Y así es como Hassan II tuvo un puente de plata para invadir y anexionarse ilegalmente un territorio sobre el que en los años 80 levantó un muro de 2.720 kilómetros, con la inestimable colaboración de Israel y Estados Unidos. No en vano, el Sáhara Occidental, esos más de 200.000 kilómetros cuadrados de gran importancia geoestratégica, ricos en fosfatos, hierro, petróleo y gas, suponían un suculento bocado que Washington no iba a dejar pasar.     

Juan Carlos I y Hassan II, retirado uno a sus labores en Arabia Saudí y fallecido otro en 1999, pertenecen al siglo pasado. Pero sus hijos, Felipe VI y Mohamed VI, reinan hoy con la terrible herencia de sus respectivos padres sobre sus espaldas.

Si a Felipe de Borbón le preocupa algo la reputación de una monarquía cada vez más puesta en entredicho por las presuntas tropelías que cometió su progenitor durante su reinado sabiéndose inviolable, e incluso después de él presumiéndose impune, debería empezar a tomar decisiones diametralmente opuestas a las que protagonizó su padre. Hacer pública la asignación de recursos de la Casa Real, desterrar las futuribles prácticas corruptas y, sí, también permitir referéndums. En su papel de jefe de Estado, Felipe VI tiene la oportunidad de hacer que España asuma sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental. Como más alto representante del estado español en las relaciones internacionales, Felipe VI debe hacer los esfuerzos necesarios para que se ponga en marcha de forma definitiva lo previsto en los acuerdos de paz vigentes entre el Reino de Marruecos y la República Saharaui que marcaban la realización inmediata de un referéndum de autodeterminación tutelado por las Naciones Unidas. Sería una buena manera de empezar a desmarcarse de las actuaciones de su predecesor en el cargo, aquel príncipe heredero que en los estertores de Franco dio el primer paso para abandonar al pueblo saharaui.

Cuidaban. Limpiaban. Sobrevivían. Hasta que llegó la COVID-19 y la cuarentena. Los afortunados que teníamos un empleo y no fuimos despedidos o incluidos en un ERTE, nos adaptamos al teletrabajo y a conciliar más que nunca, multiplicando las horas y las tareas. Pero, ¿qué pasa con las Rosis, las Sandras, las Elenas y tantas otras personas que vivían de la economía informal ante la imposibilidad de trabajar (y vivir) legalmente? Sin permiso de trabajo o residencia, sin tarjeta SIP y sin empadronamiento, simplemente no existen y se han quedado sin sustento. Deben recurrir a las ayudas de emergencia y a la solidaridad de las redes de apoyo. Ninguna persona en un país democrático como el nuestro debería tener que llegar a eso.

Ante una emergencia sanitaria y de salud pública, es urgente que todas las personas tengan sus derechos cubiertos. Al menos, los más básicos: poder alquilar una casa; comprar comida para tu familia; inscribirte para la búsqueda de empleo; escolarizar a tus hijas; acudir a la consulta de un centro de salud con normalidad a que te atiendan de una enfermedad común; salir a la calle a pasear sin tener miedo a que te encierren en un CIE por tu color de piel. Y todo eso, no se puede hacer siendo “ilegal”.

Por eso, para no dejar a nadie atrás, es urgente proceder a la regularización de todas las personas migrantes que se encontraban en el territorio español cuando se decretó el estado de alarma. Porque si en estos días la movilidad está reducida al máximo, si las fronteras están cerradas, nadie puede ser deportado y, por tanto, todo el mundo tiene que ser regulado.

Por eso en Compromís instamos al Gobierno central a hacer una regularización sin condiciones y sin dilaciones.

Urge revocar todas las órdenes de expulsión en vigor, por razones humanitarias y por responsabilidad con la preservación de la salud pública hacia países terceros, que tienen sistemas sanitarios más precarios que el nuestro, con lo que la entrada del virus en su territorio les colocaría ante una catástrofe de dimensiones colosales. Se deben renovar de todos los permisos de residencia y de trabajo pendientes de tramitación y paralizados para hacer efectiva la atención sanitaria universal a todas las personas en riesgo de exclusión, sin importar su lugar de nacimiento, que viven en España. También instamos al Gobierno a agilizar las solicitudes de asilo, porque para las personas que son perseguidas en su país, este trámite es literalmente una cuestión de vida o muerte.

No sería la primera vez que el Gobierno de España haría una regularización como ésta; en las últimas dos décadas tanto Ejecutivos del PP como del PSOE las llevaron a cabo, y en aquellos momentos no había una pandemia global. En Compromís pensamos que nadie debe quedar atrás y que ninguna persona es ilegal.

