Antes de nada, me gustaría presentar algunos datos fríos e incontestables: las agresiones sexuales registradas en la Región de Murcia crecieron un 65% (de 576 a 951) el año pasado. ¿Saben quién fue víctima en el 99% de estos casos? Una mujer. A las mujeres, y esto no hay quien pueda negarlo, se nos sigue matando, violando y maltratando por el hecho de ser mujeres. Los datos pertenecen al último informe que presentó la Fiscalía en la Región. En él también apuntaba que el incremento de las agresiones sexuales es especialmente grave entre los menores de edad. En 87 casos, los agresores eran menores de edad. En 142, las víctimas eran menores, un dato que prácticamente dobla las cifras de 2022. Para quienes dicen que eso del machismo fue algo que sufrieron nuestras abuelas y madres: esa misma violencia sobrevuela y estalla contra los cuerpos de nuestras hijas.

Hay muchos responsables de esta situación. Uno de ellos es el sistema de justicia machista y patriarcal que hace y deshace a sus anchas en este país. No hace falta irse muy lejos: ahí tienen la sentencia que ha librado de cárcel a la red de empresarios proxenetas que operaba en la Región. Ese sistema, que permite que nueve bestias estén hoy en la calle, ha vuelto a demostrar que la vida de las mujeres no importa, ni siquiera siendo menores. Recuerden sus nombres: Juan Castejón Ardid, empresario y exvicepresidente de la CROEM, José Antonio Arce López, Juan Peque Álvarez, José Jara Albero, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Martínez Fernández. Españoles “de bien”, empresarios o “creadores de riqueza”, como los llama la derecha y la ultraderecha.

Yo creo que esta sentencia se estudiará en el futuro como uno de los capítulos más negros de nuestra justicia, el mayor escándalo judicial desde la primera sentencia de la Manada. Tirando del hilo se entienden muchas cosas. No solo es la sentencia. Tantas semanas después, muchas todavía seguimos esperando una declaración, una disculpa, una valoración -¡algo!- por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Pasqual del Riquelme.

Tampoco olvidemos el sistema educativo, clave en la prevención. Permítanme que me retrotraiga a mayo de 2022. En el marco de un debate sobre el estado de la Región, Podemos sacó adelante una resolución por la que el Gobierno regional se comprometía a impartir en todos los centros educativos de la Región cursos de igualdad que incidieran en la prevención y detección de violencia machista. ¿Ustedes han leído algo al respecto desde entonces en los planes educativos de San Esteban? Yo no.

Igual, al Partido Popular, tan contento con su censura y su pin parental, le parece que no es un asunto urgente. Ahí va otra pila de datos: nueve de cada diez menores son consumidores de pornografía, pero el 90% de los padres y madres creen que sus hijos e hijas no ven porno; el 70% de los menores reciben contenidos pornográficos de forma involuntaria; la edad de inicio del consumo de estos contenidos se ha adelantado a los ocho años; aunque no toda la pornografía es del mismo tipo, gran parte de estos contenidos son extremadamente violentos y degradantes para las mujeres. Expertas como Mónica Alario aseguran que “hay una vinculación clarísima entre la pornografía que están consumiendo los adolescentes y la violencia sexual en grupo”. Ya les digo yo que con censura y pin parental no vamos a solucionar esta lacra. De hecho, la agravaremos: lo que necesitan nuestros jóvenes son herramientas para entender que las relaciones afectivas y sexuales no son lo que aparece en esas páginas. Necesitan saber lo que es el consentimiento. Necesitan saber que con denuncia o sin ella, el sexo sin consentimiento supone una agresión sexual.

¿Saben ustedes una de las cosas que más me ha sorprendido –y que más me enerva- a lo largo de mi experiencia parlamentaria? Observar cómo quien se pasa años negando la violencia machista, o mirando hacia otro lado, pone cara de preocupación en días como el 25N. Se tira –se tiran, son muchos- una semana lanzando eslóganes vacíos, se colocan en la foto y el 26 de noviembre a otra cosa. Les pongo un ejemplo: hace un año, el Gobierno regional afirmaba que el I Pacto regional contra la violencia de género concluía “con el 98 por ciento de las medidas de atención y prevención puestas en marcha”. Una farsa, como les decía. Este pacto jamás estuvo respaldado por una verdadera evaluación de la situación. ¿Se comprometió el Gobierno regional con las posibles fallas de su modelo de trabajo? ¡Qué va! Este año nos vienen con un Plan regional contra la violencia de género.

Hagamos caso a las palabras: de un ‘pacto’, pasamos a un ‘plan’. Ya no hay acuerdo ni unanimidad entre fuerzas políticas: la consejería de Política Social, Familias e Igualdad se legitima a través del Observatorio de Igualdad e imprime su nuevo eslogan. Recuérdenlo el próximo día 25, cuando vean con cara de tantísima preocupación a gente que no respeta en absoluto a las mujeres. Recuérdenlo cuando hagan como que están a nuestro lado.

Les confieso que llevo una semana entre la rabia, el asco y la frustración. Cuando leí en la prensa regional que siete empresarios se librarían de la cárcel pese a reconocer haber abusado de menores me vinieron a la boca varias expresiones que mejor no reproducir aquí. Entré en X (antiguo Twitter) y vi que no era la única. Poco a poco, la marea de indignación crecía ante lo macabro de la noticia. Volví a leerla. Los hechos estaban claros: a través de una red de mujeres que captaban a las menores más vulnerables a las puertas de discotecas y colegios, siete empresarios desarrollaron una red para abusar de menores a cambio de dinero. Buscaban “chicas jóvenes y nuevas”. Y gracias a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, los siete puteros pagarán multas irrisorias y se irán de rositas. Quién sabe si pensando en que la próxima vez tienen que organizarse mejor. Atar más fuerte los cabos.

Lo de la conformidad se me quedó en la cabeza. ¿Conformidad para quién? ¿De verdad la Justicia considera que puede existir algún tipo de conformidad entre un empresario (un poderoso, a fin de cuentas) y una menor prostituida? ¿De verdad nadie con toga va a recurrir a esos principios deontológicos con los que tanto se llenan la boca cuando ven en sus morros cómo se compra a una familia para que la acusación se diluya, se retire y brote de la nada un acuerdo escandalosamente beneficioso para los pederastas? ¿De verdad nadie va a remangarse para limitar esta autopista sin peaje que son los acuerdos de conformidad entre partes tan desiguales y, de paso, sacar a la Justicia de su pozo de inmundicia?

A poco que cualquiera revise la hemeroteca, verá que el de los siete puteros no es el único caso. Ahí va otra: 6 de octubre de 2022. La Audiencia Provincial de Murcia condena a dos años de prisión y siete de libertad vigilada a un hombre que reconoció en el juicio haber abusado de forma continuada, durante tres años, de una sobrina menor de edad, que se intentó quitar la vida en dos ocasiones “por la rabia e impotencia que le causaba la conducta del acusado”. En este caso también hubo conformidad y los padres retiraron la denuncia. Y nadie levantó una ceja.

