A la una de la tarde, el sol pega fuerte en la ladera del Complejo del Alemán. Unas ráfagas de viento que auguran una de esas tormentas rápidas alivian el calor pegajoso de Río de Janeiro. Todo parece tranquilo a pocos metros de esta favela, conocida por ser una de las más peligrosas de la ciudad.

Renata Trajano recoge a los periodistas en coche para subir hasta su casa. “No le aconsejo a nadie que venga solo”, advierte. El viaje dura unos diez minutos de subida por las retorcidas y empinadas calles de la comunidad. El dueño del auto, un amigo suyo, en su tiempo libre sube a los vecinos y amigos por un módico precio.

En los tejados que están pegados a la casa de Renata se ve a un grupo de niños que juega con cometas. Un poco más abajo, la dueña de una tienda de ultramarinos sale a vender unas latas de guaraná a unos chavales que matan el tiempo sentados en una moto. Nada parece indicar que en las últimas 48 horas estos vecinos se habían quedado encerrados en sus casas a la espera de que acabara un tiroteo continuado entre policías y narcos. Renata da una pista y enseña una marca de bala en una de las columnas de ladrillo que sostienen su terraza: “Esa no fue de ayer, ya tiene años”.

Esta mujer de 36 años, profesora de enseñanza básica en paro, es una de los ocho componentes del colectivo Papo Reto (en la jerga carioca quiere decir “hablar sin pelos en la lengua”). Este grupo de jóvenes nacidos en el Alemán utilizan sus móviles y cámaras para proteger a los vecinos y denunciar la violencia policial. Los medios tradicionales no les escuchaban y decidieron ser ellos los que darían las noticias.

La paz que no llega a las favelas

En 2010 el Gobierno de Río de Janeiro dio inicio a sus políticas de pacificación de favelas. Faltaban seis años para los Juegos Olímpicos y no querían ningún problema. La ciudad carioca no es como otras urbes brasileñas, donde las villas miserias crecen en los márgenes. En Río de Janeiro las favelas están dentro de la ciudad. Ricos y pobres, codo con codo.

El secretario de Seguridad de la época, José Beltrame, se propuso implantar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las comunidades en las que antes nadie se atrevía entrar. El Alemán era una de ellas, una favela de 200.000 habitantes con trece barrios que se reparten por las laderas de un gran morro. Desde la terraza de Renata las vistas son espectaculares. Al fondo se ve el estadio de atletismo en el que meses antes compitió Usain Bolt.

La paz nunca llegó al Alemán, quizá porque para intentar instalarla usaron la represión policial. Fue a finales de 2010 cuando el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y las Fuerzas Armadas decidieron echar a tiros a los narcotraficantes. El ataque duró horas y se retransmitió en directo en televisión, con escenas al más puro estilo de Apocalypse Now. Encarcelaron a algunos de los peces gordos del morro, e instalaron la UPP que, en teoría, funcionaría para proteger a los vecinos. En la práctica sucedió todo lo contrario.

“Hace años que vivimos en guerra, uno se acostumbra a la violencia”, dice con cansancio y con el escepticismo de alguien que ya ha visto muchas cosas. Renata es una mujer tan seria que parece desconfiada, solo se ríe cuando critica a Neymar “por caerse tanto”, y se anima cuando presume del Flamengo, su equipo del alma: “No podía ser otro”.

Renata explica que los tiroteos pueden ser semanales, pero que durante largas temporadas han sido diarios. Su móvil, del que más tarde dirá que es su “fusil”, tiene grabados decenas de audios con lluvias de disparos. Reproduce uno. También hay vídeos, como el de aquel día en que tuvo que quedarse horas en una tienda porque los policías habían comenzado un nuevo tiroteo en esa misma calle.

Cuando los disparos le pillan en casa, dependiendo de la cercanía de los tiros, se tumba en el suelo para no arriesgarse a que le dé una bala perdida. Esa es la forma más fácil de morir en una favela de Río de Janeiro, pero también en el país en el que cada 23 minutos se asesina a un joven negro. Renata es joven y negra, y lo tiene muy claro: “Soy muy consciente de que aquí puedo morir en cualquier momento. Algún día me puede llegar ese disparo”.

