Comenzamos un nuevo curso político con grandes retos y alguna asignatura pendiente. Como la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, un debate que lleva diez años posponiéndose por falta de consenso político.

Nuestro país debe avanzar hacia un nuevo modelo que tenga en cuenta las singularidades de los distintos territorios, bajo los principios de solidaridad y equidad, de manera que ninguna comunidad resulte perjudicada. En eso está el Gobierno de Pedro Sánchez. 

No así el principal partido de la oposición, que se empeña en usar este asunto para hacer aquello que más le gusta: confrontar y dividir. Aunque para ello tenga que perjudicar los intereses de las comunidades autónomas que gobierna.

A estas alturas no cabe duda de que el Partido Popular utiliza Cataluña como “arma arrojadiza” contra el Gobierno para arañar votos en otros territorios. No es una novedad. En los últimos años hemos pasado del siempre recurrente “España se rompe” al más reciente “España y su modelo territorial están en una encrucijada”, como apunta el manifiesto firmado por los presidentes autonómicos del PP. Entre medias, ya saben, innumerables profecías apocalípticas que la propia realidad del país se encarga de desmontar. Una a una.

Pero más allá de esta política del eslogan o del “cuanto peor, mejor” que practica el Partido Popular de Feijóo, es indudable que España tiene por delante el desafío de renovar un sistema de financiación autonómica a todas luces caduco. Y ahí donde muchos vemos la oportunidad de alcanzar grandes acuerdos, otros ven la manera de seguir confrontando.

¿Cuál es su propuesta entonces? Si atendemos al mencionado manifiesto, la repuesta parece clara: el PP defiende “un modelo solidario, igualitario y negociado entre todos”.

Solidaridad, igualdad y negociación. Vayamos por partes.

El Partido Popular habla de solidaridad entre comunidades cuando en aquellas en las que gobierna baja impuestos a los grandes patrimonios, perjudicando la financiación de los servicios públicos y fomentando la competencia o el dumping fiscal con el resto de autonomías, como sucede en la Comunidad de Madrid.

Ese curioso concepto de “solidaridad” es el mismo que parecen aplicar los populares cada vez que votan en contra de las medidas impulsadas por el Gobierno para beneficiar a la mayoría social y promover la igualdad entre españoles, vivan donde vivan. 

Basta recordar su negativa a respaldar la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los descuentos en el trasporte público, por citar solo algunos ejemplos.

Tampoco les importó vetar en el Senado el techo de gasto propuesto por el Gobierno para comunidades autónomas y ayuntamientos, a sabiendas que esto supondría un recorte económico de 4.500 millones de euros a estas administraciones públicas.

Y mientras el PP se dedica a poner palos en las ruedas, el Gobierno de Sánchez centra sus esfuerzos en transferir al conjunto de las CCAA (a todas, sin excepción) los mayores recursos económicos de su historia: 300.000 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy.

Así que en esta forma de hacer política del Partido Popular de Feijóo no encontramos ni rastro de esa solidaridad y esa igualdad que tanto pregona.

Tampoco vemos ejemplos de su encendida defensa de la negociación, teniendo en cuenta el bloqueo al que ha sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los últimos cinco años y su intención manifiesta de bloquear también cualquier posibilidad de mejora del modelo de financiación autonómica.

El principal partido de la oposición parece resistirse a los grandes acuerdos que sostienen los avances democráticos del país. Pero, al final, la realidad siempre se impone. 

Sucedió con el pacto que permitió devolver la normalidad institucional al órgano de gobierno de los jueces y sucederá también con el nuevo modelo de financiación autonómica. 

A pesar del ruido, las manipulaciones… y las directrices de alguna dirigente popular que se siente más cómoda en el fango que en el diálogo.

Ahora bien, ¿quién nos devuelve el tiempo perdido?

“Había que terminar con Felipe González, ésa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. La capacidad de comunicación, la fuerza política, la habilidad extraordinaria que tuvo siempre González hizo darse cuenta a muchas personas que era preciso que concluyera su etapa. Como los ataques a González, muy fuertes en el 92-93, no terminaron con él, vimos que era necesario elevar el listón de la crítica. No había otra manera de quebrantar a González. Aun así, perdió las elecciones por menos de 300.000 votos a pesar de haber lanzado contra él una de las mayores ofensivas que se hayan desencadenado contra un político”. 

Quien habla con tanta desfachatez del final de la era de Felipe González no es otro que Luis María Anson, exdirector de ABC y La Razón, y uno de los ideólogos de la estrategia de la crispación que, desde entonces, establece las directrices políticas de la derecha española.

Hoy, a las puertas de una nueva campaña electoral, esa misma estrategia, diseñada entonces y aplicada de forma inmisericorde por la derecha política y mediática contra Pedro Sánchez, ha logrado que la confrontación política en España se encuentre en niveles de exacerbación que nunca hemos vivido hasta el momento. 

