"En Aragón, la debacle de Podemos sí ha sido importante. Pasar de 14 a cinco diputados, no lo había conseguido nadie en tan sólo cuatro años. Indudablemente no ha sido por su actividad parlamentaria, intensa y fructífera, sino por su encarnizada guerra intestina tras sus elecciones internas en 2017"

La sensación, tras las elecciones del domingo 26 de mayo, es que todo vuelve a la normalidad, que aquellos que ponían en cuestión las instituciones actuales han sido ejemplarmente acallados y que, por tanto, el país va a empezar a florecer vigorosamente de nuevo (nada de minúsculos brotes verdes). Incluso, volveremos a perdonar la corrupción del bipartidismo porque volverá la riqueza al país, los créditos para comprar segundas y terceras residencias en la playa o en la montaña o los coches de alta cilindrada, para todo el mundo. Seremos felices de nuevo.

Los votantes han decidido castigar un poco menos al PP y centrar las esperanzas en el PSOE. ¿No fueron ellos los que trajeron la riqueza a España? Pues pueden volver a hacerlo. Lamentablemente, las cosas no serán así. Los gobiernos de Felipe González y Aznar sentaron las bases de la economía actual. El primero comenzó con la desindustrialización española prometida a la CEE (actual UE) para que nos dejara entrar en “Europa” (cesión del sector del metal a Alemania, recortes lecheros en favor de Francia y Holanda, privatización ruinosa de empresas públicas, recortes vinícolas...) y el segundo diseñó la burbuja especulativa de la construcción, la entrada de las cajas de ahorro en este sector con el fin de desprotegerlas del riesgo y arrasó con casi toda la empresa pública que fue a parar a manos extranjeras. Zapatero y Rajoy fueron meras comparsas en la misma dirección.

Bien, destruida la empresa española, sustituida por oligopolios sectoriales multinacionales que ofrecen empleos precarios, que pagan pocos impuestos porque tienen filiales en otros países y cuyos beneficios no se reinvierten en España sino que suelen acabar en guaridas fiscales, poco futuro se puede vislumbrar. Un empobrecimiento progresivo que está siendo apalancado (en el sentido mecánico, no económico) por unos tratados de libre comercio que llegan a establecer jurados privados que pagamos con dinero público para que las grandes empresas puedan interponer pleitos millonarios a los estados por pérdidas estimadas, pero los estados a las grandes empresas no.

Y todo esto está ocurriendo con las políticas del bipartidismo (recrecido con Cs). De hecho, los tres ya han votado a favor del CETA (tratado de libre comercio con Canadá) y JEFTA (con Japón). Otros como el TTIP están pendientes, pero su contenido no puede ser conocido; se guarda en un búnker. Entre otras cosas posibilitan que cualquier gran empresa multinacional entre en cualquier sector de un país con las normas de cualquier país en el que tengan sede, incluso aunque contravenga las constituciones nacionales o de Europa, desplazando a la empresa autóctona. Obviamente para pagar menos impuestos, menos salarios o, incluso, recibir subvenciones. Esto es empobrecer a los países.

Volviendo a los resultados electorales, los medios se han limitado a hablar de hecatombe de Podemos y éxito de los demás. Una percepción muy injusta: han perdido todos. Vox ha obtenido menos votos que hace un mes. Bajar cuando se está creciendo, no es, precisamente, un éxito. Cs no ha adelantado a un corrupto PP y ha perdido toda relevancia en País Vasco y Cataluña, su principal feudo hasta ahora, donde ha perdido casi un millón de votos respecto a las autonómicas de 2017. Si gobierna en algún sitio será supeditado al PP (o al PSOE si se desdicen de lo prometido en campaña). Mal panorama. El PP ha tenido las peores elecciones municipales y autonómicas, que parecen una victoria porque podrían gobernar Madrid (ya se sabe, la capital), Murcia y Aragón/Zaragoza, siempre con Cs y Vox (ganancia pírrica).

El PSOE es el único partido con un espectacular crecimiento en votos que le permite apuntalar el gobierno central y recuperar poder en algunas comunidades autónomas, aunque podría perder otras. Su éxito es el miedo a la inestabilidad. Pero vienen curvas y el voto del miedo es prestado, fugaz. La economía no funciona como nos cuentan y hay muchos elementos que apuntan a una agudización de la recesión que podría ser importante. Como no se han acometido reformas estructurales (creación de sectores económicos propios, no reformas laborales), no tenemos capacidad para afrontarla. Y el gobierno Sánchez adolece de ideología y decisión para tomar medidas impopulares entre los grandes capitales que, en los momentos difíciles, deben hacer un esfuerzo superior (como los demás) y que no han hecho hasta ahora. Por tanto, y con lógica, la población exigirá responsabilidades al partido que gobierna, el PSOE, que podría sufrir un descrédito semejante al del PP actual. Mala papeleta.

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin las peleas intestinas en Podemos desde Vistalegre 2 (y que han arrastrado a IU). Dos años de infantilismo y egocentrismo extremos que han destruido completamente la genialidad de los tres años anteriores. Y los protagonistas son los mismos en ambos casos. De la genialidad a la mediocridad. Desde Madrid, el “núcleo irradiador” de la división interna, casi todas las comunidades y municipios han sufrido la disputa de diferentes candidaturas cercanas que han dividido el voto permitiendo que la fragmentada derecha pareciera un conjunto cohesionado.

En Aragón, la debacle de Podemos sí ha sido importante. Pasar de 14 a cinco diputados, no lo había conseguido nadie en tan sólo cuatro años. Indudablemente no ha sido por su actividad parlamentaria, intensa y fructífera, sino por su encarnizada guerra intestina tras sus elecciones internas en 2017. El sector perdedor, afecto a Echenique, encontró en Zaragoza en Común una trinchera desde la que seguir combatiendo al sector ganador. Cualquier confluencia era imposible. Así llegamos a las elecciones del 26 de mayo en las que un sector de Podemos pedía el voto para candidaturas diferentes a Podemos. Asaltar los cielos desde los cinco diputados es imposible. Tampoco con el único diputado de Izquierda Unida (que sigue perdiendo voto), incapaz de pactar algo con Podemos. En todas las negociaciones sin éxito no hay un responsable, sino dos. Un pacto hubiera conseguido, mínimo, un diputado más.

En Zaragoza, sin fractura, Zaragoza en Común habría obtenido un mínimo de seis concejales, suficiente para evitar un gobierno del eterno candidato del PP, Azcón (muy emocionado porque era su último cartucho para seguir en política). Ahora con tres concejales, habiendo dilapidado seis y el gobierno de la ciudad (otro hecho histórico), no se puede pretender ser alternativa de gobierno en futuras ocasiones. IU, que pierde cuatro concejales arrastrada por la vorágine centrífuga de Podemos, vuelve a 2011, como si no hubiera pasado nada.

Chunta Aragonesista ha pagado cara su connivencia con el PSOE en el gobierno de Aragón (que le mantuvo a favor del ICA por silencio administrativo) y su visceral e incomprensible enfrentamiento a ZeC en el ayuntamiento de Zaragoza, perdiendo aquí su representación. Sus tres diputados autonómicos son un espejismo solamente factible por la división en Podemos.

La irrupción prevista de Vox en las generales en abril espoleó a sectores de izquierda abstencionista a acudir a votar para parar la involución social. El miedo. La izquierda acudía unida en Unidas Podemos. Al mismo tiempo, votantes tradicionales del PP decidieron no votar como castigo por la corrupción y por el mensaje radical de su líder, Casado.

Pero esta vez, la reacción ha sido la contraria. La izquierda dividida y peleando en un espectáculo deplorable, ha mandado a muchos seguidores a la abstención. La derecha con miedo a un gobierno “comunista” que acabe con las libertades civiles (en la argumentación de PP, Cs y Vox, magnificado convenientemente por los medios de comunicación) y una encuesta del CIS tan errada como “aterradora”, pues daba una victoria aplastante de la izquierda y el PSOE por toda España. En España se vota por miedo al otro, no por el programa.

El mensaje electoral es claro. El PSOE (y PP y Cs) pueden seguir cobrándonos el injusto Impuesto de Contaminación de las Aguas en Aragón. Se puede dejar de investigar la corrupción. Se permiten, de nuevo, los pelotazos urbanísticos en las ciudades (hoy expresa el Banco de España su oposición a limitar el precio de los alquileres, aunque las familias no puedan pagarlos), en la montaña (vuelve Castanesa) o en la playa (Sancti Petri). Se propondrá reducir las pensiones (hoy lo ha hecho el Banco de España). Se potenciarán nuevos centros comerciales aunque sean ilegales (Torre Village en Zaragoza) y aunque destrocen el comercio tradicional. Los Uber, Glovo, Amazon, etc. tienen alfombra roja para precarizar el empleo y llevarse la riqueza española fuera. Firmaremos el TTIP (tiemblen autónomos y Pymes). Educación, sanidad o pensiones pueden recortarse “si el país lo necesita”. Los trasvases entre cuencas, a pesar de su inviabilidad ecológica y económica...

La izquierda en Aragón debe dar un giro de 180º en su modo de hacer política. Ha visto la evolución de la economía y la sociedad y ha planteado soluciones fiables y justas para los momentos actuales. Pero no previó la tempestad de los odios internos y las tendencias taifales. Sus cúpulas, irresponsablemente, no han actuado según pedían las bases. Debe retomar, si alguna vez la ejerció, la práctica de los “cuidados” (tan manoseados dialécticamente) con sus gentes y conformar alianzas sociales y políticas amplias, incluido el aragonesismo (si hace falta, retirando a los liderazgos que imposibilitan al entendimiento). as estructuras actuales no sirven. Un proyecto colectivo no puede ser nunca la suma de pocos proyectos individuales. Vienen (más) tiempos de zozobra y quienes estén preparados, podrán afrontarlos con éxito. La sociedad lo necesita. No es tiempo de cainismos.

"En pocos días se han hecho públicas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que afectan al Ayuntamiento de Zaragoza y, por consiguiente, a la vecindad de la ciudad"

En pocos días se han hecho públicas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que afectan al Ayuntamiento de Zaragoza y, por consiguiente, a la vecindad de la ciudad.

La primera de ellas fue la decisión de anular el convenio firmado en 2016 entre Ayuntamiento y sindicatos para la recuperación de derechos laborales de los funcionarios municipales, que incluía el retorno a la jornada laboral de 35 horas semanales. Este acuerdo se enfrentaba con dos escollos. Uno era la ley de presupuestos de 2012 de Montoro que la establecía en 37,5 horas. El gobierno del PP pretendía constreñir competencias municipales para evitar, teóricamente, que no se endeudaran más. Aunque la práctica ha demostrado que pretendía impedir que los ayuntamientos tomaran medidas que pudieran paliar los efectos de los recortes del Gobierno central, ya que siguió vigente años después, con muchos ayuntamientos en superávit, como Madrid o Zaragoza, que contrastaban con un Gobierno central cada vez más endeudado, a pesar de las políticas de recortes.

El otro escollo es el Estatuto Básico del Empleado Público que limita, según el TSJA, las mejoras en permisos extraordinarios incluidas en el convenio. Ninguna de las dos medidas acordadas influían en los presupuestos municipales al no introducir variaciones salariales.

El acuerdo fue recurrido por el delegado del Gobierno en Aragón, el popular Gustavo Alcalde, siguiendo las consignas de su partido en Zaragoza. El Gobierno central, también popular, paralizó el acuerdo cautelarmente.

Pero el cambio de gobierno trajo consigo la modificación de las medidas presupuestarias de Montoro y la posibilidad de establecer esa jornada laboral de 35 horas semanales, que ha vuelto a entrar en vigor en septiembre de 2018. Por tanto, la sentencia del TSJA sólo afecta a las mejoras en permisos. “Esperamos que, con esta actuación, el Ayuntamiento de Zaragoza sea referente para otras empresas privadas de la capital aragonesa y de toda la región”, ha señalado el consejero de Zaragoza en Común, Alberto Cubero. “La buena gestión impulsada por este Gobierno (de Zaragoza) en materia económica y de personal nos ha permitido esquivar el recurso que impuso Gustavo Alcalde y aplicar políticas progresistas que recogen las aspiraciones y lo incluido en la negociación colectiva con los sindicatos”. También lamenta que “cuando llegó el PSOE le pedimos que retirara este y otros recursos ideológicos (como el recurso por el decreto contra paraísos fiscales), pero en nueve meses, la nueva delegada (la socialista Mª del Carmen Sánchez Pérez) no ha hecho nada al respecto”.

Ante esta decisión cabe recurso. Nos encontramos ante el mismo caso de Madrid, que también recurrió.

PP, PSOE y Cs, como casi siempre, se unen para exigir responsabilidades al Gobierno de ZeC. Es decir, se suman a la decisión del PP de eliminar la recuperación de derechos laborales de trabajadores municipales. Su política de ir reduciendo derechos laborales, en general, debería hacer recapacitar a las familias zaragozanas sobre la conveniencia de que los representen en las instituciones.

La segunda de las sentencias es la que declara “nulo de pleno derecho” el plan especial aprobado por PP, PSOE y Cs, a pesar del voto en contra de ZeC y CHA, para instalar el centro comercial Torre Village en los terrenos de la antigua Pikolín. Viene a decir que un plan especial no puede proceder a una recalificación de los terrenos saltándose el Plan General de Ordenación Urbana, pasando de mayoría industriales a mayoría comerciales (bastante más caros).

La decisión de PP, PSOE y Cs, de 24 de octubre de 2016, venía a ampliar un proyecto que surgió en 2015, cuando el Gobierno Belloch aprobó inicialmente el plan especial, unos días antes de que el PSOE fuera desalojado del gobierno. Una “recalificación a la carta”. Forzar la aprobación de un nuevo centro comercial en la ciudad española con más metros cuadrados de grandes superficies por habitante carece de lógica social, económica y medioambiental. Hay casi un m2 de gran superficie por habitante, lo que significa que toda la vecindad zaragozana cabe en sus centros comerciales.

Siempre dijimos que, además de ilegal, era negativo para los intereses de Zaragoza. Por este motivo, seguramente, sus gerentes estuvieron visitando a representantes políticos de los barrios y pueblos del entorno. Junto con organizaciones vecinales, comerciales, sindicales y políticas, se interpuso recurso contra esta aberración que tenía más de movimiento especulativo, que de un verdadero interés por generar economía para la ciudad. Conviene recordar que los terrenos pertenecen a la familia Solans, que terminó el traslado de Pikolín a Plaza a principios de 2017. Enseguida tiró sus naves y comenzó a construir otras. ¿Reutilizar, para qué?

Zaragoza “disfruta” de un centro comercial (Plaza Imperial) prácticamente abandonado y otros dos (Augusta y Aragonia) con escasa ocupación. Sólo Puerto Venecia parece que vive un buen momento. Construir un centro nuevo pudiendo reutilizar los existentes (como ha hecho Sambil con el abandonado M40 en Madrid) no tiene ninguna lógica, insisto. Los vientos de futuro que vienen de otros lugares como Madrid o EE.UU. no son nada halagüeños para los centros comerciales, que encuentran un gran enemigo en los cambios de hábitos por la crisis y por el comercio electrónico. En EE.UU. se prevé el cierre del 25 % de las grandes superficies en los próximos cinco años. Conviene, como mínimo, repensar el futuro del comercio antes de lanzarse a nuevos megaproyectos, tan del gusto tradicional de PP y PSOE.

Pero además, desde el punto de vista social, las grandes superficies son una hecatombe. Entre sus efectos negativos están la reducción del comercio local con el vaciamiento y oscurecimiento de las calles de la ciudad; la reducción de la economía local en favor de grandes empresas (mayormente extranjeras) que pagan pocos impuestos y se llevan los beneficios a otros países, habitualmente paraísos fiscales; la reducción de empleo, pues cada empleo creado en las grandes superficies elimina dos del comercio tradicional; la reducción de la calidad laboral, ya que el comercio local tiene un fuerte componente de autónomos, mientras que el empleo en centros comerciales domina el asalariado precario; el aumento de los desplazamientos, habitualmente en vehículo particular, un derroche energético, de tiempo y de contaminación; la creación de oligopolios de distribución y comercialización, pues unas pocas empresas controlan el mercado (algo imposible con multitud de autónomos y pymes), controlando calidad, variedad y precio de los productos; efectos negativos sobre terceros países como la esclavitud laboral o el expolio de recursos naturales, mucho más difíciles sin oligopolios; subidas de impuestos o recortes de servicios sociales por la disminución de ingresos impositivos procedentes del comercio, pues las grandes empresas pagan menos de la mitad que autónomos y familias; pérdida de soberanía económica, ya que las grandes empresas tienen su centro de toma de decisiones muy alejado de aquí y su reinversión es mucho menor que el de pymes y autónomos, cuyo ciclo monetario se produce en su entorno; potencia un modo de vida menos saludable, donde se pasea menos y se consumen más alimentos industriales y de peor calidad alimenticia.

