Cantabria ha sido protagonista indeseada de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Si para cualquier diputado es siempre un orgullo que se mencione a su tierra en la casa de la soberanía nacional, en la casa de todos los españoles, en estos días de debate no hemos podido sentir lo mismo cuando se ha hablado de Cantabria en el Congreso de los Diputados.

La razón de tanta mención, tanto por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios como por parte del candidato fallido y finalmente no investido, ha sido el inicio del proceso de derogación, esta misma semana, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria en el Parlamento autonómico. Es el primer síntoma, la señal más evidente, de que el Gobierno del PP trae recortes y retrocesos a Cantabria y está plegado a los planteamientos más radicales de la extrema derecha para poder gobernar.

Derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática es toda una declaración de intenciones que esfuma en cuestión de segundos todas las buenas intenciones de unir a todas las fuerzas de la sociedad de Cantabria y gobernar para lograr el progreso y bienestar de todos los cántabros y cántabras que anunciaba la presidenta Buruaga en su toma de posesión. Nada es más reaccionario que suprimir una ley que buscaba cicatrizar heridas, recomponer la memoria y proteger a víctimas de la sinrazón y la barbarie que vivió Cantabria y nuestro país durante la Guerra Civil y 40 años de dictadura franquista. Una ley que cumplía con un mandato expreso de Naciones Unidas que exige impulsar en el seno de una sociedad democrática la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del dolor causado y la no repetición de aquellas atrocidades cometidas.

Más de 7.000 familias cántabras no sabe aún dónde están los restos mortales de sus familiares y veían la oportunidad de encontrarlos, de recomponer sus historias de vida, de recuperar esa parte de su historia personal que les robaron

Más de 7.000 familias cántabras no sabe aún dónde están los restos mortales de sus familiares y veían en el espíritu de esta Ley, que entró en vigor en noviembre de 2021, la oportunidad de encontrarlos, de recomponer sus historias de vida, de recuperar esa parte de su historia personal que les robaron y por lo que jamás les pidieron perdón y encontrar un lugar donde recordarles y honrarles. Víctimas como la familia de Eloy Campillo, cuyos restos mortales se han encontrado en 2020 en los Picos de Europa, más de 70 años después de su cruel asesinato.

Una ley que hacía justicia al recoger medidas como la localización, exhumación e identificación de desaparecidos como consecuencia de la represión política o la eliminación de nombres franquistas del callejero cántabro, que nunca se ha cumplido desde que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica de 2007 por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que aún en 2023, 16 años después, Santander y otros municipios de Cantabria siguen sin cumplir manteniendo vivos nombres de represores y asesinos.

Por tanto, Cantabria no ha sido nombrada en el Congreso de los Diputados por ningún avance logrado, por ninguna nueva conquista social de la que sacar pecho, por ningún nuevo derecho ni ningún progreso que merezca ser promovido en otros territorios de nuestro país. Cantabria ha sido noticia por todo lo contrario, por no poder ser ejemplo de nada, por ser el mejor espejo en el que se reflejaba en el Congreso de los Diputados las consecuencias del acuerdo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Ha sido el mejor dibujo del planteamiento que querían imponernos a los españoles gobernando el país y por el que ya les dijimos que no la mayoría de cántabros y españoles el 23 de julio.

Ya sabemos bien algunos, como los cántabros, lo que significan los gobiernos del Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde han pactado. Derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática es el primer peaje que paga la presidenta Buruaga para lograr el apoyo de la extrema derecha a su débil y minoritario Gobierno que necesitará sus votos para aprobar, por ejemplo, los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Unos presupuestos que anuncian una bajada generalizada de impuestos, supresión de progresividad y un ataque sin precedentes a la justicia fiscal, antesala de recortes y de una política sin justicia social.

La memoria de los cántabros, la justicia sobre nuestra historia y nuestro presente para mirar juntos al futuro, no pueden ni debieron ser nunca la moneda de cambio de nada. Esas manos en alza el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria para derogar una ley justa y humanitaria nos avergüenzan a todos y a todas, dentro y fuera del Congreso de los Diputados.

La Sanidad Pública danesa es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. El Gobierno de Dinamarca destina el 8% de su PIB y tiene establecido un impuesto especial para garantizar su universalidad y evitar copagos. La Educación Pública finlandesa, reconocida cada año como uno de los mejores sistemas en el Informe PISA, es financiada íntegramente por el Estado, desde la educación infantil o primaria hasta la educación superior, destinándose un 5% del PIB y con el gasto nacional más alto que el resto de países de la OCDE gracias a un sistema impositivo elevado. Lo mismo ocurre si hablamos del sistema de cuidados y de atención a la dependencia de países como Suecia o Países Bajos.

En muchas ocasiones, como ocurre estos días en España, se abre un debate fiscal en términos demasiado simples. No podemos reducirlo todo a determinar si deben establecerse más o menos impuestos, si deben eliminarse o no determinadas cargas tributarias o a quiénes deben dirigirse las nuevas figuras fiscales. Debemos abordar para qué y para quiénes pagamos impuestos y la importancia que tiene en un país la recaudación tributaria para consolidar lo más importante, el Estado del Bienestar.