Asistimos casi impasibles, a base de normalizarlo, a una absoluta falta de escrúpulos y pudor, y a la más infame de las irresponsabilidades para ver, escuchar y leer, cómo la mentira y el ataque personal se establecen como piedras angulares y argumentos irrefutables del debate político de la derecha extrema y de la extrema derecha, que ya vienen a ser lo mismo. Quién hubiera dicho que la moderación de Feijóo pasaba por abrazar la radicalidad de Vox.

La derecha política y mediática, haciendo bueno el principio goebbeliano de la simplificación y del enemigo único, por el cual se focaliza en un único concepto al adversario adjudicándole la culpabilidad de los males del universo, ha demonizado hasta límites abominables la figura de Pedro Sánchez haciendo del odio a la persona el eje principal de su programa electoral. Así nació el sanchismo.

Pongamos un ejemplo. Pedro Sánchez fue elegido dos veces Secretario General del PSOE. La primera, en julio de 2014 y la segunda, en mayo de 2017. En ambas ocasiones con más del 50% de los votos, y en ambas ocasiones a través del voto libre de la militancia socialista, y ganó cinco elecciones seguidas en 2019; dos de ellas generales. 

Ningún otro líder político en España ha tenido nunca una mayor legitimidad para dirigir un partido o presidir un gobierno. Sin embargo, a pesar de esta legitimidad ganada a pulso, Pedro Sánchez es, con diferencia, el líder político más cuestionado, presionado, coaccionado, chantajeado e insultado, de toda la era democrática. 

Basta un repaso rápido a la hemeroteca para recuperar los insultos que le dedicaba Pablo Casado ayer -traidor, felón, ilegítimo mentiroso compulsivo, ridículo, adalid de la ruptura en España... O los insultos con los que Feijoó se ha venido despachando contra Sánchez desde que es líder del PP: déspota, caudillista, ególatra, adanista… “El presidente okupa del gobierno Frankenstein” ha sido el hilo conductor de la oposición de tierra quemada que ha realizado el PP esta legislatura.

Toda esta estrategia de acoso y derribo ha sido, y es, aderezada a diario por artículos, editoriales y horas de “opinión” en las terminales mediáticas de la derecha, con la única finalidad de minar la credibilidad y el liderazgo de Sánchez, y contribuir, como un martillo pilón, a crear una opinión pública y una conciencia colectiva contraria a su persona. 

La ausencia total de líneas rojas y prejuicios éticos y morales, el triunfo del todo vale, y el adiós del periodismo responsable con medios que ofrecen información sectaria, manipulada y partidista, cuando no directamente falsa, son los pilares de esta nueva oleada de la estrategia de la crispación que describe Anson: “La capacidad de comunicación, la fuerza política, la habilidad extraordinaria que tuvo siempre González hizo darse cuenta a muchas personas que era preciso que concluyera su etapa”. Cambien González por Sánchez y ya tienen la explicación.

Han logrado convertir el odio a la persona, a base de manipulación, en un arma letal de opinión pública recurriendo a marcos argumentativos absolutamente viscerales e irracionales, en los que la falta de escrúpulos queda justificada con tal de lograr el poder.

Pero lo verdaderamente lamentable es que en su todo vale no existen horizontes ni límites. Su oposición a cara de perro es a costa de lo que sea y de quien sea: la estabilidad del Estado, la convivencia entre españoles, la paz social o incluso el desprestigio del país. No les duelen prendas en trasladar sus miserias a una opinión pública cada día más dividida, si con ello ahondan en la destrucción del rival.

El Partido Popular vive una permanente crisis de identidad que le lleva a vivir a diario en la contradicción: venden moderación mientras pactan radicalismo, adoptan posturas extremistas, mientras se consideran constitucionalistas moderados, buscan el centro para recuperar mayorías de gobierno, pero pactan con Vox… 

Y en esa constante bipolaridad, emerge el gran objetivo: acabar con el sanchismo. Y, para ello, la labor incesante, corrosiva, y devastadora de la estrategia del odio no puede parar.

Alguien dijo una vez que en política, si no tienes algo que ocultar, no tienes nada que temer. Así que, si no estás, es evidentemente porque hay intenciones, especialmente impopulares y vergonzosas, que se quieren ocultar

La ley electoral española no regula los debates electorales en radio y televisión. Solo se limita a señalar que, en caso de que los medios de comunicación quieran organizarlos, éstos deben tener en cuenta criterios de igualdad, proporcionalidad, neutralidad y objetividad. Ya ha habido cuatro grandes grupos que han cursado sus peticiones de debate de cara al 23 J y, por ello, el presidente del Gobierno proponía celebrar hasta 6 debates cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, que rápidamente el PP rechazó tildando la propuesta de excentricidad.

En una democracia sana, permitir que la ciudadanía pueda apreciar el contraste de ideas y cualidades de los candidatos con posibilidades reales de acceder a la Presidencia del Gobierno, nunca puede ser una excentricidad. Más cuando los debates electorales son un derecho de la ciudadanía, de los votantes, como parte inalienable del derecho constitucional a la información.

Hasta ahora, los únicos cara a cara que se han celebrado entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición han sido en esta casa que presido.

