Ante el intento del Partido Popular, Ciudadanos y Vox de enarbolar un discurso racista y xenófobo para intentar crear un estado de alarma y miedo en nuestra sociedad y, así, desviar el foco de atención de los cambios estructurales que necesita nuestro país para recuperar las instituciones y revertir las políticas de recortes que nos han llevado a la precarización de nuestras vidas, nosotras, desde Unidas Podemos, seguimos trabajando por un proyecto de país feminista y antirracista que ponga en el centro la recuperación de esa idea de justicia social que defendieron y defendemos muchas, como reza el lema del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, ¨Reconocimiento, Justicia y Desarrollo¨, es lo que necesitamos contra el discurso racista y xenófobo de Casado y compañía.

Concluimos hace unos días el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. Hemos vivido un camino apasionante de cambios inmediatos, y sin apenas distancia histórica para una reflexión profunda de todo lo acontecido. Entrar en un espacio donde no se nos esperaba va más allá del imaginario político y colectivo. Desde el primer día, el reto que me planteé al aterrizar en el Congreso fue el de comprender las costuras de este armazón, construir resistencias y, de una manera firme, sin mucho ruido, empezar a escuchar y a tejer al ritmo de las voces que hicieron posible que estuviéramos aquí. A pesar de los disimulos, el barniz y las piedras en el camino, me he planteado sortear las dificultades para corresponder al mandato de la gente.

De esta manera, escuchando, empecé a participar en actividades, reuniones y encuentros organizados por diferentes asociaciones y entidades de la comunidad africana y afrodescendiente. Comencé a conocer, y, sobre todo, a reconocerme, a indagar en mis recuerdos de infancia, de juventud, compartir con todas las personas africanas y afrodescendientes que he conocido durante estos meses de trabajo. Muchas me han enseñado algo muy valioso y, es que la experiencia encarnada es un valor, aun así, esta no es suficiente. La idea de comunidad que se está creando dentro del tejido social, organizaciones y asociaciones, hermanos y hermanas, está directamente relacionada con la puesta en valor de la herencia africana de la heterogénea población afro que habitamos en este país, y, además, es una forma de significar la experiencia propia que nos sirve como marco desde donde apropiarnos de espacios políticos históricamente negados. La conciencia no es un resultado, es la condición de un proceso y, ellos y ellas están atravesando conmigo este camino, hoy siento y sé que formo parte de una identidad política en movimiento, viva, en construcción, un pedazo de esa identidad múltiple y compleja que muchas habitamos, soy de la comunidad africana y afrodescendiente de España.

Este sentimiento comunitario pone en valor nuestras resistencias y creaciones con el ánimo de seguir construyendo entre todas esta identidad política y ampliar el marco desde donde se piensa actualmente la memoria histórica. Los y las nuestras han luchado contra la esclavitud, contra el colonialismo en el pasado y, en la actualidad, contra el neocolonialismo. Hoy seguimos resistiendo y, gracias a esta labor, se han conseguido muchos hitos en la lucha contra las vulneraciones de derechos que sufrimos. El último de ellos, es la Proposición No de Ley relativa al reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente con perspectiva interseccional en el Marco del Decenio Internacional para los afrodescendientes.

El objetivo principal de esta iniciativa legislativa es incidir en la situación de desempoderamiento económico, social y cultural a la que se ve abocada nuestra comunidad, situación que tiene una relación directa con el racismo institucional y social existente en nuestra sociedad. Sin duda, el análisis de esta situación debe realizarse desde un enfoque interseccional que nos permita comprender cómo el racismo y el machismo se entrelazan con otros ejes de opresión como son el clasismo, la xenofobia, la LGTBfobia... Esta Proposición No de Ley tiene también como uno de sus ejes principales el cumplimiento de las medidas y acciones enmarcadas en el programa de actividades del Decenio Internacional para los afrodescendientes (2015- 2024), que emplaza a los Estados miembros a desarrollar políticas públicas que reviertan las situaciones de desempoderamiento económico, social y cultural que viven las comunidades afrodescendientes a lo largo del mundo, desempoderamiento directamente relacionado con la trata esclavista y el colonialismo.