No podemos estar permanentemente hablando de la envidia que producen el sistema educativo, la atención sanitaria o las políticas de dependencia y atención a nuestros mayores de los países nórdicos si somos incapaces de entender la importancia que tiene establecer un sistema impositivo progresivo y justo para ser eficaces en la prestación de servicios públicos de calidad.

España tiene una presión fiscal del 37,5% del PIB, muy por debajo de la media de la UE y de países como Dinamarca que llega al 47,6%, o de Francia con el 47,3%, pero también una presión más baja que en Alemania, Italia o Portugal. Por ello, el Gobierno trabaja en una política tributaria justa, progresiva y suficiente para que contribuyan más quienes más recursos tienen y poder avanzar en más justicia social, pero también en una mayor eficiencia económica. Por eso, es necesario establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las grandes entidades financieras y empresas energéticas; o sobre las grandes fortunas, de más de 3 millones de euros de patrimonio neto, que es un impuesto que solo afectará a 23.000 contribuyentes; o un recargo a las rentas de capital superiores a los 200.000 y 300.000 euros, que nos permitan avanzar a su vez en una mayor equiparación con las rentas del trabajo. Una política fiscal que ayude a quienes menos renta tienen, reduciendo el IRPF a las personas que ganen menos de 21.000 euros al año, el 50% de los trabajadores españoles; o eliminando la tributación por IRPF a quienes ganen menos de 15.000 euros, en lugar de los 14.000 euros actuales; o reduciendo el impuesto de sociedades del 25% al 23% a las pequeñas y medianas empresas, apoyando así a la gran mayoría de nuestro tejido productivo. Y todo esto, mientras financiamos políticas como la subida del salario de los empleados públicos, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Todo con un mismo horizonte, más justicia social.

Cierto es que, cuando el ruido lo invade todo, cuando las mentiras sustituyen a los argumentos, cuando son incapaces de debatir con ideas y propuestas, es muy difícil llegar al fondo de las cuestiones. Pero solo desde la justicia fiscal lograremos avanzar en una mayor justicia social. Solo con responsabilidad fiscal podemos invertir en unos mejores servicios públicos que son el mejor antídoto contra la desigualdad y la mejor herramienta para reducir la brecha social entre quienes más recursos tienen y quienes más nos necesitan.

Quienes hablan de bajar los impuestos o incluso de eliminarlos a los ricos, como ocurre con el Impuesto de Patrimonio que solo afecta al 0,2% de la ciudadanía, no explican nunca cuáles son sus consecuencias. No hablan de los recortes en los servicios públicos que trae consigo que el Estado cuente con menos ingresos. Ni tampoco hablan de todas esas políticas efectivas que se financian gracias a un buen sistema tributario. No hablan de que, gracias a los impuestos, se financian las pensiones, los permisos de maternidad y paternidad, las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años, la teleasistencia y el resto de políticas de dependencia para nuestros mayores, las becas para los estudiantes, las bonificaciones en el transporte público, las ayudas a las familias numerosas, el Ingreso Mínimo Vital, se impulsa la ciencia, la innovación y la investigación, claves para una mejor atención sanitaria o para el desarrollo económico de nuestro país en el futuro, o políticas como los ERTE, las ayudas para autónomos y los avales de financiación para empresas que permitieron proteger el empleo de los trabajadores y a nuestro tejido productivo durante la pandemia. Quienes hablar de bajar impuestos a los ricos no conocen los problemas y las necesidades de la mayoría de la gente. Y esos mismos desconocen las consecuencias negativas de esa política fiscal, como hemos podido comprobar estos días en el Reino Unido, que ha tenido que dar marcha atrás en sus anuncios.

Nuestro país necesita tener unos impuestos justos para tener unos servicios públicos justos, como corresponde a un Estado Social y Democrático de Derecho como el que consagra nuestra Constitución, que sirvan como palanca para garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, la cohesión social y hacer frente a los desequilibrios y la desigualdad.

Justicia fiscal, también responsabilidad fiscal, para tener más justicia social y la confianza de los mercados internacionales en la economía española, que está guiada por las recomendaciones de todos los organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el BCE o la Comisión Europea con el fin de contener el impacto de la inflación, proteger a la clase media y trabajadora, continuar la senda de crecimiento económico y del empleo, para tener una economía más robusta, resiliente y moderna cuando superemos las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Parece imposible creer que en 42 años de democracia nadie haya sido capaz hasta ahora de dar cumplimiento a un mandato de la Constitución en materia de vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para que toda la ciudadanía tenga autonomía, dignidad e igualdad a la hora de enfrentarse a los retos de su vida. Y para eso, más allá del cumplimiento de un objetivo de legislatura, queremos que la política de vivienda se consolide como un pilar más del Estado de Bienestar.

Con ello, hoy estamos más cerca de dar solución a un problema del conjunto de la sociedad. Hay conciencia colectiva y un Gobierno que pretende resolverlo, lejos de polémicas estériles que no conducen más que a debates alejados de la realidad y a soluciones parciales.