El móvil como arma

En 2011 el Estado ofreció al Complejo del Alemán un teleférico que facilitaba a los trabajadores el acceso a las partes altas de la favela. La obra costó 90 millones de euros y, dos meses después de acabar los Juegos Olímpicos, dejó de funcionar porque el Estado no podía pagar su mantenimiento: “Nosotros pedimos escuelas, que nos construyan centros de salud, que tengamos condiciones mínimas de salubridad en el barrio, pero ellos sólo nos ponen policía y ese teleférico pensado para turistas. Para nosotros, siempre fue inútil”, reclama Renata.

La violencia permanente y el abandono del Estado estallaron en 2013, después de semanas de lluvias intensas que dejaron a más de 200 vecinos sin casa. “Nadie nos ayudaba, ni siquiera mandaban comida. Tuvimos que organizarnos entre nosotros para realojar a los que habían perdido sus casas”. Fue el click que necesitaban estos ocho jóvenes, todos involucrados en derechos humanos desde hacía tiempo, para decidirse a crear Papo Reto.

Son cuatro hombres y cuatro mujeres vinculados a las tecnologías de la información que se dieron cuenta de que la única forma de protegerse era cuidando los unos de los otros: “El Estado viola permanentemente nuestros derechos más básicos, no podemos contar con ellos”. Papo Reto puso en marcha una web, un blog, una cuenta en Facebook y un grupo de WhatsApp.

El móvil es su arma. Con él se dedican a documentar los casos de violencia que denuncian los vecinos, los cuelgan en sus redes y, de vez en cuando, los medios tradicionales publican su material. “Los periodistas no se atreven a venir por aquí y a las televisiones no les interesa contar nuestros muertos”, dice Trajano.

El grupo de WhatsApp (con 257 inscritos) funciona para alertar sobre las zonas de riesgo: “Es una favela enorme y puede haber un tiroteo en una zona pero en otra no, entonces indicamos cuál puede ser el mejor camino o dónde puede haber policía”. Esa última opción se entiende como un peligro.

Eduardo Jesús: el Aylan del Complejo del Alemán

Renata no se olvida de la foto que enviaron al grupo de WhatsApp el 2 de abril de 2015. “No quería mirarla, me negaba a que fuera cierto”. Primero les llegó un mensaje escrito que anunciaba que el hijo de Terezinha había muerto: Eduardo Jesús, de diez años, con un disparo en la cabeza en la puerta de su casa. Una de esas balas perdidas de un fusil 7.62. “No quería creerlo, pero al ver la foto salí corriendo para allá”.

Los chicos de Papo Reto fueron los primeros en llegar al lugar. Los vecinos se amontonaban alrededor del cuerpo. La madre del niño gritaba desesperada a los policías que habían disparado el tiro de gracia.

Renata, la mediadora de conflictos dentro del colectivo, tuvo que poner en práctica más que nunca se experiencia: “Los vecinos estaban enloquecidos, querían salir a quemar autobuses para demostrar su indignación. Tuve que calmarles porque si hacían eso, iba a ser peor, nos iban a culpar a nosotros”.

La otra preocupación de Renata era que la policía no alterara la escena del crimen, una práctica habitual denunciada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Papo Reto sacó fotos de todo para que en un futuro juicio no fuera la palabra de los vecinos contra la de la policía: “Necesitábamos pruebas”.

Los policías llegaron horas después. Durante horas el cuerpo de Eduardo Jesús quedó tirado en la puerta de su casa: “Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Defender los derechos humanos no es salir con una pancarta a protestar, sino estar al lado de una madre que llora la muerte de su hijo”.

La muerte de Eduardo Jesús fue un antes y un después para Papo Reto, para bien y para mal. “Somos los más famosos de la favela”, bromea Renata en uno de esos pocos momentos en los que suelta una gran sonrisa. Los vecinos los adoran porque se sienten protegidos, pero la Policía se la tiene jurada. Reciben constantes amenazas, la frase más repetida es esa de “la próxima bala perdida te puede tocar a ti”. Por eso los ocho siempre comunican al grupo dónde están y cuándo vuelven a casa: “Si alguno tarda mucho en responder, nos volvemos locos”.

Desde 2015, la ONG Witness, fundada por el cantante Peter Gabriel, les subvenciona con smartphones de última generación para poder cumplir su trabajo. Witness se encarga desde hace 23 años de ayudar a grupos de activistas que están en zonas de conflicto a utilizar con seguridad móviles y otras herramientas de vídeo para denunciar violaciones de derechos humanos.

