Entre ellas, la catedral de Valencia, el Micalet, el monasterio de la Santa Faz, e Alacant y la concatedral de San Nicolas, más centenares de ermitas e iglesias parroquiales como la de Sant Joan d’Alacant, de Xixona, de Elx, de Mutxamel, de El Campell por referirnos a una parte de nuestro territorio más proximo según el listado del gobierno, en la provincia de Alacant, desde 1998 a 2015, alcanza las 192 cval.pdf (lasexta.com). Una larga lista de usurpaciones que ha convertido a la iglesia en la primera propietaria inmobiliaria española con total opacidad sobre los negocios y cuentas en relación a la gestión de estos espacios, del valor de sus contenidos, en tantas ocasiones privatizados para visitas, previo pago.

¿Qué es eso de inmatricular? Se trata de inscribir por primera vez un bien en el Registro de la Propiedad. Como ya sabemos todos, durante los cuarenta años de franquismo, la sociedad española vivió bajo una dictadura nacional católica. Entre otros beneficios y privilegios que obtuvo la Iglesia Católica, en 1946 según decreto 8/2/1946 se reformó la Ley Hipotecaria  se equiparó a los dirigentes de la jerarquía eclesiástica con el propio Estado y en 1947 el Reglamento Hipotecario así lo estableció. De modo que son los propios obispos quienes expedían y certificaban que tal bien es de su propiedad. No parece muy constitucional, ni democrático. Más bien al contrario.

Nadie pidió cuentas a la Iglesia de sus delitos y crimenes en connicencia con la dictadura, ni durante la Transición, ni aún después. Ni en materia de apropiaciones de lo ajeno ni en ninguna otra materia. Pasaron asi los años.  El Real Decreto 1867/1998 del Gobierno de Aznar siguió beneficiando a la jerarquía católica: Suprimió el art. 5.4 del Reglamento Hipotecario que impedía inmatricular los lugares de culto, ampliando de esta forma el ámbito de lo inmatriculable.

En 2015, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó La Ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria que excluye a la Iglesia Católica del procedimiento de inmatriculación instaurado en 1946. Setenta años de barra libre. Se pone fin a las inmatriculaciones, sí, pero no se reclamó ni se acreditó  lo inmatriculado. Todo ello, a pesar de la inconstitucionalidad del procedimiento desde la aprobación de la Constitucion en 1978 y la nulidad aplicable a los bienes de dominio público durante todo el tiempo de vigencia inmatriculadora. 

Setenta años de expolio continuado, desde 1946 a 2015, de los bienes y de sus contenidos, obras de arte de valor incalculable lo mueble y lo inmueble.

Fue a comienzos del S XXI cuando comienzan ha conocerse denuncias públicas de estos robos y comienzaron las movilizaciones. No vivimos en un estado laico pero sí aconfesional. Ningun estado democrático podría justificar semejante latrocinio. No se trata de que dejen de ejercer como espacios de culto, si no que vuelvan a ser bienes públicos y no privados. Y que sus cuentas sean transparentes.

 La Iglesia debe devolver al dominio público los bienes inmatriculados. A ello se comprometió el gobierno actual; tanto PSOE como Podemos y el propio Sánchez en su discurso de investidura aseguraron que realizarían las modificaciones legislativas oportunas para revertir esta situación. ¿Para cuándo?

El 16 de febrero de 2021, la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó al Congreso el listado de las 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia pero sólo desde 1998. “Sabemos, afirman desde la coordinadora Recuperenado, que las producidas antes de ese año son mucho más numerosas y que cada inmatriculación puede contener varios bienes. Calculamos que los bienes inmatriculados en todo el tiempo de vigencia del privilegio eclesial superan los 100.000”. Los obispos y sus empresas, se han apropiado de numerosos bienes, pero a ello hay que añadir el valor incalculable de muchos de ellos: la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la catedral de Burgos, el prerrománico asturiano, el mudéjar aragonés...

En estos años ha habido una positiva implicación de algunos parlamentos y gobiernos autonómicos (Navarra, País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón) en recabar y hacer público el listado de los bienes inmatriculados en su territorio, que choca con la actitud pasiva y renuente del Gobierno estatal y otras administraciones, como la valenciana.

Es necesario también una actualización de la Ley de Patrimonio, la estatal y la valenciana en nuestro caso, para afectar los bienes históricos artísticos de índole religiosa al patrimonio estatal y al pleno dominio de las Administraciones Públicas. Nadie cuestiona el uso litúrgico de los espacios, lo que se reclama es la devolución al patrimonio común. Y al gobierno, que cumpla sus compromisos.

El 3 de marzo de 1976, la intervención de la Policía Armada  en Vitoria se saldó con más de 150 heridos y 5 muertos.  En las grabaciones de la radio policial, se pudo escuchar el intercambio entre los mandos:

“ ¡Desalojen la iglesia como sea!… ”¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio ¡Gasead la iglesia! ¡Manden fuerzas, hemos disparado más de dos mil tiros… después de disparar y romper la iglesia de San Francisco …  Te puedes imaginar cómo está la calle, cómo está todo… ¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio!… Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia, Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Pero una masacre“.