Entendemos que la vivienda es el punto de partida para poder desarrollar un proyecto vital y profesional pleno, y es también el límite entre la dignidad y la exclusión social y la desigualdad que acechan a tantas personas. Es ésta, además, la mejor forma de afrontar un problema que lleva años golpeándonos aunque nadie ha sido capaz de hacer nada para cambiarlo. Situaciones límites a las que llegan muchos ciudadanos para mantener el hogar en el que viven, no perderlo o encontrar uno en el que poder vivir, no pueden permitirse por más tiempo en nuestro país.

Consciente de ello, el Gobierno de España ha previsto la mayor inversión en vivienda de la historia, 2.250 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, las primeras cuentas públicas que aprobamos y responden a esa realidad, dando a las políticas públicas de vivienda el protagonismo que merecen como prioridad a la hora de diseñar el futuro que queremos y la recuperación que necesitamos.

Lo importante, que es a la vez en este caso lo urgente, es que se va a dar respuesta a uno de los mayores problemas con el que cuentan muchas familias con recursos limitados, jóvenes que quieren emanciparse y no pueden, personas mayores cuya pensión no les permite vivir con dignidad y pagar un alquiler en las condiciones actuales, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, y a quienes pueden perderlo todo siendo desahuciados, la fotografía de una derrota colectiva como sociedad. En definitiva, poner soluciones a lo que hoy es un motivo de preocupación para una parte importante de la ciudadanía, atajando de raíz la escasez de vivienda en alquiler social o asequible, junto con un plan de rehabilitación y regeneración urbana, que cambie por completo el contexto actual.

El primero de los objetivos marcados es dotar a este país de un parque público con 100.000 nuevas viviendas a lo largo de la legislatura para el alquiler social, que respondan a las necesidades de la juventud y de los colectivos más vulnerables. El segundo, el impulso y aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia, que la consolidará como un derecho, y que va también en esa dirección de abordar los problemas con soluciones y no dejarlos morir en el cajón del olvido como se ha hecho durante los años de gobiernos del Partido Popular.

Una propuesta con la que se pretende modificar la legislación sobre ordenación urbanística para que se establezca, al menos, un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público. O donde se propone dar una alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento por parte de todas las administraciones o de la colaboración público-privada, desterrando para siempre situaciones de desamparo y desprotección. O donde se quiere incentivar los alquileres para reducir los precios de mercado, especialmente en zonas donde alcanzan niveles desproporcionados.

El paso de los años permite analizar con perspectiva la calidad de los distintos gobiernos, el estado de la democracia y de las instituciones públicas y el desarrollo social. Sin duda, el Gobierno de Pedro Sánchez en solo dos años será ya recordado por muchos avances en progreso y bienestar con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Eutanasia, con los que ya ha demostrado su voluntad democrática, reformista y garantista de derechos para hacer un país mejor. Pero si hay una cuestión por la que también será recordado, es por garantizar, por primera vez en democracia, el derecho a la vivienda. Y con ello, lograr que tener un hogar deje de ser un lujo o un motivo de especulación para unos pocos, para ser una razón de dignidad para todo un país.

La votación en el Congreso de los Diputados de la convalidación del Real Decreto-Ley para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha retratado el nulo interés del Partido Popular por defender a nuestro país en la peor crisis sanitaria, económica y social de los últimos cien años, y en el momento más crítico de los últimos cuarenta y dos años de democracia. Una situación sin precedentes que exige a todos los servidores públicos, a todas las instituciones, agentes sociales y económicos la altura de miras, la responsabilidad y el sentido del deber que la organización política liderada por Pablo Casado ha demostrado, en no pocas ocasiones en un año, carecer por completo.

El hecho no solo es grave por lo que supone en sí mismo, poner en peligro la llegada y utilización de los Fondos Europeos al carecer de los mecanismos necesarios para canalizarlos y ejecutarlos con garantías, sino también porque con ello demuestran estar invalidados para ser alternativa de gobierno, reduciendo su labor de oposición a una mera comparsa negacionista, que desprende un déficit democrático también sin precedentes.

Un partido político riguroso, con vocación europeísta y leal al país, anteponiendo los intereses del conjunto de la sociedad a los suyos, no tendría jamás la más mínima duda de lo que debe hacer desde la oposición cuando está en cuestión la llegada de 140.000 millones de euros que van a ser una palanca fundamental para la recuperación económica y social tras la pandemia. 

Nada de esto ha pensado el Partido Popular cuando ha votado junto a los independentistas catalanes para bloquear al país con tal de desgastar al Gobierno de España sin pensar ni un segundo en las consecuencias nefastas de su voto. Es difícil entender su papel ejercido en Europa desde el comienzo de la crisis provocada por la pandemia. Comenzaron oponiéndose a la participación de España en el programa SURE que está permitiendo financiar los ERTE en este país, con la que se han protegido y se siguen protegiendo millones de empleos y evitando despidos. Intentaron por todos los medios que la Unión Europea no aprobase los 140.000 millones de euros que España recibirá de los fondos europeos y no contentos con eso, intentaron también que nos pusieran durísimas condiciones para poder recibirlos. Después, han hecho todo lo imposible para que no se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado que permiten canalizar los primeros 27.000 millones de euros de esos fondos. Y ahora, no han apoyado un Real Decreto-Ley que hace posible una tramitación más ágil y nos dota de los instrumentos necesarios para poder ejecutarlos en los plazos que marca Bruselas. 

