Vanesa Muñoz es malagueña. Llegó a Fuerteventura para trabajar como enfermera hace 16 años. En tierra majorera nació su hija y se quedó. La foto de perfil de su WhatsApp descubre su pasión por el submarinismo, el único deporte al que ha mostrado una fidelidad continuada durante años. En 2017 se topó con un obstáculo en el camino. Ese año le diagnosticaron cáncer de mama. Dos años después y recuperada, cuenta que “era pequeño, pero, dentro de los cánceres de mama, el más agresivo. Se da en un 10% de las mujeres y es agresivo porque carece de una terapia dirigida”.

Le practicaron una tumorectomía y un tratamiento de quimioterapia y radioterapia durante un año. La respuesta fue buena. Durante ese año trató de mantenerse activa. “Intenté que mi hija no se diera cuenta de lo que estaba pasando. La llevaba a natación y me metía con ella a nadar en la piscina; iba a caminar, corría un poco”, señala. Tras acabar con el tratamiento, siguió con el deporte. “Una vez pasado el cáncer, está demostrado que practicar deporte es lo mejor que hay para prevenir que recidiva. Realizarlo disminuye las posibilidades de una recaída con el mismo tipo de tumor”, explica.

No recuerda si fue por televisión o las redes sociales, como descubrió Todos somos cáncer, un reto de “esfuerzo y superación” para mujeres que han padecido cáncer de mama, han pasado por un tratamiento de quimioterapia y radioterapia y, en su mayoría, han sufrido amputaciones de sus pechos. Serán nueve mujeres, en principio, las que se aventuren a subir la montaña del Atlas marroquí, de la mano del alpinista valenciano y mentor de la iniciativa Salvador Sanchis.

En la web del reto aparecen datos que preocupan: 27.000 nuevos casos de cáncer de mama al año en España y un pronóstico para 2025 de cerca de 30.000, un 12,3% más que en la actualidad. También hay sitio para el optimismo a través de esta iniciativa, cuya finalidad es “devolverle la ilusión a cada una de estas mujeres, que se demuestren a ellas mismas y al mundo que después de una enfermedad tan terrible y años de recuperación pueden realizar lo que se propongan”.

Vanesa se animó a presentarse. Grabó un vídeo, donde contaba lo que le había pasado y por qué se presentaba al reto, y lo envió. Recuerda que lo hizo en Egipto, donde esos días practicaba submarinismo. La respuesta llegó en diciembre. Había sido aceptada. El primer sentimiento fue de alegría. “En aquel momento no pensé ‘madre mía la que se me viene encima’”, comenta.

Destinos de aventura

Asegura ser una aventurera que, desde joven, ha buscado en sus viajes destinos donde compaginar la visita para conocer su cultura con poder practicar algún deporte. Ha estado en Perú haciendo trekking y buceando en África, un continente que ama y al que regresa siempre que tiene opción. Toubkal, techo del Atlas, era una excusa para volver a África.

Esta enfermera explica que, con este reto, lo que quiere demostrar es que después del cáncer sigue habiendo vida. “Se puede continuar adelante e, incluso, estar mejor. Recuperarse y hacer cosas que antes no hacías”. Continúa conversando y asegura que “cuando se está metido en esto, crees que es imposible volver a ser la misma que eras. Los tratamientos son muy agresivos, te cambian física y emocionalmente. Este desafío es una lucha, pero también una ilusión”.

El equipo de mujeres (habrá otra de Canarias y el resto de lugares repartidos de norte a sur de la Península) iniciarán el reto el día 22 de septiembre. Las acompañarán, además de Salvador Sanchis, guías locales, portadores, un cocinero, fotógrafo, médico y enfermera. También contarán con los últimos avances de la tecnología: un GPS vía satélite para que aquellos que lo deseen puedan seguir el reto en tiempo real y, por el cielo, un dron con cámara recogiendo todos los detalles de la aventura.

Durante una semana subirán la montaña de Toubkal y otros picos de la zona como el Ras y el Timesguida, con caminatas diarias, de unas ocho horas de media. Se alojarán durante el trayecto en refugios y casetas de campaña.

Antes de que eso llegue, Vanesa lleva meses entrenando. Ha perdido la cuenta de las veces que ha subido el pico de La Zarza, la montaña más alta de Fuerteventura. Alguna vez también ha pateado hacia la cima de La Muda. Hace caminatas de 14 kilómetros, carreras, bicicleta, apnea… “El entrenamiento y el reto me están demostrando que soy capaz de cualquier cosa. Cuando veo que no tengo ganas de entrenar o me cuesta mucho hacerlo, me digo ‘si con lo que he pasado pude con ello, cómo no voy a poder con esto’ y tiro para delante”, comenta. Además, “la experiencia y todo lo que entrene previamente será bueno para mi cuerpo”, dice esta aventurera.

Cuenta cómo una parte del dinero recaudado en el reto irá destinado a la lucha contra el cáncer, “a aquellas asociaciones minoritarias de la enfermedad, a las que llega menos dinero”. También pretenden hacer un libro sobre el reto para venderlo y recaudar fondos para pequeñas asociaciones.

Vanesa recuerda que cuando estaba enferma y veía a mujeres que habían padecido un cáncer de mama y decían que para ellas era lo mejor que les había pasado en la vida, “pensaba que era imposible”. “No puedo decir que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado, pero tiene cosas positivas, como este reto, conocer al resto compañeras que van a ir, a las que quiero como amigas de toda la vida y solo las conozco a través de WhatsApp, pero es que se crean vínculos, porque todas hemos pasado por lo mismo”.

Por delante tiene otro sueño: Kilimanjaro en 2020. Hace años visitó Tanzania y prometió que volvería al país para subir la cumbre más alta de África. Ya tiene el billete de ida para el próximo año. Antes le espera el ascenso de Toubkal.

Amiga de marea viva

Vanesa Muñoz ha sido la última en incorporarse a las filas de Marea Viva, un club deportivo de Fuerteventura, que ha integrado deporte y solidaridad a través de su participación en pruebas deportivas vinculadas a actos solidarios. Los deportistas de Marea Viva corren, nadan y pedalean para dar visibilidad a asociaciones como Aderis (Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social) o la lucha que lidera la ONG Actays contra TaySachs y Sandhoff, una enfermedad degenerativa, de las denominadas raras, que afecta al cerebro y al sistema nervioso central.

Eran las cinco de la tarde de un jueves de mediados de junio. Ese día Mercedes Fernández recibió una notificación para desalojar la vivienda, propiedad de un banco, que había okupado hacía un año a la desesperada y para evitar que ella y su hijo Alberto, con síndrome de down y un 82 por ciento de discapacidad intelectual, se vieran durmiendo a la intemperie. Si no consigue una solución en breve, tendrá que abandonar la vivienda. No le quedará más remedio que vivir en la calle.

Mercedes de origen palmero, pero se siente majorera. Llegó a Fuerteventura con ocho años y decidió que en la Isla crearía un hogar y una familia. Sin embargo, los sueños se fueron torciendo según iba cumpliendo años: un matrimonio fallido, la muerte de una hija víctima de cáncer con solo 14 años y el nacimiento de su tercer hijo con síndrome de down le fueron echando por tierra las ilusiones.

La crisis económica tampoco se saltó a Mercedes. Después de años trabajando como dependienta en un centro comercial fue despedida. La respuesta fue la crisis y la solución, irse al paro. Luego, vendría una sustitución en el servicio de ambulancias del 112 y, de nuevo, el paro. Era 2012, las empresas echaban el cierre, la cola del desempleo aumentaba y Mercedes no encontraba soluciones, salvo pedir ayuda a los Servicios Sociales.

