Las “Marías”, ya sabrán o recordarán ustedes, son aquellas asignaturas de naturaleza “decorativa” que dábamos en el colegio y que le importaban un bledo a todo el mundo. Solían ocupar un espacio mínimo o simbólico en el horario (una o, con suerte, dos horas por semana) y las impartían profesores que, en muchos casos, no tenían ni idea, con lo que, en buena lógica, se dedicaban a matar al tiempo proyectando películas o charlando de lo primero que se les pasaba por la cabeza. Eso sí, en la época de los sacrosantos exámenes, nos dejaban la hora para estudiar. Y esa era, casi siempre, la única utilidad que tenían. 

“Marías” las hubo y las hay de diversos tipos. Hagan memoria: la plástica, la educación física, el arte, la religión y, desde luego, la ética. Algo, esto último, que siempre me llamó mucho la atención. La educación plástica es fundamental, sin duda, y la educación física, y la música. Y la religión, para qué nos vamos a engañar, también significa mucho para mucha gente. Pero, ¿y la ética? – pensaba yo – ¿No es acaso lo más importante de todo? ¿No es fundamental saber algo (o intentarlo) acerca de un asunto tan peliagudo como el de “lo bueno y lo malo”?  

Porque a ver: la vida, la salud, el dinero, el amor, la religión, la música, o lo que sea, nos parecen importantes porque las consideramos cosas “buenas” (y definan bueno en el sentido que crean más bueno: placentero, conveniente, debido, justo, digno…). ¿Pero por qué han de ser “buenas”? De hecho, hay gente que no las considera así (los suicidas, los que se enganchan a drogas peligrosas, los que desprecian la riqueza, los que practican la castidad, los talibanes que odian la música…). Fíjense que incluso para averiguar si algo es realmente más importante (es decir: “más bueno”) que la ética haría falta la reflexión ética… 

Ahora bien, siendo la ética lo más importante de todo (o, al menos, la materia que sirve para pensar en qué es lo más importante de todo), ¿cómo es que se la trata en el sistema educativo como una maldita María? Además, el resto de las tradicionales Marías (la educación física, la música, la religión…) tienen, como mal menor, otros espacios disponibles para quien esté interesado: los gimnasios y polideportivos, las escuelas de música, las parroquias… ¿Pero y la ética? ¿Dónde se imparte ética más allá de la escuela? 

Hay quien responde a esto último que “en casa”; es decir, que es en el entorno privado donde hay que transmitir la moral y los valores. Pero ni a mí ni a los adolescentes a los que doy clases nos convence para nada esta respuesta. Primero, porque no solemos estar de acuerdo con gran parte de los valores que se nos transmiten, casi siempre sin razón suficiente, desde el entorno familiar, social o mediático. Y segundo, y más importante, porque nos parece que sobre esto de la ética tiene que haber algo más que el saber infuso y parcial (cuando lo hay) de la familia, las tertulias de la tele o los colegas. 

¡Y vaya si lo hay! Cuando uno abre cualquier manual de filosofía y se va al capítulo dedicado a la ética, comprueba que sobre esto tan presuntamente infuso o subjetivo de “lo bueno y lo malo” existen decenas de escuelas, tendencias y teorías, tanto antiguas como de rabiosa actualidad, y cientos de libros, tesis y expertos investigando, debatiendo, produciendo ideas y participando de comités científicos, médicos, empresariales o políticos. Esta ética no es, por demás, ninguna lista de mandatos o valores que haya que adoptar por narices, o desde argumentos ya inventariados, sino una disciplina que lo analiza todo: desde lo que es una “norma” o un “valor” hasta las peculiaridades del lenguaje en el que expresamos y justificamos nuestros particulares juicios morales. Un saber, además, en que se diseccionan y afrontan problemas cotidianos que a mucha gente ni siquiera le parecen problemas, sino “cosas que pasan” (la desigualdad económica, el sometimiento de las mujeres, las consecuencias del desarrollo tecnológico, la manipulación de los medios, la injusticia de las leyes, y mil más). 

Porque, y esta es otra, mucha gente, gobernantes incluidos, piensa que la ética y la simple educación en valores son lo mismo, confusión que se debe, sin duda, a que a menudo se usa el mismo término para designar al que es “bueno” y al que estudia “lo que es bueno”, al que hace “lo que hay que hacer”, y al que se pregunta de forma sistemática “por qué hay que hacerlo”. Pero es claro que ambas cosas son muy distintas. La educación en valores está dirigida a la transmisión de aquellos mínimos principios morales o normativos que deben regular la convivencia y el comportamiento de las personas, mientras que la ética se ocupa de la reflexión racional acerca de los valores y de lo valioso en sí, dotando al alumno de las herramientas y hábitos (teorías y enfoques éticos, conceptos de filosofía moral, pensamiento crítico y sistemático, lógica y ética de la argumentación, procedimientos dialógicos, análisis de dilemas morales, etc.) necesarios para afrontar por sí mismo los retos y desafíos de su entorno, además de establecer de forma autónoma y responsable su propia escala de valores. 

Además, todo esto tan sumamente importante que transmite la ética (y no, o solo circunstancialmente, la educación en valores) no lo puede enseñar “transversalmente” ninguna otra materia. En todas las materias se puede desentrañar un problema moral, ejercitar el diálogo argumentativo o practicar el pensamiento crítico, pero solo en ética se trata de todo esto de manera sustantiva, exhaustiva y problematizada, atendiendo a sus fundamentos, condiciones, normas, tipos, propiedades y límites. Pensar lo contrario sería tan absurdo como pensar que, dado que en todas las asignaturas se habla o se manejan números, podemos convertir a la lengua o la matemática en “Marías” con una hora semanal. 

Porque, hablando claro: que después de tanto bla-bla-bla de los políticos sobre lo importantísimo que es la educación para resolverlo todo (desde el cambio climático a los discursos de odio, pasando por el machismo y la violencia contra las mujeres, el consumismo, las adicciones, la desinformación, la corrupción, el suicidio juvenil, el género, y mil asuntos más) ahora resulte que la única materia que se ocupa directamente de todo esto en la educación obligatoria sea una asignatura consagrada a la educación en valores (no estrictamente a la ética) y con una sola hora a la semana (35 horas en toda la ESO, mientras que Religión, por ejemplo, dispone de 140) es, si lo hubiera, de juzgado de guardia político – un juzgado, por cierto, que tendría que estar compuesto de ciudadanos éticamente bien formados –. 

En conclusión, sin una profunda educación ética y bien dotada de horas y espacios en las escuelas e institutos, vamos a generar ciudadanos no solo incapaces de afrontar de forma madura dilemas y decisiones de relevancia personal y social, o de entender a fondo lo que implican sus propios juicios y posiciones morales o políticas, sino algo peor aún: ciudadanos inermes ante todo tipo de demagogos, sectarios, salvapatrias, tunantes y vendehúmos; esto es, vamos a contribuir, más aún, a crear el peor de los mundos posibles. Piénselo. Y pongan, por favor, toda su competencia ética en hacerlo.

Nadie ha dudado nunca de que el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes a la defenestración de Rajoy tenía un precio. Las cuestiones interesantes (aunque tampoco mucho, por lo previsible que son las respuestas) eran, tan solo, las de qué, cuánto y cómo se va a pagar, y la de la forma en que el nuevo gobierno socialista va a “vender” públicamente las concesiones que va a tener que hacer.

La puja ha empezado a escenificarse ya. Según el informe interno que el gobierno ha difundido estos días a la prensa, “se constata un déficit de ejecución de inversiones y adjudicaciones en Cataluña”, de en torno al 20% y al 40% respectivamente, cosa que, naturalmente, se plantea remediar de inmediato. Esto es el aperitivo. En cuanto se reinstaure una comisión bilateral para reiniciar la negociación política (la misma que lleva dando réditos a los nacionalistas desde hace cuarenta años), se anuncia que se pondrán sobre la mesa nuevas inversiones. Todo sea por visibilizar lo bien que se porta el Estado con su hija más mimada y rebelde.

Ahora bien, si seguimos leyendo el informe que ha publicitado la prensa, resulta que el déficit de ejecución de inversiones es, en Cataluña, menor a la media nacional, sin que por ello, y que se sepa, vaya a tratarse el tema en ninguna comisión bilateral entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas que tienen el mismo o mayor déficit. Hay que añadir, por cierto, que pese a ese déficit (menor al de la media), Cataluña obtuvo la cuarta posición en volumen de inversiones licitadas (y la 3ª en adjudicaciones) en 2017, y que es la comunidad autónoma que más inversión estatal recibe en los presupuestos recien aprobados. Solo para inversiones en infraestructuras recibirá un total de 1244,91, lo que supone un 16,7 más que en 2017. Por encima de Andalucía (926,3) o Madrid (677,5), por no hablar de las regiones más pobres, como Extremadura (321,01).

En suma, la estrategia política del gobierno central para ganarse el favor de los nacionalistas catalanes consiste en dar todavía más a los que más acaparan a ver si así dejan, por una temporada, de exigirlo todo y permiten un período de cierta normalidad política. Algo que también necesita el nacionalismo para educar más patriotas e intentar romper el techo del 50% de apoyo a la causa. Un techo electoral que lastra, de momento, pero solo de momento, las posibilidades de obtener aún más beneficios del Estado, con el horizonte de la República Catalana como ideal regulativo-metafísico de toda extorsión. Vamos: lo de siempre.

Dado lo dado. Y por lo aburrido y previsible que es, yo ofrecería una solución imaginativa. Una solución que creo que va a convencer también a la oligoizquierda que apoya a los pobres catalanes independentistas colonizados por el pérfido imperialismo español. Dado que tanto se nos llena la boca a muchos con la cuestión de la memoria histórica y con resarcir a los damnificados de la dictadura, hagamos esa memoria y recordemos la alianza entre el franquismo y la burguesía catalana, o la política económica del régimen desde los años 60 en adelante, por la que se afianza a Cataluña como el motor industrial del país a costa de mantener deliberadamente como despensa, coto de caza, o yacimiento de mano de obra barata a regiones como la extremeña (un asunto que está bastante más documentado que las ficciones sobre historia medieval y moderna que esgrimen algunos independentistas catalanes).

Hagamos, pues, memoria. Con un par de siglos basta. Y, después, contabilicemos la deuda histórica, es decir, lo que debe Cataluña al resto del país por los privilegios recibidos de la dictadura franquista y, posteriormente, de los sucesivos gobiernos de la democracia durante los últimos cuarenta años. Vayamos con esa cifra a la “comisión bilateral” que jamás se ha cerrado entre la oligarquía catalana y Madrid y hagamos la propuesta. Ustedes (la Generalitat) pagan la deuda histórica y nosotros (el Estado) a cambio, modificamos la Constitución por procedimiento de urgencia para que puedan celebrar su referéndum de autodeterminación.

¿Cómo lo ven? ¿Una indignidad política? ¡Seguro! ¿Una boutade? Sin duda. El independentismo sabe que puede amenazar con conseguir lo mismo (que lo quiera conseguir de verdad es otra cosa) mucho más barato. Basta con mantener la influencia en Madrid y diez o quince años más de folclore casposo (lo de jurar los cargos junto a un San Jordi y los cánticos patrióticos de rigor fue nacionalcatolicismo del mejor). ¿Pero qué quieren? Es verano. Hace calor. Y es tan previsible todo lo que va a pasar que la imaginación, inevitablemente, se desboca.

En estos días, y en el fragor del debate en torno a los presupuestos, vuelve la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos) a defender su modelo de escuela concertada. Una vez se ha salido con la suya en el asunto de la religión (obligando a aumentar las horas de una optativa  que se oferta, obligatoriamente, de 0 a 18 años, y que tiene más horas que ninguna), y una vez ha sembrado la alarma en torno a la enseñanza de religión islámica (clamando para que no se oferte en los colegios católicos), se empeña ahora en atacar la propuesta, defendida por Podemos Extremadura, de disminuir paulatinamente los conciertos (el dinero público con que se financian las escuelas privadas) en la misma y lógica medida en que desciende la población escolar y dichos conciertos no son ya necesarios. 

El presidente de CONCAPA EXTREMADURA firmaba a este respecto, hace unos días, una vehemente nota de prensa en la que invitaba a los grupos políticos a oponerse al recorte presupuestario de los conciertos con argumentos de tipo laboral y otros en los que se invocaban, con mucha indignación, pero pocos razonamientos, ciertos valores y principios constitucionales. 

En lo que respecta al asunto laboral, el presidente de CONCAPA tiene, desde luego, motivos para preocuparse. Si se van reduciendo las subvenciones a colegios privados, dichas empresas o sociedades pueden verse impelidas a hacer reformas o, en el peor de los casos, a perder aulas y puestos de trabajo. Este asunto tiene, no obstante, solución (asociaciones de profesores de la concertada, como ADECEX, llevan defendiendo desde hace años planes de homologación para reintegrar a trabajadores y centros en la red pública) y, en cualquier caso, no puede estar lastrando medidas que, a medio plazo, son, simplemente, inevitables, como la de reducir conciertos en la misma medida en que ya no son necesarios, porque cada vez hay menos niños y más aulas públicas.  

Esto último no convence, sin embargo, a la CONCAPA, que aduce dos argumentos, según ellos, incontestables. El primero es el carácter – dicen – no “subsidiario”, sino “complementario”, de la educación concertada, esto es, la idea de que los conciertos no son una simple medida política coyuntural diseñada para garantizar el derecho a la educación a una población escolar mucho mayor que la de ahora y en un momento en que la educación pública, por motivos históricos, aún no podía cubrir esa demanda, sino que – según ellos – es mucho más que eso: es una característica estructural de nuestro sistema educativo, en el que, según afirman, han de existir dos redes educativas públicas: la propiamente pública y la privada pagada con dinero público (es decir, la concertada). 

Ahora bien, todo esto es falso o, cuando menos, discutible. Los conciertos educativos fueron, en efecto y en su origen, medidas puramente coyunturales, y el reconocimiento a su carácter estructural o permanente (algo que prácticamente no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno) no tiene respaldo explícito en ninguna ley o principio constitucional. 

El argumento de CONCAPA es, sin embargo, que sí, que tal respaldo constitucional existe, aun cuando no sea explícito, ya que, según interpretan ellos, el presunto carácter complementario de la educación concertada (“un país, dos sistemas”) es la única garantía posible del pluralismo educativo y de la libertad de los padres a escoger la formación moral y religiosa de sus hijos, cosas que si exige la Constitución española en su famoso artículo 27. Ahora bien: ¿Es legítima o razonable la interpretación que propone acerca de todo esto la CONCAPA? Veamos. 

En primer lugar, quién crea que la existencia de una red privada-concertada es garantía de pluralidad educativa no conoce la educación concertada de este país, o entiende “pluralidad” de un modo, creo yo, muy extraño. La inmensa mayoría de los colegios concertados son católicos, y en la mayor parte de esa mayoría se presume de rigor doctrinal y pedagógico, es decir, de una singularidad ideológica y educativa que excluye, por principio, todo ese pluralismo que se defiende luego en las notas y las ruedas de prensa. Buena parte de los colegios concertados – hablemos claro – son nichos ideológicos, cuando no, además, elitistas, que evitan en todo lo que pueden las materias comprometidas (como las alternativas a la religión) o a los alumnos inmigrantes o de entornos sociales conflictivos, y que (como se ha visto últimamente) se niegan a que se oferte formación religiosa no católica en sus aulas. ¿Donde está, pues, el pluralismo (ideológico, social, religioso...) que supuestamente proporcionan tales centros al sistema educativo del país? 