Les da igual todo. Están utilizando las circunstancias más excepcionales que hemos vivido como país y como democracia, para arremeter y derribar a un Gobierno que lo único que ha hecho es buscar soluciones, crear un gran escudo social para proteger a todas las personas, y sobre todo, salvar vidas. No hay un partido de oposición en todo el continente en el que Pablo Casado y los suyos vean reflejada tamaña incapacidad para entender el momento histórico que vivimos. 

España, tal y como la conocemos hoy, dista en muchos aspectos de la España de principios de siglo XX a la que hacía referencia Antonio Machado en aquel poema “El mañana efímero” en el que describía un país asolado por la pobreza intelectual pero que retrata en la actualidad a quienes entienden la política como embestida contra todo y contra todos sin la mínima reflexión ni conocimiento. El no por el no con el que el Partido Popular entiende la oposición que debe hacer al Gobierno de España es tan de charanga y pandereta como entonces, la que contrapone su rabia a las ideas, simplemente por creer que no hay más alternativa que ellos en el ejercicio del poder, porque de lo contrario promueven el caos. Esa simpleza a la que reducen nuestro sistema parlamentario y el valor de la democracia demuestra, en una votación tan importante y clave para el futuro como esta de la gestión de los Fondos Europeos, un mañana tan efímero como el del poema para una derecha irresponsable con el país y la ciudadanía a la que también, desde la oposición, representan. 

Sin ellos o con ellos, el Gobierno va a seguir con una hoja de ruta clara para avanzar en la recuperación necesaria en la que los Fondos Europeos son un impulso imprescindible y una oportunidad de país para poner en marcha inversiones y reformas estructurales, recuperar el empleo y la actividad económica, potenciar la inversión privada, la innovación y la modernización de las Administraciones Públicas para recuperar la senda de crecimiento. Una oportunidad también para que la sociedad avance en sostenibilidad, cohesión y justicia social para que la recuperación llegue a todos por igual.

Estos días, mientras el Gobierno lucha contra la pandemia y trabaja para aprobar unos nuevos Presupuestos que den respuesta a las necesidades reales del país en estos tiempos, hay quienes en vez de colaborar en una u otra tarea para ayudar a España y a la ciudadanía, resucitan mantras con los que confundir, alterar y distorsionar la realidad. El Partido Popular, con la ayuda inestimable de la extrema derecha, ha recuperado como excusa a ETA y sus crueles asesinatos para no afrontar al lado del Gobierno de Pedro Sánchez los retos del país, que es lo que como principal partido de la oposición debería de hacer en unas circunstancias como las que vivimos. 

Creen que todo fin justifica los medios, que en su caso no es otro que deslegitimar a un Gobierno elegido democráticamente con la intención de derrocarlo. El debate sobre si los votos de Bildu cuentan o no en una democracia consolidada como la nuestra, en la que tienen una representación en el Congreso de los Diputados y con la que el PP ha votado hasta en 13 ocasiones en los últimos 10 meses, es perjudicial porque atenta contra la esencia misma de la democracia.

Bildu no puede ser democrático para votar en contra de un Real Decreto Ley para el uso de remanentes de los ayuntamientos con el PP pero no para apoyar los Presupuestos del PSOE. No puede ser democrático para acordar en el Ayuntamiento de Vitoria y no para apoyar la prórroga del Estado de Alarma con el objetivo de salvar vidas y proteger la salud de todos. No puede ser democrático solo cuando se suma a mayorías que tumban los proyectos del Gobierno y antidemocrático cuando los apoyan. Ni tampoco es más democrático condenar a las víctimas de ETA que condenar los asesinatos machistas o de las víctimas de la Dictadura franquista, sobre las que siempre vuela, pese a ser también impunes asesinatos, el silencio cómplice de una parte de la derecha.

La lucha contra el terrorismo fue desde 1978 hasta el 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, una política central de todos los Gobiernos de España, que sufrieron y trabajaron para lograr el fin del terrorismo que dejó más de 850 víctimas mortales inocentes. 

Unos en un contexto distinto al de otros, desde los primeros años en los que fue difícil encontrar la colaboración en la frontera francesa para detener a los asesinos que se resguardaban en el país vecino, las conversaciones de Argel en 1992, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, la primera tregua de ETA y el primer acercamiento de presos en los años de José María Aznar hasta el fin del terrorismo bajo el Gobierno socialista en Euskadi, con Patxi López de Lehendakari, y el Gobierno socialista de España, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente y Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro del Interior. Hoy, quienes desde el PP recuerdan a quien fue uno de los mejores políticos de la democracia para atacar al PSOE, la organización política por la que se desvivió, sueñan con que olvidemos que pidieron hasta 46 veces su dimisión y le acusaron de complicidad con el terrorismo, como da buena muestra el Diario de Sesiones del Congreso.