Un verano de hace tres años, la mala suerte volvió a sacudir a esta mujer. Explica cómo se le incendió su casa en el barrio de El Charco y el techo se desplomó. “Acudí a Servicios Sociales en busca de ayuda, pero no hicieron nada. Decían que no había viviendas, ni ayudas de emergencias en ese momento y que el tema no era competencia de ellos”, recuerda. Al final, “me vi sola durmiendo en el suelo en casa de unos amigos durante un mes y con mi hijo”, recuerda. La situación se hizo insostenible, después de un mes durmiendo en el suelo, y tuvo que optar por un alquiler compartido con varias personas. En el nuevo hogar los problemas de convivencia no tardaron en llegar.

La situación estaba afectando al estado de ánimo de Alberto y Mercedes tuvo que buscar ayuda antes de terminar durmiendo en la playa.

Sin soluciones al frente, sólo encontró algunas voces que le animaron a meterse de okupa en alguna de las viviendas vacías. “Tenía miedo. No quería hacerlo porque sabía lo que podía pasar. Era consciente de que, antes o después, acabaría en la calle”, comenta. Sin embargo no le quedó más remedio: “Me vi en un momento en el que me dije ‘como no me meta ahora en una casa, mi hijo duerme esta noche en la calle’”.

Mercedes relata cómo vivió todo aquel cambio. “Avisé a una gente, ellos hablaron con otra persona y me dieron la llave de una casa, propiedad de un banco, en Puerto del Rosario”, dice.

Una noche de 2018, ella y Alberto entraron en la vivienda. Se encontraron con una casa inhabitable con un agujero en el techo, los cables por todas partes, las paredes sucias y con una plaga de cucarachas de compañeras de piso.

La mujer empezó a contar su situación a través de Facebook. Pronto aparecieron amistades virtuales dispuestas a ayudarla. Unos trajeron comida y otros le ayudaron a arreglar los desperfectos de la vivienda hasta convertirla en un hogar.

Tras llevar sus cosas, acudió a la Comisaría de la Policía Nacional. “Avisé de que me había metido de okupa en una casa y también fui a Servicios Sociales del Ayuntamiento a comunicarlo. No sé si pensaron que era una solución, un problema menos”, indica.

Sin recursos

Mercedes y su hijo viven con 268 euros al mes. Es lo que recibe Alberto de su paga de dependencia. La mujer no encuentra empleo desde hace años. Tampoco sabe con quién dejaría al joven si la llamaran para algún trabajo. Además de su discapacidad intelectual, el chico sufre apneas y no puede hablar desde que padeció una meningitis que le afectó a las cuerdas vocales. “Cuando cuento todo esto, a la gente le da miedo hacerse cargo de él”, asegura. Ella tampoco está bien. Hace un año tuvo un carcinoma. El tratamiento contra el cáncer le produjo una vasculitis que, cada cierto tiempo, le ocasiona hemorragias.

Cuando pensaba que la situación no podía complicarse más, apareció una notificación de desahucio. Sabía que la orden de desalojo llegaría, “pero como no molesto a nadie y no hago ruido ni nada, aparentemente estaba tranquila. Era consciente de que llegaría ese momento, pero no tan rápido. Sé de mucha gente que está de okupa desde hace años y aún no han recibido notificación”, explica.

Ha intentado llegar a un acuerdo con el banco para tramitar un alquiler social. “Pero yo soy una okupa y no quieren saber nada, sólo que me ponga en la calle”, dice. Ha acudido a Servicios Sociales del Ayuntamiento, pero no le dan solución. Le dicen que los desahucios “no son competencia de ellos” y que no tienen viviendas sociales donde alojarlos. Ha intentado reunirse con el alcalde, pero aún espera por la cita. También por que le notifiquen quién será su abogado. “Mi hijo es el motor que me levanta todos los días. La solución no es meterlo en un centro. Conozco experiencias ‘momentáneas’ de padres que aún están en los juzgados para que les devuelvan a sus hijos”

“No veo solución ninguna”, lamenta. Sus cosas están en cajas a la espera del juicio. Sabe que se irá en breve a la calle. No puede pagar un alquiler con 268 euros y mantenerse ella y su hijo. Las ayudas no llegan y tampoco una oferta de trabajo. “La única opción es meterme en otra casa para que vuelva a pasar lo mismo y vuelvan a echarme a la calle”, dice resignada.

Sin embargo, sabe que esa no es la solución. “Lo único que pido y quiero es que a quien le competa este tema haga algo o tramite con el banco. Que pueda hablar con ellos y me pongan un alquiler social o una vivienda porque las hay”, insiste.

Precisamente, el último censo de población y viviendas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, hace ocho años, señala que en Fuerteventura había 53.942 viviendas. De ellas, 8.142 estaban vacías, prácticamente la mitad, en Puerto del Rosario: 3.941. Si se tiene en cuenta la crisis económica que se desató en 2008 y cómo esta paralizó casi por completo la construcción de viviendas en la Isla, a grandes rasgos la situación no ha variado demasiado. Además, la construcción de grandes promociones privadas no ha vuelto a ponerse en marcha.

Por otro lado, el anterior Gobierno de Canarias diseñó un plan de vivienda hasta 2022, pero con pocas medidas específicas para Fuerteventura. El Ejecutivo regional inició los trámites para la construcción de 200 viviendas en Arrecife. Sin embargo, para Fuerteventura no hay un proyecto de esa envergadura. Además, la iniciativa del Gobierno de Canarias para adquirir 180 viviendas, ya construidas, en toda la comunidad autónoma, apenas contempla comprar 25 en Fuerteventura.

A Mercedes no le asusta acabar durmiendo en la playa, pero le preocupa su hijo. “Me sugirieron la opción de ponerlo en un centro, de forma provisional, hasta que se solucione la situación”, pero se niega a ello. “Mi hijo es el motor que me levanta todos los días. La solución no es meterlo en un centro. Conozco experiencias que iban a ser momentáneas y aún están luchando en los juzgados para que les devuelvan a sus hijos. Por ahí no paso”, sentencia.

Mientras Mercedes relata su historia, Alberto apura su refresco. De vez en cuando, levanta la mirada y sonríe. Vive ajeno a todo, aunque en los últimos días está algo nervioso al ver a su madre metiendo las cosas en cajas. Tampoco sabe que él y su madre están denunciados por el banco por haber okupado una vivienda de su propiedad. A cada uno de ellos, la entidad bancaria le pide 1.000 euros. 2.000 en total. Mucho dinero para quienes no saben dónde dormirán en unos días.

Era viernes por la noche. Ese día un grupo de jóvenes magrebíes empezaba a acariciar el sueño europeo. Estaba previsto salir de la playa de El Aaiún en una patera rumbo a Canarias. En principio, sería un viaje más, por la ruta hacia Europa, que dos saharauis abrieron el 28 de agosto de 1994, siguiendo la luz del Faro de La Entallada, en Tuineje. Sin embargo, esta vez sería diferente. La embarcación se hundió a 300 metros de la costa y nueve de sus tripulantes terminaron ahogados en una playa de Morro Jable. Era el primer naufragio documentado de una patera que se dirigía a Canarias. Era el 26 de julio de 1999.

Este mes de julio se cumplen 20 años del hundimiento de la primera patera en aguas de la Isla. En ella, murieron nueve jóvenes de la zona de Guelmín, una zona rural del sur de Marruecos. La cifra de tripulantes bailó entre 14 y 21 aquellos días. Los supervivientes aseguraron haber pagado 4.000 dirhams, unas 70.000 pesetas, por subirse a una embarcación de apenas 6 metros de largo con un motor de 15 caballos.