La empresa Iberebro ha declarado que pretende seguir con sus planes, mostrando muy poco aprecio a las decisiones judiciales cuando no le son favorables. Y, parece, el Gobierno de Aragón estaría en la misma línea, pues continúa con el proceso de aprobación de la licencia comercial así como el mantener la declaración de interés autonómico que concedió a Torre Village (otorgada por el inusual silencio administrativo positivo) lo que permite a la empresa agilizar y reducir la tramitación administrativa e, incluso, iniciar las obras de construcción antes incluso de obtener la licencia comercial. En un caso como este, en el que existía una fuerte sospecha de ilegalidad urbanística, es también sospechosa la actitud del gobierno socialista aragonés facilitándola.

Pese a las argumentaciones en medios, convenientemente amplificadas por estos, los partidos neoliberales (PP, PSOE y Cs, a los que ahora se suman los macho-liberales) sólo tienen un destino. Dicen que pretenden mejorar la economía para mejorar el empleo, pero siempre acaban consiguiendo engordar las cuentas de las grandes empresas (y las suyas personales) a costa del resto de la población. Y es que la riqueza ni se crea ni se destruye, cambia de manos; y ellos (como los forajidos Paul Newman y Roberd Redford en Dos hombres y un destino) tienen muy claro en qué manos la quieren.

Rodrigo Sorogoyen, premio a la mejor dirección, nos introduce en un ambiente actual, angustioso, denso, plagado de adrenalina que se va introduciendo por nuestros poros. Sin quererlo (nadie lo querría) acabamos formando parte de la acción, con el nerviosismo de quien está en peligro y con la impotencia del que no puede vencer al mal.

Una película de ficción que va disolviendo en el ambiente, como un azucarillo amargo, la sensación de que la realidad es mucho peor y no puede ser contada en una película de entretenimiento. Es un thriller con marcado regusto a biografía, por su realismo.

La zaragozana Isabel Peña, premio al mejor guion original (junto a Sorogoyen), estudia los expedientes de corrupción del PP madrileño (Lezo, Púnica, Gurtel), aunque se perciben aromas de otros lugares como Galicia, Valencia o Alicante. Consigue diseñar una historia que cuenta mucho sin decir casi nada, lo que obliga al espectador a ir hilvanando la historia real al tiempo que ve la ficción. Para ello decide prescindir, aquí está la genialidad, del exceso de acción y exhibicionismo que parecería ser lo más fácil. Lujo, comilonas, droga, fajos de billetes, áticos, coches o “volquetes de putas” sólo aparecen casi tangencialmente porque lo importante son los sentimientos del atribulado Manuel López Vidal (encarnado por un realista Antonio de la Torre, premio al mejor actor protagonista), un vicesecretario autonómico de un partido político que pasa del reino a la ruina.

Peña, en una licencia narrativa, introduce un elemento anacrónico que refuerza la atemporalidad de la corrupción, un guiño a su ciudad, la alineación del Real Zaragoza que ganó la Recopa en 1995. En aquella época, empezaban a engordar las raíces de una corrupción que no era nueva pero que encontraría el potente abono de la desregulación y de la financiarización de la economía (adelgazamiento de las unidades de control fiscal, ley Aznar que permitía a las cajas entrar en el sector de la especulación inmobiliaria, disminución del coeficiente de caja y explosión de la concesión de créditos bancarios, etc.). Es una digresión positiva en un ambiente inevitablemente agobiante.

La aparición de elementos claves de la corrupción marcan el ritmo de la obra. Bueno, y también un sonido y una música (premiados ambos también) que resuena dentro de nosotros mismos marcando el ritmo del drama, como los latidos de un corazón. La cuenta en Suiza que levanta el escándalo (¿Granados, Bárcenas?), las anotaciones con iniciales y nombres que reciben sobornos o sobres en B (¿Granados, Bárcenas?), el pen drive (¿el de Correa que quiso destruir Cospedal?, ¿los discos duros de Bárcenas?), el empresario (Cabrera, encarnado por Luis Zahera, mejor actor de reparto. ¿Correa, Marjaliza?), el yate que parece recrear la fiesta de lujo del Bigotes, Correa, Agag, Ana Aznar y López Viejo (aunque son inevitables los recuerdos de Feijó en el yate del narco Dorado), una familia que vive el lujo sin pedir explicaciones (¿Cospedal, Mato, infanta Cristina?) o un juez que salta a la política con un impostado discurso anticorrupción que choca, frontalmente, con su enorme ambición. Mediocridad y ambición de la mano.

Todo lo que ocurre es previsible. Lo hemos imaginado alguna vez tras el marasmo de noticias sobre casos de corrupción que han salpicado el país desde hace años. Sin embargo, no para de sorprender la película. A pesar de su metraje (más de dos horas), nos mantiene en la butaca despiertos, expectantes, incrédulos, esperando la llegada de ese superhéroe americano que rescate a la humanidad (españolidad en este caso) de la amenaza que puede acabar con todo el sistema de poder, de vida. Las siglas del PP no acaban de aparecer en ninguna secuencia a pesar de que nuestro cerebro cuenta con verlas a cada instante. ¿Por qué, si en las libretas aparecen nombres de varios partidos?

Una corrupción que se hace pública, precisamente, por el exceso de confianza de unos políticos que se habían sentido impunes y protegidos hasta entonces. Una corrupción que salta por el aviso de un país, Suiza, que se cansa de ver movimientos sospechosos en cuentas opacas. Tras la bomba informativa que supone la aparición de la cuenta en Suiza y la red mafiosa que extrae recursos del Estado, Manuel, el titular de la cuenta, es sacrificado para salvar al resto de la organización, cuyos dirigentes, hasta los más altos, son conocedores de su actividad. Pero se resiste, sabe que los demás también han disfrutado de una vida de lujos a costa del dinero público. Tiene información de otras tramas que implican a toda la red. ¿Podrá proporcionárselas a la policía, a la prensa o a uno de los dirigentes del partido que quiere medrar y así salvarse él? ¿Se quedarán parados sus compañeros viendo que no para de remover la mierda? ¿Cuántas personas lo traicionan?

La acción se acelera aún más (el corazón ya está al máximo rendimiento), al final. En una dosis concentrada de El Fugitivo, Manuel como Richard Kimble (Harrison Ford), consigue escapar de la muerte y de los perseguidores. Llega a la prensa, destapa la trama a nivel nacional y acaba con la corrupción. ¿O esto es sólo un deseo del espectador, que sabe que el dinero que allí se derrocha es suyo? El final repentino, deja una sensación de inconclusión y un convencimiento fuerte de que muchos políticos en España viven en ese reino de lujo e impunidad que les costeamos los demás.

Alcalde innovador que puso el germen de un modelo ecomunicipalista y participativo, Cañedo lideró un proceso que transformó la toma de decisiones e impulsó el camino hacia una nueva economía en Carcaboso. Escuelas abandonadas convertidas en centro agroecológico (que ha recibido varios premios, incluido uno de la Unesco); huertos y gallinero comunitarios; huerta Km. 0; consejo de mayores; bandera LGTB ondeando en el Ayuntamiento; declaración del municipio como insumiso al TTIP o libre de transgénicos y una apuesta por la economía sostenible y comunitaria basada en el apoyo mutuo y el emprendimiento social (Economía del Bien Común).

Como dice el mismo Alberto: “Me siento, sobre todo, víctima de un sistema político caciquil, donde participar en un partido pequeño que no forma parte del bipartidismo hace que lo tengas mucho más difícil para el trabajo diario. En un Ayuntamiento con proyectos muy buenos, muy innovadores, no hemos tenido apoyo institucional por parte de la Administración, la Junta o la Diputación, mientras que en municipios de la cuerda del PSOE tenían esa financiación. Me sentí primero víctima política, antes de tener denuncias, y cuando las denuncias han ido prosperando me he sentido víctima judicial.”

En 2007 y 2011 obtuvo mayoría absoluta con 4 y 5 concejales contra los 3 y 4 del PSOE, respectivamente.

Al poco empezó el calvario. Los hermanos Bueno (concejales del PSOE ya mencionados) fueron presentando preguntas al ayuntamiento desaforadamente, hasta 700 entre 2007 y 2009 (el triple que las recibidas en Plasencia, un pueblo cercano con una población 35 veces mayor). De ellas, 5 se respondieron más tarde de los 5 días que establece la norma. Hay que saber, también, que el Ayuntamiento de Carcaboso solo tiene un administrativo, un alguacil y un secretario. El juez de lo penal (en lo administrativo fue desestimado) lo condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Lo recurrió.

En 2009, un constructor comienza seis casas en una parcela de la familia Bueno. Quiebra casi al final de la obra y el alcalde decide conceder la licencia de primera ocupación a petición de los vecinos y del constructor. Sin embargo, este no acaba la obra y se queda sin urbanizar y sin poderse ejecutar el aval. Los vecinos (los padres y una tía de los hermanos Bueno y otros dos concejales el PSOE) deciden denunciar al alcalde, no al Ayuntamiento. El juez lo condena por prevaricación urbanística a ocho años de inhabilitación y 37.000 euros por responsabilidad civil, a pesar de que la sentencia rece; “no ha habido enriquecimiento alguno por parte de Alberto Cañedo, no ha obtenido ningún beneficio particular ni ha beneficiado a nadie concreto que no sean los legítimos propietarios de las viviendas.” Recurrió. El alcalde se moja por la familia de los concejales socialistas y estos se lo pagan con iniquidad.

Pero aún hay más. Hay una tercera sentencia que le condena de nuevo, esta vez por desobediencia a la autoridad, a una nueva multa, por no haber dejado la Alcaldía cuando se le sentenció con inhabilitación para cargo público en 2015, a pesar de que estuviera recurrida. Fue otra denuncia de los hermanos Bueno.

“Cuando llegaba al juzgado las primeras veces iba tan tranquilo, confiando en que los jueces iban a poner un poco de cordura y de claridad en lo que estaba pasando. Y lo que me encontré es lo contrario, que el juzgado embrollaba más todavía la situación y ponía más puntos de locura en todo esto.”

“Alberto tuvo que dimitir y en 2015 nos presentamos de nuevo a las elecciones”, explica Lorena Rodríguez, actual alcaldesa de Carcaboso por la formación extremeña. “En la oposición sigue el mismo concejal que puso las denuncias y continúa el mismo mecanismo de escritos y acoso diario hacia mí como lo hacía con él anteriormente con preguntas como a qué hora he llegado a casa, dónde he estado, dónde trabajo, etc. Todos los lunes tenemos cuatro o cinco escritos y paran numerosos proyectos para el pueblo como el de una radio comunitaria… Su estrategia es cansarnos para que nos vayamos. Parece que creen que en política todo vale, pero no es así. Han pasado los límites de lo político a lo personal”, denuncia Rodríguez. Tienen cuatro concejales frente a cuatro del PSOE y uno del PP, que se juntan para todo menos para darse la alcaldía, de momento.

El modus operandi se reproduce por todo el país. Un PSOE y un PP (y Cs) que se dicen enemigos pero que pactan casi todo para evitar que ayuntamientos del cambio puedan demostrar que saben gestionar mejor, no sólo las cuentas, sino todo lo demás, porque ponen el foco en la gente y no en el dinero. En Zaragoza lo sabemos bien. Azcón (PP) y Anadón (PSOE) van juntos a todas partes, hasta el punto que el primero va por la sede del PSOE como por la suya propia. Igual ocurre con Fernández (PSOE) y Casañal (Cs). El resultado fue el pacto contra Zaragoza que firmaron los tres partidos con el objetivo de acordar una serie de inversiones irrealizables que paralizaran el Ayuntamiento e impidieran realizar la política del gobierno (puede leer sobre él aquí).

Como resultado de todo el proceso, además de dejar la Alcaldía, Alberto está inhabilitado para cargo público durante 17 años y debe 120.000 euros entre sanciones, responsabilidad patrimonial, indemnizaciones a los vecinos de las casas y costas, que no puede pagar y que considera muy injustas. A esto hay que sumar sus propios gastos en abogados, desplazamientos y el pequeño esfuerzo personal que ha hecho en dar a conocer su caso, que se puede calificar de tremenda injusticia caciquil. Está arruinado, probablemente, de por vida. Esto contrasta, vergonzosamente, con los casos de corrupción juzgados (Urdangarin, Matas, Rato,...)

Para difundir su caso creó una página web https://apoyoalberto.com/web/ y ha publicado un libro, una entrevista que debió hacer en Barcelona, porque los periodistas extremeños no están para enfrentarse con el poder, con Eduardo Muriel. El título: “Entrevista con Alberto Cañedo, del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel”. Puede comprarse en la web.

Aunque ha recurrido a la justicia europea, su entrada en la cárcel parece próxima. Los recursos han sido negativos y el juez le ha condenado a 255 días de cárcel por no pagar las multas de la primera sentencia y a 270 por la tercera, ineludibles porque tiene tres condenas. Ha solicitado el indulto, que le ha sido recientemente denegado por el actual Gobierno de Sánchez, a pesar que en su corta andadura ya ha indultado a 17 personas, varias por los mismos “delitos” que Alberto y siempre sin justificar las decisiones como exige la jurisprudencia española. No parece políticamente lógico que un presidente del PSOE reste fuerza coercitiva a concejales socialistas, por poco éticos que sean. (Se puede firmar en apoyo al indulto de Alberto en la web, también)

Sin embargo, Lorena y Alberto no pierden la esperanza. “Hace falta recuperar la alegría, la consciencia de que la gente es capaz de cambiar las cosas”, expresa Alberto. “Si en vez de ser un solo pueblo, fuéramos 25 en toda Extremadura, coordinados, ya no tendríamos la misma fuerza. La multiplicaríamos de manera exponencial”. De hecho, ayer día 8 de febrero, el juzgado comunicó que conmutaba la primera condena de cárcel por trabajos sociales durante 170 días, “fruto de la presión social”, han comentado desde la Plataforma de apoyo a Alberto Cañedo. “Aunque lo más justo hubiera sido la revisión de la condena o el indulto, la conmutación viene a cumplir cierta dosis de justicia poética, ya que, en cierto modo, obliga a Cañedo a seguir realizando la labor altruista y comunitaria que lleva ejerciendo toda su vida y que, de alguna manera, fue la que le condujo a esta situación”.

Esta historia de Carcaboso, por desgracia no es una anécdota. Tanto el Partido Popular, por ese áurea mágica que supuso ganar la guerra, como el PSOE allí donde han gobernado, han impuesto sus normas de mediocridad y red clientelar en todos los ámbitos de la economía y la administración, de la que no ha escapado la judicatura. Unas normas no escritas que han favorecido la corrupción, la prepotencia y la impunidad.

Las amenazas de muerte a alcaldes y ediles que no tragan con la corrupción, como está pasando en Asturias a concejales de Izquierda Unida, las denuncias injustificadas y continuas a ediles del cambio como pasó con todo el equipo de Zaragoza en Común, la investigación de la vida personal de aquella gente que sí cree que la política es un servicio a la sociedad y no un negocio personal, son consecuencia de una permisividad injustificada (si no un apoyo descarado) de medios de comunicación, Administración y Justicia con los métodos caciquiles que emplean aquellos que sienten que les han quitado un sillón que consideran históricamente propio. Es el viejo caciquismo casposo de raigambre ancestral que la modernidad europea no ha podido (o querido) erradicar en España.

"Uber y Cabify en el sector del taxi, Ryanair en transporte aéreo, Glovo o Deliveroo en el reparto a domicilio, Amazon en la distribución, no traen un servicio más moderno, sino más precarizado y asociado a la elusión fiscal y a la evasión de riqueza"

Tratados de Libre Comercio (TLC) son, en teoría, unos acuerdos entre dos países para facilitar el flujo de mercancías entre ambos con el fin de crear sinergias económicas que favorezcan a las gentes de ambos países. Esto, que parece tener sentido en un mundo globalizado donde las mercancías circulen por todo el mundo sin trabas, ya ocurre en la práctica. Entonces, ¿qué sentido tienen estos tratados en la actualidad?

Cuatro son los acuerdos comerciales más importantes que Europa negocia: la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con EE.UU. (TTIP siglas en inglés), actualmente congelado por la oposición social europea y la promesa electoral de Trump; el Acuerdo Exhaustivo Económico y Comercial con Canadá (CETA), que entró en vigor en septiembre de 2017; el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA), en suspenso desde 2016 y el Acuerdo de Libre Comercio con Japón (JEFTA), aprobado en diciembre de 2018.

Partiendo de que todos ellos se negocian en secreto entre no se sabe bien quién ni a qué instituciones representan (aunque la Comisión Europea siempre anda por el medio) y que no se publican antes de ser firmados para evitar que se conozcan sus condiciones (el TTIP sigue guardado en un búnker del Parlamento Europeo al que sólo pueden acceder sus parlamentarios por petición, de uno en uno y sin ningún medio que permita sacar información -móvil, cámara, papel y boli...-), las sospechas de que no son algo que beneficie a las personas (a las que, dicen, van dirigidas) son más que lógicas. Así lo expresa la misma UE en su web sobre el TISA: “Como ocurre con cualquier negociación comercial, las conversaciones sobre el ACS no son públicas y el acceso a los documentos está reservado en exclusiva a los participantes.” ¿Los participantes son los pueblos afectados o unas élites que dicen representarlos?