Los asesinatos de ETA marcaron durante cuatro décadas la agenda de una sociedad que vivía entre el miedo, la resignación y el dolor de no saber cómo enfrentarse a unos asesinos que hablaban con armas en nombre de un pueblo, el vasco, que jamás les dio permiso para ello. Diez años después, la realidad es bien distinta y como diría Ernest Lluch, de cuyo asesinato se cumplían 20 años este 21 de noviembre, mientras gritan, no matan. Esa es también la fortaleza de nuestra convivencia en paz y de nuestra democracia, haber vencido al terrorismo y haber logrado que entendieran que solo con la palabra pueden defender sus ideas.

Esa es la única verdad. ETA y su terror desaparecieron de nuestras vidas porque les derrotamos. Las víctimas y sus familias estarán siempre en nuestra memoria colectiva, porque no olvidamos, y este país y su democracia tendrán siempre una deuda con ellos. Pero hoy, Bildu pone voz a las propuestas de una parte de la sociedad vasca, defendiendo sus ideas en el marco del Estado de Derecho como tantas veces les pedimos durante aquellos años de plomo.

Hay ocasiones como esta en la que algunos pretenden que el mito supere a la realidad y que una ficción contada cientos de veces, acaba pareciendo cierta aunque no lo sea. Por eso jamás podemos permitir que nuestra historia se construya a fuerza de la desmemoria o la amnesia interesada.

Ojalá en este país no se hicieran necesarios 5 diputados de Bildu porque la derecha entendiera cuál es su papel en una crisis como la que vivimos. En todo caso, como socialista y como español, ni estoy ni estaré nunca más cerca de Bildu que del PP, estoy donde siempre ha estado mi partido, una organización con 141 años de historia, que lucha contra la desigualdad, por la libertad, la justicia social, la solidaridad y la igualdad. Quienes quieran apoyarnos en esa tarea titánica de país, bienvenidos sean, vengan de donde vengan si respetan la democracia y la memoria de hombres como Ernest Lluch, que se dejaron la vida por defenderla.

Estos días la crisis nos muestra evidencias que ponen de manifiesto que esta pandemia y sus efectos son globales. Global como son los aplausos a los profesionales sanitarios, que se oyen cada noche en cualquier ciudad de España, como Santander, o del mundo, como París, Rabat o Nueva York. En todos los rincones la ciudadanía ha comprendido la importancia y el valor de unos servicios públicos de calidad, que son el mejor escudo y fortaleza contra la COVID-19.

Globales y uniformes son también los mensajes para permanecer confinados y las apelaciones a la unidad, que recorren todos los países, con consenso en todos menos en el nuestro, en el que unos pocos están más preocupados por vencer al Gobierno que por vencer al virus. Todo es global, todo es igualmente compartido en diversos idiomas, porque global es el aprendizaje de que solos somos más débiles y unidos más fuertes.

El Gobierno de España ha actuado en tres frentes desde el inicio de la crisis. En el sanitario, contra la emergencia y garantizar la protección de la salud de la ciudadanía. En el económico, para asegurar liquidez al tejido productivo, proteger a pequeñas empresas y autónomos, y también los derechos de los trabajadores, evitando una destrucción de empleo mayor. Y en el social, para asegurar los recursos necesarios para que nadie quede atrás. Aunque en realidad, todos son una misma realidad.

De esta crisis debemos salir con consensos amplios sobre el horizonte y los retos de futuro, pero también, y sobre todo, sin que, de nuevo, una crisis castigue mayoritariamente a quienes menos tienen.

Hay familias que estos días de confinamiento están pasando auténticas dificultades. Ya no es solo que sus hijos no tengan tantos juguetes, ni jardines o terrazas donde estar, sino que ni siquiera tienen comida para alimentarse. Nuestro país tenía y tiene unos umbrales de pobreza infantil escalofriantes, fruto de años de políticas de recortes y de desigualdad que hicieron una España de dos velocidades, en la que muchos no tenían más tren al que subirse que al de la esperanza. El futuro de esos niños y niñas está hoy en mayor peligro que nunca, sin poder ir a la escuela a aprender en igualdad de condiciones al resto gracias a la Educación Pública, que es el único ascensor social, porque también en esto se nota la brecha digital a pesar del enorme esfuerzo del profesorado.

Vencer al virus es, por tanto, una cuestión de justicia social y de equidad. La redistribución de la riqueza debe dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables. Por ello, una de las primeras medidas del Gobierno fue prohibir el corte de suministros básicos en todos los hogares para que nadie se quedara sin agua, luz o gas. Acompañado de medidas para suspender los desahucios, aprobando moratorias y una batería de ayudas económicas a las familias y a los trabajadores o la prórroga del bono social. También apoyando a los ayuntamientos y comunidades autónomas, como los 25 millones de euros para reforzar los programas de las becas-comedor, 300 millones para incrementar el plan concertado en servicios sociales, cuidados a domicilio o teleasistencia o 300 millones que podrán destinarse a actuaciones de protección y promoción social, utilizando el superávit de los ayuntamientos de 2019.

