El fenómeno de Nayib Bukele que reivindica una estrategia militarizada y de suspensión de derechos para combatir a las maras salvadoreñas se empieza a presentar, por increíble que parezca, en un modelo sublimado por las redes sociales, pero también por políticos que encuentran en su autoritarismo una tentadora respuesta a los problemas de inseguridad que padecen los países latinoamericanos y en una baza electoral irresistible. Bukele es cortoplacismo y expresión del deterioro de los regímenes democráticos, de la superficialidad y de la estrecha memoria histórica de la que adolecemos.  

En las últimas semanas, las noticias han girado alrededor de la apertura de una cárcel, según los comunicados presidenciales, para 40 mil personas. Una locura. Sobre el centro penal se sabe poco, casi solo la propaganda publicada por el Gobierno en sus videos y canales oficiales en los que policías encapuchados son parte de un indigerible espectáculo de control y sometimiento sobre presuntos mareros. Fue construido en un tiempo récord, lo cual, en cualquier país más o menos funcional, generaría sospechas tanto por el opaco manejo de fondos públicos, puesto que se aprobó un presupuesto del que no se han rendido cuentas, como por la propia gestión que una obra de semejante envergadura requeriría. 

Todos los expertos coinciden en que las mega cárceles son, per se, inmanejables; masifican a la población penitenciaria, incentivan el autogobierno de los grupos criminales y la pérdida de control por parte del Estado lo que se traduce, tarde o temprano, en más violencia, como lo acredita la escalofriante experiencia ecuatoriana. Ello es especialmente evidente en países que no cuentan ni siquiera con los recursos para la contratación del personal. En un lugar como El Salvador, cuyas tasas de prisionalización y hacinamiento son de las más altas del continente, según el World Prison Brief, resulta difícil pensar, si ya el Estado ha sido históricamente incapaz de mantener las prisiones con algún nivel de cumplimiento de los estándares internaciones, que esto no vaya a empeorar. De hecho, a día de hoy nada se ha explicado respecto a qué procesos se han seguido para contratar los equipos de seguridad o los del funcionariado que atenderán a los presos. O si los habrá, claro, porque la retórica del Gobierno, en el fondo, legitima la construcción de campos de concentración en toda regla. Por tanto, cualquier consideración ética o que respete los instrumentos constitucionales y convencionales sobre la sanción penal es prescindible.  

Viralizado el show de la inauguración carcelaria, he escuchado a algunos cargos políticos de Argentina, Colombia y Costa Rica —aunque seguro habrá más— calificando de modélicas las políticas autoritarias de Bukele. Es difícil entender, sino es porque se explique en auténticas pulsiones antidemocráticas que aún laten en nuestro entorno o en una ingenua y profunda ignorancia, que haya quienes utilicen el caso salvadoreño —cuyas particularidades en cuanto a las bandas no son extrapolables— para proponerlo como un ejemplo mínimamente imitable. En términos generales, El Salvador es un Estado con problemas heredados de un conflicto civil y de una estructura social tan desigual que hoy puntúa en los peores lugares en los índices institucionales, como el del World Justice Project que lo situó, en el estudio sobre Estado de Derecho, publicado en enero de 2023, en el puesto 103 de 140.

Bukele ha desarmado a las bandas de maras, eso es así, pero lo ha hecho por medio de un régimen de excepción, con centenares de policías en las calles haciendo aprehensiones a mansalva, que en el camino está dejando decenas de víctimas colaterales todas, por supuesto, provenientes de barrios pobres. La documentación que organizaciones o medios independientes han hecho, como Human Rigths Watch o El Faro, son espeluznantes: niños recluidos, detenciones sin orden judicial, reprocesamientos de personas que ya habían sido absueltas, muertes en cárceles, complicidad de jueces y fiscales, etc. 

La superficialidad y el simplismo pueden ser muy seductores y juegan a favor de la fauna política a la que ha demostrado pertenecer Bukele. Poco importa en qué derivará la desarticulación momentánea de las maras, ni el resultado en el largo plazo que ese encarcelamiento producirá. Mucho menos las flagrantes violaciones a los derechos humanos, no los de los presuntos integrantes de las maras -que también- sino los de los inocentes detenidos o desplazados sin indicios ni pruebas.