Hace dos años, los jueces murcianos firmaron un manifiesto condenando unas declaraciones en las que yo acusé al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, de poco amigo de la causa feminista. La verdad es que pienso que me quedé corta. Después de varios meses hablando de regeneración de la Justicia con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, no estaría de más que recordáramos que, aunque ya esté desbloqueado, esa regeneración no será completa hasta que no quede una sola toga machista en la judicatura. En Murcia tienen por dónde empezar.

Y acabo con una nota optimista. Los cientos de personas que nos manifestamos el domingo a las puertas de la Audiencia Provincial de Murcia no somos otra cosa que la sociedad de esta tierra. Una sociedad que, a veces, avanza más lento de lo que debería, pero que rara vez se detiene. Una sociedad que ha visto cómo hace unas semanas Gisèle Pelicot hizo Historia en Francia al poner la primera piedra para que la vergüenza en un juicio caiga sobre los violadores. Una sociedad que tomó nota y que no va a permitir que ninguna estructura de eso que el periodista Pablo Elorduy llama ‘Estado feroz’ se interponga en su camino. Somos más, estamos hartas y tenemos razón.

*María Marín es es portavoz y diputada por Podemos en la Asamblea Regional de Murcia

Como cualquier lobby, el sector cinegético de este país se abre paso a codazos repitiendo como mantras una serie de consignas que no aguantan una argumentación mínimamente sólida. Algunas son ridículas. Otras, de un cinismo atroz. Y lo peor: todas son falsas.

Una de las defensas más cacareadas de la caza se basa en que sirve para reavivar económicamente el mundo rural. La realidad es que, a febrero de 2024, no existe ni un solo informe riguroso que apoye esta afirmación. Sirve una sola pregunta para desmontar semejante patraña: si la caza es la solución a los problemas del mundo rural, ¿por qué existen esos mismos problemas del mundo rural cuando el sector cinegético campa allí a sus anchas? Dejando de lado el clasismo que suele trufar este mundillo, veríamos que si se computaran todos los gastos que esta actividad genera al sector público y al privado, los números…no saldrían.

Los ecologistas llevan décadas diciéndolo: la caza es una actividad que, además de buscar solo su propio beneficio y supervivencia, no genera más que abandono, muerte y maltrato animal. Económicamente, molesta al mundo rural más que otra cosa, ya que impide que se desarrollen en plenitud alternativas de turismo más ecológicas, como el patrimonial –clama al cielo el desprecio de la mayoría de cazadores a los espacios protegidos-, el gastronómico, el de observación o el de aventura. Además, contamina el mundo rural. Ahí están las pilas de munición y cartuchos que salpican nuestros montes después de cada temporada de caza. Munición en su mayoría de plomo, recordemos, un metal pesado especialmente lesivo para el sistema nervioso y que pasa a la cadena trófica una vez que queda en el terreno.

La caza ocupa extensísimas porciones de campo que podrían usarse para la ganadería extensiva. Estos ganaderos son otros de los grandes perjudicados por el sector. Además de ver cómo la actividad fomenta la proliferación de enfermedades que afectan frecuentemente a su ganado y que les originan agujeros económicos, se suelen ver privados del uso libre de caminos y vías pecuarias. Los cazadores tienen mil trucos: barreras físicas, carteles, sensores, guardias o cámaras. Algunos tampoco hacen ascos a una buena amenaza escopeta en mano.

Otra mentira: la caza sirve para controlar el equilibrio de especies en la naturaleza. Nada más lejos de la realidad. Los ecosistemas nunca han necesitado a un señor con gorra y escopeta para equilibrarse. La caza elimina sistemáticamente predadores, que operan como elementos de control. Además, fomenta el declive de animales considerados de caza menor como el conejo, la perdiz, la codorniz o la tórtola europea. Por si fuera poco, es una práctica habitual la suelta de especies alóctonas que compiten con las autóctonas por el sustento.

Por si fuera poco, la caza provoca un abandono descontrolado de perros. Llegados a este punto me veo obligada a recordar que una enmienda del PSOE evitó que estos animales fueran protegidos por la Ley de Bienestar Animal que Podemos impulsó en diciembre de 2022. Una norma, hagamos memoria, pionera a la hora de garantizar el cuidado y bienestar de los animales. Habrá que preguntarle al PSOE qué tiene en contra de los perros dedicados a la caza. O, quizá, sin querer yo ser malpensada, qué negocios se trae con el sector cinegético. En Podemos, por nuestra parte, seguiremos trabajando por los derechos y la dignidad de todos los animales.

Un ejemplo paradigmático del cacao mental de los gobiernos del PP con la gestión del medio ambiente y la caza lo tenemos en Murcia. En junio de 2023, el Gobierno regional soltó en la comunidad ocho linces ibéricos. Un López Miras extasiado posó en todos los perfiles posibles junto a los animales y se erigió como uno de los grandes valedores de la recuperación del lince ibérico. Se le saltaban a una las lágrimas.

Todo era una pantomima. El Ejecutivo regional no había planificado lo más mínimo la adaptación de los animales al territorio. En diciembre, cinco de los ocho habían muerto. Uno desapareció. Otro murió al comer plástico, otro en una pelea. A otro lo atropellaron. El último recibió un disparo letal. Una mente malpensada diría que al presidente le interesaba más la foto que echarle un rato a elaborar un Plan de Recuperación del Lince en la Región de Murcia. Dicho plan debería atravesar, entre otros, la influencia del sector cinegético. Sanciones, educación ambiental y regulación de los conflictos que, evidentemente, surgirían entre la caza y la adaptación del lince. Y digo evidentemente porque, pese a que el número de licencias de caza no deja de caer, las extensiones de terreno que explotan siguen siendo ingentes. Y resulta casi imposible soltar un lince en una zona que tenga la suficiente extensión como para que el animal se adecúe y en el que no se desarrolle actividad cinegética. Los ecologistas lo venían a resumir en una frase: López Miras suelta un lince en un terreno en el que se puede cazar y en el que a pocos kilómetros hay una autovía. Nefasto.

María Marín es portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia

“Puta, te voy a joder la vida, hija de puta, no vas a ser nadie”, le decía a su exnovia mientras la golpeaba e intentaba violarla. A pesar de que ya tenía una condena previa por violencia de género, no pisó la cárcel. Los jueces lo libraron de entrar en prisión a cambio de un curso de educación sexual y el pago de 5.000 euros.