Los Tratados de Libre Comercio no son tratados, ni libres ni de comercio. No son tratados porque no se firman entre estados, sino entre gobiernos. No son libres porque son impuestos a la población por esos gobiernos que lo han sellado sin consultarles. Un acuerdo de esta magnitud debe ser refrendado por la ciudadanía como se pretendía hacer en muchos países europeos, aunque no en España por decisión mayoritaria de las Cortes de 2015 con los votos de PP y PSOE, para el TTIP. Aprendiendo de las dificultades de aprobarse debido a la oposición de la población europea, la Comisión Europea aprobó el CETA antes de que pasara por los parlamentos europeos (España lo ratificó en un mes escaso tanto en las Cortes como en el Senado, se ve que había prisa) y el JEFTA, recientemente aprobado por el Parlamento Europeo, que no pasará por los parlamentos nacionales. No pretenden una mejora del comercio, ya que afecta esencialmente a servicios, oligopolizando (control del mercado por unas pocas empresas) la economía mediante la absorción o quiebra de las pequeñas empresas por parte de las grandes.

Las consecuencias teóricas de estos tratados son las que publicitan gobiernos y grandes empresas: mejora del comercio y, por tanto, de la economía, mayor riqueza y mejora de empleo y salario. Pero, la historia de los TLC existentes evidencia que no traen prosperidad a los pueblos, como anuncian, sino que las verdaderas consecuencias son destrucción de la economía nacional con cierre de masivo de pequeñas empresas y comercios y entrada de las multinacionales en los sectores abordados, que acaban siendo dominados por oligopolios que controlan precios y precarizan el empleo. Dicho de otro modo, con los TLC ganan las rentas de capital y pierden las rentas del trabajo, independientemente del país. Triunfa la acumulación en menos manos de la riqueza y fracasa su distribución equitativa.

En los últimos años nos han vendido la bonanza de las nuevas tecnologías y las nuevas empresas que aparecen abaratando servicios: Uber y Cabify en el sector del taxi, Ryanair en transporte aéreo, Glovo o Deliveroo en el reparto a domicilio, Amazon en la distribución. Pero realmente no traen un servicio más moderno, sino más precarizado y asociado a la elusión fiscal y a la evasión de riqueza. Un servicio que reduce salarios, reduce autoempleo, no deja riqueza en el país porque paga menos impuestos y se lleva las ganancias a terceros países, guaridas fiscales en muchos casos.

Es una vuelta de tuerca más, tras vender todas las empresas públicas (que, por cierto, ni dan mejor servicio, ni más barato que antes de privatizarse, los dos argumentos empleados, y han pasado a ser capital extranjero y oligopólico) y permitir que las multinacionales extranjeras coparan la mayoría de la industria española. Ahora el objetivo ha bajado un escalón más o avanza un paso más, según se quiera. Las grandes empresas vienen a por la economía de las pequeñas empresas, autónomos y profesiones liberales, lo poco que queda sin oligopolizar. Pueden acogerse a la normativa que les sea más favorable de cualquiera de los países, pudiendo comercializar productos con calidad o pesticidas no autorizados hasta entonces o crear empresas que usen métodos prohibidos (transgénicos, fracking, etc.) y con la prohibición de empresas públicas en el sector.

Los aranceles y otras protecciones a las empresas de un país se emplean cuando el país no puede competir con otro en algún sector por tener un sistema productivo menos moderno, unas condiciones laborales más favorables, una legislación medioambiental más exigente o unos estándares de calidad más elevados. Por tanto, la protección comercial y empresarial no es buena o mala en sí, sino que puede ser bien aplicada o no. El neoliberalismo siempre nos ha vendido que hay que eliminar todas las barreras legislativas o fiscales para mejorar la economía. Pero, cuando se hace, las beneficiadas son las grandes empresas y los perjudicados el resto de la población, porque en un mercado de competencia total (nótese que no he dicho perfecta) en el que hay diferencias de poder entre los diferentes agentes, los pequeños acaban pagando el “éxito” de los grandes. Dicho de otro modo, en un sistema como el capitalista, basado en la acumulación de capital, esta acumulación sólo puede producirse por minoración de otros. Y como no parte de igualdad entre agentes, no va a ser el grande el que pierda. Por eso, aunque imperfectas, están las leyes que protegen a la población y a las pequeñas empresas. Y son las que quieren eliminar ahora.

Así como la entrada de las Uber, Ryanair, Amazon o Deliveroo en la economía nacional es posible con la legislación actual (lo cual ya expresa lo laxa y desregulada que es), las diferentes administraciones pueden regularlo de algún modo. Los TLC quieren establecer mecanismos para que esto no sea posible y, por tanto, sólo quede en manos de las grandes empresas dónde y cómo desean asentarse. En sus cláusulas se establecen las condiciones ventajosas en las que empresas del otro país pueden instalarse y estas condiciones están por encima de la propia Constitución nacional. De hecho, se llamaban tratados de protección al inversor privado (para asegurar que su inversión siempre fuera rentable). Es habitual que se les conceda operar en las mismas condiciones legales de su país de origen (capacidad de desviar capitales y eludir impuestos, rebajas salariales, etc.) que las empresas de este país no pueden, sobre todo si son pequeñas y no tienen filiales en otros países o guaridas fiscales.

Pero como pudiera haber países con gobiernos díscolos, los TLC han creado una figura que es la máxima genialidad del neoliberalismo: el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS). Se trata de un tribunal privado formado por abogados de reconocido prestigio elegidos entre los estados participantes en el acuerdo y con una remuneración estratosférica (de dinero público). Es un poder superior a los tribunales supremos de los países, lo que ha provocado quejas en este máximo órgano judicial incluso en EE.UU. ¿Cómo se eligen? Da miedo pensar que los elige una élite política europea y norteamericana que ha elegido a personajes como Dragui, Junker, Stroess-Khan, Rato o Lagarde.

Pero aún es mayor la perversión de este mecanismo, ya que, a él sólo pueden recurrir las empresas agraviadas por un gobierno, pero no un gobierno agraviado por una empresa. Obviamente es un mecanismo diseñado para la defensa de los intereses de las grandes empresas multinacionales. De hecho, la experiencia de los tratados existentes así lo certifica. La mayoría de las veces da la razón a las grandes empresas, incluso ante la existencia de delitos. Es decir, pagamos con dinero público del Estado a unas personas encargadas de defender a las grandes empresas privadas contra los intereses del propio Estado. ¿Surrealismo o estafa? España está inmersa en demandas ante tribunales de arbitraje por valor de 7.500 millones de euros (más los gastos que debe asumir en su defensa) y aún no están activos los ISDS de los TLC.

Es aquí donde explota la paradoja neoliberal. Los TLC pretenden garantizar la seguridad de la inversión de cualquier empresa extranjera en el país, es decir, inversión con riesgo cero, cuando el paradigma neoliberal es, precisamente, que gana más quien más arriesga. Y, al mismo tiempo, los gobiernos que negocian estos TLC, no garantizan la vida de las familias que los han elegido para que mejoren su calidad de vida, que deben enfrentarse a un mercado laboral sin ningún tipo de garantía, es decir, riesgo elevado.

Como ejemplo, la empresa minera canadiense Edgewater ha demandado al Estado español por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Galicia, invocando un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá. El derecho a la defensa del medioambiente y la salud de las personas quedan por debajo del interés económico.

Coincidiendo con el Foro Económico Mundial en Davos 2019, varias organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos de 18 países de la UE han lanzado la campaña ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.

Como podemos apreciar en la película de Michael Moore, Qué invadimos ahora, el futuro que nos tienen preparado es que en cada sector sólo quedará un pequeño grupo de grandes empresas que ofertarán el trabajo que deseen y al precio que decidan. Sólo podremos trabajar para una de ellas si hay sitio. Su poder eclipsará los sindicatos y tampoco cabrá el autoempleo. Será una situación cercana a la esclavitud, una distopía neofeudal. Un estado menguante subvencionará a grandes empresas, pero ya no garantizará sanidad, educación, pensiones, desempleo, etc. Es decir, seguimos los pasos de Estados Unidos, un país que es una caricatura de los principios constitucionales con los que nació, donde la extensión de la pobreza es una epidemia constatada, siendo el país más rico del mundo.

"Esta semana Zaragoza ha podido ver dos películas que no han sido proyectadas en los cines porque el monopolio local de la distribución así lo quiso. Ambas películas han visto ratificada su calidad por numerosos premios de certámenes internacionales"

Esta semana Zaragoza ha podido ver dos películas que no han sido proyectadas en los cines porque el monopolio local de la distribución así lo quiso. Ambas películas han visto ratificada su calidad por numerosos premios de certámenes internacionales.

La coproducción franco-belga-alemana ha hecho posible el nacimiento de El joven Karl Marx, una biografia (biopic para no parecer poco moderno) dirigida por el dominicano Raoul Peck en 2017.

Un principio desgarrador inspira un artículo que enfrenta al joven Marx, de familia burguesa alemana protestante (que había renunciado al judaísmo), con una sociedad, la alemana (o la europea en general) que es capaz de matar a pobres por recoger leña en el bosque. Esa sensibilidad hacia el desfavorecido le induce a escribir artículos muy críticos con la sociedad de entonces y por los que es perseguido y desterrado de Alemania, Francia y Bélgica. Eran tiempos donde el periodismo era una profesión de honor y riesgo.

Una película, en la que Peck huye del posicionamiento político para centrarse en contar la historia europea de mediados del siglo XIX, una historia que, si eliminamos la imagen y nos quedamos con el audio, creeríamos actual. Es su gran fuerza, la intemporalidad de su relato.

Jenny es una joven de la familia aristocrática prusiana von Westphalen que no duda en abandonar su vida de lujo para defender junto a su marido Karl, una sociedad más justa, sin precariedad, sin hambre. Se convertirán en el centro de la historia mundial de su tiempo junto a personajes como Jean-Joseph Proudhon, Mijail Bakunin, Arnold Ruge, el que llegaría a ser el mejor amigo de Marx, el empresario textil Friedrich Engels, un joven atormentado por la explotación que observa en las fábricas de su padre en Manchester y la que fue su compañera Mary Burne, una mujer irlandesa de familia humilde que vivía la pseudoesclavitud de las fábricas inglesas. Nunca quisieron casarse por no usar una institución burguesa.

Karl y Jenny vivirían todas las miserias de la sociedad: la persecución, la pobreza, la necesidad y la muerte de varios hijos. Marx y Engels vivirían una juventud de sueño revolucionario que erradicara la pobreza y explotación de la mayoría de la sociedad, de esos trabajadores cuyo jornal no era capaz de cubrir las necesidades esenciales de su familia, que trabajaban todos los días de la semana en situación de precariedad extrema, tanto económica como física. Quizás entendamos ahora las trabas de algunas distribuidoras para su proyección en salas de cine.

Esa fuerza juvenil les llevó a liderar la Liga de los Justos, convertirla en la Liga Comunista y escribir el Manifiesto Comunista, primer compendio de las demandas sociales anticapitalistas. Corría el año 1848.

La otra película, aún más premiada, es El silencio de otros producida por Pedro Almodóvar y Esther García, entre otros. Y cuyos directores, Almudena Carracedo y Robert Bahar, desaparecen para dar el protagonismo a unos personajes que cuentan sus experiencias en primera persona. No hay modo más descarnado y directo de contar las historias de la Historia, sin ficciones ni florituras que hagan al espectador relajarse por sentirse a salvo de la acción.

La cinta narra el empeño de muchas personas por encontrar a aquellos familiares desaparecidos durante la época de Franco. Cómo durante el franquismo se prohibió y persiguió cualquier intento de investigación para encontrar a familiares represaliados y a los responsables de sus asesinatos y cómo la Transición tuvo exactamente el mismo efecto gracias al silencio de gobiernos, Administración e Iglesia con la inestimable ayuda de los juzgados españoles, que llega hasta la fecha. Son 83 años de silencio y olvido impuesto. No podía estar mejor elegido el título de este largometraje en formato documental.

Este olvido impuesto se hace aún más inexplicable cuando empiezan a aparecer en los medios los casos de robos de bebés en los años 80. Fue un crimen que comenzó con el mismo alzamiento militar franquista con el objetivo de quitarle los hijos a las madres “rojas” para dárselos a familias afectas al régimen donde recibirían una educación nacional-católica que los separaría del comunismo opresor. Con los años, el mecanismo se fue sofisticando y el objetivo económico pasó a ser el único, robando hijos de mujeres solteras o familias pobres y dándoselos a familias pudientes españolas o extranjeras a cambio de una buena cantidad de dinero. Un negocio aberrante. Hay casos documentados hasta 1996, bien entrada la “democracia”. Esta historia era más conocida entre las élites franquistas que entre las familias afectadas (por su aislamiento), a las que siempre se les decía que el hijo había muerto y, si insistían, se les enseñaba un cadáver infantil congelado para estos momentos. La profusión de casos ha hecho que explotara la curiosidad de todas aquellas familias que sufrieron esos momentos terribles y que ahora esperan encontrar a sus hijos o hermanos en alguna parte del planeta.

Pero tanta traba lleva a muchas familias a la desesperación (muchos hijos de asesinados son muy mayores y alguno fallece durante el rodaje) hasta que deciden acudir a la justicia de otro país, como hicieron los chilenos con Pinochet, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben aunque la ley española de Amnistía así lo pretenda. La jueza argentina Servini admite el caso, que no ha parado de crecer desde los dos denunciantes primeros hasta los más de 300 actuales.

Pero esto no es un camino de rosas. El Gobierno español ha puesto todas las trabas posibles a la investigación, como evitar la extradición de posibles responsables de torturas y asesinatos y el interrogatorio de testigos, tanto en Argentina como en España, llegando a pararse el proceso por las amenazas del embajador español de romper relaciones diplomáticas.

El momento más emotivo se produce cuando Ascensión Mendieta ve los restos de su padre después de que un juez autorizara su exhumación, 80 años después de su asesinato y por la solicitud inapelable de la jueza argentina. El amor hacia una persona que casi no conoció pero que alguien decidió que debía arrebatarle con la muerte para saciar sus ansias políticas. Todos los entrevistados dicen lo mismo: no buscamos venganza sino encontrar a nuestros familiares y juzgar los delitos conforme a la legislación española e internacional. Es la lucha de un país que quiere reconciliarse con su pasado, un pasado que algunos quieren confundir en el olvido, incluso evitando su proyección en las salas de cine. Pretenden conservar el monopolio de las ideas, por muy inhumanas que sean, no conocer a Marx o las consecuencias del franquismo, para perpetuar el olvido de los derechos más elementales del ser humano.

P.D.: El joven Karl Marx ha sido proyectada en la sede de IU en Zaragoza el día 19 de enero de 2019 y El silencio de otros en la Filmoteca de Zaragoza los días 9, 12 y 18 en el ámbito del Certamen La Imagen de La Memoria.

"El pasado 30 de octubre descubrimos, por la confesión del concejal del PP, Jorge Azcón, que toda la oposición había tramado un plan para paralizar o ridiculizar la gestión de Zaragoza en Común en el Gobierno de la capital aragonesa"

El pasado 30 de octubre descubrimos, por la confesión del concejal del PP, Jorge Azcón, que toda la oposición había tramado un plan para paralizar o ridiculizar la gestión de Zaragoza en Común en el Gobierno de la capital aragonesa. Realmente era un secreto a voces que ya había sido publicado en prensa el 18 de mayo, aunque ahora PSOE y CHA salgan indignados a contradecirlo. Lo que no se había publicado son las motivaciones de cada partido, que han resultado ser poco éticas.

Así, en un rifirrafe de reproches, el Sr. Azcón acusó a PSOE y CHA de romper el pacto para evitar que el Gobierno de Zaragoza en Común pudiera usar el remanente del presupuesto del ejercicio 2017 (lo que había quedado sin ejecutar: 8,6 millones de euros), en inversiones útiles para la ciudad, las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles, sujetas a estrictos controles.

Dijo que el PSOE había propuesto el gasto de 1,6 millones de euros en rebajes de aceras, a poder ser poco antes de la campaña electoral, ya que “cada rebaje de bordillo eran 60.000 € y significaba cortar un carril” de circulación de vehículos y, dada la cantidad de rebajes a hacer, colapsaría toda la ciudad, con los consiguientes efectos electorales negativos para ZeC.

Acusó a Chunta Aragonesista de proponer obras inejecutables en el entorno del estadio Romareda por 700.000 €, con el fin de que no pudieran emplearse en todo el ejercicio en ninguna otra obra. “¿Qué viabilidad tiene esto, señor Asensio? ¿Es que en aquella reunión no dijo la viabilidad que tenía esto? Lo dijo allí”.

El PP, a su vez, había propuesto una partida de 2,4 millones en compra de autobuses eléctricos, algo que no tenía sentido ya que ZeC ha aumentado en 2018 la partida para ello dentro del contrato concesional. Por este motivo no es inversión y, por tanto, también sería una partida inejecutable. Toda la oposición demonizó la “incompetencia” de ZeC por oponerse a esta partida que, finalmente, ha debido ser desestimada precisamente por la motivación argumentada por ZeC, según un informe municipal. Pero se ha retrasado el uso de este dinero durante medio año. Poara la oposición cuanto peor, mejor.