Lo que importa es la sensación de seguridad de la que presume el señor Bukele que aunque insostenible es capaz de generar todos los réditos electorales. Todo encaja en su anuncio de optar por la reelección pese a que la Constitución la prohíbe. En una sociedad anclada en el miedo, como recuerda Steven Forti, en su extraordinario libro “Extrema Derecha 2.0”, la construcción de enemigos —la delincuencia, en nuestros países, como una categoría genérica y difusa— nutre a movimientos como el del presidente salvadoreño que parten de una falsa dicotomía. Se nos divide entre buenos y malos. Malos son, aparte de los delincuentes, todos aquellos que piensan que los límites y la prevalencia del Estado de Derecho son una condición necesaria para la convivencia civilizada. Decir esto es una obviedad, pero debe hacerse: encender las alarmas por el giro autoritario del bukelismo no supone defender la impunidad de las maras. Lo que pasa es que el fuego no se apaga con gasolina.

Los medios tienen también una responsabilidad. Si el enfoque, quizás porque se trata de un país con poco peso geopolítico, se queda en lo anecdótico se estará blanqueando la erosión de los valores democráticos que en América Latina son aún endebles. Dejar que las noticias graviten en torno a las pasarelas de reclusos desfilando como bestias y sometidos al poder de la policía es un síntoma bastante palmario de  deshumanización. Eludir el abordaje de las graves denuncias contra Bukele por atacar a la prensa, debilitar la independencia de los jueces, vulnerar el debido proceso y hacer un manejo opaco y nepotista de las finanzas es caldo de cultivo para más mesianismos populistas y punitivistas. 

Los muertos en Centroamérica durante la década de los 80 llegaron a 300 mil personas, la mayoría víctimas del propio Estado. Aquel pasado está, para nuestra desgracia, cada vez más presente. Lo hemos visto en Nicaragua y lo estamos viendo en El Salvador. Hasta hace muy poco había consensos que parecían zanjados, ahora no. Las olas democratizadoras de América Latina fueron un triunfo, pero no podemos dejar de repetirlo: nada puede darse por descontado. Bukele y las simpatías que genera son prueba de ello.

Las imágenes del presidente salvadoreño, en los últimos días, son francamente demenciales. Frente a la ola de homicidios que ha azotado al pequeño país centroamericano -87 asesinatos en sólo dos días a finales de marzo- la respuesta, más allá de sus habituales exabruptos por redes sociales, ha sido plantear el problema -cuyas causas son de una complejidad enorme, atrapadas en décadas de inseguridad, abandono desigualdad y represión- como una guerra entre el Estado y las pandillas.

Como suelen hacer los autócratas, Bukele se ha buscado un enemigo donde dirigir su inoperancia para llevar tranquilidad a una ciudadanía desgarrada por la violencia y la pobreza: las cárceles. Con unos niveles atroces de sobrepoblación de hasta el 300% y unas tasas de encierro superiores a 550 por cada 100 mil habitantes, los centros penales salvadoreños se ubican entre los más salvajes e ingobernables del planeta. 

Por alguna razón que aún se desconoce, la tregua pactada a escondidas, en 2020, por Bukele con las maras -según había informado la prensa- saltó por los aires hace unas semanas. La solución -de manual- ha sido conseguir -gracias a sus cómodas mayorías legislativas- un régimen de excepción que al tiempo que lo encumbra en su histrionismo debilita aún más al frágil Estado de Derecho de El Salvador.