Por ahora, el Estado español, no ha cumplido con este mandato y ha seguido perpetuando lógicas de invisibilización hacia la comunidad africana y afrodescendientes de España. El relato histórico oficial que se traduce en los programas educativos, así como las políticas culturales y científicas, insisten en negar la diversidad social y poblacional habida en la historia de nuestro país, afianzándose el estereotipo de que somos personas ajenas y “recién llegadas”. De esta manera, se construyen esquemas interpretativos rígidos que impiden romper con las lógicas de invisibilización señaladas anteriormente, dificultándose el reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente cuyas contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas son constitutivas de nuestra sociedad. Esta invisibilización no simplemente nos afecta a nosotras, cabe mencionar también a las comunidades originarias del norte de África y países árabes y las comunidades con origen en Abya Yala (América Latina).

Esta iniciativa es un compromiso con la diversidad de nuestro país, es un intento de poner en la agenda política las realidades de la comunidad africana y afrodescendiente de España y, nos estaríamos equivocando mucho, si creemos que con la presentación de esta iniciativa es suficiente. El tejido asociativo de la comunidad lleva años reclamando el cumplimiento de las diferentes iniciativas políticas que se han presentado y exigiendo que se empiece a trabajar en una Ley de reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente de España.

El Gobierno de España debe abordar la lucha contra el racismo desde un enfoque interseccional que incluya el reconocimiento de la diversidad social y cultural existente en nuestro país. Así mismo, sabemos que el diálogo con las organizaciones y personas expertas en la materia pertenecientes a la comunidad africana y afrodescendiente debe ser directo. Por supuesto, somos conscientes de la necesidad de incluir a las organizaciones y expertas afrofeministas de manera paritaria para elaborar e implementar políticas públicas efectivas que aborden las discriminaciones múltiples.

Hoy día 15 de marzo celebramos el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y hemos querido poner el acento sobre la cuestión básica que es el consumo de una alimentación sana y la relación que existe entre nuestra salud y los productos que ingerimos a lo largo de nuestras vidas. La alimentación reviste una importancia tal, que se trata del factor que más contribuye a las enfermedades prevalentes en la sociedad (incluso más que el tabaco), y que puede suponer entre cinco y diez años en la esperanza de vida. La alimentación insana se ha convertido hoy en uno de los principales riesgos para nuestra salud, y más que una fuente de nutrientes, nuestra dieta es actualmente una de las causas más importantes de enfermedades.

El 44% de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste; y las enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada, como la diabetes, el cáncer y los problemas cardiovasculares son el primer desajuste de salud en España, según el informe presentado por la ONG VSF Justicia Alimentaria Global. El consumo de azúcares refinados, grasas insanas y sal no ha dejado de aumentar en los últimos 30 años y el 70% de estos ingredientes están “ocultos” en alimentos procesados.

La falta de tiempo para la planificación y cocinado de los alimentos, sumado al precio de los alimentos frescos explica que la comida procesada represente el 70% de la alimentación ingerida en España. Y es precisamente en estos productos, con ingredientes añadidos para alterar sus cualidades o características de conservación, donde se “esconden” azúcares refinados, grasas y sal. “Hay un truco de magia en medio que nos impide dejar de consumir estas cosas,” asegura el investigador Ferrán García. Ese truco de magia se llama alimentación procesada, donde los ingredientes se encuentran enmascarados y su presencia pasa inadvertida.

En España carecemos de una legislación específica que obligue a identificar con un lenguaje claro y comprensible en qué cantidad están presentes estos elementos perjudiciales para la salud. Es por ello que algunas organizaciones de consumidores no han cesado en exigir una legislación que obligue a identificar fácilmente el contenido de azúcar, grasas y sal, como ya se hace en otros países. También denuncian que el 80% de la publicidad es de alimentos obviamente insanos y lo más grave es que una buena parte de ellos están dirigidos al consumo infantil.