También contaron que el encargado de acercarlos al sueño europeo era Abdoula, un marroquí acostumbrado, tal vez, a realizar en otras ocasiones el viaje. Sin embargo, esta vez se equivocó. En vez de desembarcar por alguna de las playas próximas al Faro de La Entallada, se fue más hacia el sur, hacia Morro Jable.

El periodista grancanario Pepe Naranjo daba a conocer aquellos días en el periódico Canarias 7 algunos detalles del naufragio a partir del testimonio de los supervivientes. Al llegar a Morro Jable, el supuesto patrón “quiso huir de la presencia de la gente, no desembarcar por el muelle, así que decidió retroceder. Fue en ese momento cuando la patera chocó contra una roca, se desestabilizó y un hombre cayó al agua. En un intento desesperado por salvarlo, los ocupantes de la embarcación corrieron a la borda por donde cayó y la patera volcó para no volver a salir a flote”.

Pepe Naranjo escribe estos días para el diario El País sobre el virus del ébola y su expansión por la República Democrática del Congo donde la epidemia se ha cobrado 1.500 vidas desde agosto. Desde África recuerda otra de las grandes tragedias del continente africano: la emigración y la muerte de miles de personas intentando llegar a Europa, muchas de ellas en aguas canarias.

“Aquel naufragio fue como un golpe en el estómago. Desde hacía algunos años venían llegando embarcaciones a Fuerteventura y Lanzarote con jóvenes migrantes, pero nunca había ocurrido ninguna tragedia, que supiéramos. Desde aquel día, tuvimos la constatación de que, además de la incomodidad o el laberinto legal posterior con riesgo de expulsión y la situación de irregularidad, se estaban jugando la vida”, comenta.

Este periodista especializado en migraciones recuerda las imágenes grabadas por Gerardo Jorge para TVE de un cadáver empujado por las olas en la playa de La Señora: “Aquello me impactó. Pero sobre todo la imagen de siete cadáveres tirados en el suelo de la cofradía de pescadores de Morro Jable”.

Naranjo titulaba una de sus informaciones Ruleta macabra en la morgue de Fuerteventura donde contaba cómo familiares y amigos de los desaparecidos, residentes en las islas, se acercaban hasta la morgue del Hospital de Fuerteventura con el estómago encogido, temiendo encontrar a alguno de sus conocidos entre los muertos. Recuerda cómo “algunos salían con la alegría de que no estaba allí su hermano, primo o amigo y otros con todo el dolor grabado en el rostro. Por primera vez, Canarias vivía de cerca el drama migratorio”, dice.

Los motivos por los que aquellos jóvenes decidieron subirse a una patera se fueron para siempre con ellos. Pero este periodista, con más de 20 años a sus espaldas cubriendo historias de migraciones, asegura que “siempre coincide en una gran falta de expectativas en su pueblo de origen, unido a la existencia de una idea generalizada de que al otro lado del mar y en la patera están las soluciones que no encuentran en sus países”.

Los jóvenes procedían de Guelmín, un pueblo cerca de Sidi Ifni, bajo jurisdicción española hasta la proclamación del nuevo reino independiente de Marruecos. Allí los jóvenes, la mayoría de ellos muy humildes, trabajaban en las minas de fosfatos, en la agricultura o estudiaban hasta que alguien les metía en la cabeza la idea de empezar una nueva vida en el continente vecino.

Gritos en el agua

Otra de las personas que vivió aquellos días el proceso de búsqueda y rescate de los cuerpos fue el jefe de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, Fran Torres. Por aquel entonces, Fran era un trabajador de banco que dedicaba su tiempo de ocio a temas de salvamento en el municipio de Pájara.

Torres recuerda cómo recibió la llamada de un compañero, el patrón Antonio Morcín, que le indicaba que se había recibido un aviso por parte de gente que estaba de acampada en la playa de Las Coloradas. Le decían que había llegado una patera y que habían escuchado gritos en el agua de madrugada. Al día siguiente, se activó un dispositivo de búsqueda en la zona.

Este especialista en salvamento explica cómo empezaron a encontrar cuerpos en el fondo del agua, “un fondo de arena limpia y tranquilo, con unos cuatro metros de profundidad. Los cuerpos los íbamos sacando con gafas y tubo, ni siquiera con equipos de buceo. Me llamaba la atención el brillo de las latas que traían con comida para la travesía. El brillo nos iba marcando el sitio donde podían estar los cuerpos”, recuerda.

En sus recuerdos también está la imagen de un niño, no debía tener más de 14 años, flotando. “Eran críos que se ahogaron en un palmo de agua porque entraron por el lado equivocado de la playa. Creo que desde la patera vieron las luces de la gente que estaba acampada y se alejaron hacia el sur, unos cien metros, y ahí tocaron con piedras y volcaron”.

La playa de la Señora, en Morro Jable, se llenó esos días de embarcaciones, helicópteros de rescate y miembros de Salvamento que sacaban del mar cuerpos sin vida. Hasta ese entonces, lo común había sido rescatar a algún turista ahogado o a un pescador en apuros. La imagen de aquel final de julio contrastaba con la de los turistas europeos que, cerca de allí, intentaban regresar a sus hogares algo más bronceados.

El fotógrafo Juan Medina trabajaba por aquel entonces para la Agencia Efe. Desde 1998 documentaba la llegada de pateras a las costas majoreras. “Fue un hecho verdaderamente dramático. Era la primera vez que se tenía constancia de pérdidas de vidas humanas, prácticamente, en las playas de la Isla. Se conocía que muchas pateras se perdían o naufragaban, pero no había constancia de ello”, explica.

Este fotoperiodista recuerda cómo, en este caso y en un montón de ellos más, “la gente de a pie reaccionó de forma muy solidaria. Desde el sur al norte, a Pozo Negro o cualquier otro pueblo llegaban muchísimas pateras y la gente siempre arrimó el hombro, dio ropa seca y hubo un plato de comida”.

Medina trabaja en la actualidad para la Agencia Reuters. Realiza infinidad de coberturas, pero cada vez que tiene la oportunidad regresa al fenómeno migratorio. Hace unas semanas estuvo en Motril (Granada) donde un ferry que iba de Marruecos a Motril tuvo que rescatar a 20 personas de una patera en la que viajaban 40. Los otros 20 estaban desaparecidos. “Como profesionales tenemos que seguir prestando atención. Una vez que se conoce el tema, no se puede mirar hacia otro tema”, indica.

El fotógrafo señala cómo aquel episodio en la Isla “pasó de ser un hecho puntual y luctuoso a un drama estructurado”. El hundimiento de la embarcación abrió paso a un goteo de muertes y naufragios en Fuerteventura, un territorio que algunos bautizaron como el nuevo cementerio de África.

Un goteo incesante

Tras la llegada, el 28 de agosto de 1994, de dos saharauis a la playa de Las Salinas del Carmen hubo que esperar hasta el 6 de febrero de 1995 para ver llegar una nueva embarcación, esta vez a Caleta de Fuste. Tras ellas, llegaron otras. Luego muchas más. Comenzaron a llegar menores, mujeres, algunas de ellas embarazadas o con recién nacidos. Más tarde, embarcaciones, que partían desde Nuadibú o Saint Louis con subsaharianos a bordo de Costa de Marfil, Malí, Guinea Conakry, Ghana, Nigeria... Eran los tiempos de personas hacinadas en la antigua terminal del Aeropuerto, ocultos a la mirada de los periodistas, y la de las lápidas de cemento en los cementerios donde se leía inmigrante sin identificar.

