Hablemos de inmigración, refugiados, terrorismo o pobreza, cualquier análisis riguroso apunta a las desigualdades entre países como factores determinantes. Entre la rica Europa y la cuenca sur del Mediterráneo media, no solo un mar, sino el salto en renta per cápita más alto del mundo, y todo lo que esto conlleva en su desarrollo económico, alfabetización, acceso a la sanidad, educación. Nada nuevo. Hasta ahí, casi todos de acuerdo. El problema viene, como casi siempre, en la búsqueda de soluciones.

Desde una perspectiva progresista, la cooperación ocupa un lugar central. Ayudar a sentar las bases para un desarrollo futuro y propio de cada país es la mejor contribución que podemos hacer. A ellos y a nosotros mismos. En eso consiste el programa PRIMA, que los socialistas españoles en el Parlamento Europeo nos hemos empeñado en sacar adelante desde hace cinco años, y que ahora, por fin, se aprueba.

El proyecto PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) es un modelo de diplomacia científica, que pretende servir al desarrollo y la pacificación. Se trata de una programación conjunta de investigación que reúne a once países europeos (España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Eslovenia, Chipre, Malta, Grecia, Hungría y Luxemburgo) y otros ocho de la ribera sur del Mediterráneo (Egipto, Marruecos, Túnez, Jordania, Líbano, Turquía, Argelia e Israel).

Los proyectos que se incluyan en él contarán con una financiación de 461 millones de euros, de los que España aportará 30 millones, y deberán centrarse en la producción agroalimentaria y la gestión de los recursos hídricos. Hoy, 180 millones de personas en la Cuenca Mediterránea sufren dificultades para acceder al agua, lo que tiene graves consecuencias para la salud y la estabilidad de las poblaciones.

En la iniciativa PRIMA hay tres elementos fundamentales que desarrollan la agenda de prosperidad compartida propuesta por la propia Comisión. En primer lugar, porque reconoce el valor de la ciencia como instrumento de diálogo, intercambio y cooperación. En segundo lugar, porque permite integrar esfuerzos para encontrar juntos soluciones a los retos sociales que nos unen. En este sentido, es especialmente relevante que PRIMA se centre en la investigación sobre los recursos hídricos, cada vez más limitados en el Mediterráneo, y fuente potencial de nuevos conflictos. Y en tercer lugar, porque invertir juntos en investigación e innovación permite mejorar el empleo y las condiciones de vida y promover un crecimiento sostenible e inclusivo en ambas regiones.

En definitiva, un compromiso de diplomacia científica necesario y oportuno para trabajar por la paz, el desarrollo y el conocimiento.

En la Unión Europea el desabastecimiento de medicamentos esenciales y los precios elevados es a día de hoy un problema generalizado, especialmente de determinados medicamentos como los hospitalarios o cardiovasculares, al mismo tiempo que se viene desarrollando un comercio paralelo desde países con precios más baratos hacia otros donde el precio es mayor. 

El gasto en fármacos representa el 17,1% del gasto en salud en la UE y el 1,41% del PIB, y de aquí a 2020 se prevé un incremento del 7%, en parte por el crecimiento en el número de nuevos diagnósticos de cáncer de hasta un 68% respecto a 2012. 

Hace apenas dos semanas conocíamos un informe de la OCDE que refleja la preocupación que existe sobre las dificultades de acceso a los medicamentos, los altos precios y los defectos en el sistema, de ahí que haya puesto en marcha incentivos para investigar en las áreas que no son rentables para la industria.

Asimismo, este organismo señala como un fallo de la competencia el número de litigios entre compañías de medicamentos originarios y genéricos, así como los acuerdos entre las mismas, que vienen a retrasar la entrada de los genéricos en el mercado y, con ello, el ahorro a los sistemas sanitarios. 

A las preocupaciones de la OCDE, de la ONU, de la OMS y también del Consejo se suma el Parlamento Europeo, donde mañana votamos en la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria mi informe El acceso a los medicamentos en la Unión Europea, en el que exigimos acciones concretas que reequilibren el poder de negociación hacia los Estados miembros y apelamos al papel regulador de dichos Estados y de la Comisión Europea, que tiene competencias que afectan claramente al sistema del medicamento. 

