La puesta en escena de Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, diciendo que todas las personas migrantes que permanecen en Ceuta -incluida la infancia en movimiento -deben ser retornadas a Marruecos, nos deja un regusto a crisis de las democracias europeas que da un poco de susto. Por eso deberíamos mantenernos alerta, porque en la batalla contra los derechos de las personas migrantes no está en riesgo solo sus derechos, sino también la efectividad del Estado de Derecho que protege a toda la ciudadanía europea y la credibilidad de nuestras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.

He estudiado el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migraciones y sé que es un mecanismo diseñado fundamentalmente para reducir al máximo la llegada de personas migrantes a nuestras fronteras y para que el retorno sea lo más efectivo y rápido posible. No me engaño con esta Europa que busca un equilibrio imposible con las fuerzas de ultraderecha, que han hecho de las personas migrantes su señuelo para captar votos y su excusa para recortar derechos de sus nacionales y erosionar su democracia. Sin embargo, confiaba en que las instituciones europeas protegerían a la infancia y su posición reforzada, al menos, en la misma medida que lo hace la ley para garantizar y proteger sus derechos.

Es un hecho que en Europa convivimos con fuerzas políticas que amenazan las diversas democracias que la componen e incluso la propia composición de su unión política y económica. Por eso, debemos ser extraordinariamente responsables y firmes en la defensa de los valores que nos son propios y que robustecen nuestro sistema democrático. Ese rigor debe hacerse efectivo, también, en las formas de comunicación pública. Es imperativo evitar situaciones de desinformación como la vivida, en las que nuestros responsables institucionales y políticos presenta como posible, ante la ciudadanía, un espacio de no derechos para la infancia vulnerable, más propio de regímenes autoritarios que de democracias liberales.

Frente a la insistencia del ejecutivo comunitario europeo y de diversos representantes políticos de nuestro país de que todas las personas menores de edad tienen que ser retornadas, debemos enarbolar la ley: las repatriaciones de la infancia migrante no pueden ser ni masivas, ni colectivas, ni rápidas, ni automáticas, y han de estar supeditadas siempre al interés de la niña, niño o adolescente.

Así lo exige el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería -interés del menor, audiencia, informes preceptivos y garantía de reagrupación familiar o puesta a disposición de servicios de protección-. En similares términos se expresa la Directiva Europea de Retorno. Y el nuevo Reglamento Europeo -aún pendiente de entrada en vigor- mucho más cruel y duro que la directiva que derogará también mantiene y exige la evaluación individual, las garantías procesales y, siempre, valoración del interés superior del menor.

Varias resoluciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo así lo corroboran. Entre ellas, la sentencia que declaró ilegales las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos en 2021 por la “absoluta inobservancia” del procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que exige actuación individualizada, audiencia del menor e intervención del Ministerio Fiscal.

No hay la más mínima señal jurídica a favor del retorno propuesto por algunos de nuestros representantes políticos que, con sus declaraciones, se sitúan en la órbita del negacionismo de los derechos de la infancia en movimiento. Hasta el punto de que sus irresponsables planteamientos pueden estar incitando a la repetición de acciones que ya han sido calificadas como delito, como acredita la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa en las repatriaciones de 2021, en las que el tribunal consideró probado que actuaron “a sabiendas de su injusticia”, sin seguir procedimiento legal alguno, ignorando las advertencias internas de la jefa del Área de Menores, que manifestó su “absoluta discrepancia” porque resultaba imposible la devolución sin sujeción a la Ley de Extranjería, a la legislación de menores y a la Convención de Derechos del Niño.

Parecía existir un consenso, que podría ser clasificado de universal, en torno a la idea de proteger de forma reforzada los derechos de la infancia. Sin embargo, hoy esta máxima está en riesgo. La facilidad con la que la ciudadanía valida la disminución de las garantías en la protección de las niñas, niños y adolescencia migrante bien puede ponerse en relación con un marco de creciente insensibilidad global, propiciado por el influjo de una Comunidad Internacional que, impasible ante los crímenes de guerra contra la infancia gazatí, permite que el genocidio siga su curso. Y así, recibimos el impacto de cientos de imágenes que miramos desde nuestros teléfonos móviles -bebés asesinados, niñas y niños amputados o disparados a bocajarro- que dispara nuestra tolerancia a la barbarie y, con ella, a la normalización de la reducción de los estándares de garantías de los derechos de una infancia abandonada.