“Todo aquello supuso, quizás, el mayor reto político, social y humano para el Cabildo”, afirma Natividad Cano, en aquellas fechas consejera de Asuntos Sociales de la institución insular. Recuerda lo difícil que fue enfrentarse a un problema “totalmente desconocido, no sólo a nivel político sino también por parte de la población”. Los inmigrantes llegaban a una Isla con infraestructuras insuficientes para la población local.

Cano recuerda episodios como el de la patera de Morro Jable, que “difícilmente he podido olvidar a pesar de los 20 años que han trascurrido. Fueron muchas las pateras que terminaban contra las rocas de nuestras costas y fueron muchos los inmigrantes que murieron, no sólo a lo largo de la travesía, sino incluso en la propia llegada a la costa”.

Eran, continúa, “hechos terribles en los que lo único que podíamos hacer era darles una sepultura digna y poco más”. Se trataba de ir dando soluciones sobre la marcha, buscando traductores para hacer frente a la barrera del idioma, espacios donde alojar a los menores y cementerios donde dar sepultura a los muertos. Natividad concluye asegurando que “si se volviera a presentar un repunte tan fuerte como el anterior, nos encontraríamos con que seguimos prácticamente en la misma situación, faltando recursos”.

Homenaje a las víctimas

La Asociación Entremares y Raíz del Pueblo homenajearán a finales de julio a los muertos en la patera de Morro Jable en 1999. El homenaje se iniciará el 25 de julio con la proyección del documental El Naufragio, 30 años de memoria sumergida con guion del periodista Nicolás Castellano. Será en la antigua Universidad Popular, en Puerto del Rosario. Tras la proyección, habrá un coloquio donde intervendrán Nicolás Castellano, el también periodista José Naranjo, el fotógrafo Juan Medina, el jefe de Seguridad y Emergencias del Cabildo majorero, Fran Torres, e Issa Sidibe, superviviente de un naufragio en Fuerteventura.

El documental volverá a proyectarse en Raíz del Pueblo, en La Oliva, el 26, y un día después en la Casa de la Juventud de Morro Jable. A las 12.00 del mediodía también se realizará, el día 27, una ofrenda floral al mar y se rezarán oraciones a las víctimas en la playa de la Señora, en Morro Jable.

Denunciar el maltrato a las mujeres, el abandono de menores o la falta de gobernabilidad de las administraciones obligó a Sandra Osorio, defensora de los derechos humanos y líder social en Colombia, a huir de su país en 2017 y convertirse en solicitante de asilo en España. “El miedo a no tener oportunidades y a no ser yo fue lo que me obligó a emigrar”, afirma.

Amnistía Internacional considera Colombia como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. Los principales afectados son aquellos que ejercen liderazgos comunales, indígenas, afrodescendientes y quienes defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado. Según la Defensoría del Pueblo, 311 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018.

Sandra Osorio tuvo que huir a Ecuador en 2016 en busca de protección internacional para no acabar como algunos de sus colegas. La condición de refugiada no le llegó y tuvo que regresar de nuevo a Colombia hasta que pudo viajar a España.

Sin embargo, la historia de esta mujer arranca en Quindío, uno de los departamentos del Eje cafetero colombiano. Allí vivió una infancia feliz junto a su familia y una adolescencia marcada por la muerte de su padre, hace ahora 23 años.

Quindío experimentó la prosperidad de ser una zona cafetera hasta que la violencia apareció por la puerta y los desgobiernos empezaron a campar a sus anchas. Quindío y su capital Armenia habían vivido al margen de las guerrillas. El departamento cafetero era la cuna de grandes líderes como el cofundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Manuel Marulanda Vélez. Ese privilegio, tal vez, la había librado del conflicto guerrillero que amenazaba a otros departamentos del país.

La bonanza cafetera convirtió a Quindío en un refugio para los colombianos de otros departamentos que sí sufrían las consecuencias de la guerrilla. Se calcula que más de 7,7 millones de personas han sido víctimas de desplazamientos internos desde 1985, como consecuencia del conflicto armado. A ello se une el reto humanitario que vive Colombia, tras convertirse en el primer receptor del éxodo venezolano.

Sandra explica cómo la llegada de miles de personas a Quindío fue acrecentando los problemas sociales, la drogadicción, la prostitución y cómo se crearon cordones de pobreza y miseria alrededor de la ciudad. Como consecuencia, las industrias y empresas han hecho las maletas y se han ido a otros lugares.

La situación animó a Sandra y a un grupo de amigos a empezar a trabajar en la zona a través de la Organización Comunal, una instancia a través de la cual las comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios, a través de la participación. Se estructura a través de la Junta de Acción Comunal, conformada por líderes sociales y políticos de la zona, y su trabajo se centra en conocer las necesidades de la comunidad, intentar mejorar su calidad de vida y actuar como voceros ante las administraciones.

La joven recuerda cómo consiguieron “con esfuerzo” llegar a ciertos estamentos públicos y ser parte activa de Unidad Nacional, el partido de la U como se le conoce comúnmente, fundado por el expresidente Álvaro Uribe y con el que Juan Manuel Santos consiguió la reelección en 2014.

Poco a poco, los organismos comunales fueron ganando terreno en los departamentos de Colombia hasta que “empezaron a sufrir la persecución, no por parte de grupos armados de la guerrilla, sino de la delincuencia común por denunciar ciertas cosas”, recuerda esta defensora de los derechos humanos.

Cuenta cómo denunciar cosas tan básicas como el maltrato a la mujer, el abandono de menores, la falta de gobernabilidad de la administración frente a las comunidades o que no se invierta en un barrio por ser de un partido o de otro tienen un precio en Colombia.

El acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano no ha cesado la violencia en algunos de los departamentos del país. Quindío siguió después del acuerdo recibiendo los reductos de las FARC. “Esa gente que, supuestamente, quedó tras el proceso de paz y que no sabe otra cosa más que delinquir”, denuncia Sandra.

La joven empezó a ser testigo de episodios de violencia en su comunidad. Recuerda cómo vio matar a un vecino, con el que trabajaban para intentar apartarlo de la droga, a unos metros de ella y a plena luz del día, mientras el resto del pueblo oía misa.

La activista fue opositora a los acuerdos de paz de 2016. Deja claro que no se oponía a ella sino a la forma que se le quería dar. “Yo no puedo plantear una paz cuando el ciudadano común va en desigualdad frente al que ha empuñado un arma y al que luego le darán muchos beneficios como una vivienda y educación”, manifiesta.

Explica cómo, tras estudiar los acuerdos de paz, había cosas que no cuadraban. Por ello, Sandra y otros miembros de la Junta de Acción Comunal decidieron salir a la calle a explicarle al pueblo los motivos por los que no se podía votar el referéndum. Todo aquello le salió caro y tuvo que marcharse a Ecuador. Allí, se cansó de esperar que se admitiera a trámite su solicitud de asilo.

Finalmente, decidió emigrar a España. En una cafetería de Puerto del Rosario explica, mientras intenta entretener a su hijo de ocho meses y que las lágrimas le dejen seguir el relato, que cuando emigró fue “por el miedo a no tener oportunidades, a no ser yo”. Atrás dejaba, “lo que más quería, a mi madre”.

El 19 de septiembre de 2017 llegó a Galicia. Tres semanas después, solicitó asilo en la capital de Asturias, Oviedo. Allí, las cosas no le resultaron tan fáciles como pensaba que serían cuando decidió irse de Colombia. Al final, hizo de nuevo las maletas y viajó a Fuerteventura en busca de alguna oportunidad.

Según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de 2018, Colombia es, tras Venezuela y Siria, el tercer país solicitante de asilo en España, con datos de 2017. Ese año, 2.460 personas procedentes de Colombia solicitaron asilo en España.

