Era un secreto a voces, y en una isla tan pequeñita no se podía aguantar en silencio mucho más tiempo.

Desde que Tomás Padrón se pronunciara en una entrevista a favor de la declaración como Parque Nacional del Mar de Las Calmas, la Agrupación Herreña Independiente (AHI) era un polvorín a punto de estallar. Belén Allende, su presidenta, nunca lo dijo abiertamente, pero no era precisamente partidaria de esta declaración y las palabras de Padrón hicieron saltar todas las alarmas. El terremoto puede extender la crisis de Coalición Canaria a la isla de El Hierro, que en esta legislatura nutrió con dos diputados la mayoría minoritaria de Coalición Canaria (18 escaños) que ha mantenido hasta el final a Fernando Clavijo como presidente. 

Máxime porque el debate en el seno de la AHI, que acaba de cumplir 40 años, sobre la conveniencia de seguir tan ligados a Coalición Canaria (CC) o mantener un perfil más independiente no ha hecho otra cosa que crecer en los últimos meses.

El run-run de los desencuentros en las votaciones y las formas en las asambleas, la sensación entre la militancia de que la existencia de dos bandos no ha sido superada, o el malestar palpable de algunos de los dirigentes históricos ha terminado estallando con ocasión de la configuración de las candidaturas para las elecciones generales, autonómicas y locales que no comparte toda la organización. Es más, que las discute buena parte de ella.

Los datos de encuestas que hablan de malos resultados para la AHI y la ausencia de David Cabrera en las listas, actualmente diputado en el Parlamento de Canarias, prendió la mecha que amenaza con hacer saltar a la AHI por los aires.

David Cabrera y sus apoyos volverán a los orígenes para presentar una Agrupación de Electores al Cabildo Insular de El Hierro. Necesitan 500 firmas y tienen hasta el día 22 de abril para conseguirlas. Ningún problema para este movimiento que reivindica más Hierro y menos mano dura en el seno de la organización.

El argumento que esgrimen es sencillo: si no se presentan, muchos de los votos que eran de la AHI acabarían en la urna de otras formaciones. Si, por el contrario, dan el paso, pueden detener esta sangría y abrir un mundo de posibilidades después de la contienda electoral.

Los movimientos y fichajes de última hora del PSOE, la irrupción con cierta fuerza y algunos problemas de Nueva Canarias (NC), una posible candidatura de independientes y los movimientos telúricos de última hora en la Agrupación Herreña Independiente garantizan una campaña movidita y temblores que nada tendrán que envidiar a los del volcán Tagoro.

Los efectos colaterales de este movimiento podrían acabar costándole un diputado a Coalición Canaria (tiene dos en la actualidad por El Hierro), ya que más allá de que Cabrera y los suyos se presenten solo al Cabildo (que aún está por ver) el efecto desmoralizador de este desencuentro beneficiaría a un PSOE que aspira a hacerse con el tercer escaño.

Dice el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, en su tercera acepción, que “mafia” es un “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”.

Y no se me ocurre mejor manera para definir lo que ha hecho Coalición Canaria conmigo después de escribir una parodia sobre las excusas de Javier Abreu tras su declaración en el caso Reparos, asegurando tener en un pendrive que sigue sin encontrar las amenazas que jura haber recibido.

Después de un mes y medio llamándome homófobo, miserable, impresentable, xenófobo, machista, masón, chusma, gentuza, basura, asquerosete, o gilipollas que no sabe leer ni escribir… su estrategia era culminar con una reprobación en el Pleno.

Pero como la campaña de manipulación era tan evidente se quedaron solos a última hora, se asustaron y decidieron retirarla para que no pudiera defenderme. 

Comenzaron tratando de reprobarme por un falso ataque homófobo, luego pasaron a hacerlo por un teórico uso de la condición sexual de Abreu, más tarde hablaron de falta de ética, y finalmente retiraron la moción que había traído Sergio Alonso para reprobarme por una “cuestión de mal gusto”.

Pero no vino. Se rajó Sergio Alonso, que ya me había condenado sin derecho a la defensa, por una cuestión de mal gusto dice, el hermano del que aseguró que “aquí no somos negros, somos personas normales del Estado español”. 

Se rajó porque no quería debatir conmigo. Y porque en el fondo les daba igual lo que pasara en el Pleno. Su objetivo era impedir a toda costa que Santiago Pérez fuera senador, y que se hablara del caso Reparos (o cómo los tres últimos alcaldes de CC en La Laguna convirtieron al municipio en un paraíso de ilegalidad en materia de contratación pública).

Para ello no tuvieron escrúpulos en dedicarme grandes titulares a cuatro columnas, llamándome homófobo de forma reiterada; ni tuvieron escrúpulos en promover mi reprobación un mes y medio después de jalear el insulto a pecho descubierto. 

Entre ellos un señor conocido como juanroquito por sus amigos de Twitter, que dejó el Ayuntamiento de La Laguna tras la extraña desaparición de tres millones de pesetas de las gavetas de su Concejalía; otro señor, al que al parecer acaban de recuperar, que tuvo que ser cesado o dimitió después de entregar un par de talones sin fondos; o una señora que huyó de la Policía después de conducir en dirección prohibida, bajo los efectos del alcohol, y con la que tuvimos una actitud exquisita por simple humanidad…. para hacérselo mirar.

¿Es o no éste un comportamiento mafioso que busca doblegarnos, que aprendamos la lección y nos autocensuremos como lamentablemente han hecho algunos de mis compañeros de Corporación?

¿Es o no un comportamiento mafioso que pretende que dejemos de hacer uso de un derecho fundamental como la libertad de expresión?  

Una estrategia que aspira a que algunos aceptemos que la democracia y los votos no bastan para cambiar el poder de manos… el verdadero poder, el que importa de verdad, el que toma las decisiones de calado mientras los demás nos dedicamos a “jugar a la política”.

Si se abre la veda para reprobar a cualquiera de los concejales o trabajadores del Ayuntamiento de La Laguna por su buen o mal gusto, todos podremos hacer lo mismo a partir de ahora.

Y a mí me parecen de mal gusto los casoplones que tienen algunos, los cochazos que gastan, las mariscadas que se pegan en tiempos de penuria para mucha gente, las compañías con quién lo hacen, o que llamándose nacionalistas vayan a la Península a contratar al abogado de Cristiano Ronaldo y luego se lo pasen al cobro a la ciudadanía lagunera.

Y sobre todo me parece una broma de mal gusto, de muy mal gusto, que los dirigentes de un partido que se dice nacionalista sean los hijos de la oligarquía económica y terrateniente de esta Isla, que a su vez es hija de los conquistadores que se repartieron estas tierras allá por los siglos XV y XVI. 

Respeto cualquier ideología que respete los principios y valores democráticos. Trabajo día a día con compañeros de partido del señor Alonso, que además de buena gente son magníficos trabajadores. Sin problema ninguno.

Pero el mismo respeto que doy exijo para la honorabilidad y la inteligencia del resto de los mortales, entre los que me incluyo. 

No voy a someter mi libertad de expresión a la censura de los inquisidores de pago que tienen colocados en los medios de comunicación. Ni ustedes ni ellos me asustan. 

Porque los tiempos en que los caciques de turno seguían disfrutando del poder, ganaran o perdieran las elecciones, y había que quedarse calladitos, afortunadamente ya pasaron a la historia. 

Sostengo también que esos mismos conquistadores se repartieron las mejores tierras, explotaron sus recursos y a sus paisanos (lo siguen haciendo), y se organizaron para maniatar a una sociedad agraria, analfabeta y semifeudal, que apenas pudo disfrutar de la República antes de que estallara la Guerra Civil con sus terribles consecuencias y persecuciones.

Y sostengo finalmente que esa misma oligarquía económica se organizó políticamente para controlar las instituciones más importantes disfrazados de nacionalistas una vez llegó la democracia, y perpetuar durante casi 30 años una mezcla pringosa de política y negocio que suele devenir en corrupción.

En los últimos tiempos de crisis ese dominio incluyó el control de unos medios de comunicación sin apenas recursos, no sólo para hacer publicidad y propaganda de los gobernantes, sino para atacar a los adversarios molestos o censurar directamente cualquier voz discrepante que hiciera daño.

También para anular los atisbos de un periodismo que investigue los continuos y flagrantes incumplimientos de la legalidad, haciendo crecer la sensación de impunidad entre algunos que pensaron que jamás iban a dejar de disfrutar del poder.

Porque eso es lo que han venido haciendo: disfrutar del poder en lugar de gobernar y tomar decisiones que mejorasen las vidas de lo que ellos llaman “nuestra gente” cuando conviene tocar a rebato frente a un enemigo externo inexistente al que obviamente solo se puede derrotar con votos en la urna apropiada.

Pero pasó. Costó. Sigue costando cada día. Y casi no sale, pero eso que en otros lugares se llama alternancia y se vive con normalidad democrática aquí ha generado un movimiento telúrico que no termina de dejarnos vivir en paz. 

Hay que hacer caer este nuevo Gobierno a toda costa. Hay que devolver las cosas a su lugar. Esta sublevación es inaguantable. Y si no se puede, al menos convencer a una parte del mismo que es mejor repartirse los territorios para que en Tenerife el statu quo vuelva a donde conviene.

Es eso o la guerra permanente. El acoso y derribo con los medios de comunicación al servicio de la causa. Porque esta gente comienza tratando de conquistar a quien corresponda con lisonjas y bonitas palabras, y si no es suficiente recurren al caramelo, y si sigue sin ser suficiente la cuestión deriva en persecución y amedrentamiento. 

Eso sí que son linchamientos y no los que ahora pretenden inventar algunos tristes mesnaderos. En eso consiste la estrategia final de la casa. ¿Qué importa la verdad? Lo que importa es que se hable de la realidad que nos conviene en el caso de que no podamos ocultar la otra.

A ver…

Le tengo cariño a Javier Abreu, más allá de todas las que me ha hecho. Jamás me burlaría de su condición sexual ni he hablado nunca de ella. Y le pido disculpas públicamente si en algún momento se sintió ofendido por la parodia que hice sobre sus excusas, tras una denuncia tan grave y falsa como la que ha hecho.

He vivido con él y contra él duras batallas dentro del PSOE y hemos peleado juntos por cambiar las cosas de las que vengo hablando. Por eso me da tanta pena la forma en que lo expulsaron de lo que él consideraba su casa como la forma en que lo está utilizando ahora Coalición Canaria. 

Pero tengo la certeza de que si hubiera escrito que en el pen drive del cuento en lugar de una peli porno lo que había es un capítulo de Barrio Sésamo los sicarios del Régimen se hubieran agarrado a la presunta relación de Epi y Blas para atacarme. Había tanta homofobia en mi artículo como cariño le tienen a Abreu sus nuevos defensores (donde sí que la hay es en la mente de quienes están usando ese falaz argumento). Les importa un pito Javier, lo están usando para apartar el foco del fondo del asunto.

Y el fondo del asunto es la necesidad imperiosa de que vuelva ya esa mezcla pringosa de política y negocio a gobernar esta tierra, garantizando la impunidad frente al incumplimiento de la legalidad para alcaldes como Ana Oramas, Fernando Clavijo o José Alberto Díaz en las últimas décadas.

Conviene poner el foco en cualquier cosa que ayude a olvidar la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Reparos, que ha tenido la osadía de redactar un informe que complica el futuro político de uno de los nuestros. Si hace falta nos inventamos una teoría de la conspiración y que comiencen a rodar las rotativas. 

No seamos hipócritas, no lo merece “nuestra gente”.

No sabe por qué, pero justo en eso piensa mientras se arrellana en un cómodo sillón que vuela camino de la capital y se deja dormir. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero el perfume de la funcionaria que pasó cerca de él para llevarle una tonga de folios al juez César Romero Pamparacuatro. Luego un aroma familiar que lo acercaba de nuevo al Cienfuegos. 

Cesaron los olores y se acomodó en el rincón más lejano que pudo en la sala del Juzgado. No debería estar allí, no quería que lo relacionaran con todo aquello, y además Abreu tenía las cosas claras. Lo habían repasado mil veces, en el bar y hasta en su propia casa. De vez en cuando metía cosas de su cosecha, pero en esencia diría lo que había que decir para imputar a Pérez. Y a otra cosa mariposa. Lo único que le torturaba era la idea de sentirse descubierto.

- Señor… ¿desea alguna cosa señor? --le dijo la azafata, despertándolo sin remedio-- ¿Le sirvo algo?

Abrió los ojos y divisó por la ventanilla un mar de nubes con el sol jugando a esconderse al fondo. Sonrió a la azafata para decirle que no, agradeciendo que lo hubiera rescatado del mal sueño y se estiró con disimulo, satisfecho. Todo marchaba según lo previsto: habían conseguido archivar el caso Grúas, pronto lograrían lo mismo con el caso Reparos, como habían hecho antes con la parte del caso Corredor que le afectaba. Daños menores. El abogado Choclán era muy caro pero bueno. Pronto retornaría todo a su lugar y con suerte acabaría pagando el Ayuntamiento.  

Volvió a acomodarse en su sillón, deslizándose de forma imparable por un agujero negro que lo sentó de nuevo en su rincón de la sala del Juzgado. Hablaba el juez: “Vamos a ver, ¿dijo usted en su última declaración que había recibido llamadas amenazantes en su domicilio?”.

- Sí, señoría. Primero me llamaron los periodistas Lucas Fernández y Carlos Sosa, luego la abogada Sandra Rodríguez. Todos de parte de Santiago Pérez, para decirme que si no me portaba bien acabaría imputado. Están todos confabulados, con el interventor, la jueza Rosell y hasta Juan Fernando. Son terribles, dan pánico- dijo Abreu.