Esa jornada de marzo de 1976, miles de trabajadores en Vitoria se sumaban a la huelga general, a pesar de las prohibiciones y amenazas del gobierno de Arias Navarro y de la patronal. A las 17h, la Policía Armada rodeó la iglesia de San Francisco de Asís; el párroco, que había dado cobijo a la reunión, fue desoído por los mandos policiales que dieron la orden de desalojo de una asamblea que reunía a más de cuatro mil trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís.  Dos manifestantes más morían los días siguientes en Tarragona y Basauri, Vizcaya, en las manifestaciones de protestas solidarias con los obreros de Vitoria.   Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sindicales y los derechos de reunión, de manifestación, la libertad sindical y de expresión, inexistentes.

Una comisión del Palamento Vasco, en 2008, consideró responsables políticos de los sucesos, “a los titulares de los ministerios actuantes en ese conflicto”. Seis años después,  en 2014 la Interpol solicitó la detención preventiva y extradición de varios implicados en la matanza, incluido Rodolfo Martín Villa como responsable de la represión al cometer delitos que son sancionables con “penas de reclusión y prisión perpetua” según el Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Penal Internacional.

Cuando la jueza argentina, María Servini, solicitó su detención y extradición, para tomarle declaración indagatoria, en 2014, el acusado declaró al diario ABC:  “No me voy a esconder, voy a ir hasta el final”.

Rodolfo Martín Villa tiene ahora 86 años. Desde sus años de universidad, ha ocupado cargos públicos al más alto nivel, al servicio del  régimen franquista y más tarde, de los gobiernos de Suárez y de Calvo Sotelo. Siempre en coche oficial, ha dibujado su biografía, sin descanso, desde lugares estratégicos del poder político, del control sindical falangista, de las fuerzas del orden predemócraticas y en transición,  zurciendo el pasado y el presente con laboriosa tenacidad. Durante los años claves, tras la muerte de Franco, fue el mando decisivo al frente de los aparatos del estado, responsables de la represión, tarea que realizó con mano firme y con colaboradores decisivos, entre ellos, el comisario Conesa, llamado “superagente”, premiado y condecorado, Jefe de la Brigada Politico y Social, presente en muy variados atentados y crímenes atribuidos a la izquierda, maestro y jefe de los tristemente famosos, el ya fallecido y también encausado en la querella argentina  González Pacheco, “Billy el Niño”, y Villarejo, encarcelado por traficar con informaciones reservadas, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Fue Martín Villa quien transformó la Brigada Político Social, encargada de la represión durante la dictadura,  a una nueva estructura policial, con la mayoría de mandos y comisarios, en la dirección de las nuevas jefaturas. Incluido Conesa, denunciado por torturas por dirigentes políticos como Marcelino Camacho, entre otros, y que acabó, en enero de 1979, asumiendo el mando de la lucha antiterrorista en el País Vasco.

Martín Villa quiere llegar hasta el final. Un final larguísimo, como su vida.

Durante su mandato al frente de Interior, las semanas, los días estaban preñados de movilizaciones, de esperanzas y de muertes de militantes de izquierda, de tiros al aire de la policía, de la Guardia Civil, que acababan en el corazón o en la cabeza de quienes reclamaban cambios. Los ataques terroristas de bandera blanca, atribuidos en ocasiones a la izquierda, con participación de servicios secretos policiales y de terroristas de extrema derecha y las detenciones irregulares y torturas en comisarías eran el pan de cada día, de forma sistemática.  

Por su experiencia al frente del SEU y más tarde como gobernador civil y como ministro de Relaciones Sindicales, según cuenta el investigador Alfredo Grimaldos, autor de La sombra de Franco en la Transición, trenzó una amplia red de matones, delatores e informadores de gran valor para detenciones de sindicalistas, estudiantes y activistas antifranquistas a lo largo de aquellos intensos años.

La lista suma 599 muertos, según la investigación de Mariano Sánchez, publicada en “La Transición sangrienta”. Entre ellos, también el asesinato a manos de la policía de Teófilo del Valle en febrero de 1976, en Elda, por disparos de la policía contra trabajadores del calzado. El asesinato de Miquel Grau en octubre de 1977, a manos de un militante de extrema derecha y su posterior indulto, en diciembre de 1977; el asesinato de Arturo Ruiz, en Madrid, de Valentín González, un joven trabajador del mercado de Valencia, en enero de 1979 y sigue la lista. Los atentados en Barcelona, el 20 de septiembre de 1977, contra la revista El Papus, un muerto y varios heridos; contra la sala de fiesta Scala, en enero de 1978, cuatro personas muertas;  contra el diario El País, octubre de 1978, un muerto, dos heridos, San Fermines/78, un muerto y 55 heridos por disparos de la policía… Según datos de Mariano Sanchez Soler la policía, además, cargó brutalmente y disolvió, solo en el año 1977, 778 manifestaciones.