A principios de diciembre de 2017, Sandra obtuvo la tarjeta blanca, que indica que se ha solicitado la protección y que dicha solicitud está en proceso de admisión a trámite. En enero, la roja, el documento que certifica que se ha admitido a trámite la solicitud de asilo.

En todo este tiempo, la vida de Sandra no ha sido fácil, a pesar de llevar una cartulina roja que, en principio, le asigna una serie de derechos. “Los que tenemos una solicitud admitida a trámite estamos en stand by. No somos residentes, pero tampoco irregulares”, asegura.

La ley que regula el asilo y la protección internacional señala que se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar sus necesidades básicas en condiciones de igualdad.

“Pero desafortunadamente en Fuerteventura no hay recursos. He tenido colaboración de los Servicios Sociales, que han sido muy buenos, pero en otras cosas como la ayuda para el alquiler de un piso se complica”, comenta. El pago del alquiler más la fianza que piden los caseros son obstáculos que Sandra no puede sortear sin trabajo, madre soltera y a la espera de que nazca su segundo hijo.

Cree que las autoridades frente al tema del asilo “tienen un desconocimiento total. Al tener la tarjeta tenemos las mismos derechos y deberes que un español, pero las entidades no conocen la ley”, lamenta. En Fuerteventura, a veces, se le han abierto las puertas y ha podido trabajar como camarera, dependienta, asistenta de hogar… Pero no siempre ha cotizado en la Seguridad Social.

Sandra comenta que, a pesar de todo ello, en la Isla ha recuperado muchas cosas que creía tener perdidas como el sentimiento de solidaridad. “Después de tanto tiempo trabajando con la comunidad, recibes desengaños pero, cuando he visto aquí la solidaridad con la que me han tratado, he creído que aún en el ser humano hay mucho que rescatar”, dice.

Entre las cosas buenas que ha encontrado en Fuerteventura está haberse topado con el Partido Socialista de Libre Federación. La organización política, formada por latinos residentes en Fuerteventura, concurrió a las elecciones del pasado 26 de mayo con candidatos al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

A través de una antigua jefa, también colombiana, Sandra conoció la existencia del partido. Quedó para tomarse un café con los fundadores y cuando se levantó de la mesa ya sabía que se metería de lleno en este partido que lucha por los derechos de la población inmigrante. Uno de sus fundadores, Estervino Adame, de origen dominicano, no tardó en abrirle a ella y a su hijo las puertas de su casa.

Sandra se sintió identificada con el lema del partido (De todos para todos) y con sus propuestas de sanidad, empleo y vivienda no sólo para la población inmigrante. “También queremos trabajar para los españoles que sufren los mismos problemas que nosotros, como la falta de empleo o de una vivienda”, manifiesta la activista.

“Sentí que, a través de ese partido, estaba haciendo lo mismo que en mi país: mejorar la calidad de vida de todos los habitantes”, cuenta esta mujer que fue candidata al Concejo de Armenia en 2015 por la Unidad Nacional y, más tarde, militante del Centro Democrático. Con el partido ha recuperado las ganas de seguir adelante. A veces, la ilusión desaparece. Es cuando recibe la noticia de que alguno de sus compañeros de Colombia ha sido asesinado.

Elías nació hace 26 años con una sordera que le produce una discapacidad del 56%. En el momento de su nacimiento, Fuerteventura vivía muy alejada de la realidad que viven las personas con discapacidad auditiva. Su madre, Lydia Pérez, cuenta cómo el chico aprendió en el colegio, con ayuda de logopedas, “un lenguaje de signos muy básico” que le ha impedido comunicarse de mayor con total libertad. “No había asociaciones, ni siquiera conocía otras madres con las que compartir experiencias y reclamar mejoras”, lamenta

En mayo de 2013 el joven entró en prisión acusado de un delito con arma blanca. Luego fue puesto en libertad a la espera de juicio y en 2016 volvió a la cárcel para hacer frente a una condena de diez años. A pesar de tener un intérprete de lengua de signos en el momento del juicio, Lydia insiste en que su sordera y el desconocimiento de la lengua de signos limitó su defensa. “Creo que no estaba entendiendo todo lo que le decían”, dice. 

Su madre recuerda, años después, cómo la llegada de Elías a prisión fue muy dura. A pesar de llevar un implante coclear, no podía comunicarse con facilidad con los funcionarios y el resto de presos. “Él no sabía de qué iba aquello. Dónde quedaba nada, ni siquiera el economato. Entraba en algo nuevo y encima con la falta de audición. Un funcionario me llegó a decir que el miedo era si algún día hubiera que evacuar el centro y él no se enterara y eso me preocupa”, comenta.

Sin locutorio

Aún continúa teniendo limitaciones que le impiden ser igual al resto de reclusos. Dificultades para seguir el funcionamiento de los talleres que se imparten en el centro, problemas a la hora de comunicarse con la trabajadora social y el médico e, incluso, a la hora de recibir visitas en el locutorio. No puede usar el telefonillo porque es incapaz de oír la conversación. Mientras otros internos pueden tener más visitas al mes, él sólo puede ver a la familia en el vis a vis y eso está permitido una vez al mes.

Tampoco puede usar el teléfono de prisión para llamar a la familia cuando necesita que le lleven algo a prisión. Según Lydia: “Cuando quiere algo tiene que comunicarse con nosotros y tiene que ser a través de carta, pero a veces tarda en llegar a mi casa hasta 15 días y eso es muchísimo tiempo si necesita algo urgente”.

Ahora Lydia y su marido han iniciado una lucha para intentar que su hijo tenga accesibilidad dentro del centro penitenciario. A través de la consejera de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, Silvia Peixoto, entraron en contacto con la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor) cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de sus familiares.

La directora técnica de Funcasor, Verónica Rodríguez, cree que la mejor herramienta para que Elías tenga accesibilidad en prisión es a través de la figura del intérprete de lengua signos o de un mediador comunicativo, dos o tres veces a la semana. “Es lo más factible para que él pueda aprovechar el recurso aprendiendo la lengua de signos y a la vez el intérprete sea el puente de comunicación en los talleres que ofrece el centro”, explica

El día a día de Elías en la prisión de Tahíche está rodeado de barreras de comunicación. Verónica insiste en que la mejor forma para la reintegración de este tipo de personas es que se pueda relacionar con los compañeros, aprender algún oficio o asistir a un taller y subraya: “La comunicación es la base de todo y si la tiene limitada estos años luego va a tener una difícil reinserción en el futuro”.

Además, advierte de que los problemas de comunicación con toda la comunidad del centro, día tras día, pueden ocasionar daños a nivel psicológico. Después de tanto tiempo así, “dudo que tenga a día de hoy una buena salud mental”, apunta esta profesional.

Funcasor ha presupuestado el proyecto de asistencia de un intérprete de mayo a diciembre, pero lo ideal sería contar con una financiación durante todo el tiempo que Elías permanezca ingresado en prisión. En el mes de octubre solicitaron ayuda al Cabildo. Allí les derivaron al Ayuntamiento de Antigua, municipio donde reside la familia del joven. Tramitaron la solicitud, pero la respuesta sigue sin llegar. Desde Funcasor reclaman que las administraciones “se pongan las pilas” con este tipo de situaciones y recuerdan que son ciudadanos que ya de por sí sufren un aislamiento que se agrava cuando entran en una prisión.

En el futuro, la familia y Funcasor se plantean otra línea a trabajar con la dirección del centro penitenciario. Se trataría de poder contar con un intérprete al que recurrir en momentos puntuales para dar respuesta a situaciones concretas como las visitas al médico, los encuentros con la trabajadora social o, llegado el caso, si necesitara asistencia psicológica. Se persigue evitar que esté expuesto a una incomunicación completa.