Obviamente, la respuesta (no siempre confesa) es que de lo que se trata no es de pluralismo en la educación de los niños, sino más bien en la elección de los padres, de manera que estos puedan escoger libremente en qué credos e ideologías (en muchos casos poco o nada plurales) educan a sus hijos (respuesta esta que nunca he logrado entender, sobre todo cuando escucho a esos mismos padres de la CONCAPA objetar contra la materia de Educación para la ciudadania en nombre de la debida y supuesta neutralidad moral de la escuela – se ve que esta neutralidad solo se la exigen a los que, según ellos, representan doctrinas alternativas a la suya –).

Pues, a ver: si la CONCAPA defiende, como hace en sus manifiestos, los principios de “diversidad, pluralidad, tolerancia y equidad” en la enseñanza, todo el mundo debería entender que defiende todo eso “para” los alumnos y los centros, especialmente los privados concertados, que se ocupan de su educación. Y nadie podría entender, a cambio, que en esos centros privados concertados se exhibiera sin pudor (y sin alternativa) una determinada ortodoxia religiosa o ideológica, que en ellos no se admitieran alumnos musulmanes (con el argumento de que ofertar formación islámica rompe la uniformidad ideológica del colegio) o que en algunos de esos centros, incluso, se segregara a los alumnos por su sexo. ¿Qué diversidad, pluralidad, tolerancia y equidad representa todo esto? 

A nuestro juicio, la pluralidad educativa, y la educación alternativa de iniciativa social, deben estar garantizadas (aunque no controladas de modo omnímodo) por el estado. La pluralidad no la garantiza una doble red de centros educativos, una de las cuales es, en su mayoría, “mono-ideológica”, sino más bien una escuela pública libre, bien financiada, con un alto grado de autonomía local y, sobre todo, abierta a todas las opciones (incluídas las religiosas, por supuesto) y en la que tanto alumnos como padres (y no solo estos últimos) puedan ejercer plenamente, y en la medida de su capacidad y desarrollo, la libertad de opción formativa a la vez que aprenden a convivir, dialogar y respetarse como ciudadanos en un mismo marco de socialización. Sin una escuela como esta, cohesionada y plural, no puede haber una sociedad semejante, por lo que es claro que estos – cohesión y pluralidad – , y a la actualidad me remito, han de ser los primeros objetivos de una buena política educativa . Pese a quien pese; sea a una asociación particular de padres, a un grupo religioso, a un lobby empresarial... O a todos a la vez.

Todos los años por estas fechas (este jueves es el Día Mundial de la Filosofía, establecido por la UNESCO) me pregunto por qué me empeño en enseñar filosofía – soy profe del asunto –. Y también me pregunto por qué habrían de quererlo los demás – cada uno de mis alumnos o cualquier otro ser humano – . Si la filosofía fuera solo una cuestión mía o de unos pocos, como la astronomía o el rugby, no estaría tan claro eso de que se deba enseñar a todo el mundo.

Pero no, no es una cuestión particular ni baladí. Todo lo que hacemos y padecemos es efecto de las ideas que nos bullen por dentro. Seamos o no conscientes de ellas, sean las nuestras o las que, sin querer, tomamos de otros, sean verdaderas o falsas, buenas o malas, justas o no, tenemos la cabeza llena de esas ideas, y todo lo que hacemos, percibimos, sentimos, deseamos y pensamos (sobre el mundo, sobre nosotros, sobre los demás...), absolutamente todo, depende de ellas. Hasta respirar lo hacemos (mecánicamente) porque pensamos que mola vivir; en otro caso nos pondríamos la soga al cuello y dejaríamos de hacerlo...

La filosofía no es más que el deseo de hacerte consciente y dueño de tus propias ideas y, así, de tu propia vida. Aquel que es consciente de las ideas que le mandan y desmandan (y de su versión exprés: las emociones), puede someterlas a crítica y mejorarlas, y, por eso, remover y mejorar su propia vida. Cabe decir algo parecido con respecto a los otros: aquel que conoce y controla las ideas que mueven a la gente, podrá erigirse con facilidad en su guía y conductor. Aunque lo más honesto – repiten los filósofos – no es manipular así a los demás, sino aprovechar ese conocimiento para liberarlos y hacerlos dueños cómplices de la búsqueda común.

¿Y esto de hacerse uno (o hacer a los demás) consciente de las ideas cómo se hace? Se hace con reflexión. La reflexión es algo así como obtener un “reflejo” de las ideas que tenemos; como ponerlas “frente a un espejo”. Es pensar en lo que pensamos. Y se hace de dos maneras. La reflexión “hacia dentro”, el monólogo interior por el que me tuerzo y vuelvo hacia mi mismo. Y la reflexión “hacia afuera”, el diálogo por el que, en un esfuerzo, también, de torsión o flexión, logro entender las ideas de otros.

La reflexión es el antídoto contra la idiotez. El idiota – en su sentido originario – es aquel que se obsesiona con su mundo privado y se olvida del ámbito público. Dicho de otro modo, el idiota es quien cree que sus ideas son “las ideas”. Es decir: el que se cree sabio. Craso error. Pues ni nuestras ideas son nuestras (casi siempre las hemos aprendido de otros), ni son más que verdades a medias (y eso en el mejor de los casos). Para que sean grandes, completas y justas tenemos que entenderlas y buscarlas como piezas de ese enorme puzzle del que todos participamos y que, visto desde arriba, sub specie aeternitatis, debe ser algo parecido a la verdad...

Dejar de ser idiotas tiene mucho que ver, por tanto, con buscarnos en el espejo y el eco de los demás. Los demás, los otros, son las ideas que no tenemos. Por eso son tan importantes el diálogo y la comunicación, es decir, el deseo de comprenderlos y de compartir con ellos nuestros pensamientos. Comprender a los demás (escucharlos, leerlos...), y comunicarnos con ellos (hablarles, escribir...), es como abrazarlos en esa parte suya que no se ve ni se toca, pero que es la más íntima y determinante: sus ideas.

Creo nos viene a todos al pelo recordar todo esto hoy, en el Día mundial de la filosofía, y después de meses exhibiendo un nivel insoportable de idiotez y de odio, de egos y venas hinchadas, de imágenes y exabruptos sin razón, de sentencias carentes de argumento y de argumentos tendenciosos, del amigo o enemigo, y de la caricatura, en fin, de todo lo que debe ser un diálogo.

Por si nos animamos a recuperar esos artículos de primera necesidad que son la reflexión y el diálogo (no hay verdadera independencia – personal, que es la que importa – ni convivencia sin ellos): feliz Día Mundial de la Filosofía a todos los que la lleváis dentro. Es decir: a todos.

Leo al filósofo Carlos Fernández Liria defender la clásica tesis socrática de la prioridad de la ley sobre la democracia. En una democracia – dice Liria – nadie tiene derecho a estar por encima de la ley, ni siquiera el pueblo o una mayoría de ciudadanos. A lo que tiene derecho el pueblo es a cambiar las leyes con arreglo a la ley, con lo que – dice Liria – el pueblo asume el compromiso de ser coherente con lo que él mismo ha legislado. En suma: que en democracia el soberano no es el pueblo sin más, sino “un pueblo que ha aceptado razonar y ser coherente con lo que razona”. Esta última premisa es la que vincula “democracia” con conceptos como “civilización” o “ciudadanía”, y la que la separa del populismo más fascistoide.  

 Hasta aquí todo bien. Pero – y ahora viene lo interesante – Liria duda que esta tesis se pueda aplicar al caso catalán, y la razón que aduce es que, por algún motivo, gran parte de los catalanes y sus representantes no han visto claros los cauces que se les ofrecen para intentar cambiar las leyes, por lo que no han tenido más remedio que romper con esos cauces y generar una proto-legalidad alternativa. Una vez hay dos legalidades (y no una legalidad enfrentada a la simple voluntad democrática) se impone, según Liria, arbitrar vías de diálogo, y no la mera imposición de una de esas dos legalidades.

En otro artículo reciente, el habitualmente juicioso Javier Pérez Royo insiste, desde otro lado, en esta idea del diálogo. Según Pérez Royo, el nacionalismo diferencial de Cataluña y el País Vasco es una seña de identidad y una pieza estructural de la democracia española; sin el tratamiento especial que se ha dado a estas dos comunidades – dice – no habría sido posible la estabilidad política en España ni el necesario equilibrio (necesario, al menos, en este país) entre democracia y descentralidad política.

 Estas opiniones de Fernández Liria y Pérez Royo podrían tomarse como una versión argumentada de los dos lemas que enarbolan los líderes de Podemos en su ambigua toma de partido ante la crisis catalana: el “derecho a decidir” (la democracia por encima de la ley), y el “diálogo ante todo” (ese diálogo entre el Estado y Cataluña – o el País Vasco – que el PP habría demolido, cargándose así, según Pérez Royo, poco menos que la estructura del régimen). Estas dos ideas-fuerza son sin embargo, y a mi juicio, erróneas, y la argumentación que le prestan Liria y Pérez-Royo no las hace más aceptables.

 Empecemos por la primera: el presunto “derecho a decidir”. Está claro, antes que nada, que nadie sensato (ni en Podemos ni en ningún otro partido) defiende un derecho no restricto a decidir (si lo hiciera tendría también que aceptar, como decía alguien en broma, el derecho de la mayoría de los multimillonarios a comprar una finca e independizarse, en ella, del resto del país). Este no es, obviamente, el caso. El caso, según Liria, es que los nacionalistas catalanes no han encontrado un cauce legal adecuado para cambiar las leyes a su favor, y de ahí su rebelde deseo de anteponer la voluntad democrática (el “derecho a decidir”) a las leyes democráticas.

 Ahora bien: ¿por qué no han encontrado los nacionalistas – habiéndolo como lo hay – ese cauce legal para sus legítimas aspiraciones? Liria solo dice que habría que reflexionar sobre esto (sin hacerlo, al menos en lo que yo le he leído). En mi modesta opinión, no es que el nacionalismo no haya encontrado ese cauce, sino que los cauces legales tienen – ¡claro!– un determinado techo (o, mejor, lecho), y si el nacionalismo quería jugar en serio (o jugar como que juega en serio, etc.) al independentismo ese lecho tenía que ser necesariamente desbordado.

 El lecho o techo constitucional consiste en que la decisión sobre la independencia de una parte del Estado solo la puede adoptar el pueblo soberano y sus representantes en el Parlamento, y que las reformas en ese techo solo son, igualmente, competencia del Parlamento y sus representados. Como en las condiciones presentes el nacionalismo catalán cree que no puede esperar que el pueblo español (incluyendo en él a los ciudadanos de Cataluña) le conceda, sin más, la independencia, decide ahorrarse el costoso esfuerzo de convencerlo, y pasa de la política habitual del chantaje victimista y los hechos consumados (hacer lo que les da la gana en educación, en el uso de los símbolos patrios y en mil otras cosas de menor cuantía política mientras el gobierno central hace la vista gorda) a algo nuevo y cualitativamente distinto: romper con el propio Estado de Derecho y la totalidad de sus leyes, desde las autonómicas a la misma Constitución.

 No sé si el maestro Fernández Liria podría justificar el golpe de mano “democrático” de Puigdemont y sus socios como parte del inevitable poso de irracionalidad política con el que – según parece –se ha de conformar la visión socrática de las cosas (para no acabar convertida en un monstruo de la razón). Si este fuera el caso habría que empezar por comprender por qué el nacionalismo dueño del poder en Cataluña decidió, después de tantos años, jugar la carta independentista. Saber, por ejemplo, qué pasó realmente en la negociación del estatuto catalán del 2006. Parece que en algún momento dicha negociación (regateo, vamos) se torció. ¿Fue por un “quítame allá este tramo del IRPF”? ¿O por un “déjame que yo controle a los jueces (que ya sabes, de tú a tú, la de corrupción que tenemos también aquí)”? No lo sabemos, aunque si nos podemos imaginar – visto lo visto  – por qué el gobierno catalán estaba tan interesado en aumentar al límite la autonomía judicial.

 Sea como fuere, desde entonces, y ya por pura supervivencia política (CiU), o por aquello de hacer la revolución (CUP), todos le han dado cuota de pantalla al viejo y minoritario independentismo anti-franquista de ERC. Y aquí y así estamos. ¿Qué supondría contemporizar con todo esto? ¿Qué premio habría que prometer a los revoltosos de la clase (de la clase alta) para que dejaran de alborotar? ¿Un referéndum vinculante a medio plazo y con todas las de la ley para dar sensación de triunfo a los que han apostado su futuro político a la independencia? ¿O – mejor –  una vuelta soterrada a la negociación rota en 2006 con promesa implícita de inmunidad judicial a perpetuidad y concesión de más recursos económicos? No lo sé: los caminos del utilitarismo y el realismo político son inescrutables. Yo solo sé donde lleva el otro camino, el “socrático”, que dice que a los que intentan imponer su voluntad de poder (el “derecho a decidir”) sobre el poder de las leyes democráticas (el estado de derecho) no se les da ningún premio: se les resiste, todo lo pacíficamente que se pueda. En el eterno dilema entre utilidad y dignidad, hay cosas que ni se debe ni conviene, en el fondo, sacrificar. No es solo empeño cerril en tener razón, maestro Liria, es, también, empeñarse en verla, en todo lo posible, realizada.  

 En cuanto al asunto del diálogo con los nacionalismos, creo que la réplica al argumento de Pérez-Royo es bien sencillo y en línea con lo que se acaba de decir. ¿En la suma constante de concesiones a las comunidades históricas para que no saboteen la estabilidad política del país hay algún límite? Porque claro, suena muy bien invocar al diálogo, pero si nos dejamos de demagogia y cursilerías, tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de dialogar. Primero, no se trata de un diálogo filosófico o algo así (ojalá), sino de una negociación entre sofistas y gente del poder y del negocio. Segundo, no puede ser un diálogo de tú a tú, de Estado a Estado bajo una legislación o mediación internacional, porque, en ese caso, ya no haría falta dialogar: se estaría suponiendo lo que se trata de debatir (la entidad estatal de lo que no era un estado) y la negociación se limitaría a los detalles para hacer efectiva esa nueva situación. Tercero: el diálogo es imposible sin un marco legal y procedimental aceptado por los que dialogan, y dado que este no puede ser internacional (porque, como digo, entonces estaríamos dando la razón a uno de los contendientes) ha de ser el de la ley nacional en vigor. Cuarto y volvemos al principio: ¿qué líneas rojas vamos a establecer en ese proceso de diálogo?

 Ante esta situación de colapso, hay soluciones varias, y ninguna pasa por conceder, sin más, la independencia al Govern catalán (si el Govern quiere realmente la independencia tendrá que liderar una insurrección violenta, cosa que, obviamente, no va a hacer – bastante ha tenido con la insurrección de los bancos –). Si en Podemos hubiera más visión y ambición política, hace tiempo que se hubiera desmarcado de sus socios catalanes, y hubiera explorado una solución distinta al rigorismo kantiano que simula Rajoy y a la propia cantinela fútil del “diálogo” (que nadie entiende y, en su simpleza, para nada vale).

 Podemos podría, por ejemplo, haber buscado la alianza con Sánchez para apoyar la defensa de la legalidad del gobierno a cambio de unas elecciones anticipadas, tanto en Cataluña como en España, y en la que hubiera jugado la única baza que tiene para tocar poder: un frente de izquierdas con el PSOE (para, entre otras cosas, reformar la Constitución). Pero no. En lugar de aspirar a ser lo que fue – un partido capaz de resucitar a la sociedad civil y de convocar mayorías en pos de mayor democracia y progreso social –  Podemos ha aprovechado la crisis en Cataluña para escorarse un poco más hacia la marginalidad que condenó a la extinta IU a ser un objeto político decorativo. Las últimas declaraciones (algunas delirantes) de muchos de sus líderes, su incomprensible apoyo implícito al “procés”, o la ridícula retórica sobre la vuelta del franquismo o la falta de legitimidad democrática del gobierno de Rajoy (¡Como si este no tuviera el apoyo, por poco que nos guste, de una mayoría de votantes!) parecen provenir de un partido convencido de su falta de futuro electoral y de que, por tanto, no necesita para nada del apoyo de los ciudadanos. Si desde dentro no ponen remedio, Unidos Podemos habrá dado, con esta actitud, un paso más para convertirse en el símbolo de otra oportunidad perdida para la izquierda.

