Recientemente, en el debate público sobre feminismo se ha introducido, desde posturas autoproclamadas como liberales, el concepto de “feminismo liberal”. Se aduce que el feminismo (a secas) pretende, en aras de la igualdad, restringir la libertad de decidir de las mujeres. Incluso llegan a decir que, al querer restringir la libertad de las mujeres, el feminismo yerra porque “sin libertad no hay igualdad”. De esta manera, por ejemplo, quieren enmarcar el debate sobre la maternidad subrogada o la prostitución en el debate de “libertad para decidir”. El feminismo, en cambio, niega que en la mayoría de esos casos exista libertad para decidir. Es más; el feminismo, en realidad, dice: “sin igualdad no hay libertad”. La discrepancia entre “sin libertad no hay igualdad” (liberales) y “sin igualdad no hay libertad” (feminismo) depende de a qué llamamos libertad y a qué llamamos igualdad. Y la cuestión es que ambos conceptos (libertad e igualdad) son diferentes para el feminismo (a secas) y para el liberalismo.

El feminismo siempre ha desconfiado del liberalismo. Esta desconfianza es histórica y nace de la concepción de libertad individual que defiende el liberalismo, que se puede resumir en “que el Estado se pare a la puerta de mi casa (y de mi hacienda)”. El liberalismo del siglo XIX pensaba que los derechos de las mujeres ya estaban asegurados a través de los de sus maridos y padres porque, a pesar de su defensa de la libertad y del individualismo, para los liberales la familia era (¿es?) un órgano monolítico. Es decir, la libertad que propugnaban era para los hombres. La ciudadanía era para los hombres. Ni libertad ni ciudadanía eran conceptos inclusivos: solo los hombres eran los ciudadanos libres. Esto ya lo sabían Olympe de Gouges cuando redactó la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791 y Mary Wollstonecraft cuando escribió la Vindicación de los derechos de la mujer en 1792. Dirán algunos que me remonto muy atrás. Baste recordar que las mujeres españolas pudieron votar en 1933 por primera vez (gracias a Clara Campoamor) y que las suizas tuvieron que esperar a ¡1971! para poder hacerlo. Para el liberalismo clásico las mujeres quedaban confinadas al ámbito doméstico; esfera en la cual el liberalismo siempre ha negado al Estado jurisdicción alguna. La esfera privada de la vida, según el liberalismo, es una cuestión prepolítica. Es decir, lo que sucede dentro de la familia queda fuera de la ley. Este pensamiento es netamente contrario al feminismo. ¿Por qué? Porque las desigualdades entre hombres y mujeres en la esfera pública se alimentan de las desigualdades dentro de la familia; es decir, en la esfera privada. Lo que el feminismo destaca y el liberalismo niega es que las estructuras tradicionales de organización de la familia son la base de las estructuras socioeconómicas que sostienen las desigualdades entre hombres y mujeres. Por eso el feminismo dice que la esfera privada no es tal, sino una parte más de la organización política de nuestra sociedad y, por eso, el Estado debe intervenir. Es decir, según el feminismo, el aserto “no hay igualdad sin libertad” es una falacia porque la igualdad es una condición necesaria para poder ejercer y practicar la libertad. Como decía Clara Campoamor “la libertad se aprende ejerciéndola” y para ejercerla, se necesita de la igualdad.