A las amenazas contra los periodistas, ahora debe sumarse el amedrentamiento a jueces que ponen en cuestión algunas de las medidas tomadas. Según informaba El Faro -uno de los medios más atacados por el presidente- se han aprobado reformas para endurecer penas de prisión contra niños de 12 años, limitar el derecho de defensa y restringir la libertad de información. Queda bien pensar que los cambios promovidos por el bukelismo afectarán a quienes provocan las sangrías. Sin embargo, lo sabemos bien, esta es la forma -porque nunca hay manera de diferenciar en la realidad- de extender el autoritarismo y la vulneración de los derechos fundamentales del conjunto de ciudadanos. Se aplicarán por igual a cualquiera que deba enfrentarse al aparato punitivo.

La construcción de Estados de Derecho fuertes en América Latina, y seguramente con mucha más intensidad en Centroamérica, sigue situada, para desgracia de todos, en el plano de lo aspiracional. Desde el fin de los conflictos armados, nuestros países, incapaces de dar respuesta a las demandas de grandes sectores de la población, no han podido tampoco asegurar reglas básicas que aseguren la división de poderes, los derechos humanos, la libertad de prensa y la rendición de cuentas de los gobernantes. 

Sin embargo, hasta hace poco, la sensación era que, pese a nuestras carencias, los consensos sobre el valor de esos temas estaban dados y fuera de toda duda. A nadie en su sano juicio le habría parecido razonable cargar -menos en público- contra la civilidad del Estado de Derecho ni sobre su rotunda necesidad como vía indispensable para el desarrollo. La gravedad que suponen personajes como Bukele estriba, justamente, en la desvergüenza y el desparpajo que exhiben para espetar, sin contención alguna -ni siquiera para guardar las formas más elementales- sus discursos incendiarios, demagogos y contra el Estado de Derecho. El Estado de Derecho deja de ser una meta permanente y se convierte en el obstáculo que empantana la posibilidad de llegar a una tierra tantas veces prometida.

Las amenazas proferidas, según se promete para desestimular la actuación de los pandilleros, que van desde dejar sin comida a quienes pueblan aquellas de por sí miserables prisiones hasta prohibir que los jueces monitoreen las condiciones de los penales son celebradas por sus seguidores en Twitter que, con Bukele, se solazan en la renuncia a los principios más elementales que prohíben la tortura y los tratamientos crueles y degradantes. Entre medias se oculta que las propuestas presidenciales son las mismas -potenciadas en su parafernalia mediática y en su palmario desprecio a las instituciones- que se aplicaron en los 90 del siglo pasado. Las políticas de mano dura y súper mano dura impulsadas por otros gobiernos fueron un fracaso absoluto. Por eso seguimos aquí. 

Padecemos serias dificultades a nivel global, es probable que los males de los países centroamericanos no conciten las principales preocupaciones del mundo. Pero están ahí y laten con fuerza. La normalización de los delirios autoritarios y del discurso contra el Estado de Derecho no solo agrieta los pocos avances alcanzados sino que tensan todavía más las esperanzas de sociedades que, como cualquiera otra, tienen el legítimo derecho de vivir con decencia y en paz. Convertir al Estado en un Estado Pandillero, a eso se está llegando. Y es brutal.

Estados Unidos es uno de los países con mayor población penal del mundo. Entre 1980 y 2010, el número de reclusos creció un 220%. En 1988, por primera vez desde 1928, el Partido Republicano logró gobernar durante tres periodos seguidos, en buena medida gracias al discurso represivo de Reagan y Bush contra la delincuencia y, sobre todo, el tráfico de drogas.

En la elección del 88, las posiciones progresistas de Michael Dukarkis, como oponerse a la pena de muerte, sirvieron de excusa para que sus adversarios le atribuyeran una presunta debilidad para enfrentar el crimen. Finalmente, fue derrotado. En 1992, el Partido Demócrata cambió la estrategia y se alineó a los planteamientos más conservadores, al menos en los temas de seguridad ciudadana. Bill Clinton fue elegido presidente y a lo largo de sus 8 años se impulsaron políticas de mano dura. Se redujeron beneficios penitenciarios, se acordó la pena perpetua para reincidentes y se disparó la construcción de cárceles privadas.