Hace unos días las bases de Podemos en Castilla-La Mancha aceptaron la propuesta de un pacto de gobierno (en minoría) con el PSOE, si bien con la oposición de algunos sectores y la reticencia de otros. A la vez, y aquí en Extremadura, se han iniciado los encuentros entre el gobierno del PSOE y Podemos para negociar los presupuestos autonómicos del próximo año.

Todo esto ha despertado la controversia entre las diversas corrientes ideológicas (unas favorables y otras opuestas al acercamiento con el PSOE) que confluyen en Podemos. ¿Debe Podemos pactar políticas sustantivas con el PSOE? ¿Debe – sobre todo – subscribir pactos de gobierno – en todos los ámbitos de la administración – con los socialistas?  

Empecemos por lo más obvio: en cualquier sociedad moderna y plural la acción política consiste, fundamentalmente, en la capacidad para llegar a acuerdos. Es inevitable. No todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos principios, ideas e intereses. ¿Debe entonces Podemos pactar con otros partidos? Si quiere hacer política, que es para lo que ha nacido, la respuesta es sí. 

Una manera (contundente) de pactar con otras fuerzas es gobernar con ellas. Los gobiernos de coalición son cosa habitual en otros países europeos y, pese a la inestabilidad que se les supone, son una muestra de madurez democrática.  ¿Debe entonces Podemos gobernar con otros partidos? Si quiere hacer política (más allá de vigilar la que hacen otros) y demostrar que es capaz de afrontar la tarea de administrar directamente los asuntos públicos la respuesta es sí. 

En condiciones normales, la tendencia natural de un partido cuando apoya a otros, pacta con ellos o participa de un gobierno, es hacerlo con los partidos más cercanos (por lejanos que sean) a sus principios ideológicos. ¿Debe entonces Podemos pactar con el PSOE? ¿Con quién si no? Los apoyos, pactos o coaliciones “anti-naturales”, y salvo circunstancias de excepción, son ininteligibles para la ciudadanía y justamente castigados en las urnas. Que se lo digan a IU en Extremadura. 

Desde el punto de vista pragmático o estratégico, pactar o participar de un gobierno estando en minoría es arriesgado (supone renuncias, tragarse algún que otro sapo, y exponerse a morir – de éxito o fracaso – aplastado por el socio mayoritario), pero también es un reto prometedor. Una eficaz colaboración desde la que lograr mayores cuotas de poder y hacer visibles cambios sustantivos hacia políticas de izquierda es premiado en las urnas (parte significativa del electorado de Unidos Podemos, y antes de IU, vota pensando, casi exclusivamente, en esa posibilidad).

Una ruptura desde dentro, después de “haberlo intentado todo”, también puede dar réditos. En cualquier caso, y salvo que se pretenda la vieja y muy falible estrategia rupturista del “cuanto peor, mejor” (dejando gobernar durante más tiempo a la derecha mientras se aguarda una hipotética debacle del PSOE), no se ve, a medio plazo, ninguna opción mejor o que no conduzca al estancamiento. 

En cuanto a la cuestión de los principios, la dialéctica reforma/ruptura, común y eterna a la izquierda, es inevitable, y deseable, como todo lo que quiere ser verdadero diálogo. Pero solo si es “constructiva”. Cuando raramente lo es promete la unidad (tensa y fértil) de la izquierda. Cuando no lo es, arruina esa posibilidad (a veces, con funestas consecuencias históricas). ¿Debe entonces Podemos empeñarse en aquella dialéctica constructiva de forma lo más honesta y consecuente posible (participando de o proponiendo gobiernos conjuntos)? A mi juicio la respuesta ha de ser sí. 

Acabo. Una fuerza política con vocación de serlo no puede dar la imagen de una tribu marginal desintegrada de la sociedad que pretende transformar. Mal que nos pese a muchos, la inmensa mayoría de la sociedad española no está por derrocar el “régimen del 78” (mucho menos al “sistema” sea lo que sea lo que signifique eso). Más allá de la retórica para consumo interno, no está nada claro que haya “amplísimas capas sociales impugnando el régimen” ni que el 15M haya sido el “evento originario de un nuevo ciclo político”.

Todo eso está todavía por ver, y asumirlo por principio o es mera propaganda o un caso de ceguera sectaria. A medio plazo, y salvo cataclismos (y aún así), Podemos no va a llegar por sí solo a posiciones de poder muy distintas de las que goza ahora. Y detrás de esto hay causas sociológicas e ideológicas (y no solo poderes fácticos y mediáticos) muy profundas y complejas de modificar – lo cual no quiere decir que no puedan ni deban ser modificadas – .

¿Tiene Podemos, mientras tanto, que demostrar – por ejemplo, con pactos de gobierno –  que es una fuerza política “fiable” capaz de hacer políticas para la mayoría? Si no quiere caer en la irrelevancia y la melancolía moralmente autosatisfecha en la que pervive habitualmente la izquierda (para tranquilidad de muchos), la respuesta es sí. Es para conciliar a las mayorías con los postulados de la izquierda para lo que nació Podemos, que representa también en sí mismo – y es una de sus señas de identidad  – un compromiso (arduo, pero también dinámico y creador) entre principios, ideas e intereses no siempre idénticos.

Hace unos días, la Federación Extremeña de Caza (FEDEXPA) solicitaba de la Junta de Extremadura la declaración de Bien de Interés Cultural para ciertas modalidades de caza como las monterías y las rehalas. Esta iniciativa, y otras similares, para “blindar” y promocionar la actividad cinegética – que anda de capa caída y provoca un creciente rechazo moral – , no siempre son bien recibidas por la sociedad ni por los partidos políticos, especialmente por los partidos de izquierda, casi siempre comprometidos con posiciones ecologistas sustantivas (y no meramente ambientalistas). Una excepción notable a esto parece ser Extremadura, en donde, y según he sabido, desde ciertos sectores de Podemos se lanzan argumentos en favor de la protección y promoción (si bien bajo una regulación más estricta y eficaz) de la caza. Veamos sintéticamente los argumentos que esgrimen los defensores del valor de la actividad cinegética, y cómo podemos contribuir en algo al debate.

Uno de los argumentos principales a favor de la caza afirma que, dado que esta forma parte de la tradición cultural y la identidad colectiva popular, en especial en zonas rurales, debe mantenerse y promocionarse. ¿Es esto razonable? En primer lugar conviene relativizar el valor de la premisa, pues no en todos los pueblos se caza, y en muchos de los que se caza se hace cada vez menos, especialmente por parte de los varones jóvenes (digo varones porque la caza es una actividad casi exclusivamente masculina – de hecho, siempre ha sido un rito de identificación con la masculinidad más recia y rancia, por no decir profundamente machista – ).

Tampoco, y como he leído por ahí, la caza es ya (si es que lo fue alguna vez) el “principal elemento de socialización” o la “principal actividad lúdica” de los pueblos extremeños, ni, mucho menos, “la principal forma de disfrute de la naturaleza” que cabe concebir en ellos. Esta claro que hoy en día, y por suerte, en los pueblos de nuestra comunidad hay cientos de maneras de relacionarse con los demás, de entretenerse, o de disfrutar de la naturaleza sin tener que tirotear o acosar animales. Muy al contrario, gran parte de las actividades cinegéticas (empezando por las que FEDEXPA quiere convertir en Bien de Interés Cultural) se dan como un “deporte” de lujo para gente que viene de fuera, y no como una actividad social o popular.

Pero es que incluso aunque fuera cierto que no hay otra forma mejor de entretenerse o de experimentar el sentimiento de identidad colectiva de un pueblo más que cazando, ¿significaría eso que haya que promocionar necesariamente la caza? En absoluto. De que X (la caza) tenga valor identitario y tradicional no se deduce que X sea aceptable y deba ser promocionado. De hecho, también podríamos suponer que los toros, la sumisión de la mujer o la economía sumergida (por poner algunos ejemplos) tienen valor identitario y tradicional (especialmente en las zonas rurales), pero no por eso admitiríamos que debamos proteger y promocionar tales “costumbres”. Que algo se haga desde siempre no significa que deba seguir haciéndose. A lo sumo, significa que, a la hora de tratar políticamente la cuestión (de la caza, de las fiestas de toros, etc.), hemos de actuar con prudencia y pedagogía, y no impulsivamente ni de manera despótica. Pero nada más.

Otro argumento típico es el económico. La caza proporciona – se dice – riqueza y trabajo en aquellas zonas en las que se practica (un argumento, por cierto, que – tal como el anterior – también se emplea para defender las fiestas de toros y otras tradiciones moralmente controvertidas). Pero este argumento no solo es muy discutible (la caza no es la única actividad de ocio medio ambiental que reporta trabajo o beneficios – gran parte de ellos en dinero negro, por cierto – ), sino que es irrelevante cuando lo que se pretende es legitimar patrimonialmente algo. El valor cultural de una actividad o práctica no se debe medir por los beneficios económicos que pueda reportar, sino porque genere o refleje, en algún sentido, un bien espiritual o un modelo (moral, estético...) para la mayoría. ¿Responde la caza a estos requisitos?

Un tercer argumento es el del presunto valor ecológico de la caza. Gracias a la caza – nos dicen – se mantiene y cuidan zonas forestales y se controla la superpoblación de especies que pueden resultar dañinas para los ecosistemas. Este es otro argumento fácilmente contestable. En primer lugar, la caza no es la única (ni la principal) actividad de ocio que contribuye al cuidado de montes y zonas forestales (algo que, por demás, debería exigirse per se a la administración y a los propietarios). En segundo lugar, la caza no es tampoco el único (ni el más recomendable) método para regular la superpoblación de especies, amén de que los cazadores suelen fracasar en este cometido y de que, a veces, generan más problemas de los que pretenden solucionar (la introducción y suelta de especies criadas para el disfrute de cazadores, la endogamia que producen los cercados o la eliminación de depredadores pueden provocar muchos más y más complejos problemas ecológicos que los que pueda resolver un cazador matando animales).

Además, todo esto es, de nuevo, irrelevante. Los que vivimos en zonas rurales sabemos de sobra que el cazador no sale al monte para mejor conservar el medio ambiente (a veces es todo lo contrario: lo ensucia, por ejemplo, a conciencia), ni para controlar la superpoblación de especies, sino, sencillamente, para... cazar. Suponer que la generalidad de los cazadores son ecologistas comprometidos con el respeto de la naturaleza (más que lo pueda ser, por demás, cualquier hijo de vecino al que le guste pasear por el monte) es mucho, muchísimo suponer. Para casi todos los que yo observo, al menos, el valor de la naturaleza parece reducirse al de proporcionarles los medios para su entretenimiento.

Pero, con todo, el asunto primordial, a mi entender, es el moral. ¿Es moralmente reprobable la actividad cinegética? Este asunto no es eludible. Apoyar o no apoyar la caza, regularla de una manera o de otra, no son temas fundamentalmente técnicos, sino éticos. Confundir la actividad política con la ciencia o hacerla depender de expertos es adoptar, de hecho, la peor (la más inconsistente e inconsciente) perspectiva ética posible. Tampoco vale intentar diluir el problema con ambigüedades terminológicas. Es cierto que, en la actualidad, hay muchas modalidades de actividad cinegética, pero también lo es que todas tienen algo esencial en común: el acoso o muerte de animales salvajes por deporte o diversión.

Pues por mucho que se quiera ocultar, el objeto y el sentido de la caza consiste, esencialmente, en entregarse al “placer” (parece que para algunos lo es) de acosar y matar animales salvajes. Se puede investir al cazador de deportista, de ecologista, de motivo turístico o de recurso económico. Se puede admirar, sin duda, el rico patrimonio cultural (lingüístico, etnológico, artístico, etc.) asociado a la caza. Pero el cazador es, ante todo, un señor (muy pocas veces, insisto, una señora) al que le gusta disparar a animales, sean perdices o elefantes, sin otra necesidad que la de entretenerse con ello (y, en ocasiones, afirmarse – sospecho – en roles de masculinidad radicalmente opuestos a los valores que desde la izquierda deseamos promover). Y todo esto, insisto, es un asunto y un problema moral que, como mínimo, hay que discutir.

A mi – lo reconozco – me parece moralmente repugnante la caza. Mi posición obedece argumentos firmes que requerirían otro artículo y es, además, y como todo juicio de valor, contextualizable y graduable (no es lo mismo matar a un ser vivo con el grado de actividad nerviosa y conciencia de un mamífero – y por pura diversión – que recolectar caracoles o espárragos – para comer – , como he tenido que leer, sin dar crédito a lo que leía, en algún documento reciente). Pero, pese a lo firme que creo que es mi convicción (o precisamente por eso), estoy también deseando escuchar los argumentos de aquellos que defienden lo contrario, la legitimidad moral de la caza. El debate está abierto, y es deseable – en el más puro espíritu podemita – que se celebre públicamente y a la vista de todos.

Una vez se fijen posiciones políticas coherentes (es extraño, por ejemplo, que se suela poner en cuestión la legitimidad de la tauromaquia pero no la de la caza ) se podrá discutir acerca de la mejor manera de difundirlas y de lograr los cambios que aquellas posiciones demanden. Es aquí donde, como decía, se ha de obrar con pedagogía y prudencia. No se puede acabar con las cosas a golpe de decreto. Pero sí, desde luego, se puede empezar por no promover aquello que no consideramos ético, y exigir que, en tanto no desaparezca, se vea sometido a una regulación mil veces más estricta y eficaz que la que se viene dando hasta ahora, terreno en el cual, y de momento, hay mucho que hacer.

Lo veíamos venir. La LOMCE, la mal parida, peor concebida y desastrosa ley educativa del PP, la más polémica y repudiada de todas las que ha tenido este país, permanecerá vigente, sine díe, mientras no culmine (si llega a hacerlo) el traqueteante proceso parlamentario que podría dar lugar a una ley nueva. Dos años más como mínimo, afirman algunos. Lo que unido a los tres que lleva implantándose, suman cinco. ¡Cinco años de LOMCE!  

Además, dado que la subcomisión del Congreso que prepara el informe para la (presunta) nueva ley solo puede, por norma, tratar de este asunto, todos aquellos referidos a la aplicación de la LOMCE quedan exclusivamente en manos de los decretos del Gobierno.

Así pues, así que pasen esos cinco años, tendremos con toda probabilidad más de lo mismo: discriminación de alumnos (entre obreros y universitarios) a los quince años, reválidas tras cada etapa, vía libre para consolidar y aumentar ese tremendo malentendido que es la educación concertada, blindaje de los privilegios de la Iglesia católica para estar presente en todos los cursos y etapas educativas, marginación de las materias que no se dejan reducir al “ora et labora” liberal (filosofía, artes...), programaciones infumables y, en general, la apoteosis de la pedagogía más caspocastiza, la del escucha-memoriza-repite, la de la letra con sangre entra, la del examen semanal y los deberes interminables en casa... 

Sigamos. Una vez la subcomisión – tras los seis meses más de plazo que se ha concedido a sí misma – oiga a todos los expertos y emita su informe (un informe que no es vinculante y al que se puede hacer el caso que se quiera, incluyendo ninguno), el gobierno podrá – si lo desea – iniciar los largos y prudentes trámites para proponer una nueva ley educativa (o una reforma de la presente) teniendo muy en cuenta que, en caso de no darse consenso, la LOMCE seguiría su inalterable curso, lo cual, obviamente, fortalecería al gobierno en la negociación de ese previsto consenso. Fruto de ese acuerdo, pues, solo podría salir (si sale) una ley tan similar a la LOMCE que, para ahorrar en tinta y trámites, no valdría la pena ni cambiarle el nombre. 