La ciudadanía está en riesgo de no percibir -hasta que le toque cerca y ya sea demasiado tarde- que cuando la infancia deja de ser un concepto universal y se divide en categorías, caen los derechos de una infancia detrás de otra. Surge con ello la idea de infancias prescindibles o infancias parcialmente protegidas que rompen el consenso internacional de que todas las infancias se defienden siempre, frente a cualquiera y en toda circunstancia.

Quienes nos reconocemos en el humanismo jurídico llevamos meses advirtiendo que las democracias liberales desaparecerán al mismo tiempo que lo haga el último superviviente del genocidio palestino.

Pero aún no todo está perdido. Hoy, en Europa y en España, frente a la frivolidad de quienes señalan a la infancia migrante con el frío de una Europa que, de momento, no existe, resiste la civilizada ternura del Estado de Derecho Europeo, que no permite que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en movimiento se congelen a la intemperie de nuestras fronteras.

Es posible la paz social, solo, cuando los estados proclaman, reconocen y respetan los derechos humanos y establecen los mecanismos institucionales y procedimentales para hacer valer su aplicación en beneficio de toda persona y bajo toda circunstancia.  

Una sociedad que no reconoce estos derechos básicos evoluciona hacia un colapso moral que, primero, devora violentamente los derechos de los “otros” para, después, arremeter con la misma virulencia sobre los derechos de los “suyos”.

La ciudadanía se juega su proyecto común democrático en los sistemas de aplicación efectiva de estos derechos humanos, de ahí la importancia que tiene que pueda organizarse para detectar cualquier forma de vulneración de estos derechos. Máxime, cuando la experiencia demuestra la dificultad de percibir aquellas formas sistemáticas que se dirigen contra los sectores de población más vulnerables e invisibles -como es el caso de las personas migrantes o muy empobrecidas- y que, de no impedirse a tiempo, funciona, además, como entrenamiento previo destinado a ganar espacio, fuerza, destreza y expandirse contra otros sujetos de derecho.

En esta línea de trabajo, el magistrado Luis Carlos Nieto, desde hace más de veinte años, coordina las “Jornadas sobre Derechos Humanos y Migraciones de Motril” que se celebran anualmente en el mes de abril analizando la realidad de las migraciones forzadas y que se han consolidado como uno de los espacios de observación y reflexión sobre los derechos humanos más importantes de este país.

Estas jornadas abiertas, que fueron premiadas en el año 2024 por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, tienen su origen en las vivencias de las personas migrantes que intentan llegar a las costas de Granada y en cómo el derecho impacta sobre sus cuerpos a través de malas prácticas y lógicas de sufrimiento y exclusión vital, familiar y social.

A lo largo de estas dos décadas, gracias al trabajo de estas jornadas, se ha ido cimentando lo que el fiscal de sala Félix Pantoja acuñó con el nombre de “Espíritu de Motril”, una forma muy seria de entender el derecho que transciende la jerga y el corporativismo de los juristas para empaparse de vida, de emociones y experiencias bajo rigurosas y democráticas lógicas jurídicas de inclusión social, alivio del sufrimiento y reconocimiento pleno de derechos en todas las personas; sin distingos y sin fronteras.

Con vocación universal, el pensamiento de Motril se levanta sobre la ética de los derechos humanos y nos seduce desde el estudio jurídico, el debate riguroso, profundo e inclusivo donde la crítica intelectual siempre precisa de las experiencias de vida compartida y de la participación activa de las personas a las que nuestra sociedad priva de su voz expulsando a los márgenes. 

Y así, el “Espíritu de Motril” profundiza en el buen derecho humanista que, indefectiblemente unido a las experiencias vitales, aspira a contribuir con la cultura del buen vivir que, también, allí, hemos aprendido de las cosmovisiones indígenas de América Latina que nos ofrecen una base ética en la que la actuación individual y colectiva se relaciona de forma interdependiente con la naturaleza que habitamos.

En el momento actual, bajo lógicas anti-derecho, la Comunidad Internacional evidencia un desprecio generalizado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que llega al punto de asistir pasivamente a las prácticas genocidas que sufre el Pueblo Gazatí.

