“Por primera vez en mi vida tengo esperanza en este país”, dice con una sonrisa la universitaria Deisa Aramouni al pie de la acampada frente al parlamento libanés en Beirut. Es una de las miles de personas que han protagonizado las protestas más masivas que se recuerdan en Líbano. Desde hace 14 días, un cuarto de la población ha salido a la calle para pedir la dimisión del Gobierno y el establecimiento de un ejecutivo tecnócrata transitorio que convoque nuevas elecciones.

Este martes, lo han logrado. El primer ministro, Saad Hariri, ha anunciado que presentará al presidente la renuncia de su Gobierno “en respuesta a los muchos libaneses que salieron a las calles”. En un discurso televisado, Hariri ha reconocido que el país ha llegado a un “callejón sin salida”.  “Las posiciones vienen y van, pero lo más importante es la dignidad y la seguridad de la patria (...) Nadie es más grande que mi país”, ha afirmado. 

Las protestas estallaron hace casi dos semanas, el pasado 17 de octubre. Desde entonces, de norte a sur del país, improvisados DJ han puesto la banda sonora desde sus furgonetas con adaptaciones techno de los eslóganes de las revoluciones árabes: “Revolución” o “El pueblo quiere la caída del régimen”. En un ambiente mayoritariamente festivo, los manifestantes han conseguido paralizar el país bloqueando carreteras y convocando una huelga general.

En el punto de mira han estado todos los dirigentes políticos que han sido incapaces de proveer servicios básicos. “No tenemos infraestructura en Líbano, ni electricidad 24 horas, ni agua potable, ni tratamiento de aguas residuales”, se queja Deisa.

Una tasa al uso de Whatsapp, el detonante

La gota que colmó el vaso fue el anuncio el 17 de octubre de una estrambótica tasa de 6 dólares al mes por utilizar Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería. El gobierno no tiene ninguna regulación relacionada con el uso de estas apps ni puede controlar de ninguna manera las llamadas que hagan los ciudadanos con este servicio, así que el impuesto se ha interpretado como una medida arbitraria, una más del Ejecutivo de Hariri, bajo presión de inversores internacionales, para reducir la deuda de 86.000 millones de dólares, equivalente al 151% del PIB.

A muchos libaneses no les salen las cuentas, ¿dónde van los fondos? Líbano es un Estado semiausente: incapaz de producir electricidad 24 horas al día, sin red de transporte público, un deficiente tratamiento de aguas residuales y recogida de basuras o una carencia de sistema de sanidad pública o pensiones decentes.

Este mes, los libaneses fueron testigo de cómo, ante los incendios que asolaron el país, helicópteros de Chipre, Grecia y Jordania tuvieron que acudir a sofocarlos. Los tres helicópteros de los bomberos en Líbano no pudieron despegar ya que el Gobierno no había aprobado el coste de su mantenimiento. Como colofón, The New York Times The New York Timesreveló que el primer ministro Saad Hariri dio 16 millones de dólares a una modelo sudafricana con la que mantuvo una relación.

A esta ecuación se suma la delicada situación económica: millón y medio de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, una tasa de paro del 25% y una flagrante desigualdad económica por la que el 1% más rico controla el 25% de los ingresos nacionales

Unidad contra la división religiosa 

“La guerra civil (1975-2019)”, rezaba una pancarta. Aunque la guerra civil libanesa entre sectores cristianos, musulmanes y seculares acabó en 1990, el modus operandi que divide a los libaneses por confesiones religiosas se ha mantenido. Muchos de los que se sientan en el Parlamento hoy lideraron las milicias durante la guerra. El sistema político establece el reparto al frente de las instituciones en función de las diferentes religiones del país.

“Los partidos políticos se basan en una afiliación sectaria que ha mantenido un complejo sistema clientelar en el que el derecho a trabajar y obtener prestaciones se ha convertido en un privilegio al que se acceder a cambio de lealtad política” sintetiza el analista Nizar Hassan en su columna para Roar Magazine. “El sectarismo ha sido la mejor vacuna del sistema contra una política que se base en clases sociales”, añade.

Pero desde hace 14 días, los manifestantes han coreado los nombres de todos los líderes de los partidos y repiten “todos son todos”. Este eslogan junto a la bandera libanesa y el himno nacional se han convertido en un mantra de unidad.

Las televisiones locales se han transformado en un micrófono abierto desde el que cristianos, suníes o chiíes interpelan directamente a sus líderes, desafiando una ley antiblasfemia que hasta ahora multaba cualquier crítica a las élites políticas o religiosas.

Otro de los tabús que han roto estas movilizaciones es incluir en sus críticas al partido milicia Hezbolá. Decenas de seguidores de Hezbolá han protagonizado esporádicos enfrentamientos con los manifestantes, argumentando que las críticas a su líder Hassan Nasrallah cruzan una línea roja. Los manifestantes respondieron a coro: “La única línea roja, la de la bandera libanesa”.

Nasrine Abualhassan, quien participó este domingo en la cadena humana de 170 kilómetros que recorrió de norte a sur el país, confía en los jóvenes para deshacerse de la división religiosa: “La gente está harta del sectarismo, ver a sunníes, chiíes, drusos, cristianos juntos rompiendo tabús, eso es una gran victoria, espero que esta revolución nos lleve al Líbano que nos merecemos”, aseguró a eldiario.es.

¿Y ahora qué?

Intentando contener el descontento inicial, el Ejecutivo libanés anunció medidas para luchar contra la corrupción y una reducción del 50% de los salarios de los parlamentarios. Pero los manifestantes han insistido en la caída de la élite política.

Tras la dimisión de 4 de los 26 ministros, el resto de líderes de la coalición de Gobierno han lanzando un mismo mensaje: comprensión ante la rabia de la gente, promesas de reformas y advertencia ante el caos económico si el Gobierno cae. Este martes, el primer ministro ha dado un paso más anunciando la renuncia del Ejecutivo. L a mayoría de los manifestantes han demandado que se forme un nuevo gabinete tecnocrático y se convoquen nuevas elecciones.

En la calle, ajena a los discursos de los líderes políticos, la gente ha comenzado a organizarse a través de asambleas espontaneas. Sherif Al Masri, estudiante de Economía, micrófono en mano pidió que la gente expresara sus ideas. Un señor mayor tomó la palabra. “Soy suní, pero antes soy libanés”, dijo mientras le vitoreaban.