Como en muchos otros aspectos de la vida, la desigualdad social, económica y cultural sitúa en una posición de inferioridad a las clases populares. Comer no nos enferma por igual a todas las personas. Una de las funciones de la salud pública, y de su propia existencia, es reducir y eliminar estas desigualdades. De ahí que sea necesario para abordar este tema desde un enfoque de Derechos Humanos que nos permita identificar las obligaciones que asume el Estado. Entre estas obligaciones encontramos la de garantizar que los alimentos que lleguen al mercado sean seguros y nutritivos y no perjudiquen nuestra salud; y así garantizar una alimentación justa, sana y equitativa para nuestro pueblo.

Es imperiosa la necesidad de una política pública que aborde decididamente el conjunto de las causas de la alimentación insana. Hoy, haciéndonos eco de las exigencias de la sociedad civil, lo recordamos en el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores y lo exigimos cada día desde nuestros escaños. No olvidemos que “somos lo que comemos”.

Es un hecho que en esa realidad plurinacional y diversa que es nuestro país de países, nuestras tradiciones a veces incorporan elementos que, para adaptarse a los tiempos y desde una perspectiva cultural democrática e inclusiva, necesitan hablarse, repensarse y replantearse.

Para la UNESCO, la cultura es un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En este contexto, las festividades forman parte de un patrimonio cultural inmaterial que es tradicional, actual y viviente al mismo tiempo. El patrimonio cultural inmaterial basa su legitimidad y su razón de ser en la capacidad de integrar conocimientos, ser representativo y estar basado en una comunidad. Por lo tanto, es en sí mismo un factor clave en el mantenimiento de la diversidad cultural amparado en una serie de derechos culturales, humanos y constitucionales que se desprenden de la dignidad humana.

Como mujer negra/afrodescendiente yalicantina, deseo contribuir a que este país cuente con un patrimonio cultural vivo, en el cual todas podamos sentirnos parte de la festividad. Para ello, se hace necesario reflexionar, incorporando todas las voces, para discernir sobre las significaciones heredadas y crear la posibilidad de buscar nuevas representaciones que atiendan a la diversidad étnico/racial que hay en nuestra sociedad.

Pienso que este proceso solo tendrá éxito si conseguimos crear un espacio de diálogo fraternal en el cual HABLEMOS, ESCUCHEMOS e interpelemos a nuestros vecinos y vecinas, a la gente que participa y se implica en nuestras fiestas y a aquellas voces críticas de la comunidad afrodescendiente y africana que quieren verse dignamente representadas para conseguir que nuestras fiestas populares sigan teniendo ese significado comunitario, y de esta manera, vivirlas, participar y emocionarnos con ellas.

En una sociedad plural como la nuestra, incorporar nuevas ópticas debe servir para enriquecer la fiesta e integrar a todas las que formamos parte de esta sociedad. Recordemos que no hace mucho en las fiestas sólo podían ser pajes los hombres, y gracias a la reformulación de la tradición, hoy también participan mujeres.

La comunidad africana y afrodescendiente de España ha querido entablar una conversación que no se agota aquí, que debe crecer para fomentar la creación de marcos, tanto legislativos como sociales, que tengan en cuenta la diversidad étnico- racial como una realidad política y social de nuestro país.

Estoy segura de que la inmensa mayoría de nuestras gentes desean un patrimonio cultural que contribuya al reconocimiento y disfrute de derechos humanos, culturales y constitucionales para todas las personas, ya sean blancas, afrodescendientes, o de cualquier otro origen étnico-racial presente en nuestra sociedad. Desde el diálogo, la convivencia, el respeto y, como decía al inicio, DESDE EL CORAZÓN.