Ya está improvisando el jodido --pensó Clavijo-- como siga por ese camino acabará involucrando al propio Villarejo. Carraspeó un par de veces lo más alto que pudo para llamar su atención y que se ciñera al plan establecido. Aunque no estaba de más pedirle a Pomares que desarrollara aquella línea argumental, apuntó mentalmente.

- Bueno, vamos a ver, ¿ha traído hoy el pen drive con las conversaciones grabadas? Es lo que vamos a escuchar ahora, ¿verdad?- ordenó el juez a la funcionaria al tiempo que preguntaba: Está bien, procedamos.

Unas breves turbulencias despertaron a Clavijo de su sueño en el peor momento, molesto de perderse el instante estelar en que se escuchara a Pérez y compañía al otro lado del teléfono. No bastaba con una relación de llamadas de hacía más de cuatro meses, no era suficiente con el papelón de Abreu por muy bien que lo estuviera haciendo. Era necesaria una voz, aunque fuera un saludo, una conversación trivial, cualquier grabación con la voz de Pérez o alguno de aquellos de fondo sería suficiente para seguir hinchando el perro.

Tal vez por eso volvió a cerrar los ojos después de sonreír a la azafata. 

En el Juzgado, la funcionaria se disponía a darle al play. La tensión era máxima. Todas las miradas se concentraron en la gigantesca pantalla de plasma. Solo Víctor Díaz sonreía esperanzado mirando por el rabillo del ojo.  

Un silencio sepulcral inundó la sala en espera de una voz que no terminaba de llegar desde el más allá. Tres, dos, uno… pero no fue una voz la que apareció sino un pene de gigantescas dimensiones, que ocupaba la pantalla casi completa, con una chica de muy buen ver al fondo.

El juez fulminó con su mirada a Abreu, que solo pudo balbucear: “Lo siento, señoría, debo haberme equivocado de pen drive. Si me deja un momento voy a casa a buscar el otro…”.

Fernando Clavijo sintió una punzada en el pecho. Se llevó la mano instintivamente al corazón, trató de tranquilizarse, en la confianza de que pronto despertaría, volviendo a la comodidad de su sillón y a punto de aterrizar en Madrid. 

Pero seguía allí, encerrado entre aquellas cuatro paredes frías de cemento, tan duras y compactas como el informe de la Farnés en el caso Reparos, que seguiría adelante inventara lo que inventara Abreu.  

Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría porque el perfume de la funcionaria se parecía al de la azafata. 

Pero el murmullo de fondo y las carcajadas reprimidas solo por el cabreo del juez mandando a desalojar la sala le hicieron saber que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, un sueño en el que lo esperaba un taxi para acercarlo al calor, las moquetas y la calefacción del Senado, lejos del frío lagunero que ya comenzaba a sentir ajeno.

Ni está imputado ni amenazó a un personaje que aprovechó que está imputado, él sí, para mentir en sede judicial en su defensa. Y en mi modesta opinión Pérez nunca lo estará, al menos por este asunto del caso Reparos (aunque visto lo visto con San Choclán y el Supremo vaya usted a saber). Es más, si yo fuera él y algún día lo estuviera lo que menos querría es que me juzgase un tribunal tan politizado como el Supremo.

Pero vamos a lo que vamos. ¿Por qué no quiere El Día que Santiago Pérez sea senador?

No hay respuesta decente posible a esa pregunta.

¿Por qué asume un medio de comunicación el papel que corresponde a un partido político que no se atreve a dar la cara? ¿Por qué pisotea las más elementales reglas deontológicas para ello? ¿Por qué pone al servicio de Coalición Canaria (CC) toda la maquinaria del grupo de comunicación, hasta el infinito y más allá, en una campaña sin precedentes?

Bueno mentira, sí hay una campaña similar, con editoriales de El Día incluida domingo tras domingo, arremetiendo contra Santiago después de que lograra sacar adelante el caso de Las Teresitas.

La única respuesta posible a todas esas preguntas sería un titular del estilo que ellos están sacando cada día en las últimas semanas: aventurado, tendencioso, manipulador, nauseabundo, invalidante, falso, especulativo, y sobre todo inútil y que los aleja cada vez más de una sociedad a la que en teoría tienen el deber de informar y no manipular.

Algo así como “El Día se pone al servicio de CC con la esperanza de recibir luego toda la mortadela”… o “Fue tanta la mortadela que El Día no tiene otro remedio que ponerse al servicio de CC”.

Cualquier cosa menos veracidad e información contrastada.

Y si me permiten terminar con una broma, puestos a hablar de deslealtades y traiciones… ¿habrá traición más grande que haber vendido la cabecera de El Día a los canariones? Si don José levantara la cabeza la volvía a esconder de nuevo avergonzado. Bueno, no sin antes encargar a cualquiera de los mercenarios que abundan en la casa que escribiera un editorial dándole caña a Santiago. Y cierra El Día. 

No son sus pequeñas mentiras del estilo de que la prórroga del contrato con Urbaser no ha sido denunciada, que se haya escondido detrás de los funcionarios al más viejo estilo Coalición Canaria (CC), o que trate de equiparar la responsabilidad y habilitación del interventor a la del resto de funcionarios… ni siquiera su complicidad con el abogado de CC para liberar a los muchachos de toda culpa (“jamás don Fernando Clavijo, ni don José Alberto Díaz, ni ningún otro concejal, ni nadie que estuviera por allí, ni nos reunimos, ni conspiramos ni hicimos nada extraño”).

Tampoco, por muy dura que suene, la boutade de que Santiago Pérez y el interventor se reunían prácticamente cada tarde (no sabe si a tomar el té o, como pretendía oportunistamente el abogado de CC, a “preparar la denuncia”).

Nadie ha denunciado a Javier Abreu. Y esta denuncia no fue maquinada ni articulada de modo oscuro. Todo lo contrario. La presentó Pérez después de años avisando, nada menos que en el Pleno de la Corporación, de que iba a hacerlo si no cambiaban las prácticas de prorrogar o dar continuidad a contratos vencidos con los informes de la Intervención en contra.

Eso fue lo que hizo. Así de simple. Dar traslado al Juzgado de unos informes que periódicamente presentaba el interventor al Pleno con los reparos de legalidad que se levantaban por el Gobierno local. Múltiples contratos. Por una cuantía de dinero más que considerable. La Fiscalía Anticorrupción hizo suya la denuncia y el nombre de Abreu afloró al haber firmado unos cuantos como alcalde accidental.

Y ahora viene y se descuelga en el Juzgado diciendo que se siente “amenazado” porque las esquinas laguneras le susurran al oído, de parte de Pérez, que “se porte bien porque aquí el objetivo es Clavijo”. Y que si se porta bien “lo desimputan”, cuando hasta un chiquillo de primero de Derecho sabe que eso es imposible, por muchos escritos que nadie le redacte, desde que la denuncia fue presentada.

Así es que después de 44 minutos de declaración, en los que se permitió incluso mandar a callar varias veces a la fiscal Farnés, justo al final de la misma y sin venir a cuento, pretende hacernos creer que se siente “amenazado”. 

Es justo ahí donde falla su pirueta, donde el cuadro se desdibuja, donde está la pequeña trampa. Podría haber dicho tentado, impulsado, impelido, animado, invitado y otro montón de “ados”. Cualquier cosa menos amenazado. Ni lo refleja su lenguaje en la comparecencia, verbal y no verbal, ni nada hubiera cambiado dijera lo que dijera sobre Clavijo (firmó unos cuantos decretos levantando reparos como alcalde accidental y eso no tiene remedio).

Es verdad que uno puede recurrir a las fórmulas más imaginativas para defenderse cuando lo llevan a un Juzgado. Incluso mentir en su propio beneficio. Lo que no puede hacer es imputar a otra persona la comisión de un delito tan grave como el de atentar contra la Justicia. O al menos hacerlo sin esperar que la otra parte no defienda su honorabilidad, que también tiene derecho a tenerla.

Es tan subjetiva y fantasiosa su versión, salvo que tenga pruebas de las que no ha hablado, como la mía si dijera que sé que fue a casa de Fernando Clavijo, porque va, a preparar su declaración del otro día.

Sin embargo Clavijo, aprovechando la revoltura del río y los altavoces a su servicio, ha tardado un instante en salir a sentenciar que “se ha descubierto el pastel: aquí no hay nada, como tampoco lo había en el caso Grúas”. 

Como si por arte de magia la película de Abreu lo exonerase de toda culpa, descargándola en Pérez, que es tan malo que manipula al interventor por las tardes y aprovecha las noches para recorrer las calles laguneras amenazando a ex concejales. 

Olvidó Clavijo referirse al caso Corredor, donde sí que había un pastel, podrido, que sigue apestando y lo inhabilita moralmente para ser cargo público después de dejar clarito, en negro sobre blanco, cómo se las gasta. 

¡Oh, casualidad!, que un oportuno robo en el Juzgado hiciera desaparecer las autorizaciones judiciales para pincharle el teléfono. ¡Oh, maldición!, que esas llamadas se hicieran, porque se hicieron, y fueran grabadas y transcritas por la Guardia Civil dejando constancia histórica de cómo se maneja el ex presidente.  

No nos tomen por tontos.

Como si hubiera algo raro, como si no se pudiera, como si fuera una irregularidad... como si ellos no lo hubieran hecho en 2011 con Plácido Mejías, al que sin ser concejal pusieron al frente de Muvisa, por cierto con un sueldo superior al que voy a percibir yo mismo.

Y detrás de José Alberto dos de sus secuaces haciéndole el coro: Candelaria Díaz, que todavía no ha sabido explicar por qué dejó sin firmar hasta el 14 de junio las órdenes de desalojo de 77 familias de Las Chumberas que tenía en su mesa desde principios de mayo; y Sergio Alonso, cuyo mejor mérito para justificar los cargos que va ocupando es ser el hermanísimo de quien fuera designado a dedo heredero de la presidencia del Cabildo por Ricardo Melchior.

Estos dos últimos han celebrado vivamente los argumentos de dos periodistas, Alfonso González Jerez y David Cuesta, según los cuales por el hecho de ser periodista yo también no estoy cualificado para ser Consejero Delegado de Muvisa; y que Santiago Pérez me haya propuesto para tal cometido es “amiguismo y enchufismo”.

Respeto sus opiniones tanto como espero que ellos lo hagan con las mías. Pero me parece que se caen por sí solas. Es evidente que no soy un experto en vivienda, ni es ese el motivo por el que Avante me ha puesto ahí. La cualificación la tienen los técnicos. Muvisa lo que necesita es dirección política. Para salir del laberinto en el que nos ha metido el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y para tratar de recuperar la función originaria de esa empresa.

David Cuesta tendría razón si yo no fuera más que un periodista recién llegado al escenario político (como por ejemplo Juan Manuel Bethencourt cuando salió de la dirección de un periódico para convertirse en concejal de Urbanismo de La Laguna sin solución de continuidad y sin que pasara nada).

Por eso su razonamiento pone el foco en mi condición de periodista y apaga el hecho de que haya sido por ejemplo Secretario de Organización y Secretario General del PSOE en Tenerife, o concejal en tres Ayuntamientos diferentes. Vamos, que algo de experiencia política debo tener.

Por eso me propone Avante. Por eso y porque tiene que gestionar mucho más que dos áreas municipales con solo dos concejales. Y algún derecho a decidir nuestra estrategia y organizarnos en la forma que mejor nos parezca dentro de la legalidad tendremos.

Dejarse llevar por los argumentos de David nos retrotraería nuevamente a una tecnocracia en la que no queda muy claro quién puede y quién no puede hacer política. Aquí hace falta dirección, transparencia, tomar decisiones, comunicarlas, y no seguir engañando a los vecinos como hicieron quienes aseguraron que habían adjudicado las obras sin haber resuelto unas expropiaciones que se antojan muy complicadas.

A partir de este lunes (por cierto, después de declarar como testigo en el Caso Grúas por haber sido el primer concejal que planteó al Pleno el rescate del servicio allá por el año 2011) voy a dedicarme en cuerpo y alma a tratar de resolver los problemas de la ciudadanía en lo que sea responsabilidad de Muvisa.

Y si José Alberto Díaz, Sergio Alonso o Candelaria Díaz lo estiman necesario que soliciten mi comparecencia ante el Pleno de la Corporación para explicar por qué soy Consejero Delegado de la empresa.

Con un poco de suerte mi comparecencia servirá para que nos enteremos de por qué el ex alcalde se fue sin encomendar el estudio estructural de los 150 bloques de El Cardonal a pesar de tener para ello 1,2 millones de euros ingresados en las cuentas municipales por el Instituto Canario de la Vivienda desde diciembre de 2018; y a pesar de que el anterior Consejero Delegado, Javier Abreu, se cansara de pedirle por escrito que realizara el encargo para tranquilidad de los vecinos y vecinas.

A las puertas de un juicio en el que el Ministerio Fiscal le pide una pena de 4 años de prisión como autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por un desguace ilegal, Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, se siente “pisoteado” e “injustamente tratado”.

Dice que es la primera vez en 13 años que habla de todo esto en un medio de comunicación y no puede entender “cómo la persona más comprometida con el medio ambiente en El Hierro está imputada por un delito medioambiental”.

Reconoce que nunca llegó a tener autorización para operar del Gobierno de Canarias, pero “no porque no me la hayan querido dar, sino porque desde el Cabildo de El Hierro se hizo llegar una orden para que lo mío no se legalice”.