Al Masri asegura ser consciente de que tienen que traducir la rabia de la calle en algo tangible. “Hay expertos en Economía que pueden solucionar nuestros problemas, necesitamos que den un paso adelante para que la gente les conozca”, asegura y explica que ya hay varias páginas web donde la gente está nominando a futuribles candidatos.

El universitario, Ibrahim Fawaz, cree que primero tienen que cambiar la ley electoral, que actualmente reparte los escaños y otros cargos políticos por grupos religiosos, para crear una circunscripción única. “Espero que nuestra generación no esté tan dividida por afiliación religiosa como la generación anterior, puede que las protestas ayuden, pero será un cambio lento”, zanja.

Cada mañana, se repite la misma coreografía en el número 4730 de la Avenida Fleming. El alboroto de los niños llegando al colegio Melrose Leadership Academy desplaza a ardillas y pájaros a los cerezos y palmeras que adornan la acera. En este colegio público de la ciudad santuario de Oakland, California, se saluda en español. En la entrada, el primer cartel no informa de horarios o actividades extraescolares, sino que reza: “Ejerce tus derechos, no permitas que un agente de inmigración entre a tu casa”.

Debajo, un sobre pegado con cinta adhesiva azul contiene un puñado de tarjetas rojas en las que se lee en español: “No abra si un agente de inmigración está tocando la puerta”.

De poco sirvió ese consejo a María en una mañana de mayo del 2016. Mientras preparaba molletes –pan con mantequilla, frijoles y queso– para desayunar, su marido salió de casa para dirigirse a la obra. El grito de su hija de 11 años quebró la rutina diaria. Acababa de ver a través de la ventana de la cocina cómo varios agentes de inmigración esposaban a su padre en su jardín. María y su hija salieron corriendo. Seis agentes en cuatro coches habían bloqueado su entrada y la puerta trasera, según cuenta María. “¿Por qué te llevas a mi papá?”, les gritó su hija.

“No supe qué hacer en ese momento”, dice la mujer.

El alboroto matinal enfrente del colegio Melrose ya se había desvanecido cuando María corrió al despacho de la directora de la escuela, que le puso en contacto con otra madre, Etel Calles, que pertenece al Fondo para la Defensa de las Familias Inmigrantes, un grupo de nueve padres y profesores que ayudan a las familias migrantes en Oakland.

Un fondo común contra las deportaciones

A las tres de la tarde, Calles y una abogada del Fondo para la Defensa se sentaron en las oficinas de inmigración en San Francisco para depositar la fianza de 2.000 dólares que esa mañana habían fijado las autoridades.

Mientras Etel y la abogada esperaban a que saliera el marido de María, se dieron cuenta de que no sabían qué aspecto tenía, así que le pidieron que les enviara una foto. A la hora y media, le vieron salir. “Iba vestido con el mono de obra y con sus pertenencias en una bolsa de papel”. Etel le explicó que ellas habían pagado su fianza y le propuso hacerse una foto selfie de celebración. “Se la envié a María y le dije: '¿Este es tu marido?' ¿Sí? Pues venga, vámonos”, recuerda entre risas.

El hombre no respiró aliviado hasta que se sentaron a tomar un café a diez bloques de las oficinas, sostiene Calles. Allí les contó que los agentes federales migratorios (ICE por sus siglas en inglés) lo buscaban para deportarlo por haber entrado irregularmente en el país. Tenían planeado enviarle esa misma tarde a Texas, donde le meterían en un avión rumbo a México. El billete estaba comprado, pero el vuelo se retrasó, les dijo. “Como no tenía 'nada grande' en su 'récord', le pusieron la fianza”, comenta Calles.

En Estados Unidos, cuando un migrante indocumentado es detenido, el juez decide si, durante el proceso de deportación, la persona permanece en un centro carcelario o es libre para volver a su casa. Si el juez estima que dicha persona no supone una amenaza o no hay riesgo de fuga puede fijar una fianza, que varía entre 1.500 y 20.000 dólares. Una vez pagada, la persona debe comparecer en el juzgado cada cierto tiempo. De no ser así, el pagador de la fianza pierde el dinero.

En febrero, la Corte Suprema de EEUU eliminó la necesidad de establecer una fianza a los seis meses de detención. Es decir, un migrante podría quedar indefinidamente detenido sin que el juez esté obligado a fijar una fianza. El Fondo para la Defensa ha recaudado en su primer año 130.000 dólares, lo que les ha permitido pagar la fianza a 12 personas, cubrir costes legales a otras 12 y pagar una partida de emergencia –que cubre alquiler, médico y costes básicos– a otras cuatro.

Según su web, ser liberado bajo fianza “mejora significativamente las probabilidades de tener éxito” en evitar la deportación. En el año 2015, 68% de las personas que obtuvieron fianza consiguieron regularizar su situación en EEUU. De los que permanecieron detenidos, solo un 33% consiguió quedarse en el país.

María no hubiera sido capaz de pagar la fianza, ya que quien la abona debe ser ciudadano de EEUU o residente permanente. El Fondo, al pagar su fianza –que María devolvió después– permitió que su marido cenara su casa esa noche. En enero del 2019 tiene el juicio. Sus vidas están suspendidas hasta entonces.

Una red para sobrellevar la incertidumbre

Si lo deportan, María no podrá pagar el alquiler. Barajan trasladarse a un apartamento más pequeño o volver a Ciudad Juárez, en México. Su hija tendría que cruzar la frontera cada día para ir al colegio en EEUU. “Si volvemos, tendría que dejar a mi hija que cruce el puente sola, porque ella es ciudadana de EEUU”, sostiene la mujer.

Calles sabe que no puede acabar con los miedos de esta familia, pero sí aliviarlos. Ella es una de las muchas mujeres del Área de la Bahía, en California, que trabajan para ayudar a los 'sin papeles' a lidiar con miedos relacionados con la deportación. Las mujeres se ofrecen entre ellas a hacer viajes en coche para llevar a los niños al colegio en Oakland o se ayudan a escribir un “Plan de Planificación Familiar”, para que alguien se ocupe de los niños si ambos padres son deportados. Van juntas a hacer senderismo una vez al mes. Ofrecen talleres de ayuda legal, terapia emocional. Otras se vuelcan en el activismo o la religión. En este intento de tejer una red en la que sobrellevar la incertidumbre de una deportación, las mujeres tienen un rol destacado.