En este sentido, el 26 de junio se expresaban en estos términos: Javier Trívez, del PSOE, acusó al gobierno de “retrasar” este expediente y defendió el acuerdo de la oposición; Sara Fernández, de Ciudadanos, rechazó que no se pudieran comprar vehículos eléctricos: “¿Es viable cuando los prueban ustedes y no cuando lo planteamos desde la oposición?”, dijo; Leticia Crespo, de CHA, expresó que los informes que ha esgrimido Rivarés “plantean dificultades, pero no imposibilitan” la adquisición de los nuevos vehículos.

Sin embargo, el 30 de octubre, la derecha quería mantener el pacto y el resto había cambiado su postura radicalmente sin despeinarse ni pedir disculpas a ZeC: Sara Fernández dijo que su partido “respeta el acuerdo” que firmó toda la oposición, es una cuestión de “palabra y compromisos”. “Los acuerdos hay que cumplirlos, Aragón es tierra de pactos”; Trívez confesó que la compra de buses eléctricos que pactó con el resto de la oposición fue “una propuesta mal meditada” y “un lío en el que nos mete el PP”; Carmelo Asensio, de CHA, reconoció la “inviabilidad” de la compra.

Con este plan, la oposición evitó que el gobierno de ZeC empleara un millón de euros en una operación asfalto y 3 millones en obras menores en los barrios (unas actuaciones muy bien valoradas por la vecindad) y 2,5 millones en mejoras de parques. Estas inversiones habrían desmontado el principal reproche del PP a ZeC a lo largo de todo el año respecto al estado de los parques y las calles. La oposición, solamente permitió al gobierno una partida de 700.000 € para modernizar el parque automovilístico de la policía local y un millón para mejorar y abaratar la iluminación en la ciudad, aunque le marcaron dónde para evitar los planes de ZeC.

El PP, no conforme solo con paralizar la inversión municipal, lleva meses haciendo campaña para que el gobierno nacional compute la deuda del tranvía correspondiente al Gobierno de Aragón (50 %), como deuda municipal y así, que esta sobrepase el 110 % del presupuesto e impida que el ayuntamiento pueda reinvertir los remanentes anuales o pedir préstamos para realizar inversiones, como marca la ley Montoro.

Sin embargo, la buena gestión económica del actual Consistorio ha conseguido reducir la deuda en más de 250 millones, pasando del 126 % (que dejó el PSOE en 2015) al 92 % (previsión a 31 de diciembre de 2018), lo que ha permitido que Zaragoza haya salido del Plan de Ajuste, un sistema de control del gobierno Central sobre ayuntamientos hiperendeudados a finales de 2017, cinco años antes de lo previsto y a pesar de que la oposición estuvo evitándolo durante todo el año pasado.

El ayuntamiento ha pedido 24,8 millones de euros para realizar inversiones (en vivienda, prolongación Tenor Fleta, asfalto, parques, renovación de tuberías, etc.) que ya ha sido aprobado por el gobierno de Aragón. PP y Cs querían evitar esto. PSOE y CHA miraban complacidos.

Este pacto destructivo de la oposición desmonta la argumentación que los cuatro partidos usaron para justificar la paralización presupuestaria de empresas públicas y patronatos, tras aplicar el gobierno municipal la ley de Capitalidad diseñada y aprobada, entre otros, por PSOE y CHA. De hecho, el artículo 14, que ha sido recurrido en constitucionalidad por el gobierno español del PSOE (a pesar de que el PSOE aragonés insiste en su constitucionalidad, ¿hipocresía?), fue redactado por PAR y PP que, ahora, se oponen a su aplicación. O, más bien, se oponen a su aplicación por otro partido que no sean ellos.

La prueba de la falacia es que los partidos que defienden que en España o Aragón sean los gobiernos quienes tengan el poder ejecutivo sobre las sociedades públicas y que dejan al pleno una misión de control de los órganos de gestión y una función normativa, exigen lo contrario en el caso de Zaragoza. Así, para intentar demostrar que el ayuntamiento había “expulsado” a la oposición de las sociedades, decidieron no acudir a los consejos de administración, evitando facilitar los quorum necesarios para su funcionamiento y, de paso, también de los patronatos, que no habían sufrido modificación alguna.

No es desconocido el ofrecimiento de Azcón al PSOE municipal de darle su apoyo para gobernar, que hizo al principio de legislatura. Tampoco es desconocido, sobre todo entre la militancia socialista, que el portavoz municipal del PP entra en los despachos del PSOE con total libertad. Tampoco es desconocida la incapacidad de Ciudadanos de marcar un perfil propio que lo diferencie del PP zaragozano, como de Chunta de escapar de las inercias centrípetas del PSOE.

No ha existido una situación similar de oposición feroz de toda la oposición hacia el partido de Gobierno, en toda la historia democrática del Consistorio zaragozano. Ni siquiera el nacimiento de CHA produjo este efecto. La diferencia ha sido que Zaragoza en Común estaba gobernando la ciudad solo un año después de nacer. Algo imperdonable para quienes consideran que el Ayuntamiento es de su propiedad. Su reacción histriónica se ha materializado en un pacto para paralizar el Ayuntamiento y los servicios que ofrece a la ciudadanía, un pacto contra Zaragoza.

"Es paradójico que se hayan producido los resultados electorales de Andalucía al mismo tiempo que tenemos dos películas en cartelera que nos avisan del peligro de la ultraderecha para la convivencia humana y el progreso social"

Es paradójico que se hayan producido los resultados electorales de Andalucía al mismo tiempo que tenemos dos películas en cartelera que nos avisan del peligro de la ultraderecha para la convivencia humana y el progreso social. Las dos están basadas en hechos reales, inhumanamente reales.

El fotógrafo de Mauthausen nos narra la vida de los republicanos españoles que debieron abandonar España tras la guerra española y que acabaron en campos de concentración nazis después de que Franco les retirara la condición de españoles. Fueron 9.328, de los que sólo sobrevivieron 3.809 (un 40 %).

La película, bien ambientada, pero justa de guion, se hace poco creíble por momentos si no fuera porque la realidad supera la truculenta historia. Mar Targarona pretende contar una historia al estilo norteamericano, amantes de los superhéroes individuales que salvan el mundo (en este caso el fotógrafo Francesc Boix), al que le añade unos toques de La Lista de Schlinder con el alemán bueno y de La vida es bella con el humor que pretende hacer humano lo que no lo fue.

Soslaya intencionadamente, aunque lo menciona tímidamente (en los tiempos actuales sólo nos emocionan los comportamientos individuales), que los españoles que sobrevivieron a Mauthausen y Gusen lo fueron gracias a una milimetrada y omnipresente organización de republicanos dirigida por miembros del Partido Comunista. Organización que redistribuía los escasos alimentos y bienes de que disponían entre los más necesitados, enfermos o amenazados o que enseñaba a hablar alemán a los recién llegados, sin lo cual no tendrían posibilidades de sobrevivir. Unido a ésto, la buena preparación profesional de bastantes de ellos, lo que les permitió acceder a cargos de cierta responsabilidad en el campo, hizo posible secuestrar y custodiar en lugar seguro unas fotografías que fueron prueba esencial en Nuremberg, contra los genocidas nazis.

La noche de los 12 años nos cuenta la vida de Pepe Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof, tres miembros tupamaros, enemigos políticos de la dictadura militar que había tomado el poder en 1973. Corrieron mejor fortuna que otros compañeros que desaparecieron, pero lo pagaron muy caro, ya que, como les dijo un mando militar: “como no pudimos matarles, vamos a volverles locos”. Los cautivos fueron sacados de la cárcel y encerrados en cuarteles durante 12 años, aislados, en celdas minúsculas, encapuchados, atados, golpeados, vejados, obligados a permanecer en silencio y sin ningún tipo de enseres, desnutridos y privados de sus necesidades básicas.

Brechner, usando una buena ambientación y actuación y sin detenerse en los detalles macabros, de los que huye (cosa que es de agradecer), nos sitúa en una posición de derrota ante la impunidad y la violencia, de la que sólo unos escasos brotes de cultura dan alguna esperanza en el futuro. Resistir o enloquecer, pero ¿cómo? El vocabulario empleado por los golpistas uruguayos nos retrotrae a nuestra propia historia: “los presos son subversivos peligrosos, tienen gran capacidad de convencimiento”; “somos el Ejército Nacional” o “nuestro Caudillo”. Al final la esperanza renace. La madre le dice a Mújica: “sólo los que bajan los brazos, están derrotados”. Éste, con el retorno a la democracia, llegó a ser el presidente del país.

Alrededor de 300 personas fueron detenidas-desaparecidas durante la dictadura militar uruguaya entre 1973 y 1985. Hubo unos 15.000 presos políticos y en torno a 380.000 exiliados de una población que no llegaba a 3 millones. Algunos de los exiliados serían asesinados en dictaduras vecinas como la chilena, la argentina (en aquellos vuelos de la muerte), la boliviana o la paraguaya.

Ambas películas son de obligada visión si no queremos volver a repetir historia tan macabra. El olvido es el principal error de la humanidad. La militarización de la sociedad es su propia derrota.

Los sistemas sociales inspirados en la extrema derecha acaban derivando, siempre, en un sistema autoritario y violento que justifica la represión militar como modo de asegurar la paz social. La vida del diferente, del opositor, del extranjero (pobre generalmente) deja de tener valor. La humillación extrema y la venganza se convierten en los principales valores sociales. Da igual cómo acceda la ultraderecha al poder: con un golpe de estado o con unas elecciones democráticas.

Indudablemente las élites socio-económicas tienen una enorme responsabilidad sobre el devenir de los países (y de la Unión Europea). Ellos, a través de los políticos que los representan, han tomado las decisiones que han llevado a su mayor enriquecimiento a costa del resto del país. Cuanto mayores son las desigualdades, peor funciona la economía y los mecanismos correctores y es cuando crece la irracionalidad social cargando la responsabilidad de su propia mediocridad sobre los partidos políticos (corruptos o no) y, especialmente, contra los más débiles. La extrema derecha, que ha nacido para defender los privilegios de los más poderosos, se convierte en la esperanza de un futuro más próspero. Su política económica es la misma que se venía practicando y, por tanto, no aporta soluciones al problema de la redistribución de la riqueza, pero la férrea disciplina castrense impuesta a la sociedad, crea una falsa ilusión de seguridad. Poco dura. Después comienza el largo proceso de oposición civil a la dictadura hasta su derrocamiento.

Viendo cómo la indignación contra unas élites políticas, en Europa y en Andalucía ahora, se traduce en un voto importante a opciones de extrema derecha, queda patente que vivimos el día a día de modo autómata, egoísta. Justificamos la violenta contra otros pensando que nunca nos tocará porque estamos en el lado de los fuertes, del poder, del orden. Grave error como ya escribió Niemöller en los años 40: “...luego vinieron a por los judíos, como yo no era judío no dije nada; y al final vinieron a por mí y entonces no quedaba nadie para defenderme”. En esa visión corta, los recuerdos se hacen borrosos ante la barbarie. Ellos saben que la memoria es efímera.

"La izquierda no convence a indecisos e indignados y ya es tarde para avisar al PSOE de que está en riesgo la democracia. Nadie parece tener capacidad para evitar su asesinato. Tenemos 6 meses para reaccionar. Después, muy probablemente, será tarde"

Sólo un partido “obrero” prepotente y arrogante podía pensar que su política neoliberal de derechas nunca le pasaría factura. No pensar que el arco parlamentario español podría acabar igual que el francés, el alemán, el griego, el americano o el italiano era de una miopía enfermiza. La tendencia europea (y mundial) es clara. La socialdemocracia neoliberal ha fracasado estrepitosamente. Ni soluciona los problemas de las familias ni trae siquiera un halo de esperanza para el futuro. Es terreno abonado para la extrema derecha, una situación peligrosamente parecida a la de 1930. Si unimos, en España, la proliferación ramificada de la corrupción en los partidos mayoritarios allí donde han gobernado muchos años seguidos (PP, PSOE, CIU), no podemos sorprendernos por los resultados electorales en Andalucía.

Varios son los motivos que inducían a pensar que la política en Andalucía iba por los derroteros que la realidad ha demostrado. Otra cosa es que no quisiéramos verlo por las connotaciones negativas que un pasado violento nos recuerda con temor.

Teniendo en cuenta que la línea editorial de los grandes medios de comunicación puede determinar un 10% del voto, aproximadamente (ocurrió en el surgimiento de Podemos, en el lanzamiento de Ciudadanos y ahora, a partes iguales entre Ciudadanos y VOX), podemos explicar la mitad del resultado electoral en Andalucía.

Por otra parte es, cada vez, más grande e indeleble el hartazgo que está produciendo el conocimiento, por parte de la ciudadanía, del excesivo tamaño que tiene el pulpo de la corrupción, cuyos tentáculos se extienden por los dirigentes políticos, la financiación de algunos partidos, una parte de los funcionarios y la judicatura y grandes empresas multinacionales y algunas pequeñas con grandes influencias locales. Los dos partidos más corruptos, el PP a nivel nacional y el PSOE en Andalucía, han perdido un 20 % de los votos, que se antoja poco castigo para la importancia de los casos de corrupción en los que se hayan envueltos, sin que conozcamos todavía el verdadero tamaño de la corrupción.

Se ha producido, además, un efecto castigo generalizado a los políticos, pues “todos son iguales”, como se han hartado de repetir los partidos del viejo bipartidismo y sus medios afines, a falta de argumentos objetivos contra sus contrincantes. Un castigo que no ha afectado ni a Cs ni a VOX. Habría que destacar la sensación continua de engaño en la que nos sentimos y el fracaso de Podemos (a pesar de la coalición con IU) para capitalizar el descontento de la población con la situación política y económica.

Los motivos de este fracaso darían lugar a otro artículo pero, básicamente, son: no haber conseguido llegar a los gobiernos, excepto en muchas ciudades con confluencias municipalistas (lo que ha impedido demostrar sus cualidades y ha supuesto un abono para las luchas internas), no haber conseguido candidaturas reflejo de una amplia confluencia y el haberse convertido en “el enemigo del país” para la derecha y para el PSOE, así como para las grandes empresas, incluidos los medios de comunicación. Tres años de machaque mediático son muchos.

La desafección hacia los políticos y la falta de esperanza en el futuro se ha traducido en una gran abstención, que ha perjudicado, especialmente, al partido corrupto gobernante (según la visión popular) y al partido que venía a cambiar esta situación y no lo ha logrado: Adelante Andalucía (Unidos Podemos). A pesar de la coalición de diversas sensibilidades no ha generado la esperanza suficiente en su capacidad para cambiar la situación y ha perdido un 25 % de los votos. Era una tendencia ya marcada a nivel nacional.

Por último, la gran deserción del PSOE de las filas de la izquierda, pactando gobernar con un Ciudadanos cada vez más escorado a la derecha y manteniendo una posición extremadamente beligerante hacia Adelante Andalucía, mucho más que hacia el propio PP, su enemigo histórico, ha contribuido enormemente a la dispersión de una imagen negativizada sobre radicalismo en la izquierda del PSOE que no se ha transmitido sobre la extrema derecha, cuyo programa antisocial sí es un verdadero peligro para un Estado de derecho.

Esa posición del PSOE en tierra de nadie, desideologizado y defendiendo los intereses de las clases privilegiadas ha hundido la esperanza en las políticas “de izquierdas”. Su enorme sangría de votos no se ha dirigido hacia otra partido de izquierdas, Adelante Andalucía, sino hacia la abstención y hacia Ciudadanos, el partido con el que más afinidad ha mostrado el PSOE. Paradojas de la vida, el PSOE deberá, muy probablemente, dar el gobierno a aquellos que se lo dieron a ella, en un bumeran que nunca hubiera imaginado Susana Díaz. Impedir que VOX llegue al gobierno podría pasar por que el PSOE apoyara un gobierno de Cs.

España, que cada vez se aleja más de Europa en lo económico y en lo social, sí se acerca, sin embargo en lo político. La extrema derecha, antes disimulada en PP y Cs, ha llegado de manera interina a las instituciones democráticas, como lo hizo en el resto de Europa. Y puede perpetuarse, también. La izquierda no convence a indecisos e indignados y ya es tarde para avisar al PSOE de que está en riesgo la democracia. Nadie parece tener capacidad para evitar su asesinato. Tenemos 6 meses para reaccionar. Después, muy probablemente, será tarde.

"Los estafadores nadan grácilmente en esta ciénaga de corrupción, pero Vd., Sr. Presidente, no puede ser el rey de los golfos. Basta de pedir sacrificios presentes prometiendo un futuro mejor"

Sr. Presidente.

Sus políticas han producido muchas quiebras familiares y la desesperación que ello conlleva. El neoliberalismo que usted defiende, ese que afirma que cada uno llega al puesto en la sociedad que quiere, con esfuerzo y tesón, se contradice con su actitud personal de medrar a base de amiguismo y curriculums artificiosamente inflados.