Desmiente que haya contaminado el suelo y tiene claro que “la naturaleza, que es mi amiga, se ha encargado de demostrar que todo es mentira. Lo que están haciendo conmigo es un crimen: las calcosas han crecido en 5 años de una manera increíble. Es la mejor prueba de que el suelo no está contaminado. ¿Cuántos litros de combustible, de aceite o de ácido de batería he evitado yo que acabara en el suelo de la Isla?”.

P. ¿Cómo empezó todo esto?

R. En El Hierro, hace 21 años, todo el material que llegaba se enterraba, desde un coche a una Coca Cola o una cama cuando se hacía vieja. Así es que igual que hicimos con el mar, poniendo en marcha un proyecto de pesca sostenible, decidimos acabar con el problema medioambiental más grande de la Isla. Nos reunimos con ayuntamientos y el cabildo para buscar una solución. Trajimos al presidente de la Asociación Española de Vehículos de Desguace para ver qué podíamos hacer. Y la solución fue concentrar todo ese material en un sitio para sacarlo. Buscamos el mejor sitio, en el centro de la Isla, donde comenzaba a gestarse el primer Punto Limpio.

¿Qué se hacía hasta ese momento?

Había tres vertederos. En el de Los Llanillos y en el de Valverde se botaban los vehículos y los residuos férricos. Hay muchos vehículos enterrados allí. Cuando pusimos en marcha el desguace sirvió para cerrar los otros a los ciudadanos para estas cosas. Pero se tomaron el desguace como si fuera un vertedero. Los dos primeros años fueron terribles, teníamos que luchar con la gente y hacer mucha pedagogia.

¿Por qué se instalaron en un espacio del Cabildo?

El Cabildo me cedió un suelo en sus antiguas cuadras para empezar. Estaban pensando en instalar allí el Punto Limpio. Además, el avance del Plan Insular decía que se ubicaría ahí la futura zona industrial. Se hizo un concurso público para que todo fuera legal. No se presentó nadie y me lo cedieron. Tuve que pagar 135.000 pesetas de las de hace 20 años. Empezamos a concentrar todo el material allí. Y claro, una cosa era la teoría y otra la realidad cuando te pones a trabajar con ella: compactar y sacar de El Hierro los coches, las neveras, las lavadoras, las cocinas...

¿Es verdad que lo hacía con un camión del Cabildo?

El Cabildo tenía un camión que se dedicaba a recoger los vehículos abandonados para botarlos y enterrarlos en los tres vertederos. Lo que hice fue proponer que en lugar de tirarlos en los vertederos me los trajeran a mí. Pero no lo gestionaba yo. Aunque es verdad que en ocasiones acompañaba al chófer para hacerlo más rápido. Si iba él solo traía dos coches diarios, pero si yo iba con él a lo mejor dábamos cuatro viajes. Cuando venían las fiestas intensificábamos el trabajo para limpiar la Isla de una manera increíble.

¿Y funcionó?

En menos de un año nos vimos desbordados. No cabían los vehículos dentro de la parcela. Como aquello era del Cabildo y había una puerta que se abría a las 8 de la mañana y se cerraba a las 8 de la noche, la gente venía y vaciaba por fuera de la parcela. Venían con el camión lleno de un montón de cosas, llegaban arriba y le daban volquete. Tuvimos que hacer una labor de pedagogía increíble para empezar a poner orden en todo esto, para cambiar la mentalidad de las personas y buscar soluciones.

O sea... costó pero funcionó.

Lo principal lo estábamos consiguiendo. Estábamos concentrando todo el material, la gente estaba empezando a tomar conciencia, y estábamos sacando ese material de la Isla. En principio, acabamos con el problema medioambiental más grave que tenía El Hierro. Todo lo que antes se enterraba ahora se estaba sacando. Además, contagiamos al Cabildo en recoger el vidrio, el cartón, las neveras y las lavadoras, chatarras... Fue una labor increíble.

¿Hasta que tiene que abandonar el espacio que le había cedido el Cabildo, no?

Yo tenía un contrato de 5 años. Y a finales de 2005 el Cabildo de El Hierro consiguió unos fondos europeos para hacer allí un complejo. Me dijeron que tenía que marcharme. Teníamos una concesión prorrogable, pero nos tuvimos que ir.

¿Qué hizo entonces?

En el avance del Plan Insular todo aquello era zona industrial. Así es que le compré un terreno a un señor que estaba justo al frente. En ese momento no tenía ni dinero, pero me lo vendieron con la promesa de ir pagándolo como pudiera. Pagué por aquello 1 millón de pesetas. Ya había hecho una pequeña nave, una pequeña zona de descontaminación y un pequeño taller con el que funcionaba en los terrenos del Cabildo. Pero tuve que empezar de nuevo desde cero.

¿Y cuándo comenzaron los problemas?

Pues resulta que el Ayuntamiento de Valverde hizo una modificación del Plan General y declaró el sitio donde yo estaba Zona de Especial Protección Paisajística. No creo que el alcalde lo hiciera con mala intención, más bien me da que fue cosa de algún técnico. Pero desde 1999 hasta 2006 estuve trabajando sin problemas. El Seprona, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Valverde y Frontera, todas las autoridades pasan por allí varias veces, comprobaban lo que estaba haciendo y no ocurría nada... Como comprenderá todo el mundo, 1.000 coches no se pueden esconder... Denunciaron al Cabildo en el Juzgado y me cogieron a mí por medio. Pero hasta el año 2009 o 2010 conmigo no se mete nadie.

Es decir, su actividad quedó fuera de ordenación.

Nosotros tramitamos todo lo que correspondía tratando de conseguir licencia. Tengo un tocho de papeles presentados en el Ayuntamiento y en el Cabildo. Y yo estaba ubicado allí antes de que se modificara el PGO. Pero no fue posible conseguirlo. Esa es la realidad que me tocó vivir, con toda la crudeza. Toda la inversión que hice en el terreno del Cabildo la perdí, fue una doble ruina porque muchos de los coches que tuve que pagar se quedaron. Me decían que tenía que legalizarme. Y empezó a sonar mal lo de la denuncia. Todo se iba calentando, aunque seguíamos mejorando el desguace: una nave, una zona de descontaminación, la zona de recepción de residuos, una máquina compactadora... pero residuos en el desguace prácticamente no hay ninguno.

Sin embargo hay informes de la Guardia Civil que hablan de su existencia.

Sí, claro, cuando llevaba más de cinco años con la compactadora en el mismo sitio vinieron un día, y tomaron una muestra de la tierra... Es evidente que si paras cualquier vehículo en una huerta durante años, máxime un vehículo industrial, algún residuo queda. Eso fue lo que hicieron conmigo, cogieron un residuo de allí y dijeron que estaba todo contaminado. La realidad de ahora es que la hierba ha crecido que da miedo en los alrededores de la máquina.

Si como usted dice, estaba resolviendo un problema medioambiental de la Isla, ¿por qué no obtuvo ayuda de las instituciones?

El Cabildo me ayudó en lo que pudo. Tomás Padrón, que era el presidente, me ayudaba en lo que podía. Probablemente nadie pensó que fuéramos a llegar a esto. He tenido mala suerte. Fíjese si tuve mala suerte que cuando estaba gobernando Tomás Padrón me decía que todo se iba a arreglar, que si el Plan Insular... se fue Tomás Padrón y no se arregló nada. Vino Alpidio Armas, con el que no tenía buena relación, y las pasé canutas: me mandaban a la Guardia Civil, al Seprona,... Y en el año 2006 se presenta una denuncia contra el Cabildo, aún a sabiendas de que estábamos buscando una solución ambiental a los problemas de la Isla.

Aún así, siguió con la actividad.

Yo seguí con la actividad en mi terreno, tratando de adaptarlo a la normativa. Pero en todo momento estuve dado de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como chatarrero. Hice todo lo que la Ley me permitía. Presenté un anteproyecto para conseguir la legalización, que nunca me aprobaron, y si me quieren juzgar por no haberme dado licencia, pues así será... Pero hacíamos lo mismo que cualquier desguace de Tenerife. Mi vida está ahí. He invertido más de 300.000 euros en esto. Pero no podía seguir gastando más porque no tenía licencia y sólo crecía la deuda...

Después de Alpidio Armas llegó Belén Allende, del mismo partido que Tomás Padrón, se supone que podrían volver a ayudarlo.

Con el Cabildo de Belén Allende fue lo peor. Yo la apoyé incluso públicamente, porque creí que era lo mejor para la Isla. Como hice con el alcalde de El Pinar, que es de otro partido. Pero con Belén fue lo peor de lo peor.

¿Por qué?

Yo soy el presidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro, con la que hemos desarrollado un proyecto de pesca responsable y sostenible. Viene el problema: el Estado quiere declarar en la isla un Parque Nacional Marino. Entiendo que es bueno, que hay que sacarlo adelante. Aquello es España, y yo quiero que el Estado venga. Los pescadores creen en su presidente. Y eso me cuesta que Belén Allende me ataque, me ponga la proa y no pueda legalizarme de ninguna manera. Porque con la Ley del Suelo aprobada sería bien sencillo. Es el único desguace de la provincia, junto a otro de La Victoria en Tenerife, al que han impedido legalizarse. Es así de cruel, pero es así.

¿Aún tiene aspiraciones de que eso pase?

Claro que las tengo. Si quisieran, lo mío se legalizaba mañana. Pedimos al Juzgado que levante el precinto que tengo, porque el suelo estaría habilitado al estar aprobado el Plan Insular, que dice que eso es un suelo industrial. Tiene que adaptarse el PGO de Valverde, pero no lo hacen. Lo que se ha hecho conmigo no se ha hecho ni con el mayor terrorista de España. En lugar de apoyar a la persona que buscó solución al problema medioambiental más grave de la Isla, lo que hicieron fue ponerme zancadillas de todo tipo. Salvo Paulino Rivero, que cuando gobernaba me llamó e intentó ayudarme.

Pero es el Gobierno de Canarias el que no le ha dado la autorización para operar.

Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, delante de David Cabrera, diputado de AHI, me dijo que era una injusticia y que lo iban a resolver. Pero luego hubo una contra orden que vino desde El Hierro diciendo que lo mío no se arreglara. He tenido gente trabajando en mi contra. Estoy pagando una penitencia que no me corresponde.

¿Se siente traicionado?

Lo que me siento es pisoteado por unas personas que confunden la velocidad con el tocino. Van a machacarme porque soy un luchador social y cuando estás en una lucha que ellos entienden que va contra sus intereses pues te machacan. Y resulta que la persona más comprometida con el medio ambiente en la isla de El Hierro está imputada por un delito medioambiental. Me siento un perseguido de la sociedad.

¿Tiene esperanzas de que todo se reformule?

Claro. ¿Cómo no?, si entiendo que se ha cometido una injusticia conmigo que no tiene nombre. Lo he intentado todo y con Coalición Canaria (CC) no hay ninguna posibilidad. Desde el Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha dado una orden para que lo mío no se legalice. Y eso sabiendo que estoy imputado por un delito medioambiental y que si aquello se normalizara podríamos pedir un levantamiento del precinto.

¿Qué está pasando ahora con los coches?

Ahora hay un desmadre: la gente tiene que pagar 300 euros para que le saquen el coche, y así está la Isla, llena de coches. Eso es lo que está pasando. Está El Hierro lleno de coches. Nadie paga los 300 euros. Están haciendo un daño medioambiental tremendo porque cada uno hace lo que quiere. Lo único que se me puede achacar es que no tengo autorización para desarrollar la actividad. Pero no la tengo porque no me la han querido dar. Si aquello en lugar de hacerlo yo lo hace otro cualquiera...

Pero a usted le acusan precisamente de haber contaminado el suelo.

Eso es mentira. El suelo no está contaminado. Las vacas pastan dentro. El solar está lleno de coches pero la naturaleza, que es mi amiga, ha demostrado que todo es mentira y que lo que están haciendo contra mí es un crimen: las calcosas han crecido en 5 años de una manera increíble. Donde no hay coches, o entre ellos, la hierba crece de una manera brutal, y eso que hay vacas y cabras sueltas dentro. Es la mejor prueba de que el suelo no está contaminado. Es posible que alguna vez se haya derramado algo de aceite, no lo voy a discutir, pero de contaminado nada. Esa acusación de que allí se trabajaba con total desprecio a la naturaleza es absolutamente falsa. ¿Alguien se cree que me hubieran permitido desarrollar la actividad durante 14 años si de verdad estuviéramos dañando al medioambiente?

También le acusan de haber hecho un gran negocio.

Si aquello era un gran negocio..., ¿por qué nadie se ha instalado en El Hierro después? ¿Por qué no han ido los de Tenerife? ¿O porqué no hay en La Gomera? Hicimos lo mismo que se hacía en todos lados. Y sacamos entre 7 y 8 mil vehículos que estaban tirados por toda la Isla.

¿Nada de negocio entonces?

Cuando me precintan, en noviembre de 2013, la chatarra no valía nada, 30 céntimos el kilo. Sacar una gandola de chatarra de El Hierro costaba 1.000 euros. Luego llegó a subir a 140 céntimos el kilo. Conseguí que el transporte costara 400 euros. En una gandola cabían entre 15 y 20 mil kilos de chatarra escachada, que tenía un valor aproximado de 2.400 euros. Ese negocio lo hizo Recuperadora Canarias, que gestionaba el Punto Limpio del Cabildo y ganaron más de 200.000 euros gracias a mí.

También los acusó usted a ellos de realizar vertidos después de haberse ido.