Para  tomarle declaración como imputado, para llegar hasta el final, la titular del tribunal número 1 de Buenos Aires ha superado importantes obstáculos jurídicos y políticos; entre ellos, la decisión de la Fiscalía que, desde 2014, impedía que se llevaran a efecto las peticiones de María Servini y que la actual fiscal general del estado, Dolores Delgado, ha dejado sin efecto hace apenas unas semanas. Otras salvaguardas de la impunidad franquista quedan por remover. Una, la ley de secretos oficiales de 1968 y la aprobación de una nueva que haga accesible la información sobre mandos y acciones realizadas durante  los años del franquismo y de la Transición politica. Y otra, dejar sin efecto total o parcialmente la Ley de Amnistia de 1977, que a modo de ley de punto final, es la principal trinchera que mantiene protegidos a acusados de crímenes como Martín Villa para llegar “hasta el final”.

El exministro, sin dejar la escena política, pasó a a la vida económica. Llegó, como siempre, lo más lejos que pudo. Ha ostentado 93 cargos corporativos y ha formado parte de 45 empresas desde 1990, según la revista Critic, siempre vinculadas a sectores estratégicos, privatizaciones de sectores públicos y del propio IBEX 35. Ha sido clave en asegurar los lazos del poder económico en sus viajes de la empresa pública de valor estratégico, a la privada, privatizando las ganancias en unos casos, como Endesa, y socializando las perdidas en otros, como en la SAREB, el banco malo. Tras pasar por la ejecutiva del PP, presidió Endesa y capitaneó su privatización para, posteriormente, recalar en Sogecable. Ha sido un nombre repetido en empresas estratégicas, de energía y de comunicación, seguros, banca...

En 2013, rizando el rizo, ingresó en la Academia de la Ciencias Morales. Con 86 años, ha ido soltando lastre pero se ha mantenido hasta julio de 2019 administrador solidarios de Polinmarpe, una sociedad limitada dedicada a la “inversión en todo tipo de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos” una empresa familiar  a través de la que participan en Cliner, creada en 1985 por varios dirigentes de Alianza Popular  que tiene valiosos clientes como la Entidad Metropolitana del Transporte de Valencia o bancos como el  BBA o el Santander.

Así y todo, la guinda de su carrera “hasta el final” está aún pendiente. Se sabe protegido, lo ha estado hasta el presente.  La esperanza es que el colofón sea el fin de la impunidad de manos de la Justicia. Y él que lo vea.

El que fuera Jefe del Estado, protegido por la Constitución, impune por la máxima norma, quien fue nombrado por Franco, para darnos “estabilidad”, aunque significara saltarse el propio orden sucesorio, por voluntad del dictador. Ése, “el campechano” del que la prensa “libre” durante décadas ha ocultado fechorías, salidas de tono y andanzas variopintas, Juan Carlos de Borbón, ha caído en desgracia, se ha pasado de la raya y  ha perdido apoyos y aliados que están destapando sus excesos.

Él, que es rey emérito de un país en crisis sanitaria, que desde 2008 ha atravesado una crisis económica que ha dejado en bancarrota a millones de personas, de empresas y de familias sin viviendas. Juan Carlos de Borbón, que tantas veces ha sido presentado como “salvador de la democracia”, del que también se sospecha estuviera alertado previamente del golpe militar del 23F, que frenó los avances y aspiraciones de una democracia más amplia, más profunda, él es cabeza visible emérito de un país con una ciudadanía ejemplar que no se merece tanto abuso y desprecio.

La dictadura, y la corrupción que la definió, continuó como hábito a través de máximos dirigentes del Estado. ¿Lograremos conocer hasta donde llegó la estafa? La moral, la económica. ¿Podremos saber hasta dónde su impostura y cifrar sus delitos? ¿Será capaz el Parlamento de ser fiel al mandato de transparencia y firmeza democrática contra la corrupción? Cumplir aquello que el propio Juan Carlos dijo en su mensaje de Navidad de 2012: La Justicia es igual para todos, dijo.

Sin embargo a pesar de la corrupción como forma de relación y comportamiento  social y económico de la que no nos hemos logrado deshacer en las ultimas décadas,  nuestra sociedad, nuestra gente está en las antípodas del “Campechano. La inmensa mayoría, incluidos los que menos tienen, se ponen al servicio del resto cuando toca y son demócratas con todas sus consecuencias. Lo vemos en los momentos difíciles como los que atravesamos.