Papo Reto fue uno de los premiados por Witness a finales de 2015 y algunos miembros del colectivo fueron invitados a universidades de México, Colombia y Estados Unidos para contar cómo es su trabajo. En el último año están ayudando a implantar su modo de trabajo en otras favelas de la ciudad.

Papo Reto no gana ningún dinero. La mayoría de sus componentes tiene otros trabajos relacionados con comunicación y ninguno de ellos se plantea dejar el Alemán. Renata vive con su hija de 17 años y con su madre de 77, lleva toda la vida en su casa con vistas, en la parte alta de la favela: “Mi vida está aquí, mi pueblo está aquí. Nos levantamos con tiros y nos dormimos con tiros, pero mi patria es el Alemán”.

La madre de Eduardo Jesús, Terezinha, sí abandonó esta favela meses después de la muerte de su hijo. Regresó a Piauí –en el norte del país– con sus dos hijas, su nieto y su yerno. El padre, se quedó un tiempo más para seguir la denuncia que el Ministerio Público de Río de Janeiro interpuso contra los policías.

Hace dos meses el Tribunal de Justicia anunció que archivaba el caso por considerar que la Policía actuó en “legítima defensa”. El pasado sábado, otra niña de dos años murió por una bala perdida cuando jugaba en la puerta de un restaurante de Río de Janeiro. Sucedió en la zona norte, a pocos metros del Complejo del Alemán.

“El olor de todos los presidios es una mezcla nauseabunda de heces, orina, cañería, sudor, enfermedades de piel, cuerpos sucios y comida pasada. (…) Pero para los presos lo peor es la tortura, la falta de expectativas y la posibilidad concreta de poder morir en cualquier momento”, decía el juez de Derecho de Bahía, Gerivaldo Neiva, en un artículo reciente de la revista jurídica Justificando.

Hay muchas formas de morir en una cárcel brasileña. Puede ser por inanición, por falta de medicamentos, por infecciones, y una de las más habituales: asesinado. En las primeras dos semanas del año se han batido todos los récords para esta última opción.

Un total de 123 presos de diversas cárceles del país fueron degollados y descuartizados, dentro de una guerra que comenzó el pasado otoño entre las dos facciones criminales más importantes del país: el Primer Comando de la Capital (PCC) con base en São Paulo, y Comando Vermelho (CV) con base en Rio de Janeiro. Ambas diseminadas por todo Brasil.

La primera gran matanza fue el 1 de enero en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) de Manaos (Amazonas). Después de 17 horas de violencia murieron 56 presos. A los cinco días la misma escena se repitió en la penitenciaría agrícola de Monte Cristo (Roraima) en la que murieron 33 reclusos. Dos días después en otra cárcel de Manaos, recién reabierta para trasladar a parte de los sobrevivientes de la matanza del Compaj, mataron a cinco más.

El pasado viernes, un preso asfixiado y otro degollado fallecieron en la prisión de Tupí Paulista de São Paulo. Este sábado un motín en la cárcel estatal de Alacaçuz en Rio Grande del Norte acabó con la vida de otros 27. En 15 días han muerto un tercio de los presos que murieron en todo 2016, que daba una media de un recluso por día.

Según diversos expertos, la guerra entre facciones es solo la punta del iceberg del sistema penitenciario brasileño, que según el presidente de Jueces para la Democracia de Brasil, André Bezerra, está “completamente abandonado por el Estado”. Cárceles superpobladas, en ruinas, sin sistema de alcantarillado, con letrinas improvisadas dentro de las propias celdas donde pueden llegar a dormir hasta cincuenta personas en cuatro metros cuadrados.

Hacinamiento en las prisiones, factor clave

Brasil es el cuarto país con más población carcelaria del mundo, 662.202 presos, según datos del Ministerio de Justicia de 2015. Sólo está por detrás de Rusia (644.237), China (1.657.812) y Estados Unidos (2.217.000). Pero el International Centre for Prision Studies recuerda que los brasileños lideran el ranking mundial de hacinamiento de presos entre las naciones con más población reclusa.