Muchas familias, después de deslomarse durante años para llegar al puesto social que Vd. les insinuó que podían alcanzar, se encuentran en la situación contraria: desempleo, malos salarios, recortes en pensiones, sanidad o educación, desahucios, precariedad. Al contrario, Sr. Presidente, que sus amigos banqueros, constructores de autopistas y castores ruinosos, eléctricas y demás grandes fortunas.

Es cuando su desesperación (de las familias, claro) les hace más vulnerables y, a la vez, más impacientes por lograr un éxito que cada vez ven más lejos. Es cuando un gran negocio hace su agosto.

El juego de azar ha mutado en una versión totalmente anónima y discreta, el juego on line. Las familias ya se pueden arruinar desde casa, sin que nadie lo vea ni pueda evitarlo o prevenirlo. La publicidad del juego de azar no está prohibida. Todo lo contrario, es usada por el mismo Estado para mejorar sus ingresos. Poco importa la salud mental y el bolsillo de la población española. Poco importa si casi el 100 % no lograrán nunca el sueño prometido. Poco importan los nadies que poetaba Eduardo Galeano. Patriotismo inverso.

Abusando de esa desesperación familiar proliferan también, otras estafas como las cartas nigerianas. Estas cartas, actualmente recibidas en forma de correo electrónico o Facebook, nos hablan de una persona sin descendencia o un tío de América que decide dejarnos una herencia interesante, nos ofrecen un trabajo de alta remuneración en la ONU, nos comunican un premio de lotería o interceder como inversor a comisión de una suma de dinero nada despreciable que el titular no puede “mover”. A cambio, piden una pequeña cantidad de dinero para “facilitar” las primeras operaciones.

En la creencia de que es el momento de suerte que este sistema les había reservado y haciendo gala de la discreción necesaria para que nadie más se entere de esta “suerte”, muchas familias de “nadies” caen en el engaño. Están acostumbradas al engaño.

Vd. Sr. Presidente, ha coadyuvado con su neoliberalismo a arruinar la vida de mucha gente con el fin de inflar los bolsillos de aquel 0,0035 % de españoles que poseen el 80 % de la riqueza nacional. Este expolio, este neoliberalismo, es la penúltima etapa de un capitalismo depredador (cuando el 99 % de la población esté precarizada al servicio de un Señor -o Señora- para malvivir, habremos llegado a una suerte de neo-feudalismo).

Porque Sr. Presidente, una de dos. O nos está engañando al decirnos que en uno de los países más ricos del mundo no hay riqueza para que toda la población viva dignamente (por ejemplo salarios o pensiones) o, por el contrario y a pesar de ser un país rico, el sistema económico que Vd. defiende no es capaz de distribuir la riqueza de un modo ético y socialmente útil. No salimos del engaño.

Sr. Presidente, da igual quien sea Vd. (presidente del gobierno español, autonómico o de la Comisión Europea; presidente del Banco de España, del Banco Central Europeo o del banco Santander; presidente del PP, del PSOE o del PdeCat), nada cambia.

Los estafadores nadan grácilmente en esta ciénaga de corrupción, pero Vd., Sr. Presidente, no puede ser el rey de los golfos. Basta de pedir sacrificios presentes prometiendo un futuro mejor. No queremos más estafas nigerianas, sino que gestionen los recursos patrios de modo proporcional, justo y equitativo, es decir, con la función de proveer felicidad a la población en general, no sólo a las élites. Deje de pensar en los nadies como recursos humanos, como brazos o como números, sino como seres humanos.

Observe cómo los ayuntamientos del cambio están gestionando con honestidad y transparencia y reduciendo su deuda al tiempo que mejoran el bienestar de sus respectivas ciudadanías. No es mucho, tampoco es poco. Es su obligación, Sr. Presidente, evitar que se cumplan las palabras de Galeano: “sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve...”. ¿Empezamos?

"Represión, odio, imposición y violencia selectiva. Justo lo mismo que se vive cada vez con más intensidad en la España actual. Algunos sociólogos lo definen como franquismo sociológico"

Cifuentes, como Al Capone, ha caído por uno de sus asuntos menores. Rodeada de corrupción por todas partes, ya no era creíble su discurso de honestidad y de adalid anti-corrupción.

El que fuera destapado el escándalo de un máster que nunca hizo pero cuyo título poseía, destapa, a su vez, tres grandes déficits de nuestra democracia.

Como se ha ido descubriendo, en la Universidad pública Rey Juan Carlos, el Partido Popular había organizado una trama que incluía empresas privadas que hacían negocio con el prestigio de una universidad pública contraviniendo, de paso, las obligaciones fiscales (el verdadero dios de las élites españolas); se contrataba a amistades con fraudulentos procesos de selección; se buscaban “clientes” para hacer los máster y cobrar subvenciones o a cargo de presupuestos públicos, aunque no fueran a clase ni cursaran las asignaturas y, finalmente, se concedían títulos incumpliendo la ley y falsificando actas (un delito) presionadas, las personas, por devolver los favores previos prestados. Es una red mafiosa a la sombra de la impunidad que permite una red de amortiguamiento mediático y judicial creada para defender los privilegios de una minoría.

El segundo déficit es el informativo. El escándalo sobre la honestidad de Cifuentes y de un Partido Popular que la ha apoyado y jaleado hasta el final (lo que demuestra su connivencia si no participación en la corrupción) ha sido destapado por un medio minoritario como eldiario.es. La gran prensa española, conocedora de las sospechas de corrupción de casi toda la cúpula política tradicional, ni ha investigado ni ha publicado, hasta que se ha visto rebasada por la propia sociedad. Pertenecen a la red de silencio que sostiene al sistema corrupto.

Por otra parte, la sociedad ha sido enseñada (es verdad que desde hace muchos años) a ser muy tolerante con los casos de corrupción. Las élites económicas, que no intelectuales ni honestas, han hecho grandes campañas para convencer al país de que cualquiera es susceptible de ser corrupto, porque “nos tira más el dinero que la patria”. Precisamente las mismas élites que roban y nos convencen de que son las más patriotas, bandera mediante. Aquí es donde Cifuentes y toda la cúpula del PP (y parte de la del PSOE, CIU, PAR, etc) han sido absueltos socialmente de corrupción a pesar de los indicios, porque “si vienen otros será peor; estos son profesionales, al menos”.

Es, en esta última acepción, donde podemos encuadrar el caso de “la manada”, que no es tan distante como parece. Hablamos de educación y propaganda. Hablamos de dictadura y democracia que no quiso romper con lo anterior. Hablamos de que los altos puestos de la Administración, Justicia, Ejército, policías, etc. siguen en manos de los sucesores (familiares e ideológicos) de aquellos mismos que ganaron una guerra incivil (que trajo represión, odio, imposición y violencia selectiva). Impunidad.

Represión, odio, imposición y violencia selectiva. Justo lo mismo que se vive cada vez con más intensidad en la España actual. Algunos sociólogos lo definen como franquismo sociológico. Ciertas personas pueden hacer lo que quieran, aunque sea ilegal … porque son las autoridades, los patriotas (los que ganaron la guerra). Quién ose oponerse será castigado ejemplarmente. Pero, ¿por qué ahora es tan evidente lo que hace pocos años no lo era?

La gente se ha cansado de la Justicia y la economía selectiva que siempre favorece a los mismos. De los gobiernos que defienden a las grandes fortunas y no a las personas. La crisis ha sido una escuela intensiva. Los que ostentan el poder se han puesto nerviosos al descender su margen de ganancia y el resto han visto como descendían sus ingresos para pagar los desmanes que han cometido los primeros. Han visto como Rato o Urdangarin son condenados (a pesar de la presión elitista para evitarlo) y no entran en prisión, mientras que cantantes o humoristas son detenidos por cantar y hacer chistes que se habían entendido, desde la Transición, como libertad de expresión.

6 años de cárcel por robar millones de euros, 4 años por 5 homicidios imprudentes en el Madrid Arena o 4 años también por romper una luna de autobús, tirar un bote de pintura a una piscina, rapear o dar un tortazo (por no hablar de los 62 años pedidos por una pelea de bar). En los primeros casos por pertenecer a las élites y en los últimos a la plebe. No hay proporción. En España hay dos países y a la mayoría nos han encerrado en el que no tiene derechos.

Esa mentalidad reinante en las élites, ese miedo a que se desmorone su mundo de privilegios (que estaba bien atado) les lleva a usar la policía y la justicia contra todo disidente. 1984 de George Orwell, una profecía indeseable.

La sentencia de “la manada” no es grave por la pena impuesta, más que benevolente. Es grave por lo que dice. Los jueces consideran casi normal que cinco hombres (por ser finos y evitar la represión), tengan relaciones sexuales con una joven que nunca dijo sí, ni quiso, en un lugar ignominioso y de una forma inefable. Para terminar de mostrar sus buenas intenciones, los cinco, la dejan tirada, desnuda y le roban el móvil para que no pudiera avisar a nadie (lo ha confesado uno de ellos que es guardia civil y que fue preparado para atender casos de violencia de género y no está inhabilitado tampoco). Impunidad.

Los jueces han dictado sentencia con la mentalidad de hace 50 años, pero la sociedad ha cambiado. La indignación nos está llevando a la intolerancia con la impunidad. 1.300.000 personas han firmado ya para que los jueces que han dictado la sentencia sean inhabilitados. Deberían serlo. Y es que los jueces deben interpretar las leyes para procurar la felicidad y seguridad de toda la población, no para defender a las élites o ciertos comportamientos tolerados o practicados por ellas mismas.

Recordemos la famosa frase de “volquetes de putas” tan habitual en ciertos ambientes. Y con esta sentencia han venido a ahondar la crisis de credibilidad en la Justicia, ganada a pulso. La regeneración debe ser inevitable, por eso estos comportamientos. Enroque político y sentencias injustas intentan evitar el derrumbe de un sistema controlado férreamente por las élites.

Cifuentes ha sido socialmente condenada por lo mismo. Toda la sociedad intuye su coqueteo con la corrupción después de los años que lleva viviendo de la política y dirigiendo su partido. No han sido sus errores los que han hundido su carrera. Ha sido la intolerancia social, la repugnancia ante la mentira y la falta de honradez.

Es la intolerancia social ante la corrupción, ante la injusticia, la única que puede llevar este país hacia un puerto de dignidad y orgullo. Va a ser muy difícil porque implica expulsar a las actuales élites políticas, económicas y judiciales del poder. Está en nuestras manos. Seamos intolerantes con la impunidad.

Visto con la perspectiva de este siglo era sin duda una superwoman. Una gran trabajadora y sin duda explotada mujer que solo sacaba unas horas para ella misma los domingos por la mañana cuando nuestro padre cogía a los hermanos y nos íbamos de excursión al campo o al monte.

De aquella época recuerdo su permanente queja, la misma que formulaban millones de mujeres, por no obtener ayuda de mi padre y su tristeza, consecuencia de una vida dura en la que el cansancio y la frustración hicieron mella en su carácter. Toda la responsabilidad caía sobre ella, mientras mi padre trabajaba 12 o 14 horas en la tienda y se desentendía de todo lo que no fuera “el negocio”

Podríamos pensar que desde entonces algo o mucho han cambiado las cosas para las mujeres. Aunque depende de la óptica desde la que se mire, logramos algunos derechos que llegaron con la democracia: el aborto, el divorcio, la ley de parejas de hecho, el reconocimiento de las familias monoparentales, la independencia económica, el acceso a cualquier puesto de trabajo y un largo etcétera.

Su conquista fue gracias a la enorme labor que muchas mujeres, fueron feministas quienes abanderaron las luchas, que se dejaron algo más que la piel en el empeño.

Salimos de cuarenta años de dictadura hambrientas de derechos y libertades. Por eso cuando empezamos a saborear la libertad de decidir por nosotras mismas sobre nuestros cuerpos, nuestro futuro o con quien queríamos vivirlo, pensamos que ya estaba, que por fin lo habíamos conseguido.

Es ahora, pasados los años y en estos momentos en que constatamos que ya no queda casi nada de aquel “estado de bienestar”, ahora que como en un mal sueño parece que junto con los salarios, la educación y la sanidad, nos han robado la libertad para expresarnos o para manifestarnos, cuando nos damos cuenta de que por el mismo desagüe también se han ido otros derechos que nunca conseguimos: el fin de la violencia machista, el reparto de todos los trabajos de reproducción de la vida, el fin de la precariedad laboral y la brecha salarial, la pobreza feminizada, la tan ansiada educación pública, laica y feminista o una economía centrada en las personas y no en el mercado.

Que en vísperas del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, esté junto con mi compañero co-portavoz escribiendo estas líneas ya es sintomático de que nuestra sociedad tiene un grave problema. No hemos sido capaces, como colectivo, de visibilizar todo el trabajo (remunerado o no) que hacemos las mujeres, tampoco hemos conseguido que la mayor parte de nuestros compañeros -y con ellos los gobiernos de turno- pongan en valor y reconozcan cuál es el lugar que ocupamos las mujeres en la producción y reproducción de la vida y por qué sigue habiendo discriminación.

La igualdad no es sólo como en nuestro caso, ser un hombre y una mujer quienes ponemos cara como portavoces a una organización. O tener derecho a votar cada 4 años a unos candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones. Un derecho al que las españolas accedimos en 1933 gracias al empeño de mujeres como Clara Campoamor, diputada por el Partido Radical desde 1931. Paradójicamente y hasta ese año, la ley permitía a las mujeres ser parlamentarias, pero no participar en las votaciones,

Los dos hemos tenido la suerte de trabajar en entornos igualitarios: mismos trabajos y mismos sueldos. Y aún así, la discriminación está presente en muchos espacios, impidiendo a las mujeres ocupar puestos de responsabilidad. Ya no hablamos solo de techos de cristal, algunos han pasado a ser inexpugnables, casi, casi de hormigón.

Poco han cambiado las cosas desde aquellos tiempos en los que la mediocridad era una medalla y el amiguismo o la pertenencia a un grupo te conseguían un trabajo, un puesto en la administración, un cargo o hasta un piso. Entonces como ahora las grandes perjudicadas siguen siendo las mujeres. Y cuanto más alto escalas en esa montaña que es la igualdad, más constatas lo difícil que nos lo ponen a las mujeres para conseguirla.

Sigue habiendo muchos obstáculos y pocas facilidades para la conciliación de la vida familiar, laboral, personal o para eso que reclamaban las mujeres de principios del siglo XX, un espacio propio y para nosotras.

Igualdad es dedicar igual o similar tiempo a trabajar, descansar, a cuidados o al ocio, sin distinción de género. Imprescindible para ello que esas actividades sean igualmente valoradas sin distinción de sexos. De no ser así se transforman en un caldo de cultivo para la discriminación, la violencia machista, el acoso laboral y sexual. Ni que decir tiene que si además de ser mujer, perteneces a otra raza, estética u opción sexual, el rechazo, acoso y precariedad se multiplican.

En una situación general de progresivo empobrecimiento social, son las mujeres, porque son las más precarias, las que mayor riesgo de exclusión social sufren. Esto que sería incomprensible e intolerable en cualquier país, lo es más en uno que se dice “avanzado y rico” .

Nuestro sistema socio-económico es ineficaz contra la pobreza y la desigualdad. Es ineficaz para una alimentación sana y equilibrada. Es ineficaz para hacer sostenibles los ecosistemas. El cambio de orientación, de paradigmas sociales e individuales debe gestarse en la infancia, a través de un sistema educativo basado en la tolerancia y el respeto a los y las demás y a la naturaleza, y en la intolerancia a la corrupción y a los abusos. Este sistema que sólo se consigue con una educación pública, laica e igualitaria es justo el camino contrario al que estamos recorriendo ahora.

Para desandar ese camino queremos seguir dando pasos, algunos de esos pasos los daremos las mujeres de Zaragoza en Común este próximo 8 de Marzo junto a millones de mujeres de los cinco continentes. Pararemos y haremos huelga en apoyo a la convocatoria de la Huelga Internacional de Mujeres.

Llamamos a las mujeres a la huelga de 24 horas. Ese día no trabajamos, no estudiamos, no cuidamos y no consumimos. No queremos que nos suplan, queremos que se vea que no estamos. Ese día estaremos en la calle, participando en las actividades con las mujeres feministas de Zaragoza. También hacemos un llamamiento a los hombres, a nuestros compañeros, amigos y familiares a respaldar la huelga feminista. Les pedimos que hagan huelga laboral para que asuman el trabajo de cuidados de las mujeres de su entorno y poder facilitar que ellas lo dejen de hacer. Que no consuman, que no convoquen reuniones y que apoyen el trabajo de las compañeras en las acciones de la huelga.

Hay motivos más que suficientes para esta huelga.

Acude y participa en la Huelga Feminista del 8 de Marzo.

¡Si nosotras paramos, se para el mundo!