El Ingreso Mínimo Vital anunciado por el presidente Pedro Sánchez es una decisión de justicia para combatir la desigualdad y la pobreza. Ahora los esfuerzos se concentran en salvar vidas y proteger la salud, pero cuando la emergencia sanitaria esté controlada y se recupere, de forma progresiva, la normalidad, no podemos consentir que muchas familias queden al margen.

Este Gobierno ha dado desde el principio de la legislatura muestras de esa intención, con la subida del salario mínimo o de las pensiones. Proteger a los más vulnerables, ayudar a las familias con menos recursos para salir de este confinamiento con opciones y oportunidades para vivir dignamente no es una tarea, ni un reto, ni un objetivo, es una cuestión, simplemente, de humanidad. Porque la salud, la protección social, el crecimiento económico, el empleo, la inversión, la educación, la ciencia… son los rostros de la más necesaria de las causas, la lucha frente a las desigualdades. Y esa es una tarea compartida.

Cuarenta años después de las primeras elecciones democráticas municipales, que se celebraron el 3 de abril de 1979, Santander es la única capital donde nunca se ha producido un cambio de gobierno.

La alternativa y la alternancia política no han sido posibles en una ciudad que necesita, hoy más que nunca, hacer posible ese cambio para que Santander vuelva a ser la ciudad de esperanzas compartidas que atrajo a tanta gente en busca de oportunidades. Y no la ciudad de la que se marchan hoy nuestros jóvenes por no poder vivir y trabajar aquí.

Un cambio para que Santander recupere su identidad y proteja su patrimonio. Un cambio para que Santander defienda su historia y potencie la cultura. Un cambio para que Santander apueste porque el deporte o las tradiciones sean parte del paisaje local, para consolidar derechos para los mayores y dar oportunidades a los jóvenes. Un cambio para que Santander haga de la innovación, del talento, el emprendimiento y la industria los motores del crecimiento. 

Todo ello queremos hacerlo juntos. Juntos y juntas hacia el cambio. Incorporando a este proyecto colectivo a todos aquellos que quieran aportar ideas y propuestas para mejorar Santander desde la participación vecinal, la transparencia y la gestión eficiente de los servicios públicos. 

Juntos hacia el cambio, como una oportunidad para avanzar y garantizar el futuro de la ciudad que tiene como retos prioritarios la elaboración de un PGOU en el que se apueste por la regeneración y la rehabilitación urbana frente a modelos donde se prima la especulación, y la protección de la bahía y del entorno natural privilegiado que rodea al centro urbano de la ciudad. Una apuesta de futuro que pasa irrenunciablemente por la sostenibilidad. 

Un futuro para dejar a las próximas generaciones una ciudad mejor. Con valentía, innovando y apostando por la ecología y el urbanismo sostenible que se están implantando en las ciudades más avanzadas del mundo, y también con responsabilidad, sentido común y con respeto al pasado y al presente que nos ha hecho llegar hasta aquí, un patrimonio urbano y paisajístico de incalculable valor. 

Para lograr ese cambio, tenemos que hacer que los barrios sean el centro de la política. Dinamizándolos con más actividades culturales, sociales y deportivas, nutriéndolos de vida. Y tenemos que hacer que las personas sean la prioridad de los políticos. Para que tengamos mayor protección social, vivienda pública, alquileres sociales para jóvenes, aulas gratuitas de 0 a 3 años para nuestros niños y niñas, atención a nuestros mayores, formación para el empleo, becas para el deporte...

Nuestra ciudad tiene el próximo 26 de mayo una oportunidad histórica de avanzar si lo hacemos entre todos, contando con todos, sumando a todos, para hacer el Santander que queramos que sea en los próximos años. 

Ha llegado la hora de que Santander deje de ser la única ciudad donde nunca ha cambiado nada. Quedan solo 50 días para hacerlo posible, para que llegue ese cambio tan necesario. Quienes han gobernado siempre ya han demostrado que no han sido capaces de dar respuesta a los problemas de las gentes de Santander. 

Las opciones están claras, o elegimos entre el cambio que proponemos o la continuidad que ofrecen ellos. Entre el progreso social  o la desigualdad que ha perpetuado la derecha. Entre un futuro de oportunidades o un modelo arrastrado por la inercia, sin proyectos ni modelo de ciudad.

Hagámoslo posible, hagámoslo real, con compromiso, con convicción, con participación. Hagamos que Santander sea una ciudad donde poder vivir y trabajar.

Santander no puede perder el pulso del tiempo que nos toca vivir, perdiendo la capacidad de erigirse en una ciudad referente del siglo XXI para quedarse en la nostálgica postal de verano del siglo pasado. La XXXVIII edición de FITUR, la feria del sector turístico más importante del año, vuelve a demostrar que nuestra ciudad no tiene modelo turístico y es irrelevante en el contexto nacional, donde juega un papel muy importante la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas acciones para definir el papel que juegan las ciudades en el futuro.