Una millonada de personas que, decretado el estado de alarma, acuden a sus tareas de limpieza, de cuidado y elaboración de alimentos, que hacen pan y lo venden en los mostradores, los auxiliares de farmacia que persisten en la primera línea, las cuidadoras de personas mayores, que no les abandonan, los conductores de autobuses, de trenes y de taxis, las voluntarias que se organizan en red para asistir a sus vecinas y vecinos enfermos o necesitados, aquellos que trabajan en las lavanderías, en las cocinas de hospitales y centros de mayores, los miles que en la red inventan propuestas para mantenernos activos, sonrientes, coordinados. Artistas, músicos, gimnastas, profesorado, gente del campo, ganaderas y agricultoras, que siguen cultivando lo que nos vamos a comer mañana, transportistas que continúan en la carretera abasteciéndonos.

No mereció usted la Corona de este país, Juan Carlos. Sus escándalos, a pesar de la protección legal, del CNI, de la sordina impuesta, se expanden por las redes. Tal vez no lo veamos esposado metido en un furgón, tal vez no tome las de Villadiego, como el abuelo Alfonso. Pero, Juan Carlos, ya nunca más tendrá el apoyo de la mayoría, esa ejemplar ciudadanía  que trabaja horas extenuantes, en hospitales y ambulatorios, esos millones de maestras, funcionarios, trabajadores, pensionistas, autónomos, que durante años ha visto mermados sus derechos, sus sueldos, sus libertades, sus pensiones  y  créditos, mientras usted hacia negocios con las tiranías más despóticas y misóginas del mundo y cobraba comisiones que guardaba en paraísos fiscales.

Tal el tamaño de su patriotismo. 

Recuerdo que dijo una vez, “No volverá a ocurrir”, allá por 2012, pillado infraganti cazando elefantes cuando millones de españoles reclamaban justicia en las calles contra los recortes en derechos y eran expulsados de sus viviendas y de sus trabajos.

Demasiadas mentiras y escándalos, también los privados, que calla la reina, su esposa y que se fue lo más lejos que pudo de su lado, mientras seguían con una cierta pantomima tratando de sostener el imposible espejismo de ejemplaridad. Escándalos que ahora no callan las que fueron sus amantes, o algunas de ellas, más poderosas.

Si su hijo Felipe, como dice, renuncia a la herencia, incluida la corona, sepa usted, que usted será el primer responsable. Los monárquicos, y tantos demócratas de buena fe, le han apoyado, protegido, le han reído las gracias durante años. Pero ya no hay modo.

En 1978, los acuerdos de la Transición, establecidos en un estado de profunda debilidad de las fuerzas y corrientes democráticas y republicanas apenas salidas de la clandestinidad --ni siquiera pudieron presentarse a las elecciones de 1977 partidos que llevaran en sus siglas la palabra República-- no permitieron que la Monarquía se sometiera a plebiscito.

Le seguirán protegiendo, negando que se investigue lo que necesitamos saber. Cumplir con aquello que usted mismo dijo en 2011, desde la trinchera de su impunidad: “La Justicia es igual para todos” .

Se le ve enfermo, menos campechano. Sea noble en algo. Devuelva lo que no le corresponda. Ponga esos millones a disposición de quienes en este país tanto necesitan, sea ejemplar por una vez.

Se quedó con una corona impuesta al pueblo del Estado español que no le correspondía. Y tal vez, con su comportamiento, dejará una herencia infame, sin corona,  a sus descendientes.

Y más pronto que tarde, nuestra sociedad, repleta de gente noble y valiente  podrá decidir libremente sobre quiénes deben estar al frente de la cabeza del Estado. Y si no, al tiempo.

Nota: Delenda est Monarchia es el título de un artículo de Ortega y Gasset publicado en El Sol el 18 de septiembre de 1930 y que citaba a su vez a Catón El Viejo.

Llum Quiñonero es periodista y escritora

La política útil es el resultado de una ecuación que surge de la suma de tres verbos: escuchar, hablar y pactar. Ahora más que nunca debemos apelar a esa política de acuerdos, la que busca el bien común entre diferentes y la que desde un primer día sepa poner sobre la mesa propuestas de gestión y no nombres propios. Més Compromís, la coalición que conforman Compromís y Más País, se presenta para desbloquear la formación de un gobierno progresista y para ser el pegamento de un ejecutivo de progreso. Por nuestras caras nos conoceréis: Mónica Oltra, Íñigo Errejón, Joan Baldoví… La Comunidad Valenciana es una tierra de cooperativas empresariales y Més Compromís es ejemplo de ello.

En las últimas dos semanas hemos celebrado reuniones abiertas en distintas ciudades a las que hemos llamado ‘asambleas del desbloqueo’. Son muchas las personas que miran atrás con cansancio y decepción después de ser llamadas a parar en las urnas a un gobierno compartido la extrema derecha. Les pidieron el voto útil para luego decirles que un gobierno progresista era inviable. A estas personas nos hemos dirigido para escucharles y decirles que también hay gente en primera línea que piensa como ellos y se siente traicionada o decepcionada. Més Compromís-Más País quiere ser el antídoto contra la abstención y la desilusión, avanzar en las soluciones y sumar en un proyecto en el que quepa la mayor parte de la sociedad. Una candidatura que defina a muchas personas más allá de sus diferencias.