El feminismo defiende que el Estado debe intervenir para cambiar el contrato sexual pre-existente sobre el que descansan las discriminaciones en la esfera pública. Pero ese Estado al que apela el feminismo no es –ni puede serlo por su propia definición— el Estado liberal, sino el Estado social y Democrático de Derecho. Porque el Estado social –no así el Estado liberal-- entiende que hay derechos sociales que hay que asegurar para que exista igualdad y, por tanto, se pueda ejercer la libertad. Y el Estado interviene en forma de leyes como la Ley de Igualdad o la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. ¿Y por qué debe intervenir? Porque cada persona, por separado, no puede cambiar el funcionamiento social que toma como dado el contrato sexual. Cada persona por separado no puede cambiar la costumbre. Y no puede porque hay, como dicen los economistas, un problema de coordinación y falta de compromiso individual. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el debate sobre las bajas por maternidad y paternidad y el efecto que estas bajas tienen sobre los salarios de las madres. Existe lo que se llama “la penalización por maternidad”. Hay estudios (véase aquí) que muestran que tal penalización no existe entre parejas del mismo sexo y la razón es porque el reparto del trabajo en el hogar es más igualitario entre ellas. Es decir, los hombres en parejas heterosexuales, en su mayoría, no hacen uso de las bajas por paternidad. Y no lo hacen porque, individualmente, no les es rentable, dada la organización social existente. Es muy difícil luchar individualmente contra la fuerza de la costumbre. Mientras las bajas por paternidad sean voluntarias, la situación cambiará muy lentamente. Pero el liberalismo no acepta unas bajas por paternidad obligatoria aduciendo la defensa de su concepto de libertad. Lo que el liberalismo no entiende es que, al ignorar la desigualdad inicial, su defensa de la libertad se convierte en una justificación y salvaguarda de la costumbre, de la organización tradicional de la sociedad y, de paso, una rémora más para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres, fundamento de la libertad.

Afortunadamente, en 2019 ya no tenemos que explicar que la sociedad en su conjunto pierde cuando el talento de tantas mujeres es desperdiciado, ninguneado o, simplemente, no potenciado. La inmensa mayoría de grupos sociales, partidos políticos, estamos de acuerdo en que la tarea social más importante del siglo XXI es la equiparación plena de derechos y libertades entre hombres y mujeres. En lo que no estamos de acuerdo es en la significación de esas palabras y, por tanto, en las políticas necesarias para combatir la discriminación de las mujeres. Esto está muy claro cuando atendemos a la discusión académica sobre las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La mayoría de los estudios descomponen la brecha salarial entre “elección” y “discriminación pura” que es como se llama, de manera aséptica, al machismo. La mayoría de los estudios encuentran que casi toda la brecha salarial es “elección”[1]. Las mujeres “eligen” no ascender, “eligen” trabajos con menos proyección pública, “eligen” trabajar a tiempo parcial, “eligen” entornos menos agresivos que los hombres. Las mujeres “eligen” tener hijos y cuidar a sus familias. Y el mercado; es decir, las empresas, tienen en cuenta esta elección a la hora de diseñar las escalas y requisitos para ascender. La evidencia de los sesgos de percepción y valoración de los méritos de hombres y mujeres es abrumadora. La cultura y la costumbre hacen que los mismos méritos no se valoren por igual. La elección está mediatizada por el entorno y, en esas condiciones, hablar de elección como sinónimo de libertad es un sarcasmo. Cunde el desanimo y se elige no competir. No es de extrañar que en informes como el de la CEOE se diga que el techo de cristal existe porque las mujeres son menos ambiciosas y osadas. El movimiento del “empoderamiento” no es más que una forma de decir: ¡que no cunda el desánimo!

Esa visión dicotómica que los liberales tienen de vida privada y vida pública y su concepto de libertad individual les lleva a extremos como negar la existencia de violencia de género. Es meridiano por qué insisten en llamarlo “violencia doméstica”: porque niegan la existencia de unas condiciones sociales que sean el caldo de cultivo de esa violencia. Y por eso exclaman: ¡se discrimina a los hombres con penas agravadas! El maltratador debe sentir el reproche moral a la vez que recibe el castigo para que pueda internalizar, aprender, que maltratar a una mujer está mal. Hasta hace muy poco ese reproche moral no existía. ¿Quién no recuerda un sketch de una pareja de cómicos donde se decía “mi marido me pega lo normal” allá por los años 90? El agravante de la pena para el hombre existe para inculcar en el maltratador ese reproche moral. Ojalá llegue un tiempo en que ya no sea necesario. La visión dicotómica de los liberales, que ignora el poder de la cultura y la costumbre les lleva, también, a despreciar que jueces, fiscales y magistrados sean instruidos en perspectiva de género (es decir, que sepan identificar y desprenderse de prejuicios machistas). Sobre esto, solo voy a pronunciar una frase: hubo intimidación, no prevalimiento.