Algunas, como Calles, están motivadas por su propia experiencia. Cuando tenía 10 años, su familia la metió en un minibús para escapar de la guerra en El Salvador. Recuerda despedirse de su colonia Sacamil y de su padre, a quien no volvería a ver. En cinco días cruzó El Salvador, Guatemala y México hasta llegar a Los Ángeles. Para aliviar su miedo durante el viaje, su familia le dio una carta en la que le contaban todas “las cosas bonitas que vería en el campo”, como vacas y burros. “Pero no te dicen nada de que va a haber ruidos y personas que no conoces”, recuerda. Para entretenerla, la gente del bus le hablaba sobre lo que estaba de moda en EEUU: Michael Jackson, Madonna y Star Wars. Era 1986.

Hoy, a sus 40 años, Calles es una mujer de carcajada fácil. Además de formar parte del Fondo para la Defensa, copreside la asociación de padres y madres del colegio, forma parte de Padres Unidos y de un club de cocina, y trabaja de cuidadora. 

Cuando su hijo empezó el colegio Melrose, una escuela de inmersión con un 50% de familias de habla hispana, Calles decidió ayudar a los estudiantes con ansiedad por no tener papeles. Comparte con ellos su experiencia durante la guerra en El Salvador y su trayecto a los EEUU como menor no acompañada. Les habla de la incertidumbre que sentía al escuchar un helicóptero, dado que no sabía si venía a traer agua o “tirar balas”. Les habla de su ansiedad y sus miedos. “Lastimosamente, eso no ha cambiado”, apunta. “Nadie conoce los traumas o miedos de otra persona pero todos podemos ser bondadosos y ayudar, solo requiere ser un amigo, que el recién llegado no se sienta solo o desubicado”, cuenta.

Cuando Calles revive su experiencia, no solo intenta ayudar a los niños que acaban de migrar a Estados Unidos, también trabaja su propio trauma. “Tenemos que indagar lo que ha quedado atrás, que tiene telarañas, y limpiarlo para sobresalir”, comenta. En su brazo derecho, una araña cuelga de una telaraña que cubre la mitad de la cara de su hijo. Es uno de sus tres tatuajes. “Yo soy la araña”, dice. Una araña que, mientras limpia su pasado de telarañas, “está tejiendo una red, estoy creando un futuro más estable donde él y yo podemos caer, rebotar y sobrevivir”, explica. Pero esa telaraña abarca más que a su hijo. María y su marido lo saben bien.

Una tarde de marzo, María y Etel tomaron asiento en la clase 16 del colegio Melrose, donde Calles –a través de la organización Padres Unidos– organiza un taller, “Conoce tus derechos”. Es viernes por la tarde, las aulas se vacían rápido. Las madres han traído pollo frito y pasta. Es la primera vez que María acude a uno de estos talleres. Seis madres, un padre y una asistente legal del Centro Legal de la Raza –que se encarga de ofrecer acceso a la justicia para comunidades migrantes– escuchan atentamente cuando María recuerda la mañana de la casi-deportación de su marido.

Una de las madres le pregunta si los agentes la interrogaron cuando ella salió de su casa. “Me preguntaron: '¿Usted quién es?' Yo les dije: 'Su esposa'. '¿Cómo se llama?' María”, cuenta. “Pero solo dije María”, añade. La asistente legal, que pide ser identificada como Cristina debido a la situación irregular de sus familiares, interviene. “Está bien, hay muchas Marías, no pasa nada por dar su nombre... pero no se identifiquen”, les advierte. Durante las dos horas del taller, Cristina les enseña a quedarse calladas si se encuentran ante la ICE. “No abran la puerta, no se identifiquen, no hablen” se convierte en un mantra.

Cristina conoce bien la importancia de quedarse en silencio. Hace un década, los agentes se presentaron una madrugada en la puerta de su casa preguntando por su tío, según relata. “Abrí la puerta desafortunadamente”, cuenta al grupo. Cuando su tío salió en pijama lo arrestaron inmediatamente. “Entonces yo no conocía mis derechos”, lamenta Cristina.

En el centro de detención, relata, le dijeron a su tío que firmara un documento para “salir inmediatamente”. Firmó. No especificaron que se referían a salir de EEUU, no de comisaría. Esa misma tarde fue deportado a México. “Nunca firmen nada”, enfatiza Cristina.

La activista reparte las tarjetas rojas de la entrada. En ellas, se lee en inglés: “No deseo hablar con usted, responder sus preguntas ni firmar ningún documento acogiéndome a mis derechos basados en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Este pequeño trozo de papel no parece convencer a todos de que sea su salvavidas. Según ICE, 226.199 personas fueron deportadas y 143.470 arrestadas en 2017. En ese mismo periodo, en el área de San Francisco se registraron 7.231 arrestos administrativos y 6.292 deportaciones. “La tarjeta no nos asegura que no nos van a arrestar, pero es lo que tenemos ahorita para pelear y lo poco que tengamos lo tenemos que usar, esta es nuestra protección”, les dice Cristina.

Las preguntas de estas madres delatan sus miedos: “¿Pueden entrar en tu casa si no les abres?” “¿Qué pasa si me ataranto y abro la puerta?” “¿Cuánto tiempo te pueden tener detenido?” “¿Y si no hay dinero para un abogado?”

Oakland y otras ciudades de California intentan ofrecer respuestas. En las ciudades santuario, la Policía local no colabora con los agentes federales de inmigración. Las escuelas no requieren prueba de estatus migratorio para registrarse. En California del Norte, varias organizaciones han creado 13 equipos de respuesta rápida, donde voluntarios verifican la presencia de ICE en las calles y proporcionan asistencia legal a los detenidos. Cristina les facilita el número. “Tengo que poner este número en el refrigerador”, dice una madre para sí misma.