Es en espacios de participación como estos donde ha de estar el político útil, quien nunca debería cortar el cordón umbilical que le une a su electorado o a la ciudadanía en general, incluso la que no le vota. Necesitamos políticos que trabajen por el derecho a la vivienda y la emancipación juvenil, que hablen de pensiones y trabajo digno, que creen políticas de reconversión energética y hagan a las ciudades y pueblos más resistentes contra el cambio climático. Tras 20 años de saqueo de las arcas autonómicas los habitantes de la Comunidad Valenciana padecemos una relación financiera con el Estado que no nos permite mantener nuestros servicios sociales, nuestros hospitales, nuestros colegios o a nuestros mayores. Es clamorosa la necesidad de un nuevo sistema de financiación que sustituya al sistema actual, caducado desde 2013, para dejar de pagar como ricos cuando no superamos ni la renta per cápita media del Estado.

Son demasiados años ya con España viviendo en el bloqueo y los políticos en las trincheras, malos años para el pensamiento transversal. Son demasiados años votando a partidos que no cumplen lo que prometen, partidos que apelan un ‘voto útil’ y que nos es devuelto en forma de política nada útil. Demasiados años de gobiernos que no ven las crisis venir,  sean climatológicas, sean simplemente democráticas. Més Compromís se presenta a las elecciones con propuestas muy concretas para una sociedad justa, ecologista y sostenible, feminista, transparente, vigilante con la corrupción y autosuficiente económicamente. No es el momento de la política de las banderas sino de la que se centra en los problemas de las personas, la que establece un marco legal para las empresas que fomentan una economía al servicio de la ciudadanía y que de una vez por todas sigamos avanzando en crear una estrategia ante la emergencia climática que vivimos en el Mediterráneo. Es el momento de la política útil, del voto realmente comprometido, es el momento de hacer más país.

*Llum Quiñonero, candidata al Senado por Més Compromís-Más País

Ignasi Candela, candidato al Congreso por Més Compromís-Más País

¡Hay tanto que agradecer a su osadía!

Recuerdo en Alicante, a Toni Forat, vestido de alicantina en tantas manifestaciones, con su pancarta, “Libertad de expresión”. Osadas, atrevidas y generosas. Expuestas siempre, Valientes

Maricón era y un insulto –aún lo es ahora—y ser lesbiana era un estigma; las mujeres vivían, en la inmensa mayoría de los casos, su deseo o sus relaciones con otras mujeres con un grado de invisibilidad casi total, incluso en silencio, y la transexualidad apenas se entendía socialmente y se condenaba abiertamente.

“Haz lo que quieras, pero que no lo sepa nadie” aconsejaban los curas a los varones, en aquella sociedad en la que sus opiniones eran determinantes. A las mujeres, la negación. El acoso, la violencia, los insultos, la discriminación en el colegio, en la calle o en el trabajo, una constante. La sanidad, negada, nula. “Haz lo que quieras pero que no se sepa”. El castigo estaba en salirse del tiesto. Y la amargura en vivir con la culpa.

Los grupos feministas y las primeras iniciativas de gays, lesbianas y trans, fueron determinantes en iniciar la ruptura frente a tanta represión.

En 1980, el 3 de julio, recibí en mi casa en Alicante, en sobre entregado sin sello de correos, una carta que solo su lectura me aterró. Tenía 26 años y había pasado los últimos diez involucrada en la vida cultural y política de mi ciudad, Alacant. Siempre viví libre y abiertamente mi sexualidad. Y defendí abiertamente las libertades para todos. Con entusiasmo y convencimiento.

Vuelvo a la carta. En 1980, el 3 de julio, recibí por debajo de la puerta un sobre. Estaba firmada por la Triple A, Alianza Apostólica Anticomunista, bajo el símbolo del yugo y las flechas y entre admiraciones “”Arriba España“ y ”Viva Cristo Rey“.

Me comunicaban que, decía; “hemos decidido ejecutarte”. Y continuaban: “Aunque te escondas en una alcantarilla te encontraremos y haremos contigo lo mismo que hicieron nuestros camaradas en Madrid con Yolanda González, otra lesbiana como tú”.

No fue fácil convivir con la amenaza pero no me desalentaron ni el miedo evitó que continuara comprometida en defensa de la democracia que tanto costaba hacerla avanzar.

Sigo viva.

De entonces aquí a lo largo de cuatro décadas nuestra sociedad ha dejado de estar sometida a una moral ultraconservadora y nacional católica. Nuestra Constitución y un amplio abanico de leyes, incluida la de matrimonio de parejas del mismo sexo, aprobada bajo el gobierno de Zapatero en 2015, son un ejemplo para el mundo.

Vivimos tiempos de renovación.

En las próximas semanas comenzara la tramitación en Les Corts del Proyecto de Ley de la Generalitat para la igualdad de las personas LGTBI, Lesbinas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales en el parlamento valenciano.