Desde que Feijoo es líder del PP, han sido cinco las veces, entre sesiones de control y comparecencias del presidente a petición propia, que los ciudadanos han podido contraponer las posiciones de Sánchez y Feijóo en el Senado. Y todas ellas tienen un denominador común que, como árbitro de los debates, he podido constatar en cada ocasión: las quejas del líder de la oposición por la falta de tiempo para explicarse.  

Ahora, con las Cámaras disueltas, el Parlamento ya no funciona como espacio de debate, pero los medios de comunicación sí están abiertos, e interesados, en ofrecer a los ciudadanos ese espacio que la opinión pública reclama para estudiar los pros y los contras de cada opción. Por eso, se hace incomprensible que quien se quejaba de falta de tiempo para explicarse en la Cámara, ahora no quiera hacerlo ante los ciudadanos. Más que una excentricidad, es una incoherencia que solo se explica por la ausencia de propuestas para los ciudadanos, o porque las intenciones que tienes en mente son inconfesables y es mejor no exponerse. O, tal vez, por las dos a la vez.  

Soy partidario de la última. La derecha no tiene propuesta de país y sus propósitos son inconfesables. Sostener ante las cámaras de televisión y los micrófonos de radio el retraso de la jubilación a los 70 -Cuca Gamarra dixit-,  la privatización de las pensiones, el recorte de las prestaciones por desempleo, o la vuelta a la precariedad de los contratos, son solo algunos de los ejemplos que se amparan bajo el paraguas de la 'derogación del sanchismo'. 

Alguien dijo una vez que en política si no tienes algo que ocultar, no tienes nada que temer. Así que, si no estás, es evidentemente porque hay intenciones especialmente impopulares y vergonzosas que se quieren ocultar. 

La democracia es elegir. Elegir información, contrastando propuestas. Enfrentando dos modelos de país. Es una sana e higiénica obligación democrática sobre la que, evidentemente, nos falta una regulación que garantice que los españoles y españolas tengan la máxima información cada vez que se abran las urnas. 

Pero en este momento, cuando el país se halla en una disyuntiva entre el regreso a las recetas neoliberales de austeridad y el sálvese quien pueda, o la consolidación de los avances económicos civiles y sociales logrados, es necesario, inexcusable más bien, escuchar claramente, cara a cara, a Sánchez y Feijóo y contrastar sus proyectos de país. 

Y aceptar un solo encuentro, como ha anunciado Feijóo, es seguir negando la posibilidad de contraponer la mejor España frente a la peor derecha. Porque ni la mejor España, ni la peor derecha, se explican con claridad en un rato. La ciudadanía merece más respeto. 

En el arranque de este 2023, un año que será una permanente campaña electoral, conviene que todos miremos a Portugal. En pocos días, exactamente el 30 de este mes, se cumplirá un año de una mayoría absoluta histórica en el país luso que nadie supo pronosticar.

Salvando las distancias, y a pesar de los vaivenes recientes de la política portuguesa, hay ciertos paralelismos entre nuestra actual coyuntura política y la situación previa a esa mayoría absoluta del socialismo portugués que conviene recordar.

En primer lugar, fue un gobierno de coalición entre el Partido Socialista, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista al que le tocó sacar a Portugal de la gran recesión económica. El primer ministro portugués, Antonio Costa, heredó un país rescatado por la troika en 2011 y sumido en una profunda crisis económica en 2013.

El resultado de la gestión de la coalición fue tan espectacular que incluso el FMI se quedó con la boca abierta. En pocos años, el país luso acabó prácticamente con el déficit, redujo drásticamente su deuda pública, llevó la desigualdad al mínimo de los últimos años y logró rebajar la tasa de paro a cifras nunca vistas. A esto hay que añadir la paz social que la alianza progresista logró durante seis años.

Aquí, en España, el Gobierno de Pedro Sánchez heredó en 2018 un país atenazado por la corrupción y la división territorial con Cataluña tras una declaración de independencia y dos referendums ilegales. Poco después, tras las elecciones de noviembre de 2019, surgía el primer gobierno de coalición de nuestra historia, y un año más tarde llegaría la pandemia, el volcán Cumbre Vieja, Filomena y la guerra de Putin, configurando el contexto y el escenario más complicado de gobernar de nuestra historia reciente.

Y, a pesar de ello, el Gobierno ha logrado liderar la creación de empleo en Europa y ser uno de los países que más crecen de la UE y que menor inflación tienen. Todo, acompañado del mayor nivel de protección social que nunca hubo en este país. Y también con una oposición remando a la contra.

El segundo de los parecidos razonables con Portugal son las encuestas. A la mayoría absoluta del socialismo portugués no la vio venir nadie. La victoria absolutísima de Antonio Costa no fue anticipada en los sondeos. En ninguno. Incluso en los días previos a votar, en el mejor de los casos, los sondeos apuntaban a un empate técnico.

En España vemos encuestas casi a diario. Y si miramos por el retrovisor, podemos recordar cómo, en un tiempo no muy lejano, vimos encuestas que hacían presidente a Albert Rivera o a Pablo Iglesias, primera fuerza a Ciudadanos o a Podemos, o encuestas que pronosticaban el sorpasso de Podemos al PSOE, o de Vox al PP. Nada de todo eso ocurrió.