Según datos del Sistema Integrado de Información Penitenciaria, en 2014 Brasil disponía de 376.669 plazas para 607.731 presos, lo que supone una tasa de ocupación del 161%. La cárcel donde ocurrió la masacre de Manaos tenía capacidad para 454 presos pero estaba ocupada por 1.224, tres veces más de lo permitido. En Roraima la ocupación duplicaba su capacidad.

Además de una política judicial punitiva que apuesta por detenciones masivas, la superpoblación de las cárceles también tiene que ver con las variadas interpretaciones que hacen las fuerzas del orden de la Ley de Drogas que implantó el expresidente Lula en 2006.

Más de un tercio de los presos cumplen su pena por tráfico de drogas, y según el International Drug Policy Consortium, desde que se sancionó esta ley el número de presos aumentó de 31.000 a 164.000, casi un 520% más en ocho años (datos de 2014).

La indefinición de las leyes contra el narcotráfico

Un informe publicado esta semana por Human Rights Watch (HRW) mantiene la misma teoría y señala la paradoja de ser una ley que se creó con el fin de no castigar a los usuarios de drogas del mismo modo que a los traficantes: “Aunque esta ley ofrece penas alternativas a la prisión para los usuarios, el problema es que es muy vaga a la hora de diferenciarlos de los traficantes. La decisión queda en manos de la policía y sus criterios subjetivos”, dice el informe de HRW.

Esta indefinición de la norma provoca que haya personas presas por llevar encima 1,5 gramos de marihuana, con penas de hasta cuatro años y dos meses de cárcel, como fue el caso de un joven de São Paulo. Según un trabajo de la investigadora Juliana Carlos, de la Universidad de Essex, si la ley brasileña se basara en el criterio de la ley española, al menos un 69% de los presos brasileños por tráfico de marihuana estarían libres.

Las políticas de privatización de los presidios y de gestiones semi-privadas aparecen como otro de los motivos del aumento de presos en las penitenciarías. En una carta al ministro de Justicia, el padre Frei Betto lo denunciaba hace dos semanas: “La empresa recibe del Estado según el número de detenidos que administre. Cuantos más haya, también hay más lucro”.

“Son depósitos de pobres, nada más que eso”

No hay horarios, ni actividades de ocio, apenas atención médica y nada de asistencia social, reconoce el juez sustituto de Ejecución Penal de Roraima, Marcelo Lima de Oliveira. “Son depósitos de gente, de pobres, nada más que eso”, sentencia el magistrado para hablar de las cárceles de Roraima.

Mientras cada año aumenta el número de presos, los jueces y defensores públicos del sistema penitenciario son los mismos. Hasta el mes de diciembre en el Estado del Amazonas había un único defensor público para 12.900 procesos. El juez de Ejecución Penal (encargado de revisar las penas, pasar los presos del régimen cerrado al abierto y firmar su libertad) también del Amazonas, Luis Carlos Valois, se encarga de 14.000 procesos.

La falta de funcionarios a cargo es la causa principal de que el 41% de los presos brasileños sean provisionales, es decir, que todavía estén a la espera de ser juzgados porque ni siquiera han sido condenados en primera instancia. Esa cifra en el Amazonas alcanza el 57%.

La demora en atender los procesos también provoca que presos que ya deberían estar liberados, sigan encerrados durante meses o incluso años. Uno de los supervivientes de la masacre de Manaos llevaba siete años cumpliendo pena, cuando tenía que haber salido hacía dos.

“Hay muchas cárceles donde los agentes ni se acercan”

Sin amparo judicial y estatal, los reclusos acuden a las bandas que controlan las prisiones. “En la cárcel hay tres poderes: la policía, los presos y las sociedad, y te aseguro que no son los agentes penitenciarios los que miran a los presos, son los reclusos los que vigilan a los agentes”, explica a eldiario.es, Greg Andrade, un abogado criminalista que estuvo preso durante 16 años en más de quince presidios de Minas Gerais.

El juez Valois lo confirma: “Hay muchas cárceles en Brasil donde las fuerzas del orden ni siquiera entran, las llaves de las celdas las tienen los presos, y los agentes penitenciarios ni se acercan”.

Greg Andrade reconoce que las bandas son las que dominan las prisiones, las que ejercen el control y las que deciden quién muere o no. También son las que protegen a los familiares de los presos, a quienes les pagan los viajes para poder acudir a las visitas, especialmente cuando viven en ciudades lejanas. Son las que organizan fiestas en el Día del Niño o en el Día de la Madre, las que evitan que haya robos o violaciones, pero también las que los provocan.