Estamos de enhorabuena. Casi dos años de trabajo previo desde la sociedad civil, con participación de personas expertas y asociaciones lgtbi han hecho posible un texto que pronto verá la luz. Afrontamos un debate sobre derechos sexuales, sobre libertades y sobre el amparo legal para quienes han padecido condena, negación y estigmatización de forma reiterada, para el rechazo que aún perdura, incardinado en una moral que fue dominante. Profundizamos la democracia a la misma velocidad que avanzamos hacia una sociedad conformada por personas más felices. No es esta una ley para lesbianas, trans, bisexuales, gais, intersexuales. Esta es una ley que nos reconoce a todos como parte imprescindible de nuestra comunidad inclusiva, respetuosa.

Contra la negación, la intransigencia, la invisibilidad, el silencio, el acoso, la indiferencia, defenderemos el derecho a la felicidad de todas, con memoria y reconocimiento. ¡Viva la vida y la alegría de quienes durante décadas han defendido con orgullo sus derechos!

Llum Quiñonero es diputada de Podemos en las Corts Valencianes.

La regata sale de Alicante desde 2005; son cuatro las veces que nuestro puerto alicantino le ha dado cobijo, casi diez años de vuelta al mundo a vela desde Alacant.  ¿Acaso no es tiempo suficiente para tener negro sobre blanco los informes y datos sobre los beneficios y compensaciones recibidas a cambio de los millones de euros invertidos por nuestra Hacienda valenciana? ¿Cuánto recibe la marca de automóviles como promoción en nuestra tierra?

¿Vendrán a conocernos a Alacant los amantes de la vela, de la excelente gastronomía, de las ciudades hermosas y apacibles?  ¿Y qué les ofreceremos? ¿Una ciudad saturada de una oferta turística de baja calidad con un ayuntamiento intervenido por la gestión nefasta de gobiernos corruptos del PP, con nuestras infraestructuras inacabadas, con nuestros hitos monumentales e históricos y nuestros museos y teatros sin presupuesto para su puesta a punto? ¿Cuánto hemos mejorado en inversión tras casi diez años de ser sede del puerto de salida?

Son demasiadas preguntas sin contestar.

Navegar es hermoso y a vela, más. Lo que está a debate no es la regata, ni los excelentes equipos que competirán en ella ni la excelencia del deporte náutico, que bienvenida sea. El asunto es lo pertinente de la inversión.

Vamos con el pie cambiado. Y me temo que la Generalitat persista en ello, en una inversión cuyo retorno no está garantizado en un contexto de extrema debilidad de nuestras finanzas públicas y con grandes retos sociales, culturales y en infraestructuras por cubrir.

Nuestra ciudad esta desatendida, nuestra hacienda municipal esta intervenida y la autonómica infra-financiada año tras año; necesitamos muchos millones de euros para poner al día nuestro patrimonio, los accesos de la ciudad, las conexiones, los senderos urbanos, la programación de los teatros, las playas, los museos. Necesitamos fondos para adecentar nuestras calles, atender nuestros jardines, cuidar con detalle los accesos al Benacantil, el hito que nos sitúa en el mapa frente al mar y que sobrevive medio descuidado.

Hace más de un año, el alcalde socialista Gabriel Echávarri afirmó que la presencia de la Regata en Alacant serviría de acicate para promocionar la ciudad durante todo el año. La primera promoción fue colocar un barco en mitad de las palmeras en la Puerta del Mar, un espacio saturado de ocurrencias. Después, no hubo más eventos. Aunque podríamos considerar “evento” la aceptación del propio alcalde de un coche de la marca patrocinadora  “cedido por la Volvo de forma gratuita” para su uso oficial sirviendo de tal modo la propia alcaldía como promoción de la firma.

Las administraciones valencianas, la Generalitat y el gobierno municipal alicantino, en particular –gobernadas por el PP durante más de 20 años— patrocinaron con el dinero de todos esta regata internacional sin que, a esta fecha, medien informes de impacto económico, cultural, turístico o social que estén a la vista de todos realizados por la Generalitat.

Pero las cuentas no cuadran porque los datos no están cerrados ni sobre la mesa. El propio presidente Puig declaró recientemente que este año el evento “generara un déficit sustancialmente inferior a la pasada edición”.

¿Inferior?

¿A cuánto ascenderá la inversión total de la Generalitat?

Por ahora, los únicos puestos de trabajo a los que se les ha dado publicidad es a los de voluntariado, que convocan a cuatrocientas personas para atender la regata. Gratis. En una ciudad en la que, según datos del propio Ayuntamiento, el 15% de la población vive en situación de extrema vulnerabilidad y la población en situación de riesgo de pobreza (aquella que dispone de un 60 por ciento o menos de la mediana de la renta por unidad de consumo) es del 22,5 por ciento.