Al final del taller, Cristina pregunta: “¿Cuántas personas nacieron fuera de EEUU?”. Todos levantan la mano, menos una madre que responde: “¿Y por qué te voy a dar esa información?”. Cristina la mira y le sonríe, es la única que no ha caído en su trampa. “¿Cuántos son de México?”, insiste. Las madres se miran y nadie levanta la mano. Un padre dice: “Yo soy de América, ¿puedo decir eso?”. Otra madre añade: “Yo, ciudadana del mundo”. Estallan a carcajadas. “Si los agentes de inmigración no saben de dónde somos, no me pueden deportar”, concluye Cristina.

Ahora se imaginan que están en la calle. Llega ICE y pregunta por Cristina. “¿Qué harían?”. Todas se quedan calladas. Cristina, con tono más agresivo imitando a un policía, insiste: “Traigo una orden de arresto contra Cristina, ¿quién es?”.

Una madre contesta: “Cristina somos todas”. Algunas ríen, pero la activista les recuerda que no pueden mentir. Le muestran la tarjeta roja. Cristina está satisfecha.

En esta escuela de Bruselas, son ellas las que tratan de despejar dudas, darse apoyo y tejer estrategias juntas. A la preocupación por la radicalización de jóvenes musulmanes en Bélgica, se suma un miedo: ¿y si pasa en mi familia? Por eso, un grupo de madres ha decidido pasar a la acción, movidas por la idea de ser “un bastión” contra los reclutadores del autodenominado Estado Islámico (ISIS).

Esta inquietud motivó a María Flores a acudir a la Escuela de Madres del Centro Social de Saint-Antoine en la capital belga. Hija de emigrantes españoles y nacida en la capital belga, Flores se convirtió al Islam a los 17 años.

Hoy es profesora de francés y de bordado y tiene tres hijas de 16, 18 y 20 años. “Son musulmanas, pero de la religión se preocupan poco de momento, una reza y las otras no”, comenta. En su casa se habla mucho, pero María confiesa que, al ver a chicas musulmanas irse a Siria en las noticias, le entra miedo. “Todos los hijos tienen su jardín secreto”, dice.

La Escuela de Madres es un espacio de aprendizaje entre madres que quieren prevenir que sus hijos e hijas sean radicalizados por redes extremistas. Este proyecto nace del encuentro de la directora del centro, Tamimount Essaidi, conSaliha Ben Ali, cuyo hijo de 19 años murió en Siria en diciembre de 2013 tras ser radicalizado.

“Comunicarse en familia es vital para la prevención”

Essaidi ha tratado con varias madres de jóvenes de combatientes extranjeros y en todas ellas ha encontrado la incomprensión de lo ocurrido. “No vi nada, mi hijo dejó de hablarme, empezó a cambiar”, le dicen. “La comunicación en la familia es vital para prevenir la radicalización”, sostiene la directora.

Un total de 50 madres han asistido a las dos ediciones de esta peculiar escuela. Flores la describe como “un espacio íntimo, libre de juicios”. Saliha Ben Ali y Malika Maalmi, cuyo hijo todavía está en Siria, acudieron como “madres testimonio” a los talleres. “Nos dejaron claro que ellas venían del mismo entorno social que nosotras, no había diferencia entre ellas y nosotras”, puntualiza Flores.

Una vez establecieron un espacio de confianza, las madres compartieron sus inquietudes. Una de ellas contó que había descubierto a su hijo de 15 años hablando por Facebook con un amigo que “se había ido a Siria a hacer la yihad”, según le dijo. La mujer empezó a gritarle y se puso muy nerviosa.

“Cuando ves cómo funciona el mecanismo de adoctrinamiento yihadista, esa conversación por Facebook no es anodina, es peligrosa”, alerta Essaidi. Le explicaron que tenía que cambiar su manera de comunicar con su hijo. Así, esta madre empezó a interesarse por el amigo de su hijo, preguntándole por él. Dos semanas después, su hijo se dio cuenta de que el contacto era peligroso y cerró su cuenta de Facebook.

“La Escuela de Madres es pertinente en ese momento, trabajamos en la prevención”, recalca Essaidi, quien lamenta que “hoy en día los poderes van a financiar antes un proyecto que calme a la opinión pública y acapare portadas”. “Nosotras que trabajamos en el día a día, a largo plazo, no somos un proyecto seductor”, sentencia.

Un instituto toma las riendas contra la radicalización

A.H., estudiante de 15 años del instituto Koninklijk Atheneum de la ciudad de Amberes, decidió viajar a Siria para unirse a las filas del ISIS. Un miércoles por la mañana asistió a clase, después fue con su padre a comprarse un suéter y unos vaqueros, y posteriormente fueron al peluquero. A las tres de la tarde, cuando su padre se despertó de la siesta, A.H. no estaba en casa. Al no regresar al cabo de cuatro horas, su padre acudió a la policía. Le dijeron que no podían buscar a un adolescente que llevaba una tarde fuera. Esa noche no apareció.

Karin Heremans nunca olvidará “ese jueves”. Es la directora del centro, que ha puesto en marcha un proyecto basado en la expresión a través del arte para luchar contra la radicalización de los menores. Ese jueves, cuando llegó al colegio a las ocho de la mañana, se encontró a la alterada familia de A.H. Llamó a la policía y fue a hablar con sus compañeros de clase.

“Me dijeron que había comprado un billete de tren a Dusseldorf, desde donde cogería una avión hacia Ankara”, cuenta. La familia del joven, algunos compañeros y la directora pasaron el día en el despacho de esta esperando noticias. A las cinco de la tarde, Heremans recibió un mensaje: “Lo tenemos”. La Policía Federal Belga, en cooperación con la Interpol, había detenido a A.H. en Ankara.

Era 2014 y A.H. se convertía así en el quinto estudiante de este colegio público en intentar combatir en territorio sirio. Tres de ellos lograron entrar en Siria, los tres murieron. K.B., de 15 años, inició este trágico goteo en 2012.

El Koninklijk Atheneum alberga a estudiantes de más de 60 nacionalidades. Es un imponente edificio renacentista en el corazón de Amberes, la ciudad belga con más combatientes extranjeros. En 2009, el grupo terrorista Sharia4Belgium estableció su sede en un lavadero de coches situado en Drambruggestraat, una calle paralela al colegio. “En aquel momento no sabíamos que estaban ahí, pero veíamos la manipulación en los alumnos y como les captaban al salir de clase”, relata la directora.