El modelo turístico del Partido Popular, antes con Íñigo de la Serna y ahora con Gema Igual al frente de la Alcaldía, no ofrece permanencia en el tiempo, no acaba con la estacionalidad y no da alternativas de ocio más allá de las que la ciudad ofrece por inercia, incapaces de multiplicar el valor turístico y asumiendo como éxito propio de su gestión, el valor innato que tiene Santander.

El ridículo, la anécdota, los plagios y errores se han confirmado como la única oferta turística que ofrece el Partido Popular para la ciudad, en la cita anual en la que se dan lugar todas las empresas turísticas, organismos e instituciones de los países que participan, y que constituye el mejor escaparate de lo que cada lugar y país quieren ofrecer al mundo.

Si en 2016 el escandalo lo produjo el plagio de un logo e imagen de marca que tuvieron que retirar a pocos días del comienzo de FITUR, este año la ciudad acude a esta cita anual con una nueva polémica, la traducción equivocada en siete idiomas de una nueva página web turística. Santander no se merece esto, no nos merecemos a unos responsables públicos que mienten, se equivocan a conciencia y son incapaces de asumir errores o pedir disculpas. El hecho de que la concejala se jacte públicamente de que gracias a este error la web tendrá más visitas, riéndose de los ciudadanos, del trabajo de los profesionales y de la inversión de dinero público en la creación de esta página web la lleva irrevocablemente al cese al frente de sus responsabilidades como única salida digna. Más aún cuando el impacto que tiene para la ciudad que se hayan incrementado las visitas tras conocer este bochorno es muy negativo.

A nadie se le escapa que el turismo es mucho más que ir de vacaciones, es un fenómeno que consolida cada año el desplazamiento de miles de personas alrededor del mundo, con ganas de conocer nuevos espacios y explorar la historia, el arte la cultura o la gastronomía de un determinado lugar. Constituyendo así uno de los mayores motores de la economía, que convoca a todo nuestro país a hacer un esfuerzo por consolidar el turismo como una fuente de riqueza y de creación de actividad económica, cultural y social.

Hay ciudades, como Santander, que son referencia en nuestro país de esa búsqueda permanente por disfrutar, por evadirse, gracias a atractivos -el patrimonio natural, paisajístico, cultural y turístico- que hacen que sea por sí misma reflejo de lo que entendemos por un turismo de calidad desde hace más de 100 años. Pero es responsabilidad de quienes ostentan el gobierno municipal saber aprovechar y desarrollar todo el valor innato de la ciudad, para hacer de ella un destino único, incomparable y claramente diferenciado del resto de la oferta que se muestra en FITUR. Incapaces de lograrlo, han convertido a nuestra ciudad en el hazmerreír de todos, sin ningún proyecto de ciudad, pero aún más grave, convirtiéndose cada año en la anécdota burlesca de la feria.

“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”, decía Henry Miller, quien publicó la novela 'Trópico de Cáncer' en 1934, y tan importante es la forma en la que se ven las cosas como la forma en la que se cuentan. Santander pierde un año más una oportunidad única de demostrar en FITUR la riqueza y el valor que tiene como destino turístico.

Hay historias que hacen ciudad, hay personas que traspasan los límites del tiempo y perduran en el imaginario de todos durante décadas. La historia de Amparo Pérez, que estos días se cumple el segundo aniversario de su muerte, es una de ellas. El homenaje, allí donde estaba su hogar, el pasado 18 de febrero, plantando árboles, plantando vida; es la mejor manera de recordarla.

Amparo peleó hasta el final contra algo más que perder una casa que había llenado de recuerdos e historias, peleó hasta el final. Peleó por la dignidad ciudadana, combatió como pocos la defensa de sus derechos y dignificó a una sociedad, que a veces parece dormida, para levantar la voz contra una injusticia.

Una mujer que en 2015 se convirtió en el retrato de una crisis económica, social y política pero también moral que está asolando las estructuras y cimientos de una sociedad que llevamos construyendo desde hace más de 40 años. Una mujer que puso rostro y voz a una política urbanística depredadora.

La muerte alzó a nuestra vecina a un gran paradigma moral. Un ejemplo de lucha y dignidad frente a todo lo que no puede volver a suceder en Santander. El urbanismo es el instrumento más importante con el que cuenta un ayuntamiento para combatir la desigualdad. Hagamos que sea así, hagamos una ciudad más integrada y mejor que no deje a nadie en el camino.

La anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Urbana de 2012, ha abierto un nuevo escenario para el desarrollo de la política urbanística en Santander. Y a su vez, ofrece una nueva oportunidad para establecer un diseño que se ajuste a las necesidades reales de la ciudad.

La elaboración de un nuevo Plan General, nos da la oportunidad para rectificar los errores cometidos, pero, sobre todo, para diseñar un planeamiento realista, sostenible, integrador y legal, en el que prime, por encima de todo, el interés y el bienestar de los santanderinos.

