energéticas”. Esta moción fue aprobada por todos los grupos con la excepción del PP. Hoy estos dos principios no están recogidos en el acuerdo PP-PSOE.

Fue durante la réplica a esa interpelación, cuando el ministro Álvaro Nadal convocó la primera de las reuniones con todos los grupos de la Cámara para abordar la cuestión del bono social. En las dos reuniones celebradas, el Ministerio mostró su predisposición a llegar a un acuerdo sobre la financiación del bono social y a tramitar como ley el Real Decreto para acordar las posibles soluciones a la pobreza energética.

Nuestro grupo le hizo llegar al Ministerio en dichas reuniones, y luego por escrito, nuestra posición, con una idea central: no se trataba sólo de resolver qué empresas financian el bono social. Era necesario legislar para evitar que se produzcan cortes de los suministros energéticos sin autorización de los servicios sociales y diseñar una auténtica tarifa social que incorpore la renta per cápita como criterio fundamental.

De encuentros plurales hemos pasado a un acuerdo PP-PSOE, de un Decreto ley que se podía mejorar en el trámite parlamentario, pasamos a un Decreto ley cerrado sin posibilidad de intervención del Parlamento. Y todo ello sin contar, ni el Gobierno ni el PSOE, con las organizaciones sociales que están trabajando sobre el terreno contra la pobreza energética.

El PSOE le ha regalado un cheque en blanco al Partido Popular para que el ministro Nadal regule, en los próximos tres meses, vía decreto (es decir, sin trámite parlamentario) cuestiones tan determinantes como qué criterios deberán cumplir las personas afectadas para ser consideradas “vulnerables severas”. O incluso, establecer la cantidad máxima que las empresas eléctricas deberán aportar para cofinanciar aquellas facturas impagadas de las personas a las que se les deba garantizar el suministro.

A cambio de una foto y un titular en la prensa el PSOE acepta una reforma del bono social que no es efectiva. Al final el acuerdo no va a solucionar nada: ni la financiación del bono, ni la pobreza energética. No va a solucionar la financiación porque las empresas afectadas van a recurrir nuevamente a los tribunales, al quedar fuera de ella, por ejemplo, los grandes consumidores que compran directamente en el mercado eléctrico o a las generadoras. Peor aún, el criterio para establecer la financiación se basa en el número de clientes y no en la energía vendida, perjudicando a las pequeñas empresas y cooperativas que venden a clientes domésticos y que no tienen grandes clientes industriales.

Y desde luego, la nueva ley no va proteger como debería a las personas en situaciones vulnerables. El borrador de decreto ley que se nos ha remitido liquida la posibilidad de aplicar el principio de precaución. Así, se establece como requisito previo para prohibir un corte que la persona o familia afectada tengan la condición de vulnerables severos (concepto aún por definir), tengan contratada la tarifa de último recurso o bono social y estén siendo atendidas por los servicios sociales, respecto al suministros eléctrico, por hallarse en riesgo de exclusión social.

La gravedad de lo que esto supone se puede entender rápidamente con dos informaciones sencillas. La primera: la aplicación de esta nueva ley no hubiera evitado el corte de luz que provocó la muerte de Rosa, la anciana de Reus. Y es que Rosa, como tanta gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, no tenía contratado el bono social. La segunda: en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, sólo el 20% de los usuarios en situaciones de impago y, por lo tanto, susceptibles de “ser cortados” por las empresas suministradoras, están registrados (atendidos) en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Y la población atendida por los servicios sociales en Barcelona es muy superior al de otras ciudades con menor población. La conclusión es rápida: sólo se va a librar de los cortes un pequeño porcentaje de la gente que lo necesita.

Esta ley supone una estafa mayúscula a las millones de personas que esperan una respuesta efectiva a la problemática de la pobreza energética. Tanto a las que la sufren de forma directa, como a las que de forma incansable y sostenida se han movilizado para denunciarla y combatirla durante años. Ni una de las principales demandas de las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos como la Alianza Contra la Pobreza Energética o Facua que conocen de primera mano la problemática está incluida en el texto.