“Eres una puta, si has quedado conmigo y te has subido al coche ya sabías lo que iba a ocurrir”, gritaba el capataz a su jornalera mientras le golpeaba la cara y aplastaba la cabeza contra el cristal de la furgoneta. Después la penetró vaginalmente sin protección, se corrió dentro y para terminar le obligó a practicarle una felación. Tampoco fue a la cárcel. Se libró a cambio de 6.000 euros y otro curso, a sus 64 años, de educación sexual. La pena de agresión sexual agravada (violación) iba entonces de 6 a 12 años, pero a nadie le importó.

Salieron a la calle a fumar un cigarro, la cogió del brazo y se la llevó a un descampado. Como ella no quería chupársela, la muy puta, entonces la violó. Los magistrados tampoco consideraron que este delincuente sexual tuviera que entrar en prisión. Otro cursillo y una indemnización.

Todas estas sentencias tienen algo en común: han sido dictadas este año por jueces de la Audiencia Provincial de Murcia. Los violadores están en la calle, pero la culpa no es de Irene Montero. Los veredictos son anteriores a la entrada en vigor de la ley integral de libertad sexual, la llamada ley del Solo Sí es Sí.

No son casos aislados. A los machistas les va bien por lo general en la Ciudad de la Justicia. Un juez murciano acaparó titulares en toda España en 2011 por una sentencia en la que consideraba que llamar zorra a la exmujer no era un insulto y que amenazarla con “una caja de pino” no era un delito de amenazas, sino una simple falta. Después nos enteramos que este tipo de sentencias a la baja por violencia de género era una práctica habitual en esta sala. Agredir a tu pareja, 90€. Amenazas de muerte, 20€. Una década después este juez no solo sigue en su puesto, sino que ha sido ascendido recientemente a presidente de su sección. Chapó.

¿Hay jueces machistas en España? Por supuesto que los hay. Los jueces de estos casos son auténticos machistas, como también lo son los miembros del Consejo General del Poder Judicial que nombraron como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a un candidato que estaba 1.160 puestos por detrás de la otra candidata en el escalafón judicial. Seis años después esta decisión sigue pendiente de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero decir que hay jueces machistas en España no es ninguna novedad. Tenemos memoria y lo sabemos muy bien. Millones de mujeres nos manifestamos en abril de 2018 contra la sentencia de la Manada. Tres jueces condenaron entonces como abusos una violación múltiple, porque la víctima no opuso según ellos suficiente resistencia. Uno vio incluso “jolgorio” en aquello. La misma historia se repitió unos meses después con la manada de Manresa, con la diferencia de que esta vez su víctima solo tenía 14 años. 750 jueces, no uno ni dos, 750, firmaron entonces una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, pero no para solidarizarse con la víctima: ¡defendían al tribunal frente a la presión social!

Hay jueces machistas en España, claro que sí, y en Murcia más. También hay jueces y juezas ejemplares con una dilatada trayectoria contra la violencia machista, pero eso no puede ocultar las sentencias de otros que llevan años fallando contra los derechos e integridad de las mujeres y favoreciendo al violador. Casos que ponen los pelos de punta. Lo indignante es que nuestros medios cierren filas sin excepción con las togas machistas y pretendan hacer creer que el sistema judicial español está impoluto y que todos nuestros males empezaron ayer con la ley del Solo Sí es Sí y son culpa de la ministra que más ha hecho por la igualdad en este país.

Algunos magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia dejaron libres al menos a tres violadores entre agosto y septiembre, antes de la nueva ley, un auténtico escándalo judicial. Es la misma Audiencia que ahora decide rebajar una condena, mientras la de la Rioja no ha modificado ninguna de las 54 sentencias revisadas. ¿Seguro que la culpa es de la ministra? ¿Por qué ninguno de los medios que ahora saltan sobre Irene Montero puso el grito en el cielo por estas sentencias? ¿Por qué ningún periodista ha hecho un mínimo trabajo de investigación para saber qué está pasando en nuestra Audiencia Provincial? ¿Hay alguna periodista feminista en esta Región que se sienta interpelada? Entre tanto ruido, también hay silencios atronadores.

Dicen que el papel lo aguanta todo, pero el Mar Menor ya no puede más. Los presupuestos del próximo año son otra puñalada a nuestra laguna, quizá la mortal, por parte de un gobierno regional que ha dimitido de sus obligaciones para ejercer simplemente de oposición al gobierno central. Salvar el Mar Menor exigiría tiempo, dinero y sacrificios a las élites económicas de esta Región, así que de momento en San Esteban se concentran en salvar al menos el relato.

Con este fin el presidente López Miras y el consejero Luengo llevan una semana pregonando a los cuatro vientos la mayor inversión de la historia para la recuperación del Mar Menor, 85 millones de euros. No es muy difícil contrastar esta información. Basta con consultar el Anexo de actuaciones en el Mar Menor de los presupuestos de este año, que está exactamente a una distancia de 3 clicks de todo aquel que se quiera informar en la web de los presupuestos de la CARM, también para los periodistas.

La primera impresión es que este anexo es un cajón de sastre en el que han metido cualquier inversión que esté previsto ejecutar en un radio de 50 kilómetros en torno al Mar Menor. Todos los arreglos de carreteras, todas las obras (como la construcción de un aparcamiento disuasorio en La Manga con fondos EDUSI) y hasta las ayudas a los ayuntamientos para el Plan Infomur contra los incendios forestales, vienen recogidas en el listado de actuaciones en el Mar Menor. También campañas de publicidad y patrocinio de eventos por valor de 1.560.000€, como si el Mar Menor se arreglara con un poco de maquillaje. Ninguna de esas inversiones tiene que ver con la recuperación de la laguna.

El anuncio del presidente es por lo tanto un gran fake o, dicho en castellano, una trola como una catedral. De hecho, si sumamos todas las partidas que sí tienen que ver con la mejora de la situación del Mar Menor, apenas llegan a los 35 millones de euros. Es un 40% de lo anunciado a bombo y platillo y casi lo mismo que la gente de esta Región sigue pagando por los pufos del presidente de honor del PP, Ramón Luis Valcárcel Siso. Solo la desaladora de Escombreras, actualmente parada, nos cuesta en 2022 la friolera de 32 millones de euros.

Pero la cosa no acaba aquí. Si uno va a las inversiones reales, es fácil darse cuenta, comparando con los presupuestos de otros años, que hay inversiones que ya figuraban en los presupuestos de años anteriores y que ahora vuelven a repetirse porque nunca se ejecutaron. El tanque de tormentas de Playa Honda es el ejemplo más sangrante.  1 millón de euros en 2018 que nunca se ejecutaron. 1 millón de euros en 2019 que nunca se ejecutaron. 1 millón de euros en 2020 que nunca se ejecutaron. 3 millones y medio de euros en 2021 que nunca se ejecutaron. 4 años de promesas, cero euros invertidos. ¿Por qué tenemos que creernos que este año va a ser el bueno?