"Debemos aprender algo de aquella política suicida y antisocial, que ha dejado una deuda para decenas de años. Se debe investigar el malgasto y la corrupción del pasado para evitar la futura"

Entre el 2 y el 4 de febrero nos reunimos en Rivas (Madrid) cerca de 200 personas de organizaciones políticas y sociales o a título individual en el III Encuentro contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, asociados en la Red Municipalista que persigue unir fuerzas en la defensa de una política municipal más autónoma y soberana (frenando la recentralización, asfixia financiera y recortes impuestos a los municipios desde el Estado) y fomentar la participación ciudadana en la construcción del nuevo municipalismo, la denuncia de las deudas ilegítimas y la realización de auditorías ciudadanas.

La Red nació con el Manifiesto de Oviedo en noviembre de 2016 y, desde entonces, recopila y publica documentación que pueda ser útil para mostrar y desmontar despilfarros y mala gestión precedente, así como para respaldar políticas de mejora de los servicios públicos. Para Yago Álvarez, la crisis de políticas y de valores sociales ha provocado una “efervescencia del municipalismo a nivel europeo”, señal de que la gente demanda otra forma de gobernar más cercana a sus verdaderos problemas.

Una política municipal más autónoma y soberana

“Llegar al poder municipal es un espacio de oportunidad pero no es la solución” nos dice el alcalde de Rivas, Pedro del Cura. Para el concejal de Madrid Carlos Sánchez Mato, el nuevo municipalismo se sale de sus planes, de ahí el asedio al que nos someten. “No es Montoro, ni siquiera el PP, es el sistema” el que está corrompido. Por ello, “aunque gobernemos, necesitamos la presión en la calle para poder cambiar las condiciones materiales de vida de la gente”. “Las políticas neoliberales están agotadas, ni siquiera las materias primas baratas son capaces de dinamizar la economía y el bienestar social”. Hay que organizarse, “tejer redes de resistencia”.

En esta línea, Sánchez Mato cree que “las grandes ciudades tenemos la obligación de dar la batalla por aquellos municipios más pequeños. Seamos audaces. Se pueden superar los límites impuestos sin incumplir la ley. La regla de gasto está sujeta a interpretación. Por tanto se puede combatir política y judicialmente. Es una derrota haber renunciado a ello. El mismo Montoro interpreta de modo arbitrario la regla de gasto. El ayuntamiento de Ana Botella o el de Jaén, del PP, han superado la regla de gasto y no han recibido carta coercitiva como el ayuntamiento de Ahora Madrid”. “Hemos reducido la deuda y el periodo de pago a proveedores al tiempo que hemos aumentado el gasto social y la inversión. Sabemos gestionar mejor que ellos”.

La prueba de que la regla del gasto es de aplicación arbitraria es que Montoro cambia las condiciones a mitad de partida, dice el diputado Segundo González. “Unid@s Podemos apoya a los ayuntamientos del cambio por ser el mayor activo de políticas cercanas a las personas. ¿Cuántos servicios públicos podrían ofrecerse si no existiera la regla de gasto? Es un mecanismo que pretende conseguir un Estado más pequeño, más débil en línea con la ortodoxia neoliberal. Aún así, no hay una ley parecida en Europa. Hay que presionar para eliminarla”.

“Llevamos 40 años de relaciones de poder articuladas para favorecer intereses privados, perjudicando los colectivos. Los municipios estamos totalmente controlados, un control que no aplican al gobierno central”. Montoro nos envía, semanalmente, normas que nos cambian las reglas del juego, dice Sira Rego, concejala de Rivas. “Tenemos la obligación de impugnar y bordear las leyes de Montoro y la sociedad debe ser protagonista”. Las empresas públicas nos están permitiendo dar mejores servicios públicos sorteando los recortes impuestos. Las remunicipalizaciones son el camino para la reapropiación de los servicios públicos por parte de la ciudad. Europa debiera ser esencial en este sentido, pero esta Europa no vale. Sus normas y los tratados de libre comercio como “TTIP o CETA suponen una agresión a los municipios” para favorecer a grupos de presión.

“La obsesión del PP de reducir el sector público se ha ensañado con los municipios. La mayoría de leyes que rigen la vida de las personas no son competencia municipal. Debemos paliar sus efectos agresivos a través de políticas sociales municipales, aunque no sea nuestra competencia”. Para Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona, “no hay derecho que se haya logrado, históricamente, sin desobediencia. Es una herramienta de la sociedad”. “Nuestra política de transparencia, participación, control y vigilancia se ha demostrado eficiente. Se encuentran y exigen incumplimientos contractuales que la oposición vota por perdonar, con el consiguiente perjuicio económico para la ciudad”.

Deuda ilegítima, auditorías ciudadanas y participación

La época de las vacas gordas, aquella basada en el crédito y la deuda crecientes, en la financiación de servicios y obras públicas con recalificaciones de terrenos y, por tanto, con el juego especulativo por el solo hecho de cambiar el uso del suelo, ha llegado a su fin, obviamente. Pero debemos aprender algo de aquella política suicida y antisocial, que ha dejado una deuda para decenas de años. Se debe investigar el malgasto y la corrupción del pasado para evitar la futura. La creación de comisiones de investigación se extiende por los municipios aunque el voto favorable de todos los grupos va aparejado con la falta de participación o, incluso, el boicot de los partidos neoliberales, por lo que es sumamente difícil avanzar, como se lamenta Rodrigo Blanca, de Ganemos Córdoba.

Para Eduardo Gutiérrez, diputado de la Asamblea de Madrid, “el PP es una banda organizada y disfrazada para robar”. La Comisión de estudio sobre endeudamiento y gestión pública ha encontrado ya 3.000 millones de euros en obras innecesarias en la Comunidad. Se pregunta ¿quién toma o tomaba las decisiones de obras necesarias, si no hay informes técnicos, sociales o medioambientales? “Hay un problema de corrupción y despilfarro al que hay que añadir que las concesiones privadas atan los presupuestos para 20 o 30 años”. “Hay que denunciar en los medios cualquier descubrimiento sobre corrupción o mala gestión”. La misma política de recortes en derechos sociales es la que ha reducido los ingresos públicos a base de exonerar impositivamente a las grandes fortunas. “Madrid se ha convertido en un paraíso fiscal. La exención del 100% en el impuesto de Patrimonio lleva a muchos ricos a testar aquí”, lo que reduce los ingresos impositivos de otras comunidades. En esta misma línea se mueve la propuesta de las grandes fortunas, y que ha lanzado Ciudadanos, de eliminar el impuesto de sucesiones. El resultado final es el aumento de la deuda.

La deuda es un “sistema de sometimiento” de los acreedores sobre los deudores, según la diputada Sonia Farré. Una deuda que constriñe las posibilidades del nuevo municipalismo al servicio de las personas y no agresivo con el medioambiente. Se han mejorado las cuentas municipales, pero “hacerlo sin determinar qué deuda es ilegítima no sirve de mucho, ya que, con el tiempo, el problema se reproduciría”.

Para Javier Onieva, del Parlamento Social Navarro (organización de movimientos sociales), en Navarra no gobierna el bipartidismo gracias a las campañas de denuncia de corrupción y mala gestión (chanchullos y elefantes blancos) de UPN y PSN. “En Navarra, los elefantes blancos (grandes infraestructuras en desuso) se han hecho a través de empresas públicas para eludir la responsabilidad que exige la Ley de Contratación Pública”. Los bancos han colaborado financiando los pufos. “Pedimos al gobierno de Navarra que descuente del pago de deuda la que es ilegítima”.

Desde que hemos llegado a los ayuntamientos se ha generalizado algo inédito: “Las instituciones atrapadas en los juzgados”. El PP (local o del gobierno central), apoyado en muchos casos por PSOE y Cs, paraliza las decisiones tomadas por los gobiernos municipalistas del cambio a base de acciones judiciales. Además, dice Laura Camargo, se da un chantaje normativo en cadena desde la UE hasta los ayuntamientos. Para la diputada balear “hemos venido para servir a la política, no para vivir de ella: debemos oponernos a las puertas giratorias y a la burocratización, no perder el contacto con los movimientos sociales y las bases y perseverar en la rendición de cuentas y la transparencia”.

“La auditoría de la deuda es una herramienta no sólo para investigar el pasado, también para controlar el presente”. Vanesa Millán, concejala de Rivas, recalca que “aunque la norma nos obliga muchas veces a acudir a la colaboración público-privada, a diferencia de PP, PSOE y Cs, introducimos medidas de control público”. La política previa venía lastrada de improvisación. Alguien tomaba decisiones sin realizar estudios de necesidades, como pasó con los aeropuertos. En Madrid ya había terrenos comprados para hacer dos nuevos aeropuertos al tiempo que se acometían las obras de la terminal 4 de Barajas. Proyectos antagónicos que muestran la facilidad para derrochar que tenían los políticos del bipartidismo, hábitos que se resisten a abandonar. Se han construido aeropuertos por toda España pagados con fondos públicos aunque fueran privados y que ahora están sin uso.

La Red pretende iniciar una ofensiva política a corto plazo y a nivel estatal, en tres campos: control sobre los impuestos municipales cuyo pago está exento siendo actividades económicas o el de residencias vacías; acciones a favor de eliminar la regla de gasto; y la extensión de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, una obligación que emana de una Directiva europea de 2014 y que el gobierno español tiene obligación de trasponer para España. Las cláusulas de este tipo son las que la patronal de Parques y Jardines ha recurrido en Zaragoza. El movimiento municipalista se organiza para tener más fuerza.

"La transparencia y la participación política se abren a la población, como contraposición al anterior oscurantismo y los modos caciquiles, tan en boga en la España de la época. Zaragoza y La Muela, vidas paralelas"

Cuando llegó a la Alcaldía en 1987, el pueblo no llegaba a los 1.000 habitantes. La economía estaba basada en un puñado de empresas y una difícil agricultura de secano, tanto que las cepas desaparecieron cuando Europa decidió pagar por arrancar las vides.

Su fortuna, la de la alcaldesa, empezó a crecer exponencialmente al tiempo que comenzó a diseñarse el bosque de aerogeneradores. Los primeros pagaban 500.000 pesetas (3.000€) por un trozo de campo pedregoso que, según las malas lenguas, eran seleccionados entre sus afines. Después vino el intento del circuito de Fórmula 1 y del campo de golf y, más tarde, un tranvía que uniera La Muela con Zaragoza. Se construyó el segundo auditorio más grande de Aragón, una plaza de toros que se cubriría unos años después con una cristalera millonaria, tres museos y un aviario que se inauguraban con ancas de rana y otros manjares a discreción.

O las fiestas multitudinarias con bocadillos y comida para todos. O las actuaciones de primeras figuras mundiales del toreo o de la música como Baute o Julio Iglesias. Una guardería, una escuela de primaria, un centro de secundaria en diseño (se inauguraría en 2015) y una residencia pública de ancianos. Una “Ciudad Deportiva” diseñada para 25.000 habitantes con nuevas piscinas (cerraron las anteriores), campos de fútbol, pádel, tenis, frontón, atletismo, polideportivo cubierto, gimnasio, sauna y piscinas climatizadas superando con creces las instalaciones de Utebo, que cuadruplicaba su población que ya era de 4.000.

Era la época de los viajes a mitad de precio. El pueblo apreciaba el meteórico ascenso económico de la alcaldesa, y su familia, con fábrica de papel, tiendas, empresa de construcción, propiedades repartidas por todo el país y con una mansión “con esclavos” en Santo Domingo, donde conoció a Julio. El emporio urbanístico familiar incluía casas de lujo de nueva construcción en el pueblo previa recalificación de los terrenos, picadero propio y naves construidas sin respetar las normas. El haberse hecho con la mitad de los afamados olivos de La Muela no parecía suficiente explicación.

La compra de terrenos a recalificar y su posterior especulación en la que también participaba el propio Consistorio eran constantes. Un revendedor ganaba 100 millones de pesetas (600.000 €) por una compra hecha un año antes por 150 millones (un beneficio del 66 %) por un solar de 2.000 m. Eran tiempos de bonanza y mayorías absolutas. El pueblo estaba dividido en dos bandos: el pegado al éxito y a las migajas de la selección de terrenos a recalificar o trabajos municipales y el contrario, por enemistades familiares tradicionales. Casi nadie se preguntaba cómo era posible aquél milagro económico. Casi todo el mundo ganaba.

En 2006 el sueño de un pueblo de 25.000 almas comenzó a venirse abajo. María Victoria Pinilla decidió renunciar a la Alcaldía para no irse y volver 6 meses después. Su campechanía, ese modo de hacer política de la Transición, ya no bastaba para arrostrar los problemas de liquidez y las deudas del Ayuntamiento. El inicio de la crisis redujo la venta de terrenos del polígono industrial Centrovía. Ya no había créditos baratos ni con qué pagarlos. En 2009 es detenida. Se cerraron las instalaciones, se pagaba por mensualidades alternativas la electricidad y los sueldos municipales. Cada vecino debía 2.500 € de deuda municipal.

En 2011 era tal la descomposición y mala fama del PAR, que no se presenta a las elecciones (al menos con esas siglas). El PP obtiene 6 concejales (4 más) y la FIA (Federación de Independientes de Aragón) obtiene los otros 3 que pierde el PAR (que tenía 7). Este partido estaba encabezado por Carlos Rodrigo Domínguez, anterior concejal del PP. Los votos pasaban de una “familia” del pueblo a la otra pero sin cambio de intencionalidad política. El PP gobierna tiempos difíciles con una gestión poco eficaz.

En 2015, el PP obtiene solo 3 concejales. La otra “familia”, la FIA, se recompone de nuevo en el PAR que vuelve a obtener 3 concejales encabezados de nuevo por Carlos Rodrigo, que ya se ha presentado por tres partidos distintos obteniendo concejalías. El enfrentamiento es fuerte y el PAR decide dejar paso a una Alcaldía comandada por la tercera fuerza, CHA (2), a la que se suman Ganar la Muela (1), PSOE (1) y Cs (1). Este último concejal, que también proviene de la FIA, será expulsado de Cs por entrar a gobernar sin permiso del partido.

Las cosas empiezan a funcionar. Se sanea el Ayuntamiento, después de haber levantado los embargos, vuelven las inversiones y el pueblo comienza a retomar vida cultural. La transparencia y la participación política se abren a la población, como contraposición al anterior oscurantismo y los modos caciquiles, tan en boga en la España de la época. Zaragoza y La Muela, vidas paralelas.

Precisamente estos gestos, estas formas, son las que enfadan a las “familias” que comienzan a paralizar el Ayuntamiento. Sus votos son mayoría absoluta. Se les une el concejal no adscrito expulsado de Cs. Acaban presentando una moción de censura para cesar a Adrián Tello. Pero el pueblo está ya escamado. Empieza a ver la salida del túnel y no entienden, más bien temen, que se pretenda volver a un pasado negro, por no poner otro color. No quieren tropezar dos veces en la misma piedra. El candidato propuesto, el camaleónico Carlos Rodrigo, no suscita confianza, lleva 11 años de concejal y tiene dejes ultras. El pueblo sale en masa a apoyar al alcalde. El presidente del PAR tampoco entiende esta maniobra y exige la retirada de la moción de censura.

Carlos Rodrigo repetía en la anterior legislatura que La Muela tenía que limpiar su imagen y pasar página. Ahora pretende pasar página cuando se estaba limpiando la imagen. Un futuro del retorno al pasado para evitar que nada cambie. En Zaragoza en Común también sufrimos estas políticas improductivas. Por ello, condenamos la moción de censura en La Muela.

Por un lado, en Cataluña mucha gente piensa que una independencia puede dar mayor nivel de vida a sus habitantes, algo que está por demostrar. Por otro lado, los ayuntamientos de los comunes ya han demostrado que se puede gestionar en favor de la población y con recursos escasos. Recordemos que además de estar muy endeudados por las políticas previas de PP y PSOE, se encuentran intervenidos por las leyes de Montoro. En esta situación es tan difícil demostrar una buena gestión, que haberlo hecho es un éxito sin precedentes en la democracia española. La transparencia no sólo permite un control de la actividad política en las instituciones, sino que es fundamental para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

La regla de gasto está vigente desde 2012. Impide a todas las administraciones aumentar su presupuesto anual, con respecto al año anterior, por encima de la cifra de crecimiento económico medio de España que se estime. Es una norma estúpida, ya que premia el despilfarro. Una ciudad que no haya ahorrado nada, al año siguiente puede gastar lo mismo más el porcentaje permitido (2,1 % para 2017). Otra ciudad que haya ahorrado un año, sólo podrá presupuestar al siguiente lo que gastó más el porcentaje, es decir, ya nunca podrá volver al gasto previo aunque tenga las cuentas saneadas.

En España, ni Gobierno central, ni la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos cumplen la regla de gasto. Sin embargo, el gobierno no se interviene a sí mismo ni a las comunidades autónomas y sí interviene a algunos ayuntamientos. El primero ha sido el de Madrid pero ya está amenazado el de Cádiz y después vendrán más amenazas, pero todas con un patrón común: hacia ayuntamientos que desalojaron del poder a PP o PSOE, hacia ayuntamientos que han puesto a la población en el centro de sus políticas y que, por tanto, impiden que las grandes empresas estén omnipresentes en la gestión pública. Sólo esto ya está permitiendo sanear las cuentas municipales y no lo está haciendo quien lo prometía, elección tras elección, y que nunca lo hizo.