Dos años sin revisar el implante coclear

La última vez que Elías acudió a una revisión del implante coclear fue antes de entrar por segunda vez en prisión en 2016. La directora técnica de Funcasor, Verónica Rodríguez, insiste en que un implante coclear necesita una programación, una estimulación y una rehabilitación logopédica que no se tiene en la cárcel y puede ocasionar que el implante no funcione correctamente.

Para hacer esa programación y la valoración de cómo va el implante coclear tiene que acudir a la Unidad de Hipoacusia del Hospital Insular de Gran Canaria. La familia y Funcasor están viendo con el centro penitenciario cómo hacer para que el joven acuda a revisión y poder realizarle los ajustes y la estimulación del aparato.

Hay tres tipos de artrópodos más en la isla de Fuerteventura. Y han aparecido en el Saladar de Jandía, único humedal canario reconocido en el mundo. Se trata de tres nuevas especies de invertebrados descubiertas en este singular paraje natural del sur de la isla de Fuerteventura, y dados a conocer como una de las principales conclusiones del Estudio de la Fauna de Artrópodos del Saladar de Jandía, realizado por dos biólogos canarios.

Los responsables del estudio, el biólogo del Laboratorio de Entomología Aplicada del Centro de Investigaciones Forenses (CIFOR) y del Grupo de Investigación Tarha de la Universidad de las Palmas, Néstor López, y la bióloga del Laboratorio de Entomología Aplicada del Centro de Investigaciones Forenses, Clara Patiño, estuvieron desde julio a octubre de este año recogiendo muestras en el Saladar de Jandía. 

Néstor López explica que entre los objetivos de este trabajo, encargado por la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, estaba “realizar por primera vez un estudio sistemático de los artrópodos del saladar”. El proyecto permitiría sacar a la luz las especies endémicas existentes y también detectar las invasoras “cuya presencia es común por la proximidad del saladar a un núcleo turístico en el que se están introduciendo plantas ornamentales”.

Otro de los objetivos era detectar especies que, por sus singularidades ecológicas, pudieran ser utilizadas como bioindicadores zoológicos para actuar como termómetro y conocer el estado de salud del saladar. También se colocaron trampas especializadas para cazar el mosquito Aedes aegypti, trasmisor de enfermedades como el dengue, después de que en diciembre de 2017 se decretara la emergencia sanitaria al encontrar mosquitos de esta especie en el barrio de Las Granadas, en Puerto del Rosario. “Se capturaron otro tipo de mosquitos en el saladar, pero no el Aedes aegypti”, explica el biólogo.

Tras cuatro meses de trampeo y búsqueda de artrópodos, los dos biólogos regresaron a Gran Canaria con muestras de 152 especies distintas de las que 28 son endémicas del archipiélago. La principal sorpresa ha sido poder citar tres tipos de artrópodos desconocidos hasta ahora en Canarias: la avispita Meria vonizongo, natural de Madagascar, el coccinélido o mariquita Parexochomus nigromalucatus de distribución Paleártica y el escarabajo del género Protaetia sp. 

Para Néstor López poder citar estas tres especies de artrópodos por primera vez en el archipiélago canario supone “un gran descubrimiento y más si tenemos en cuenta el poco tiempo que duró el muestreo, tres meses, y lo restringido del área prospectada”.

A la espera de resultados definitivos, el biólogo se atreve a citar en el Saladar de Jandía nueve especies de las que hasta ahora se desconocía su existencia en la isla. Por delante aún quedan horas de laboratorio, pero de algunas de ellas ya no hay lugar a dudas como la avispita parásita de las cucas (Evania appendigaster), un grillo endémico, el Cycloptiloides canariensis,  el ichneumónido Syzeuctus baezi, hormigas del género Lepisiota sp. y dos especies distintas de embióteros.

También han encontrado algunos candidatos para ser utilizados como bioindicadores zoológicos para conocer la salud del saladar. “Tenemos algunos candidatos aunque aún no podemos aventurarnos a determinar si podrían ser utilizados ya que, entre otras cosas, deben ser fácilmente identificables. Seguiremos trabajando”, apunta el biólogo. 

Durante el muestro para el que se utilizaron trampas de luz, mangueo, paraguas japonés y trampas de caída también se recogieron muestras de especies invasoras como la hormiga argentina (Linepithema humille) y otras de los géneros Lepisiota sp.

Especies en peligro

El biólogo de la Universidad de Las Palmas asegura que la cercanía de los complejos hoteleros del núcleo de Morro Jable, donde se han introducido especies vegetales de interés ornamental en sus jardines, puede ser el origen de la presencia de estas especies en el Saladar de Jandía. Según López algunas “resultan potencialmente invasoras”.

El especialista alerta del peligro que suponen para el saladar y las especies endémicas que en él habitan. “Desarrollan una notable influencia sobre las especies locales con las que compiten por los recursos disponibles en un saladar con pocos recursos alimenticios”, subraya.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el saladar, único humedal canario reconocido dentro del Convenio Ramsar, es la introducción de grandes poblaciones de mamíferos, especialmente de ardillas morunas, “cuya alimentación se basa, en parte, en el consumo de artrópodos y otros invertebrados”, recogen los biólogos en el estudio.

A ellos se suman otros vertebrados que campan a sus anchas por el saladar como el erizo moruno, “cuya presencia constituye un problema a destacar ya que preda sobre todo tipo de invertebrados”, señala López. Tampoco se libra el Saladar de Jandía de otros inquilinos como el gato, que no suelen predar sobre pequeños invertebrados pero sí sobre los de mayor tamaño, los conejos, ratas y ratones que “influyen directamente sobre las especies vegetales y las características fisiográficas del entorno ya que excavan galerías que alteran la configuración natural del lugar”.

Néstor López comenta cómo estas especies invasoras no solo atacan a los artrópodos y otros invertebrados sino también a otros grupos de animales que habitan en el lugar como reptiles y aves. Algunas especies de aves tienen como parada obligatoria el saladar en su viaje de Europa al continente africano.

El biólogo del Laboratorio de Entomología Aplicada del CIFOR reconoce que la flora del saladar se ha recuperado desde la puesta en marcha del proyecto Life para la recuperación ecológica del humedal. Sin embargo, no ha ocurrido la misma suerte con las aves que no terminan de nidificar en la zona por la presencia de ardillas y ratas a las que se suman aves invasoras como el bulbul o cotorras que alteran el espacio y rompen sus huevos

Tampoco se libran los habitantes del saladar de las molestias ocasionadas por los seres humanos. La presencia de visitantes (algunos de ellos no terminan de respetar el perímetro protegido del saladar) y la contaminación derivada de la actividad humana suponen peligros añadidos para este espacio natural y para quienes en él habitan. López explica el riesgo que suponen “los plásticos y materiales ligeros que vuelan, se tiran al saladar o llegan allí a través del aire y quedan retenidos por la vegetación”.

A todos estos males se une la contaminación lumínica que ejercen los complejos hoteleros próximos al espacio natural que, “de alguna manera, también alteran la fauna que habita en el Saladar de Jandía”.

Los investigadores esperan que el estudio de la fauna de artrópodos del Saladar de Jandía tenga continuidad y puedan regresar en otras estaciones del año a seguir recogiendo muestras. Están seguros de que la lista de artrópodos conocida para el saladar seguirá creciendo y dando sorpresas a la comunidad científica.