Es muy posible, además, que, de aquí a que pasen esos cinco años, se imponga, de nuevo, el calendario electoral, y la nueva ley educativa (ya de por sí inútil por ser un clon de la anterior) quede en suspenso o – más seguramente – sirva de arma arrojadiza entre unos partidos y otros – y por eso mismo, quede igualmente en suspenso – . No hace falta decir que, caso de que vuelva a ganar el PP (o su marca alternativa), la LOMCE (o su clon) seguiría otros cinco años más.

Pero cabe también sospechar que, caso de cambiarse las tornas políticas, el nuevo gobierno se resistiera a asumir el desgaste que supone promover un cambio educativo a fondo una vez consolidado del todo el anterior (¡Otra ley educativa, y van...!, titularía la prensa más reaccionaria). Esto conduciría a no hacer más que cambios aparentes y a que la LOMCE siguiera, prácticamente igual... otros cinco años. 

Pero seamos optimistas. Pensemos en el triunfo de una coalición de izquierdas fuertemente comprometida con el cambio educativo. Supongamos, también, que esta coalición no cae en el mismo error que sus antagonistas y decide consensuar la ley con generosidad y honestidad intelectual y política, evitando imposiciones y radicalismos, de forma que la ley pueda aspirar a durar más de cinco años.

Aún así, con la elaboración – consultando a todos desde cero – , la negociación – dura y larga – y los trámites parlamentarios, demoras interesadas y otros imprevistos políticos y no políticos, la nueva ley no estaría preparada antes de un par de años. Más otros dos o tres de implantación gradual – y tras otras elecciones que podrían paralizarlo todo – hacen, en total... ¡Otra vez cinco años! 

Así estamos. Desde el momento en que – pese a las proclamas de algunos y las acciones desesperadas y aisladas de otros – no se paralizó la implantación de la LOMCE cuando hubo la mínima oportunidad de hacerlo, el PP dio por ganada la batalla de la educación. Resiste y vencerás. Esa es la táctica, infalible de momento, de Rajoy y los suyos. El exministro Wert no podría estar más satisfecho contemplando lo que ocurre desde su retiro dorado en París. Ojala me equivocase y me tuviera que comer este escrito, pero mucho me temo que, si no despabilamos, así que pasen cinco años la LOMCE (o algún sucedáneo casi puro) seguirá en vigor. Y los que creemos que en este yermo país – y antes que cualquier otro asunto –  es precisa otra forma de concebir y hacer las cosas en educación, nos quedaremos como... Doña Rosita la soltera.

“Si el señor Amancio Ortega y su Fundación, están tan preocupados por la sanidad pública, podrían, mucho mejor que donaciones puntuales, hacer por aumentar (o no esquivar, al menos, ni un ápice) su contribución fiscal, y contribuir así a que, con criterios públicos y transparentes, se financien mejor los hospitales y se aseguren las políticas sanitarias”

Decía el filósofo Jacques Derrida que un regalo solo es tal si no conocemos quién nos lo hace. Si lo conocemos, ya no es un regalo (o un “don” como dice él), sino una deuda contraída, una forma sutil de incluirnos en el sistema de toma y daca del mercado. Más aún si ese regalo son trescientos veinte millones de euros. Esta es la cantidad que ha donado la Fundación del empresario multimillonario Amancio Ortega para adquirir máquinas de diagnóstico y tratamiento del cáncer en hospitales públicos. 

¿Es legítimo que el sistema de salud pública (es decir, el Estado) acepte donaciones de este tipo para financiar necesidades sanitarias? ¿Qué deudas contrae la sociedad al aceptar estas donaciones? 

Para centrarnos en lo que creo más importante, dejemos rápidamente de lado el tema de la presunta doble moral del donante. “Dona aquí, pero explota allá” – dicen del fundador de Zara – . Aunque esto, que yo sepa, no está fehacientemente probado. Apartemos, también, el asunto de la ingeniería fiscal por la que Inditex, según un informe recién presentado por Los Verdes en el Parlamento Europeo, esquivó seiscientos millones en impuestos de 2011 a 2014 (una práctica común, por desgracia, en la mayoría de las grandes empresas).

Dejemos igualmente atrás lo del carácter finalista y quizás no muy transparente de la donación. Por lo que parece, la Fundación de Ortega ha decidido, tras reunirse con distintas administraciones, qué cantidad recibe cada comunidad y en qué ha de gastarse el dinero (en comprar ciertas máquinas de última generación), sin mucha claridad en los procedimientos.  

A mi juicio, cualquiera de estas cosas – que la empresa matriz de esa fundación permita condiciones laborales ignominiosas, que aplique técnicas de elusión fiscal y/o que haya impuesto a la Administración en qué debe gastarse el dinero – , caso de que se demostrasen verdaderas, deberían bastar para rechazar el “regalo”. El Estado no debería aceptar dinero de dudosa procedencia moral (aunque sea legal),  ni directrices de nadie que carezca de autoridad profesional o política para planificar sus servicios sanitarios. Pero, aún así, creo que todo esto es lo de menos. 

Porque el argumento principal para cuestionar este tipo de prácticas de mecenazgo de los servicios públicos es, a mi juicio, otro muy otro. Hace siglos, el que una persona cualquiera accediera a la educación superior, disfrutara de una atención sanitaria de calidad o, por ejemplo, pudiera dedicarse al arte, dependía de la decisión arbitraria de un rey, de una institución religiosa o de un rico mecenas. No creo que nadie pueda considerar esto hoy sino como algo humillante e injusto. 

Que haya suficientes medios públicos para ser atendido adecuadamente en un hospital, seas quien seas, así como que puedas educarte y desarrollar tu vocación en el ámbito que elijas, debería ser – pensamos hoy – una cuestión de justicia (con respecto a la cual todos tenemos obligaciones), y no algo que dependa de la buena voluntad de nadie. 

No digo, por supuesto, que la Fundación de Amancio Ortega no pueda obrar con la mejor de las intenciones. Pero fomentar las donaciones y patrocinios privados de servicios públicos como la sanidad o la educación (dos de los nichos de negocio más rentables y aún “infraexplotados” en este país) puede leerse como un paso más hacia los modelos semi-privados o privados que imperan en EE.UU y otros países (en los que, si careces de medios suficientes, la asistencia depende, en efecto, de la buena voluntad de alguna fundación o mecenas). Eso sin contar con que das un excelente pretexto a la Administración para mantener o emprender nuevos recortes presupuestarios. 

Más grave aún, las prácticas de mecenazgo empresarial van difundiendo la concepción liberal de que los derechos fundamentales (sanidad, educación, vivienda...) no estrictamente referidos a las libertades individuales han de ser garantizados (cuando lo son) a través de instituciones o personas particulares de forma puramente voluntarista, sin involucrar, más que mínimamente, al Estado.

Esta concepción está relacionada, por cierto, y a la vez, con aquella otra por la que los problemas humanitarios (relativos a esos mismos derechos fundamentales) se entienden, cada vez más, como un asunto de las ONG o de las instituciones caritativas, en lugar de una obligación contraída por los gobiernos a través de organismos y agencias públicas internacionales. Es la clásica imagen liberal según la cual el beneficio de los más ricos acaba fluyendo, sin intervención estatal alguna (y por la buena voluntad de algunos), hacia la copa de los más pobres. 

Todo esto no quiere decir que debamos (ni que podemos) prescindir de golpe de los apoyos y el esfuerzo de donaciones, fundaciones y de las ONG. Estas iniciativas privadas ejercen hoy tareas de asistencia y salvaguarda de derechos de las que, cada vez más, se despreocupan los poderes públicos (y los ciudadanos que prefieren opciones liberales), y su esfuerzo y sacrificio son, desde luego, encomiables.

Pero esto no es motivo para no advertir de que garantizar el derecho a servicios fundamentales como la sanidad o la educación (cuando no, simplemente, el derecho a la vida de los que se encuentran en situación desesperada) no puede depender, ni a corto ni a largo plazo, del esfuerzo o la caridad de esos grupos y entidades privadas, sino de políticas radicalmente transformadoras y recursos globales que solo podrían aplicarse en un contexto de Estados fuertes y coordinados presionados por una ciudadanía crítica y concienciada. 

Hay que recordar, por cierto, y una vez más, que ni en nuestro país ni en el mundo faltan recursos para garantizar esos derechos fundamentales (bastaría muy poco tiempo para acabar con el hambre y la mayoría de las enfermedades del planeta).

Lo que falta es la voluntad política para redistribuir esos recursos. Y a esa deliberada inactividad política le viene muy bien (hay que decirlo) la acción puntual de las ONG y de las fundaciones privadas y caritativas, pues estas, sin transformar globalmente nada, mantienen la situación sobre mínimos. Por supuesto, esto no dice nada (faltaría más) contra la gente que trabaja en esas ONG e instituciones afines. Ellos obran movidos, heroicamente, por la incapacidad moral y emocional de ver sufrir a las personas abandonadas por Estados débiles, corruptos o descarnada y deliberadamente “recortados”. Hacen lo que se debe hacer. Aunque su acción implica, también, un tremendo dilema moral. 

Si el señor Ortega, en fin, y su Fundación, están tan preocupados por la sanidad pública, podrían, mucho mejor que donaciones puntuales, hacer por aumentar (o no esquivar, al menos, ni un ápice) su contribución fiscal, y contribuir así a que, con criterios públicos y transparentes, se financien mejor los hospitales y se aseguren las políticas sanitarias. Además, con una mayor aportación fiscal sostenida, ayudarían a mantener al Estado. Y son Estados representativos fuertes y ámbitos eficaces de decisión pública, tanto nacionales como internacionales, presionados por una sociedad civil crítica y movilizada, los que pueden hacer que, algún día, nadie tenga que depender de cómo de solidario y donoso se sienta un millonario.

“Si Podemos aún aspira a lograr una cuota significativa de poder ha de volver a situarse en el centro de la izquierda del escenario, justo pegada a Sánchez, pero

sin pegarse

, y decidida a vender – mejor – el

mismo relato básico de regeneración de la socialdemocracia

con que sedujo a los ciudadanos hace poco más de tres años”

Imaginaba hace unas semanas Isaac Rosa en este mismo diario una divertida teoría conspiratoria. Rosa imaginaba a los “poderes fácticos” empeñados en resucitar al PSOE ayudados por un coach que proponía seducir a los votantes con un relato fácil pero infalible: el del rey (Sánchez) injustamente destronado por los poderosos (el aparato del partido) que vuelve a recuperar su trono con el apoyo del pueblo (de las bases). Lo de Isaac Rosa era una broma satírica (con la que criticar la falta de visión política del PSOE), pero detrás de la sátira hay algo cierto sobre los imaginarios políticos y su capacidad para lograr y mantener el poder. 

Relatos o imaginarios políticos hay muchos, aunque no infinitos. En nuestro entorno hay dos muy comunes (amén de otros más marginales): el progresista y el conservador, cada uno asociado a ciertas ideas tabús (igualdad, justicia, solidaridad, integración, protección, libertad, autoridad, familia, tradición, mérito...) y a una infinidad de elementos culturales. Según algunos politólogos, los progresistas se identifican con con el rock, el círculo, la poesía o el óvulo, y los conservadores con la música clásica, la línea recta, las matemáticas o el espermatozoide... 

Tal vez todo esto parezca una frivolidad. Pero es lo que hay. Nuestro (perezoso) cerebro es más dado a confiar en los relatos con los que nos identificamos que a analizar objetivamente los datos y reflexionar de modo crítico sobre las ideas. De hecho, la mayor parte de la gente escoge sus opciones políticas en función de versiones todavía más simples de imaginarios como los que hemos citado arriba. Votan o dejan de votar a unos u otros porque “son gente de orden” o “porque tienen una familia ejemplar” o “porque quieren que España sea como Venezuela” o “porque son unos pijos” o “porque son demasiado jóvenes” y mil trazos sueltos – y gruesos -- más de uno u otro cuadro ideológico. 

A esta hiper-simplificación de los imaginarios contribuyen los medios de comunicación que, en su afán por crear espectáculo, acortan, afilan y vulgarizan los mensajes. Y también la sobreinformación que procuran esos mismos medios. Contra lo que podría parecer, tanta información (la mayor parte de ella superficial y reiterativa) no produce necesariamente ciudadanos mejor informados, sino gente que, ante el ruido y la impresión de complejidad, se refugia en su burbuja ideológica y mediática particular. Como saben psicólogos y sociólogos, las personas solemos ignorar las pruebas que contradicen nuestras creencias y tendemos a ajustar los hechos a las mismas. En las redes sociales en las que vivimos hoy, y en las que la información está indisolublemente ligada a nuestras preferencias personales (amigos, gustos, hábitos de consumo), podemos tener una muestra clara de esta simplificación de las narrativas políticas. 

Viene todo esto a cuento de la – evidente – mala nueva que representa la victoria de Pedro Sánchez para Podemos. La victoria de Susana Diaz y las élites del PSOE, con la imagen asociada de su compadreo con el PP y los poderes financieros y mediáticos, le venía que ni pintado a Podemos para acaparar el voto socialdemócrata desilusionado sin perder el porcentaje electoral de la izquierda y de sus bases más activas. Pero el imaginario de un Sanchez triunfante viene a replicar, con aparente éxito, el relato podemita de la lucha entre la casta y el pueblo (entre el aparato del partido y la bases lideradas por un joven – Pedro Sánchez – preparado, honesto y que se enfrenta a los poderosos) y a robarle, así, terreno electoral a Podemos. 

¿Qué pueden hacer Podemos y el conglomerado de fuerzas que se le adjunta? De entrada, poner los pies en el suelo (electoral) y volver a una versión mejorada de la narrativa política del principio. Creo que se equivocan quienes piensan que a través del activismo, la presencia en la calle o las ideologías más o menos alternativas de la izquierda se va a romper el techo electoral o siquiera impedir que descienda. Podemos está donde esta gracias al voto del electorado progresista (y no a sus bases activas, que son apenas más que una voluntariosa pero ínfima minoría). Ese electorado entiende que tiene mejores cosas que hacer que participar directamente en política o salir a las calles (quieren, muy legítimamente, que los políticos hagan el trabajo por ellos, que para eso son, también, sus representantes) y, de otro lado, les basta con lo que significa la palabra “cambio” en el imaginario básico socialdemócrata: reforzar el estado de bienestar, mejorar las condiciones laborales y depurar de corrupción las instituciones (el anticapitalismo, el ecofeminismo o el anarquismo autogestionario comprenden relatos aún muy marginales). 

Es obvio también que el ideal socialdemócrata (el del viejo estado de bienestar de la guerra fría, tal como se reflejaba de forma ejemplar en los países nórdicos), incapaz de exhibir ningún logro sustancial desde hace treinta años, solo reverdece de forma pasajera cuando se representa en un escenario renovado, como el que, por ejemplo, encarna Podemos (o, con otros matices, personajes igualmente heterodoxos como Obama o Sanders en EE.UU). Ese escenario renovado es (o era) el de un grupo de gente joven, bien preparada, sin vínculos con el poder, y dispuesta (no se sabe cómo, pero eso carece de relevancia en este tipo de imágenes) a iniciar una quijotesca y entusiasta guerra por hacer realidad una versión no mutilada (y con detalles new age) del programa socialdemócrata. Simple, pero efectivo, como todo buen cuento. 