En el año 2014, en el Punto Limpio de El Hierro, se vierten miles de litros de aceite al suelo. Yo acumulaba bidones de aceite y de agua de baterías que entregaba allí para que los tramitasen. Pues bien, todo eso lo acabaron escachando allí dentro y botándolo en el suelo. Escacharon también cientos de coches sin descontaminar ni uno solo. Sólo una guagua de la cooperativa, el 24 de junio de 2014, la descontaminaron. Yo denuncié todo eso en el Juzgado, con fotografías incluidas, pero no me hicieron caso.

¿Hay alguna cosa más que le gustaría aclarar?

Que sería muy triste que por intentar resolver un problema medioambiental en la Isla me acaben condenando. Es triste que por cuestiones políticas esto haya acabado así. Nunca me olvidaré de Paulino Rivero, porque cuando en mi pueblo había miseria por el volcán nos ayudó, y fue el único, con Tomás Padrón, que se preocupó por mi situación. ¿Cuántos litros de combustible, de aceite o de ácido de batería he evitado yo que acabara en el suelo de la Isla?

“El agua que bebemos, el agua con que nos lavamos y lavamos nuestras ropas y la que beben los pocos animales supervivientes, o que han sido mantenidos por sus dueños como de milagro frente a la necesidad de venderlos fuera, es un regalo de Tenerife”, dejó escrito en una carta el presidente del Cabildo de El Hierro de entonces en alusión a los barcos cuba que salvaron de la sed a la Isla del Meridiano.

Aún se tardaría un tiempo en descubrir que más allá de correr gargantas y barrancos dormía bajo tierra, esperando durante siglos a que el boom extractor de los 60 --somos muy de boom los canarios-- diera paso al caos de los 70 y a finales de los 80 la situación se volviera a tornar sencillamente dramática.

Daba igual que las Islas parecieran gigantescos quesos de gruyer a fuer de túneles, pozos y galerías. La iniciativa privada, sus ambiciones y esfuerzos, dio para lo que dio. El Hierro no era más que agricultura, y apenas había agua.

Es entonces cuando se cruzan los caminos del Gobierno de Canarias, obligado a poner remedio si no quería perder la islita; y un joven ingeniero, Carlos Soler Liceras, que en 1978, con las maletas hechas para irse a Canadá a construir una presa decide parar un tiempo en Canarias y a día de hoy sigue tirando de talento e instinto para extraer agua bajo los volcanes lanzaroteños de Timanfaya.

En 1988, con el título de director del avance del Plan Hidrológico de El Hierro debajo del brazo, no tardó en descubrir que el 80% del gran acuífero de la Isla estaba contaminado. Pero el 20% restante tenía dos virtudes: había agua de sobra y era de una calidad excepcional.

Así es que propuso una única actuación. Se lo jugó todo a un tiro: un pozo directo al corazón de ese veinte por ciento con la idea de obtener tanta y tan buena que se pudiera abastecer a toda la Isla: vecinos y agricultores.

Pero no estaba solo. Y lo estaban esperando.

El abastecimiento urbano de El Hierro necesitaba un caudal de 15 litros por segundo.

Él contó que aspiraban a sacar 30 (aunque en su fuero interno estaba convencido de que serían 60), y al final acabaron extrayendo 101 litros por segundo.

La situación era verdaderamente dramática, corría mucha urgencia arreglar el problema, por eso el Gobierno canario puso los 150 millones de pesetas que iba a costar el pozo. Pero no bastaba con coger el dinero y lanzarse a por el agua.

En una Isla con una situación como la descrita, la especulación era tremenda. Las acciones de casi cualquier pozo se habían multiplicadas por diez (debían costar a lo sumo 150.000 pesetas y se disparaban hasta el millón y medio).

Lo estaban observando. Carlos Soler lo sabía. Y si se ponía a perforar un pozo iba a ser pasto de los todopoderosos aguatenientes. Entonces, vino la primera parte de una jugada maestra: animaron a Armenio Padrón, que tenía un pozo de 50 metros con una galería de 200, a que pidiera una subvención para perforar y prolongarla para sacar el agua.

“Era lo más barato, lo más rápido, y no había que enfrentarse a nadie. Pero Armenio se lo pensó y dijo que no. Estaba cansado de batallar por el agua. Y en ese momento no sacaba más de 2 litros por segundo”.

El ingeniero lo tuvo claro: la administración tenía que comprarle -el Pozo de Los Padrones-, y perforar directamente.

La intrahistoria de por qué se tasó en 16 millones de pesetas y al final el Cabildo de El Hierro, con Tomás Padrón al frente, lo acabó comprando en 36, con dinero de la Dirección General de Aguas, quedará en la memoria de sus protagonistas.

Lo importante es que el pozo acabó en manos de Carlos Soler y bajaron hasta los 52 metros para luego abrir una galería de 1.011 metros de longitud.

“A medida que íbamos perforando, cada vez salía más agua. Pero como es un pozo con galería de fondo teníamos que bombear para seguir trabajando y que no se nos inundara. Cuando llevábamos casi 40 litros por segundo, cumpliendo las expectativas de sobra, el chorro eran tan grande que la gente empezó a decir que estábamos sacando mucha agua. Y volvimos a verle las orejas al lobo. Se nos iban a enfrentar los especuladores, nos íbamos a cargar el mercado de sus acciones”, explica el ingeniero.

Sólo había una opción, la segunda parte de la jugada maestra: “Esconder el agua que sacábamos”.

¿Papas o arroz?

Así es que alquilaron una finca pegada al pozo para poder tirar el agua allí y seguir excavando sin que nadie supiera en realidad cuánta estaban sacando. Era una época de sequía en el Golfo, pero la finca que habían alquilado se convirtió en un vergel de malas hierbas asombroso.

El propietario, al ver que no la cultivaban, pidió permiso para hacerlo él.

Le dijeron que sí, que en la esquina contraria a la que usaban para vaciar el pozo. Al día siguiente los llamó, muy enfadado, porque el agua le llegaba casi hasta las rodillas y así no se podían plantar papas.

“Entonces nos reímos, nos miramos y le dijimos que plantara arroz”.

Al final no pudo ser, “pero como nos cobraba 5.000 pesetas mensuales por el alquiler le pedimos que se estuviera callado porque si no dejábamos la finca. Y se portó bien”.

Premio al ingenio

El Pozo de Los Padrones es una obra de premio, nada menos que el Agustín de Betancourt y Molina --seguramente el reconocimiento más importante para un ingeniero--, pero no porque resolviera un problema vital para la ciudadanía herreña; sino por la forma en que se hizo.

El Pozo de Los Padrones es el primer pozo artesiano de Canarias, parte de su caudal sale solo, por gravedad, sin gastar un solo euro en su extracción. Es algo que suele suceder en los continentes, como regalo de la naturaleza, se perfora y el agua sale sola. Aquí fue puro talento al servicio de la ingeniería de manera que pincha el acuífero, pero sólo saca el agua que necesita.

Y ello en virtud de otra solución imaginativa que se sirve de la geología: donde la galería corta los diques volcánicos, unas inmensas paredes verticales fruto de las coladas, las volvían a rehacer: “Tapamos la galería con un muro de hormigón armado, que se ancla en los diques. Y les hicimos unas compuertas --como las de un submarino-- para poder entrar en el futuro si había que seguir perforando. Al tiempo, con un tubo, íbamos sacando el agua”.

También colocaron otro más pequeño que viene desde el final de la galería y suelta el agua en la boca del pozo donde la gente puede ir a cogerla gratuitamente: “No sé si saben quienes van al Pozo de Los Padrones que están cogiendo el agua directamente del acuífero de Nisdafe. Por eso es tan buena y por eso sale tan fría”, explica Soler.

La mayor parte del caudal se saca hacia un depósito en el que hay unas bombas capaces de repartir el agua por toda la Isla. Desde Los Padrones a Valverde y hasta Sabinosa. Desde Valverde, por Erese, hacia San Andrés. Y desde San Andrés, por gravedad, a La Restinga. Ahora mismo, si se quisiera, el agua del Pozo de Los Padrones llegaría a todas las casas de la Isla.

El Hierro necesitaba en ese momento 1,7 hectómetros cúbicos al año. Y habían conseguido sacar 3. Tenían el agua. Pero tenían también un problema. ¿Cómo enviarla al resto de la Isla?

Perforar y hacer llegar un tubo desde Frontera hasta Valverde llevaría entre 2 y 3 años.

Una vez más tuvieron suerte: “En esa época se había hecho una pequeña galería de avance para el túnel de Los Roques. Le pedimos a Carreteras que nos la dejaran e hicieran el túnel 30 metros más allá, para llevar el agua, el teléfono y la luz por ahí, con lo que se pudo quitar la torre de Unelco que le ponía los pelos de punta a César Manrique porque afeaba el mirador”.

Desde esa zona va a Guarazoca, “donde hicimos un depósito y una estación de bombeo disfrazándola de casa herreña para minimizar el impacto”, y desde ahí a Erese, “donde había que colocar un tubo hacia San Andrés y otro hacia Valverde. Este último está, el otro quedó como tarea para el Consejo Insular de Aguas”.

Desaladora en Los Cangrejos

Mientras se hacían las obras y llegaba el agua de Los Padrones a Valverde, se propuso que la Dirección General trajese una desaladora de segunda mano desde Lanzarote, “un verdadero muerto, que colocamos en Los Cangrejos para abastecer a toda la zona de la Isla que no era El Golfo”.

Carlos Soler recuerda que en un principio la Agrupación Herreña Independiente (AHI) se opuso a la desaladora con el argumento de que todo El Hierro quería beber agua de Los Padrones, “pero el compromiso era llevársela en cuanto llegara el tubo. Y mira por donde, ahora se han dado vuelta las tornas y es la propia AHI quien se ha empeñado en mantenerla”.

La desaladora está al lado del aeropuerto, estaba previsto taparla con un hangar industrial, bloques y tejado de uralita rojo.

“Era una barbaridad en la cabecera de la pista, en una de las entradas a la Isla, que no podíamos permitir. Así es que convertimos el hangar en una ermita”, señala ufano el ingeniero.

Nunca imaginó que tal decisión le costara que el entonces alcalde de Valverde, Agustín Padrón, lo llamara públicamente “blasfemo, irreverente, y persona de dudoso gusto”. El párroco se sumó a las quejas “y casi me crucifica por lo mismo”.

Al final la salvación llegaría de la mano del Obispo del momento, que “dijo que le parecía una idea excelente porque nada hay que impacte menos en un paisaje que una ermita”.

Cuando llegó el agua de Los Padrones a Valverde la desaladora llevaba ya dos años funcionando, consumiendo electricidad las 24 horas del día.

“Una desaladora es un negocio tremendo para cualquier eléctrica. Así es que cuando fuimos a quitarla, no nos dejaron”.

Pero esa es otra historia.

La técnico de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro para la que la Fiscalía Provincial solicita las penas de 11 años de prisión, 4 de inhabilitación y multa de 19.800 euros por el caso Vertederos, Fabiola Ávila, ha presentado un escrito de defensa mostrando su “total disconformidad” con los hechos relatados por el Ministerio Fiscal y solicitando entre otras cosas la comparecencia durante el juicio del secretario de la corporación, Francisco Morales; y de los dos últimos presidentes, Alpidio Armas y Belén Allende.

El Ministerio Público la considera responsable de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.

Fabiola Ávila muestra su “total disconformidad” con los hechos relatados por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, al entender que no “se ajustan a la realidad de lo sucedido y presentan ante el Juzgado la imagen de una conducta imprudentemente delictiva, por comisión u omisión de sus obligaciones más básicas”.

Sin embargo entiende que “ello no puede estar más alejado de la realidad de lo sucedido, tal y como quedará acreditado”, señala que es “una técnico sin capacidad ejecutiva, facultades de decisión o presupuestarias, cumplidora escrupulosa de sus obligaciones profesionales, incluso de las que pudieran ser conceptuadas de culpa levísima”.

Por otra parte apunta que “no ha existido el supuesto hecho delictivo, ni el daño al medio ambiente igualmente imputado. Los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna” por su parte, y “al no existir infracción penal, tampoco existe responsabilidad penal. Por lo que no procede imponer pena alguna”.

Fabiola Ávila aporta sendos informes periciales, elaborados por un ingeniero técnico de Obras Públicas, “a los efectos de acreditar que no ha existido una conducta delictiva”; y solicita al Juzgado que a su vez demande de las diferentes administraciones públicas canarias cerca de un centenar de documentos “a los efectos de acreditar la evolución de la situación de hecho y de la normativa reguladora del Complejo Ambiental de la Dehesa”; su conducta “respecto a la evolución del Complejo Ambiental La Dehesa” o “la inexistencia de daños ambientales en el Complejo Ambiental de La Dehesa”.

Entre ellos destacan algunas comunicaciones internas que la técnico hizo a Claribel González Ortega, consejera en su momento de Medio Ambiente y para quien la Fiscalía solicita las mismas penas antes mencionadas.

Finalmente, y a los efectos de acreditar sus obligaciones y responsabilidades laborales respecto a los hechos objeto de la causa, solicita que se remita oficio al Cabildo de El Hierro a fin de que expida y remita certificación acerca de su categoría profesional y de las obligaciones y responsabilidades que con cargo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o cualquier otra normativa interna le correspondiera asumir con respecto al Complejo Ambiental La Dehesa y la Zona de Almacenamiento Temporal de Residuos de Honduras.

El consejero de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, Héctor Hernández, asegura que la gestión del vertedero de La Dehesa y su restauración es correcta y cumple con todos los parámetros legales.

En febrero de 2018 se hizo público que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife había decidido abrir diligencias de investigación tras una denuncia de la asociación cultural Ossinisa, presentada en septiembre de 2017 por la gestión de los residuos en la celda número 2 del complejo, después de que estuviera ardiendo cerca de una semana.