Se trata además de una ley que pone en grave peligro leyes autonómicas mucho más ambiciosas, como la Ley 24/2015, aprobada el año pasado en Cataluña, que sí contempla el principio de precaución. Que nadie dude que las empresas eléctricas van a aprovechar esta oportunidad de oro. Los recursos a los Tribunales para dejar de cumplir leyes autonómicas, en virtud del cumplimiento de una legislación de ámbito estatal, no van a tardar en llegar.

El papel que el PSOE ha jugado con el tema de la pobreza energética en el Congreso merece una reflexión profunda. La actitud de Antonio Hernando, que en rueda de prensa declaraba “mientras unos protestan, otros aportamos soluciones” demuestra, o bien un profundo desconocimiento del acuerdo, o la incapacidad de dejar a un lado lo que muchas calificamos ya de “vieja política”. Atrapado por un PP que le exige sacrificios como votar a su lado el techo de gasto, es capaz de vender la lucha contra la pobreza energética a cambio de un titular y poco más.

El resultado final a la vista está: ¿Por qué el PSOE se ha entregado a cambio de tan poco? Con un PP en minoría, la mayoría parlamentaria conseguida con la aprobación de la moción contra la pobreza energética, podría haber actuado como palanca de presión para conseguir mucho más. ¿Qué ha ocurrido? Sólo queda pensar en una clara falta de voluntad política o en la extrema debilidad del PSOE como grupo que pretende ejercer de oposición.

Las organizaciones y movimientos sociales han puesto la pobreza energética en la agenda política. Los gobiernos del PSOE y el PP nunca se plantearon nada que se acercara a la prohibición de los cortes. Hoy hay esperanza porqué la ciudadanía no acepta ya sólo titulares, quiere soluciones justas y efectivas

Lucía Martín, portavoz de vivienda y Josep Vendrell, portavoz de energía del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La pobreza energética mata. Esta frase tan clara y cruda que quizá a mucha gente le pudiera parecer exagerada hasta hace poco, hoy nadie la cuestiona ya. La muerte de una mujer en Reus, que iluminaba su casa con velas porque Gas Natural le había cortado la luz dos meses atrás, no es lamentablemente un caso aislado. En su último estudio, la Asociación de Ciencias Ambientales dibuja un país en el que, en 2014, el 11% de los hogares (5'1 millones de personas) se declaraba incapaz de mantener su vivienda adecuada en los meses fríos y estima en 7.000 el promedio anual de muertes posiblemente asociadas a la pobreza energética en los últimos 18 años.

El incumplimiento de la ley 24/2015 (surgida de una ILP y aprobada por unanimidad en Catalunya hace 17 meses para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética), que obliga a las compañías a comunicarse con la administración antes de realizar un corte de suministro, y su fatal consecuencia, ha tenido una enorme repercusión mediática. Hoy la ciudadanía quiere soluciones legislativas a todos los niveles, mientras señala al oligopolio eléctrico que amasa unos beneficios estratosféricos año tras año.

La APE, junto con la PAH y el Observatori DESC han sido las organizaciones impulsoras de la ley 24/2015. De manera que si hoy existe esa ley en Catalunya y empiezan a aparecer otras leyes autonómicas similares en Aragón y Valencia; si hoy el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros, está empezando a sancionar a empresas suministradoras por cortes de suministros a familias vulnerables; si hoy sucede todo lo que está sucediendo ha sido principalmente gracias a la lucha de la ciudadanía organizada y de tanta y tanta gente anónima, que con su denuncia y sus propuestas, ha conseguido poner en el centro el problema de la pobreza energética.

Entretanto, durante la pasada legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy no aprobó ni una sola iniciativa para abordar un problema que conocía muy bien pero que pretendía invisibilizar: en el Congreso, el PP no sólo rechazó todas las propuestas de la oposición para hacer frente a la pobreza energética, sino que en los debates parlamentarios negó incluso que existiera.