El arte como vacuna contra el extremismo

La directora explica que los reclutadores se dirigen a quinceañeros que están en busca de su identidad: “Les dicen que sus padres, amigos y profesores no son buenos musulmanes, paulatinamente van aislándoles socialmente hasta que lo único que les define es la religión”. En una reunión de padres y madres, la directora alertó del peligro y recomendó que vigilaran a sus hijos. “Somos de buena familia, eso no nos pasará a nosotros”, dijeron algunos, según recuerda.

Para combatir esta lacra, el centro decidió abrir un diálogo sobre la identidad a través del arte. Así nació el proyecto Athena Syntax. En su séptima edición han organizado un audio paseo. Las voces de los alumnos discurren por los pasillos del centro explicando sus sueños para el futuro, hablan de identidad, vida, muerte y radicalización.

Destacan varios cuadros pintados por los amigos de K.B. “Su mejor amigo, Hamza Gadi, que hoy tiene 19 años, forma parte de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RAN)”, cuenta Heremans.

Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea puesta en marcha en 2011. “Dentro del espacio y la libertad que nos ofrece el arte, somos capaces de discutir temas difíciles y delicados. El arte tiene una función canalizadora. Todos los proyectos están concebidos para transmitir un mensaje positivo. Esto no significa que no se puedan abordar temas dolorosos”, explican los organizadores.

“Traemos artistas profesionales a la escuela para trabajar con nuestros estudiantes, a quienes se les da espacio para experimentar en la expresión creativa a través de sus obras de arte. Un espacio libre en el que pueden canalizar cualquier pregunta, emoción, frustración o miedo”, recalcan en la web del proyecto.

Khoshnaw Nameq observa ensimismado a Kevin, su hijo de siete meses, a través de la pantalla del ordenador. “Aquí está intentando hablar, pero nadie entiende lo que dice”, afirma con una sonrisa este joven padre mientras el pequeño balbucea de forma ininteligible. Repite el vídeo y, a continuación, se lamenta: “Es mi hijo, pero en cierta manera no lo es porque no puedo estar con él, cada madre o padre conoce todos los detalles y cambios de la vida de su hijo…yo no”.

Khoshnaw vive en Dinamarca desde hace siete años. En 2015 se casó con su novia danesa, Christina, y el pasado 1 de abril se convirtieron en padres de Kevin. Pero Khoshnaw está anclado a una orden de expulsión a su Irak natal, del que huyó en 2010 tras recibir amenazas de muerte.

Las autoridades danesas rechazaron su petición de asilo en 2012, pero no pueden forzar su expulsión ya que Irak solo acepta la devolución de ciudadanos que vuelvan voluntariamente. Esto situó a Khoshnaw en el centro “abierto” de salida Kærshovedgård: el limbo de los indeportables.

Kærshovedgård se halla en mitad de campos de maíz y bosques en Jutland, al noroeste de Dinamarca, aislado de cualquier núcleo urbano y sin acceso a transporte público. 350 kilómetros separan a Khoshnaw de su pareja y de su hijo, que viven en el norte de Copenhague. “Tengo que coger la bici, hacer ocho kilómetros hasta la estación y coger el tren que tarda cinco horas hasta Copenhague”, relata. Eso cuando los Servicios Daneses de Inmigración le autorizan.

“He vivido en centros de deportación los últimos tres años, estoy esperando a que algo ocurra”, cuenta en una entrevista con eldiario.es. Se muestra contento porque el siguiente fin de semana estará con su familia. Hace 17 días que no ve a su hijo. Hace siete años que no ve a su padre.

“Mañana saldrás de Irak”

Khoshnaw es kurdo iraquí. Tras la caída de Sadam Hussein en 2003, su padre, que pertenecía a los peshmerga (ejército kurdo), fue nombrado por EEUU jefe de un grupo de operaciones antiterroristas. En 2008, el parlamento iraquí amnistió a miles de presos, muchos de ellos “insurgentes”. La familia de Khoshnaw, dice, se convirtió automáticamente en objetivo de grupos terroristas.

En diciembre de ese año atacaron su vivienda, Khoshnaw tenía 15 años. En 2010, su padre fue ametrallado por un grupo armado mientras conducía de camino a casa. Sobrevivió gracias a que un convoy de peshmergas se cruzó en su camino. “Recibió un tiro en la pierna y se rompió el brazo, pero tuvo suerte”, cuenta Khoshnaw. Esa noche fue con su madre al hospital y su padre le dijo escuetamente: “Mañana saldrás de Irak”.

A la mañana siguiente, relata, un amigo de la familia le llevó en coche hasta la frontera turca. Una vez en Turquía, Khoshnaw llamó a su padre, quien le leyó una carta que, según indica, le envió un grupo terrorista: “Ya que no podemos matarte a ti, vamos a ir a por tu hijo Khoshnaw, sabemos que lo estás intentando sacar de Irak, le encontraremos y le mataremos”. Su padre le dijo: “Tengo un plan, está todo pagado, tú sólo sigue las órdenes”. No le desveló cuál era su destino. “A mi padre le gusta dar órdenes, es muy militar”, comenta con mueca melancólica.

El rechazo de Dinamarca

Siguiendo el plan de su padre, Khoshnaw cruzó Turquía, Grecia, Italia y Alemania hasta llegar a Dinamarca. En Copenhague, un control policial truncó los planes de su padre, que había previsto enviarlo a Finlandia. “Cuando salí del bus un policía me preguntó por mi pasaporte y le dije que no tenía ningún documento”, recuerda.

La policía danesa le envió al centro de recepción de Sandholm. Le tomaron las huellas y solicitó asilo en Dinamarca. Como tenía 17 años, Khoshnaw fue enviado a un centro de menores. Logró escaparse y llegar ilegalmente a Finlandia, pero le expulsaron a Dinamarca en julio del 2011. Durante un año y medio vivió en una casa proporcionada por el Gobierno, a la espera de la entrevista con los servicios de inmigración.

En el 2012 rechazaron su petición de asilo. Recurrió la decisión sin éxito. “Me dijeron que creían mi historia, pero que pensaban que podía ir al norte de Irak y vivir allí sin problema”, recalca indignado. “Si fuera un sitio seguro para mí, mi padre, al 100%, no me habría enviado a Europa, sino a Kurdistán, porque así podríamos estar más cerca y visitarme”, se lamenta.