Janequia no sabe si los Reyes Magos pasarán este año por su casa. Ni siquiera sabe cómo se las ingeniará para dar de comer a su hijo de dos años. A su casa solo entra una paga de 430 euros que cobra por ser víctima de violencia de género y que se va en pagar el alquiler. “Lo peor de todo es no poder comprar las galletas y el batido de fresa que le gustan a mi hijo”, sostiene.

El hijo de Janequia es una de las víctimas invisibles de la pobreza. Ni el Gobierno canario ni el Cabildo de Fuerteventura tienen datos del número de menores en riesgo de pobreza en la Isla. El informe La infancia en Canarias 2017 de Unicef sitúa a Canarias como la comunidad con más niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social. Utilizando el umbral autonómico, el 41,6% de la población infantil o, lo que es lo mismo, 149.476 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de desigualdad en las Islas, según el indicador Arope.

Los datos van más allá si se usa el umbral nacional. En este caso, el porcentaje aumentaría en Canarias hasta el 49,4%, lo que supone 16 puntos por encima de la media nacional, que es del 32,9%, y casi el doble de la Unión Europea. Desde Unicef Canarias insisten en que se deben tomar medidas que palien esta situación de pobreza para que “los niños puedan tener un futuro más esperanzador”. La coordinadora de Unicef Canarias, Rosario Pérez, señala que existe “un elevado grado de desigualdad entre unas familias y otras”.

Pérez explica que “un niño pobre se puede caracterizar en España por tener unos padres con dificultades para pagar las facturas a fin de mes; solo pueden disfrutar, siendo optimistas, de una semana al año de vacaciones; no comen pescado y carne como se debe comer, dos veces a la semana, o incluso hay casos en donde el acceso a la educación es muy limitado”.

La historia de Janequia es una de las miles de historias de infortunios que dejó la crisis económica. Esta conejera reside desde hace algún tiempo en Fuerteventura junto a su pareja y su hijo más pequeño, de dos años. Los dos mayores viven en el Sáhara con la familia de su exmarido. Trabajaba hasta que la crisis económica la dejó en el paro y la envió a las listas del desempleo. Cobra 430 euros por ser víctima de violencia de género, pero paga 450 de alquiler. A su casa llegan algunos euros más, los que gana su pareja vendiendo postales 3D en un centro comercial.

De todos estos males, lo peor que lleva es privar a su hijo de las galletas y el batido de fresa que le pide. “Son cosas que cualquier niño se lo puede permitir, pero nosotros no podemos dárselo”, lamenta. En su bolsa de la compra no hay carne ni pescado. “Eso es un deleite”, comenta. La dieta suele ser macarrones regados con salsa de tomate.

En su casa también sobra hueco para los juguetes. El pequeño se entretenía con una cinta de velcro hasta que llegó Vanesa García con una bolsa de juguetes. Vanesa es una de las coordinadoras de Apasofuerte, un grupo solidario que ayuda a madres solteras y familias con escasos recursos en la Isla.

El Refugio Majorero es otra de las asociaciones que trabaja a pie de calle con los sectores más necesitados de Fuerteventura. En la actualidad, prestan ayuda a 180 familias derivadas de los servicios sociales municipales. La responsable administrativa de la asociación, Ana Ruth Cerón, explica que el 90 por ciento de esas familias “tiene hijos pequeños. Hay familias donde ninguno de sus miembros trabaja, otras donde uno de ellos está a media jornada y algunos que viven con la ayuda de 426 euros”.

Refugio Majorero ha pasado de atender 100 familias en 2017 a 180 este año. Trabajan con familias extranjeras, pero también con majoreras. En los últimos tiempos, han empezado a aumentar los casos de familias que solicitan ayuda procedentes de países como Colombia o Venezuela, este último país inmerso en la inseguridad y una fuerte crisis económica tras la llegada de Nicolás Maduro al poder.

En Costa Calma, el alemán Peter Müller se esfuerza desde su asociación Obra Social Sombrero del Pueblo en que ninguna familia se quede sin comer. Costa Calma es uno de los principales núcleos turísticos de la Isla, un crisol de culturas y un foco de desempleo, sobre todo entre la población inmigrante. Müller ha conseguido el compromiso de una panadería que cada día le ofrece el pan para 18 familias; la mitad tiene una media de tres o cuatro menores a su cargo. Müller cifra en unos 40 menores los beneficiarios de este gesto solidario de la panadería.

En Costa Calma reside Ronak Patel. Este hindú vivía en Piplav, en el estado de Gujarat, hasta que decidió venirse a España en 2015 junto a su esposa buscando un futuro. “En la India no había nada”, insiste. Querían que sus hijos nacieran con todas las garantías que, aparentemente, el primer mundo ofrece a la población infantil: educación, sanidad y el acceso a la alimentación. Primero vivieron en Valencia, donde nació su hija, y luego se mudaron a Fuerteventura.

Aún no han podido regularizar su situación en España. Ronak se gana la vida vendiendo pulseras, zapatillas y otros artículos para turistas en la zona de Sotavento. Al mes recauda entre 500 y 550 euros. Paga 400 de alquiler. Con suerte, tiene 150 euros para llegar a fin de mes, pero eso no le da para comprar comida para su esposa y su hija de tres años. Le ayudan sus amigos y, a veces, son sus familiares de la India los que le envían paquetes con alimentos no perecederos por correo postal. Su sueño europeo se ha frustrado. Sin embargo, no se arrepiente de haber venido a España.

Pobreza y obesidad

La coordinadora de Primaria Especializada de Pediatría del Hospital de Fuerteventura, Gladys Rodríguez, señala que, a nivel físico, es “difícil en nuestro medio que tengan unas carencias que les lleven a una malnutrición porque siempre hay ayudas para este tipo, como comedores o la recogida temprana, que hace que los niños estén mínimamente nutridos”. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ofrece comedores escolares en los que, por el nivel de renta del comensal, existen los de cuota cero, es decir familias exentas del pago. En la Isla 499 comensales se benefician de este servicio.

Según esta pediatra, “lo que se está viendo es que la obesidad es mucho más frecuente en población con dificultades económicas que en una población con medios”. “Es más barato comprar una bolsa de bollycao y un par de zumos que un kilo de manzanas”. Esta falta de recursos les lleva a “comer pasta, arroz o papas, que son alimentos con más calorías”, añade.

La pediatra alerta de que “el 80% de los niños obesos serán obesos adultos”, con el “mayor riesgo cardiovascular que eso conlleva, con diabetes, problemas traumatológicos en rodillas y cadera, y a nivel psicológico el hecho de tener obesidad va en contra de la autoestima”.

Juan Carlos Martín, psicólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, explica que lo más importante para fomentar la educación y el desarrollo de los hijos y las hijas es que “los padres y las madres tengan no solo una serie de competencias y recursos para poder abordar la crianza sino también condiciones para poder llevar a cabo esas prácticas de crianza”.

Según este profesor, que colaboró en el informe La infancia en Canarias 2017 de Unicef, es “necesario satisfacer unas necesidades básicas para su desarrollo y que pueden ser físicas y biológicas como la alimentación, sueño e higiene o actividad física, pero también cognitivas”. También apunta que el estrés parental que tienen los padres por la situación de pobreza “les hace que no estén en las mejores condiciones para atender las necesidades afectivas que tienen los niños”. Según Juan Carlos Martín, estas necesidades “se ven muy mermadas cuando se está en un nivel de pobreza”, por lo que cree que “las instituciones están obligadas a eliminar las desigualdades generadas por este tipo de situación”.