La teoría que manejan los denunciantes, y que podría estar abriéndose camino en la investigación judicial, es que la gestión del mismo no ha sido adecuada al no haberlo compactado bien, con una capa inerte entre capa y capa de residuos, lo que habría ayudado no sólo a la combustión sino que habría complicado la posibilidad de controlarlo y aislarlo en un tiempo razonable.

Siguiendo esta teoría, el propio incendio y la larga duración de los procesos de combustión interna (desde el verano de 2017 al menos hasta marzo de 2018) habrían acabado afectando a la capa impermeable que protege el fondo del vaso, con lo que es posible que se dieran filtraciones de lixiviados al subsuelo.

Héctor Hernández niega tajantemente este extremo y señala que ni el fondo del vaso se vio afectado ni ha habido filtraciones de lixiviados (líquidos que se forman como fruto de los procesos químicos en las capas de residuos, al atravesarlas y arrastrar partículas de los sólidos): “Son elucubraciones infundadas”.

El consejero aclara que realmente el incendio no tardó tanto tiempo en apagarse, “lo que se complicó fue la necesidad de llegar hasta el fondo. Puede haber hasta 7 metros de altura de residuos compactados. Y tuvimos que llegar hasta el fondo para comprobar que la geomembrana (lámina impermeable que impide la filtración de los lixiviados) no estaba afectada”.

Añade que han “descubierto hace relativamente poco tiempo el fondo, incluso retirando residuos a mano, precisamente para no dañar con la maquinaria el fondo del vaso. Hemos descubierto el fondo, y la lámina no está dañada. Se ha hecho un trabajo lento, con pies de plomo, pero haciendo las cosas como se tienen que hacer para evitar males mayores”.

Héctor Hernández recuerda que las condiciones climatológicas en el verano de 2017 eran extremas y “es lógico que se dieran combustiones espontáneas en los vertederos. De hecho, a los dos o tres días del nuestro se produjo otro en La Gomera, no era una cosa extraña, son incidentes que se dan en los vertederos. Y si tardamos en sofocarlo fue para hacer las cosas bien y de forma concienzuda”.

Así, se extraía todo el material quemado, se llevaba a una zona de la celda preparada para ello, y se terminaba de sofocar con tierra, todo el material que estaba quemado porque aunque no estuviera en combustión seguía caliente porque ese invierno no llovió nada.

Y luego “se compactaba otra vez, pero siempre se compacta con material inerte entre capa y capa de basura”.

El responsable insular de Medio Ambiente y Residuos explica que se han hecho unas catas para poder restaurar el vertedero y vuelve a dejar claro que “lo que se quemó es un lateral del vaso, nunca el fondo. La lámina del fondó no se vio afectada entre otras cosas porque hay una capa de grava de entre 40 y 50 centímetros de grosor que lo protege para evitar que se dañe”.

Ahora mismo se está culminando la fase de restauración, “hemos hecho unas catas para poder poner la nueva impermeabilización”, en un vaso “que es como un embudo. El fondo está sellado. Lo que se ha quemado es un lateral de ese embudo. El fondo no resultó afectado. Ahora lo tenemos todo descubierto, estamos en fase de restauración y haciendo la valoración económica del coste”.

Las instalaciones de un depósito controlado de residuos se tienen que acoger a lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertederos.

Esta norma dispone que no se admitirán residuos que sean explosivos, corrosivos, oxidantes o fácilmente inflamables; y tampoco neumáticos usados enteros, residuos ganaderos (animales muertos), residuos de construcción y demolición.

Además, señala que los residuos vertidos se extenderán en tongadas de no más de 2,7 metros de altura que serán compactadas y sobre ellas se dispondrá otra capa de cubrición de entre 30 y 50 centímetros de espesor de material inerte (no es procedente utilizar materiales de aportación obtenidos de descarnes de terrenos próximos al lugar).

Igualmente, se adoptarán medidas para retener los plásticos, papeles o cualquier otro residuo susceptible de ser arrastrado por el viento, por ejemplo con un vallado con tela plástica. Se controlarán los gases de emisión, para lo que se realizarán mediciones cada tres meses en dos puntos representativos de la celda de vertido.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, más una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios (6.000 euros) para Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación Canaria de Cofradías, como responsable de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal.

Así lo recoge el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Valverde, que decreta la apertura de juicio oral y comienza el relato de los hechos explicando que el 7 de mayo de 1999, el Cabildo de El Hierro, a través de su Presidente, Tomás Padrón, cedió a Fernando Gutiérrez una parcela de su propiedad (2.817 metros cuadrados) con la finalidad de instalar un centro de desguace para la recogida y acopio de vehículos fuera de uso.

Desde ese momento y hasta finales de 2013 en que fue clausurada por orden judicial (desde 2005 se trasladó a otro terreno adyacente al anterior) realizó las actividades contraviniendo las normas más esenciales tendentes a la protección del medio ambiente.

Así lo acreditan numerosas visitas e inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) en el año 2004 que levantaron actas denunciando que no poseía autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil; que la instalación carecía de las medidas adecuadas (impermeabilización de los suelos, equipos de tratamiento de aguas pluviales, zonas cubiertas para el almacenaje de líquidos contaminantes, contenedores para el almacenamiento de baterías, y depósitos para la recogida de líquidos contaminantes); y que no tenía licencia de apertura.

Cuatro años más tarde, en diciembre de 2008, el Seprona vuelve a certificar tras su visita que no se han ejecutado obras de mejora en dicha instalación, que pueden darse filtraciones y vertidos de aceites y líquidos al suelo con la consiguiente filtración al subsuelo; y que pueden darse emisiones de gases procedentes de líquidos contaminantes de los vehículos depositados, considerados como residuos tóxicos peligrosos. Concluyendo igualmente que las citadas instalaciones no cuentan con autorización administrativa para su funcionamiento.

A raíz de las inspecciones efectuadas por el Seprona se personan en dichas instalaciones Isaac Izquierdo, técnico de la Apmun, y un agente de Medio Ambiente que emiten informe poniendo de manifiesto que “el almacenamiento de residuos peligrosos retirados a los vehículos se realiza sobre una losa de hormigón de una superficie aproximada de unos seis metros cuadrados. En los extremos de la losa de hormigón no existe ningún murete de contención ni imbornal por lo que los derrames accidentales terminan en suelo permeable”.

Los vehículos “son almacenados sin descontaminar sobre suelo permeable. En algunos casos se les retira el aceite de motor y baterías, pero la mayoría no son descontaminados, conservando valvulina, líquido de freno, líquido refrigerante, aceite de motor, etc. El despiezado de los coches se realiza en el lugar de almacenamiento al carecer la instalación de zona de descontaminación, lo que supone derrames de los fluídos a suelo permeable”.

Dos años más tarde, en abril de 2010, la Apmun vuelve a informar de que “en el ámbito de actuación, destaca la gran acumulación de vehículos, unos 500 en el momento actual. La mayor parte de ésta superficie está destinada al almacenamiento fuera de uso, disponiendo además de oficina de 12 metros cuadrados y almacén de repuestos de vehículos de unos 190 metros cuadrados”.

De los 13.000 metros cuadrados utilizados para desarrollar la actividad, “solamente la superficie del almacén se encuentra con solera de cemento. El resto de la superficie destinada a la actividad en este enclave, carece de los requisitos establecidos legalmente para este tipo de actividad; una parte de los vehículos están sin descontaminar; un gran número de los vehículos depositados contienen residuos peligrosos que no han sido eliminados, observándose vertidos sobre el suelo”.

La mayor parte de los residuos peligrosos extraídos de los vehículos “se almacenan en envases situados a la intemperie, sobre una pequeña solera de cemento, aunque sin sistema de retención de vertidos, en contacto directo con el suelo permeable. Como consecuencia del vertido de éstos residuos se ha producido la contaminación del suelo de forma puntual y dispersa, por las diferentes zonas de almacenamiento de los vehículos (aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; vehículos al final de su vida útil, baterías de plomo; filtros de aceite, líquidos de freno; tierra y piedras con sustancias peligrosas)”.

Además, la actividad se lleva a cabo en suelo rústico de protección paisajística, no siendo conforme con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valverde.

La actividad desarrollada produce la contaminación del suelo por impregnación de aceites, lubricantes, combustibles y otros residuos peligrosos del automóvil, convirtiendo al suelo a su vez en un agente contaminante, por cuanto al mismo tiempo que retiene estos residuos, de forma continua y lenta, va emitiéndolos al subsuelo por el efecto de la saturación, de la humedad y de las lluvias.

Esta contaminación se dirige especialmente hacia el subsuelo, pudiendo llegar a contaminar las aguas subterráneas de la zona.

El 19 de noviembre de 2012 el Seprona visita nuevamente La Hondura-El Majano describiendo el lugar como “una explanada de unos 14.000 metros cuadrados” en la que se acumulan ya “unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización, produciéndose vertidos de los líquidos de éstos vehículos, los cuales son desguazados para retirar piezas para su posterior venta”.

Y añade: “Se está realizando un abandono, vertido y eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos, en la zona de almacenamiento de vehículos. Las instalaciones no cuentan con zonas adecuadas para el número de vehículos almacenados, no hay impermeabilización para recogida de derrames, decantación y separación de grasas. No cuenta con equipos para el tratamiento de las aguas, incluso las pluviales. La zona cubierta no posee pavimento impermeable”.

En esa misma fecha, Nieves Padrón, técnico del Ayuntamiento de Valverde, emite un informe manifestando que conforme al PGOU el suelo está clasificado de suelo rústico de protección paisajística y la actividad ejercida por Fernando Gutiérrez sería un uso no permitido.

El 14 de noviembre del 2013 una comisión judicialmente autorizada procedió a realizar inspección ocular en la zona la Hondura-El Majano observándose en el desarrollo de la misma que se seguía con la actividad.

Por eso, mediante Auto judicial de 19 de noviembre del 2013 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valverde, se acordó la medida cautelar de clausura del centro de desguace, así como el precinto de la zona y maquinaria empleada por dicha empresa.

Ese mismo día se procedió al precinto de dichas instalaciones.

Tres años después, el 27 de julio del 2016, el acusado, a través de su representante procesal, solicita el levantamiento de la medida cautelar acordada judicialmente, siendo desestimada dicha solicitud a través de Auto Judicial de 19 de octubre del 2016 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valverde, Auto que fue posteriomente confirmado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en fecha de 16 de diciembre del 2016.

La acusación particular pide 7 años de prisión

La acusación particular, ostentada por la Asociación Canaria de Desguaces y la Asociación Cultural Ossinissa, califica los hechos como un delito continuado contra los recursos naturales y Medio Ambiente de los artículos del Código Penal 325, 326, 326 bis y 327, en relación con el artículo 74. Y solicita por ello se imponga la pena de 7 años de prisión y una multa de 14 meses a determinar en base a la cuantía económica del acusado.

El relato de la acusación particular coincide en que “Fernando Gutiérrez, con la colaboración de políticos y funcionarios adscritos al Cabildo de El Hierro, asumió el servicio de recogida y gestión de los vehículos fuera de uso (VFU) sin contar con la autorización administrativa preceptiva, y sin cumplir con los requisitos técnicos y admintistrativos, produciendo enterramientos y vertidos de residuos peligrosos que han producido daños irreversibles en un paraje natural protegido”.

La acusación particular considera que “debido a la regulación legal de la actividad de gestión de VFU Fernando Gutiérrez no era capaz de desarrollar la actividad ilícita sin la colaboración de los funcionarios implicados, ya que al no constar con la autorización administrativa no tenía acceso a los Certificados de Destrucción que el Gobierno de Canarias ponía a disposición de los Centros autorizados y que se encontraban debidamente numerados”.

Dichos certificados eran necesarios para conseguir la tramitación de la baja del vehículo ante la Jefatura de Tráfico de Tenerife ya que el usuario tenía que hacer entrega de su viejo vehículo a un centro autorizado, éste le emitía el Certificado de Destrucción y dicho certificado se configuraba como requisito para la tramitación de la baja del vehículo ante la Jefatura de Tráfico.

“Desde 1999 a 2005 el acusado desarrolló su actividad en terrenos cedidos por el Cabildo de El Hierro, en El Majano, suelo rústico de protección paisajística, recogiendo vehículos de cualquier lugar de la isla con el camión del Cabildo. Una vez allí, con total desprecio por el medio ambiente, procedía al despiezado de los vehículos y aprovechamiento económico de los repuestos, derramando los residuos al suelo permeable, no contando con zona de descontaminación”, exponen.

A partir del año 2005 el acusado continuó con la misma actividad en un terreno anexo al del Cabildo, “donde continuaba realizando el compactado de parte de los vehículos gestionados sin previamente despojarlo de los componentes peligrosos tales como baterías, aceites, agua refrigerante, líquidos de freno, mercurio, amianto, ácidos, etc”.

Y “como la compactadora pertenecía a una empresa de Las Palmas y no se encontraba siempre a disposición del imputado, el resto de los vehículos, los que no se compactaban, fueron enterrados incluso sin descontaminar bajo los cimientos y en los alrededores del punto limpio de El Majano, los cuales se pueden observar a simple vista inspeccionando el lugar, todo ello haciendo uso de la maquinaria del Cabildo de El Hierro”.

La acusación popular considera que estos hechos se desarrollan con la autorización y complicidad de Fabiola Ávila, técnico de residuos del Cabildo; Aniceto Javier Armas, director del área del Cabildo; y Claribel González, consejera de Medioambiente del Cabildo (los tres imputados en una pieza separada de este caso).