En octubre de 2015, en el marco de la campaña electoral de su esposa, el expresidente Clinton reconoció que las medidas tomadas durante sus dos periodos de gobierno fueron un error. No redujeron la criminalidad y elevaron escandalosamente el número de personas privadas de libertad, un altísimo porcentaje de ellas compuesta por negros y latinoamericanos. Con todo y los esfuerzos de Barack Obama por reformar el sistema de justicia criminal estadounidense, lo cierto es que a lo largo de 20 años de políticas criminales represivas los resultados pueden reducirse a más desigualdad y más grupos excluidos.

Cierto que Clinton está lejos de haber sido un revolucionario, pero no deja de ser, por decir poco, inquietante que dos partidos políticos, en principio opuestos sobre aspectos medulares de su visión de mundo, lograran encontrarse en aspectos tan delicados como la libertad, el castigo y la generación de formas estructurales que alimentan, más o menos, la exclusión social.

Con la promesa de mejorar los niveles de seguridad, América Latina abrazó las mismas recetas punitivistas, el incremento de las penas, la reducción de beneficios carcelarios o la creación de nuevos delitos han sido regla durante las últimas décadas. En Costa Rica, por ejemplo, en 1994, se aumentó el monto máximo de prisión, que pasó de 25 a 50 años y, en 2009, algunas faltas de carácter patrimonial se convirtieron en delitos.

En Argentina, en 2001, se flexibilizaron los criterios para la imposición de la prisión preventiva y, en 2012, se redujeron los beneficios para ciertos delitos. Recientemente, en Perú se presentó una iniciativa de reforma constitucional para ampliar los plazos de detención provisional. Pero no solo ha pasado en América Latina: en 2015, al hilo de una reforma al Código Penal español, se aprobó la cadena perpetua revisable y se endurecieron algunas sanciones.

Desde luego, las consecuencias habría que matizarlas, España no padece del hacinamiento y la violencia de las prisiones latinoamericanas. Pero el principio es el mismo: la porosidad de los límites del derecho penal y la seducción que supone para las clases políticas la oferta carcelaria como respuesta para atender un abanico de dilemas sociales.

Esta fiebre represiva, al contrario de lo que podría pensarse, ha sido alimentada por facciones políticas de todo el tablero ideológico. Ha habido una enorme precipitación y ha faltado una reflexión más pausada de las implicaciones que tiene el encarcelamiento sobre todo por parte de la izquierda. Dentro de la crisis de la izquierda habría que incluir también sus notables contradicciones respecto al sistema penal.

Hace unas semanas, en Santiago, un profesor universitario –un intelectual progresista con una extensa obra académica– me decía que las cárceles chilenas estaban abarrotadas; que, como en toda la región, se iban convirtiendo en espacios con importantes déficits democráticos. Me sorprendió, sin embargo, que admitiera que le resultaba un tema tan escabroso que prefería pasarle de puntillas; incluso se había negado con rotundidad a visitar alguno de los centros penitenciarios del país.

La cárcel que en su día pudo suponer una seña de evolución, en tanto con ella se renunciaba a otras formas de castigo como la tortura física, el destierro o los trabajos forzados, es una fuente de inequidad social. El engranaje teórico sobre el que los estados modernos justificaron la privación de la libertad, como ser un recurso de solución de conflictos de carácter excepcionalísimo, se estrella contra una pertinaz realidad que no solo contradice el relato normativo sino que, además, desnuda las incoherencias ideológicas para defender, de un lado, un discurso de inclusión y, del otro, renunciar a la crítica o, peor aún, ni siquiera planteársela, a una institución de difícil encaje democrático. Las élites conservadores no tienen por qué hacerlo, no lo van a hacer, de inconsistentes no podría acusárseles.

Frente a la normatividad repetida sin pausa por los teóricos, encontramos que en todas las sociedades, quienes se alejan de los paradigmas hegemónicos, por no disponer de los medios económicos, culturales, simbólicos y afectivos para evitarlo, corren, permanentemente, el riesgo de convertirse en excluidos. El zoom de esta dinámica se concreta cuando las desventajas vehiculan la segregación espacial.