Lo mismo pasa con otras medidas como las balsas de captación de escorrentías o la instalación de balsas de desnitrificación y filtros verdes. Como el año pasado no se hizo nada, el gobierno regional nos vuelve a servir el mismo plato después de pasarlo por el microondas.

En lo que es importante de verdad, en cambio, hay recortes groseros. Todos los científicos coinciden en una cosa: para salvar el Mar Menor hay que limitar el uso de fertilizantes en el entorno de la laguna. La gran promesa del gobierno regional era la instalación de una red lisimétrica en el campo de Cartagena, es decir, una red de sondas que debían medir el agua y los fertilizantes que realmente se utilizan. Pues bien, esa partida pasa de 645.000 a 105.000 euros, un recorte del 84%. Si ya teníamos dudas sobre la disposición de este gobierno para poner límites a sus amigos del agronegocio, con este recorte se acaban de confirmar.

 La descontaminación de las antiguas instalaciones mineras abandonadas también se reduce de 4 a 1,2 millones, un 70% menos. Los residuos cargados de metales pesados seguirán así llegando al Mar Menor cada vez que llueva con cierta intensidad. Los vecinos y vecinas de la sierra minera seguirán padeciendo sus efectos.

Hay algo más. Estos presupuestos tampoco contemplan ninguna partida para la recuperación a su estado original de los regadíos ilegales, algo que es competencia de la Consejería de Luengo y el gobierno de López Miras, responsables subsidiarios si los propietarios se niegan a ello. Con cero euros para la eliminación de los regadíos ilegales, ¿cómo van a cumplir con su obligación? 

Titulares fake. Mentiras gruesas. Partidas que se meten en el cajón de sastre del Mar Menor y que no tienen nada que ver. Inversiones que saltan en el presupuesto de un año a otro y nunca se ejecutan. Recortes. Todo eso son los presupuestos de 2022, otros presupuestos contra el Mar Menor si la movilización ciudadana no lo impide. La maquinaria del PP y sus tránsfugas lo tiene todo engrasado para aprobarlos el próximo 18 de enero. Ya veremos. 

Se lo dije a López Miras el viernes pasado. Lo tuyo es apropiación indebida. Las contrataciones de docentes anunciadas para la vuelta al cole apenas suponen para la Consejería de Educación unos 15 millones de euros, siendo generosos. Mucho tienen que gastarse en lejía y gel hidroalcohólico para llegar hasta los 73,8 millones de euros que ha enviado el Gobierno central del fondo Covid para educación. ¿Dónde está nuestro dinero?

No se entiende que menos del 20% de ese fondo se destine a lo que más se necesita: más docentes, al menos un 15% más, para reducir ratios y desdoblar grupos. Contratar más personal hasta final de curso, en lugar de despedir alumnos un día a la semana y pasarle el marrón de la conciliación a las familias y los ayuntamientos.

Tampoco se entiende que a tres días del curso López Miras y Conesa negocien números de profesores como si estuvieran en una feria de ganado. No señores. La única solución para una vuelta al cole segura es que se destine íntegramente ese fondo Covid, los 73,8 millones, a contratar más profesoras y maestros. Ustedes buscan una cifra para un titular y una foto, pero la imagen que transmiten es la de dos chalanes de bazar regateando con la salud de docentes y familias. Una postal lamentable.

En la Comunidad Valenciana, con un gobierno con Podemos, las plantillas de los centros han aumentado casi un 15%. Aquí, incluso con las últimas contrataciones anunciadas, no llegamos al 8%. El reparto entre los centros apesta, además, a criterios ideológicos. De los 800 docentes anunciados, 500 corresponden a los 585 centros públicos, ni uno por centro, y 300 a los 121 centros privados concertados, casi tres por centro. Lo llevan haciendo 20 años, dar la espalda a las familias de la pública, pero jugar con la salud de nuestros hijos ya es demasiado.

Más de lo mismo sucede con los 98 millones de euros que el Gobierno central envió en julio a Murcia para reforzar el sistema sanitario. No han contratado ni un rastreador más hasta finales de agosto, cuando la situación ya se había desbordado. Ahora, con 70 rastreadores, seguimos a la cola de España junto con Andalucía. En lugar de reforzar la atención primaria han tenido cerrados 70 consultorios todo el verano, el 40% de ellos. Desde mediados de agosto faltan personal de laboratorio y reactivos y la espera para que te den el resultado de una prueba PCR ya está en 6 o 7 días.

Si no se están gastando el dinero en rastreadores, ni en los centros de salud, ni en reforzar la capacidad de hacer test, ¿en qué se lo están gastando? ¿En tapar agujeros, mientras siguen perdonándole impuestos al sector del juego?

En abril PP y Ciudadanos aprobaron unos presupuestos que habían negociado con Vox en enero, cuando el Covid no aparecía en ningún radar fuera de China. Unos presupuestos surrealistas con dinero para apoyar la caza y los toros, pero importantes recortes en material sanitario. Por eso ahora hay que tapar agujeros como sea con el dinero que nos manda el Gobierno central.

Desviar los recursos que tanto necesitamos es un fraude. López Miras nos roba, apropiándose indebidamente de los recursos que precisamos para hacer frente a este virus, a la peor crisis sanitaria de nuestra historia.

El pasado jueves PP y Ciudadanos se sumaban a la ultraderecha y bloqueaban en la Asamblea Regional la tradicional declaración institucional de apoyo a los actos del 8M. No los busquéis tampoco hoy en las manifestaciones. ¿Dónde están nuestros demócratas cristianos? ¿Dónde está nuestro centro liberal? Desde hace un tiempo, con Vox en el monte.

Lo demuestra bien el debate en torno a la nueva Ley de Libertad Sexual. En los nueve primeros meses del año pasado crecieron todas las denuncias por delitos sexuales: un 7'6% las agresiones sexuales, un 8'1% las agresiones con penetración, un 14'5% los abusos y un 9'7% los abusos con penetración. El número de violaciones múltiples contabilizadas por el proyecto Geo Violencia Sexual habla también por sí mismo: 18 en 2016, 14 en 2017, 60 en 2018, 73 en 2019.

No es solo el número de delitos lo que cuenta, sino también la sensación de impunidad. La distinción entre abusos y agresión sexual rebajó la condena inicial a la manada de Pamplona a penas de tan solo nueve años al considerar que no hubo violencia. ¡Qué resistencia podía oponer una chica en shock rodeada por cinco hombres corpulentos! Los violadores de la manada de Manresa también fueron premiados con penas más leves por haber dejado previamente inconsciente a su presa, una menor de apenas 14 años.