De igual manera, los liberales defienden, en aras de la libertad, la legalización de la maternidad subrogada. Incluso llegan a decir que si una mujer puede decidir abortar también puede decidir, libremente, gestar un feto para otra persona. Este argumento es una aberración. Un inciso: el día que podamos cultivar fetos como el que cultiva unos geranios, en una probeta, todas estas discusiones no tendrán sentido al desaparecer el conflicto básico -- una mujer ya no será indispensable para la gestación. Un contrato de maternidad subrogada es lo más cercano que tenemos actualmente a un contrato de servidumbre. Porque, durante la vigencia del contrato, la mujer deja de ser dueña de sí y, por tanto, libre. La esclavitud voluntaria está prohibida por buenas razones, como lo está la venta de órganos. Una persona puede decidir libremente vender un riñón. Lo inaceptable es que la sociedad tolere que esa persona llegue a una situación en la que, libremente, elija vender un riñón. Pero, evidentemente, esto es inaceptable para un Estado social y Democrático de Derecho, no para un Estado liberal.

El pensamiento liberal tendrá que evolucionar para que el feminismo deje de desconfiar de él. Ya evolucionó en su momento al aceptar, a regañadientes, que las mujeres pudieran votar. También cuando, tras mucho esfuerzo, se permitió el divorcio sin necesidad de mutuo acuerdo. Cuando se legalizó la píldora, cuando se despenalizó el aborto. Ahora, tendrá que dar un paso más y aceptar que, efectivamente, sin igualdad no hay libertad.

[1] Véase aquí, por ejemplo, un resumen de la literatura: Blau, Francine D., and Lawrence M. Kahn. 2017. “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations.” Journal of Economic Literature, 55 (3): 789-865.

¿Por qué están subiendo tanto los precios de los alquileres? La Teoría Económica nos dice que porque aumenta la demanda o aumenta la concentración de la oferta. Ambas cosas están sucediendo en estos años: la Gran Recesión propició la concentración de la oferta de vivienda de alquiler en grandes empresas inmobiliarias y la salida de la crisis, combinada con un menor crédito para comprar, hace que aumente la demanda de alquiler. Una buena política de vivienda requiere, entre otras cosas, un esfuerzo concertado en aumentar la vivienda social para los segmentos de la población más desfavorecidos y una buena regulación del mercado de alquiler. Como siempre, diseñar una buena política no es tarea fácil pero el Real Decreto-ley 21/2018 iba en la buena dirección.

El Real Decreto-ley 21/2018 ha tenido una vida breve. Unidos Podemos votó en contra de su tramitación en el Congreso aduciendo que no incluía algunas de las medidas previamente pactadas con el Gobierno; en particular, no incorporaba ningún tope máximo sobre los precios de alquiler. Al no aprobar el Congreso el proyecto de ley, se ha revertido automáticamente a la ley del 2013 aprobada por el gobierno del PP. En esta nota quiero reflexionar sobre la política de control de precios, que se ha vuelto a poner sobre el tapete político tras varios años de crecimiento muy sustancial en los alquileres.