Cuando el niño crece en hogares bajo el umbral de la pobreza, puede verse abocado a ser pobre cuando llegue a adulto y con carencias formativas que “pueden llevarle a la exclusión social”, insiste este profesor universitario. A veces, se reproduce el círculo de la pobreza donde niños pobres son hijos y nietos de padres y abuelos pobres. “Esa cadena, de alguna manera, habría que romperla. De ahí lo fundamental de la educación y la formación. Niños con padres con un nivel educativo bajo son niños con probabilidad de estar en una situación de pobreza”, añade.

“Cuidando nuestra memoria histórica conseguiremos que no se repitan los errores del pasado”, asegura Juan Sepúlveda, un guionista valenciano que un día decidió contar en viñetas las vejaciones y maltratos a los que sometían a los homosexuales en el campo de concentración de Tefía. Junto al guionista Antonio Mercero y la ilustradora Marina Cochet acaba de publicar la novela gráfica El Violeta, en la editorial Drakul. El Violeta es la historia de Bruno, un joven homosexual de 18 años, pero también el testimonio del infierno que sufrieron los gais durante el franquismo. 

Una noche de 1955 Bruno acude al cine Ruzafa, uno de los lugares clandestinos más importantes de Valencia. Allí cae en una trampa de la policía y le envían a la cárcel por ser homosexual. En prisión le hablan de la Ley de Peligrosidad Social y de Tefía. “En Tefía se comen hasta las cagarrutas. Date con un canto en los dientes…”, le asegura un preso a Bruno después de quejarse por la comida de la cárcel. Tefía es “un campo de concentración para homosexuales en Fuerteventura aunque lo llaman Colonia Penitenciaria Agrícola”, le aclara el compañero. 

El Violeta es la historia de la persecución que sufrieron los homosexuales durante el franquismo y la convivencia de las mujeres que se casaron con ellos. Es un relato de fingir lo que no se es, de amores clandestinos bajo la amenaza del miedo, de represiones y apariencias, pero también un documento gráfico de la suerte que corrían los homosexuales que enviaban a la prisión de Tefía.

Desde 1954 hasta 1966 funcionó la prisión de Tefía. Durante 12 años, el centro encerró a alrededor de un centenar de personas condenadas por la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada durante la Segunda República para castigar a vagabundos, pordioseros, rufianes, proxenetas y a todo aquel que no pudiera demostrar domicilio fijo, empleo o modo de sustento. En 1954 Franco modificó la ley para incluir a los homosexuales por considerarlos un peligro público. Mientras el dictador los privaba de libertad, en la calle la prensa reaccionaria y la policía los insultaba al grito de “violetas”

Sepúlveda explica desde su residencia en Canadá que la novela surgió después de descubrir el horror que había sufrido el colectivo LGTB durante el franquismo. “Me impresionaron mucho los testimonios y el desconocimiento que tenemos los jóvenes de mi generación sobre esta época. Que en los planes de estudio de la LOGSE no se incluyera este apartado me pareció alarmante. Y esto me movió a escribir un guion que pudiera recordar este periodo de nuestra historia”, comenta. 

El Violeta es una historia a cuatro manos junto al guionista de cine y televisión Antonio Mercero. En ella cuentan la vida de Bruno, que tras pasar por la cárcel de Valencia, acaba obligado por su padre a internarse en una academia de policía como remedio para curar su desviación sexual, envuelto en un matrimonio concertado y participando en redadas policiales contra homosexuales. “Decidí colocar al protagonista en el ojo del huracán y qué mejor lugar que el cuerpo de policía. Allí Bruno es testigo y cómplice de la represión ejercida contra los homosexuales. Verá con sus propios ojos las redadas, la hipocresía de los agentes y el sin sentido de la persecución”, explica Sepúlveda. 

La novela también es un reflejo de la desigualdad de las leyes. El autor de la novela gráfica señala que su intención era mostrar “la diferente suerte que corrían los homosexuales de clase baja y media”. Bruno consigue esquivar la cárcel gracias a los contactos de su familia y los medios para costearse una defensa. En cambio a su pareja Julián, de clase social inferior, se le aplicará la ley sin piedad y acabará en el campo de concentración de Tefía picando piedra de sol a sol, bajo un sol que no da descanso y sometido a insultos y golpes. 

“Julián quería que representase a los homosexuales más valientes. Los que pelean en todas las batallas contra la intolerancia. Quería contar el precio que pagaron todos aquellos que desafiaron al régimen sin importarles las consecuencias. Gracias a ellos, a los que lucharon en primera línea, existen hoy las leyes de igualdad”, sostiene el autor. 

Historia silenciada

Historia silenciadaDurante mucho tiempo Juan leyó libros en busca de información que le acercara al tema de la homosexualidad durante el franquismo; rastreó archivos, memorias penitenciarias y páginas en internet en busca de testimonios que pusieran luz a una historia silenciada. En concreto, se interesó por los testimonios de Juan Curbelo y Octavio García, dos expresos que antes de morir contaron cómo había sido el infierno que vivieron en Tefía.

Sepúlveda recuerda cómo Curbelo y García fueron condenados a uno y tres años de prisión. Tras una exploración médica, para establecer qué tipo de “pederastas” eran, fueron enviados desde la cárcel de Barranco Seco en Las Palmas hasta Fuerteventura. Allí, los desembarcaron en botes y fueron llevados en furgonetas a Tefía.

En la colonia agrícola les esperaban palos, hambre y un sacerdote que informaba a los juzgados si debían pasar allí uno o tres años para cumplir la condena completa. “Esa era la fórmula del régimen para quitar a los homosexuales el vicio y reconvertirlos en heterosexuales”, denuncia el guionista. “Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia hablaba en las Memorias de Instituciones Penitenciarias de los magníficos progresos que se habían conseguido en la colonia. Era un delirio tras otro”, añade. 

Durante la entrevista, Sepúlveda explica que su intención siempre fue la de “escribir una historia de ficción, pero quería escribir una historia universal sobre la persecución y todo el sufrimiento que causó la Ley de Peligrosidad Social”. Y aclara “quería escribir una historia tanto para el lector heterosexual como para el homosexual y que al mismo tiempo fuera emocionante y emotiva”. 

El autor de El Violeta partió de una anécdota que le contó Antonio Ruiz, presidente de Ex Presos Sociales para hacer la novela. Él, al igual que Bruno, fue delatado por una monja y encarcelado con 18 años. Bruno también tiene su germen en Las seis caras de un dado, el primer libro de relatos que escribió Sepúlveda. En él hablaba de un joven que se hacía pasar por heterosexual y que no conseguía llevar esa farsa muy lejos. “Me pareció muy interesante la historia de los homosexuales que trataron de encajar en la España de Franco. Sobre todo los que se hicieron pasar por heterosexuales. Las vidas paralelas que llevaron y la infelicidad que esta mentira causó en sus familias”, explica. 

Marina Cochet es la tercera pata de El Violeta. Esta ilustradora francesa afincada en España conoció a través de Facebook la oferta de Juan Sepúlveda. El valenciano la eligió para ilustrar su historia y “se lanzaron a la aventura”. Durante dos años estuvo dibujando las historietas que dan vida al cómic. 

La imaginación, el surrealismo y el humor que suelen acompañar sus obras se echaron a un lado para conformar unas historietas impregnadas de realismo. El Violeta es su primera incursión profesional en la novela gráfica. Marina explica que en ella “me interesaba plasmar los malos sentimientos de los personajes para que el público se metiese en la historia y viviese los sentimientos desde muy de cerca. Se metan en su piel y empaticen”. 

“No había visto ninguna novela gráfica que trate este tema en nuestro país y era bastante necesario hablar de ello”, considera. “La sociedad está dormida en estos asuntos y piensa que como es el pasado eso ya se acabó, pero esa gente, que lo ha pasado tan mal y ha sobrevivido, sigue sufriendo”.