Acariciemos el recuerdo de Amparo en nuestra memoria. No como el día en el que murió una vecina más de nuestra ciudad, sino como el día en que todos morimos con ella, como el día en el que nuestra dignidad ciudadana languideció un poco más. Su recuerdo debe estar siempre vivo, porque esos días de febrero de 2015, Amparo nos ayudó, con su ejemplo de honestidad, a levantarnos todos juntos para construir una sociedad más justa y más igual, más solidaria y más libre en Santander. Para no olvidar nunca que las obras jamás pueden volver a pasar por encima de las personas.

Cansada ya de oír esa retórica nostálgica de lo que fuimos en el PSOE, la ciudadanía quiere escucharnos decir qué seremos; y para ello es fundamental construir un liderazgo compartido, que tenga el apoyo sincero de toda la organización y sea respetado dentro para ser creíble fuera

“Creo que los partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas y verdes, hoy casi todos en la oposición, deben aprovechar esta oportunidad única para reflexionar sobre el papel de la izquierda y refundarse en el ámbito político, económico, social y cultural”, afirmaba Mário Soares, fallecido hace pocos días, en una tribuna publicada en el diario El País el 1 de mayo de 2012. Nadie dudaría en compartir hoy la reflexión de quien es, reconocido por todos, una figura imprescindible para entender la crisis que atraviesa la socialdemocracia para adaptarse a los nuevos tiempos.

Este sábado, 14 de enero, el PSOE celebra un nuevo Comité Federal determinante, en un 2017 decisivo para una organización política con más de 135 años de historia. Nada de todo lo que hagamos será posible sin los militantes, que quieren y deben poner su voz a los pasos venideros que deberá dar nuestra organización y ser protagonistas de la “refundación” del proyecto que defendemos. Son el corazón de un viejo PSOE que late con fuerza para ser un partido llamado a volver a liderar las grandes transformaciones que este país necesita.

En los últimos meses el PSOE ha perdido capacidad y tiempo para recuperar el respaldo de una ciudadanía cansada de una clase política que no ofrece certidumbres. Sin embargo, no es tiempo ya de reproches mutuos ni acusaciones veladas. Es necesario fortalecer al PSOE pensando en un proyecto no de ayer, ni de hoy, sino de mañana. Necesitamos recuperar la credibilidad para alcanzar el liderazgo social que hemos perdido. Para ello es fundamental la cohesión y la apuesta por un proyecto global que sume y no reste, que multiplique la fuerza y el activo de nuestro partido y no que lo divida.

Cansada ya de oír esa retórica nostálgica de lo que fuimos, la ciudadanía quiere escucharnos decir qué seremos. Y para ello es fundamental construir un liderazgo compartido, que tenga el apoyo sincero de toda la organización y sea respetado dentro para ser creíble fuera. Si continuamos aniquilando nuestras posibilidades frente a una ciudadanía escéptica, nunca recuperaremos su respaldo para gobernar. Si seguimos defendiendo que el proyecto de unos no es el proyecto de todos los demás, jamás conseguiremos que vuelvan a confiar en nosotros para liderar España.

Es imprescindible que este Comité Federal marque una hoja de ruta clara, que desarrolle cómo y cuándo vamos a desarrollar a lo largo de 2017 todas las etapas que acabaran definiendo nuestra estrategia política para los próximos años; y cerrar un capítulo oscuro de nuestra historia en el que se han tomado decisiones difíciles de entender y de explicar. Una estrategia que debe abordar una respuesta económica que combata los desequilibrios, una estrategia política que luche por garantizar los derechos y libertades adquiridos y se enfrente a la desigualdad, una estrategia social que aborde desde los ayuntamientos la respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos y también una estrategia territorial que avance en la Declaración de Granada para especificar con nitidez nuestra propuesta frente a la grieta que genera el actual modelo del Estado de las Autonomías.

El PSOE debe dar respuesta a una sociedad quebrada, a una generación que ha tenido que marcharse, a un país donde crece la desigualdad al mismo ritmo que se recorta la protección social, a un futuro incierto en el que peligra la garantía de los servicios públicos. Es nuestra responsabilidad consolidar en qué forma queremos que se garantice la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones, con un pacto social y político, porque somos los únicos capaces de defender los pilares básicos de nuestro sistema del bienestar con honestidad.

Modernizar la economía, de forma que genere empleos estables y con salarios decentes, defendiendo que el crecimiento económico no puede producirse vulnerando a quienes menos tienen. Y afrontar el reto de contribuir a la transformación de la Unión Europea, en las coordenadas del siglo XXI, transparencia, regeneración y lucha contra la corrupción, preservando la defensa de los derechos humanos en un contexto global.

Para seguir siendo el PSOE que nació con vocación de hacer una sociedad más libre y más justa pero sobre todo más igualitaria, para volver a ser útiles como instrumento de gobierno que mejor refleja los intereses de la ciudadanía, es necesario que se acierte en las decisiones y se respete las voluntades. Solo unidos, bajo un liderazgo sólido y con una propuesta realista y cercana a las necesidades de la gente, conseguiremos que vuelvan a ver en nosotros lo que fuimos para convencerles de lo que queremos ser. Todo ello debe hacerse con garantías pero con celeridad, convocando a todos los socialistas cuanto antes a unas primarias y a un Congreso, en el que decidir entre todos, el futuro.