“En su condición de funcionarios y políticos consiguieron la colaboración de la Jefatura de Tráfico, que aceptaba documentos emitidos por el Cabildo, firmados por Aniceto Javier Armas y Claribel González, haciendo constar falsamente que los vehículos se encontraban en instalaciones de recepción de vehículos fuera de uso a pesar de la inexistencia de tales instalaciones”, señalan.

Es más, “tales vehículos terminaron, en su gran mayoría, enterrados y sus componentes contaminantes vertidos por el suelo”.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de Canarias tardó casi cuatro años en incoar un expediente sancionador a Fernando Gutiérrez por el desguace ilegal de vehículos en la zona conocida como El Majano (Valverde) desde que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil denunciara en diciembre de 2004 la existencia de esta actividad sin autorización y la ausencia total de medidas que evitaran la contaminación del subsuelo.

Y no sólo tardó todo ese tiempo en actuar, sino que además dejó morir, caducar, el expediente abierto en junio de 2008 a pesar de que el propio afectado reconocía en sus alegaciones estar actuando al margen de la legalidad.

Posteriormente, en diciembre de 2009, iniciaría un nuevo expediente sancionador como fruto de nuevas denuncias de los agentes de la APMUN, que volvería a ser suspendido en enero de 2010, en este caso porque se habían abierto diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 contra Gutiérrez por los mismos hechos.

Así lo reconoce la funcionaria encargada de instruir sendos expedientes, María del Carmen Pradas, en su comparecencia como testigo el 25 de junio de 2012 en el Juzgado de Instrucción Nº4 de Santa Cruz de Tenerife.

“Los hechos se remontan a 2004, el expediente se incoa en 2008 y durante ese período se realizaron actuaciones previas que se alargaron … hasta que se lo pasaron al órgano que resuelve el 11 de julio de 2008” --señala--, añadiendo que ella “elevó la propuesta de resolución el 29 de agosto de 2008, una propuesta de sanción (60.000 euros de multa) remitiendo todos los documentos al órgano que resuelve, el director (Pedro Pacheco González en ese momento), pero el expediente se mantuvo en el órgano que resuelve en diciembre de 2008, hasta que el director incoa un nuevo expediente en 2009”.

María del Carmen Pradas contesta durante su interrogatorio que “no sabe por qué se tardó en incoar el expediente, pero sí recuerda del contenido de la denuncia de los técnicos de medio ambiente que se producían vertidos”.

La funcionaria de la APMUN tampoco sabe contestar por qué no se realiza la clausura del establecimiento en la instrucción y en el inicio del expediente; por qué no se toman medidas cautelares en 2009 para evitar los vertidos (se requiere al denunciado para que tome las medidas necesarias, pero no lo hizo); y por qué no dieron cuenta al Ministerio Fiscal al acreditar los agentes que se estaban produciendo vertidos: “No sabe porque como instructora del expediente se limita a proponer, pero no sabe por qué el director de la Agencia no lo hizo”.

Seguidamente, y a la pregunta de si ¿en el caso de no haber denunciado una asociación particular (Ossinissa) el problema, se seguirían produciendo vertidos? Manifiesta que “según el técnico (de la APMUN) la actividad de vehículos fuera de uso continúa en las mismas condiciones, sigue sin contar con las autorizaciones para la gestión de residuos desde el año 2004 y se siguen produciendo vertidos (en junio de 2012, ocho años después de la primera denuncia del SEPRONA)”.

La denuncia original del SEPRONA destacaba que “se trata de un depósito de unos 500 vehículos a los cuales se les retiran las piezas para su venta posterior a particulares, además de realizar tareas de descontaminación para su compactación posterior sin contar con zonas adecuadas para el número de vehículos almacenados, ni dotadas de pavimento impermeable, ni con instalaciones adecuadas para la recogida de aceites”.

Y añadía: “No posee equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las pluviales. No posee zonas cubiertas y con pavimento impermeable para almacenar los componentes retirados a los vehículos. No posee zonas adecuadas para almacenar baterías. No posee depósitos para almacenar separadamente los fluidos de los vehículos al final de su vida útil. No posee zonas para el almacenamiento de neumáticos”.

Pues bien, a pesar de que la propia resolución del expediente indicaba en 2008 que si el denunciado reconoce su responsabilidad (como finalmente ocurrió) se podía entender concluida la instrucción (y por tanto ejecutar la sanción, clausurar, etc.), tuvo que ser el Juzgado de Valverde, una vez más a petición de la Asociación Cultural Ossinissa, el que decretara el cierre del desguace en noviembre de 2013.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la apertura de juicio oral y que se imponga a cada uno de los tres acusados por el caso Vertederos de El Hierro las penas de 11 años de prisión, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros. El Ministerio Público considera que los acusados, los ex consejeros insulares Claribel González y Javier Armas (en la actualidad viceconsejero de Hacienda) y una técnico de medio ambiente del Cabildo, son responsables de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.

El proceso judicial parte de una denuncia de la asociación cultural Ossinissa en 2006 por la existencia de los vertederos de La Dehesa, en las inmediaciones del Faro de Orchilla, dentro del Espacio Natural Protegido Parque Rural Frontera, y del punto limpio de El Majano, donde se ejercía la actividad de apilamiento de vehículos y su enterramiento. En 2009 se añadió un tercero, también gestionado por el Cabildo, en la montaña La Cumbrecita.

Desguace en El Majano

En relación con el vertedero en la zona de El Majano, la Fiscalía explica que el Cabildo cedió el 1 de junio de 1999 a Fernando Gutiérrez Hernández unos terrenos catalogados como suelo rústico de protección paisajística en los que recepcionaba y recogía vehículos de cualquier lugar de la isla. “Una vez en el lugar de almacenamiento, Gutiérrez, con total desprecio por la protección del medio ambiente, procedía al despiezado de los vehículos y aprovechamiento económico de los repuestos, derramando los residuos al suelo permeable, no contando con zona de descontaminación”, se lee literalmente en el escrito de acusación.

Dicha cesión tenía una limitación temporal, ya que en esa misma zona debía ejecutarse un complejo medioambiental para llevar a cabo una actividad de desguace y acopio de vehículos fuera de uso. Cuando comenzaron las obras (finales de 2005), Gutiérrez tuvo que abandonar la parcela del Cabildo para continuar con su actividad en unos terrenos de su propiedad anexos a las instalaciones públicas, habiéndose convenido entre éste y el Cabildo mantener esta actividad de manera provisional hasta que entrara en funcionamiento el citado complejo.

“Desde ese momento continuó realizando el compactado de parte de los vehículos gestionados sin previamente despojarlos de sus componentes peligrosos del mismo: en diciembre de 2008 el Seprona comprueba que en la explotación del negocio siguen sin adoptarse medidas para evitar filtraciones, por lo que se informa de que el desguace trabaja sin autorización y sin la adopción de medidas preventivas para evitar la contaminación”, lo que dio lugar a la incoación de un expediente sancionador contra Fernando Gutiérrez.

La Apmun emitió un informe técnico en el que hacía constar que se trataba de una instalación fuera de uso en la que se desarrollaban trabajos de descontaminación, desguace y reciclaje de residuos peligrosos y no peligrosos. En marzo de 2010 se llegaron a acumular 500 vehículos. La mayor parte de los residuos peligrosos extraídos de los vehículos se almacenaban en envases situados a la intemperie, sobre una pequeña solera de cemento, aunque sin sistema de retención de vertidos, en contacto directo con el suelo permeable, con su consiguiente contaminación.

El Seprona constató en 2012 que en El Majano había “una explanada de unos 14.000 metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización. En dicha superficie se está produciendo un almacenamiento de vehículos, que son recogidos por un camión grúas. Son depositados en el suelo, sin impermeabilización, produciéndose vertidos de los líquidos de éstos vehículos, los cuales son desguazados para retirar piezas para su posterior venta”.

La explotación carecía de licencia de apertura y de licencia de obras y clasificación territorial para el uso y la edificación. El 14 de noviembre del 2013 una comisión judicial procedió a realizar inspección ocular en la zona, observándose que se seguía con la actividad, de ahí que por auto judicial de fecha 19 de noviembre del 2013, dictado por el juzgado de instrucción 1 de Valverde, se acordara como medida cautelar la clausura del desguace de El Majano.

Contaminación en La Dehesa

La Apmun informó en octubre de 2010 sobre la situación de los vertidos en La Dehesa, que está dentro de los límites del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera. Se trata de un vertedero ubicado en una cuenca situada entre dos montañas (Las Calcosas y Colorada) que conforma una ladera de escasa pendiente sobre la que se han venido depositando residuos en los últimos 15 años. La mayor parte de los residuos vertidos son sólidos urbanos, de origen domiciliario, si bien se han almacenado enseres domésticos, equipos eléctricos y electrónicos, chatarras, neumáticos fuera de uso, animales muertos, envases de diferente naturaleza y contenido e incluso residuos peligroso como envases contaminados.

El escrito de la Fiscalía describe tres fases en La Dehesa. La primera, gestionada por el Cabildo se caracterizó porque los vertidos se comenzaron a realizar en zanjas de 3 metros de ancho por 2 ó 3 de alto en un estado de combustión permanente, de tal forma que al realizarse el vertido de basuras de los camiones recolectores, ésta ardía de forma instantánea. El vertedero no disponía de control de entradas de residuos, ni de impermeabilización del suelo, ni de recogida de lixiviados, ni de cunetas para evitar escorrentías, ni de instalación eléctrica. La instalación y las actividades carecían de autorizaciones e informes de compatibilidad, teniendo en cuenta en que se trataba de una actuación desarrollada en el interior de un Espacio Natural Protegido (Parque Rural de Frontera).

En la segunda fase se redactó un proyecto de acondicionamiento para mejorar los accesos y la gestión y en la tercera, el Cabildo solicitó (abril de 2008), Autorización Ambiental Integrada (AAI) que no le fue otorgada hasta enero de 2012 porque la mencionada solicitud carecía de aspectos esenciales del proyecto.

La Apmun constató, en cualquier caso, incumplimientos sobre disposiciones de la Declaración de Impacto, relacionados con el exceso en el volumen y alturas previstos para la celda de vertido, con la ausencia de los elementos de evacuación de gases del vertedero, con la falta de programas de sellado, de abandono del vertedero preexistente y de restauración de la zona.

Las actividades que se desarrollan en el lugar afectan al menos a 10.000 metros cuadrados, clasificados como Suelo Rústico de Protección Natural. La Apmun pone de manifiesto que la totalidad de los suelos sobre los que se desarrollan las actividades de gestión de residuos en la zona son de elevada permeabilidad debido a la presencia de coladas basálticas y depósitos de ceniza volcánicas generadas por los innumerables conos que se distribuyen en el área.

El 23 de febrero del 2011, María Arteaga, arquitecta técnica del Ayuntamiento de Frontera, emitió un informe que concluyó que la actividad desarrollada en La Dehesa se ejecuta en Suelo Rústico de Protección Ambiental en la Categoría de Natural, y la actividad desarrollada está prohibida de acuerdo con el Plan General de Ordenación de La Frontera.

El 1 de septiembre del 2011, por auto dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde y en base a dicho informe, se acordó la medida cautelar de suspensión de la actividad por el sistema de excavación de zanja.

“La medida cautelar fue remitida al Consejero de Medio Ambiente, Claribel González, así como a la técnico de Residuos y Reciclaje. Esta última, con carácter previo a la adopción de dicha medida cautelar, emitió informe manifestando que dicho vertedero cumplía con los requisitos medoambientales pertinentes, cuando en realidad no era así”, señala en su escrito la Fiscalía.

Daños irreversibles en La Cumbrecita

En relación con el vertedero de La Cumbrecita, cuyo responsable era también el Cabildo, se emitieron igualmente informes tanto por la APMUN como por el SEPRONA. De ellos se desprende que desde 2007 se realizó una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización.

El suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, habiéndose analizado la incidencia que tal actividad ha podido producir sobre los recursos naturales, e informándose que el caso del suelo el daño es ya irreversible.

El juzgado acordó la paralización de la actividad del vertedero en septiembre de 2010, aunque la técnica de Medio Ambiente volvió a emitir un informe que catalogaba el vertedero de “zona de almacenamiento temporal de residuos”, cuando en realidad con dicha actividad se estaba alterando notablemente el medio ambiente causando un daño significativo“, pone de manifiesto la Fiscalía.

Además señala que todos estos atentados contra el medio ambiente han podido llevarse a cabo por la inacción y el consentimiento de los acusados: “En El Majano permitieron que Fernando Gutiérrez desarrollara su actividad aún careciendo de las respectivas autorizaciones y con pleno conocimiento de que con su conducta estaba atentando contra los recursos naturales”.

Con respecto a La Dehesa “la acusada Claribel González, aún teniéndo conocimiento de la medida cautelar de suspensión de la actividad que le fue previamente notificada, hizo caso omiso a la misma y consintió el vertido constante de residuos en la zona”.

Por último en Las Cumbrecitas “los tres acusados eran plenamente conocedores que el vertido comenzaba su actividad sin autorización ambiental y sin estudio básico de impacto medioambiental, permitiendo con sus omisiones que se vertieran residuos que atentan notablemente contra el medio ambiente, causando daños irreversibles”.

La asociación cultural Ossinissa ha denunciado al Cabildo de El Hierro ante Transparencia por el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y la omisión de salvaguarda de bienes patrimoniales en relación con el proyecto de acondicionamiento del Camino de San Salvador.

Ossinisa explica que el Cabildo ha adjudicado obras para la mejora del sector primario insular con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) por valor de 1.098.995,63 euros entre las que se tiene previsto acondicionar las pistas agrícolas de la zona de Santiago, Roque Blanco, Malnombre-La Ladera, Las Toscas-Malnombre y Merese-Puerto Escondido.