El análisis de la situación actual de la Comunidad Valenciana pasa por señalar directamente aquellos componentes de la trama valenciana. El bloque restaurador, liderado por el Partido Popular, ese mismo, de los casos: Gürtel, Fabra, Blasco, Taula y así un largo etcétera; dan rostros y nombres a la oligarquía anti-valenciana que ha llevado a cabo durante 20 años, el expolio de nuestras riquezas culturales y materiales, la degradación de la esfera pública a través de políticas neoliberales de saqueo y austeridad. Ahora le toca a Mariano Rajoy dar explicaciones en uno de sus llamados “casos aislados”, mientras tanto, varios de los grandes cargos del PP lo escucharán desde diferentes cárceles; una de ellas, con un nuevo inquilino, Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre. Sin olvidar el amparo de otros grupos políticos como Ciudadanos y el propio PSOE que hacen de columnas para que se siga sosteniendo el PP.

En contraposición a la trama corrupta se encuentra el bloque del cambio, en el que nuestro partido Podemos asume un papel central, pero no exclusivo, conformado también por esas mayorías sociales que llevan años luchando contra las medidas de privatización de los sectores estratégicos públicos, articulando movilizaciones ciudadanas anti-neoliberales de defensa de lo social. También, son parte aquellos partidos aliados que buscan contrarrestar el deterioro social, económico y político de los 20 años de gobierno del Partido Popular. Acabamos de ser testigos de una muestra más del trato injusto hacia la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado presentados para el ejercicio del 2017, donde nuestra comunidad recibe un 33% menos que en el 2016. Obrint Podem se posiciona contra estos presupuestos que atentan contra los derechos sociales de las valencianas y los valencianos. Esta es una gran oportunidad para ver dónde se sitúa el PSPV, si en servir al pueblo valenciano o servir los intereses de la trama que ha secuestrado el PSOE y maniobra para asfixiar económicamente a la Generalitat.

Es una idea prioritaria de nuestro documento político reforzar el protagonismo de los movimientos sociales para desarrollar estructuras ciudadanas de carácter constituyente que posibiliten a corto, medio y largo plazo, la implementación de políticas de profundización democrática radical. En la que la ciudadanía ejerza una función protagónica en la tarea de un proyecto político emancipador que integre el feminismo popular, anti-capitalista y solidario con todas las mujeres trabajadoras, sus familias y entornos afectivos en todo el mundo.

En la estrategia de poner en marcha una corresponsabilidad en los trabajos: ámbitos laborales y de cuidados, queremos impulsar dos cambios estructurales:

La reorganización de los tiempos de vida y trabajo para romper la brecha de género existente en los cuidados.

La atención y cuidado de la sostenibilidad ambiental abandonando sectores extractivos y depredadores de los recursos naturales y de los ecosistemas que sostiene la vida, por ello, las instituciones públicas deben convertirse en dinamizadoras de la economía valenciana, tanto en actividades públicas como privadas, que ofrezcan productos y servicios de alto valor añadido.

Revertir las privatizaciones llevadas a cabo por las políticas neoliberales de la trama valenciana es una de las tareas por las cuales estamos en las instituciones. Desde ellas debemos dar un golpe directo al modelo privatista que se implantó en el ámbito de la educación, no podemos hacer políticas improvisadas en un campo tan importante como es el de la educación para la transformación social, para el avance de las clases populares en la defensa de los derechos sociales. Tenemos que avanzar juntas en crear mecanismos de participación democrática, en descentralizar y corresponsabilizar a los agentes educativos en los procesos de toma de decisiones en los centros. Queremos una educación laica, feminista, intercultural, es decir, para todas y todos, es la hora de defender su carácter público y transformador.

A pesar de algunos cambios que se han producido con el gobierno actual, necesitamos profundizar en la desprivatización de los servicios sanitarios, cuyo punto de resistencia ha sido liderado por las sanitarias y sanitarios públicos, quienes son las primeras que entienden que la gestión pública es más eficiente y efectiva. Tenemos que llevar a cabo las medidas urgentes que requiere la atención de las personas en situación de dependencia y de sus familias, especialmente el de las mujeres, sobre las que recae mayormente el peso de los cuidados, acompañadas por un aumento de la partida presupuestaria para cubrir todas las prestaciones relacionadas con la dependencia.