Los expertos demoscópicos, los de verdad, saben que, en los tiempos de radicalización y tensión política que vivimos, hay una buena parte desideologizada del electorado que decide su voto en función de otras claves, y cada vez más tarde, para reclamar con su voto, entre otras cuestiones, estabilidad, tolerancia, convivencia, compromiso con el bienestar social y la defensa de los derechos sociales y de lo público.

Por eso, estoy convencido de que los españoles, igual que hicieron los portugueses, premiarán en su momento la estabilidad, la certidumbre y la seguridad que ha aportado, y está aportando, el Gobierno de Pedro Sánchez en medio de la peor coyuntura que ha conocido nuestra historia reciente. Porque, por mucho que algunos polaricen la vida pública, lo cierto es que hay una gran mayoría de españoles que anhela una convivencia sin enfrentamientos en la que se respete la diversidad dentro de una España unida.

Y son ellos quienes valorarán la labor de un Gobierno de progreso que ha hecho permanentes reformas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con políticas al servicio de las personas, especialmente de las que más necesitan de la solidaridad para construir sus proyectos de vida. Y también valorarán a quienes no han estado a la altura de sus responsabilidades cuando el país más lo necesitaba. Hoy estamos objetivamente mucho mejor que en 2017 y que en 2019 y la gente también valorará eso.

Y el tercer paralelismo con Portugal, es la división de la izquierda. Los votantes castigaron duramente a los socios minoritarios del Partido Socialista portugués que habían formado en 2015 la geringonça. El bloqueo a los presupuestos del Bloco y el Partido Comunista fue considerado por el electorado como una traición al Gobierno de progreso. Y eso que en Portugal hizo que el voto útil de izquierda se concentrase en el Partido Socialista, aquí la división a la izquierda del PSOE podría provocar una desmovilización del electorado de parte de la izquierda, y las candidaturas podrían verse castigadas por la Ley electoral. Una situación indeseable de la que solo saldría beneficiada la derecha.

Por eso, es crucial que la gestión del Gobierno y del PSOE sea percibida y valorada como lo que es: la socialdemocracia moderada, centrada y ejemplar que en Europa lidera soluciones, y en España ha hecho avanzar al país social, económica y territorialmente gestionando con eficacia el porvenir del país; por mucho que algunos se empeñen en hablar de radicalidad, tiranías y dictaduras para generar ruido y distraer la atención de todo lo anterior.

Se dice que, en ocasiones, los árboles no nos dejan ver el bosque. Eso es justamente lo que pasa en el trágico asunto de la guerra de Putin. Más allá del conflicto en sí, el panorama es mucho más desalentador y más complejo de lo que algunos creen.

Si ya el Informe de la ONU sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo indicaba que 828 millones de personas, el 9,8% de la población mundial, pasaba hambre en 2021, la previsión para este 2022 es verdaderamente desalentadora.

Nadie imaginó en 2015, cuando nos propusimos en los ODS la meta del fin del hambre para 2030, que hoy estaríamos diciendo que estamos retrocediendo y que se revierten los avances hacia el hambre cero.

Esa meta no se cumplirá. En el mejor de los casos, con una recuperación económica global, en 2030 habría en el mundo un número similar de personas a las que ya había en 2015 sufriendo hambre: más de 670 millones.

Es lamentable que no dejemos de batir récords, año tras año, en las cifras del hambre. No estamos ante una situación de hambruna puntual y localizada. Esta crisis alimentaria no tiene precedentes y no se atisba un final claro en el horizonte. 

La pregunta es qué es lo que no estamos haciendo bien. Porque está claro que los esfuerzos no son suficientes. Y nos estamos moviendo en la dirección equivocada.

En la tormenta perfecta de esta crisis alimentaria mundial hay ingredientes diversos: el incremento de la desigualdad y la pobreza estructural, los 175 conflictos activos en el mundo, entre los que destaca la guerra en Ucrania, con sus consecuencias en materia de precios y acceso a alimentos y respecto a la energía. También las catástrofes ambientales fruto del cambio climático, las crisis sanitarias y, concretamente, las consecuencias de la pandemia. Situaciones que se suman a la inestabilidad política en multitud de países, que suele ir de la mano con el debilitamiento de las instituciones. Y, no menos importantes, las crisis económicas, fruto de los demás factores, que han derivado en la limitación de la capacidad de acción de los Estados.

Algunos no han entendido que en esto estamos todos juntos. No podemos pretender salir adelante si una parte del mundo se desmorona. Hagámoslo por principios. O hagámoslo por interés. Pero hagamos lo que tenemos que hacer por nuestro futuro colectivo.

Las respuestas de los países deberían estar presididas por la responsabilidad y la solidaridad. En varios frentes: gestionando de manera más eficiente y adaptando las políticas y los apoyos públicos a los sectores de la alimentación y la agricultura, mejorando las políticas de protección social y, por último, mejorando la gobernanza. Necesitamos instituciones fuertes, sólidas, en todos los niveles: local, nacional y mundial. Y las ayudas a los sistemas agroalimentarios deben reportar beneficios allí donde se necesitan.