Según los Servicios Daneses de Inmigración, en el año 2017 solo el 8% de iraquíes han obtenido asilo. “La actual situación de seguridad en Irak no es motivo suficiente para conceder asilo, solo motivos personales”, alegan.

El limbo de los “centros abiertos de salida”

Más 5.000 solicitantes residen en los 32 centros de asilo repartidos por territorio danés. Algunos de ellos están a la espera de resolución y otros han sido rechazados, pero están esperando una respuesta a su recurso. Cuando la solicitud de asilo es rechazada en firme, como ocurre actualmente en el caso de 1.000 personas, son enviados durante a los centros de detención de Ellebaek y Vridsløselille a la espera de su deportación.

Si el retorno es “improbable”, por ejemplo, si el país de origen no acepta expulsiones forzadas, como Irak, la persona no es detenida pero sí enviada a un centro de salida hasta que acepte voluntariamente su expulsión. Indefinidamente. Ese es el caso de Khoshnaw.

En 2012, mientras recurría la sentencia de denegación le enviaron a un centro de acogida en Avnstrup. Ese año conoció a Christina, hoy su esposa. En 2015 le enviaron al centro de salida de Sjælsmark, en el norte de Copenhague, donde ella vivía.

Tras tres años de noviazgo se casaron y a los meses estaban esperando a su primer hijo. En octubre de 2016, cuando Christina estaba embarazada de tres meses, recibieron una carta de los servicios de inmigración comunicándoles que trasladaban al joven a Kaershovegard, el otro centro de salida del país, a 350 kilómetros. “Les intenté explicar que esperaba un hijo en unos meses, pero me dijeron que las reglas eran las reglas y me trasladaron aquí”, relata.

Los dos centros de salida de Dinamarca, Sjælsmark y Karshovedgard, fueron inaugurados en 2015 y 2016 respectivamente y están gestionados por los servicios penitenciarios. Actualmente hay 134 internos en el primero y 199 en el segundo.

Según fuentes del Ministerio de Inmigración, el propósito de estos centros de salida es “mandar una clara señal a los migrantes de que no tienen futuro en Dinamarca y motivarles para que cooperen con su expulsión”. Khoshnaw, que lleva un año en Kærshovedgård, ha captado la señal: “Este centro está pensado para deprimirnos y que nos cansemos de vivir aquí; no puedes hacer nada, no te dan dinero, es como una cárcel, solo que se llama centro de deportación”.

La vida suspendida en Kærshovedgård

Kærshovedgård está rodeado por una verja y a la entrada hay un control policial, pero se define como “abierto” porque los internos pueden salir durante el día con la condición de que vuelvan a dormir allí.

Khoshnaw se queja de que a partir de las cinco de la tarde no se aceptan invitados. “Christina no puede venir con Kevin aquí, así que lo que hacemos es que yo les visito”. Para dormir una noche fuera del centro, Khoshnaw tiene que pedir permiso con cinco días de antelación.

Durante el embarazo, en diciembre del año pasado, Khoshnaw pidió un permiso abierto para poder salir del centro en cualquier momento. Se lo denegaron. “Yo les expliqué que no sabía en qué fecha exacta iba a dar a luz mi mujer, pero nada”. Así que cogió prestado el coche de su esposa y el 1 de abril recibió la llamada desde el hospital. “Cuando llegué, aún tardó otras 10 horas en nacer, tuve mucha suerte, estuve cinco días con ellos, sin permiso, y luego volví al centro”.

“Estar casado y tener un hijo aquí no es garantía para quedarse en Dinamarca, para solicitar una reunificación familiar las autoridades danesas exigen que la pidas desde tu país de origen”, recalca Eva Singer, Jefa de Asilo y Repatriación del Consejo Danés para los Refugiados, una organización privada humanitaria.

Huelga de hambre contra las condiciones del centro

Días después la conversación con Khoshnaw, 35 de sus compañeros en Kærshovedgård comenzaron una huelga de hambre. Exigen que se reabra su caso de asilo y mejoras en las condiciones del centro.

Días después de la conversación con Khoshnaw, el 10 de Octubre, 35 de sus compañeros en Kærshovedgård comienzan una huelga de hambre que durará 17 días. Exigen que reabran su caso de asilo y mejoras en las condiciones del centro.

“Están durmiendo en tiendas de campaña a la intemperie como protesta, así que les llevé ropa y a pesar de que estaban exhaustos y enfermos, nos recibieron calurosamente”, señala Emil Bulöw, activista danés en contra de estos centros que visitó a los refugiados en su duodécimo día de huelga para mostrarles su apoyo.

“Es muy doloroso verles así, el sangrado por la nariz es común y la cosa empeorará, pero es importante que entendamos que, para ellos, estar en el centro es una muerte lenta y esto es sobre lo único que tienen poder, no pueden decidir dónde ir, dónde vivir, pero sí pueden decidir si quieren comer o no”, defiende su compañera Anemone Samy.

“La vida en el centro es tan horrible que no tienen nada que perder”, sentencia Anemone, quien califica de “gran vergüenza” la existencia de estos centros en Dinamarca y considera que “no siguen” el espíritu las convenciones internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, el explícito rechazo a estos centros es limitado. “Si una persona ha sido rechazada y no hay posibilidad de que se quede legalmente en Dinamarca es aceptable que el Estado y la policía la expulsen a su país y medidas como la detención son parte del proceso”, opina el Consejo Danés para los Refugiados. Incluso el colectivo al que pertenecen Emil y Anemone, Verlingboerne, que cuenta con 200.000 simpatizantes, rechaza posicionarse políticamente y se limita a ayudar a los refugiados en su vida diaria, por ejemplo, proporcionándoles ropa.

El pastel de las 50 medidas antimigración

En 2015, Dinamarca recibió 21.316 refugiados. En junio de ese año, la coalición de centro derecha de Lokke Rasmussen accedió al Gobierno. Desde entonces, han aplicado 64 “medidas restrictivas” en materia de migraciones. Para celebrar las primeras 50 medidas, la ministra de Inmigración e Integración, Inger Støjberg, publicó una foto sonriente con un pastel con un 50 dibujado en chocolate.