La asociación señala que el proyecto de acondicionamiento de la pista Las Toscas-Malnombre (Frontera) no tiene en cuenta que el tramo en que se va a intervenir es parte de la red insular de senderos tradicionales de El Hierro (atraviesa una parte importante del centro oeste de la Isla en sentido sur-norte y era el camino tradicional entre El Pinar y El Golfo).

Ossinissa deja claro que dicho proyecto tampoco tiene en cuenta que el Plan Insular de la Isla señala entre sus criterios para la recuperación y mantenimiento de caminos históricos y senderos rurales que se debe evitar el empleo de materiales y técnicas que no consten en el repertorio tradicional; que se deben conservar los empredrados que caracterizan buena parte del recorrido; o que se debe evitar la transformación en vías transitables por vehículos.

Y que igualmente se obvian los objetivos de la iniciativa comunitaria del Proyecto Tourmac para salvaguardar el patrimonio cultural que significan los caminos tradicionales, ordenando el uso de los espacios naturales y garantizando su conservación, interconectando las redes de senderos con otras redes y servicios, evitando así el deterioro de recursos naturales no renovables.

“No nos consta que se haya solicitado un informe jurídico, ni de la inspección de Patrimonio del Cabildo de El Hierro o cualesquiera que sean pertinentes por instituciones competentes en materia de patrimonio histórico y política territorial a pesar de que se actúa sobre un bien con elementos etnográficos de primer orden”, denuncian desde la asociación.

Así es que por todo ello solicitaron desde el 17 de julio de 2018, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha, la paralización que cualquier intromisión por medio de obra en el citado camino y la intervención inmediata de la Inspección de Patrimonio del Cabildo.

Además reclaman la elaboración de un informe sectorial de Patrimonio Histórico, “teniendo como antecedentes el informe emitido el 16 de abril de 2007 sobre el proyecto de rehabilitación de la pista Nido El Cuervo, ya que concurren las mismas circunstancias, las cuales derivaron en un procedimiento penal por la presunta comisión de un delito de ordenación del territorio y otro sobre el patrimonio histórico (finalmente archivado por prescripción de los delitos)”.

Ossinissa pide finalmente la elaboración de todos los informes pertinentes que garanticen la salvaguarda de los bienes patrimoniales y la legalidad de la actuación, teniendo en cuenta la legislación vigente que afecta al sendero mencionado; así como que se les entregue copia de los informes emitidos hasta la fecha sobre el proyecto.

La avería de uno de los cuatro motores del Volcán de Tirajana, de Naviera Armas, provocó un retraso en la travesía Valverde-Los Cristianos de la tarde de este domingo, de manera que a pesar de embarcar con antelación (desde las 14:30) y salir también antes de la hora prevista (15:15) el pasaje con destino Tenerife no llegó a puerto hasta pasadas las seis y media de la tarde.

A mitad de travesía se informó a los pasajeros por los altavoces del barco de que “debido a una avería” el viaje se iba a retrasar.

Desde la compañía confirmaron con posterioridad a este periódico que el barco estaba “navegando con tres motores” y se esperaba que “mañana (por este lunes) ya estuviera arreglado”.

Naviera Armas confirmó igualmente que “la programación continuará igual, inalterable” sin que se viera afectado ninguno de los viajes previstos, a excepción del de las 19:30 del domingo (Los Cristianos-Valverde) que hubo de relizarse también con tres de los cuatro motores.

La llegada con retraso del Volcán de Tirajana hizo que coincidiera con el atraque de otro buque de la compañía Fred Olsen, lo que provocó el colapso del Puerto de Los Cristianos: para recorrer el escaso kilómetro de salida los viajeros de ambas embarcaciones tardaron alrededor de 45 minutos.

No se trata en todo caso de una novedad, pues la propia policía portuaria confirmó que este escenario caótico suele repetirse “cada viernes y domingo”, más allá de que los agentes se impliquen en despejar de tráfico los dos carriles de salida del Puerto, que vienen a morir en el cuello de botella insalvable en que se ha convertido la rotonda de salida.

Es un grave problema al que los responsables de las diferentes instituciones deberían buscar una solución urgente, pues más allá de los inconvenientes que ello provoca para los residentes isleños, los turistas que vuelven de cualquiera de las islas no capitalinas se están viendo sometidos a un tormento que difícilmente olvidarán.

Los precios de los combustibles en la isla de El Hierro siguen estando alrededor de un 20% más caros que en las islas capitalinas pese a las promesas de compensación anunciadas hace tres meses.

El pasado 12 de junio el Cabildo insular anunciaba que DISA bajaría los precios, pese a los sobrecostes en 31 euros por metro cúbico, “como un gesto con los herreños y los gomeros, después de la reunión mantenida con el Gobierno de Canarias y los cabildos de ambas islas, mientras se definen las medidas definitivas para compensar los sobrecostes”.

Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy un litro de gasoil cuesta en El Hierro 1,138 euros frente a los 0,918 de Tenerife; la gasolina 95 está a 1,211 frente a 0,985 euros; y la de 98 octanos a 1,287 por los 1,046 que cuesta en la capital de la provincia.

Las medidas anunciadas para compensar los sobrecostes son más necesarias hoy en día, puesto que este mes de septiembre los combustibles están más caros de lo que estaban en aquel mes de junio (un litro de gasóleo normal estaba a 1,116 euros, de gasolina si era de 95 octanos a 1,184 euros y de 98 a 1,260 euros).

La bajada aplicada por DISA estaba en torno a los 31 euros por metro cúbico, lo que en términos de precio de venta al público suponía una reducción de en torno a 3 céntimos de euro por litro, lo que venía a significar un ahorro medio de entre 1,5 y 2 euros en un llenado de tanque.

DISA asumía “de forma provisional” el impacto económico que suponía aplicar esta medida en sus cuentas de resultados empresariales, dado que es la única compañía que voluntariamente comercializa combustibles pese a ser un mercado plenamente liberalizado.

La bajada se anunció igualmente como provisional “hasta que el Gobierno de Canarias y las instituciones competentes diseñen un sistema de compensación pública a estos sobrecostes que igualen las condiciones económicas para el acceso a estos productos a los herreños y gomeros respecto a la media canaria”.

La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, dijo que se trataba de “un primer gesto”, que esperaba se mantuviera y afianzara en el futuro ya que el Gobierno canario y los dos cabildos seguirían buscando alternativas que garanticen que la empresa pueda distribuir sus sobrecostes entre el conjunto del Archipiélago manteniendo similares precios en todas las islas, al igual que ocurre en grupos del sector de la alimentación.

Sin embargo, no sólo los combustibles son más caros en El Hierro a día de hoy que en el pasado mes de junio, sino que se mantienen las diferencias de entre un 22,94 y un 23,96% en relación con los precios de la isla de Tenerife.

La Asociación de Empresarios del Comercio de la isla de El Hierro (ASECIH) calificó en su momento “ridícula e insuficiente” la bajada de precio, “no respondiendo la misma a las expectativas planteadas inicialmente, las cuales cifraban el descenso en unos 20 ó 30 céntimos por litro”.

ASECIH consideraba que “son precios desorbitados para una isla que depende de la importación de sus mercancías, principalmente de Tenerife, y el consumo interior del grado de movilidad de los herreños dentro de su propia isla”.

La asociación tiene claro que mientras no se produzca esta equiparación real “esta bajada de tres céntimos por litro representa una limosna intolerable después de años de imposición de precios máximos permitidos en la venta de carburantes y de promesas incumplidas”.

Las exigencias del Partido Popular (PP) para colocar en la defensoría del pueblo de Canarias (el Diputado del Común) a dos técnicos asesores de los 12 previstos en la ley está provocando la desarticulación del equipo histórico de juristas de la institución y situaciones tan pintorescas como que haya que buscar un espacio más grande en la isla de El Hierro para que, en vez de una asesora, quepan dos. La imposición de que una concejala del PP en la isla, hermana del presidente local del partido, sea asesora de la institución, ha tensionado aún más la organización, a cuyo frente el PSOE ha colocado a un exalcalde tinerfeño, Rafael Yanes.

Regina García Casañas se presentó hace unos días en la sede del Diputado del Común en Valverde, la capital herreña, diciendo a su ocupante, Silvina Morales Dragonetti, que tenía que desalojar aquellas dependencias porque la nueva asesora en la isla iba a ser ella. La reacción del PSOE insular no se hizo esperar, y su secretario general, Alpidio Armas, telefoneó a su secretario regional, Ángel Víctor Torres, para exigirle una explicación. Torres no se cansa de repetir a todo el que le pregunta que en la negociación de los órganos dependientes del Parlamento, al PP le correspondieron dos de los tres adjuntos que tiene el Diputado del Común, plaza para la que designó a Beatriz Barrera y Felipe Afonso El Jaber, que ya han tomado posesión. Y que nada se habló entonces de que a los populares debían corresponderles dos de las doce plazas de asesores técnicos que por ley tiene la institución. El nuevo titular, Rafael Yanes, se las prometía muy felices con la potestad de renovar o confirmar en parte a los juristas heredados de la etapa de más de seis años de Jerónimo Saavedra.

Pero, de repente, la portavoz del PP en el Parlamento, Australia Navarro, descuelga el teléfono y empieza a exigir dos plazas entre esa docena de escogidos. Y las dos imposiciones populares han llegado por las islas de El Hierro y de La Palma.

Para hacer un hueco a esas dos recomendaciones, Yanes ha prescindido de otros tantos profesionales, algunos de los cuáles llevan más de dos décadas prestando servicios en la institución, sin que las nuevas incorporaciones puedan garantizar ni la experiencia ni los conocimientos jurídicos requeridos. Son imposiciones de los partidos, expresamente del PSOE y del PP, sin mayores miramientos.

No es nueva en la casa Silvina Morales Dragonetti, la asesora de El Hierro, que entró con Jerónimo Saavedra. Está casada con el consejero socialista del Cabildo Juan Rafael Zamora Padrón y su continuidad la dieron por sentada en el PSOE insular cuando comenzó el baile de despidos y contrataciones.

En una oficina tan pequeña como la de El Hierro no caben dos asesoras, así que con el nombramiento de Regina García Casañas, hermano del presidente local del PP, la institución tendrá que buscar una sede más grande. En eso anda ya afanado el Diputado del Común, Rafael Yanes, que ha cursado una petición, de momento informal, a la presidenta del Cabildo herreño, Belén Allende. Yanes quiere ahorrar dinero en alquileres y en la isla de El Hierro pretende que su principal institución, el Cabildo, le ceda algún espacio público.

La nueva asesora en la isla, hermana del líder local del PP, Juan Manuel García Casañas, es concejala de ese mismo partido en el municipio de La Frontera. Ocupa actualmente plaza en la oposición, por lo que no percibe retribución alguna más que las dietas por asistencia al pleno. Deberá abandonar ese cargo antes de tomar posesión, lo que se estima pueda ocurrir a final de mes.

Las presiones del PSOE herreño, además, harán que también se quede Silvina Morales. Dos asesoras en la isla menos poblada del Archipiélago, cuestión a la que el Diputado del Común resta importancia porque, según ha explicado a este periódico, los asesores y asesoras se ocupan de áreas temáticas, y da igual dónde tengan su ubicación física porque solo tienen que resolver las quejas de la población y remitirlas al titular de la institución, que es el que abre y da por cerrados los expedientes.

En La Palma, un viejo conocido

Otra imposición del Partido Popular va a generar algunas tensiones dentro de la institución en la que es su sede oficial, en la isla de La Palma. A ella se habrá de incorporar el abogado Javier Brito, un viejo conocido de la casa a la que llegó en los tiempos de uno de los primeros defensores del pueblo de Canarias, Fernando Giménez. Brito pudo prolongar su contrato de asesor técnico con el siguiente Diputado del Común, Manuel Alcaide (propuesto por el PP), y fue en esa etapa cuando empezaron los problemas con él.

El adjunto al Diputado del Común de entonces, Carlos Rodríguez Álvarez, detectó que Javier Brito utilizaba los despachos de la institución para recibir a clientes de su despacho profesional en horas de atención al público, contraviniendo claramente las incompatibilidades a las que están sometidos este tipo de cargos públicos. Una fuente conocedora de aquellos incidentes ha confirmado que a Brito se le llamó la atención en varias ocasiones y que, tras la intervención del mismísimo Manuel Alcaide, depuso su actitud durante un corto espacio de tiempo.

Con la llegada de Jerónimo Saavedra al organismo, no se le renovó el contrato.

El informático recomendado por Castro

El juego de imposiciones políticas también alcanza a un profesional técnico del Diputado del Común. Y en este caso por recomendación de Coalición Canaria, más concretamente del líder palmero de esa formación, Antonio Castro Cordobez. Se trata del informático, un profesional que lleva unos pocos años en la institución y que sustituyó a una empresa que prestaba su asesoramiento técnico por una cantidad mucho más baja de lo que supone su sueldo.

Coalición Canaria pidió al nuevo Diputado del Común que afianzara a esa persona en la institución, lo que llevó a Rafael Yanes a publicar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) en el Boletín Oficial de Canarias. En esa publicación podía comprobarse cómo se prescindía de una plaza de asesor jurídico para crear la de un jefe de Informática. Sin embargo, según fuentes oficiales, Yanes se ha visto obligado a anular esa RPT al imponérsele que el puesto de informático de la institución sea cubierto a través de la lista de solicitantes de trabajo del Servicio Canario de Empleo (SCE). Esta exigencia legal va a obligarle a dibujar un perfil acorde con el informático que Antonio Castro Cordobez enchufó en el Diputado del Común.