El texto recoge que debe ser la Comisión la que establezca el valor terapéutico añadido del medicamento, comparándolo con la mejor alternativa disponible y clasificándolo en base a su nivel innovativo, cambiando el actual sistema en el que la industria determina el valor del fármaco y sus criterios, y con ello, el precio. 

Del mismo modo, es esencial que la inversión pública retorne. Hasta ahora se han transferido recursos públicos al sector privado para que investiguen en sectores comercialmente menos rentable, pero lo esencial es que se coordinen de forma mucho más eficaz los recursos públicos y se dirijan a la investigación en áreas con menor seguridad de retorno económico con la participación de la industria, apelando a la responsabilidad social de la misma. La fórmula puede ser a través de una tasa en base a las ventas en los sistemas públicos o con incentivos negativos a los gastos en marketing u otras fórmulas –eso es lo que debe concretarse–, pero queda claro que la balanza debe reequilibrarse hacia el sector público y el interés de los pacientes. 

Del mismo modo, el informe que votamos mañana establece como prioridad que se pongan en marcha programas europeos que garanticen el tratamiento de los pacientes ante medicamentos curativos que salvan vidas, como es el caso de la hepatitis C. 

Otro de los puntos clave del texto es que la propiedad intelectual debe ser objeto de un estudio en profundidad de su impacto en el acceso a los medicamentos y en la innovación, especialmente en la promoción de la misma y su calidad. 

Reclamamos que se revise la actual directiva de transparencia sobre establecimiento de precios y reembolso, que se determine cuándo existe una situación de abuso de posición dominante ante altos precios y en qué circunstancias deben hacerse uso de las flexibilidades de los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

Asimismo, se pide un marco europeo para fomentar y dar seguridad al mercado de los genéricos y biosimilares, que se prescriba por principio activo, y que no se vaya hacia estudios más cortos evitando los ensayos clínicos y mermando las garantías de seguridad y eficacia. 

Somos conscientes de que la industria farmacéutica europea es uno de los sectores más competitivos de la Unión, y que además de EEUU tiene nuevos competidores  como India o Israel, pero estamos convencidos de que la mejor estrategia para seguir siendo competitiva es mejorando la calidad de la innovación.

En definitiva, lo que se refleja de este informe es que es urgente tomar medidas para regular adecuadamente el acceso a los medicamentos, de forma que dé respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos sin poner en peligro la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.  En este sentido, la Unión Europea, que hasta ahora había rehuido el debate alegando falta de competencias se ha convertido en un actor fundamental tanto para adoptar determinadas medidas como para coordinar y promover otras que dependen de los Estados miembros. 

Hoy se aprobará este informe con un amplio consenso, no solo porque prácticamente la totalidad de los 49 compromisos que he propuesto han sido aceptados por los miembros de la comisión, sino porque la voluntad política de la mayoría de esta cámara es que este sea un paso definitivo en la regulación del sistema. Y en su recorrido hasta el pleno del Parlamento Europeo trabajaré para que el clima constructivo y el diálogo sincero sigan marcando este camino y el consenso sea aún mayor. La sociedad europea lo necesita y conseguirlo debe ser nuestra prioridad.

La lucha de los supervivientes españoles de la talidomida ha llegado al Parlamento Europeo, y los socialistas nos hemos convertido en sus aliados, haciendo de su pelea para que se reconozcan sus derechos la nuestra

Contergan, Imidan, Varian, Gluto o Naftil eran algunos de los fármacos que se recetaron en los años sesenta a miles de mujeres europeas para paliar las náuseas durante los primeros tres meses del embarazo.

Todos estos medicamentos contenían el mismo principio, la talidomida, desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH y comercializado en los años 50 y 60 como sedante y calmante de las náuseas durante el embarazo.

Llegó a convertirse en un sedante muy popular al que no se atribuía ningún efecto secundario, hasta que empezaron a nacer bebés con deformaciones en las extremidades. La talidomida no solo afectó al feto cuando lo tomaba la embarazada, también transmitía los efectos nocivos a través del esperma, desde el mismo momento de la concepción.