El patrimonio cultural que atesora la Comunidad Valenciana debe ser protegido por las instituciones y los poderes públicos. Por su carácter político, geográfico, histórico, literario y social, el valenciano, supone un rasgo de identidad que debe ser abanderado con vehemencia desde las instituciones públicas, desde el partido constituyente que queremos. En nuestras escuelas e institutos, en los barrios, en las televisiones públicas, en los centros culturales y en nuestros círculos como espacios de politización y formación que son, se debe fomentar la defensa de nuestra riqueza cultural, la cultura nunca puede ser un privilegio.

La defensa de una organización que luche contra el antigitanismo, la islamofobia, el racismo y la xenofobia son líneas prioritarias para el Podem que queremos construir. Tenemos la tarea fundamental de reforzar los mecanismos institucionales existentes que se dedican a la lucha contra la discriminación racial/étnica y xenófoba y que el partido se convierta en un espacio seguro donde no se reproduzca ninguna actitud discriminatoria por razón de etnia/raza.

Ya formamos parte de la declaración de las Cortes Valencianas para instar al gobierno al cierre del CIE de Zapadores, lugar que nos avergüenza como defensoras de los derechos humanos. Hicimos fuerza para la devolución de la sanidad a las personas migrantes indocumentadas, condenamos las identificaciones de la policía por perfil étnico/racial, somos una región de acogida para refugiados, etc., medidas que sin duda marcan el camino, pero que siguen siendo insuficientes.

Nuestro planteamiento político se rige por estos puntos programáticos esbozados, y unos cuantos más que se quedan fuera por cuestión de espacio. Podem debe ser un partido constituyente, Podem debe ser una herramienta política al servicio del movimiento popular. Puesto que, tanto el PSPV, con el posicionamiento de Ximo Puig a favor de una de las caras que forman el bloque restaurador, Susana Díaz, así como el papel de Compromís, atrapado en la lógica institucional y en las vacilaciones de sus principales líderes, hace que Podem tenga la necesidad imperiosa de adquirir el papel principal, que no exclusivo, de vertebrar la profundización del cambio en nuestra comunidad. No es simplemente soñar…, si no tener un País Valencià con derechos sociales, un País Valencià de una economía de valor añadido con perspectiva de sostenibilidad medioambiental, de un País Valencià en el que se descentraliza el poder hacia lo local, de un País Valencià feminista, libre de racismo, xenofobia, libre de antigitanismo e islamofobia, un País Valencià con identidad propia en el que todas las personas tengan derechos, un País Valencià para las mayorías sociales.

Para lograr muchos de los objetivos que están presentes en este artículo se hace necesaria una actitud muy vigilante en el cumplimiento del contenido y los plazos acordados en el Pacto del Botánico. Siendo una de las claves, la implicación de la sociedad civil organizada, los movimientos sociales y la ciudadanía en general en la defensa de lo acordado e incluso llevando, por no permitirlo los límites de acción de las instituciones, los mecanismos democráticos para la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía valenciana.

Desde que la constitución de la Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sentaron las bases del actual sistema de patentes, éste se ha mostrado poco efectivo a la hora de desarrollar innovaciones centradas en las necesidades de la población, así como ineficiente e injusto por la centralidad del beneficio económico en el sistema actual de innovación biomédica.

En efecto, los precios no reflejan ni el valor terapéutico del producto ni los costes de I+D, sino que vienen fijados por criterios de marketing. Parece evidente que la forma de fijar los precios de un medicamento, cuya función, no lo olvidemos, es salvar vidas, no debería obedecer a los mismos criterios que otros mercados de bienes o servicios como el de televisores o muebles. Existe en definitiva un abismo moral entre el precio de un medicamento y el coste de su producción, reconocido incluso por algunos altos ejecutivos de la industria como Mike Kelly, CEO de Kantar Health: “El coste de producción de un medicamento es ínfimo en comparación con su precio de mercado”.