Por otra parte, las economías más frágiles de los países más pobres, que son los que principalmente sufren el drama del hambre, deben recibir la ayuda de las instituciones internacionales, pero también de las economías más fuertes. Nuestra acción debe estar presidida por el apoyo inmediato a los más vulnerables, por facilitar el comercio y el suministro internacional de alimentos, impulsar la producción e invertir en agricultura resiliente al cambio climático.

Los desafíos de hoy son mayores que en 2015. Los obstáculos también. Estos se han incrementado y se retroalimentan, poniendo en evidencia nuestras fragilidades. Nuestro desafío no se limita solo a conseguir que más de 3200 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria tengan acceso a calorías, sino que todos ellos tengan acceso al desarrollo. Con todo lo que eso supone de acceso a una nutrición sana, a servicios públicos de salud o a la educación.

Cuando la comida se considera una mercancía más al albur del mercado, las consecuencias son nefastas: solo cuatro corporaciones controlan el 60% de las semillas que se comercializan en el mundo. Todas provienen del sector de productos químicos. La ONU, en su informe de la situación alimentaria, aconseja que las políticas estatales cambien la dirección de las ayudas y políticas agroalimentarias para que este proceso se detenga.

Por otra parte, es una evidencia que no faltan alimentos en el mundo, lo que falla es la accesibilidad a estos, como demuestra el hecho de que mientras 828 millones de personas pasan hambre, unos 931 millones de toneladas de comida acaban en los cubos de basura cada año.

Además, con las subidas de los precios de los granos, fertilizantes y otros alimentos provenientes de Rusia y Ucrania, se han aplastado las posibilidades de recuperación pospandémica en multitud de países. Rusia tiene una gran responsabilidad por la crisis alimentaria y merece una firme y unánime condena.

Podemos y debemos hacer las cosas mejor. La lucha contra el hambre debe ser una política de Estado en cada país y una prioridad de toda la comunidad internacional.  Los escudos sociales en las políticas públicas, como los establecidos en España, son clave para la protección social y la igualdad. Tenemos que ser capaces de aumentar significativamente la inversión en recursos de los Estados, y debemos reflexionar sobre la importancia de enfrentar esta lacra estructural, no solamente desde la revisión de las políticas de gastos, sino también desde una política de ingresos, como efectiva materialización de la solidaridad que tantas veces se ha mencionado. No olvidemos esta faceta y apostemos por una solidaridad fiscal para mejorar la seguridad alimentaria desde el compromiso, la participación y la corresponsabilidad.

Y, por último, la comunidad internacional debe acabar con el hambre como arma de guerra. Igual que Putin está usando la energía, el hambre también es un arma que se está usando para presionar a la comunidad internacional. Se debe perseguir penalmente a quienes destruyen cosechas, matan ganado o impiden la asistencia humanitaria en cualquier tipo de conflicto.

Esa será la única manera de evitar que la provisión mundial de alimentos esté en manos de mafias especuladoras, o al albur de los caprichos de los mercados internacionales. La comunidad internacional debe perseguir la especulación alimentaria y establecer una imposición fiscal de los beneficios excesivos, así como la riqueza extrema de quienes se lucran con el mercadeo de las materias primas, que son básicas para las sociedades.

Quiero afirmarlo con rotundidad: es necesario que tengamos una mirada amplia sobre esta crisis mundial. Necesitamos una estrategia concertada o esta guerra contra el hambre la habremos perdido. No permitamos que los árboles no nos dejen ver el bosque.

Alardean de ser los más constitucionalistas, pero en el Partido Popular no han sido capaces siquiera de cumplir un pacto que ellos mismos firmaron. El Pacto Antitransfuguismo, renovado por última vez en 2020, es un consenso alcanzado, como muchos otros grandes acuerdos, tras un gran esfuerzo democrático de años. El PP de Pablo Casado apenas necesitó unas horas para hacerlo saltar por los aires. Y no sólo se han servido de tránsfugas para no perder el poder en la Comunidad de Murcia, sino que han premiado sus servicios con cargos públicos. 

La lectura es que para el Partido Popular el ejercicio de la política se resume en el ejercicio del poder. La lectura es que la firma del Partido Popular no vale nada.

En otro tiempo, hablaríamos de un lamentable episodio de perversión política. Hoy, con un PP que se desenvuelve con desparpajo en el mundo de la intoxicación y la mentira, hemos tenido que contemplar que se presente públicamente como salvadores a quienes no han sido más que protagonistas de una vulgar compraventa. Esto es un salto cualitativo que abunda gravemente en el daño causado a nuestra democracia. 

