Muchas veces, la tramitación y aprobación de los textos legislativos no suscita ningún interés por parte de la ciudadanía. Al considerarse como textos complejos y técnicos, difíciles de comprender, los poderes públicos renuncian a modificar la forma de redacción y tramitación, acudiendo a alguna mesa técnica o política de apoyo que respalde el proceso, manteniendo en cualquier caso la oscuridad más absoluta sobre el tema a regular y sobre las implicaciones que éste puede tener en la vida de las personas. Así, el debate queda constreñido en ámbitos profesionales y activistas muy especializados, sin que la preocupación o la movilización salte realmente al campo de la ciudadanía en general. Este puede ser el caso del nuevo proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo que Cifuentes pretende aprobar en la Asamblea de Madrid.

Aunque la Ley de Urbanismo y Suelo parezca un texto que regula aspectos que quedan muy lejos del día a día de cualquier persona, esto no es así. Dicha normativa recogerá las reglas del juego con las que se va a construir y ordenar tanto la ciudad como el territorio en el que todos habitamos. Está definiendo el futuro modelo territorial de la Comunidad de Madrid.

Y pocas cosas afectan tanto a cualquier ciudadano como las decisiones que se toman sobre el espacio en el que habita: ya sea por las repercusiones en el tamaño de la ciudad en la que vive, por las afecciones ambientales que dicho modelo provoca en su salud y en su calidad de vida, por las posibilidades de intervención o mejora en su barrio, por la cuantía y el nivel de dotaciones (centros de salud, colegios, bibliotecas, etc.) y zonas verdes que se construyen, por el precio de la vivienda y la existencia de vivienda pública, por la preservación del patrimonio histórico-artístico que representa la memoria histórica de la ciudad, por las implicaciones en su movilidad cotidiana, etc. Todos estos temas, regulados a través del plan general que cada uno de los municipios debe redactar, están recogidos y acotados en el texto legal que se pretende aprobar.

El nuevo texto se vende como la normativa capaz de poner orden en el crecimiento descontrolado. Sin embargo, las herramientas diseñadas para ello permitirán perpetuar el modelo anterior sin aplicar mucho el ingenio. El primer gran problema del proyecto de ley es que da continuidad al modelo territorial y urbano anterior. Un modelo pensado para el crecimiento de las ciudades sobre el que se generó la burbuja inmobiliaria que con su estallido ha dejado no pocos problemas no solo a nivel económico, sino también territorial. Un modelo que abandonaba a su suerte, tanto la ciudad ya habitada como el suelo rústico.

El texto se centra en la ciudad habitada y en el suelo excluido del desarrollo urbano, las dos áreas de oportunidad del urbanismo entendido como mera actividad económica. Para los contextos urbanos, incorpora herramientas nuevas, como los Programas Públicos de Actuación para la rehabilitación, las actuaciones de dotación o las actuaciones de regeneración. También elimina las herramientas que restringían las actividades en el suelo no urbanizable, como la Calificación Urbanística, a la vez que flexibiliza los usos que podrán implantarse.

El proyecto de ley no solo asume las contradicciones del modelo anterior también ahonda en las desigualdades que están patentes desde hace décadas en el territorio de la Comunidad de Madrid. Enfrenta el mundo urbano con el rural, y potencia el desequilibrio urbano existente entre el centro más rico y próspero y la periferia, donde se concentran los problemas y carencias sociales y urbanas.

Para el mundo rural, en concreto los municipios de menos de 5.000 habitantes, se insinúa un panorama de pueblos más orientados en el ocio y el turismo que en la vida cotidiana en ellos. Así lo demuestra la creación de los planes de ordenación simplificados, con un recorte importante en las dotaciones y zonas verdes, solo comprensible si se da por hecho que el objetivo será un entorno vacacional, o bien el desprecio a la capacidad de gestión de los Ayuntamientos de menor tamaño. También se aumenta la presión sobre el suelo no urbanizable, con la posibilidad de implantar cualquier uso vinculado con el turismo y el ocio o la legalización masiva de viviendas irregulares.

En la ciudad habitada todo en el texto hace referencia a la necesidad de dar mayor rentabilidad a las operaciones, reduciendo al mínimo la contrapartida para el conjunto de la sociedad: ya sea aumentando la edificabilidad, reduciendo las cesiones hasta hacerlas desaparecer, eliminando la reserva para vivienda pública; o flexibilizando la reducción protección del patrimonio histórico.

Pero probablemente lo más grave del proyecto de ley es que mantiene uno de los mantras de la crisis que peores consecuencias ha tenido sobre lo público y sobre lo común. El reparto de papeles que hace el proyecto de ley ahonda en el vaciado de contenido y de funciones de la administración pública y sobre todo de la local. Parte de la base de que la prosperidad económica y, por ende, de la justicia social, vendrá de la mano de la iniciativa privada. La industria inmobiliaria aparece como el único sector capaz de crear y repartir riqueza y de gestionar con lógica y orden. Renuncia al reconocimiento de las potencialidades de la Administración como el único órgano que está obligado a pensar desde una visión compleja e integral, desde la función social de la propiedad y el interés general; a velar por el bienestar del territorio y de sus ciudadanos.