La manera más elemental de intervenir es limitar los precios. La Teoría Económica nos dice que cuando se impone un precio máximo que está por debajo del precio que vacía el mercado se produce una disminución de la oferta. Esto se debe a que para algunos caseros el ingreso derivado de alquileres no compensa los costes de explotación. En ese caso el casero prefiere dejar el inmueble vacío. También puede ocurrir que el casero exija al inquilino que corra con los costes de mantenimiento con lo que la limitación del precio del alquiler no sea efectiva o, simplemente, se deje que la vivienda se deteriore. Finalmente, los caseros se vuelven más estrictos en cuanto a la “calidad” del inquilino ya que buscan los “mejores” inquilinos para pagar menos en mantenimiento del inmueble. Esa búsqueda del inquilino de “calidad” se traduce en que aquellos que sufren más la escasez de vivienda en alquiler son las personas con menos recursos. En el peor de los casos, puede que el casero decida anunciar su vivienda en AirBnB aumentando más la escasez de vivienda en alquiler no vacacional. Es decir, poner un tope máximo al precio de alquiler hace que aumente el stock de casas vacías, que se encuentre la forma de cargar con gastos extra a los inquilinos, que se discrimine a los inquilinos con menos recursos y que, finalmente, disminuya la oferta de alquiler. Esto es lo que dice la teoría. La práctica lo corrobora (véase aquí, por ejemplo).

Este tipo de control de “primera generación” dio paso en los años 80 al segundo tipo: el control en el crecimiento del precio de los alquileres. Por ejemplo, en Alemania existe un tipo de regulación llamado “Mietspiegel” (la renta espejo). Los ayuntamientos recaban información sobre precios de alquiler y construyen un índice de precios. Mientras un contrato está en vigor el incremento en la renovación del precio de alquiler está limitado por el crecimiento del índice. Esta regulación se ha reforzado recientemente con nuevas medidas para forzar que los precios de alquiler no suban más de un 10% anual (o la cantidad estipulada en la municipalidad correspondiente) en zonas especialmente afectadas por la escasez de la oferta. La norma incluye provisiones en caso de inversiones de mejora de inmuebles, etc. A pesar de todas las medidas propuestas, los precios de alquiler siguen subiendo (véase aquí una referencia).

Por ejemplo, el precio medio de alquiler en Berlín aumentó a razón de un 3% anual desde 2005 a 2016. Por supuesto, lo que no sabemos es lo que habría subido en ausencia del “Mietspiegel”. En 2015 esta regulación se ha extendido a los precios fijados en los contratos nuevos con el nombre “Mietpreisbremse”. Nótese la diferencia: el primer tipo de control se refiere a un tope máximo en el nivel de precios y este segundo tipo (“Mietspiegel” y “Mietpreisbremse”) a un tope máximo en la tasa de crecimiento del precio. No sabemos con certeza los resultados de esta política. Los expertos no se ponen de acuerdo, pero hasta el Financial Times concede que quizás pueda ser una buena medida en el mercado de alquiler. ¿Por qué? Porque como todos los expertos sabemos el mercado de vivienda no opera en condiciones de competencia perfecta. Es decir, los precios no solo reflejan la escasez relativa de vivienda sino también el poder de mercado de los propietarios de los inmuebles. Yo añadiría, además, que en un mercado donde las expectativas de futuras ganancias pueden poner en marcha una burbuja especulativa, el establecimiento de tasas de crecimiento de referencia acaso pueda contener el crecimiento desordenado de los precios de alquiler y sus consecuencias más perniciosas. Por supuesto, estas medidas deberían ser estudiadas en profundidad y teniendo en cuenta las particularidades del caso español.