Nuestra sociedad estalló de indignación y dijo basta: basta a que la materia de juicio fuera la resistencia de la víctima, basta a tener que pedir perdón por seguir vivas. La marea violeta que secundó la histórica huelga del 8M de 2018, se desbordó de nuevo por las calles de toda España el 27 de abril para protestar contra la sentencia de la Audiencia de Navarra. Fue el movimiento feminista el que consiguió que el Tribunal Supremo hiciera justicia y el que ha impulsado la nueva ley.

Aumento de delitos, lagunas penales, un clamor social…en cualquier país 'normal' sus partidos políticos se pondrían del lado de la protección de las mujeres, pero el nuestro y nuestra Región hace tiempo que dejaron de serlo.  Cada vez que tienen que elegir, PP y Ciudadanos lo tienen muy claro: que hay que tragar con el pin parental, al monte con Vox. Que hay que eliminar cualquier partida LGTBI, al monte con Vox. Que hay que ponerse de perfil el 8M, al monte con Vox.

Dicen que la cabra siempre tira al monte. En el caso de estos ultras hablamos más bien de machotes cabríos que se han ganado una fama más que discutible lanzando guarridos en redes sociales:

-Francisco Serrano, el juez de Vox, tuiteó al día siguiente que la sentencia de la manada había sido “dictada por la turba feminista supremacista”. “La única relación segura entre un hombre y una mujer”, remató en Facebook, “será la prostitución”. A día de hoy el juez putero sigue siendo el presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía. 

-Alonso de Mendoza, candidato al Congreso por Madrid, llamó a la menor violada por los tres futbolistas del Arandina “fulana” y “arpía”. Vox lo ha premiado con un puesto de asesor en el Parlamento Europeo.

-Bertrand Ndongo, el negro de Vox, se levantó ese día preguntándose “qué era ser menor” y denunciaba a las chicas que “llevan tanga” y ponen el “culo en pompa” en el Instagram. En diciembre Monasterio lo fichó como asesor en la Asamblea de Madrid.

-Juan José Liarte, portavoz ultra en la Asamblea de Murcia se expresaba así en junio sobre la ministra Dolores Delgado: “De una puta solo puedes esperar putadas”.

Hablemos claro. Estos son los compañeros de viaje de López Miras e Isabel Franco. No se puede estar al mismo tiempo con la inmensa mayoría de las mujeres de nuestro país y con estos cabestros que viven obsesionados en su guerra de sexos. No se puede estar con la protección de nuestra libertad sexual y con los energúmenos que defienden a los violadores y culpan a sus víctimas. No se puede estar con las mujeres trabajadoras que exigen una igualdad real y con el “feminismo” amazónico que achaca la brecha salarial a que las mujeres eligen profesiones peor remuneradas. Cayetana es tan machista como el juez Serrano.

Hoy es 8 de marzo y sabemos dónde estamos: si ellos se tiran al monte, nosotras tomamos las calles. 

Desgraciadamente,vuelve a ser necesario recordar nuestro rechazo a la violencia machista, tras los 51 asesinatos de este año en nuestro país, y esto solo dentro de los supuestos que marca la actual ley integral contra la violencia de género de 2004, que no recoge el sentido real de la conmemoración del día 25 de Noviembre en toda su extensión. Esta sería mucho más amplia pues este día conmemora la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo, por ser considerada inferior por sus agresores, no solo se trata de meros asesinatos a manos de parejas o exparejas en una suerte de venganza.

Resulta increíble si nos paramos a pensarlo bien, que en pleno siglo XXI las mujeres sigamos reclamando igualdad en el más amplio sentido de la palabra englobando los entornos políticos, sociales, culturales y económicos. Y resulta además vergonzoso que las mujeres sigamos pasando miedo por la tremenda inseguridad que sufrimos, ante la creciente relajación en nuestro paísde la consideración en la gravedad de las agresiones de lo cual nos ha advertido incluso la ONU.

Qué duda cabe que la mejor herramienta para la prevención de estos delitos sigue siendo la educación. Educar en valores y conocimiento de los derechos sociales, educar en diversidad afectivo-sexual, educar en otras formas de construcción de masculinidades, alejadas de la identidad basada en la violencia, la fuerza o la imposición, educar para eliminar el sexismo de la vida cotidiana que según muchos expertos ya se encuentra presente en los menores a la edad de tres años y que suele acabar generando individuos machistas.

Pero hoy día, con la actual coyuntura política en algunas comunidades autónomas, nos encontramos con una nueva amenaza que quiere echar por tierra todo lo conseguido hasta ahora por miles y miles de mujeres que lucharon a lo largo de la historia para conseguir sus derechos. Los avances conseguidos,como el reconocimiento de las víctimas hayan denunciado la agresión o no, la inclusión de los menores en los protocolos de valoración de riesgos o la devolución de las competencias en la materia a los ayuntamientos, así como las sentencias conseguidas, como la de la manada de Pamplona, han enfurecido a los agresores que empiezan a sentir sus seculares privilegios amenazados y han surgido movimientos y partidos nuevos que nos quieren hacer retroceder décadas, llegando a impedir la lectura de manifiestos institucionales para el 25N contra la violencia machista en algunos parlamentos y ayuntamientos donde son fuerza de gobierno o socios indispensables.

No lo vamos a permitir. Debemos mantener los logros conseguidos y seguir avanzando frente a quienes quieren meter los avances en un cajón y volver a recluir el problema dentro del ámbito intrafamiliar, aunque el 85% de esa violencia intrafamiliar sea violencia machista. Debemos exigir el cumplimiento íntegro de la ley de 2004, el pacto contra la violencia de género de 2017 que aunque lejos de ser el pacto feminista que necesidad nuestropaís, recoge algunos avances en la materia, así como el cumplimento íntegro del convenio de Estambul ratificado por España en al año2014.

En definitiva, avanzar en su erradicación creando ámbitos de reflexión, que hagan de la coeducación esa necesaria vía de transmisión desde la infancia, de los valores de igualdad y respeto hacia todas las personas en su diversidad y legislar y hacer cumplir esa legislación, para eliminar de una vez una lacra que nos deshumaniza a todas, como es la violencia machista.

#NiUnaMenos #YoSíTeCreo

Cuidar a quien te cuida parece una frase simple, pueril, trivial, pero tan necesaria y tan de sentido común que cuesta entender como en 2019, en pleno siglo XXI las mujeres dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de las personas en el hogar son a fecha de hoy, el colectivo de trabajadoras más invisibilizado, discriminado, precarizado y a menudo racializado de nuestro marco laboral.

Digo mujeres, porque son aproximadamente el 90% de las personas que se dedican a esta tarea, la de los cuidados necesarios para la vida, las que hacen de nuestros hogares un lugar sano y agradable de descanso, las que a menudo cuidan también de la salud de los miembros de la familia que le rodean, en definitiva, quienes más contribuyen al equilibrio emocional de los hogares y son determinantes en la calidad de vida de nuestros seres queridos.