Por todos esos vínculos, Andrade dice que “el brasileño se hace verdaderamente delincuente después de pasar por una cárcel del país”. Lo mismo opina el periodista Denis R. Buergierman, especializado en política de drogas: “Cuanto más gente lleven presa, más poder darán al PCC y al CV. El sistema de presiones de Brasil es la mejor universidad para formar trabajadores del crimen organizado que se dediquen al negocio de las drogas, uno de los más lucrativos”.

“Como una empresa capitalista más”

El Comando Vermelho (CV) fue la primera organización de crimen organizado brasileña que nació en la cárcel y comenzó a crecer dentro de ella para después expandirse por las favelas. Surgió en Río de Janeiro en los años setenta, en plena dictadura, y nació como un movimiento de presos que se unía para reivindicar sus derechos. Pronto se dedicaron al tráfico de drogas.

El Primer Comando de la Capital (PCC) hizo su presentación oficial en 2001, en la cárcel de Carandirú de São Paulo. En esta misma prisión se había producido en 1992 la mayor matanza en un presidio del país, con 111 presos asesinados por la Policía Militar. A partir de esta masacre los reclusos paulistas comenzaron a unirse para “defenderse de la opresión del Estado”, como dice uno de los eslóganes del PCC.

Esta facción se hizo fuerte a través de asesinatos (fueron los primeros que empezaron a ejecutar con decapitaciones) para generar miedo y que la población carcelaria se uniera a ellos y abandonara a las pequeñas bandas. Entrados los 2000 el PCC ya era el mayor grupo de crimen organizado del país y había llegado a un pacto de no agresión con CV, cada uno tendría sus territorios e incluso se ayudarían si hiciera falta. A partir de entonces comenzó la época con menos muertes en los presidios del país.

El pasado otoño ambas facciones se declararon la guerra, después de que el PCC supuestamente asesinara a un narcotraficante paraguayo que distribuía drogas tanto a ellos como a CV.

Según los expertos, ese habría sido el detonante, pero el verdadero motivo tendría que ver con el control de las fronteras del norte del país para adueñarse de la cocaína de Perú y Colombia. Hasta el momento el CV junto a la Familia del Norte (FDN) controlaban esas fronteras, y ahora los paulistas quieren hacerse con ellas.

“El PCC funciona como una empresa capitalista más, quiere expandirse, tener más lucro y ser cada vez más fuerte en el mercado internacional, ese es uno de los motivos de esta nueva guerra”, explica la socióloga Camila Nunes, investigadora especialista en esta facción criminal.

Las relaciones entre el Estado y estas bandas han sido polémicas. El juez Bezerra recuerda que tanto el PCC en São Paulo, como el CV en Río de Janeiro han donado dinero en diversas ocasiones en campañas de diputados. “Al Estado no le conviene acabar con estas bandas porque cumplen un papel en las prisiones que ellos no ejercen y les consiguen votos de la población más pobre”, dice el presidente de Jueces para la Democracia.

La reacción del Gobierno ante la oleada de asesinatos en las cárceles del país ha sido liviana. El ministro de Justicia negó la influencia de las bandas y el presidente, Michel Temer, lo definió como “un pavoroso accidente”. Ambos anunciaron un Plan de Inversión en Seguridad para crear más presidios, la fórmula de siempre: más encarcelamientos y más penitenciarías.

Pero lo que más llamó la atención estos días fue la actitud de diversos representantes políticos que justificaron e incluso apoyaron las matanzas de las cárceles. El gobernador del Estado de Amazonas, José Melo, justificó la masacre de Manaos asegurando que “entre los muertos no había ningún santo”. Días después el secretario nacional de la Juventud, Bruno Júlio (PMDB) dijo que “debería haber una matanza de éstas por semana”. Dos días después de sus declaraciones, tuvo que dimitir.

Después le tocó el turno al diputado federal, Major Olimpio, que publicó en su cuenta de Facebook: “Manaos 56/Roraima33. Vamos Bangú (cárcel de Rio de Janeiro), vosotros lo podéis hacer mejor”, animando a los de la penitenciaría carioca a superar el número de muertos. Investigadoras como Camila Nunes aseguran que las masacres continuarán porque esta guerra no ha hecho más que empezar.