Contener el crecimiento de los precios de alquiler sin provocar efectos indeseados es muy difícil. Por ello, sería conveniente explorar el uso de los impuestos. Por ejemplo, el IRPF estipula los gastos que se pueden deducir del rendimiento del capital inmobiliario. Podría establecerse unas deducciones decrecientes con el precio del alquiler como una manera de desanimar alquileres demasiado altos, siempre en función del tipo de inmueble. Otra medida que prefieren los expertos es que la Administración intervenga directamente creando un parque de vivienda social. Hace poco, el profesor A. Mas-Colell en un artículo en El País proponía la creación de un stock de vivienda de “regulación pública accesible por alquiler” (sic), mediante algún tipo de institución pública mediante la colaboración con promotores privados. La institución que se describe en ese artículo recuerda al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Las funciones del IVIMA son el fomento de la construcción de viviendas de protección para el acceso a la misma de los colectivos con mayores riesgo de exclusión social, como los jóvenes o las personas con una renta económica especialmente baja. El IVIMA tiene un parque de viviendas que se venden a precios moderados y otras destinadas a alquiler. Hay dos tipos de vivienda de alquiler, aquellas que llevan implícita la opción de compra y las que no lo llevan. Este tipo de políticas no solo contribuye a dar acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos sino que es también una buena herramienta para conseguir un desarrollo urbano armónico. Conviene recordar que durante la Gran Recesión la política dominante ha sido justamente la contraria: eliminar el fomento de la vivienda social. Botón de muestra: el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Ana Botella, vendió 18 promociones de vivienda pública en 2013. No solo eso, sino que, como ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, fueron vendidas por debajo de su precio de mercado. Estas actuaciones son tremendamente dañinas porque reconstruir capital público requiere de mucho tiempo.

La vivienda es un bien peculiar: es a la vez un bien de consumo y un bien de inversión. Esta doble función crea una tensión en el mercado y en la sociedad. Si aplicamos políticas atendiendo exclusivamente a su función como bien de consumo se deteriora su rentabilidad como bien de inversión. En ese caso, disminuye la oferta creando problemas de escasez. Si legislamos para que exclusivamente el mercado decida la rentabilidad de la vivienda su función como bien de consumo se deteriora. Esto tiene consecuencias graves: los jóvenes no pueden emanciparse, lo que afecta a la tasa de fertilidad, etc. Una buena política es aquella que es capaz de conjugar ambas funciones de la vivienda. Como decía más arriba, el mercado de la vivienda, por su propia naturaleza, no es competitivo. Incluso cuando la oferta no está en manos de unos pocos agentes, el mercado de vivienda no opera bajo las leyes de competencia perfecta. Esto se debe a que las viviendas no son bienes idénticos entre sí y no es fácil encontrar la casa idónea. No solo eso, sino que la situación geográfica limita el número de casas donde podemos vivir.

Una casa de Salamanca difícilmente compite con una casa situada en Girona. Emigrar es costoso. Por eso vemos en el mercado, simultáneamente, casas vacías y potenciales compradores o inquilinos que no encuentran la vivienda deseada (sin tener en cuenta, por supuesto, las dificultades económicas de muchos). Estos factores hacen que, incluso si la oferta de vivienda de alquiler está perfectamente atomizada, los propietarios de las casas tienen un gran poder de negociación a la hora de fijar las condiciones de un contrato de arrendamiento. Por ello es necesario pensar con cuidado sobre el tipo de políticas que se desee poner en práctica. A este respecto, el cambio legislativo que llevó a cabo el gobierno del PP en el 2013 en la Ley de Arrendamientos Urbanos ha reforzado el poder de negociación de los caseros a costa de los inquilinos. La ley de 2013 sigue actualmente vigente al no haberse aprobado el Real Decreto-ley 21/2018 en el Congreso. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo opera la ley de 2013.

Según la ley de 2013 la renovación del precio del alquiler durante la vigencia del contrato no está ligada al IPC, como estaba bajo la ley de 1994, la que vino a sustituir. Como los costes de mudanza son sustanciales, un inquilino está atrapado en su contrato de alquiler y al albur del capricho del casero que puede aumentar el precio hasta que el inquilino esté indiferente entre buscar otra casa, y cargar con los costes asociados de mudanza, o pagar el nuevo alquiler. La duración del contrato se redujo de cinco a tres años. Al cabo de ese periodo, se puede echar al inquilino sin coste alguno. Cuanto menor es la duración del contrato más posibilidades de renegociación hay, lo que favorece al casero en un momento de repunte de la actividad económica.