Debemos desterrar el lenguaje bélico y su puesta en escena, que sólo generan más miedo e intranquilidad, agravando muchas de las sensaciones negativas que tenemos durante el confinamiento en nuestras casas y seguir adelante. Eso, quienes tenemos la suerte de tener casa. O quienes tenemos la suerte de estar en buenas condiciones de salud y podemos seguir cuidando de nuestras familias y vecinas, mayores y pequeñas, personas enfermas, con diversidad funcional y el resto de la gente más vulnerable a la que sin duda esta crisis afectará más severamente.

Pienso también en las personas que no tienen un hogar, en las migrantes que han quedado un poco más desamparadas estos días, en los residentes del sur global. Porque es nuestra obligación, como privilegiadas de este planeta, no olvidarnos de todas ellas.

Y en el plano local, me acuerdo especialmente de las personas trabajadoras del sector primario: pescadores que tiran el género porque no se vende y se ha echado a perder, agricultoras y ganaderas a las que se les añade un palo en la rueda más a la crisis permanente con la que trabajan a diario para alimentarnos.

De ahí mi convicción de que la única manera de salir de ésta, es todas juntas: quedándonos en casa siguiendo los consejos de higiene y prevención, compartiendo ánimos y achuchones virtuales, haciendo los recados a las vecinas, tejiendo redes solidarias de cuidados, consumiendo en las tiendas de proximidad del barrio que siguen abiertas y siempre están cerca y dispuestas a llevarnos las compras a domicilio. Y cuando todo esto pase, seguir haciéndolo. Comprar con mesura y lo necesario, mejor cuanto más local sea. Viajar para conocer, no para acumular experiencias.

También en el plano profesional, en Compromís seguimos trabajando para ofrecer una política próxima a la ciudadanía. Estos días, los y las diputadas recogemos las necesidades y demandas de los pueblos y ciudades de nuestras 34 comarcas a través de medios telemáticos. También haremos una ronda de reuniones por videoconferencia con las entidades y asociaciones de sectores más afectados y se pondrán a disposición de la ciudadanía los contactos de los diputados para resolver dudas o realizar sugerencias. En un momento en el cual es más importante que nunca rescatar a todas las personas afectadas y trabajar para fortalecer nuestros servicios públicos, no dudéis de que seguiremos haciéndolo.

En definitiva, seguiremos cuidándonos y cuidando el planeta; no se me ocurre mejor fórmula para salir de ésta que salir juntas.

¿Pero cómo aterrizar propuestas desde la ecología política para combatir los pronósticos más catastróficos?

Sí, hay que seguir diseñando y llevando a cabo políticas valientes como ya está haciendo el gobierno del Botánico y muchos ayuntamientos del país, pero también es necesario que un órgano superior vele por que la protección del medioambiente sea un derecho y una prioridad sea cual sea el color del gobierno de turno. Mi propuesta es que se cree para el estado español una Defensoría de las Generaciones futuras, independiente del Ejecutivo y de las Cortes Generales, y que garantice el cumplimiento del artículo 45.2. de la Constitución española, que explicita que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

Países como Suecia, Finlandia, Bélgica, Alemania o Reino Unido ya se ha puesto en práctica el mecanismo de la defensoría, siguiendo la invitación que la UNESCO hizo en 1997 a las instituciones públicas.

Es hora de desarrollar aquí un instrumento de protección ambiental similar. Es hora de demostrar que la celebración de la cumbre COP25 en España no es una anécdota ni se va a quedar en un mero escaparate más. Por el futuro de una juventud que nos está pidiendo en la calle aquello que desde hace tiempo ya reclaman los movimientos ecologistas y la comunidad científica.

Tal y como exige la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las Deportaciones (CIEs NO), yo también exijo una investigación inmediata, rigurosa y objetiva sobre las circunstancias de la muerte del interno, motivo por el cual pediré la comparecencia en Les Corts del delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. Joan Baldoví en el Congreso también presentará una solicitud de comparecencia del ministro de Interior Grande-Marlaska. También necesitamos conocer la identificación de la persona fallecida y ofrecer medidas de reparación a su familia, no sin dejar claro que migrar no es un delito, sea cual sea tu nacionalidad.

Desde 2007, según el recuento de CIEs NO, al menos nueve personas han fallecido en condiciones de encierro y traslado forzoso. De manera que no podemos sólo lamentar sus muertes y seguir como si nada, porque estas vidas estaban bajo custodia, encarceladas por una falta administrativa que no es delito, en una situación provocada por nuestro “estado de derecho”.