En los últimos años, el sistema fallido de innovación biomédica, que antes parecía afectar solamente a los países de rentas medias-bajas y bajas, ha comenzado a afectar también a los países de rentas medias-altas y altas, con el claro ejemplo de los nuevos medicamentos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, o los nuevos medicamentos antitumorales, cuyos elevados precios ponen en riesgo la sostenibilidad y la solvencia de los sistemas sanitarios públicos de estos países.

El problema de fondo es que, al aplicar las leyes del mercado al sector farmacéutico, aparece lo que en la industria se califica como “fallos de mercado”, y que en realidad significa miles de vidas perdidas por culpa de las llamadas “enfermedades desatendidas” como el chagas, ébola y zika. Estos “fallos de mercado” están también en el origen de una de las mayores crisis de salud global a las que nos enfrentamos: la resistencia microbiana a antibióticos. La industria farmacéutica ha destinado pocos recursos al desarrollo de una nueva generación de antibióticos porque estos tratamientos tienden a ser cortos y no les ofrecen la rentabilidad de las enfermedades crónicas.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacer frente a un sistema que está diseñado para que los beneficios económicos sean los que guíen la investigación y desarrollo de nuevos fármacos? ¿De qué manera visibilizar los esfuerzos de investigación que se hacen con dinero público para que reviertan en un mejor acceso de la población a los medicamentos? ¿Cómo eliminar los rastros de corrupción dentro de la negociación-imposición de los precios de los medicamentos? ¿Cómo hacer que el acceso a los medicamentos como parte del derecho a la salud se conjugue con la existencia de incentivos que animen a la investigación de nuevos medicamentos?

Las respuestas a todas estas preguntas no son sencillas, pero al menos son preguntas que ya están siendo reconocidas, no sólo como legítimas, sino también como piedra angular de las políticas de innovación y legislación sobre medicamentos en los próximos años dentro de la Unión Europea y los Estados Miembros. Un informe publicado y presentado por los ministros de sanidad de Holanda y Bélgica concluyó que “mientras que generalmente se aceptan y reconocen los retos, no hay consenso en torno a si los elevados precios son resultado de una lógica de políticas de precio mal concebidas, un fracaso más generalizado de todo el sistema de desarrollo de medicamentos, o incluso resultado de valores y principios deshonestos sobre los que reposa el sistema de desarrollo de medicamentos”.

Este jueves el Parlamento Europeo ha votado un informe titulado Opciones para mejorar el acceso a medicamentos. En él se reconoce la necesidad de reformar el modelo actual de innovación en biomedicina para que responda a las necesidades reales de salud pública. A pesar de ser un paso en la dirección adecuada, queda mucho camino por recorrer, ya que aunque la UE tiene una oportunidad de oro para situarse a la vanguardia de la lucha por un modelo más justo, se enfrenta al modelo anacrónico e insolidario guiado por los criterios de mercado.

Diferentes colectivos de la sociedad civil se han esforzado para que dicho informe recogiera una apuesta real por la transparencia en los procedimientos de fijación de precios, por la introducción de criterios de interés público en la distribución de ayudas de investigación y por la creación de un nuevo marco de investigación biomédica que deje atrás el sistema de patentes y se centre en las necesidades en salud y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Sin embargo, la presión de la industria y de colectivos que siguen viendo en el ámbito del medicamento una oportunidad para vehiculizar importantes oportunidades de negocio hacen que esto no sea tan sencillo.

Con este artículo queremos clarificar cuáles creemos que han de ser los pilares fundamentales en los que se base un modelo de innovación biomédica que sirva para facilitar el acceso a los medicamentos y mejorar la salud de la población:

Transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de investigación, tanto con fondos públicos como privados, con importancia nuclear de las políticas de declaración y control de los conflictos de interés, así como de las políticas de publicación de datos en abierto para la potenciación del conocimiento compartido.