La flexibilización del límite a la fianza favorece al casero ya que elimina parte del riesgo inherente a la actividad económica de arrendamiento traspasándolo al inquilino. Estas y otras medidas de la ley de 2013 hacen que aumente la rentabilidad de la vivienda como bien de inversión y se reduzca su valor como bien de consumo. Nótese que todas estas medidas aumentan la rentabilidad de invertir en vivienda, pero no redundan en precios más accesibles para los inquilinos; en realidad, su función es facilitar la extracción de un mayor excedente del consumidor (de servicios de alquiler, en este caso). Esto está agravado por el tratamiento de la oferta vacacional en la ley de 2013. El Real Decreto-ley 21/2018 estipulaba que, si tres quintos de los vecinos se niegan, un vecino no puede ofertar su casa en alquiler vacacional. La ley de 2013 exige que la totalidad de los vecinos se niegue. Esto, también, aumenta la rentabilidad de las viviendas como bien de inversión. Las plataformas como AirBnB han reducido los costes de ofertar vivienda vacacional. La explosión de los pisos AirBnB se debe a que son una alternativa barata al hotel. Lo que debemos tener en cuenta es que son baratos porque sus propietarios no están sujetos a las regulaciones e impuestos a los que están sujetos los dueños de un hotel. No pasan inspecciones de Trabajo ni de Sanidad, no pagan impuestos especiales, no tienen que cumplir una normativa especial contra el ruido. Es decir, son baratos porque parte del coste de esa actividad la pagan los vecinos en forma de ruido, inseguridad y deterioro del bien común, en forma de lo que los economistas llamamos “externalidades”. La proliferación de la oferta de vivienda en AirBnB es un caso paradigmático de “tragedia de los comunes”: la búsqueda de la rentabilidad privada puede llevar al deterioro del bienestar social.

Por todas estas razones, a mi entender, la vuelta a la ley de 2013 es un error. Especialmente ahora cuando la actividad económica está aumentando la demanda de alquileres sería necesario eliminar parte del poder dado a los dueños de inmuebles. Sería bueno retomar las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 21/2018 y, quizás, estudiar de manera reposada medidas como la regulación alemana.

El crecimiento en la desigualdad está en la base del surgimiento de partidos nacionalistas de extrema derecha. Si no nos sentimos iguales no nos sentimos libres, la cohesión social desaparece y, con ella, la fe en el Estado de Derecho.

Buscando las causas, encontramos que desde los años 80 se ha eliminado progresivamente la legislación destinada a la protección de los trabajadores y a vigilar la competencia en los mercados. Estas políticas se hicieron desaparecer justo al comienzo de una etapa de rápido cambio tecnológico, explosión del comercio internacional y apertura de los mercados de capitales.

Nuestro reto como economistas es formular políticas económicas adecuadas para cada caso y teniendo en cuenta que la promoción del esfuerzo individual no debe entrar en conflicto con la igualdad de oportunidades.

Desde hace algunos años está creciendo el apoyo popular a partidos nacionalistas de inspiración fascista cuyo último objetivo es la destrucción del Estado de Derecho y el sistema de instituciones y relaciones internacionales existente desde la Segunda Guerra Mundial.

El último episodio, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, es un paso más hacia la perversión y destrucción institucional. La desaparición de la base electoral de los partidos llamados tradicionales les está llevando al coqueteo con posturas contrarias al Estado de Derecho, cuando no a su franca asunción: me refiero, en concreto, a la xenofobia y el populismo. Los conservadores, cuyo electorado está votando masivamente a esos partidos protofascistas, van escorando a la xenofobia para retenerlo.

Los partidos socialdemócratas están implosionando por la división interna que genera su fracaso electoral. Una parte de sus dirigentes quiere seguir abrazada a las políticas de la “tercera vía”, políticas que gran parte de su electorado rechaza. La otra parte recurre al populismo. Y ¿por qué los ciudadanos están virando a estos partidos protofascistas? Por la incapacidad manifiesta de los partidos tradicionales para articular un conjunto de políticas económicas y sociales que contrarresten los efectos del aumento de la desigualdad y la caída de la movilidad social.

