“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Esta afirmación que aparece recogida en el artículo 47 de la Constitución Española se queda en papel mojado cuando comprobamos la realidad del mercado inmobiliario. Porque cuando una persona tiene que destinar un 36,2% de su salario al pago de la hipoteca o un 56,4% a pagar el alquiler de una vivienda de dos dormitorios, o paga cantidades exorbitantes por compartir una habitación, el derecho se convierte en un lujo al alcance de una minoría.

En CCOO de Andalucía venimos exigiendo desde hace mucho tiempo que se cumpla la Ley Reguladora del derecho a la vivienda, que en la comunidad andaluza es del año 2010 y por la que este sindicato peleó y consiguió que fuera una realidad para poner freno a la especulación. Esta obliga a las administraciones a elaborar los correspondientes planes de vivienda y suelo y los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a reclamar ante el incumplimiento de dicha obligación. Asimismo, la Ley establece que la Junta de Andalucía, en el caso de la vivienda de protección oficial, tiene que poner los medios para que las personas destinen como máximo el 25% de sus ingresos al alquiler o el 33% en el caso del pago de una hipoteca, siendo un derecho exigible jurisdiccionalmente de todas las personas que viven en Andalucía.

Es urgente, como plantea el Parlamento Europeo, que los estados miembros reconozcan el derecho fundamental a una vivienda adecuada y el derecho a vivir en hogar asequible, adecuado y sano, con agua potable y una energía asequible.

Es de justicia que el Gobierno de nuestra tierra elabore un inventario detallado de esas viviendas vacías para su uso y función social y además tiene que garantizar que se mantenga en la futura Ley del Suelo (LISTA) la reserva del 30% para vivienda social

Sin embargo, la demora en la toma de decisiones políticas se une a la parálisis que sufre Andalucía desde hace diez años en la ampliación del parque de vivienda social y vivienda protegida, en general. Es vergonzoso que haya miles de andaluces y andaluzas que no puedan acceder a una vivienda y siga sin actualizarse el censo de viviendas vacías. Los datos más “actuales” son de 2011, momento en el que Andalucía era la comunidad con más viviendas vacías (637.221) con un 18’5% del total. Es de justicia que el Gobierno de nuestra tierra elabore un inventario detallado de esas viviendas vacías para su uso y función social y además tiene que garantizar que se mantenga en la futura Ley del Suelo (LISTA) la reserva del 30% para vivienda social porque en estos momentos hay 257.208 personas inscritas en los registros de demanda de vivienda de protección oficial que no tienen acceso a ese derecho.

Es necesario tomar medidas ya, no solo en Andalucía sino desde el Estado, para que el derecho de acceso a una vivienda sea efectivo. En el caso del Estado, con una ley que regule este derecho y establezca los requisitos básicos para que sea efectivo, cuyo anclaje legal debe ser la declaración de la vivienda como bien de interés social. En todo caso, es necesario que tanto el nuevo Plan Estatal de vivienda, que está elaborando el Gobierno de España y el presupuesto para el año 2021, tenga un claro incremento dirigido a fomentar el acceso de la población a una vivienda asequible, con una partida presupuestaria que sea proporcional a la media europea, de la que estamos muy alejados.

Es necesario intervenir desde lo público para corregir las desviaciones del mercado y sobre todo las consecuencias que sufren las personas. Intervenir en los precios del alquiler y también en la recuperación de las viviendas de protección oficial.

Es necesario intervenir desde lo público para corregir las desviaciones del mercado y sobre todo las consecuencias que sufren las personas. Intervenir en los precios del alquiler y también en la recuperación de las viviendas de protección oficial. Viviendas de protección oficial que necesitan ser rehabilitadas y adaptadas energéticamente (cuidar el entorno y ahorro para las familias).

Desde CCOO de Andalucía consideramos claves los instrumentos de planificación tales como el inventario de viviendas vacías y los registros municipales de vivienda en el conjunto del país.

De otro lado, los fondos Next Generation son una oportunidad para que el binomio empleo-vivienda adquiera la dimensión de derecho y dejen de ser ambos, bienes cotizados, porque si la vivienda tiene que cumplir una función social, el empleo es la llave que abre la puerta para poder acceder a ella. Y esa llave que otorga independencia, solo te la proporciona un trabajo estable, con derechos y con un salario digno. No es de recibo que las personas no puedan tener una vivienda porque no pueden pagarla o no puedan cubrir sus necesidades más básicas porque la hipoteca o el alquiler las asfixia. De hecho, desde el año 2008 ha aumentado en 10 puntos porcentuales, hasta situarse en el 15,8%, la proporción de hogares que afirman tener retrasos para poder hacer frente a pagos relacionados con la vivienda.

Y nuestra juventud, la mejor preparada de la historia, necesita no ser la prisionera de esta situación, porque tiene un panorama menos halagüeño porque cómo va a poder independizarse una persona menor de 35 años si solo al pago de la hipoteca tiene que destinar el 55,5% de su salario, o el 86,5% si se trata de una vivienda en alquiler con dos dormitorios.

Es evidente que estamos ante una realidad totalmente inviable que aún se agrava más en el caso de las mujeres, ya que su salario se situaba, en 2019, en un 22,6% por debajo del salario medio de los hombres.

La crisis de 2020 ha paralizado el mundo y el mercado inmobiliario y laboral han sufrido sus efectos; pero esta crisis se ha gestionado de una manera muy diferente a la de 2008: se han puesto en marcha medidas consensuadas en el marco del diálogo social que han generado un escudo social para evitar que miles de empresas caigan y otros tantos empleos se destruyan; se han puesto sobre la mesa medidas que han evitado escenarios como los vividos con el estallido de la burbuja inmobiliaria, como los desahucios, y se han aprobado medidas que van a traer ingentes cantidades de dinero de Europa para poner en marcha una recuperación que, gracias a la vacunación masiva, comienza a vislumbrarse al final del túnel.

Desde CCOO de Andalucía, demandamos a los gobiernos, tanto al central como al andaluz, cada uno dentro de sus competencias, que trabajen, de un lado, para garantizar un parque de viviendas ajustado a la demanda y con precios asequibles, tanto en lo que respecta a las hipotecas como al mercado del alquiler, para que sea un derecho real al alcance de todas las personas; y al empresariado, que deje a un lado la visión cortoplacista de obtener beneficios a costa de especular con la vivienda y precarizar el empleo, porque el empleo de calidad, estable, con derechos y con un salario digno, es la llave para acceder a un derecho constitucional que tenemos todas las personas.