Una de esas medidas fue la de requisar los objetos personales de los refugiados para costear su alojamiento. Para Eva Singer, la mayor violación de esa reforma fue el aumento de uno a tres años de espera para la reunificación familiar. “La consecuencia es que las familias recurren a traficantes y vienen de forma ilegal”, explica. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, alertó a la ministra Stojberg sobre la incompatibilidad de esa enmienda con el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

De enero a agosto de 2017, las solicitudes de asilo han caído hasta las 2.254 y el Ejecutivo danés avisa: “Aunque el número de solicitantes haya descendido, el Gobierno continuará con su firme, consistente y realista política migratoria”.

“Me quedo, no me rindo”

¿Retenidos, hasta cuándo? La respuesta de Eva Singer es categórica: “Pueden estar en los centros de salida para siempre, no hay limitación”. Puntualiza que la ley establece una provisión para acceder a un permiso de residencia temporal en el caso de que la persona haya estado más de 18 meses en un centro abierto y la policía considere que es imposible expulsarlo. Sin embargo, esta medida no se ha usado desde el 2015.

La directiva europea del retorno establece un período máximo de detención de seis meses, pero el Ejecutivo danés no considera a estas personas “detenidas” ya que “son libres de abandonar el centro de salida cuando quieran mientras cumplan con sus obligaciones de presentarse a la policía tres veces por semana”. Y añaden que “son libres de dejar Dinamarca cuando quieran”.

Preguntados por los solicitantes de asilo que permanecen años en estos centros, fuentes gubernamentales aducen que “en principio no deberían estar en los centros de salida por muchos años, pero cuando lo hacen es porque rechazan cooperar con las autoridades”.

Desde el Consejo Danés para los Refugiados, Singer critica que la policía “pide a los refugiados cosas imposibles, como que proporcionen un carné de identidad de su país que no pueden conseguir, pero la Policía no les cree”. Hay ciertos países que directamente ni contestan los requerimientos de las autoridades danesas. “Incluso si un refugiado lleva varios años encerrado, la Policía danesa siempre piensa que se pueda hacer algo para llevar a cabo la expulsión, nunca se rinden”, concluye.

Pero la determinación de las autoridades se topa con la determinación de quien siente Dinamarca como su hogar. Como Khoshnaw. Lleva años en el país. “¿Qué hago con mi familia? No quiero volver a Irak, siento que Dinamarca es mi hogar, celebro la Navidad, hago todas las fiestas. Intenté estudiar Electricidad en la escuela técnica, pero no me dieron permiso... Yo me siento bienvenido en el país, es simplemente el Gobierno el que no me da la bienvenida”, se lamenta.

Cada mes, el joven acude a una entrevista con la Policía. “Me dicen: 'Si no vuelves a Irak, te vamos a meter en la cárcel'. Yo, cada vez, les contesto: 'No importa lo que hagáis o cuánto me presionéis. Me quedo, no me rindo”.

La llamada a la oración y los cláxones de los taxistas componen la banda sonora de El Cairo. Cinco años después de la fallida revolución egipcia, se respira una aparente normalidad. Pero cada día, entre tres y cuatro personas sufren una desaparición forzosa a manos de las fuerzas de seguridad. La mayoría de estos ciudadanos reaparece días o semanas después con signos de tortura en prisiones como Damanhur, Scorpion o Wadi El Natrún.

A cinco minutos en coche de la plaza Tahrir se encuentra el Centro Nadim para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, la única organización en Egipto que ofrece tratamiento psicológico a las víctimas de tortura. Además de intentar recomponer las vidas destrozadas en las cárceles egipcias, esta ONG se dedica a poner cifras a la violenta represión del general Abdel Fatah al-Sisi. Entre enero y mayo de este año han documentado 630 desapariciones.

La directora del archivo, Dai Rahmy, alerta del incremento de estos métodos violentos desde el golpe militar contra el islamista Mohamed Morsi en 2013. “Trabajamos desde 1993, hemos atendido a más de 5.000 pacientes, pero nunca antes habíamos visto estos números de detenidos, desaparecidos y torturados”.

Su informe anual sobre la tortura ha pasado a ser mensual. En 2015 contabilizaron 640 casos de tortura, pero Rahmy advierte: “Estos son solo los casos que conocemos por la prensa y datos oficiales. No contamos a nuestros pacientes porque tienen miedo a denunciar. Esto es solo la punta del iceberg, ¿puedes imaginártelo?”.

La investigadora recalca el uso continuado de la tortura. “No se trata de incidentes aislados violentos, la policía tortura sistemáticamente”, señala. También puntualiza que las figuras políticas importantes no la sufren en primera persona. Las víctimas suelen ser los activistas de base o presos comunes.

“Tortura, lengua oficial de la Policía”

'Tortura, lengua oficial de la Policía'. Es el título de un informe del Centro Nadim en el que los investigadores recopilaron todos los casos de tortura aparecidos en prensa en los primeros 100 días de gobierno de Al Sisi, es decir, del 8 de junio al 15 de septiembre del 2014. Una semana basta para ilustrar el grado de violencia.

El 11 de junio Aisha Fuad, encerrada en la cárcel Qanater. Denuncia que los policías la han golpeado a ella y a sus compañeras de celda con varas de acero. Dos de ellas presentan una fractura en el brazo, una de ellas sangra del útero y todas tienen contusiones.

Dos días después, Amr Shaaben, prisionero en Kom El Dekka sufre fractura de costillas y dificultades respiratorias como resultado de la tortura. El 15 de junio, un chico muere en la comisaría de Matareya. En esa instalación policial se han visto cuerpos con las uñas arrancadas, ojos extraídos de sus cuencas y lenguas mutiladas. El 17 de junio un titular reza ‘Cuatro ciudadanos mueren en comisarías en un día’. En 2015, 474 personas fallecieron a causa de la brutalidad policial, 137 de ellas perecieron dentro de prisiones y comisarías de policía.

“Estuvieron dos horas y media electrocutándome”

Cae la noche en la mayor metrópoli de África. En el barrio de Nasr City, Ahmed (nombre falso para esconder su identidad) tiene muchas ganas de hablar, recuerda fechas, lugares y nombres de sus torturadores.