Cuando aumenta la desigualdad, cae la movilidad social (como es el caso en estos años, véase gráficos 1 y 2) y entonces la igualdad de oportunidades se resiente. Y sin igualdad de oportunidades desaparece la convicción de que nuestras instituciones democráticas pueden crear un sistema donde libertad e igualdad convivan armónicamente.

Sin esa convicción, desaparece el respeto al conjunto de leyes que nos hemos dado. Y sin ese respeto el Estado de Derecho no puede existir. Es decir, el Estado de Derecho no soporta demasiada desigualdad. Y, sin Estado de Derecho, la democracia está en peligro porque es extremadamente vulnerable al poder del más fuerte, ya se derive su fuerza de la riqueza o del tamaño de la masa.

En la Edad Media la cohesión social se basaba en la existencia de estamentos inmutables. En el Renacimiento, con el nacimiento del Estado-nación, la argamasa social fue la religión. En el Estado absolutista, el rey. Tras la emergencia del Estado liberal, nuestra única argamasa social es la igualdad, entendida como igualdad de oportunidades para poder ser plenamente libres en nuestra búsqueda de la felicidad. La existencia del Estado de Derecho, con su equilibrio de poderes y respeto a las minorías, depende de nuestra cohesión social. Pero si no nos sentimos iguales no nos sentimos libres, la cohesión social desaparece y, con ella, la fe en el Estado de Derecho. Esta es la razón de la emergencia de esos partidos protofascistas. Y por eso son tan peligrosos para la democracia.

Gráfico 1. Cambios en la distribución de la renta

Gráfico 2: Desigualdad salarial y movilidad social

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En los años 80 del siglo pasado se rompieron varios consensos básicos que dirigían la política económica de los países desarrollados: (1) una política de rentas apoyada en sindicatos fuertes que negociaban colectivamente los salarios, (2) un entramado legislativo destinado a vigilar y fomentar la competencia en los mercados y (3) un sistema fiscal basado en la progresividad de los impuestos. El informe de la OCDE Divided we stand: why inequality keeps rising, (OCDE 2011) es especialmente clarificador a este respecto. A mí me gusta especialmente este gráfico:

Gráfico 3: índices de desregulación

El grafico muestra que desde los años 80 se ha eliminado progresivamente la legislación destinada a la protección de los trabajadores y vigilar la competencia en los mercados. Estas políticas se eliminaron al principio de una etapa de rápido cambio tecnológico, explosión del comercio internacional y apertura de los mercados de capitales. Como predice la Teoría Económica (neoclásica), estos avances han producido ganancias fabulosas pero, como también nos dice la Teoría Económica (neoclásica), esas ganancias no se distribuyen uniformemente entre toda la población.

El progreso tecnológico y la globalización han supuesto la desaparición de miles de trabajos industriales y, en ausencia de sindicatos fuertes que contrarresten el poder empresarial, al desplome de los salarios reales. A cambio, se han creado trabajos con alto contenido en capital humano. Pero, ni se crean tantos trabajos debido a la falta de competencia en los mercados, ni el gasto público en formación es suficiente como para reciclar trabajadores al ritmo exigido por los avances tecnológicos.

La prueba es que la brecha salarial entre universitarios y no universitarios (college premium) sigue aumentando. Por ejemplo, según la OECD (Education at a Glance, 2011, 2014 y 2016) la renta salarial anual de un trabajador con educación superior es 1.59 veces la media, mientras que aquellos que solo tiene estudios secundarios perciben el 76% de la renta salarial media. Según la OECD, esta diferencia está aumentando a un 6% anualmente (Education at a Glance, OECD 2011). Es instructivo echar un vistazo al Gráfico 3 y pensar que ése es nuestro futuro. Este gráfico muestra la evolución temporal de la brecha salarial entre universitarios y no universitarios en Estados Unidos y nos dice que las diferencias en renta de 1964 se han multiplicado por dos en 2012.