Fijación de criterios de interés público en el establecimiento de las líneas estratégicas de la Unión Europea y los estados miembros.

Impulso a la investigación con fondos públicos, vinculándola en su diseño a la detección de necesidades y facilitando los procesos de traslación a su aplicación clínica. En la actualidad, la investigación y desarrollo con fondos privados parasita a la realizada con fondos públicos, no viéndose representada esta última en la fijación de precios de medicamentos que, aunque en sus fases finales se hayan desarrollado por parte de la industria farmacéutica privada, se gestaron en sus fases de investigación básica a partir de fondos públicos. La realidad es que los europeos pagan dos veces por sus medicamentos: una a través de sus impuestos y otra cuando los compran.

Diseño de herramientas estandarizadas de cálculo de los costes de investigación y fabricación de medicamentos, de modo que el establecimiento de los precios no dependa de las cantidades dadas de forma unilateral por la industria fabricante de dichos productos.

Establecimiento de mecanismos de transparencia en la negociación y la fijación de precios de medicamentos; impulso a los procesos de compras comunes que logren disminuciones de los precios unitarios y la desvinculación de estos con los costes de producción (fabricación e investigación).

El desarrollo de estas medidas ha de hacerse monitorizando su impacto sobre la equidad y su distribución basada en la cobertura de las necesidades en salud de la población, sin convertir a los pacientes en el combustible de un sistema que hasta ahora se ha centrado en maximizar beneficios centrándose en las necesidades de rentabilidad y no de salud.

Hablando en plata, el actual sistema de innovación en biomedicina descansa habitualmente sobre resultados científicos manipulados, tiende a impedir la innovación derivada, obedece a principios de confidencialidad que privan al proceso científico de transparencia. Es, además, masivamente derrochador debido a la ausencia de datos compartibles, el solapamiento de investigación clínica y el derroche de gasto en marketing en detrimento de la I+D. Tal y como afirma Ian Chalmers, fundador de la Cochrane Collaboration, “más del 85% de los recursos invertidos son desperdiciados por causas prevenibles”.

Además, los conflictos de interés permean todo el proceso de desarrollo, aprobación y marketing de nuevos medicamentos. Puesto que el 89% de los fondos de la Agencia Europea de Medicamentos dependen de las tasas cobradas a la industria farmacéutica, no es sorprendente que muchos altos funcionarios de la EMA sean producto de “puertas giratorias”. La situación es tan grave que la Defensora del Pueblo Europeo ya ha expresado su preocupación y comenzado a investigar.

También las asociaciones de profesionales de la salud, e incluso de pacientes, son cortejados por la industria farmacéutica. El propio Consejo de Europa se ha quejado sobre los “efectos nocivos de la interacción entre la industria farmacéutica y los responsables de tomas de decisiones políticas en el sector de la salud”.

Cientos de lobistas de la industria ejercen una influencia asfixiante sobre las políticas públicas y menguan los esfuerzos de los defensores de la salud pública y representantes de la sociedad civil. Es urgente que se ponga la transparencia, la investigación pública y las necesidades en salud de la población en el centro del modelo de innovación biomédica y de la introducción de las innovaciones farmacéuticas en los sistemas públicos de salud, pero esto no se logrará manteniendo el actual marco de poder existente entre la Unión Europea, los estados miembros y las diferentes industrias que juegan un papel destacado en este ámbito. Para lograrlo es fundamental generar cambios dentro de los repartos de poder; las instituciones públicas han de hacer uso de posiciones dominantes de poder respecto a la industria farmacéutica, no solo por la institución, sino principalmente por las personas a las que representan. Las patentes no pueden estar por delante de los pacientes, así como el lucro no puede estar por delante de las necesidades en salud.

