Al calor de la publicación del último informe realizado por los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid sobre la situación de la Cañada Real Galiana, ésta vuelve a convertirse en objeto de debate en los medios de comunicación. Y eso me lleva a hacer algunas apreciaciones que, espero, ayuden a clarificar la comprensión de una cuestión tan controvertida.

En primer lugar, estamos hablando de una franja de terreno, de entre 40 y 70 metros de ancho, que transcurre a lo largo de unos 15 kilómetros entre los límites de los municipios de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid.

Se trata de un territorio rodeado de los vertederos controlados de la zona de Valdemingómez, de basureros ilegales y fuera de control (como el que ardió hace dos veranos), de una zona sometida al riesgo de inundación por el arroyo de los Migueles, de un gaseoducto, de líneas de alta tensión, de un oleoducto, del colector de aguas residuales de los barrio del este de Madrid, de la línea del AVE a Barcelona, y de las autovías A3, M-50, M-45 y R3. Es, por tanto, un territorio afectado por una realidad física muy compleja.

Además, estamos hablando de un espacio en el que confluyen otros factores que lo hacen aún más complejo. Los diferentes tramos de la Cañada están sometidos a afecciones de diferente entidad: ruidos, carencia de calidad ambiental que tienen su origen en las grandes infraestructuras, servidumbres y zonas de seguridad que no son salvables, y riesgos para la salud y la seguridad de las personas por instalaciones de alto riesgo. Su configuración como una franja de territorio lineal nos habla, por tanto, de realidades heterogéneas y que no se pueden obviar.

Por otro lado, la Cañada cuenta con un población que se puede diferenciar en dos grandes grupos: los primeros pobladores, que son gentes que ocuparon un suelo público, en primera instancia para desarrollar una actividad de ocio (huerto, segunda residencia, etc.) y que a lo largo del tiempo acabaron construyendo su vivienda habitual sobre ese terreno; y el segundo grupo, que está constituido por gentes que buscaron allí una parcela de terreno barato, que compraron a algunos de esos primeros pobladores y sobre el que, finalmente, han construido su vivienda habitual. Se trata, en muchos casos de una población expulsada de la ciudad que ha encontrado en la Cañada un sitio asequible para su economía familiar, un espacio en donde ha terminado edificando una infravivienda.

En el tramo de la Cañada que corresponde a Rivas se ha censado a 1.200 personas, una población que accede diariamente a los servicios públicos municipales de la localidad. En torno al 80% son receptores de la Renta Mínima de Inserción. Se trata pues de familias sin recursos que sobreviven en gran medida gracias al apoyo asistencial que reciben.

Esta realidad social, la configuración territorial y las capacidades de la gestión pública son los mimbres con los que podemos construir el canasto de la solución. Cualquier propuesta que pretenda ofrecer una salida al complejo laberinto en el que se ha convertido la Cañada Real debería tener como prioridad defender para estas personas el derecho a vivir en una ciudad, igual que el resto de vecinos y vecinas de la zona. Todas ellas deben ver garantizada la opción de residir en un espacio urbano salubre en el que prime la seguridad, con calidad ambiental y con los servicios que les garanticen su desarrollo personal y el de sus hijas e hijos.

Para el Ayuntamiento de Rivas la solución pasa por reconocer el derecho universal a la vivienda a todos los residentes de la Cañada que aparezcan en el censo realizado en 2011, que ya fue publicado y que está pendiente de resolver algunas alegaciones. Se debe garantizar, además, el derecho de acceso a la ciudad a todas las familias, lo que supone que hay que integrar la Cañada en la trama urbana preexistente y que, en consecuencia, sólo podrán ser terrenos urbanizables aquellos que aseguren unas condiciones de vida dignas y seguras. Y finalmente, la solución urbanística tiene que ser viable y con una hoja de ruta clara y acotada en el tiempo.

Rivas es hoy una ciudad que sigue acogiendo a nuevos vecinos y vecinas año tras año. Uno de sus principales atractivos consiste, tal vez, en que quienes la gestionamos entendemos que en la construcción del municipio, la vivienda, las calles y los parques son sólo una parte. En Rivas defendemos la ciudad como un espacio de convivencia, de crecimiento personal, en el que cualquiera pueda desarrollar una vida plena.

Nadie debería olvidar que este asunto –como todos los problemas complejos– no puede despacharse con simplificaciones y prejuicios, ya que tiene otras caras: las de los vecinos y vecinas del barrio de Covibar y de La Luna (Rivas) y de Vallecas, que deben enfrentarse a diario con los efectos no deseados de una ocupación ilegal que ha convertido un espacio verde en un territorio de impunidad para el tráfico de droga, vertidos ilegales y otros negocios ilícitos. Estas familias también se merecen una solución que garantice sus derechos respecto a la seguridad, el respeto del medioambiente y a la legalidad urbanística.

Los habitantes de la Cañada Real Galiana tienen el mismo derecho a la ciudad que los que viven en Vicálvaro, Arganzuela, Retiro. Y en ningún caso se debería permitir una interpretación laxa de las obligaciones impuestas a las administraciones respecto a los desarrollos urbanísticos, por la condición de vulnerabilidad social y económica de las personas que ahora residen en la Cañada. Las administraciones públicas debemos garantizar unas condiciones de vida dignas para estas familias. En todos los casos. Se trata de una cuestión de justicia social.