Hace tres años, Ahmed era un estudiante de 20 años sin inquietudes políticas que se estudiaba en la Universidad de Al-Ahzar. Se vio envuelto en una manifestación contra el Ministerio de Interior. Las fuerzas especiales le detuvieron y ahí empezó su calvario por cuatro cárceles egipcias durante dos años y medio. “Tras mi detención estuve cuatro meses en una comisaría incomunicado y sin ningún tipo de acusación”. Después le enviaron a una prisión al norte del país. “Al llegar, los policías nos obligaron a desnudarnos y a pasar entre dos filas de efectivos policiales que nos pegaron con varas de madera y porras eléctricas” recuerda Ahmed.

El día que dictaron sentencia contra él, los policías rodearon a varios presos y les golpearon con la culata de la pistola. Ahmed preguntó por qué les golpeaban y lo trasladaron esposado a un calabozo donde le propinaron una paliza que se saldó con un corte profundo en su espalda. “La herida no paraba de sangrar. Me llevaron a mi celda y cada vez que me desmayaba mis compañeros llamaban a los oficiales, al final uno se acercó y dijo: ‘¿Va a morir? Uno menos’ ”. La herida se infectó y al día siguiente el médico se negó a suturarle. No podía emitir un informe de herida grave por orden de la dirección de la prisión.

En una ocasión discutió con un agente que quería quitarle la chaqueta y le llevaron a la celda de tortura. “Era una celda oscura, no había ventilación. Me esposaron las manos delante y me colgaron del techo, luego un agente secreto sacó una navaja y me rasgó la ropa”. Recuerda que le tiraron agua fría por todo el cuerpo y vio como traían un aparato de electricidad. “Me pusieron un cable en la mano y otro en el pie”. Había policías con porras eléctricas. El oficial le dijo: “Esta noche vamos a tener una fiesta especial, no vamos a dormir”.

“Estuvieron dos horas y media electrocutándome. El oficial les iba diciendo que echaran más agua”. Cuando Ahmed ya no podía ni contestar ni mover un músculo, el agente le preguntó: “¿Sabes por qué echamos agua? Para que la electricidad penetre en todo tu cuerpo”.

Ahmed está ahora en libertad y ha vuelto a la universidad, pero tiene otro juicio pendiente. Le acusan de 13 cargos, “no me los sé todos de memoria, me acusan de destrozar un edificio público por ejemplo... no sé, es de lo que les acusan a todos”. Aunque reconoce que al salir de la cárcel sólo quería vengarse, ahora dice querer olvidar y huir de Egipto.

Las terapeutas que reconstruyen vidas

Recomponer una vida tras sufrir tortura es la labor de las doctoras Asma Mustafa y Raghda Sharid del Centro Nadim. Su filosofía se basa en el “empoderamiento a través de terapias client center o exposición narrativa”. También medican si es necesario.

Las doctoras se suelen encontrar a pacientes que sufren pérdida de identidad, desinterés o una concentración muy pobre que les impide pensar claramente. “Es muy común que revivan lo que pasó, estando dormidos o despiertos. Sienten tanto que quieren evadirse y, para ello, buscan sustancias con las que deshacerse de recuerdos intrusivos, pero eso no ayuda”, explica la facultativa Moustafa.

Algunos sufren episodios de rabia cuando sus seres queridos les empujan a volver a la realidad. Según las doctoras, el primer paso es normalizar sus sentimientos. Sharid destaca la importancia de crear un espacio seguro en la terapia: “La tortura les hace perder todo, intentamos hacerles entender que ya no están allí y pueden controlar su vida, empezando por la sesión”.

Pero la realidad más allá de las oficinas del Centro Nadim es más cruda, ya que los activistas políticos viven bajo la amenaza de volver a ser objeto de detención y tortura. Amnistía Internacional cifra en 60.000 los detenidos políticos desde el golpe de Estado, la mayoría pertenecientes a los Hermanos Musulmanes, pero también hay casos de activistas laicos. La doctora Sharid lamenta que, en ocasiones, ven un progreso en un paciente muy resiliente, pero “durante una o dos semanas no sabes nada de ellos, y luego ves en las noticias que les han arrestado. Así que es como si no hubieras hecho nada”.

“No les podemos decir que no les va a pasar nada, así que intentamos hacer que sean conscientes del miedo y se calmen con técnicas de relajación”, explica Asma. “He visto a gente terriblemente deprimida, que no podía dormir ni trabajar, y después de algunas sesiones son capaces de comenzar a reconstruir relaciones y reconectar con su mundo”, asegura.

Ofensiva del Gobierno contra el Centro Nadim

El Gobierno de Sisi intentó en sendas ocasiones, el 17 de febrero y el 5 de abril, clausurar el Centro Nadim sin éxito, ya que los trabajadores se negaron a abandonar las oficinas. El acoso a los defensores de derechos humanos se traduce también en prohibiciones de viajar, congelación de activos, interrogatorios e incluso prisión. El abogado del Centro Nadim, Haitham Mohamadein, fue detenido en abril y permaneció en la prisión de Giza hasta octubre sin juicio ni acusación. Cada 45 días le llevaban al juzgado y ampliaban el período de detención preventiva.

Este hostigamiento se enmarca dentro del llamado 'caso 173', por el que Nadim y otras 11 asociaciones han sido acusadas de “recibir fondos del extranjero para dañar el interés nacional y afectar la seguridad y el orden público”, según el artículo 78 del Código Penal. “Nos acusan de espías”, ironiza la directora del archivo de Nadim.

“Es nuestra manera de decir ‘no’ a esta dictadura”

Tras 23 años asistiendo a las víctimas de tortura, las trabajadoras de Nadim enumeran muchas razones para resistir. “Lo que nos hace levantarnos por las mañanas es saber que los pacientes nos esperan, les prometimos que íbamos a continuar y continuamos”, asevera la doctora Asma Moustafa.

Su compañera Dai Rahmy es consciente de que cualquier día la policía puede presentarse en las oficinas y cerrar Nadim, o llevarles a la cárcel sin ninguna acusación. “Es una atmósfera difícil, pero lo sentimos como un deber, no es una elección, es nuestra manera de decir ‘no’ a este gobierno, decir ‘no’ a esta dictadura”, sentencia.

Ante la debacle de violencia extrema, la salud mental queda relegada a un segundo plano. Pero las trabajadoras de Nadim son conscientes de la importancia de su labor, ya que son las únicas que responden a la pregunta “¿cómo vivir tras ser torturado?”.