Sin embargo, lo que la sociedad les devuelve a menudo, son trabajos temporales en casi el 57% de los casos, jornadas normalmente interminables de 10 o más horas, condiciones de trabajo penosas ejerciendo esfuerzos superiores a sus capacidades físicas, sueldos míseros inferiores en más de un 40% al resto de trabajadoras y carencia de derechos laborales en la mayoría de los casos, como los descansos semanales o las vacaciones y a la hora de jubilarse tienen las pensiones más bajas de la seguridad social, poco más de 500 euros mensuales, por no hablar de ser un colectivo de mujeres de las más expuestas al acoso sexual por parte de sus empleadores.

En estas condiciones, no es ninguna sorpresa decir que la tasa de pobreza en este colectivo duplica a la del resto de trabajadoras y digo bien, trabajadoras, porque hoy día un signo del mercado laboral en nuestro país, consecuencia de la crisis que venimos arrastrando desde 2008, es el de los trabajadores y trabajadoras pobres, incapaces de poder llegar a fin de mes, donde en algunas profesiones, la exclusión social y la pobreza supera en más del doble la media (16,3%) como en el caso de las trabajadoras domésticas. Todo esto sin olvidar tampoco la gran cantidad de mujeres migrantes, sin papeles, empleadas de manera ilegal en condiciones aún más penosas si cabe, que se ven obligadas a aceptar lo que sea, por miedo a ser denunciadas o a no encontrar otra manera de subsistir.

El mes pasado más de 50 colectivos se reunieron en Zaragoza para exigir al gobierno el cumplimiento de acuerdos incumplidos durante años, como la incorporación al Régimen General de la Seguridad Social acabando ya con la situación laboral especial en la que se encuentran y la ratificación del convenio 189 de la OIT elaborado en junio de 2011, firmado por España, ratificado por más de 25 países de nuestro entorno y que el gobierno español lleva desde entonces eludiendo su compromiso con estas trabajadoras. En ese convenio se promueve el trabajo decente para todos y los derechos fundamentales en el trabajo, así como la justicia social para una globalización equitativa, reconociendo la contribución significativa de las trabajadoras domésticas a la economía mundial.

El pasado mes de octubre Podemos para apoyar y firmar el proyecto de ley de Presupuestos para 2019, pedía incluir en su apartado 4 (Empleo: Por un trabajo digno con salarios dignos) punto 8, el compromiso de ratificar algunos convenios internacionales en materia de derechos sociales, entre ellos el 189 de la OIT que recoge como reclamación fundamental, la cobertura por desempleo para estas trabajadoras totalmente desprotegidas en este momento.

El acortamiento de la legislatura y el adelanto electoral, vuelven a dejar en papel mojado estos acuerdos y a las trabajadoras domésticas con la incertidumbre de un trabajo que de momento, sigue con la misma desprotección social que hasta ahora.

Huelga decir que a esta situación se ha llegado a causa de ese binomio letal para las mujeres que es la suma de neoliberalismo más patriarcado. Por un lado la sociedad machista y patriarcal que naturaliza que los cuidados forman parte de un rol de género que se aprovecha del sentimiento de obligación inculcado a fuego en las mentes de muchas mujeres durante toda su vida durante el proceso de socialización, unos cuidados entendidos como obligación moral de las mujeres donde a veces ni se pregunta, el consenso social establecido hace recaer estas tareas en las mujeres sin apenas discusión alguna y por otro lado un neoliberalismo que aprovecha esta condición social para concretar una división sexual discriminatoria del trabajo, vinculando este tipo de tareas efectuadas “con afecto” a la infravaloración de un trabajo, que por otro lado debería cubrir los servicios públicos, usándolo para justificar salarios de miseria.

Sea como fuere, el próximo 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, vaya desde aquí mi reconocimiento a esas mujeres que cuidan de lo que más queremos, hogar, hijos, mayores, a menudo fuera de la ley y por un sueldo que demasiadas veces no llega al salario mínimo y que sobre todo nos ayudan a poner la vida en el centro.

"Necesitamos una Europa humanitaria y acogedora, un cambio de sistema, un modelo de ciudadanía europeo que rompa con el molde económico basado en la austeridad, en la pérdida de derechos y el gasto desorbitado en seguridad"

Migrar para buscar asilo huyendo de la hambruna producida por las catástrofes naturales o las guerras generadas por los conflictos políticos es un derecho humano fundamental reconocido universalmente y que desgraciadamente se ha visto recrudecido en los últimos años, debido a la mayor crisis humanitaria vivida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, alcanzando ya la triste cifra de más de 60 millones de personas.

Las políticas de criminalización llevadas a cabo por la UE frente a personas, asociaciones y ONGs que realizan una importantísima labor de rescate en el Mediterráneo ha hecho que muchas asociaciones se vean obligadas a abandonar su trabajo y de las doce embarcaciones que había realizando estas tareas de salvamento ahora solo quedan tres. Cada vez menos testigos de los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo a las puertas de una Europa servil frente a las grandes multinacionales, cuyos intereses económicos de explotación de todo tipo de recursos naturales y humanos está generando la mayor crisis política, de derechos y de movilidad que sufre el continente.

Si hace un par de meses era la activista Helena Maleno quien se sentaba en el banquillo, acusada de estar relacionada con redes de tráfico de personas, por dedicar su trabajo y todo su esfuerzo personal a salvar vidas en el Estrecho, hace una semana la fiscalía de Catania (Italia) ordenaba la inmovilización del buque español Open Arms y la apertura de investigaciones por un posible delito de promoción de la migración ilegal.

Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental dedicada a rescatar del mar a personas refugiadas que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza, mediante la vigilancia y salvamento de las embarcaciones que necesitan auxilio en el Mar Egeo y Mediterráneo Central y denunciando las injusticias y los abusos de los que vienen siendo testigo en sus rescates.

En 2017 llegaron a Europa 21.143 personas que se conozca y 525 muertas o desaparecidas y el 96,7 % de esas personas llegaron por mar, que hubieran sido muchas más de no contar con el trabajo incondicional de estas gentes. Quiero mostrar mi solidaridad con esta organización y mi rechazo absoluto a esta detención, porque creo, al contrario de la fiscalía, que lo que promueve esta ONG es la solidaridad con los pueblos, esencial para una sociedad fraterna, justa y democrática, reconociendo su labor en defensa de los Derechos Humanos y exigiendo su pronta liberación.

Pero lo más preocupante es la situación generalizada que estamos viviendo en Europa, una situación de bloqueo donde miles de personas huyen de sus países apelando al Derecho Internacional y una Europa sorda, indolente, insegura, indigna, desacogedora, una Europa que pisotea su propia Carta de Derechos Fundacionales al saltarse los derechos fundamentales de las personas, dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.