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Lola Sánchez Caldentey, diputada del Parlamento Europeo por Podemos.

Marta Sibina Camps, diputada por Barcelona G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Rita Bosaho Gori, diputada por Alicante G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

He luchado para que la aceptación que tengo hacia los demás sea la misma que se tenga conmigo, aunque no siempre es así, tampoco en el Congreso

Ojalá esos prejuicios desaparezcan sea cual sea el color de las siglas del partido o la piel de sus señorías

Soy mujer, negra, feminista, diputada por Alicante y milito en Podemos. Convivo con muchas identidades y se supone que tendría que reconocerme en todas ellas, pero a menudo no es así. Me rebelo e insisto en la práctica radical “por encima de la identidad pura y simple”, como aboga la filósofa y activista afroamericana Ángela Davis.

La creación de las categorías es perversa porque genera doble o triple desprotección dentro de los propios sistemas de subordinación, por eso mis luchas como mujer negra son innumerables. A ellas me debo de por vida y ahora además me debo como diputada. Dígase, racismo, machismo, transfobia u homofobia, existen y siguen siendo los eslabones del sistema económico actual y de una sociedad patriarcal. Es muy difícil alcanzar la paz social y la igualdad si no logramos la transformación que postula Davis, cuando dice que “es más importante por tanto, lo que hacemos para facilitar la transformación radical que cómo te imaginas que eres”.

Como primera diputada negra que ocupa un escaño en el Congreso no imagino cómo soy pero si me reconozco desde las categorías creadas a partir la desigualdad y la injusticia. Tal vez porque no hay un encaje teórico que responda a las demandas que me harían sentirme cómoda y también por una cuestión básica de empoderamiento personal y de posicionamiento en la sociedad.

A lo largo de mi vida, he tenido que dar muchas explicaciones de quién era y por qué vine aquí sin haber nacido aquí, pero nadie jamás me ha preguntado qué aporto a mi sociedad de acogida y qué me aporta el vivir en primera persona un intercambio de culturas. A menudo tengo la sensación de que muchos matices se pierden en el camino al deparar más en las cosas que nos separa que en aquello que nos une a las personas, a las culturas y los pueblos.

Desde que tengo conciencia ideológica he intentado trabajar implementando fórmulas en militancias múltiples y con ellas he tratado de mirar al mundo que me rodea. He luchado para que la aceptación que tengo hacia los demás sea la misma que deseo se tenga conmigo a la hora de tratarme, aunque soy consciente que no siempre es así. Percibo que lo mismo ocurre en el Congreso.

Los acontecimientos que se han ido sucediendo en un espacio de tiempo tan relativamente corto los vivo con pasión y emoción y a medida que transcurre el tiempo noto como le voy cogiendo el pulso al trabajo parlamentario. Pienso que hay que estar en todos los niveles de las instituciones para cambiarlas porque es el mandato que hemos recibido de la ciudadanía.

El 2016 ha supuesto para mí una etapa muy intensa tanto en lo personal como en lo político. Anteriormente a la llegada de Podemos había participado de una manera muy activa en movimientos sociales, pero la experiencia como diputada me ha permitido comprobar la gran responsabilidad que entraña representar a los millones de hombres y mujeres que nos han votado.

Sería para mi una gran satisfacción acabar la legislatura habiendo contribuido desde la formación morada a abrir nuevas vías para que la realidad de la diversidad y las minorías étnicas y culturales que forman parte del mosaico de nuestro país quedasen representadas de manera mucho más normalizada.

Si el Congreso debe ser el reflejo de la sociedad tiene todo su sentido que el sentir y el ser que tenemos los diputados y diputadas en la calle lo traslademos también al Parlamento, aún a sabiendas que en muchos casos la educación es sesgada, que los comportamientos son hipócritas y que sigue habiendo en muchas mentes estereotipos no exentos de convencionalismos. Ojalá que esos prejuicios desaparezcan sea cual sea el color de las siglas del partido o el color de la piel de sus señorías.