Porque quizás lo más ofensivo es que, mientras antes el tránsfuga y los que lo alentaban se escondían, intentaban tapar sus vergüenzas y huir del bochorno público, ahora se exhiben sin pudor. Y mientras que antes se ocultaban las contrapartidas y posibles transacciones financieras recibidas a cambio del transfuguismo, ahora se ofrecen a cambio cargos pagados con dinero público. El PP, de nuevo, ha sido capaz de una nueva vuelta de tuerca al desprecio de la voluntad de los ciudadanos. Pero a un país en el que la palabra tamayazo se usa comúnmente como sinónimo de traición política, no se le puede engañar tan fácilmente.

Parece claro que el PP, el nuevo-viejo PP, el PP de siempre, no es capaz de desentenderse de la corrupción. Porque, no lo olvidemos, aunque no sea punible legalmente, el transfuguismo también es corrupción. Para el prófugo de su partido y para su valedor. Cuando alguien abandona las siglas políticas bajo las que se presentó a las elecciones y, en lugar de abandonar su escaño, se lo lleva debajo del brazo y se lo ofrece al mejor postor, traiciona la confianza que depositaron en él los ciudadanos con su voto a cambio de un beneficio personal. 

Por ello, y porque los demócratas no podemos consentir ni callar ante el fraude político que supone el transfuguismo, los socialistas llevaremos al próximo Pleno del Senado una iniciativa para que los grupos políticos rechacen esta despreciable práctica, una iniciativa en defensa de la ética en nuestra vida política. Será un buen momento para saber si los que hace unas semanas jaleaban la traición, tienen valor para defender ante la tribuna que, para ellos, en política todo vale para mantenerse en el poder o lograr un cargo público.

Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Las personas tenemos trayectorias que pueden alterar nuestra forma de pensar e incluso podemos convencer a otros y ser convencidos. Un proceso interno y personal que no pretendo juzgar. Pero la honestidad obliga: lo que procede es explicar tus motivos ante quienes te eligieron, abandonar el cargo público y resolver tus cuestiones ideológicas antes de volver a pedir a nadie que te vote por un proyecto que no sabes si serás capaz de defender. Todo lo demás es una estafa.

Afrontamos el aumento de los casos de coronavirus con un Gobierno decidido que sabe qué medidas hay que tomar, como lo lleva haciendo desde el minuto uno: con responsabilidad y firmeza.

El presidente Sánchez se ha dirigido a la ciudadanía, y ha recordado que existen instrumentos jurídicos y recursos humanos y económicos para luchar contra el virus, incluso se ha ofrecido a proporcionar este apoyo a la administración regional que lo solicite, en un claro ejercicio de cogobernanza. La declaración del estado de alarma en los territorios que lo precisen, puede contar con el apoyo parlamentario de la izquierda, y hay al menos 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas entrenados y preparados, listos para entrar en acción si así se solicita. Quien ignore estas facilidades mientras sigue sin hacer nada, será responsable ante su ciudadanía.

 No tienen excusa los que critican al Gobierno y le acusan de inacción mientras no hacen nada. No tienen excusa aquellos que, durante semanas, han dejado pasar un tiempo precioso sin tomar ninguna medida para luchar contra el virus en su comunidad autónoma. En la Comunidad de Madrid, Andalucía o en Castilla y León, hubo voces que gritaban contra el estado de alarma en los peores momentos de la pandemia, y que ahora exigen al Gobierno “que haga algo”, como ha llegado a exclamar la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales.

Lo estamos comprobando ante el inminente comienzo del curso escolar. Las familias están muy preocupadas ante lo que consideran una falta de previsión grave en algunas comunidades como Madrid o Andalucía, donde la necesidad de tomar medidas para un escenario de pandemia en los colegios estaba clara desde hace meses, pero donde no se ha hecho nada, excepto anuncios precipitados en el último momento de dudosa eficacia y muy difícil aplicación real.

Dos modelos enfrentados

 No nos engañemos, la pandemia está dejando al descubierto dos modelos muy diferentes: el del PP, que apuesta por la privatización y el desmantelamiento de lo público, frente al modelo de la izquierda, liderado por el PSOE, que apuesta por el fortalecimiento de lo público para hacer realidad la aplicación de los derechos a un sistema sanitario y educativo eficaz y de calidad.

Por ello, no es casualidad que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE hayan aprovechado el verano para contratar a casi cuatro veces más docentes para reforzar sus plantillas que las comunidades gestionadas por el PP. O que en comunidades como la de Madrid, no se hayan hecho esfuerzos para reforzar las plantillas sanitarias o contratar rastreadores, a pesar de que ha sido allí donde se han registrado las peores cifras de la pandemia. 

El coronavirus está poniendo a prueba a nuestra sociedad. Son momentos muy difíciles que solamente podemos superar si permanecemos unidos. No es el momento de la política cortoplacista y de la crítica fácil y sin reflexionar. Es el momento de que cada uno asuma su responsabilidad y colabore en la lucha contra un virus que ya casi ha matado a un millón de personas en el mundo. Es el momento de la unidad y de la responsabilidad. Como ha dicho el presidente, ya hemos doblegado una vez la curva y lo volveremos a hacer.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmaba en los micrófonos de RNE que el Ingreso Mínimo Vital irá en el último Consejo de Ministros de mayo para su aprobación como Real Decreto-ley, reconociéndose así desde su aprobación un nuevo derecho. Se trata de un avance muy importante en la lucha contra la pobreza. El nuevo Ingreso Mínimo Vital definirá unas características de hogar vulnerable, verificadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que permitirán acceder a una renta mensual mientras dure esa situación de pobreza severa.