La Generalitat dispondrá de un pabellón de 600 metros para mostrar la realidad de la economía de la Comunitat Valenciana.¿Por qué durante esos días solamente? ¿Por qué no se queda la Generalitat una temporada por aquí y toma tierra de nuestras necesidades y permite también la cercanía de la ciudadanía? Los grandes eventos demostraron ser una ruina para nuestra hacienda pública. ¿Qué ha cambiado? ¿Quiénes se benefician de este evento?

Según las previsiones,  los siete equipos –siete, lejos de los 29 que compitieron en 1981,—   surcarán  los mares del mundo a toda vela, alrededor de 45.000 millas marinas en nueve etapas y acabará en junio de 2018, en Gotemburgo, Suecia.  El president Puig se ha comprometido en sufragar de nuevo la regata en dos ocasiones más. Muchos millones para un proyecto extremadamente elitista. Salvo por una cosa: lo abundante del voluntariado y la presencia de Mario Vaquerizo, que convocará a multitudes por mor de la Generalitat Valenciana. Toda una inspiración  para televidentes.

Para esa fecha, junio, en Alacant estaremos ya disfrutando del verano y con él, de la llegada masiva de visitantes que disfrutarán de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestro patrimonio, de nuestra sanidad pública, etc. Pero nuestras infraestructuras, en buena medida, seguirán  en precario, el colegio de la Almadraba y el de la Cañada, en barracones y las bibliotecas de la ciudad, desatendidas.  Un montón de millones –tal vez para esas fechas sabremos cuántos— que podrían haber servido para resolver asuntos básicos, incluso deportivos y culturales, se habrán ido a dar la vuelta al mundo en vela y cuando lleguen los visitantes, los compradores, los deportistas a nuestra tierra, se encontraran que tenemos la casa sin barrer.

Y si nadie le pone remedio, nuestro muelle de Levante llevará todavía un nombre que no le corresponde y en la Puerta del mar seguirá un barco de piratas entre palmeras, el que colocó nuestro alcalde para inspiración de viandantes.

Llum Quiñonero es diputada de Podem en las Corts Valencianes.Llum Quiñonero

Con este texto se encabeza el informe que ayer fue aprobado por la Comisión de políticas de igualdad de género y LGTBI.

Un acuerdo histórico, una acuerdo estructural, alcanzado tras profundos debates entre los diferentes grupos parlamentarios en Les Corts que ha contado con las aportaciones de personas expertas, algunas provenientes de la universidad, otras activistas del movimiento feminista, juristas, mujeres supervivientes de la violencia, expertas en educación, en seguridad, en políticas de género, en políticas sanitarias y laborales.

Hemos repasado la legislación y los límites e incongruencias de algunas disposiciones, hemos considerado las propuestas, los conceptos y hemos analizado los problemas derivados de la falta de recursos suficientes y de coordinación de las instituciones implicadas en atender las políticas contra las violencias a pesar de reiterar su necesidad en repetidos acuerdos y diagnósticos.

La violencia es la expresión más feroz de las discriminaciones y desigualdades múltiples que padecen las mujeres y las niñas en nuestra sociedad.

Frente a ella, hemos alcanzado un pacto básico, tan simple como fundamental porque desde ese planteamiento se pondrán en pie unas u otras estrategias. Ahí también ha habido acuerdo: resulta tan esencial fortalecer y unificar los recursos existentes para prevenir, detectar y atender a las mujeres víctimas de violencia machista como desarrollar políticas destinadas a cambiar la base que promueve la desigualdad. La violencia refuerza la desigualdad y la alimenta.

Hemos de asegurar --dice el preámbulo del pacto-- la prevención “a partir de una educación en igualdad y de una llamada al compromiso de todas las instancias sociales y de todos los poderes, incluidos los medios de comunicación, para afrontar las violencias machistas y la desigualdad como un reto colectivo. Es urgente plantearse una tarea de largo alcance con políticas dirigidas a la base de la desigualdad y de la discriminación que enfrenten desde la raíz la violencia”.

La reflexión que ha abordado esta subcomisión se propuso mirar lejos para erradicar la violencia machista partiendo de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, una verdad que queda tantas veces desdibujada.

“Reconocemos que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género, y que es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres; hay que decir que la violencia existe porque existe la discriminación”, se afirma en el documento.

Reconocemos la importancia central de las opiniones y aportaciones de las mujeres que fueron víctimas de la violencia y que la superaron o están en el proceso de lograrlo, a la hora de evaluar los procesos y recursos desplegados desde las diferentes instancias.

Hemos querido también reconocer el inmenso esfuerzo puesto en marcha por el movimiento feminista y por las diferentes iniciativas legislativas que en Madrid y en Valencia han construido y tratado de mejorar una estructura que dé respuesta a las violencias de género.

En este camino hay una red construida y muchas personas comprometidas con la igualdad. A todas ellas, nuestro agradecimiento.