Esto todavía puede funcionar. De hecho, es el único cuento que a la izquierda del PP/C,s puede funcionar. Pero con la victoria del nuevo y heroico Sánchez liderando a las bases más críticas del PSOE, y el giro hacia la izquierda militante de Podemos, parece más probable que un PSOE renovado le coma el terreno a Podemos y que se reedite una suerte de pacto PSOE-IU (con UP en lugar de IU). Eso, desde luego, en el mejor de los casos. En el peor, la izquierda sigue dividida y decidida a seguir consumiéndose en la oposición. 

Si Podemos, en fin, aún aspira a lograr una cuota significativa de poder ha de volver a situarse en el centro de la izquierda del escenario, justo pegada a Sánchez, pero sin pegarse, y decidida a vender – mejor – el mismo relato básico de regeneración de la socialdemocracia con que sedujo a los ciudadanos hace poco más de tres años. Todo giro serio a la izquierda vendrá necesariamente después.

Escribía hace poco sobre el lugar casi infinitamente privilegiado que tiene la religión católica en el sistema educativo de nuestro país. Afirmaba – ingenuo yo – que la materia de Religión era, junto a tres o cuatro más, de las pocas que se ofertaban obligatoriamente en todos los cursos de primaria y secundaria (más el primer curso del Bachillerato, donde también es de oferta obligatoria). Pero el otro día me recordaron que la materia de Religión también ha de ofertarse obligatoriamente en los tres cursos de Educación Infantil (de 3 a 6 años). La Religión es, entonces, la única materia del currículo educativo que ha de ofertarse obligadamente desde los tres hasta los diecisiete años. ¡Inaudito!

Esto quiere decir que los alumnos españoles tienen la opción de formarse en Religión católica durante catorce años, si así lo quieren. Para que comparen y se hagan una idea, piensen que muchas materias, obligatorias u optativas (Música, Cultura Clásica, Tecnología, Plástica, Economía, Física y Química –por ejemplo–), son cursadas por los chicos solo durante dos o tres años en la ESO. O que otras optativas, como Filosofía, o Cultura Científica, se ofertan (si se hace, pues no es obligatorio) en un solo curso de la ESO. O que Educación para la Ciudadanía, o Ética, han sido incluso borradas del mapa por la LOMCE (solo la primera de ellas ha logrado ser implantada posteriormente, en un solo curso, y con una sola hora semanal, por iniciativa de la Consejería y el Gobierno de Extremadura).

Claro que alguien podría decir que, al fin, la materia de Religión, aunque se oferte durante catorce años, es solo una materia optativa. ¿Pero hasta que punto lo es? No lo es, desde luego, como la mayoría de las optativas, que se ofrecen solo en unos cuantos cursos (a veces en uno solo), y no en todos. Muchas de estas optativas, además, se ofertan solo si hay alumnos suficientes y el centro así lo dispone. La Religión, en cambio, es de oferta obligada, y se imparte sea cual sea el número de alumnos que la demanden. De otro lado, la Religión se oferta siempre como parte de un par, junto a una sola alternativa (la mayoría de las otras optativas se escogen de grupos más amplios), por lo que si el alumno, o sus padres, no están interesados en esa otra única optativa (que a veces consiste en “no hacer nada” – ¡pero permaneciendo en la escuela! –), no tienen más remedio que escoger Religión. No hay otra.

Se da además la circunstancia – y esto sí que es grave – que en muchos centros privados y concertados de carácter religioso (son la mayoría) la optativa de Religión se convierte, en la práctica, en obligatoria, en tanto el centro desanima de muchas y sutiles maneras a los alumnos y padres que quieren escoger la alternativa (en cierto modo es lógico, dado que son colegios religiosos, aunque estén financiados por el Estado como si fuesen públicos). El caso es especialmente sangrante en Educación Infantil, en donde la alternativa a Religión es inexistente, ya que, según la ley vigente, el niño que no escoge Religión no puede aprender ningún contenido curricular de ningún área durante la hora en que sus compañeros hacen la catequesis. En la práctica esto significa que el niño se queda sentado en una mesa, junto a su tutor, sin poder hacer nada. No es de extrañar que muchos padres, ante esta perspectiva, apunten a sus hijos en Religión (pues de eso se trata, claro). Y que algunos centros, incluso públicos, así lo recomienden a los padres (en uno de ellos – en Mérida – con la insólita argumentación, según he sabido, de que “en Religión, al menos, se enseñan valores” – los valores que determina la Conferencia Episcopal, claro, aunque creo que esto no se lo decían a los padres – ).

Sabido todo esto, resulta de una desvergüenza absolutamente increíble que la Iglesia, junto a algunas asociaciones de padres y profesores, pretendan que la materia de Religión Católica tenga aún más horas y esté todavía en más cursos (vamos, en el único que les queda: en 2º de bachillerato). Por esta razón andan pleiteando contra la Consejería de Educación que, en su último decreto, les rebajó (en secundaria) alguna de de las horas (¡dos!) de la generosa ración que habían recibido del gobierno de Monago.

Pero eso no es todo. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les ha dado la razón, y pretende que la Consejería modifique el currículo de Educación Secundaria y Bachillerato para dar cabida, sea como sea, a las demandas de la Iglesia. Una sentencia, la del TSJEx, que, amén de imprecisa (en ella se manejan datos falsos: la pérdida de horas de Religión en secundaria no es del 50%, como se dice, sino del 28%), expone argumentos que rozan el surrealismo. El más increíble de ellos es el que pretende interpretar los Acuerdos con la Santa Sede (de 1979) de manera literal, exigiendo que la Religión (además de estar presente en todos los cursos y etapas del sistema educativo) sea equiparable en horas semanales al resto de materias fundamentales (o, al menos, al resto de materias específicas). ¡Algo que obligaría a derogar la propia LOMCE!

Nadie puede tacharme de anticlericalismo, ni de oponerme por principio a la materia de Religión. He defendido en varias ocasiones que – por poco que me guste a mi y por pura lógica democrática – la Religión debe ofertarse en la escuela pública, al menos mientras una porción significativa de ciudadanos así lo demande, y siempre que los alumnos reciban, a la vez, la suficiente formación crítica y racional como para que puedan entender y valorar, de forma reflexiva y autónoma, los contenidos (más o menos dogmáticos) que reciben de aquella (y de cualquier otra asignatura). Pero he aquí que la Iglesia, insaciable en lo que a seducir almas se refiere, pretende mantener con uñas y dientes su posición de absoluto privilegio en la formación de los niños. Que la Conferencia Episcopal quiera seguir ofertando sus valores y su doctrina durante quince años (de los tres a los dieciocho) y sin que, por supuesto, exista nada similar en cuanto a formación crítica y racional (ética, filosofía, cultura científica), es un abuso inadmisible y sin paliativos. Un género, muy grave, de abuso infantil, que hasta debería estar tipificado por las leyes.

Una de las condiciones ideales que creo necesaria para “tolerar” la materia de Religión confesional en la escuela pública (y así lo he escrito en otras ocasiones) es que aquella se ofrezca únicamente en los últimos años de secundaria (no en primaria ni, mucho menos, en infantil). El fuerte contenido ideológico y moral de la materia de Religión, y la forma (necesariamente) dogmática que tiene de exponerlo, hacen de esta materia algo no apto para mentes infantiles. La formación en una confesión religiosa concreta debería ser siempre una decisión lo más consciente posible. Y tanto los padres como el Estado tendrían que evitar que los niños sean adoctrinados de una manera tan insistente (por la religión católica o por cualquier otra doctrina) desde... ¡los tres años! Tal vez una familia crea que sus creencias religiosas son excelentes para sus hijos. Pero, desde una perspectiva más objetiva, es más excelente aún procurar que sean ellos (los propios niños) los que las valoren libremente así, a su debido tiempo. Y es esto último lo que debe garantizar el Estado, y con la misma energía con la que protege a los niños de otros posibles abusos contra su libertad y autonomía, vengan de donde vengan, incluso si vienen de su propia familia.

Si el abuso del cuerpo de un niño por un adulto es algo absolutamente repugnante, no lo debería ser menos el abuso de su mente – o de su alma, como prefieran –. Y a mi juicio, insuflar (insistente y sistemáticamente) dogmas incontestables en las cabezas de niños de tres años, o llenarlas de imágenes, terrores religiosos o sentimientos de culpa, es un abuso tan indecente, execrable y de nefastas consecuencias (o más) como pueda serlo un abuso físico. Ningún niño puede defender su mente de dogmas, valores o emociones que se les inculquen (con las aureolas de lo sagrado y de lo académico a la vez) durante catorce años seguidos. Eso se llama pederastia espiritual. Y eso, exactamente eso, es lo que quiere seguir haciendo la Iglesia. ¿Tan poca confianza tienen en el valor de su doctrina como para querer embutírsela, desde tan pequeños, y durante catorce años seguidos, a todos los niños posibles?

Lo gracioso es que los mismos que defienden que se imparta catolicismo a los alumnos desde los tres años, acusen luego de adoctrinamiento a la extinta asignatura de Educación para la Ciudadanía, materia en la que, durante una o dos horas semanales (y a chicos de 13 y 14 años), se exponían, a través del debate y de forma argumentada, los mínimos valores morales que recoge la Constitución y que todo ciudadano (sea de la confesión que sea) debe conocer y respetar.

Es gracioso esto, decía. Pero la verdad es que es tristísimo. Es la alargada sombra de esa España negra que sigue asombrando y ensombreciendo a este país después de tantos y tantos siglos. Y que quiere seguir proyectándose – con un arrojo y una osadía envidiables – a través de la educación (infantil, primaria, secundaria, y secundaria post-obligatoria) de los futuros españoles... Como bien saben la Iglesia y el diablo, a las almas hay que comprarlas con mucho más tino y paciencia que a los cuerpos. Conviene, pues, empezar pronto. A los tres años, por ejemplo.

Uno de los argumentos de los que defienden la escuela concertada es el de proteger a las familias del presunto adoctrinamiento moral de la escuela pública (es decir: del Estado). No porque piensen que adoctrinar sea en sí mismo algo perjudicial, sino porque creen que este tipo de formación moral solo compete a las familias y a las instituciones educativas particulares (colegios privados, iglesias, etc.) que las propias familias escogen. ¿Es razonable sostener esto?

En primer lugar, es cierto que la escuela pública (el Estado) adoctrina. Es más: ¡es que es lo que la escuela pública (y el Estado), hasta cierto punto, deben de hacer! La escuela siempre ha sido (y ha de seguir siendo) la más importante institución transmisora de los valores e ideales que (más allá de las leyes y las transacciones económicas) conforman y cohesionan a una sociedad. Sin esta educación en valores comunes no hay apenas más “comunidad” que la de una simple agregación de individuos.

Es cierto que las sociedades liberales modernas, en su (legítimo) afán por secularizarse, han reducido a mínimos históricos el compromiso moral que supone toda comunidad, y han pretendido sostener la conformidad y el vínculo social en el mero interés económico, la coacción legal, y la garantía de las libertades individuales. Pero todo esto no es suficiente.

La presunta libertad individual de la que presumen las sociedades liberales es una clara muestra de esta insuficiencia. Porque ni siquiera en su sentido más pobre (aquél por el que ingenuamente creemos que ser libres es que nos dejen hacer o pensar lo que queremos – como si el querer mismo no fuera lo más fácil de manipular – ) la libertad ha pasado de ser una abstracción retórica. Tan retórica como los otros grandes principios (Igualdad, Fraternidad...) – distintos al de Propiedad – con que la burguesía moderna ha idealizado su propio entramado de poder.

Tampoco el desarrollo económico garantiza una sociedad cohesionada y eficaz (ni siquiera para crear un marco adecuado al desarrollo individual). No solo porque ese desarrollo económico apenas pueda ocultar ya sus límites infranqueables, sino porque no solo (ni principalmente) de pan viven ni el ser humano ni ninguna comunidad en la que este pueda desarrollarse como tal.

Una prueba evidente de la insuficiente legitimidad de nuestras sociedades ultra liberales (fundadas en el mero bienestar económico y en una libertad más retórica que real) es su extrema debilidad. Si en las sociedades en las que vivimos no notamos una descomposición más veloz (por efecto de la crisis, la corrupción sistemática, o la irrelevancia de las instituciones democráticas) es porque ya están, en gran medida, disgregadas. Y si la inyección de valores y sentido que proporcionan los nacionalismos, populismos o fundamentalismos religiosos no provoca más efectos es – quizás – porque aún no se ha completado su alianza con las élites económicas y sociales.

Para revertir esta situación – hay que decirlo mil veces más – hay que aunar política y educación. Ya sabemos que, a oídos contemporáneos, esto suena muy mal. Pero una política que se conforme con la retórica de los valores comunes y no actúe de forma contundente para formar y conformar con ellos a los ciudadanos no es más que sociología aplicada para legalizar los intereses de la oligarquía. Y – de otro lado – una educación que se limite a enseñanzas científico técnicas e instrumentales y que abomine de la formación en valores comunes (dando, a la vez, todas las facilidades a los adoctrinamientos particulares), no será más que un foco de desigualdades y sectarismos que acabe por corroer todo asomo de comunidad.

Nadie debe asustarse ni asustar con el fantasma del totalitarismo estatal (donde y cuando, además, no hay más totalitarismo – global – que el del mercado). Los valores comunes que debemos reivindicar no son otros que los que dan sentido a la misma actividad política y educativa con la que hemos fundado nuestro modo de civilización.

Un amigo mío dice que la educación pública se originó en las disputas que se organizaban alrededor de Sócrates en la antigua Atenas. Allí (y a diferencia de la educación privada que ofertaban los sofistas) se admitía gratuitamente a todo aquel que quisiera discutir sobre los valores morales que sustentaban a la comunidad. Eso es, en origen, lo político. Algo que se constituye – en la misma génesis del término – como un problema, más que como un hecho. Al menos en Occidente, donde nace ligada a la filosofía como un debate permanente en torno al bien común. La política, la filosofía y la democracia nacen – y solo en Occidente – a la vez.

Educar en lo común es pues, en su sentido más radical, formar en esa práctica civilizatoria en la que se funda nuestra cultura: el diálogo argumentativo en busca de la verdad común. En ausencia de esa verdad tenemos aproximaciones relativizables a la misma y, sobre todo, algo infinitamente más indudable: lo común de la razón: esa herramienta o procedimiento que garantiza la objetividad y el progreso del debate.

Pero ocurre que la propia razón como procedimiento supone (además de condiciones materiales obvias) determinadas prácticas y valores que, como la pluralidad ideológica, la desacralización a priori de toda opción moral, el uso reflexivo y crítico de la propia razón, o la no discriminación de nadie por motivos ajenos a la razón misma (religiosos, económicos, de género...), solo pueden ser garantizados por una educación pública y común gestionada por todos y en la que, obviamente, se eduque, antes que en ninguna otra cosa, en el debate racional.

Así, solo una escuela pública omnipresente y de (insuperable) calidad pedagógica, y en la que la educación crítica en los valores comunes (Ética, Educación para la Ciudadanía) no sea algo marginal, sino el elemento central de lo que debe ser la formación de ciudadanos y personas verdaderamente libres (libres en cuanto razonan – y no solo asumen y ven satisfechas – sus preferencias frente a las – y los – demás), puede garantizar una sociedad consistente y libre de la amenaza inminente de la disolución, la irrelevancia frente al imperio del capital, y la invasión de la nueva generación de totalitarismos políticos y religiosos que está en ciernes.

Me había pasado inadvertido, pero me lo recordó, el otro día, un perspicaz compañero: la jornada reivindicativa de la escuela concertada del pasado miércoles fue lo más parecido que se pueda ver por aquí a las típicas demostraciones de adhesión incondicional a una idea o un líder.

Se interrumpieron las clases, se hizo formar a los alumnos en el patio – la mayoría de uniforme y con globos blancos –  y, tras la lectura del consabido manifiesto, se ordenó a los niños soltar los globos mientras restallaban los flashes de la prensa y los aplausos. Una coreografía perfecta. Y una muestra, no menos acabada, de falta de escrúpulos e impotencia por parte de los promotores de la protesta. 