Allí se esconde el verdadero problema, con la propuesta carcelaria se ha perdido de vista que por más que se aprueben leyes penales con el ofrecimiento de contener la violencia, la corrupción o la inseguridad, al final, quienes mayoritariamente pueblan los centros penales son personas que provienen de los sectores más carenciados.

Al ser encerrados pasan de enfrentarse a un Estado abandonador a un Estado represor y, en definitiva, a agudizar su situación de marginalidad por los efectos criminógenos y estigmatizadores del encarcelamiento. Junto a políticas públicas sociales y de prevención que favorezcan la movilidad, el desafío ético inevitable es oponerse al uso indiscriminado de una institución que en la praxis alcanza, sobre todo, a los pobres.

Las agendas progresistas de los grupos políticos, especialmente aquellos socialdemócratas y de la izquierda clásica, deberían abogar por la ampliación y reconocimiento de derechos y por la implementación de programas redistributivos. Esto implica cuestionar, seriamente, los alcances de mecanismos como la prisión y su impacto en la petrificación de sociedades desiguales.

Se ha llegado muy lejos, es momento de cuestionarse con qué aspiraciones se aprueban leyes penales, quiénes acaban siendo los destinatarios del sistema y cuáles son las consecuencias. Es eso o seguir lastrando su credibilidad y vitaminando la desafección y el desencanto. Un reto para sumar a otros y, como otros, también un reto mayúsculo: retratarse en todo aquello que los define como alternativa.

En agosto pasado, la ministra de Justicia de Costa Rica ordenó el cierre de un módulo de la cárcel más grande del país conocido, popularmente, como “Las Tumbas”. Se trataba del Ámbito F del centro La Reforma, situado en la provincia de Alajuela, al noroeste de San José que, por años, funcionó como espacio de Máxima Seguridad. Aunque se construyó una nueva unidad para los internos de mayor peligrosidad con una arquitectura más moderna, en 2005, “Las Tumbas” se siguieron utilizando para ubicar a personas privadas de libertad que, por sus características personales, eran de difícil traslado a otros módulos o a otros centros penales. El caso más dramático que encontramos fue el de Nataly, una mujer transexual para cuyas permanentes agresiones físicas y sexuales, de las que era objeto, en las cárceles a las que era llevada, la solución fue expulsarla casi que de cualquier contacto social, expulsarla como un retorcido pasaje del Medioevo por su identidad sexual. En el Ámbito F, se estaba en aislamiento permanente, celdas de unos 15 m2 cuadrados, oscuras y con apenas ventilación; se podía salir fuera solo una hora cada día.

Le decisión fue saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, los llamados de atención de instancias nacionales e internacionales, como el del Comité contra la Tortura de la ONU, que pedían el cierre de “Las Tumbas” llevaban casi 15 años. Hubo que esperar tres lustros para que una titular de la institución que administra el sistema penitenciario tuviera el arrojo y la voluntad política de poner término a una larga historia de excesos. No fue suficiente ni la jurisprudencia y la unanimidad de los instrumentos jurídicos ni las observaciones de los organismos de derechos humanos sobre los gravísimos efectos que tienen los largos periodos de aislamiento para que las autoridades, salvo la actual ministra de Justicia, dispusieran la clausura de un espacio en franca contradicción con la dignidad de las personas.

Desde luego, uno puede felicitarse porque, al fin, “Las Tumbas” no existen más y puede, sin mezquindades, reconocer la valentía de quien lo ordenó. Sin embargo, persiste un tema de fondo que convierte a los centros penitenciarios de América Latina en nuestra realidad más escondida. La región tiene varias décadas apostando por una institución probadamente ineficaz, a la que mayoritariamente entran quienes provienen de grupos sociales excluidos y marginados. Los motines, las condiciones degradantes o las escasas posibilidades de inserción social en las prisiones actuales son ideas que desfilan sin pausa entre los discursos políticos y académicos. Paradójicamente, se siguen aprobando normas que ofrecen el encierro como la única solución para los más variados y desacordes dilemas sociales. 