Queremos señalar que afrontamos este primer paso para el pacto autonómico contra la violencia machista con esperanza y con la convicción de proponer soluciones posibles, sabiendo que acabar con la violencia es acabar con las causas de la violencia. Se trata de detectar la violencia, a los responsables y tender puentes con las víctimas y supervivientes para que puedan dar un giro a sus vidas. Se trata de dejar de señalar a las mujeres como causantes de la situación en la que se encuentran. Y señalar aquellos aspectos de la sociedad que legitiman esta desigualdad.

Hemos propuesto 187 medidas que esperamos sirvan de columna vertebral para el compromiso con los demás agentes sociales y económicos. Agradecemos también las aportaciones realizadas desde la sindicatura de Greuges, en su reciente informe, tan valioso.

Como se dice en el texto del acuerdo: “Estamos frente a un grave y profundo conflicto social; la violencia machista la sufren las mujeres, es una tragedia para las mujeres pero es un problema de los hombres que hemos de afrontar colectivamente y de manera urgente”.

En ello estamos y necesitamos todos los esfuerzos, todos los recursos, todas las energías.

Por Llum Quiñonero, presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI de Les Corts Valencianes

¿Qué tienen que ver una y otra agresión? Pues tienen mucho que ver porque forman parte del hilo conductor que hace posible que las mujeres acaben muertas en manos de los hombres que dicen amarlas, que dicen desearlas. Porque estos hombres que acosan quiebran la voluntad de las mujeres; y en algunos casos, la vida. A Quintá ya no le quedaba más que impotencia e ira que volvió, tras matar a Victoria Bertrán, contra su propia vida. No siempre ocurre así.

El empresario sevillano actuó frente a los palmeros que reían sus gracias, sus atrevimientos, todos ellos miembros de la Cámara de Comercio, tan divertidos.

Es la misma  lógica de aquellos jóvenes que en las fiestas de Pamplona hace unos meses violaron a una joven entre todos y compartieron su hazaña en las redes para darse postín. Un postín que los ha llevado a los tribunales como delincuentes de la peor calaña.

Tras la muerte de Victoria Bertrán,  numerosos periodistas varones y algunos medios en los que trabajó  el asesino, Alfons Quintà, que fuera director de TV3, han escrito de él que fue un abusador, un misógeno, un acosador, un maltratador. Hubo quien citó que la madre  de Victoria hace ya varios lustros se acercó al escritor Quim Monzò y le dijo que temía por su hija.  Nadie hizo nada. Silencio cómplice, risas complacientes con el jefe. Machismo en vena. Copitas de más. Testosterona cómplice en las redacciones donde tantos periodistas siguen encontrando gracioso el abuso de poder contra las mujeres.

Quintà continuó al frente de equipos, ejerciendo su poder y su maltrato, abusando ante la complicidad de todos. ¿A cuantas mujeres acosó? A cuantas, solas o ante otros, ridiculizó, humilló, a cuantas acorraló o agredió desde el poder de jefe omnímodo, del silencio de los otros, de tu palabra contra la mía? A otras asedió, a Victoria además, la mató.

No todos los Quintà asesinan; no todos los Quintà se suicidan. Pero lo que la tarde del pasado dia 20 pasó en la Cámara de Comercio de Sevilla, pasa todos los días y le pasa a todas las mujeres de niñas y de adultas. Pasa en la vida privada y en el mundo laboral. Ante otros hombres, entre conocidos, familiares y amigos o en la soledad de un despacho de la empresa privada o de la pública o en la nave de una fábrica, o en la habitación de un hotel contra una camarera, lo contaron los diarios cuando una trabajadora de la limpieza denuncio al presidente del FMI Dominique Strauss-Kahn.

Teresa Rodríguez ha denunciado al agresor que parece no dar crédito al chaparrón que le está cayendo. Él, tan  lenguaraz, tan capaz de “vender a cualquiera cualquier cosa”, tan esposo, tan abuelo, tan septuagenario, tan fundador de su empresa, tan padre, tan empresario de éxito “sin saber inglés” como cuentan en los diarios.

Vivimos en un mundo donde reina la misoginia y el machismo tiene impunidad. Una impunidad que se quiebra cuando los abusadores se equivocan de escenario y pierden por completo los papeles y se encuentran frente a mujeres que han reunido las fuerzas y cuentan con los apoyos para defenderse ante la ley. Los agresores deben ser denunciados. Abusar, acosar, menospreciar, son delitos y perseguibles de oficio.

Para ponerle freno a los Quintà, a los Muñoz Molina a quienes hacen de una violación una hazaña necesitamos la movilización de las mujeres pero también necesitamos el fin del silencio de los hombres.

Con Teresa Rodríguez. Por la memoria de Victoria Bertrán, la doctora tan querida por su gente en el centro sanitario donde trabajaba. Por el fin del silencio, de la complicidad.

*Llum Quiñonero. Diputada en Les Corts Valencianes por Podemos. Presidenta de la Comisión de Igualdad de género y del colectivo LGTBI