Este hecho revela como, desde el final de la II Guerra Mundial, se hace más necesario que nunca proponer buenas prácticas en derecho. Por eso, desde estas letras, urge elogiar el “Espíritu de Motril” porque, frente a la barbarie a la que asistimos, evoca una legítima promesa de paz que alienta la esperanza en ese buen derecho humanista que se va perfeccionando como origen, camino y destino que salva todas las vidas. 

Este 30 de noviembre, a cinco días de contabilizarse un lustro de incumplimiento continuado del artículo 122.3 de la Constitución Española que prevé la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada cinco años, ocho vocales conservadores de este órgano lo han celebrado firmando un acuerdo con el que han derribado la última piedra que sostenía en pie esa institución.

Ahora todo son cenizas.

Este acuerdo sirve para cumplimentar –de forma no vinculante– la audiencia previa al nombramiento del Fiscal General del Estado propuesto por el Gobierno. Así, en acuerdo mayoritario por diferencia de un voto, los ocho vocales conservadores declaran –por primera vez en democracia– la inidoneidad del candidato propuesto, a pesar de que cumple con los requisitos objetivos exigidos en el artículo 29.1 del Estatuto del Ministerio Fiscal. 

Para ello, los ocho vocales conservadores se han enfangado en un informe partidista en el que, aunque parezca imposible, utilizan datos falsos para fundamentar la pretendida inidoneidad del candidato.

Y si bien esto es gravísimo, además realizan aseveraciones que suponen una injerencia inaceptable en la autonomía del Ministerio Fiscal.

Entre otras inexactitudes se comete un grave error en los datos que refleja este documento en relación con el número de afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el número de propuestas de nombramientos realizados por el Fiscal General del Estado y el número de propuestas de nombramientos en favor de fiscales miembros de la UPF.

Los vocales conservadores aseveran que son 200 los fiscales asociados a la UPF y sostienen que fueron 33 las propuestas de nombramientos realizadas por el Fiscal General del Estado, de las cuales 22 recayeron en fiscales asociados a la UPF. 

Utilizan datos inciertos, ya que son 242 los fiscales asociados, 44 las propuestas de nombramientos y, de estas, 10 recayeron en fiscales afiliados a la asociación progresista.

Pero esto no es todo, también utilizan la misma estrategia de confusión e inducen a error a la ciudadanía al referirse a una suerte de carácter vinculante de los informes del Consejo Fiscal. De esta forma ignoran el artículo 13 del Estatuto Orgánico de los Fiscales que refiere el carácter consultivo y no vinculante del Consejo Fiscal en materia de nombramientos. 

Seguimos con los “errores”.

Los vocales conservadores consideran que es razón también de inidoneidad del Fiscal General del Estado una supuesta omisión en la tramitación del amparo solicitado para algunos miembros de la carrera fiscal. Desatienden de esta forma los firmantes un acuerdo adoptado por la mayoría del Consejo Fiscal que posponía el pleno, sobre esta materia, para un momento posterior a la nueva designación del Fiscal General del Estado. Invadiendo de esta forma, sin reparo, la autonomía del Consejo Fiscal.

En esta línea de intromisión e injerencia en la autonomía de la Fiscalía General del Estado y en el funcionamiento de sus órganos, se arrogan los vocales conservadores del CGPJ una facultad inspectora de la que carecen, llegando a afear el trabajo de la Junta de Fiscales de Sala de nuestro país, que hizo suyas, por unanimidad, las pautas sobre revisión de condenas de la Circular 1/2023 relativa a la Ley del Solo Sí es Sí.

A mayor abundamiento, y como colmo del disparate, el CGPJ atribuye la responsabilidad en la ejecución de una sentencia al Fiscal General del Estado cuando dicha competencia, por tratarse del cese de un fiscal, debe realizarse –como así se ha hecho– por Real Decreto, competencia exclusiva del Gobierno de España.

Para entender el alcance de la gravedad institucional que supone la inclusión de estas ligerezas y errores, basta recordar que este informe tiene como misión cumplir con una función expresamente prevista en el artículo 124.4 de la Constitución Española.

Incluir datos falsos es una estrategia que ya utilizaron –con total frivolidad– estos mismos vocales conservadores, en el voto particular que incluyeron en informe de igual naturaleza en julio de 2022 y en el que bastaba acudir al Boletín Oficial del Estado para la verificación, por ejemplo, de las circulares que decían los firmantes que no habían sido dictadas por la Fiscalía General del Estado.