Cuando un ayuntamiento prevé incumplir la regla de gasto, presenta un plan económico financiero (PEF) en el que plasma cómo va a cumplir dicha regla en un futuro próximo. Así lo ha hecho Madrid y, aunque en un principio fue aceptado, Montoro ha decidido finalmente que sea intervenido y se paralicen 275 millones de euros en inversiones que ya estaban siendo ejecutadas en buena parte.

Lo aberrante no acaba aquí. Aún es peor que el ministro haya nombrado como controlador de esta acción al secretario de Estado de Hacienda y nº 2 de Montoro, José Enrique Fernández Moya, anterior alcalde de Jaén entre 2011 y 2015 y que dejó el ayuntamiento en quiebra técnica.

Las cifras son muy testarudas. Mientras que el ayuntamiento de Madrid ha rebajado la deuda en más de 2.000 millones en el corto periodo de gobierno que lleva (lo que demuestra que sí era posible), la del gobierno central ha aumentado en 80.000 millones. Mientras la deuda de Madrid se ha reducido un 36% en el último año, quedándose en el 75'79 % de su presupuesto, la del gobierno central ha aumentado, llegando al 347 % de su presupuesto (100 % del PIB). Mientras, el ayuntamiento del PP de Jaén ha aumentado su deuda hasta el 329%, sufriendo un déficit estructural de 40 millones anuales.

Jaén, con una deuda de 550 millones de euros, es el municipio con mayor endeudamiento per cápita del país: 4.593 € por habitante. En Madrid es de 1.222 € y en el gobierno central de más de 24.000 € por habitante (digresión: si a esta deuda que parece impagable, le añadimos la deuda privada familiar y empresarial, debemos unos 100.000 € por cabeza).

Como podemos observar, tanto la situación de Jaén (por ejemplo) como la del gobierno central son mucho más preocupantes que la de Madrid. Aunque Madrid y Jaén presentaron sus respectivos PEF y no han sido aprobados por Montoro (aunque el primero sí lo fue inicialmente), Madrid ha sido intervenida y Jaén no. Y esto a pesar de las sospechas de mala gestión y corrupción que recaen en el ayuntamiento jienense mientras era gobernado por el mencionado actual secretario de Estado de Hacienda.

Es una paradoja tragicómica, casi machadiana (trepadores y cucañistas, decía), que el ministro de Hacienda elija al peor alcalde de España para llevar las cuentas y controlar a uno de los mejores concejales de Hacienda actual, Carlos Sánchez Mato. Hay que predicar con el ejemplo antes de exigirlo. Usar las cuentas de Madrid para sanear las españolas a costa de impedir a su ayuntamiento invertir en mejoras sociales es un engaño. Vestirlo de intervención ante una mala gestión es trilerismo demagógico.

El propio Estado ha incumplido la regla de gasto en los tres últimos ejercicios. Tampoco cumple el objetivo europeo de déficit desde 2011. Y, aunque Europa ha amenazado en 2016 y 2017 con sanciones a España, lo dice sin intención de hacerlo porque, realmente, cumple el viejo proyecto de las élites globales de sumisión permanente del poder político al poder financiero. Con este fin, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Por un lado, se recorta en derechos sociales para pagar deuda e intereses y por otro, se impide que disminuya esa deuda ya que son los mismos poderes financieros los que la ostentan y obtienen réditos ciertos. Una administración endeudada es rehén de los intereses del acreedor. Piensan que cualquier movimiento contrario podría desestabilizar este negocio. De ahí su reacción violenta contra el gobierno catalán o contra los ayuntamientos de los comunes y su decisión de atarlo todo con la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Montoro sólo pasa el algodón cuando quiere y por donde quiere, evitando los lugares mugrientos por donde ha pasado su partido. Su limpieza (de las cuentas) es un engaño. Pero esto no importa mientras cumpla la función encomendada, aunque deje muy sucio el futuro de la gente común.

Zaragoza empieza a pagar sus primeros recibos del Impuesto sobre la Contaminación de Aguas (ICA)

El ambicioso Plan de Saneamiento de Aragón de 1989, el más ambicioso de España, ya que pretendía depurar todo el agua sucia generada en la Comunidad, nació, por su propia dimensión e irrealidad, con aires de fracaso, de la mano del PAR y el PP. En 1997 se creó el Canon de Saneamiento para intentar cubrir los elevados costes que, como habían descubierto, no podía asumir con sus medios la Comunidad. En 2001, de la mano del PAR pero esta vez con el PSOE, se rediseñó en el nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), que como su hermano mayor, nació abocado al fracaso por su dimensión. En 2014, de nuevo el PAR con el PP, vuelven a intentar hacer sostenible financieramente el plan convirtiendo el Canon en un impuesto, el ICA.

La idea de la depuración es necesaria, pero el dimensionamiento del plan, buscando la rentabilidad privada antes que la social, hace que su financiación se encarezca enormemente. Por una parte, se realizaron proyectos excesivamente grandes basados en sistemas de depuración intensivos (usando toneladas de hormigón), que son mucho más caros de construir y de mantener. Por otra, aunque en una primera fase se construyeron estaciones de depuración (EDAR) con fondos propios, desde 2005 se pasó a la construcción y gestión privada, lo que ha encarecido los proyectos en torno al 27 %, como señala la Cámara de Cuentas de Aragón (CCA). Para más INRI, la gestión y recaudación del ICA también se ha privatizado en 2015. El informe del órgano fiscalizador apunta a que la construcción de 1.153 plantas de depuración para tratar las aguas residuales de los 731 municipios de Aragón es un objetivo desproporcionado con un coste desorbitado: más de 3.000 millones de euros.

En la época de los pelotazos urbanísticos este era un buen negocio. El hecho de que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), se hiciera, casi sin sentirlo, con la gestión de la depuración, una competencia municipal en casi todo el territorio (exceptuando Zaragoza que ya tenía sus depuradoras y algún pueblo que se negó rotundamente como Fabara) es sintomático. De hecho, la CCA informa que 141 millones de euros de presupuesto estatal destinado a hacer depuradoras en los Pirineos pueden ser reclamados por no haberse aplicado al fin que fueron concedidos. Critica también, en su informe, la opacidad en su política de personal, donde el 65 % (funcionarios y personal laboral) son puestos directivos de alta remuneración. También se ha compensado a empresas que habían incumplido el contrato de licitación o a otras que, cumpliéndolo, tenían un lucro cesante por falta de colectores, cuando haber hecho los colectores era más barato que la indemnización. Pero hay muchas más dudas y las sospechas de corrupción persiguen a la anterior dirección del IAA.

Con todo esto: sobredimensión, ineficiencia, privatización, opacidad y compensaciones, la financiación del PASD requería que la mitad de la población aragonesa, la zaragozana, pagara también a pesar de que ya depura el agua con sus propios medios. Prueba de que su costo se ha ido por las nubes. La propia CCA alerta de que el plan financiero para 30 años (hasta 2045) será deficitario en 350 millones, al menos. Esto requerirá que los recibos suban un 4,1 % mínimo cada año, es decir, que lleguen a triplicarse respecto al actual. Y esto si se cumplen las expectativas, que no es habitual.

Las EDAR construidas son insostenibles con el impuesto pagado por sus usuarios, por lo que seguir insistiendo en el mismo modelo es, además de ilógico, temerario y algo que se nunca se menciona, mediambientamente insostenible. Aunque ya sabemos que la cantidad de edificios abandonados por la geografía española y aragonesa no han pasado factura a quienes tomaron las decisiones.

Sin embargo Fabara, un pequeño pueblo aragonés, ha dado un ejemplo de eficacia y sensatez al Gobierno de Aragón. El pueblo ha construido su depuradora extensiva con sus propios medios y la mantiene igualmente. La depuradora es respetuosa con el entorno. Este caso ha despertado mucho interés en varias universidades y ciudades extranjeras que quieren copiar el modelo. Esta es la prueba de que la depuración puede sufragarse por los propios vecinos, sin acudir a un impuesto a los zaragozanos y por un costo mucho menor. En esta línea se ha expresado también la CCA:“sería recomendable, por prudencia financiera, revisar la oportunidad de la ejecución del PID en la forma planteada”. Responde el IAA que los costes “serán sustancialmente inferiores al descartar el Gobierno su ejecución mediante el sistema de concesión de obra pública”. Esto ya demuestra el error de acudir a la concesión privada. Aún así, el IAA no quiere este modelo de depuración, seguramente, porque deja menos margen al negocio privado.

Repetimos, es necesario depurar, pero no a cualquier costo. El sistema diseñado en Aragón es el más caro de España, una media del 350 %, aunque algunas comunidades depuran por el 10% de lo que cuesta aquí. También es verdad que esas comunidades no han tenido el pelotazo depurador de Aragón. La calificación, por parte del Gobierno de Aragón del ICA como impuesto solidario para justificar que Zaragoza también pague por algo que no recibe es un insulto a la inteligencia. Solidaridad sí, pero cuando sea en beneficio social, no privado de gestores y empresas amigas. En este caso, que parece el actual, es un impuesto insolidario.

Por tanto, se requiere, urgentemente, eliminar el ICA y proceder a su rediseño. Para ello, lo primero que hay que hacer es una auditoría del PASD para conocer los gastos reales y a dónde ha ido a parar el dinero que llevan pagando la mayoría de aragoneses desde 1997 y las ayudas públicas y establecer responsabilidades políticas y penales si las hubiera. Después rediseñar el sistema de depuración basándose en el sistema extensivo para pequeños y medianos municipios. Por último establecer un impuesto o tasa acorde con los nuevos valores. Descubriríamos que los pueblos sí pueden afrontar su propia depuración y que no hace falta cargar a las ciudades y pueblos que pagan su depuración, como Jaca, Fabara o Zaragoza con una doble imposición por el mismo concepto.

Las dudas son tan grandes en el propio gobierno como en la ciudadanía informada. De hecho el presidente Lambán ha anunciado a media voz que se va a estudiar reformar el ICA e, incluso, eliminar el IAA, a la vez que se debería acometer una investigación parlamentaria sobre el PASD, aprobada en las Cortes aragonesas a petición de Podemos.

Sin embargo, el hecho de pasar al cobro, ya, los recibos en Zaragoza y hacerlo por barrios para evitar el enfado conjunto, es sintomático de que la intención es diferente a las palabras. Como siempre, a la ciudadanía no nos queda más remedio que oponernos a esta nueva tropelía. Más cuando los primeros pasos de la campaña contra el cobro del ICA han sido respondidos por Gobierno de Aragón y el consejero Olona con una operación propagandística en los medios, para la que se ha dispuesto de una partida de 100.000 euros -pagada por los aragoneses- en la que apelando a la “solidaridad” nos requieren a pagar este impuesto, pues no hacerlo condenaría a todo Aragón a no disponer de aguas limpias y depuradas.

La campaña contra el cobro del ICA no parte de una única organización. Al contrario acoge a organizaciones empresariales, vecinales, sindicales, de consumidores, etc. que se han unido para hacerle frente.

Para ello se ha confeccionado un recurso tipo que facilita oponerse primero administrativamente y después, si no es tenido en cuenta, judicialmente. Es gratuito y cada titular de toma de agua (local, empresa, vivienda, comunidad de propietarios, etc.) tiene un mes para hacerlo desde que reciba la carta de pago (ver en http://mareaazuldearagon.blogspot.com.es/2017/10/campana-para-recurrir-el-impuesto-de.html).

Algunas personas van más lejos y ya anuncian su insumisión al pago de este impuesto insolidario. Entre ellos el alcalde de Fabara, Francisco Domenech, que ha manifestado su insumisión al ICA y al que hemos tenido la oportunidad de escuchar en Zaragoza de la mano de la Red de Agua Pública de Aragón.

En los años 80, los “mercados” y los poderes económicos locales decidieron iniciar una ofensiva despiadada de acumulación de capital que ha sufrido dos etapas en paralelo: una la explotación de los países pobres (un neocolonialismo basado en la compra barata de materias primas y venta cara de productos elaborados, para ello se han usado guerras y la no menos destructiva política de cambios) y otra, la incautación progresiva de las rentas salariales, las que marcan el poder adquisitivo de la mayoría de familias. Esta ofensiva se agudizó inmisericorde tras el derrumbe de la Unión Soviética.

Vivimos tiempos inestables porque el sistema político del que nos hemos dotado ha sido utilizado por las élites para aumentar sus beneficios a costa de la renta salarial. De esto no nos dimos cuenta porque se habilitó un sistema de préstamos fáciles que extendieron la impresión generalizada de crecimiento económico. Pero que España deba cuatro veces la riqueza que es capaz de producir en un año ya da idea del engaño (a groso modo, 25 % familias, 25 % Estado y 50 % empresas y bancos). Las élites se han llevado el dinero real (los billetes) a guaridas fiscales y nos han dejado a los demás el dinero ficticio (anotaciones bancarias). Esta deuda es impagable. Sin embargo, nadie informa ni plantea soluciones. Que el BCE tenga prohibido prestar a estados y empresas y que, sin embargo, esté comprando bonos de grandes empresas (con nuestro dinero y casi en secreto) es sintomático.

¿Cómo han podido conseguir esto? Con un proceso de concienciación en el individualismo. El individualismo ejerce una enorme fuerza centrífuga en cualquier organización y el Estado no queda inmunizado. Desune en las reclamaciones de derechos y libertades (objetivo primario), pero también en los demás ámbitos de la vida. El proceso catalán no es único ni pionero en Europa y el Mundo. Es una consecuencia inevitable del individualismo.

Este proceso, que se vio alimentado por la UE y EEUU en los casos de Yugoslavia, Checoslovaquia o la Unión Soviética por intereses políticos (interesaba disolver países de sistemas solidarios) era inevitable que llegara a Europa tarde o temprano.

Europa se encuentra ante una encrucijada de difícil solución en la actual tesitura política: frente al individualismo imperante y su tendencia disgregadora sólo se puede contraponer la convivencia basada en la solidaridad. La solidaridad es el único pegamento de los pueblos. Pero esta visión se contrapone a la especulación y la acumulación actuales y que las élites no están dispuestas a abandonar.

La privatización de las empresas públicas (especialmente los sectores estratégicos), el deterioro intencionado de los sectores productivos competitivos con Europa (metal, naviero, lácteo, etc.), la extranjerización de la industria española, los recortes en servicios públicos (Educación, Sanidad, Dependencia) y en derechos y libertades (reformas laborales, ley “mordaza”, etc.), el incumplimiento reiterado de los derechos constitucionales (igualdad -especialmente ante la ley-, “ninguna religión tendrá carácter estatal”, la obligación pública de conseguir rentas más equitativas, derecho a vivienda, trabajo y salarios dignos, progresividad fiscal), el incumplimiento de normativa europea (penalización de las energías renovables, desahucios, etc.), la tolerancia con los desahucios (que suponen la ruina familiar y que los bancos acaban cobrando dos veces: la vivienda embargada, las cuotas pagadas, el rescate bancario, la adquisición por el Frob y posterior venta y que son silenciados mediáticamente, los suicidios continúan), la tolerancia con la evasión de impuestos y capitales, la creación de las SICAV (guaridas fiscales patrias) o el rescate de empresas privadas (bancos, autopistas, Cástor, constructoras, etc.); son algunos componentes de la insolidaridad, transmitida desde el órgano que debería evitarlo, el propio Gobierno.

En esta línea, los brazos políticos y editoriales de las élites están desplegando sus acciones, que vienen a contravenir las normas que regulan nuestra convivencia. Casi nadie cree ya en ellas. Las compañías eléctricas suben las tarifas sin justificación de costes (son oligopolio), los jueces dictan en función de los intereses de las élites, igual que los gobiernos. Que la corrupción esté generalizada lo ven como un mal menor ya que no sólo no perjudica a las élites, sino que les permite enriquecerse más rápido.

En este sistema trilero que dice buscar unos objetivos de bienestar general pero que, realmente, sólo busca el bienestar de las élites, Cataluña es un garbanzo más. PP, PSOE, Cs y PdeCat son los cubiletes que se mueven al ritmo de las manos que los manejan: esas élites locales detrás de las que están las élites internacionales, con los Rothschild y los Rockefeller a la cabeza.

Seguirán moviendo los cubiletes hasta que dejemos de tolerarlo. Mientras, han conseguido, como siempre, que la pelea se dé en el gallinero de la ciudadanía que, mientras lo hace, no les pide cuentas por su nefasta gestión en contra de la comunidad.

Por tanto, por si alguien no lo ha entendido, el uso de la fuerza y la coerción son totalmente inservibles a medio plazo. Si no se modifica el sistema de relaciones sociales, políticas y económicas por otras basadas en el equilibrio y la solidaridad, seguirá el proceso disgregador. La constitución de 1978 está anticuada y no sirve porque lleva burlándose varios lustros por los mismos gobiernos y por la propia Justicia. Una ley que no se cumple es inútil. Se hace necesaria la apertura de un nuevo proceso constituyente en el que no puede hurtarse la participación a todo el pueblo, ya que la nueva norma debe garantizar la convivencia por otros 40 años, debe ilusionar a quienes han de cumplirla.