El medicamento solo se retiró en los países en los que estaba siendo comercializado cuando se comprobaron estos efectos nocivos, pero España fue uno de los últimos. De hecho, las víctimas españolas sostienen que la farmacéutica alemana siguió vendiendo medicamentos con talidomida hasta 1975, saltándose una orden de retirada de la Dirección General de Sanidad de finales de 1962.

La lucha de los supervivientes españoles de la talidomida ha llegado al Parlamento Europeo, y los socialistas nos hemos convertido en sus aliados, haciendo de su pelea para que se reconozcan sus derechos la nuestra.

Trabajando en estrecha colaboración con representantes de los afectados por la tragedia de la talidomida, desde su declaración en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, el pasado mes de marzo propiciamos un debate en la Eurocámara con el fin de presionar al gobierno alemán para ampliar la financiación disponible para las víctimas de la talidomida en Alemania a los supervivientes de otros países afectados, entre ellos, España.

Porque además de ser uno de los mayores desastres de la medicina del siglo XX, la talidomida ha propiciado también una de las mayores injusticias entre los enfermos. Mientras que a las víctimas alemanas se les han reconocido sus derechos y han sido indemnizadas a través del Fondo Especial Sanitario de la Fundación alemana Contergan, los afectados de otros países como España no han recibido ningún tipo de reconocimiento ni ayuda.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) obtuvo en 2014 una sentencia parcialmente favorable a su demanda contra la farmacéutica alemana, pero fue revocada por la Audiencia provincial de Madrid tras el recurso de la empresa Grunenthal al entender que la acción para reclamar había prescrito. Posteriormente, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional fallaron a favor del laboratorio alemán.

Pero lejos de llegar al punto y final de esta historia -la historia de más de 3.000 niños y niñas españoles, de los cuales se calcula que 300, ya hombres y mujeres, siguen vivos-, se ha abierto otra puerta a la esperanza.

En enero el gobierno alemán va a presentar una enmienda a la Ley de la Fundación para la Talidomida con el objeto de permitir que los supervivientes que hayan sido designados como tales por los tribunales o que sean beneficiarios de planes gubernamentales nacionales puedan acceder al Fondo Especial Sanitario de la Fundación Contergan.

Y con este motivo, en el Parlamento Europeo hemos vuelto a la carga, presentando la semana que viene en el pleno de Estrasburgo una resolución para que las víctimas de España, Reino Unido, Italia, Suecia y otros países sean admitidas en ese régimen.

La Unión Europea, que se encuentra en horas bajas, tiene en esta causa otra oportunidad para demostrar que los valores que la crearon y la mantienen viva son fuertes: la solidaridad, la justicia social y la igualdad.

Exigimos a los Estados y a la Comisión Europea que pongan en marcha un protocolo europeo para que los supervivientes de la talidomida sean formalmente reconocidos, con independencia del país al que pertenezcan, y reciban una indemnización adecuada y justa del Fondo Especial Sanitario de la fundación alemana.

España también tiene un papel que jugar para paliar esta injusticia. Únicamente el gobierno de Rodríguez Zapatero adoptó medidas para compensar a las personas afectadas, estableciendo una ayuda en función del grado de minusvalía. Ahora que Alemania votará para modificar su ley sobre el apoyo financiero que presta a las víctimas, volvemos a pedir a las autoridades españolas que revisen el proceso iniciado en 2010 y faciliten la correcta identificación y compensación de los afectados españoles de talidomida dentro de su esquema nacional.

Es una cuestión de voluntad política, como ha demostrado la Junta de Andalucía poniendo en marcha un registro de afectados y aprobando en 2015 una iniciativa parlamentaria para el reconocimiento y la adopción de medidas de reparación moral, social y económica a las víctimas de la talidomida en Andalucía.

Cientos de españoles y españolas afectadas han muerto sin reconocimiento ni indemnización. Hoy tenemos otra oportunidad para no condenar al olvido a los supervivientes de esta injusticia histórica.