Sin embargo, esta batalla no la podemos dar por perdida todavía. La ley está en fase de proyecto, y todavía se pueden hacer muchas cosas para que esta felonía no se lleve a cabo. Desde la ciudadanía, desde las ciudades y pueblos de la región madrileña podemos seguir presionando para que los grupos parlamentarios reaccionen y trabajen para aprobar la ley del suelo que el territorio y sus habitantes necesitan.

Las propuestas del nuevo plan parecen volver a incidir en la misma forma de hacer: la utilización de un derecho básico, la necesidad de vivienda, para favorecer al sistema inmobiliario

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el diagnóstico sobre la estructura residencial en España ha sido aceptada por el conjunto de la sociedad y los poderes públicos: un parque de viviendas sobredimensionado, infrautilizado, sin apenas representación de la vivienda social y donde la única alternativa para el acceso es la propiedad. Así, el Plan Estatal de vivienda 2013-2016, de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas modificaba completamente los programas de ayudas, poniendo el foco en dos de las principales demandas históricas: el alquiler, en forma de ayudas a las personas y promoción de nueva vivienda social, y la rehabilitación. Sin embargo, no fue la racionalidad de las políticas públicas la responsable del viraje en la política de vivienda, sino más bien la tozuda realidad la que impuso el supuesto cambio de modelo. En un contexto en el que el crédito bancario había desaparecido como alternativa para la mayoría de la población y de las empresas, la producción masiva de viviendas para su venta no servía ni para dar cobertura a las necesidades de la población ni para mantener la actividad del sistema inmobiliario.

En cualquier caso, el fomento de la propiedad no desaparece del plan. El programa de subsidiación de préstamos convenidos se mantiene como herencia del modelo anterior. Su inclusión es consecuencia de la aplicación de varias sentencias que impedían cambiar las reglas del juego a parte de la población que había optado a dichas ayudas en planes anteriores. Absorbe la gran mayoría del presupuesto que el plan pone en carga, minimizando el posible impacto de los nuevos programas y del nuevo modelo planteado.

Además, es preciso recordar que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas. Así, la ejecución de las previsiones incluidas en el plan queda altamente condicionada por la firma de los convenios entre el Ministerio de Fomento y las distintas comunidades autónomas. Aprobado por Real Decreto en abril de 2013, la mayoría de los convenios de colaboración entre la administración General y Autonómica no se formaliza hasta el último trimestre de 2014, con excepción de Madrid donde se pospone hasta noviembre de 2015, a un año de la extinción del plan estatal. Además, las condiciones para optar a las subvenciones se recrudecen respecto a planes anteriores, estableciendo como fecha límite para la finalización de las obras marzo de 2017, aspecto crucial para entender la prórroga anunciada por el Ministro de Fomento.

Para analizar la trascendencia del supuesto cambio de modelo en la política de vivienda, el plan debe situarse en el contexto del conjunto de reformas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno Central desde el estallido de la burbuja. Las consecuencias de la crisis han afectado sobre todo a parte de la población que ha perdido sus viviendas como consecuencia de desahucios y lanzamientos, que carece de recursos para acceder a la vivienda, o para pagar los suministros básicos. Sin embargo, el sector de la construcción y el sistema financiero tampoco han escapado del proceso. La búsqueda de estrategias y soluciones para solventar los problemas sociales se ha planteado desde la administración autonómica, tanto en la conceptualización del problema, con la defensa de la función social de la vivienda, como en el diseño de medidas concretas. La respuesta del Gobierno Central ha sido recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional todos estos textos legislativos aprobados por los gobiernos autonómicos, con la consecuente suspensión cautelar. Mientras, se reformaba la ley de arrendamientos urbanos para facilitar la expulsión de los inquilinos y para incrementar el precio del alquiler, se creaba la SAREB, se impulsaban las SOCIMIS…

Para que el cambio de modelo hubiera sido real el Plan de vivienda debería haber inclinado la balanza claramente a favor de las necesidades sociales, fueran las que fuesen las demandas del sistema inmobiliario. Esta diatriba, resuelta siempre a favor del entramado económico, ha conllevado la desviación de la mayoría de los programas y políticas hacia la clase media, como beneficiaria directa de unas ayudas a las que se podría optar siempre que las condiciones económicas del hogar permitieran obtener un crédito bancario. La población de menos recursos queda abandonada a su suerte. Los programas destinados a la rehabilitación corren el peligro de seguir la misma lógica, ignorando la situación física del parque en alquiler, las condiciones económicas de los inquilinos o la repercusión sobre los precios de mercado de actuaciones de mejora subvencionadas. Salvo que la administración local idee sistemas de redistribución vinculados a la rehabilitación dentro del medio urbano, la rehabilitación puede convertirse en la forma de reflotar al sector de la construcción dejando fuera o expulsando a la población más vulnerable.

El nuevo plan anunciado por el Ministro de Fomento para 2018 incluye, entre otras medidas, la intención de incrementar el parque social con el patrimonio de los bancos o de los particulares, así como nuevas ayudas para el alquiler que se abonarían directamente al propietario de los inmuebles, que en muchos casos será la banca. Frente a las alternativas planteadas por las autonomías que más tiempo llevan intentando reconducir la política de vivienda, Cataluña y País Vasco, las propuestas del nuevo plan parecen volver a incidir en la misma forma de hacer: la utilización de un derecho básico, la necesidad de vivienda, para favorecer al sistema inmobiliario.