Ambos informes contienen, además, referencias y posicionamientos sobre procedimientos judiciales en curso, invadiendo y socavando competencias de naturaleza jurisdiccional.

No tengo dudas que esta ha sido la última función de un Consejo General del Poder Judicial caduco y agotado que se devora a sí mismo. Se corrobora el acierto de previsión y obligación constitucional de renovación cada cinco años como forma de evitar que esta institución se convierta en lo que es hoy: un intolerable comisario político.

Se descojonan de nosotras, de las mujeres reales de carne y hueso: de las gordas, las feas, las bajas, las "tetudas", las "planas", las peludas.... Porque todo lo tiene que ver con nosotras y con perpetuar los estereotipos que nos cuelgan, les produce mucha risa

Los chistes y memes machistas existen porque hay hombres a los que, todavía, les parece divertido y gracioso reírse del género femenino. Por eso, cuentan y distribuyen esas pésimas gracietas, que comparten y hacen virales por Internet y que van de boca en boca, tronchando de risa a la España machista.

Montajes que se ríen del tamaño de nuestros culos o tetas, de nuestra desnudez sin depilar o en la ancianidad. Burlas, sin el menor atisbo de ingenio o agudeza, que se ceban con los estereotipos tradicionalmente impuestos a las mujeres. Llegando, en ocasiones, a torturar el humor hasta el extremo de buscar la carcajada con memes sobre violaciones, abusos, acoso en el trabajo o mujeres en situación de prostitución.

Explica muy bien Brigitte Vasallo que la sátira solo lo es, si el que la hace apunta hacia arriba o hacia dentro, porque los chistes que disparan hacia abajo solo pueden ser definidos como humor opresivo.

Opresión, en forma de gracieta, que solo acierta a provocar la risa de los privilegiados que saben que nunca serán abusados o acosados sexualmente en el trabajo, o que no serán obligados a hacer dieta o a depilarse para ser integrados en nuestra sociedad.

Por eso se descojonan de nosotras, de las mujeres reales de carne y hueso: de las gordas, las feas, las bajas, las “tetudas”, las “planas”, las peludas.... Porque todo lo tiene que ver con nosotras y con perpetuar los estereotipos que nos cuelgan, les produce mucha risa.

Pero hoy no me voy a detener, ni en los que comparten y propagan estos desdenes machistas, ni en los que les alimentan con sus risas y ovaciones.

Porque, a mí, lo que más me estimula es reflexionar sobre el poder que tenemos las personas que nos sentimos molestas cuando escuchamos o recibimos en nuestros whatsapp o redes sociales estos chistes machistas.

Por eso hoy, pongo el foco en el poder que se presenta como alterativa a la cadena de silencio que solemos ofrecer como respuesta. Esa cadena con la que preferimos atarnos a la ofensa recibida, antes que provocar un conflicto, escribiendo o diciendo lo que pensamos del chiste, de quién lo hace y de quién se ríe.

Afear esas “bromas” o memes machistas por el mismo medio que nos llegan, y ante el mismo público que se hacen, se ha convertido en un acto heroico.

Y ello se debe, a la consabida y calcada respuestas de estos humoristas de la ofensa. En menos de dos frases simulan que son ellos las víctimas de quienes les afean su machismo. Alegando, para ello, el respeto que ellos sienten por las mujeres en general y sus madres, esposas e hijas en particular. Y concluyendo que, con tanta loca exageración y “piel fina”, en este país no se va a poder hacer chistes ya de nada.

Y así, por arte y magia del patriarcado, se produce el primer efecto, que consiste en que, quien afeó la broma pasa a ser verdugo de la “pobre víctima” que solo quería echarse unas risas.

Sin embargo, pasado el primer soponcio, ese acto de rebeldía, esta fractura de la cadena del silencio, es tremendamente eficaz, porque facilita la reflexión y avergüenza al machista.

Por eso, hoy, invito a la acción de afear los chistes y la cadena de memes machistas de nuestros grupos de whatsapp (del trabajo, del colegio, amigos...). Seamos valientes, porque merece la pena contribuir a erradicar las violencias machistas. Porque eso, no sólo dignifica nuestras vidas... también las salva.

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Inés Herreros es fiscal y preside la Asociación Gafa Lilas contra las violencias machistas.