Necesitamos una Europa humanitaria y acogedora, un cambio de sistema, un modelo de ciudadanía europeo que rompa con el molde económico basado en la austeridad, en la pérdida de derechos y el gasto desorbitado en seguridad. En definitiva, buscar alternativas que a corto plazo acaben con la situación inhumana en la que viven miles de personas y a medio y largo plazo ponga los intereses de la ciudadanía por encima de los de las grandes corporaciones, pero hace falta voluntad política, cuya dejadez es sin duda la que nos ha llevado a la situación actual. Esa es sin duda, la gran batalla que tenemos por delante en una Europa cada vez más reaccionaria.

#FreeOpenArms

¿Cómo cerrarlos ojos ante los más de 800 millones de personas en el mundo que aún sobreviven con menos de dólar y medio diarios, sin acceso a agua potable o alimentos?, ¿qué ha pasado con aquel consensuado documento surgido de la resolución aprobada por la asamblea general de Naciones Unidas en marzo de 1993? Y ¿a qué cajón fue a parar ese otro documento que empezó a elaborarse en 2001 y fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2007, Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos? Ese documento sentaba los principios básicos para la elaboración y la aplicación de todas las políticas públicas necesarias para reducir la pobreza. ¿Hay resultados?

Lo cierto es que la pobreza sigue avanzando y cobrándose víctimas cada año a nivel mundial, cada día abriéndose más la brecha entre ricos y pobres que crece ya a niveles obscenos, según Oxfam 8 multimillonarios poseen 426 mil millones de dólares mientras que los 3.600 millones de personas más pobres de la tierra poseen en total 409 mil millones. Cada año, hay más gente en este planeta viviendo con más miedo y con menos esperanza, minando así a su vez las fuerzas y la lucha para acabar con esta situación.

En nuestro país la situación no es más alentadora, el informe sobre reformas fiscales de la OCDE nos dice que España es el 7º país de 33 donde más han crecido las desigualdades sociales y según el VII Informe sobre el Estado de la Pobreza en España 2008-2016 de EAPN-ES presentado hoy mismo en el Congreso de los Diputados, un 27.9 % de la población, es decir prácticamente 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social y que nuestro país además, sigue sin cumplir con la Estrategia Europa 2020 con la que se comprometía a reducir estas cifras en 1.5 millones de personas.

La situación en la Región de Murcia sigue siendo lamentable debido a las políticas de austeridad recalcitrantes de los gobiernos del PP, de hecho, acabamos de conocer, algo que se palpa en el ambiente, pero enfrentándonos a los datos, la situación se hace mas desgarradora si cabe; y es que según el Informe de EAPN sobre pobreza y exclusión social, el 8% de la población que reside en nuestra Región tiene que sobrevivir con menos de 342 Euros al mes.

El informe también nos deja datos que golpean en lo más hondo de la conciencias social , como que porcentaje de pobreza y exclusión llega en nuestra región al 34,8 % muy por encima de la media estatal, situando a Murcia como 6º comunidad autónoma por la cola, pero si además descomponemos el índice AROPE y miramos el porcentaje de la población con carencia material severa, vemos que Murcia sube al tercer puesto por la cola con un 9.5, solo siendo superada en pobreza severa por Melilla y Canarias.

A estos datos hay que sumar, la falta de apoyo social, la falta de acciones formativas, la falta de itinerarios de inserción laboral que ayude a la gente a salir de esas situaciones de pobreza crónica, incluso heredada muchas veces de sus antecesores; carencias que suplen ONGs, las cuales como por ejemplo Caritas tienen que seguir interviniendo y ayudando a miles de familias murcianas, más de 25.000 familias el año pasado, por lo que estaríamos hablando de casi 80.000 personas.

Es cierto que ante la usencia de la política y protección social, se crea una red, un colchón de ayuda en barrios, pueblos, familias... es cierto que la solidaridad o ese sentimiento que aun conservamos y hemos denominado fraternidad comienza a operar con fuerza y hace que gracias, al apoyo humano, voluntario y anónimo, muchos de nuestros vecinos, puedan vivir con dignidad sin tener que pasar hambre o frío, o algo tan importante como el hecho de que un niño pueda hacer cinco comidas al día.

Pero no nos llevemos a engaños, el colchón social tiene sus limitaciones, y no es una cuestión de solidaridad, o concordia, es una cuestión de derechos sociales.

Disfrutar de una educación y sanidad de calidad, en definitiva una vida digna, no es un lujo, es un derecho, nos corresponde en tanto que humanos, por lo que inexorablemente, le corresponde al gobernante, ejercer de una vez como tal, y poner en marcha los mandatos que la ciudadanía representada en las instituciones les ha dado, que no es otro, que el de gestionar lo público, de forma justa y democrática, y ello implica sin lugar a dudas, procurar el cumplimiento de los derechos sociales.

Así como apuntaba la letra de la canción, “no nos callemos”, no permitamos el silencio, ni la inoperancia en política social, porque si lo hacemos seremos cómplices, y la pobreza es cuestión de todos.

*María Marín es Secretaria de derechos sociales y ciudadanía de Podemos Región de Murcia.

La pervivencia del mito del amor romántico en pleno siglo XXI tras años de lucha por una educación en igualdad y la prevención de la violencia machista, no deja de sorprendernos cada día.

La historia de “la chica del tranvía” ha traído a mi mente un texto cuya autoría se atribuye a John Lennon: “Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, y que la vida sólo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie merece cargar en las espaldas con lo que nos falta. Nos hicieron creer en una fórmula llamada `dos en uno´: dos personas pensando igual, actuando igual, y que eso era lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene un nombre: anulación…”

Recientemente nos asaltaba la noticia de cómo un chico de Blanca, de tan solo 23 años, Ingeniero Informático, pegaba carteles por toda Murcia para intentar localizar a una chica de la que supuestamente se enamoró, mientras viajaba en el tranvía la noche del Bando de la Huerta, `la chica del tranvía´ la llamaba.

Diversos medios se hicieron eco de la anécdota y como si del cuento de `La Princesa del Fuego´ se tratara, publicaron cómo este chico iniciaba la búsqueda de su amada para poder ser capaz de derretir su corazón y ser felices para siempre. Artículos, entrevistas, entre otros, nos acercaban a murcianos y murcianas a sentir esta bella historia como propia y solicitaban nuestra ayuda para localizar a la deseada damisela.

La pervivencia del mito del amor romántico en pleno siglo XXI tras años de lucha por una educación en igualdad y la prevención de la violencia machista, no deja de sorprendernos cada día. Esta construcción social de imágenes idealizadas dificulta el establecimiento de relaciones sanas en igualdad y da pie a comportamientos de dominancia, y la dominancia no es saludable, pues para que alguien domine, otro debe ser dominado, como para que alguien oprima debe haber oprimidos.