La pobreza sigue siendo problema estructural en nuestro país. Así, una década después de la Gran Recesión seguimos con una de las tasas de pobreza más altas de la UE. La recuperación no llegó a todos. Los niveles de pobreza material severa son aún hoy superiores a los de 2008, con una especial incidencia en algunos grupos de población: uno de cada quince menores, una de cada ocho personas en hogares monoparentales (siendo una mujer la cabeza de familia en el 83% de estos casos), o uno de cada siete extranjeros extracomunitarios. Son personas excluidas del mercado laboral, sin acceso a rentas y, en el caso de los menores en esos hogares vulnerables, herederos al nacer de esa desigualdad de oportunidades.

La creación de un Ingreso Mínimo Vital era pues una necesidad social, y por ello formaba parte, tanto del programa electoral del PSOE como en el pacto de gobierno progresista. Un plan ya previsto, pero se anticipa su aprobación ante el impacto social derivado de la COVID-19.

Según estimaciones del Ministerio, el Ingreso Mínimo Vital alcanzará a un millón de hogares con un coste estimado de 3.000-3.500 millones de euros. Pero sin haberse aprobado todavía ya es objeto de duras críticas desde la derecha. La “paguita”, como les gusta llamar a la creación de un nuevo derecho de ciudadanía. Un gasto al parecer insostenible, pero que apenas representa un 0,6% de los ingresos públicos de 2019. Más barata debió parecerles quizá la reforma fiscal regresiva del PP que, entre 2015 a 2018 supuso una pérdida de ingresos públicos de 10.000 millones de euros según la Agencia Tributaria.

También se dice que esa “paguita” desincentiva el empleo, por más en las Comunidades Autónomas con garantías de rentas, Euskadi y Navarra, son justo las que menos tasa de paro registran, según datos de la última EPA. Lo que pasa, nos dicen, es que desincentivará la búsqueda de empleo, pero los estudios sobre la renta mínima vasca, como los de la Fundación Iseak, desmienten tal hecho.

La eficacia de este nuevo derecho depende de su diseño. Es por ello por lo que, aunque se haya adelantado su implementación, ha habido que dedicarle tiempo para precisarlo. No caben improvisaciones. Con todo, tan ambicioso proyecto se presentará en un tiempo récord.

Daremos pues otro paso de gigante. Las y los socialistas hemos estado siempre presentes en los grandes avances sociales que plasmaron en derechos las demandas sociales, levantando junto al esfuerzo y la unión del conjunto de la sociedad los pilares del Estado de bienestar. Fue el caso de la educación pública en 1985, que ha permitido que España tenga hoy una de las tasas de escolarización en educación superior más altas de los países desarrollados; el Sistema Nacional de Salud, en 1986, por el que disfrutemos ahora de una de las esperanzas de vida más altas del mundo; el sistema público de pensiones, y en especial las pensiones no contributivas de jubilación, en 1990, que alcanzan a más de 450 mil personas; la atención a la dependencia, en 2006, como nuevo derecho ya con más de 1,1 millones de personas beneficiarias. Y ahora sumamos el Ingreso Mínimo Vital, que permitirá a acceso a una renta mínima a quienes menos tienen. Esto en un momento donde, como respuesta de país ante la COVID-19, más de una cuarta parte de la población activa en España (el 26,7%) percibe algún tipo de prestación social. Una respuesta sin precedentes para no dejar a nadie atrás.

El Senado importa, y mucho. Por ello, es fundamental que, tras el 10 de noviembre, los socialistas revalidemos la mayoría absoluta que nos concedieron las urnas el pasado 28 de abril.

Es cierto que sus competencias son menos conocidas y, por qué no decirlo, reconocidas, que las del Congreso de los Diputados. Sin embargo, en la Cámara Alta se deciden cuestiones muy importantes que influyen directamente en la acción de gobierno y por tanto en la vida de los españoles, y que se desarrolla en tres ámbitos: político, económico y presupuestario, y judicial.

La importancia política del Senado es obvia, ya que es en esta cámara donde se vota la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Al respecto hay una cosa clara; el botón rojo del 155 lo activa quien vulnera el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía, por tanto son los líderes independentistas los únicos responsables de su aplicación. Dicho esto, también es evidente que una parte de la derecha lleva tiempo manoseando dicho artículo de forma irresponsable y partidista al exigir su aplicación, con carácter permanente y aunque no existan motivos reales y objetivos para hacerlo.

El presidente Pedro Sánchez lo ha repetido siempre: vamos a garantizar con firmeza el cumplimiento estricto de la Ley. Al respecto, el pasado mes de julio, la sentencia del Tribunal Constitucional estableció los límites explícitos de la aplicación del artículo 155, dándonos la razón a los socialistas. La irresponsabilidad y el uso partidista en un asunto como éste en nada ayuda ni a resolver los problemas, ni a mantener la convivencia, ni a defender la propia Constitución, porque la degrada y la trivializa.