En Costa Rica, a partir de la década de los 90 se aumentó la pena máxima de prisión –pasó de 25 a 50 años-, se eliminaron algunos beneficios penitenciarios y se endurecieron los montos para los delitos patrimoniales, aquellos asociados, por lo general, a pobreza y marginalidad. El resultado: la población penitenciaria se triplicó, pero los índices de violencia se mantienen casi inamovibles. Hemos diseñado, por ejemplo, en materia de narcotráfico, leyes rigurosas pensadas para atrapar y sancionar a los líderes de las grandes bandas del crimen organizado; pero la realidad se estrella contra nuestras narices, el sistema logra pescar, esencialmente, a adictos vendedores que se ubican en los niveles más bajos de la estructura delincuencial.

La oferta represiva no es exclusiva de América Latina; Estados Unidos alcanzó, quizás, su punto más alto durante la Administración Clinton –con la construcción sin precedentes de cárceles privadas, la obligación de descontar no menos del 85% de la sentencia o la cadena perpetua para reincidentes- desafortunadamente estas políticas de mano dura fueron replicadas por nuestros países. En octubre de 2015, ante el giro dado por el presidente Obama y de cara a su propuesta de reestructurar el sistema criminal norteamericano, el expresidente Clinton reconoció, públicamente, que aquellas reformas fueron un error, que dispararon la población penal y agudizaron las desigualdades sociales.

Nuestra región tiene tasas de encierro que duplican a las europeas (www.prisonstudies.org). Algo debe cambiar. Quien infrinja las normas de convivencia debe asumir una responsabilidad por ello. Sin embargo, si la prisión es costosa y su uso en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, según los textos normativos y la jurisprudencia nacional e internacional, debe ser excepcional, es necesario avanzar en la conceptualización de sanciones distintas a la prisión.

En 1965, en el 3° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en Estocolmo, se alentó a los estados a promover medidas sancionatorias como los trabajos de servicio a la comunidad. A partir de allí, en diversos encuentros (Japón 1970, Suiza 1975, Caracas 1980, La Habana 1990, El Cairo 1995, Viena 2000 y Salvador-Brasil 2010) se ha insistido en este tema.

Es alucinante, hace medio siglo se habla de la necesidad de impulsar otro tipo de respuestas al crimen, sobre todo al crimen que puebla nuestras cárceles, ligado a miseria y vulnerabilidad, pese a ello, su recepción en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos continúa siendo todavía incipiente. Algunos países, como Costa Rica, Chile o Perú las han incorporado, pero, de nuevo, sus alcances son restringidos. En el caso costarricense, fue presentada una iniciativa de ley para ampliar las penas de utilidad pública y servicio a la comunidad que, actualmente, se discute en el Congreso. Según nuestros cálculos, unas 2 mil personas podrían verse beneficiadas. En Europa, por contra, cerca de 38 países contemplan dentro de sus legislaciones las penas de utilidad pública con altas tasas de éxito y menores niveles de reincidencia.

En 1989, Manuela Carmena, entonces jueza de vigilancia penitenciaria, afirmaba en una entrevista que una de las grandes conquistas intelectuales del siglo XX es el convencimiento de que la prisión es inútil. Quisiera pensar que el reto para el siglo XXI con las generaciones que deberán juzgarnos en el futuro, especialmente en América Latina, sea haber transformado nuestros modelos carcelarios. Nunca como ahora el momento es el propicio para generar esta articulación, no para que la cárcel desaparezca, como afirman algunas voces atrapadas en sus tradiciones atávicas y en su alérgica resistencia a la evidencia empírica, pero sí para que las consecuencias del quebranto a las normas no sea únicamente el encierro. Las penas de servicio a la comunidad son una salida quizás tardía, pero aún necesaria. La crisis del sistema penitenciario nos abre la oportunidad de dar el salto cualitativo hacia una revisión profunda de las políticas penales y de sus respuestas. La cárcel ha supuesto una dura derrota para la humanidad, no podemos dejar que a nosotros nos venza también. Tenemos oportunidades y experiencias valiosas para pensar que eso es posible.