Digo falta de escrúpulos porque se precisa de mucha relajación moral para instrumentalizar a 25.000 niños de primaria y secundaria en defensa de tus intereses o/y tu ideología, y sacarlos al patio a exhibirlos junto a las pancartas que previamente les has hecho escribir.

Y esto va tanto por los directivos y equipos docentes como por los padres que lo permiten. Y, por supuesto, por todo aquel que manipula a los niños y adolescentes, sea por la causa que sea, para intentar legitimar con la más abyecta demagogia sus particulares reivindicaciones. 

Se dice que los niños dicen siempre la verdad. Pero la verdad que revelaban sin decirla estos niños sacados de sus aulas para hacer de mobiliario escénico en la trama de sus mentores no era la que estos desgranaban en su discurso, sino otra bastante más simple y luminosa: la verdadera impotencia de aquellos que ven, con lógica preocupación, cómo se van acumulando razones y datos para justificar una progresiva, pero necesaria e inevitable, desaparición de los conciertos educativos.

No lo duden: sacar lo niños a la calle es una prueba inequívoca de que alguien se ha quedado sin argumentos, y de que solo le queda apelar a los sentimientos que puedan inspirar miles de chicos uniformados soltando globos al unísono. 

Porque las razones y los datos están ahí. No hay forma ni coreografía de niños capaz de ocultarlos. En primer lugar, el número de nacimientos – ya de por sí muy bajo – en Extremadura descenderá en los próximos 15 años, según todas las previsiones, en torno a un 20%. Una tendencia muy difícil de revertir.

Dado que el descenso de ratios profesor/alumno tiene, obviamente, unos límites (no solo económicos, también pedagógicos), en un momento u otro habrá que tomar decisiones en orden al principio de eficiencia y racionalización del gasto público que establecen tanto la ley como el sentido común. 

En segundo lugar, los conciertos educativos no son una suerte de derecho constitucional ni nada remotamente parecido, sino una simple medida política establecida, hace poco más de 30 años, para resolver un problema logístico (la falta de plazas, en ese momento, en la escuela pública) que ya está prácticamente resuelto. Luego, como es lógico, son estos conciertos los que hay que suprimir progresivamente, una vez que ya no se necesita el “auxilio” de la educación privada para satisfacer la demanda de escolarización. 

Pero, en tercer lugar, y contra toda lógica, la educación concertada (la subvención estatal de colegios privados) – algo casi inexistente en Europa – se ha extendido durante todos estos años (crisis incluida) pasando, en algunas comunidades, a copar en torno al 50% de la oferta educativa (y a concertar, incluso, niveles no obligatorios, como el bachillerato).

Esto es algo absolutamente incomprensible e inaceptable, incluso desde una lógica puramente empresarial. La educación privada puede competir todo lo que quiera (¡faltaría más!) con la pública. ¡Pero no subvencionada con el dinero de todos! 

En cuarto lugar, la educación concertada, en la mayoría de los casos (y con muy honrosas excepciones), no ejerce por sí misma (colectas aparte) más labor social y de integración de colectivos desfavorecidos (como dice la ley que debería hacer) que la de favorecer que tales colectivos se integren – mejor – en la escuela pública.

Es eso lo que algunos directivos de colegios concertados recomiendan a los solicitantes de plaza, o lo que indirectamente promueven pidiendo pagos “voluntarios” para actividades extraescolares o mediante otras estrategias más o menos subrepticias.  No se olvide que el objetivo (y el reclamo comercial) de la mayoría de los colegios privados es el de educar élites (y por lo mismo, y ya de paso, cimentar y aumentar la desigualdad social).   

En quinto lugar, es rotundamente falso que el artículo 27 de la Constitución establezca que el Estado deba sufragar económicamente la educación privada en nombre del derecho a la libertad de elección de los padres. Lo que el famoso artículo afirma es que “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Y a fe que lo hacen, tal como debe hacerlo el Estado. De un lado, manteniendo la pluralidad ideológica que se le debe exigir a la escuela pública (en la que, entre otras cosas, se oferta religión y moral católica desde primaria hasta el bachillerato). Y, de otro lado, permitiendo – dentro del respeto a los principios constitucionales – la libertad de creación de centros docentes (que no tienen porque ser empresas que cobren tasas prohibitivas para, de paso, seleccionar así a su alumnado – que es obviamente, y como todo el mundo sabe, lo que se hace en la mayoría de los colegios privados – ).   

Porque – y esto no se nos puede olvidar – sí en algún lugar hay falta de libertad ideológica es, precisamente, en las escuelas concertadas religiosas (que son la inmensa mayoría), en las que el ideario confesional del centro es inculcado de mil maneras, se quiera o no, a los alumnos, y en las que la elección del profesorado no obedece a criterios objetivos o científicos (como ocurre en la escuela pública), sino a las preferencias ideológicas y subjetivas de los propietarios del colegio. 

En unas desvergonzadas y recientes declaraciones a Canal Extremadura Televisión, una representante de CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos), Macarena Muñoz, afirmaba con desparpajo que una de las razones para no eliminar conciertos era la educación de la capacidad crítica y la no manipulación de los alumnos que – según ella –  aseguraban las escuelas privadas concertadas...

Para muestra – habría que replicarle –  los 25.000 niños de primaria y secundaria del pasado miércoles formados en los patios (¡por supuesto que por propia iniciativa!) para aplaudir un discurso como el suyo (¡seguro que en un alarde de entusiasmo espontáneo y pensamiento crítico!). Visto lo visto, supongo que la señora Muñoz se refería a la educación de la capacidad crítica, sí; pero a la de Corea del Norte.

Esta semana han coincidido dos propuestas políticas aparentemente antagónicas pero, en cierto modo, complementarias. De un lado, la Federación de grupos cannábicos de Extremadura ha pedido a los partidos políticos abrir el debate sobre la legalización de la marihuana. De otro lado, el gobierno extremeño ha presentado un proyecto de ley para la prevención del consumo de alcohol en menores. Parecen cosas distintas, pero no lo son tanto.

Empecemos por lo segundo. Es cierto que el consumo compulsivo de alcohol por parte de adolescentes se ha convertido en un hábito que empieza a ser percibido con asombrosa naturalidad. Algo similar podría decirse (aunque en mucha menor medida) con respecto al consumo de drogas como el cannabis. Esto es, desde luego, muy preocupante. El asunto está en cómo frenar esta tendencia. La simple represión es inútil. Reforzar la vigilancia para que se cumpla la ley a rajatabla y no se vendan alcohol y otras drogas a menores tampoco es la solución definitiva: la vigilancia nunca es total, acaba por relajarse y – más tarde o temprano – se vuelve a las andadas.

Todo el mundo sabe que la única manera eficaz de controlar el consumo de drogas es hacer que disminuya la demanda. La clave está, pues, en la prevención, y especialmente en la educación. Pero hay que afinar mucho más en esto. No valen las campañas publicitarias llenas de tópicos simplones. Ni impartir un simple taller de unas horas en las escuelas y hacer pasar por él, en rigurosa fila, a todos los alumnos. Para más inri, en algunos centros educativos que conozco este taller lo imparte la propia policía: llega un agente (uniformado y armado) al aula y asusta durante una hora a los adolescentes mostrándoles lo terriblemente malas que son las drogas y lo que les espera (también de parte de la policía) si las consumen.

Pero demonizar las drogas no sirve de nada. Los chicos saben, por experiencia (propia o ajena), o por simple lógica, que si la droga mueve tantas cosas (dinero, voluntades, artistas de moda), preocupa y escandaliza tanto y está tan prohibida, no puede ser que sea tan mala (si fuera tan mala nadie la querría y no habría que prohibirla con tanto ahínco). La primera regla de oro para educar a un adolescente es no tratarle como a un idiota. Las drogas, cabe llamar “recreativas”, tienen – como todas – contraindicaciones y peligrosos efectos secundarios (incluyendo los legales), pero también tienen efectos deseables para la gente que las consume. Con mil y un matices (hay gente que sabe de esto muchísimo), parece claro que todas ellas procuran estados psicológicos que podrían ser calificados, en sí mismos, de positivos (relajación, euforia, alegría, desinhibición y, a veces, una especie de abandono o de “liberadora” pérdida de conciencia). Así pues, si queremos que los jóvenes no incurran en “malos” hábitos tenemos que empezar por explicarles por qué son tan malas cosas que les parecen tan buenas a tanta gente.

Como ven, el problema del consumo de drogas es un asunto fundamentalmente moral, no científico o técnico: muy poco pintan aquí asistentes sociales, psicólogos o médicos. Pese al prestigio social que tienen los técnicos (y lo tentador que resulta para un político invocarlos para resolver los problemas sin entrar en polémicas), ningún asistente social, psicólogo, sanitario o policía tiene una respuesta lo suficientemente compleja a la pregunta: ¿por qué no debo tomar drogas? Pues, pese a cierta impenitente tendencia a infantilizar a los individuos y a negarles, paternalmente, el libre albedrío, la mayoría de los consumidores habituales de droga no son enfermos (que haya que poner en manos de psicólogos o médicos) ni pérfidos delincuentes (que haya que encerrar en una celda); la mayoría de los adictos a las drogas – legales o no – son personas que han decidido (todo lo libre, tortuosa y problemáticamente que puede decidir una persona) vivir de cierta manera, aún pagando un determinado precio (salud, riesgos legales, etc.) por ello.

¿Cómo hay que hacer entonces con los más jóvenes para prevenirlos con respecto al consumo de drogas? Dado que tomar o no tomar drogas es, fundamentalmente, una decisión personal (y no una patología ni una compulsión irrefrenable al mal), y dado que las personas toman sus decisiones en función de valores, fines y modelos morales que captan del ambiente y les resultan seductores o convincentes, lo que hay que hacer es educarlas (seducirlas y convencerlas) en torno a valores distintos a los asociables al consumo vicioso de drogas. Nada más fácil. Ni más difícil...

En una sociedad en la que el bienestar psíquico y la diversión (entendida como un estado de dispersión y evasión permanente) se conciben como bienes supremos, la adicción a las drogas parece una conducta absolutamente coherente, incluso al coste de acortar la vida. Pero, aún no siendo una tarea nada fácil enfrentar esta tendencia, debemos intentarlo. Hay modelos alternativos al de esa suerte de hedonismo fast-food que se vende, por defecto, a los jóvenes (y no tan jóvenes). Tal vez podamos convencerles de que vale más la pena cultivar la conciencia que la inconsciencia, el entusiasmo activo que las pasiones adictivas que vende la publicidad, o la concentración creadora más que la dispersión evasiva como modelo de diversión... Solo gente acostumbrada, así, a usar la cabeza para vivir mejor, rechazará tajantemente ajarla o adormecerla con las drogas.

En cualquier caso, todo esto hay que discutirlo. Y en eso consiste la educación moral: en dialogar y dejarnos guiar por los argumentos, sin prejuicios ni imposiciones, creando el espacio para que cada uno decida libre y racionalmente lo que finalmente quiere ser (y padecer). No es fácil, insisto, pero tampoco hay atajos. Sabemos que el gobierno extremeño ha hecho lo imposible por restaurar en lo posible la educación – reflexiva, crítica, no dogmática – en valores (la ética, la filosofía) en el currículo educativo – despojado de toda sombra de educación moral por la LOMCE –. Hay, pues, que animarlo a que mantenga e incremente ese empeño. En lugar de talleres impartidos por policías o psicólogos, hacen falta horas y aulas en las que debatir seriamente, una y otra vez, sobre las drogas y el modelo de vida desde el que se fomenta su consumo.

Esta ingente, pero necesaria, tarea educativa sería, además, la condición, a mi juicio fundamental, para hablar en serio de ese proyecto – tan loable y sensato en otros aspectos como el del acabar con las mafias de traficantes o el respeto a las libertades – que es el de la legalización de ciertas drogas. Otro polémico debate que habrá que afrontar un día u otro. Y del que tampoco nos podrá librar, por cierto, ningún técnico.

Sé que he escrito este artículo ya muchas veces. Y más que me faltaron. Lo escribí (o lo quise hacer) cuando aquello del concejal Zapata, cuando lo otro de los Tirititeros, cuando el asuntillo de Javier Krahe, cuando las múltiples querellas contra El Jueves, cuando lo de más allá con el cantante de Def con Dos, cuando la señora detenida por llevar en el bolso las terribles siglas ACAB (“All Cats Are Beautiful)... Pues bien, ahora le ha tocado a una joven tuitera, Cassandra Vera, a la que le han pillado un alijo de chistes en su twitter sobre el magnicidio de Carrero Blanco – la mano derecha del último dictador de Europa occidental – ocurrido hace 44 años. Como ven, el listón de los chistes no permitidos por la ley ha vuelto a bajar sustancialmente. Y yo, a tener cada vez más miedo. Miedo por vivir en un país donde el Estado te puede procesar y encarcelar por contar un chiste. O ya puestos por firmar – ¿por qué no? – un artículo como este.

Francisco Martel, Carmen González y Teresa Palacios son los jueces de la Audiencia Nacional que (aplicando el código penal y jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo) han cooperado necesariamente en este nuevo ataque – histriónico, ridículo, patético – a la libertad de expresión, con una sentencia que parece más propia del tribunal de orden público de un régimen fascista que de un juzgado de un país democrático. Es esta sentencia y las leyes que la amparan (y no los chistes de nadie) lo que supone un verdadero acto de “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta de la justicia”.

Salvo en países totalitarios, el delito de opinión debería estar reservado (si es que debe estarlo en algún caso) para situaciones tan excepcionales que casi ni existan. Y no hablemos del absolutamente increíble delito de contar chistes (que apenas pueden ser catalogados como opinión o apología de nada). En un país libre, como espero que sea algún día este en que vivo, expresarse no puede estar prohibido. Es absolutamente elemental.

Hablar, enaltecer o hacer apología de una doctrina, idea o creencia, por incorrecta o herética que nos parezcan, no puede ser un delito. Y esto hay que decirlo bien claro, tanto a izquierda como a derecha. También si alguien pretende defender el machismo, el terrorismo, la xenofobia, la homofobia o lo que le dé la gana defender, solo merece una réplica contundente, no un acto inquisitorial de amordazamiento.

Decir (cantar, escribir, pintar, filmar, hacer teatro, o contar chistes) no es, no puede ser una conducta punible. Se diga lo que se diga. Vencer al “discurso del odio” (una nueva de las categorías impostadas con las que se pretende acallar al pensamiento libre) no consiste en prohibirlo – ningún discurso puede ser vencido así – sino, en cualquier caso, en aplastarlo con otro mejor (Y se supone que es fácil, ¿no? ¿O tan inseguros estamos de nuestras convicciones como para no dejar al otro ni abrir la boca?).

Los ciudadanos deberíamos ser seres adultos que no necesiten leyes ni censores que protejan nuestros (por lo visto inocentes) oídos de mensajes inconvenientes. Lo que el Estado ha de asegurar es el suficiente grado de igualdad (y no dominación) y la suficiente educación crítica como para que podamos y sepamos asimilar y replicar a cualquier idea o proclama sin necesidad de que la “sabia autoridad” nos guarde de la manipulación o la incitación al odio o al delito con que pueden tentarnos los “malvados” que las defienden.

No somos corderillos necesitados de un buen pastor que nos tenga que salvar de fieros sofistas. Una libertad de expresión no tutelada por el Estado es la condición y la prueba de una sociedad libre y madura. Y los límites a esa libertad han de ser siempre mínimos y excepcionales. Incluso ante la presunta difamación o humillación de alguien, incluso en esos casos, los defensores a ultranza de este género de libertad tenemos opciones. La difamación se desmonta con pruebas y mejores argumentos. Y la humillación se repara, mejor que peor, si se demuestra injustificada e inmerecida.