"Cuando llegamos al Cabildo no había agua corriente en ningún pueblo. Había dos barcos dos veces a la semana y el llamado Hospital tenía un médico de medicina general y dos hermanas de la Caridad"

"Así nació la AHI, sin una ideología concreta, sólo queríamos ayudar y empujar a que la Isla saliera del ostracismo"

"El objetivo final de Gorona es el 100% permanente. Pero falta la segunda fase por desarrollar: ampliar el almacenamiento arriba y abajo, y profundizar en la energía solar para complementar con la eólica"

Tomás Padrón, Hernández. El Pinar de El Hierro, 1945. El año de la seca llegaría un poco más tarde pero la memoria le alcanza para recordar a la gente de su pueblo yendo a buscar agua con bidones de gasolina a los barcos aljibe que venían desde Tenerife y Gran Canaria. Fue un tiempo duro, muy duro, en un pequeño mundo casi desconectado del exterior. Todo era autoconsumo, “de ahí nos viene el gen del desarrollo sostenible al que hemos apelado a lo largo de nuestra historia”. Tiene tiempo y calma, no contesta ni una pregunta a la primera, se detiene en los recuerdos, así que la entrevista es larga.

P. Treinta años en política..., ¿se puede decir que nació para esto?

R. A finales de los 70 era delegado de la empresa Unelco en El Hierro, que en aquella época era una empresa pública. Era responsable de la instalación de las nuevas líneas. No había servicio eléctrico en ningún sitio, salvo dos motores en El Pinar y Valverde. Y llevar el servicio era importante, un regalo, algo nuevo que en principio estábamos condenados a no tener. En el día a día se produce un contacto directo con la gente y es esa relación la que en un momento determinado, en 1979, con la llegada de las primeras elecciones locales, cuando alguien en el Bar de Los Reyes de Valverde, un juez de instrucción de aquella época, me animó a presentarme.

¿Y dijo que sí?

Yo no sabía nada de todo esto. Pero tenía claro que si me presentaba era sin partido político. Ese empujón de una persona relevante, un juez de instrucción, hizo que empezáramos a reunirnos un grupo de amigos, maestros de escuela, agricultores, ganaderos..., y dada la marginación histórica y el abandono de esta Isla decididimos aportar nuestro grano de arena intentando tener al menos una voz en el Cabildo de El Hierro.

¿Nunca imaginaron que ganarían?

Cuando fuimos a presentar nuestra candidatura no se podía. No éramos partido político y teníamos que hacer una agrupación de electores. Teníamos que recoger 500 firmas en poco tiempo. Lo conseguimos rápido, pero tampoco servía. ¡Tenían que venir uno por uno al Juzgado a firmar delante de la Secretaria! Fue un muro difícil de levantar. Llevar gente al Juzgado, que en aquella época imponía, fue costoso. Pero venían con sus mejores ropas, y logramos las 500 firmas para la que desde entonces nació como Agrupación Herreña Independiente (AHI).

No fue fácil entonces.

Nunca imaginamos que en la noche electoral, presentándonos ante la todopoderosa UCD, que venía de ganar las Elecciones Generales, con un candidato que entonces era el senador de la Isla, pudiéramos ganar. Pero el PSOE de aquel momento decide no presentar candidatura y apoyar la nuestra. Y Alianza Popular no la retira, pero tampoco ve opciones y prácticamente no las disputa.

¿En realidad, la recogida de firmas les aseguraba un buen resultado verdad?

La recogida de firmas fue una campaña tan potente que prácticamente nos dio el proceso electoral abierto. Recuerdo que cuando algún representante de otro Partido iba a pedir el voto la gente les decía que ya habían firmado por nuestra candidatura y estaban comprometidos. Así nació la AHI, sin una ideología concreta, sólo queríamos ayudar y empujar a que la Isla saliera del ostracismo. Y sigue así, o seguía cuando dejé la Presidencia: si miras a los 1.500 afiliados hay de todo. Nos une la Isla, sus problemas y sus circunstancias.

¿Qué se encontraron al llegar?

Cuando llegamos al Gobierno del Cabildo no había agua corriente en ningún pueblo. Había dos barcos que comunicaban con Santa Cruz dos veces a la semana y el llamado Hospital tenía un médico de medicina general y dos hermanas de la Caridad. Cuando la cosa se complicaba, muchos herreños morían en el traslado del barco, si coincidía barco, que tardaba 17 horas. Hacía escala en todas las Islas. Nos cayó aquella carga a personas no duchas en política ni administración y se nos vino el mundo encima. Pero empezamos a trabajar y a sacar cosas adelante. Tuvimos suerte porque nada más entrar llegaron 40 millones de pesetas del Ministerio de Sanidad fruto de una promesa que había hecho el presidente Suárez en 1978 en su visita a El Hierro para la mejora del Hospital.

¿Y para qué daba ese dinero?

No teníamos posibilidades de hacer un hospital nuevo pero supimos que en Perú una empresa catalana estaba construyendo unos hospitales prefabricados con buen resultado. Eso hicimos. Y lo dotamos con equipamiento, camas, quirófanos...

¿Con un médico y dos monjas?

Así es. Empezamos un peregrinaje al Ministerio, porque hasta los análisis de sangre había que remitirlos a Tenerife. El director general de turno nos preguntaba siempre por la población de la Isla (7.500)... se reían, señalaban por la ventana y decían que era lo mismo que cualquier grupo de edificios... de calentura en calentura hasta que en esa guerra con el Ministerio un hecho sirvió para cambiar la situación sanitaria tercermundista de El Hierro.

¿A saber?

Las parturientas solían a irse a Tenerife a dar a luz. A una mujer se le adelanta el embarazo y se va al Hospital. El avión del día se había marchado. La criatura empieza a salir pero se atasca a la mitad del pecho. No hay manera de sacarlo. No hay instrumentos para una cesárea. La criatura muere y la señora tiene que aguantar así toda la noche. Al día siguiente es evacuada en el Fokker y en Tenerife descubren que el bebé traía un tumor muy grande en una nalga. Por eso no la podían sacar.

¿Entonces?

Al día siguiente, apoyado por Radio Club Tenerife, contamos la historia en el programa Hora 25, de mucha audiencia nacional. Sacaron al Ministro de la cama y tuvimos unas palabras que repercutieron a nivel nacional. A la semana siguiente estaba en Madrid firmando un convenio por el que se dotaba a la Isla del personal que necesitaba.

¿No echa de menos la acción, la actividad política?

Entré en política en 1979, como presidente del Cabildo. Me retiré en 1991 y volví en 1995. Desde ahí, hasta 2011. En esa etapa fui dos veces parlamentario. Son cerca de 30 años, mi experiencia fue larga, la edad ya no permite tener el dinamismo y el empuje que hace falta en la gestión de una administración. Vivo la política, pero desde casa o en conversaciones con amigos, no de forma que me impulse a querer estar en el meollo de las cosas.

¿Hay vida más allá?

Camino cada mañana durante una hora y media, luego dedico algunas horas a cuidar unos frutales y una huerta que tengo en casa. También suelo mirar en Internet cómo anda el mundo, esta aldea global que nos han impuesto los poderes económicos invisibles que gobiernan este planeta.

¿Sólo noticias?

Me gusta la meteorología. Recuerdo que desde el Cabildo de El Hierro adelantamos lo que iba a pasar con la tormenta del Delta. Había una borrasca muy grande cerca de Canarias y los servicios de emergencias nos avisaron de que iba a ser muy peligrosa. Suspendimos la actividad escolar el lunes. Nos costó una reprimenda de la Consejería de Educación porque no teníamos competencias para suspender las clases. Entonces les dijimos: No suspendemos las clases, pero tampoco vamos a buscar a los chicos con el transporte público escolar a los pueblos. Los acontecimientos nos dieron la razón: la borrasca entró por El Hierro, pero el lunes a media mañana en Tenerife estaban evacuando a los niños de los colegios porque se les metió la tromba de viento y agua encima. Además, ahora sigo con detalle la evolución de los vientos porque es importante para el funcionamiento de Gorona.

¿Cree que la energía que consuma El Hierro será 100% sostenible en algún momento?

El proyecto que iniciamos en 1981 tenía ese objetivo. Yo era presidente del Cabildo y delegado de Unelco en la Isla, en cuyo seno se constituye un equipo de estudio sobre energías alternativas. El primer trabajo que trata de sacar adelante es que el coste de la energía en El Hierro no fuera tan caro porque era el mayor de Canarias. Se iniciaron los estudios y colaboro en ese anteproyecto, pero a los dos 2 años el INI decide que no había más dinero para eso y lo archiva.

Sin embargo, no se archivó.

Era mi empresa, pero a mí me gustaba el proyecto técnicamente. No estaban de moda las energías renovables ni preocupaba el calentamiento global, pero a mí me entusiasmó la idea de que El Hierro pudiera alimetarse de energías alternativas. En mi doble condición fui picoteando a mis jefes con ese proyecto. Si no hubiera sido presidente del Cabildo me hubieran dicho que el proyecto estaba archivado y me hubieran mandado al carajo. Pero me soportaron y creo que eso sirvió para sacarlo nuevamente de la estantería.

¿Pero alguna vez llegará al 100% o es una utopía?

Gorona está diseñada para que si el combustible viento falla, el sistema funcione igual. A Red Eléctrica Española, con una sala de control en Tenerife y otra en Las Palmas, con unos técnicos sin el asesoramiento diario de aquellos que participaron en la elaboración de Gorona, les resultaba temeroso el nuevo juguete tecnológico que tenían en las manos. Estaban acostumbrados a que un molino de viento que entra en la red no puede hacerlo en más de un 30%, porque si no desestabiliza, pero se encuentran con algo diferente, y en su temor, el proceso no arranca de la manera adecuada.

¿A qué se refiere?

A que cuando había algo de viento elevaban agua, cuando tenían el agua arriba la tiraban para abajo y ponían en marcha las turbinas... Y ese no era el sistema. El sistema estaba pensado para hacer las tres cosas a la vez: turbinar, generar hidráulica y generar eólica. Y todo eso combinado es lo que sale a la calle con energía estable y limpia. Poco a poco le han ido cogiendo el truco, perdiendo los temores, y eso ha permitido en los últimos años tener medias de entre el 50 y el 70%. Nuestra estimación incial era de entre un 70 y un 80% como media al año. Y en muchos momentos el 100%. Eso se puede conseguir sin ningún problema.

¿Pero el 100% permanente no?

El objetivo final del proyecto es el 100% permanente. Pero falta la segunda fase por desarrollar: ampliar el almacenamiento, la pila, tanto arriba como abajo, profundizar en la energía solar para complementar con la eólica, porque cuando nosotros desarrollamos el proyecto para producir energía solar necesitábamos una superficie de paneles impresionantes. Y en una isla tan pequeña no podía ser. Ahora la tecnología ha avanzado y no hace falta tanta superficie. Hay que retomar la idea, estudiar y analizar la geotermia, y con todo eso complementado El Hierro puede generar el 100% permanente de energía renovables. Y en ese caso, El Hierro tendría su propio Régimen Ecológico y Fiscal porque Gorona del Viento no solo produce energía sino que desala agua. Y ser propietarios de la energía y del agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico.

No cuesta mucho imaginarlo, a principios de los 40, pequeño y desinquieto entre los motores de la luz con los que su familia abastecía a El Pinar, los molinos de gofio o la carpintería del pueblo.

Desde muy chico tuvo inclinación por cualquier tipo de maquinaria que hubiera a su alcance.

Otra cosa es pensar que la vocación lo empujaría tanto como para emprender el viaje, sin retorno cierto, a una isla capitalina en la que aprender a desmontar los aparatos y ver qué había dentro.

Pero la vida, o la muerte más bien, decidió tirar de él hacia Venezuela, todavía un niño, acompañando a una madre viuda y dejando los estudios a medias.

Tenía apenas 13 años y acabó al otro lado del charco, no podía ser de otra manera, trabajando en un taller de mecánica.

Una familia canaria más en la senda de la emigración, seis días con sus noches en aquel Santa María portugués que con el tiempo sería secuestrado por el general Galvao. ¡Niño!, si eres de tercera puedes subir para asomarte a cubierta, ¡pero ni se te ocurra pasar al resto del barco! Y si llegas tarde a comer porque no sabes que al avanzar el buque va cambiando su uso horario, cerrado, y ese día en ayunas.

Pero la vida es caprichosa y lo trajo de vuelta dos años más tarde, esta vez en un barco italiano, diez largos días a solas para un muchacho de 15 años, haciendo escala en las colonias inglesas para recoger mercancías y mano de obra barata. Ni siquiera era consciente de ello, volvía a terminar lo que había empezado en la Escuela de Peritos Industriales de Las Palmas.

Así hasta finales de la década de los 60, en que lo reclutó la empresa eléctrica Riegos y Fuerzas de La Palma, la primera que compra el Instituto Nacional de Industria cuando decide electrificar Canarias. Hasta entonces había dos grandes centrales americanas, una en Las Palmas y otra en Tenerife, de la Unión Eléctrica Company (Unelco).

Riegos y Fuerzas inicia los trabajos de electrificación en La Palma y allí aterriza como pez en el agua. No le duró mucho, un año después lo destinan a El Hierro como delegado de Unelco, de capital público, para iniciar la electrificación de la Isla partiendo desde cero.

Se completa el círculo: después de cerrar entre otras cosas la empresa eléctrica familiar que dirigía su hermano se pone a tirar líneas de alte tensión hasta que un juez le vuelve a doblar la esquina.

Puede que ni él mismo lo supiera, pero ya desde niño Tomás Padrón era un hombre con una Isla en la cabeza.