El PP ha llegado tarde a este problema como a tantos otros. La solución no pasa por maquillar un “bono” social, que consiste en el descuento del 25% de la factura de la electricidad (el gas no se bonifica), que solo determinados colectivos pueden recibir (familias numerosas, potencia contratada inferior a 3kW, personas con pensión mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad o hogares con todos los miembros del hogar en paro) y nunca de forma automática, si no previa solicitud a la compañía; cuestión ésta última que dificulta mucho su conocimiento y obtención.

Además el bono no es efectivo porque la pobreza energética no ha dejado de crecer. Al no tener en cuenta el criterio de la renta, excluye a gran parte de las personas que viven una situación de pobreza energética.  No podemos permitir que “reformar el bono social” sea tan sólo un parche con el que el PP pretende acallar su mala conciencia.

Es inaplazable aprobar en el Congreso una ley de emergencia para abordar este problema que incluya, como mínimo dos cuestiones:

Las empresas energéticas, asumiendo su responsabilidad, estarán obligadas a aplicar el principio de precaución y no podrán realizar cortes de suministro sin antes contactar con la Administración correspondiente para comprobar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. Basta de marear a la gente de aquí para allá demostrando su situación de precariedad para evitar un corte de luz inminente.

Durante muchos años, dirigentes políticos, responsables de bancos y de inmobiliarias nos han intentado meter en la cabeza que la sistemática vulneración del derecho a la vivienda que se daba (y se da) en este país no era tal cosa, sino un gran desajuste fruto de problemas individuales: lamentablemente había familias que no podían pagar su hipoteca y, en todo caso, en la medida de lo posible, se las tenía que ayudar para que pudieran seguir haciéndolo. Ese discurso estigmatizaba, paralizaba y atomizaba a las personas afectadas, que tardaron años en desculpabilizarse y empoderarse para diagnosticar y enfrentar un problema colectivo, con causas estructurales, que había beneficiado a unos pocos y perjudicado a millones.

Tenemos mucho que agradecerle a la PAH en este sentido, pues el ejemplo de la vivienda hoy nos permite desmontar el relato que el PP  intenta imponer de nuevo, cuando dice que todo se reduce a que algunas familias necesitan ayuda para pagar la luz, el agua o el gas.

Porque detrás de la situación de vulnerabilidad de los millones de familias que no pueden pagar los suministros, existe un modelo energético, avalado básicamente por el PSOE y el PP. Un modelo que ha permitido encarecer la factura eléctrica un 70% en los últimos 10 años; un modelo que ha beneficiado al poderoso oligopolio eléctrico con la transferencia de miles de millones de euros mediante pagos y generación de deuda a través del déficit de tarifa, de los costes de transición a la competencia, que no han tenido que devolver al Estado; y de “beneficios caídos del cielo” la generación de electricidad se retribuye al precio de la tecnología más cara.

No olvidemos que en todos estos años de crisis, hasta 2015, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa han acumulado unos beneficios de más de 56.000 millones de euros. Y todo ello, por supuesto, engrasado por la enorme capacidad de presión política de las grandes compañías y sus puertas giratorias, que cada poco incorporan a exministros y expresidentes del Gobierno a sus Consejos de Administración.

En fin, la cuestión de fondo que hay que resolver es que la energía debe ser un bien público a cuyo acceso todos y todas debemos tener derecho. Pero el reconocimiento de ese derecho no va a llegar sólo del trabajo parlamentario sino que pasa también y sobre todo por la movilización social en y desde las calles, que hoy ha conseguido que ya ningún partido pueda mirar hacia otro lado.

Ninguno de los derechos que tenemos reconocidos ha sido una concesión graciosa del Estado; todos nuestros derechos han sido más bien el resultado de una lucha incansable, sostenida por cientos de vidas vulnerables a lo largo de la historia. La potencia  surgida de esa radical vulnerabilidad tiene, de nuevo, un papel clave que jugar ahora. Esa lucha ha llegado por fin a las instituciones porque ya somos muchas las que estamos dispuestas a batallar por terminar con la pobreza energética; para garantizar derechos y por salvar la vida de quienes mueren cada año y sólo figuran como números en los asientos contables de los grandes oligopolios.

Lucía Martín portavoz de Vivienda y Josep Vendrell, portavoz de Energía, diputadxs de En Comú Podem.