Porque – hay que decirlo todo –  la humillación, a veces, y en cierta acepción del término, puede estar justificada. Solo depende de quién y por qué se humille, y del modo en que se haga. Empecemos por lo segundo: ¿son las bromas una especie del género de la humillación, como dice la sentencia de los sabios jueces de la Audiencia (lo de sabios es broma, claro, y de las pesadas)? Veamos. “Humillar” es hacer que el otro se sienta ofendido, pero también significa que alguien acate algo que, en principio, no estaba dispuesto a acatar. La primera acepción refiere la reacción emocional de alguien, algo que es extraordinariamente subjetivo (y sobre lo que difícilmente cabe legislación – todo el mundo puede sentirse ofendido por cientos de cosas distintas – ) y que, además, puede ser en gran medida controlado por el sujeto. La segunda acepción no supone nada peyorativo, sino algo tan sensato como el acto de comerse uno su propio orgullo y reconocer que estaba equivocado. Así pues, si una broma pudiera ser un acto censurable de humillación, solo podría serlo como ofensa que depende de la particular reacción emotiva de alguien. Pero estas ofensas (salvo cuando se dan en un contexto de dominación previo e intolerable) se resuelven, bien con una re-interpretación por parte del ofendido (no ofende quien quiere, sino quien puede), o bien con el rechazo social al ofensor. ¡No con un proceso penal!

Penalizar legalmente el humor (con todos sus subgéneros: burlas, chistes, parodias, chirigotas, macanas, chuflas, camelos, chanzas, guasas, mofas, befas, pitorreo, bufonadas y mil más) para ponerle límites es una barbaridad que solo cabe concebir en estados dictatoriales. El humor es absolutamente libre, no atiende a criterios de corrección política, y es por eso por lo que puede librarnos de (y por lo que molesta tanto a) todo tipo de poder abusivo. Hacer burla es una forma más de expresión crítica, de cuestionamiento de reglas, tabúes, abusos y arbitrariedades. Quien defiende de modo coherente la libertad de expresión defiende que cada uno se mofe de lo que quiera, del mismo modo que defiende que un filósofo o un artista (por ejemplo) discutan, pongan en cuestión, o produzcan las obras de arte que libremente deseen. Lo contrario es una forma de totalitarismo.

Se puede admitir, desde luego, que haya chistes (u obras de arte, o ensayos filosóficos, o ideas de todo tipo) de buen o mal “gusto”, que hieran la sensibilidad de personas o colectivos, que nos parezcan profundamente erróneos o manipuladores. Pero en esos casos lo único legítimo que cabe hacer – en una sociedad libre y plural – es dar la espalda al “chistoso”, dejar de leer el libro que nos incomoda, escribir un artículo en contra, despotricar del artista, celebrar debates, bloquear a quien sea en las redes, todo lo que quieran de este tenor, pero no, nunca, procesar y meter en la cárcel a los “deslenguados”. El humor y la risa (así como la filosofía, el arte o la simple expresión de ideas) no son censurables. Todo lo contrario. Son una de las garantías fundamentales – insisto – de una sociedad libre.

El humor es, también, un revulsivo necesario, un síntoma de nuestras debilidades y errores, una vacuna contra el fanatismo y la estupidez, y un enemigo de todo lo que se oculta a la luz como presuntamente sagrado. La burla es una manera infalible de recordar lo falible que son nuestras infalibilidades (lo cómicas que son nuestras grandilocuentes tragedias). Todos y todo somos merecedores de risa. Todos somos en algún momento (en muchos) patéticos y risibles. Y es la risa (esa especie de llanto al ralentí) lo que mejor nos pone en nuestro sitio. Así, si el humor negro nos hace reír (y nos hace reír a todos, con más o menos disimulo) es que el discurso moral sobre cómo hay que tomarse las cosas del dolor y la muerte tal vez sea también risible; es decir: humano y perfectible. Qué le vamos a hacer. El humor es, también, el bálsamo de fierabrás más dulce y efectivo contra el dolor del mundo. Y ese bálsamo, a veces, tiene que ser negro, negrísimo. Porque la vida también lo es (¡y ella empezó primero!).

Tu risa me hace libre... decía en las escalofriantes Nanas de la Cebolla uno de los poetas más grandes que ha parido este país, Miguel Hernández, de cuya muerte en la cárcel, con 31 años, se cumplen estos días el 75º aniversario. Un asesinato por cierto, el suyo (lo dejaron vilmente morir de enfermedad y miseria), que nunca llegó ni llegará a ninguna Audiencia Nacional, como ningún otro de la larga ristra de crímenes y criminales que aún campan a sus anchas mientras sus (ya pocas) víctimas supervivientes son ninguneadas por querer algo tan simple y justo como sacar a sus muertos de las cunetas.

Porque – recuerden – a los golpistas que, después de provocar una guerra civil, gobernaron este país con el terror, humillando, torturando y asesinando a cientos de miles de personas, se les aplicó, tras su proeza, una generosa amnistía. Mientras que a esta chica que comparte en twitter los chistes mil veces contados (en este país de chistosos) sobre el sabotaje que – ¡hace  44 años! –  costó la vida al tirano que amenazaba con prolongar la dictadura de su mentor, le cae encima esta especie de escarmiento justiciero que de vez en cuando parece que haya que aplicar sobre el más débil (para que el resto aprenda). ¡Ella, esta estudiante chistosa, es la verdadera terrorista! – nos dicen –  Y en cierto modo no crean que no tienen razón. Si hay algo terrorífico para el poder despótico es el humor.

¿Pero saben – señores jueces de la Audiencia Nacional y señores del gobierno – cuál es el único chiste censurable aquí? El único chiste es su sentencia y su código penal. Y es el único censurable porque ya no es un chiste (solo lo parece), sino que, por desgracia, es un hecho, un hecho deleznable que nos humilla y avergüenza a millones de ciudadanos. Ustedes nos dan miedo, es cierto, han logrado atemorizarnos. Pero más aún nos dan una terrible vergüenza. Y no les quepa duda de que, pese a todo, por miedo y por vergüenza de ustedes, vamos a seguir defendiendo (y defendiéndonos con) la crítica y la risa. Pluma por pluma. Como decía Miguel. Ese poeta libre y deslenguado que se reía de todas las sombras de la España más negra. Justo la que ustedes representan.

Se acaba de publicar en español el libro de Rutger Bregman, Utopía para realistas (Ed. Salamandra), una defensa (una más) de la renta básica universal desde posicionamientos liberales. El argumento es simple. Si la sociedad ha de hacer algo por paliar la pobreza (y ha de hacerlo, según el autor, porque las consecuencias de la pobreza son muy caras) lo mejor es, como repite el viejo adagio liberal, que el dinero esté en el bolsillo de los pobres y no en el del Estado y sus costosos servicios sociales. Nada de paternalismo estatal – dice Bregman – . Si alguien sabe lo que es la pobreza y cómo paliarla este es el pobre. Le damos el dinero que le toca (la renta básica) y él sabrá mejor que nadie qué hacer con el.

No logro estar de acuerdo, por principio, con esta concepción liberal de lo que es la libertad individual (tampoco con la de igualdad – la renta básica que defienden Brugman y otros se ofrece igualmente a ricos y a pobres –). El clásico concepto liberal de libertad negativa entiende la libertad como un “dato” primitivo, un estado natural que hay que proteger (sobre todo de la injerencia estatal). Pero esto es un error. La libertad individual no es un hecho del que partir, sino más bien un derecho (y una “competencia”) que conquistar (y que aprender). Ningún individuo es, por principio, un ser libre cuya libertad haya que proteger del paternalismo del Estado. Ser libre no consiste en satisfacer nuestros deseos sin encontrar obstáculos, sino – sobre todo – en asegurarnos de que esos mismos deseos han sido concebidos libremente. Y a eso, a ser el dueño de las ideas y los sueños que gobiernan nuestros deseos, se aprende en la escuela y en la vida ciudadana, esto es, en el seno del Estado. Por eso, no basta con proporcionar una renta básica a todos para librarnos de la desigualdad y sus consecuencias. Hace falta Estado. Hace falta política. ¿Pero qué política?

Pese a no estar de acuerdo, en general, con la posición de Bregman, hay aspectos de su análisis con los que coincido. Por ejemplo en la crítica que hace a la izquierda. Tienen razón Bregman y tantos otros en que la izquierda europea (y su análoga norteamericana) malvive confinada en una actitud casi puramente defensiva y de – diría yo – defensa de lo minúsculo. Y mientras esto ocurre, el populismo el populismo de derechas (y el “heteroliberalismo” de talentos jóvenes como Bregman) les gana la posición con propuestas cercanas, en apariencia, a las de la izquierda tradicional (la renta básica, la reducción de la jornada laboral, el reparto del trabajo...).

Como dice Bregman, la izquierda actual solo parece saber a qué se opone, pero apenas qué es lo que propone para salvaguardar o implementar lo que (no se sabe muy bien que) quiere. De hecho, si se hiciera un esbozo de los rasgos con los que se identifica a la izquierda actual no obtendríamos un perfil muy distinto al de una suerte de ONG de ayuda a los necesitados. Una ONG revestida de una bruma ideológica alrededor de “ismos” necesarios pero insuficientes (feminismo, ecologísmo...) y apenas formada de gestos rituales (el anticlericalismo, la justa memoria de los vencidos, la resistencia näif al “sistema”...) en torno a los que baila la mismo tribu borrascosa y peleona (entre sí, claro) de hace sesenta años.

Pero esta izquierda adoratriz del dios de las pequeñas cosas – y que, escurrida la casi extinta socialdemocracia, es la única que nos queda – se equivoca. Es falso que la política – la gran política que cambia las cosas – se pueda hacer desde la movilización popular en las calles, o con gestos o pequeñas conquistas cotidianas. De hecho jamás ha pasado nada así. La política (no digamos la revolución) se ha hecho siempre con ideas. Con grandes ideas. Son ellas las que movilizan a la gente y las que cambian realmente el curso de la historia. Y son justamente esas ideas de las que carece la izquierda actual.

Del mismo modo que para la verdadera libertad hacen falta individuos dueños de sus ideas (y no meros rentistas), para el verdadero cambio hacen falta ideas que se adueñen de la voluntad y el corazón de la gente tanto o más de lo que lo hacen las consignas populistas y los best seller neoliberales de autores como Bregman. Más allá de espejismos economicistas (como la renta básica universal), y de la pobre política de gestos y caridad de la izquierda, son los grandes ideales y la educación lo único que puede apuntar de veras al logro de mayores cotas de igualdad. En esto es en lo que ha consistido, siempre, cualquier utopía realista.

Los filósofos más optimistas piensan que todo el mundo actúa, siempre, bajo la creencia de que lo que hace es lo mejor que (a cada momento) puede hacer. Nadie hace el mal a sabiendas.

Incluso el que roba o mata cree que – dadas las circunstancias –  elige la mejor opción. Nadie es, pues, culpable de nada. Todos suponen comportarse lo mejor posible. Hasta el tirano más terrible cree estar haciendo el bien a sí mismo, a su Pueblo, a la Humanidad entera. El que perjudica a los demás con sus decisiones es el que está convencido de que el logro de sus fines particulares – cueste lo que cueste – es lo mejor que le puede pasar al mundo. Su razonamiento está probablemente equivocado; pero él no lo sabe. 

Ahora bien, si los “malos” no son sino ignorantes, lo que hay que hacer con ellos es persuadirles de que están equivocados, es decir, educarles, y no castigarles o vengarse de ellos.

Así, lo que hace falta para que reine la justicia no son policías ni cárceles, sino profesores (que no parezcan policías) y centros educativos (que no parezcan cárceles). El ser humano es un ser racional, por lo que solo cabe modificar su conducta con razones (y no con premios y castigos, como si fuera un animal al que adiestrar). 

Cuando cuento todo esto en clase, mis alumnos se escandalizan y ríen. Por no hablar de mis amigos más adultos (ya saben, esa gente que cree que sabe y que, además, por ser “adultos” – no digamos adultos y profesores – no admiten lecciones). Pero la verdad es que no hay un solo ejemplo que refute esta tesis (si encuentran alguno hagan el favor de remitirlo en los comentarios): todo mal es ignorancia; nadie es culpable de nada, ni siquiera de su ignorancia, pues el ignorante es el que cree que sabe (verbigracia: de nuevo los adultos, los profesores, etc). 

Podemos extraer varias consecuencias aún más estrafalarias (pero certeras) de esta insensata (pero irrefutable) tesis. La primera es que para armar una sociedad justa de individuos buenos y felices, no hay nada más necesario que la educación. Y, en concreto, la educación ética y filosófica.

Si la maldad y la injusticia no son más que ignorancia, la bondad y la justicia son equiparables a la sabiduría. Solo el sabio puede ser bueno y feliz. Y solo el sabio debe gobernar. Estas locas (pero clarividentes) tesis no se ajustan a la moderna creencia de que sobre moral o política no hay sabios ni razones que valgan y que, por eso, para dilucidar los asuntos prácticos lo que vale es la fuerza. La de los latidos del corazón (para los asuntos más personales) o la de los votos en la urna (para las cosas de la polis) – ya saben, el argumento de “somos más que tú” –. 

El otro extravagante (pero inevitable) corolario de la increíble (pero innegable) tesis de que siempre hacemos lo que creemos mejor, es que la disciplina, la fuerza de voluntad o el sacrificio – ya saben, las sagradas palabras del casticismo pedagógico – no son necesarios.

Es más: que son una perversión moral (como todo lo que es inhumano, como hacer algo mecánicamente, por pura y fiera fuerza, como si fuéramos máquinas o fieras). Si de verdad creemos que algo es bueno, querremos hacerlo, y lo haremos sin esfuerzo (o sin darnos cuenta de que nos esforzamos, que es lo mismo). Si hace falta disciplina, o “fuerza de voluntad”, esto es señal inequívoca de que no tenemos claro que lo que hacemos sea realmente bueno para nosotros – aunque tal vez sí lo sea (o eso creerán ellos) para quienes nos lo imponen –. 

Es por todo esto que a veces les pregunto a mis alumnos si, como pensaban Sócrates y otros alucinados (pero alucinantes) filósofos, el progreso de una sociedad ha de medirse en función del número de profesores y escuelas que tenga. Es decir: si es realmente deseable aquello que algunos de sus compañeros corean en las manifestaciones: que haya menos policía, y más filosofía. 

Otra cosa no (ni poder, ni futuro, ni muchos adultos que estén a su altura), pero razón la tienen, los alumnos que corean ese lema, más que un santo (o que un santón filosófico). Es innegable: a más tizas, menos porras; a más educación, menos leyes; a más pedagogía, menos disciplina ciega; a más sabiduría, mas bondad y justicia. Y a más profesores (y filosofía), menos policía. Siempre, claro está, que los profesores (especialmente los de filosofía) no utilicen la tiza como porra, ni confundan la educación con el reglamento de centro, ni adopten la disciplina como pedagogía, ni crean que la bondad y la justicia no entran en los planes de estudio. 

Alguno me tildará de romántico por decir todos estos disparates . Pero yo creo, como el pobre Sócrates, que es cosa de pura lógica. Y que los locos románticos, esos que apuestan por la sinrazón humana y la (consecuente) necesidad de la fuerza y la policía, son ellos. Piénselo antes de aporrearme por este artículo.

Vuelve, por enésima vez, la polémica en torno a los deberes escolares. Y, por extraño que parezca, lo que se discute no es si los deberes son útiles o no para el aprendizaje (¡que es lo que habría que discutir!), sino si esto de los deberes es o no es una cuestión discutible. Así de absurda es la cosa.