Grafico 4: Evolución temporal de la brecha salarial entre universitarios y no universitarios en Estados Unidos.

Es triste comprobar que lo único que hemos podido ofrecer a todos esos trabajadores desplazados por la globalización es una prestación social o un minijob. Todo esto lleva al aumento de la desigualdad, a la caída de la movilidad social y, finalmente, al resentimiento social y desafección institucional.

Sin embargo, no nos preocupamos hasta que llegó la Gran Recesión. Ahora, al perderse millones de trabajos y derrumbarse la clase media, todos los ciudadanos, excepto los muy ricos que pueden usar ingeniería fiscal, vemos que aumenta nuestra carga impositiva, se recorta el gasto público, y que las perspectivas de mejora social de nuestros hijos desaparecen. Por cierto, el deterioro de los servicios públicos no solo se debe a la caída de los ingresos impositivos sino a la privatización de su provisión, iniciada en los años 80, bajo la absurda (o, más bien, interesada) creencia de que el principio de maximización de beneficios aplicado a la gestión de bienes públicos es socialmente beneficioso.

No es de extrañar que muchos ciudadanos crean que el progreso tecnológico y la globalización solo traen penurias e incertidumbre. No es de extrañar, por tanto, la desafección creciente con nuestras instituciones y el auge de los partidos protofascistas. Que la financiación del gasto social derivado de la crisis descanse sobre los ciudadanos sin acceso a ingeniería fiscal invita al enfrentamiento de pobres contra pobres, al odio al diferente, al sectarismo.

Pero lo trágico es que todo esto ya lo vimos antes. La Gran Depresión se llevó por delante millones de trabajos y trajo el drástico empobrecimiento de la clase media. Las democracias de la época, tan ciegas como las de ahora, no supieron responder a las demandas de los ciudadanos. Entonces los trabajadores se hicieron comunistas y la clase media apoyó el fascismo: todos volvieron la espalda al Estado de Derecho y a la democracia. Entonces los judíos fueron el chivo expiatorio, el blanco sobre el que se descargó la ira y frustración de tantos. Hoy, los emigrantes y los refugiados son los nuevos judíos y sobre ellos se vierte, también, el antiguo y reavivado odio antisemita.

Nos urge recomponer los consensos de política económica y social rotos en los años 80 renovados y adaptados al mundo actual. Nos urge reconsiderar el papel del Estado, del gasto público, de los sindicatos. Habrá quien se escandalice pensando que quiero más Estado y más impuestos. No quiero más, sino mejor. Porque, que yo sepa, y así seguimos explicando en las Universidades, la Teoría Económica (neoclásica) dice que los mercados no asignan recursos eficientemente cuando hay falta de competencia, externalidades y bienes públicos.

Un Estado que ampara a los más necesitados y promueve la igualdad de oportunidades es un Estado que aprovecha el talento de todos para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Nuestro reto como economistas es formular políticas económicas adecuadas para cada caso y teniendo en cuenta que la promoción del esfuerzo individual no debe entrar en conflicto con la igualdad de oportunidades.

Quizás el mayor error de la investigación económica de los últimos treinta años (ensimismada en el sueño de la competencia perfecta) haya sido arrinconar el estudio de los efectos de las externalidades como si éstas fueran una rareza extinta y no una característica esencial de nuestras sociedades. El reto social es recomponer esos consensos independientemente de nuestras sensibilidades políticas para apuntalar el Estado de Derecho. Si no lo hacemos, estaremos fomentando el enfrentamiento, la violencia y, en definitiva, la desaparición del Estado de Derecho. Y cuando éste desaparece, nuestras peores pesadillas pueden hacerse realidad. Pesadillas que, desgraciadamente, ya hemos vivido.