Las personas migran porque huyen del hambre, de la guerra, de la emergencia climática, de la pobreza, del miedo a ser asesinadas por amar a quien amaban, por sus ideas, para buscar una vida mejor o por una combinación de todo lo anterior. Y, fundamentalmente, porque migrar es (o debería ser) un derecho. Son personas que la capitana Carola Rackete, a la que la mayoría convenimos en calificar de heroína, no hubiera dudado en salvar de encontrárselas en alta mar. Son personas como las que el verano pasado llegaron en el Aquarius y en València no dudamos en acoger. Y estoy segura de que la sociedad valenciana no ha cambiado en un año y sigue estando dispuesta a reclamar vías seguras y legales para migrar para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en paz y con plena dignidad.

El que no sabemos si ha cambiado es Pedro Sánchez. El candidato a presidir el gobierno de España tiene ahora de nuevo la oportunidad de escuchar a esta sociedad acogedora y solidaria, y no debe perder un minuto más en formar un gobierno en el que demuestre, con hechos, que se trata de un Ejecutivo verdaderamente progresista, feminista y antirracista que se desmarca de las políticas de migración de los gobiernos españoles anteriores, tanto del PP como del PSOE. También el socialista Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores en funciones pero en la carrera por ser alto representante para la Política Exterior de la Comisión Europea, debe demostrar que tiene la convicción de que se puede construir una nueva Unión Europea desde un enfoque de Derechos Humanos que nos haga sentir, precisamente, ni más ni menos que personas.

Cristina Rodríguez es diputada y portavoz de Compromís de la Comisión de Derechos Humanos en las Corts Valencianes.

Por un lado, están los que dicen: “ya está Compromís, a lo importante”, despreciando la medida y ridiculizándola. Por otro lado, quienes creen que Compromís –esa “izquierda radical”, ya saben- intenta “adoctrinar” y “controlar” la vida de las personas.

Empezaré por desmentir esta última falacia reaccionaria. Nuestra propuesta no limita la libertad personal, sino que la amplía, ya que para mucha gente esta campaña y la opción de sustituir por un día la carne por legumbres u otras proteínas son en absoluto o en parte desconocidas. ¿Desde cuándo ofrecer más información supone restringir cualquier libertad? ¿Desde cuándo dar más opciones, ampliar la mirada, es adoctrinar?

No estamos pidiendo que la gente deje de comer carne, sino que ponemos sobre la mesa que existe la posibilidad de reducir su consumo. Y lo hacemos, además, en un ámbito como la escuela, donde afortunadamente las pequeñas cabecitas de nuestras criaturas no tienen tantos prejuicios acumulados como tenemos las personas adultas.

Sobre la magnitud de nuestras propuestas, me pregunto por qué determinada gente ridiculiza estas medidas y por qué lo hace con tal virulencia. ¿No será que esta misma gente que se opone a estos pequeños cambios de hábitos lo que quiere en realidad es que nada cambie?

Son las mismas personas que se oponen a que las mujeres vayamos ganando espacios públicos; a que se visibilice al colectivo homosexual; a que se pongan más facilidades a circular en bicicleta por nuestras ciudades. Si tan pequeños y ridículos son esos cambios, ¿por qué se oponen?

No podemos decir que estamos contra el cambio climático y no hacer nada para mitigar la situación. La problemática del calentamiento global no se combate firmando protocolos de compromisos de emisiones y guardándolos en un cajón, como ha hecho el señor M. Rajoy. Permítanme la obviedad: pero las cosas cambian haciendo cambios, por pequeños que estos sean. Y aún diría más: las cosas cambian con políticas valientes, aunque al principio puedan generar controversia. Las cosas cambian gracias, por ejemplo, al Plan de Producción Ecológica de la consellera Elena Cebrián, a la determinación en Educación del conseller Vicent Marzà y su equipo, que trabajan por una escuela pública abierta e inclusiva, o al giro en política de movilidad que Joan Ribó está acometiendo –por fin- en la ciudad de València.

Escribió Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”. 2018 es un año magnífico para continuar cambiando.

*Cristina Rodríguez, diputada de Compromís en Les Corts

El problema no es tanto un ingrediente en particular, sino un modelo de producción intensiva generalizado y una dieta en la que se abusa de alimentos procesados con exceso de las llamadas grasas trans.

Un modelo que, además, impone el monocultivo y acrecienta dos problemas sociales a los que debemos hacer frente a diario: el cambio climático y la precariedad laboral. Esta manera de intensificar la producción de alimentos contribuye a destruir el entorno natural y otorga a las personas que trabajan en el campo salarios que las sitúan en un escenario de supervivencia (en el mejor de los casos, para quienes trabajan en los llamados países desarrollados) o las condenan a situaciones de miseria (donde se hallan los campesinos y campesinas de los países empobrecidos).