Sergio, así se llama el chico, afirmaba a los medios de comunicación, al parecer, que “ella era la mujer de su vida” tras haberla visto unos instantes en el tranvía. Grupos de mitos de amor romántico, el amor verdadero predestinado, la media naranja, la creencia ancestral de que sólo hay un amor verdadero en la vida, el mito de la complementariedad, la creencia de que una sola persona es capaz de colmar todas tus aspiraciones, sentimientos y necesidades, en definitiva, el perfecto caldo de cultivo para la debilidad, la inseguridad, la baja autoestima combinada con el dominio físico y verbal para ellas y la creencia de poder tomar el control, el poder en todo momento para ellos.

En su búsqueda, Sergio, daba datos sobre la estatura, forma y color de pelo de ella y de alguna de sus amigas, edad aproximada, vestimenta completa, recorrido, donde subía y donde bajaba la chica del tranvía. Esto se llama acoso. La chica no quiso bajar con él del tranvía, no, no quiso salir con él, no. Ese debía haber sido el final del cuento. Su Princesa de Fuego convertida en Daenerys Targaryen.

Resulta increíble cómo a estas alturas, con 34 mujeres ya asesinadas solo en los cuatro meses que llevamos de 2017, sigamos en los medios de comunicación exaltando estas historias ñoñas que fomentan la cultura de la violencia machista, subordinando a la mujer al `superior´ deseo masculino. ¿Alguien se ha preguntado qué pensará ella?, ¿alguien se ha preguntado qué sentirá cuando vea Murcia empapelada con su descripción hecha por un desconocido? No importa, ella no cuenta, no tiene voz, solo es `la chica del tranvía´.

El `amor eterno´, el `amor exclusivo´, el `amor incondicional´ o el `amor sacrificado´ de los cuentos Disney no deberían tener cabida en la vida real. El amor romántico que exacerba los roles sexistas es una de las principales causas de violencia machista.

La coeducación en las etapas de la adolescencia, donde arrancan la mayoría de las primeras experiencias de pareja debería ser obligatoria para promover la libertad y el respeto entre iguales, sin subordinaciones, haciendo hincapié en una educación afectivo sexual con enfoque de género.

En este caso es imperativo decir que desde los partidos políticos y desde las instituciones tenemos la obligación de impulsar políticas de igualdad reales que fomenten el pensamiento crítico, el respeto al otro, desechando modelos androcéntricos preconcebidos y estereotipos sexistas como los que nos han grabado a fuego desde la infancia……y colorín colorado….

*María Marín es secretaria de Igualdad en Podemos RM

La noticia, sin embargo, no es cuál ha sido la razón que ha llevado a no hacerse efectiva durante más de 15 años o quiénes han sido los responsables. Por el contrario, tras su ratificación y puesta en marcha el pasado mes de noviembre, son decenas de jefes de servicio que bien dimiten o se “resisten” a abandonar su actividad privada, poniendo sobre aviso a la ciudadanía de un posible deterioro de la calidad asistencial. No podríamos estar más en desacuerdo.  

En un mundo en constante transformación, líquido, donde el efectismo de los titulares y la amenaza de la posverdad marca la tónica política en general, conviene reorientar el discurso hacia aquellos elementos que permiten construir un núcleo sólido de debate. 

La Ley 53/1984 (Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) y la Ley 55/2003 (Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud) especifican que se hará incompatible el ejercicio de cualquier cargo que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, añadiendo, además, que se han de incorporar los valores de integridad, neutralidad, transparencia en la gestión, deontología y servicio al interés público y a los ciudadanos. ¿Conoce el usuario o el gestor herramientas que garanticen dicha independencia? ¿Se audita públicamente la actividad privada y pública de dichos profesionales? En caso contrario, ¿se pueden gestionar recursos públicos compatibilizando la actividad privada?

Estas preguntas se complejizan al valorar otras aristas del problema. Por un lado, se encuentran los profesionales, descontentos y desbordados por un servicio público más centrado en resolver los problemas insalvables de deuda, que en repensar un nuevo modelo sociosanitario que incentive el profesionalismo y la defensa de lo público, asegurando su propia supervivencia.

Por otro, existe un claro problema dependiente de la evaluación de las tecnologías sanitarias y de la práctica clínica habitual, que permita el acceso equitativo a recursos que se hayan demostrado efectivos. Y dentro de este marco, además, se hace necesario renovar un sistema en el que quepan clínicos solventes con capacidades demostradas de gestión. Sin olvidarnos de los usuarios, cuyas aportaciones son imprescindibles para resolver esta situación.

Por estos motivos, el menor de los problemas es la dimisión de los jefes de servicio. Lo acontecido en los últimos meses  es la consecuencia inmediata de un barco sin patrón y a la deriva en medio de una tempestad no está descrita en los libros de navegación. Más que nunca se necesita hablar alto y claro de los principales problemas dentro del Servicio Murciano de Salud y para ello no necesitamos pactos efectistas, sino poner sobre la mesa cuestiones para mejorar la salud de nuestra gente.

¿Pero qué hace falta entonces?

Primero un rechazo social frontal contra la misma, rechazo que implicaría a su vez desechar de una vez por todas el modelo machista hegemónico que ni siquiera se atreve a nombrar las causas adecuadamente, ni doméstica, ni contra la mujer, ni de género, ni familiar, violencia machista.

Machista porque sostiene una desigualdad hombre/mujer que es estructural y que se da la mano y se ve reforzada con la salida neoliberal, la huida hacia delante de esta crisis de régimen donde la fuerza de trabajo de las mujeres y en especial la valoración de los cuidados, siguen siendo en gran parte no remunerados y ni siquiera socialmente reconocidos como fuerza fundamental para el sostenimiento de los hogares y el bienestar de la sociedad.

Segundo, voluntad política y mucho me temo que con el nuevo gobierno Rajoy y su nueva Ministra la Sr. Monserrat, los de la “igualdad real”, los de la “ideología de género”, los de poner el acento en las falsas denuncias aunque sean un 0.008% del total, los de las feminazis revanchistas, los de la asimetría penal de la Ley de Violencia, y todas otras formas de posmachismo que intentan evitar el debate y la reflexión seria, centrando la atención en estrategias de manipulación del lenguaje, para en realidad mantener la estructura jerarquizada del orden patriarcal, revestido de un sistema de valores en claro retroceso en cuestiones de igualdad.

Y tercero, presupuestos. La CEDAW en su último informe le recuerda a España que debe aumentar los presupuestos asignados a las protección social y la defensa de los derechos de las mujeres, pues en 2016 los presupuestos para estas partidas supusieron un 0.01 % del total, de vergüenza.

¿Cuando será el próximo comunicado sobre esta pandemia mundial?

*María Marín es Secretaria de Igualdad Podemos Región de Murcia