Para algunos sindicatos docentes (PIDE, ANPE, CSI-F) la discusión en torno al valor didáctico de los deberes y su eventual regulación no es una cuestión que se deba someter al escrutinio público, ni tan siquiera al de la comunidad educativa, pues – según ellos – esto supondría una intromisión intolerable en el trabajo de los profesores. Por eso se niegan obstinadamente a que este asunto salga a la luz y (a manera de cortina de humo) generan polémicas absolutamente artificiosas.

La última de estas polémicas es la fabricada y protagonizada estos días por el sindicato del profesorado PIDE (y secundada por los otros dos sindicatos corporativos) en torno a un cuestionario elaborado por el Consejo Escolar y la Consejería de Educación para recabar datos acerca de la percepción que de los deberes tienen alumnos, familias y docentes. La oposición de estos sindicatos a un simple cuestionario se justifica por cuestiones técnicas pero, sobre todo, por lo ya dicho: hacer encuestas sobre los deberes supone – según estos sindicatos – una injerencia inadmisible en el trabajo del profesor y una puesta en cuestión de su labor y profesionalidad. ¡Fíjense! Y eso que hablamos de una encuesta. ¡Qué pasará el día que el gobierno se decida a legislar sobre este asunto!

Seamos claros. Que estos sindicatos defiendan el (presunto) interés corporativo de sus afiliados es perfectamente comprensible; que sus quejas tengan sentido en el contexto, más amplio, de los intereses de toda la comunidad educativa (docentes incluidos) es otra historia. Yo creo que no lo tienen en absoluto. Que la Consejería de Educación haga encuestas para recoger la opinión de padres, alumnos y profesores acerca de una cuestión que afecta a todos (como es el caso de los deberes) es una práctica democrática legítima y deseable (¿no nos hemos quejado, tantas veces, de lo contrario?). Y que se planteen cuestiones que supongan opinar (por muy indirectamente que sea, pues la encuesta no plantea preguntas al respecto) sobre la labor del profesor es un saludable síntoma de que algo puede estar cambiando – ¡a mejor! – en el mundo educativo. ¿Por qué habrían de estar exentos los profesores (y les habla uno de ellos) del escrutinio de los alumnos y las familias a las que prestan sus servicios?

El resto de los argumentos que esgrimen PIDE y el resto de sindicatos corporativos son, a mi juicio, muy poco defendibles. Tal vez la encuesta se podría haber diseñado mejor por parte del equipo técnico de la Consejería. Pero la elaboración básica del cuestionario por parte de una comisión de miembros del Consejo Escolar en el que participó PIDE – y el que esto escribe – fue irreprochablemente democrática. De otro lado, es pura demagogia afirmar que el debate abierto en torno a la pertinencia de los deberes escolares sea “fruto de la obstinación de una asociación de padres”. La iniciativa partió de la Asamblea de Extremadura, a instancia de un grupo político, y como expresión perfectamente legítima de una controversia mucho más general y que afecta igualmente a otras administraciones educativas.

Una controversia, por cierto, que no es entre padres y profesores (celosos, ambos, de su ámbito de competencias), como de manera simplista pretenden hacernos creer, sino más bien entre modelos pedagógicos diferentes (con padres y docentes indistintamente a favor de uno u de otro). Es esta controversia en torno al valor didáctico de los deberes (y a la conciliación de las tareas escolares con la vida familiar y el ocio) la que realmente debería ocuparnos, escuchando a los expertos (es decir, a los pedagogos), pero también al resto de la comunidad educativa (docentes, padres, madres, alumnos), para, después, legislar en consecuencia, igual que se hace con el resto de actividades escolares y como, de hecho, ya se hizo, o se intentó, en anteriores legislaturas. ¿A qué tanto miedo a racionalizar y someter a control público y administrativo algo que, como los deberes, afecta a la vida de tanta gente durante tantos años?

El resto de los argumentos sindicales en relación al cuestionario son, a mi juicio, improcedentes. Que se aluda, una y otra vez, al presunto exceso de “actividades extraescolares” de los niños es, además de una injustificada intromisión en la vida privada de la gente, una concesión a esa “pedagogía parroquial” que considera los deberes de matemáticas o historia más importantes que practicar deportes o dedicar las tardes a la danza o la música (por no hablar de las alusiones a la pereza o a los “vicios” tecnológicos en que incurrirían los niños faltos de esa suerte de “disciplina forjadora del carácter” que por lo visto es – para algunos – hacer tareas escolares en casa).

Solo en una cosa coincido con la postura de estos sindicatos: el exceso de deberes está relacionado con problemas estructurales del sistema educativo. Aunque no solo se trata del excesivo número de alumnos por aula, como reiteran ellos. También se trata de la insistencia en un modelo pedagógico que carga al alumno de contenidos absurdos, tareas repetitivas y series inacabables de exámenes. Justo contra cosas como estas (asumidas como naturales por la LOMCE) muchos docentes vamos a secundar la huelga general educativa del próximo día 9, apoyados por la mayoría de los sindicatos (entre los que esperamos encontrar no solo a PIDE, sino también a ANPE o al CSI-F, si es que saben rectificar a tiempo). Y lo haremos durante la jornada docente. Nada de dejarlo como tarea para casa.

Un profesor de filosofía promueve una recogida de firmas para impedir la difusión de canciones machistas (se citan las de Maluma, Guns N'Roses, Robin Thicke y otros). No es la primera vez que se intenta algo semejante. Hace unos meses una petición para retirar una canción del cantante Maluma alcanzó las 100.000 rúbricas. Antes de esto se han sucedido campañas, denuncias y condenas a tuiteros por sus tuits (al concejal Zapata), a escritores por sus libros (a la novela juvenil de Maria Frisa), a directores por sus películas (Fernando Trueba), o incluso a artistas por sus espectáculos callejeros (los titiriteros del carnaval de Madrid)... Sea como estrategia en la lucha por el poder o con la mejor de las intenciones, desde la derecha reaccionaria o desde la izquierda más ciega e incompetente, el hecho es que vuelve la censura, lo que es a todas luces una barbaridad sin paliativos.

Y es una barbaridad no porque esas canciones (tuits, libros, películas, o lo que sea) no sean machistas (racistas, fascistas, antimonárquicas, o lo que sean), que lo son, y mucho. El problema es que, con ese pretexto, se plantee la censura por motivos morales, políticos o ideológicos. La lucha contra el machismo no justifica atentar contra la libertad de expresión. La opinión o la creación artística (y su difusión privada), mientras se mantengan en el ámbito de la ideación y la ficción, no deben estar constreñidas por criterios morales, y solo muy limitadamente por criterios legales. Es una cuestión de principios. Y también, si me apuran, una cuestión práctica.

Es una cuestión de principios porque cantar una canción (por poco que nos guste) no vulnera ninguno fundamental, pero prohibir que se difunda sí que vulnera el de la libertad de expresión. Se trata, también, de mantener claras ciertas distinciones ontológicas: cantar, decir, ver, oír, jugar.. no son lo mismo que hacer. No se comete ningún delito cantando. Hasta ahí podíamos llegar. Ni tiene uno que identificarse necesariamente con el contenido de lo que canta, oye o lee. Que cantes u oigas una letra de Sabina, Maluma o Manolo Escobar no te hace obligatoriamente machista, como que te guste ver El Padrino o participar en vídeo juegos violentos no te hace obligatoriamente mafioso o psicópata.  

Los que consideramos inadmisible el delito de opinión o la censura tenemos, además, la convicción de que todo se puede y debe argumentar. No se trata así de censurar al machista, sino de dejar que exponga sus opiniones. ¿No es acaso esencial en democracia que todo el mundo puede expresar sus creencias y someterlas al juicio de los demás? ¿Tan inseguros estamos de nuestras convicciones como para obligar a callarse al que las contradice? ¿No será mejor ponerlas constantemente a prueba para comprobar su firmeza? Incluso las expresiones u opiniones que incitan al delito es dudoso que deban prohibirse. Incitar no es hacer. Y los ciudadanos ya somos mayorcitos (o tendríamos que serlo) para saber si hacemos caso o no de esas incitaciones sin que ningún “observatorio” estatal tenga que protegernos de ellas.  

De otro lado esta el asunto práctico. ¿Es útil para acabar con el machismo prohibir canciones? Rotundamente no. Lo que hay que hacer con las canciones machistas no es prohibirlas sino exhibirlas como lo que son: un signo más de la cultura profundamente sexista en la que vivimos y que tenemos la obligación moral de transformar. Negar u ocultar esto es suicida. Las canciones machistas tienen que mostrarse y analizarse críticamente en los colegios. Tenemos que oírlas con nuestros hijos y hablar sobre ellas. Lo único que no cabe hacer es ocultarlas.

Porque además no se trata solo de unas pocas canciones de reggaeton. De hecho, si tomáramos en serio la descabellada propuesta (increíblemente lanzada por un profesor de filosofía) de censurar canciones, no veo porque no habríamos de extender esta censura a la totalidad de nuestro patrimonio cultural. ¿O no habría que firmar también para que se retirasen de las escuelas las obras – descarnadamente machistas –  de Homero, Eurípides, Cervantes, Shakaspeare, Wilde, Cela y tantos otros? O el refranero con sus cientos de sentencias sexistas. O los cuentos infantiles. O todos los cuadros que, en las pinacotecas, representan a la mujer como un objeto sexual. O las obras de tantos filósofos (Aristóteles, Kant, Nietzsche...) que han concebido a la mujer como un ser o un ciudadano de segunda clase.

Obviamente, este no es el camino. No podemos negar o destruir todo lo que en nuestra cultura está “contaminado” por los valores del patriarcado. Mucho menos con esa forma precisamente patriarcal de resolver problemas que consiste en reprimir y prohibir. Se trata más bien de analizar y pensar alternativas, de hacer dialéctica, de superar lo dado integrándolo – en la medida en que lo pueda ser – en algo mejor y más justo. En otro caso iremos camino de sustituir un totalitarismo viejo y cuestionado por otro nuevo, joven y vigoroso. Líbrenos la diosa de todos los iluminados salvadores y los santos indignados. O haga que, al menos, nos dejen cantar lo que queramos.

"La pregunta restalla enseguida como un tiro de escopeta (como esos que riegan de plomo el monte, cuando no las cabezas de los paseantes): ¿qué diablos hace una federación de cazadores hablando del respeto a la naturaleza? "

Cuando, hace unos días, se hizo pública la propuesta de la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) de ir a las escuelas a transmitir “los valores de la caza” a niños de primaria, a muchos se nos pusieron los pelos de punta. Durante estos días, a través de artículos en la prensa y en la estela de algunos compañeros docentes, como Carlos Clemente, he manifestado mi opinión sobre un asunto que tiene ya repercusión nacional . Del otro lado, FEDEXCAZA ha hecho público un comunicado intentando justificar su posición. Veamos qué nos dicen.

Dice el comunicado de FEDEXCAZA que los “valores de la caza” que pretenden inculcar en los niños son los del respeto al medio ambiente. Y la pregunta restalla en seguida como un tiro de escopeta (como esos que riegan de plomo el monte, cuando no las cabezas de los paseantes): ¿qué diablos hace una federación de cazadores hablando del respeto a la naturaleza?

A ver si somos un poco más claros y dejamos de esconder lo que no se puede esconder. El objeto, sentido y finalidad de la caza “deportiva” es cazar, es decir, disfrutar acosando y disparando a animales salvajes. Que al cazador le importe el medio ambiente es una cuestión derivada y puramente utilitaria. Al cazador como tal le importa tanto el medio ambiente como al bebedor de vino las viñas o al gastrónomo las huevas del esturión. Mientras las necesite para satisfacer su afición, procurará que las haya. Pero a nadie se le ocurriría llamar a una Asociación de gastronomía para dar charlas sobre viñedos o sobre la reproducción de los peces. Me parece que esto está muy claro. El cazador no tiene por que entender más de “naturaleza” que cualquier hijo de vecino que se pasee por los montes de su pueblo y, en teoría, mucho menos que un experto en medio ambiente, que los hay a porrillo y que son los que deberían ir a las escuelas a hablar de lo que saben.

El resto del argumentario de FEDEXCAZA es francamente delirante. Insiste el comunicado que en ningún momento se habla con los niños de armas ni de caza. ¿Y cómo piensan explicar a los niños quienes son esas personas que, en nombre de FEDEXCAZA, van a enseñarles a cuidar a la naturaleza (¡y a los animales que hay en ella!)? Los niños son muy preguntones. Si vas en nombre de una federación de caza es posible que a alguno se le ocurre preguntarte qué es eso de la caza, y seguro que algún otro no va a parar hasta que le digas si cuidar de la naturaleza y tener por afición disparar a los animales no son cosas un poco... ¿Cómo diría un niño?... Como mezclar agua con aceite. La lógica infantil es inflexible y no admite las típicas componendas de los adultos.

Desgrana después el documento de FEDEXCAZA todo el catálogo de actividades educativas que piensan desarrollar con los chicos. En primer lugar van a hablarles de los hombres primitivos (¿Pero qué van a hacer con el niño que nombre la palabra “caza”, y la asocie con ser como un “hombre primitivo”?). En segundo lugar, van a darles a conocer ciertas especies (Casualmente, muchas de las que cazan los cazadores, pero, de nuevo, sin nombrar la palabra “caza”, como en esos juegos en los que quien pronuncia una palabra pierde). En tercer lugar piensan explicarles la cadena trófica (Supongo que para que vean que algunos animales se matan unos a otros para comer – excepto el hombre, que mata animales para divertirse –). En cuarto lugar, les hablarán de los peligros de la contaminación... Vamos, que los miembros de FEDEXCAZA – que, como todo el mundo sabe, son todos expertos arqueólogos, zoólogos, biólogos y ecólogos – van a hablar de cualquier cosa menos de aquella (parece que vergonzante) actividad a la que representan. ¿No es esto un poco raro? ¿Se imaginan que una Federación de ajedrez diera charlas de todo (de la madera con la que se hacen los tableros, de la diferencia entre lo blanco y lo negro, de la historia de los juegos humanos...), menos de... ajedrez? Pues lo mismo.

En el fondo, es difícil no suponer que la verdadera intención de esta Federación de cazadores es, sencillamente (y con el pretexto de ese pretencioso programa didáctico), la de promover el “deporte” de la caza entre los niños. ¿Qué sentido tendría, si no, su pretensión de ir a los colegios? Y un lapsus que les delata es que, al final del comunicado, tratan, sin venir muy a cuento, del aumento o descenso de los federados de caza. ¿No será eso lo que, de verdad, les preocupa?

Bueno, eso, y que la caza tiene cada vez peor prensa. Y con razón. El que a un señor le guste entretenerse acorralando y matando animales por puro placer no parece algo moralmente muy recomendable (y cada vez hay más gente que lo ve así). Por eso el cazador tiene que disfrazarse de deportista, de ecologista o recurrir a los manidos (y muy discutibles, cuando no demostradamente falsos argumentos) de que la caza es necesaria para paliar la superpoblación de especies o para evitar el abandono de las zonas rurales. Pero es que, incluso aunque así fuera, todo esto es irrelevante. El cazador no sale al campo para contribuir al equilibrio ecológico, ni para fomentar el turismo rural. En mi pueblo (y en todos) los cazadores salen al campo a cazar, es decir, a acosar y matar animales. Porque les mola.Y punto. Es que la cosa no tiene más vuelta de hoja. No me extraña que los miembros de FEDEXCAZA responsables de ese comunicado se avergüencen ante los niños de lo que hacen, y quieran ser cazadores que dan charlas sobre cualquier cosa menos sobre aquello que no ignoran: la caza. O eso, o no tienen vergüenza alguna de lo que hacen, y no son más que lobos que se visten de corderos para que les abran la puerta de las escuelas.