Mientras el viejo sistema está agonizando, los movimientos de extrema derecha, violentos por definición, van ocupando las calles y las instituciones, aunque no lleven el apelativo en el sillón. La derechización de PP, PSOE y Cs es muy preocupante ya que, en vez de traer soluciones, se enrocan en defender un sistema fracasado, a cualquier precio. La incompetencia de las élites y sus políticos de adaptase a los tiempos acaba saliendo caro, la historia está llena de ejemplos, muchos con final indeseable.

Mi madre, en 1961, parió una niña que nunca llegó a ver. Ante la insistencia, el doctor mostró un cadáver infantil a las dos abuelas que, aunque desconfiantes, aceptaron lo que no podían evitar. No existe registro de nacimiento ni de defunción, sí la inhumación de una caja que ya fue exhumada sin avisar a familiares y vuelta a inhumar en fosa común, según han informado. Ya en el siglo XXI he descubierto que aquella niña, mi hermana, muy probablemente siga viva, en otra familia, con otros apellidos y ella no lo sepa. Una trama de robo y adopción de recién nacidos imperaba en cada ciudad española. Mi madre fue una de las elegidas, indiciariamente.

Con la retranca verbal actual se hubiera llamado, entonces, gestación subrogada en diferido. Yo lo sigo llamando robo de bebés. Entonces era una inmoralidad e ilegalidad, a pesar de que las élites nacional-católicas participaron de este negocio. Hoy es una inmoralidad igual e igualmente ilegal, por eso el rebozado verbilocuente para intentar hacerlo digerible a la sociedad y que permita un cambio normativo que “regule” esta “oportunidad de negocio”. Porque efectivamente, más que solidaridad o altruismo, parece una clara oportunidad de negocio, pero no para la madre que aporta su útero, sino para familias adineradas que no tengan posibilidad de tener hijos naturales o en las que ella no quiera “estropear su cuerpo”.

¿Fue mi madre un vientre de alquiler? Parece evidente. Mi madre no recibió ni ha recibido aún compensación alguna por aquél crimen, ni siquiera la facilidad de poder investigar lo ocurrido. ¿La nueva regulación propuesta da seguridad jurídica a esas mujeres que quieran ceder “altruistamente” su cuerpo? Evidentemente no. Las mujeres pobres cederán a un contrato económico (eso sí, “altruista”) en función de su precariedad vital, que será compensada a la baja precisamente por su necesidad. ¿Alguien ve la posibilidad de que una mujer rica ceda su útero para la gestación del hijo de una mujer pobre a cambio de nada? Indudablemente no. Ni siquiera a cambio de algo. Luego la gestación subrogada es una esclavitud de clase como siempre ha sido el vientre de alquiler.

Si durante 56 años (sí, desde 1936 hasta 1992 al menos, Dictadura y Transición) se han producido robos de bebés, ha sido porque el régimen primero y el pos-régimen después (médicos, Iglesia, Administración, medios de comunicación, etc.) se encargaron de silenciarlo, ya que este negocio ilegal fue permitido a grandes familias, a personas importantes afines al régimen franquista. Esto es lo que dicen los últimos estudios especializados. Ninguna mujer pobre participó del mismo si no fue en calidad de perjudicada, ¿por qué iba a hacerlo ahora?

El caso de mi hermana no es un caso aislado. Hay muchos bebés robados, entre 30.000 y 300.000, según las fuentes, algunos vendidos a extranjeros (en sospecha las bases militares norteamericanas). El cálculo es muy difícil por la opacidad de la Administración y la Iglesia Católica española hasta hoy en día. Es decir, los partidos gobernantes han sido, cuanto menos, cooperadores necesarios para que este tema no se investigue. De igual modo ha actuado la Iglesia al no facilitar la información de sus archivos referentes a monjas-enfermeras y matronas y curas-confesores).

Ahora Cs quiere promover una ley para que sea legal a partir de ahora, pero siga permaneciendo en el olvido social todo lo anterior. Objetivo: beneficiar a los mismos, a ese electorado de posibilidades económicas y dominio social. Poca regeneración es ésta.

Y aún es más aterrador si el servicio llegara a “democratizarse” (otro eufemismo) para hacerlo posible a toda la población española, con lo que se comprarían vientres de países extranjeros, evidentemente los pobres, que serían más baratos. Algunos lo llamarán globalización.

Hasta ahora me he centrado en el punto de vista adulto, el de los padres, el de la madre destrozada por la muerte primero y por la duda después, el del padre que no podía abandonar el trabajo para llorar la pérdida. Pero, ¿y el bebé?, cuando crece, ¿tiene derecho a conocer su origen? Está claro que en el caso de los bebés robados no lo fue ni lo sigue siendo. ¿Puede alguien pensar que será diferente en el futuro a pesar de la regulación?

Me viene a la mente una lucha que tenemos los familiares de niños desaparecidos. Si existiera un registro público y solvente de ADN (a nivel mundial), no se podrían robar bebés, niños y niñas y estos, una vez adultos, podrían conocer su pasado, sean robados o consentidos.

Por último me surge una reflexión inquietante: ¿soluciona a una mujer pobre vender su útero una vez o deberá continuar gestando para poder sobrevivir? Si nuestra sociedad no es capaz de proveer de empleo digno a toda la población, tampoco lo podrá hacer con estas mujeres que “quieran” ceder su útero, por lo que nunca saldrán de su miserable situación. Poca ética y poca moralidad soy capaz de imaginar.

En definitiva, veo poca posibilidad de altruismo en este tema y mucha posibilidad de negocio, para los mismos, me temo. Porque, ¿no será más lógico asumir la imposibilidad de ser padre o madre como una condición más de vida, que obstinarse en lo contrario porque otros cargarán con el “trabajo” más pesado a cambio de mi dinero? ¿Alguien cree que es posible la cesión de útero altruista? Es esta una propuesta antisocial digna de unos tiempos pasados a los que yo, como parece lógico, no quiero volver; un truco muy viejo.

La violencia en todas sus facetas (terrorismo, precariedad laboral, violencia familiar, marginación social, restricción de libertades, represión, miseria, xenofobia, etc.) nace de la misma desigualdad y crece con ella. La sociedad, repetimos, urge un proceso redistributivo que, inexorablemente, pasa por un esfuerzo “solidario” de las clases altas, aquellas que han acumulado la riqueza y que, sabiendo que el proceso no podía ser eterno, la han puesto a buen recaudo en guaridas fiscales. El pasado no puede mantenerse en el futuro. Esta es la base de lo que otrora se conociera como lucha de clases y ahora, tras muchos años de maquillaje, como indignación. Un cambio de forma, no de fondo.

Cuando alguien actúa diferente a cómo predica, decimos que es un hipócrita. La política actual es un excelente ejemplo de esas actitudes (la anterior tampoco sale muy bien parada en España).

Se suceden continuamente gestos en este sentido. Tras el reciente anuncio de Unidos Podemos de presentar una moción de censura contra Rajoy, PSOE y Cs responden que Rajoy no es el presidente adecuado, pero que no es momento ni forma de presentar la moción de censura. La forma antes que el fondo. Lo mismo se ha repetido con cada tema que llega al Parlamento, verbigracia la eutanasia.

El Ayuntamiento de Zaragoza no se ha librado de estos comportamientos, al contrario. En el caso de la municipalización del servicio 010, tras meses de retraso en el pago de nóminas a trabajadoras y ante la posibilidad de producir un ahorro a las arcas municipales y unas mejores condiciones laborales, la oposición (PP, PSOE y Cs) votó en contra con la excusa de que “Zaragoza en Común quería enchufar a sus amigos”, cuando las trabajadoras habían sido seleccionadas por una empresa concesionada por PP, primero y PSOE, después. La forma sobre el fondo.

En abril, la oposición municipal (PP, PSOE y C's) votó contra la concesión de una licencia de ampliación de instalaciones para antenas de emisión de radio, a pesar de ser un beneficio para la ciudad al sacar las instalaciones radioemisoras del casco urbano. La mala excusa de que era para el servicio de radios libres (aquellas no sujetas al mercado y, según la oposición, piratas), se niega a sí misma, ya que la competencia para otorgar licencias es del Gobierno de Aragón. La forma, desfigurada, es más mediática que el fondo.

El Gobierno de Zaragoza también ha sido criticado por llevar ante la justicia las inmatriculaciones irregulares de la Seo y otros templos por parte del Arzobispado. Aún sabiendo que no hacerlo significaba permitir su adquisición por usucapión (es decir, por el paso del tiempo), la oposición considera que la legitimidad para hacerlo es del Gobierno de Aragón o de España. Es decir, la forma vuelve a enmascarar el fondo.

Es muy importante, saber distinguir entre fondo (programa político que recoge el interés de la sociedad) y la forma (el programa de las élites que, con un discurso vacuo y repetido en medios, pretende hacerse pasar por programa social). Los partidos que pretenden mantener el statu quo (PP, PSOE, Cs, PNV, etc.) hace mucho tiempo que no tienen un programa verdaderamente social (aquel que beneficia a la mayoría de la sociedad, que la provee de ilusión y felicidad), por ello recurren a la forma, a la verborrea bien sonante (y con buenos efectos mediáticos) para seguir manteniendo su posición privilegiada y la de sus amigos adinerados. Un partido sin programa es socialmente inútil y acaba desapareciendo. Recortar en derechos y libertades sociales es muestra de la ineptitud para gobernar. Pretender salir de la crisis usando estos mismos instrumentos que nos han llevado a ella, es mentir a la sociedad. La crisis sólo puede enfrentarse con honestidad y redistribución, el fondo.

El pasado miércoles, entre las decenas de expedientes de urbanismo que se debatían y resolvían  en Consejo de Gerencia y Comisión de Pleno de Urbanismo uno descolló como la estrella de la sesión: la concesión de una licencia de obra para colocar una caseta prefabricada y vallar el perímetro a instancia de la Federación Aragonesa de Radios Libres.

Administrativamente suponía lo siguiente: licencia urbanística de carácter provisional para ampliación de caseta de Equipos de Telecomunicaciones. Lugar: paseo Duque de Alba, es decir en el Parque de Atracciones, llevar fuera de la ciudad emisoras de ondas, cómo debe ser. Nada indicaba que iba a generar problemas hasta que, antes del debate, el Heraldo de Aragón anunciaba lo que iba a pasar en el debate de esa mañana. El PP afirmaba que la decisión es un “dedazo”. Pedro Navarro pidió “retirar el expediente” y recordó “que el solar se otorga a una ”asociación de radios ilegales“. ”Que lo saquen a concurso y con garantías“, dijo. Además, indicó que un miembro de la Federación milita en Podemos: ”Se lo dan a ellos mismos. Es un dedazo“. Pues con la polémica asegurada de una manera interesada y mezclando dos cuestiones diferentes se llegaba al debate.

En el debate se mezclaron de manera indebida dos temas diferentes. Por un lado, la adjudicación del espacio de 29,25 m2 a la Federación de Radios Libres, una decisión competencia de Gobierno que fue acordada en septiembre de 2016 y que en su día no generó mayor controversia, decisión firme y que genera derechos y obligaciones a la Federación que ya está pagando un canon de 369,86 euros anuales por ese espacio. Por otro lado,  la licencia tramitada por la misma entidad con su proyecto de ejecución redactado por un profesional y que única y exclusivamente autoriza la obra civil: solera armada, vallado y caseta de telecomunicaciones prefabricada. ¡Total: 6,28 m2 de suelo ocupa la caseta! Sin embargo, en el debate se pretendía en un totum revolutum mezclar todo la adjudicación del suelo a la entidad (decisión firme y no discutida en su día, competencia de Gobierno, no de Gerencia de Urbanismo), los permisos de otras administraciones en lo que respecta a la emisión y la posible afección a las emisiones que los tranvías de Zaragoza realizan desde la caseta que es objeto de ampliación con esta licencia. Si lo que se pretendía era crear ruido e interferencias, la cacofonía en el discurso estaba asegurada, sobre todo para la opinión pública que no iba a entender el porqué de tanto lío para la instalación de una caseta. 

Qué es lo que pretende la Federación según la memoria del proyecto: la caseta contendrá a futuro los equipos de emisión con que operan en la actualidad las emisoras que lo hacen desde ubicaciones situadas en edificios habitados en el casco urbano de Zaragoza. Ni más ni menos. Alojar unos equipos que, ahora, están en edificios habitados trasladándolos a una zona alejada del caso urbano y junto a otra instalación que ya opera para este fin. La ampliación mediante una nueva caseta de las instalaciones que ya se usan por parte de los tranvías de Zaragoza para sus comunicaciones.

Previamente a la propuesta positiva de la concesión de la licencia que se iba a votar se habían emitido los preceptivos informes. El de Redes y Sistemas dio su conformidad “siempre y cunado no se produzcan interferencias con los dispositivos que dan servicio a la red de comunicaciones de los Tranvías de Zaragoza” y que se avisara con antelación para “coordinar la misma y evitar cualquier daño a los elementos existentes”. El Servicio de Movilidad Urbana  entiende que “no existen inconvenientes técnicos respecto a las emisiones de señal para la instalación de emisoras de radio FM y el uso compartido de Torre Antena arriostrada”.

Una licencia que, además, como se otorga sobre terreno público municipal, se concede con carácter temporal y a precario y, para más inri, con las habituales y consabidas condiciones de “dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero”. Por si fuera poco y como se señala en el expediente “el interesado deberá obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de las instalaciones que se pretenden. Así como el cumplimiento de las ordenanzas y normativa que sean de aplicación”.

Con todo esto PP, PSOE y C’s votaron a favor de retirar el expediente. En la prensa se dice que “ante la falta de informes y la carencia de licencia de emisión”. La realidad es bien otra. Lola Ranera sabía perfectamente que se debe otorgar la licencia ya que durante el debate dijo “que sí, que ya sabemos que la licencia de la caseta no es un problema en estos momentos, si lo tenemos clarísimo” y pesar de ello se escudó en pedir un inconcreto informe jurídico para justificar su voto afirmativo a la retirada del expediente que “no es un problema en estos momentos”. El PP, azote de todo lo que huela a la palabra podemos, comunitaria o libre, pidió un informe del Ministerio de Energía y C’s otro que asegure que no generará interferencias.

Cuestiones todas ajenas a la cuestión urbanística sobre la que había que pronunciarse: una pequeña obra. La petición de Ciudadanos (interferencias) ya quedó esclarecida en el expediente de autorización de uso del suelo que autorizó el Gobierno en la que movilidad y redes aseguraron que no interfiere con las comunicaciones del tranvía. Y los permisos para emitir o si las entidades solicitantes tienen autorización de uso del espacio radioeléctrico son competencia de otras administraciones e igualmente ajenas a la cuestión urbanística que se debatía.

Conclusión: un expediente completo con todos los informes positivos favorables y a pesar de que el otorgamiento de la licencia es un acto administrativo reglado que no se puede denegar en base a informes de otras administraciones carentes de competencias sobre esta materia fue retirado indebidamente.

La concesión de la licencia es un acto declarativo de derechos, solo se comprueba que tiene derecho a realizar la obra que se pide, en este caso, una mera caseta prefabricada, no se prejuzga que pueda emitir radio, lo que corresponde a otras instancias.

Lo que vimos el pasado miércoles fue una práctica dilatoria y obstruccionista de pedir informes innecesarios. La Federación de Radios Libres agrupa a una serie de radios carentes de ánimo de lucro que desarrollan una importante labor comunicativa y social, ejercen el derecho de información, reconocido constitucionalmente. Por eso, paralizar esa licencia es recortar ese derecho de información y constituye un abuso. El Sr. Navarro afirmó que uno de los integrantes de la Federación es de un partido (Podemos). Poner en el centro del debate de una cuestión administrativa la filiación política de un miembro de la entidad que solicita una autorización administrativa se acerca mucho a la persecución política, a la censura, a negar el derecho de asociarse porque las entidades a las que pertenecen van a sufrir consecuencias y a comunicarse libremente, así por la vía de rechazar, actos previos como el de la instalación de una caseta, acogiéndose a le petición de informes no relacionados con la solicitud objeto de licencia, parece que nos encontramos en otra época, que volvemos al pasado y a la censura previa, en este caso en sede urbanística pervirtiendo el fin de los expedientes administrativos y el de los procedimientos legales. A eso se refería el desafortunado tuit de Zaragoza en Común y no a otra cosa con la mención vuelta al pasado.

Hace meses se acusaba a Zaragoza en Común de paralizar expedientes administrativos de urbanismo. Aquellos expedientes no tenían nada que ver con este. Una licencia reglada no es lo mismo que un expediente de planeamiento. En los de planeamiento hay mas discreccionalidad, la posibilidad de adoptar diferentes soluciones conformes a derecho entre las que elegir. En licencias es todo mas tasado y reglado. ¿Porque los grupos de la oposición, excepto CHA, la toman con una entidad carente de ánimo de lucro? El PSOE lo ha dejado claro en su intervención: “sí, que ya sabemos que la licencia de la caseta no es un problema en estos momentos, si lo tenemos clarísimo”. ¿Cual es el problema?