Frente a esto, ¿qué podemos hacer desde las instituciones públicas? La Administración valenciana tiene hoy el empeño de fomentar el consumo y la producción local, con canales cortos de comercialización, para ampliar las posibilidades de comprar directamente a los productores o en los mercados de proximidad que de un tiempo a esta parte rebrotan en cada pueblo y barrio de nuestras ciudades.

En todos esos espacios es posible encontrar hoy un tesoro que está constantemente en la boca de los más reputados chefs: nuestra dieta mediterránea, que –conviene recordar- cuenta también con el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

De Vinaròs a Guardamar, nuestras huertas están repletas durante toda la temporada. ¿Quién puede resistirse a unas alcachofas de Benicarló hechas a la brasa? ¿O una ensalada con lechuga de Alboraia y tomates del Perelló y un chorrito de aceite de La Jana; un arroz de Pego (o de Sueca) con verduras de la huerta oriolana? Y de postre, un festival de frutas, según el mes: nísperos de Callosa, cerezas de Laguar (o de La Salzadella), granadas del Camp d’Elx, uva del Vinalopó, kaki de Carlet, naranjas de Cullera, mandarinas de Vila-Real, limones de Albatera... y así podríamos continuar con casi cualquiera de nuestros pueblos y su correspondiente cultivo.

Pero no debemos olvidar que la suerte de que esta variedad de productos frescos estén fácilmente a nuestro alcance tiene nombres y apellidos, rostro tostado al sol del campo, manos agrietadas y horas y horas de trabajo, la mayoría de las veces injustamente recompensado.

Por eso, no sólo hoy día de San Isidro y patrón de los agricultores, sino todo el año, sirvan estas líneas para dar las gracias por alimentarnos cada día a todos los productores que hacen posible nuestra aclamada dieta mediterránea.

Cristina Rodríguez es diputada y portavoz de Agricultura por Compromís en las Corts ValencianesCristina Rodríguez

De igual modo sufren hoy también las consecuencias de una depredadora acción urbanística de nuestro territorio los bloques de pisos y chalets levantados en ramblas y barrancos o en deslindes ad hoc en parajes como el Montgó. Lo que el hombre alzó donde no debía, gracias a la permisividad de la legislación neoliberal que hoy se demuestra nefasta como alertábamos, la naturaleza se lo está llevando por delante.

Pero, ¡ah! Había que ampliar los puertos, de mercancías y de embarcaciones de recreo, había que construir espigones y restaurantes y chiringuitos y chalets de lujo en primera línea de mar.

Según el Observatorio Nacional del Mar y del Litoral francés, el mar se ha tragado 300 edificios en diez años en Francia. Por eso su parlamento discute estos días un proyecto de ley de “adaptación de territorios litorales al cambio climático”, mientras aquí hablamos de parches y ayudas que no atacan el fondo de la cuestión.

De esto hablábamos y hablamos las ecologistas cuando alertamos del cambio climático. A esto nos referíamos y nos referimos las ecologistas cuando avisamos de que hay que construir teniendo en cuenta los informes de impacto ambiental. Un estudio de la capacidad de acogida del territorio permitiría evitar los riesgos innecesarios a la hora de construir. Se confía en que habrá “soluciones técnicas” para compensar posibles impactos o riesgos, que más adelante se revelan como inservibles y suponen un enorme coste público para defender errores privados. Porque la costa es dinámica, evoluciona con las estaciones y a largo plazo, y los intentos de fijarla para proteger una actuación inmobiliaria no suelen funcionar. Son la improvisación y la ceguera anticientífica las que nos han traído hasta aquí.

Al urbanizar la primera línea, se eliminó el sistema que permitía a la costa arenosa protegerse y regenerarse después de los fuertes temporales: el cordón dunar. Los paseos marítimos, los muros y la edificación a pie de playa acaban sucumbiendo a la fuerza del oleaje, además de provocar el arrastre y desaparición de la arena de la playa. La ampliación de los puertos ha alterado las corrientes que distribuyen la arena, produciendo un efecto de arrastre acelerado.

¿De verdad que en este contexto todavía cabe hacer chascarrillos sobre las advertencias que las ecologistas llevamos haciendo de las políticas del culto al ladrillo desde los años 80?

La actualidad vuelve a poner de manifiesto que quienes han gobernado desde las ocurrencias y gestionado bajo la quimera de los imposibles, poniéndole puertas al mar, no somos precisamente nosotras. Los riesgos para nuestras costas y sus habitantes sólo podrán minimizarse si los abordamos desde una salida ecologista. Pongámonos a ello.

Cristina Rodríguez es diputada de Compromís en las Corts Valencianes y miembro de Verds-Equo