Por ello, es vital que en el Senado exista una mayoría responsable y seria, una mayoría que tenga como prioridad resolver los problemas, fomentar la convivencia, y defender con firmeza, pero también con proporcionalidad, la aplicación del 155 en caso de que exista una razón legal y real para ello. Ni más ni menos.

Y hoy por hoy, esa mayoría solamente la puede representar el PSOE.

La puerta para las políticas de izquierda

También el Senado decide en lo económico y social. Tiene en exclusiva la capacidad de abrir o cerrar la puerta a políticas de izquierdas que devuelvan a los españoles y españolas lo que le hurtó la derecha durante 7 años, ya que tiene la llave, y no hay copia en el Congreso, para aprobar o vetar el techo de gasto. Hablamos nada menos que de dotar a las comunidades autónomas de más fondos para educación, sanidad, políticas sociales o ayudas a la dependencia. 6.000 millones de euros, 2.500 de ellos para las comunidades autónomas, que la derecha hurtó a todos los españoles a finales de 2018 al vetar el techo de gasto con su mayoría absoluta.

Una mayoría con altura de miras en aquel momento habría actuado con responsabilidad y sobre todo con lealtad a los españoles y españolas, poniendo a su disposición esos fondos tan necesarios.

Y hoy por hoy, esa mayoría también solo la puede representar el PSOE.

Por último, es en el Senado donde se nombra a la mitad del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces y juezas en España. Es este órgano el que decide, a su vez, el nombramiento de los miembros de los altos tribunales, que son los que juzgan, por ejemplo, los casos de corrupción que afectan directamente al Partido Popular. Esta es una de las razones por las que la derecha quiere recuperar el control del Senado tras el 10 de noviembre, sin embargo es necesaria una mayoría que vele por la Justicia y no por la impunidad.

Y de nuevo, esa mayoría también solamente la representa el PSOE.

Han bastado solo tres ejemplos para mostrar la importancia capital del Senado. Aplicación del artículo 155 de la Constitución, capacidad para poder aumentar la inversión en educación y en sanidad, y el futuro del poder judicial español. Tres razones de peso para evitar que la Cámara Alta vuelva a caer en manos de una derecha que no dudará en utilizar esta institución de manera partidista y como lugar de crispación y veto, dando de nuevo la espalda a la ciudadanía.

Solamente una mayoría socialista, todavía más contundente que la salida de las urnas el pasado 28 de abril, puede garantizar que el Senado sea un lugar de encuentro, una institución para todos y todas, y no un arma para dividir y bloquear España. El 10 de noviembre el Senado también cuenta, por eso hay que inundar las urnas de votos socialistas en las papeletas sepia.

Nos encontramos en plena oleada de ataques de la ultraderecha a los derechos más fundamentales de la ciudadanía en España. La derecha rancia dirige su discurso de odio hacia multitud de personas, pero uno de los colectivos más castigado por su violencia verbal y política son las personas LGTBI.

Para cualquier político que preste servicio público a la ciudadanía, proteger los derechos fundamentales debe ser un pilar prioritario de su discurso y su acción política. No tienen cabida en una democracia que se rige por valores de respeto a la diversidad, principios de igualdad y libertad, las fuerzas políticas que abanderan el rechazo a lo diferente y promueven sentimientos de desprecio.

En este contexto, todos y todas debemos sumar fuerzas frente a los que no respetan los derechos fundamentales y lanzar un mensaje unitario e inequívoco de apoyo y en defensa de los derechos LGTBI, porque reivindicar los derechos de este colectivo, es reivindicar los derechos de todas las personas a vivir su vida en libertad y defender la democracia.

Hoy, todos vivimos mejor que hace 50 años. De aquellas primeras manifestaciones de Stonewall en Nueva York o en de las Ramblas de Barcelona unos años después, surgieron movimientos de reivindicación que perduran hasta nuestros días. Movimientos que han promovido el reconocimiento de una serie de derechos del colectivo LGTBI. Sin embargo, la regulación es dispar en función de la comunidad autónoma y no existe una ley común a nivel estatal que tenga como objeto armonizar la defensa de los derechos de este colectivo, que no son otros que los derechos humanos más básicos y el respeto a la libertad personal de cada individuo.

Los socialistas estamos trabajando en una Ley que respete las reivindicaciones de las organizaciones LGTBI, y lo hacemos con la preocupación de que los posibles riesgos de retroceso aparecen por la derecha y la ultraderecha. Siempre hemos sabido que no había que bajar la guardia, hoy nos reafirmamos en que además debemos ser siempre la vanguardia.

Recientemente, Vox impidió que en las Corts Valencianas se aprobara una declaración institucional contra la violencia LGTBI. Sólo es una declaración institucional, pensarán muchos, pero es, ante todo, una declaración de intenciones. No es un caso aislado. Hace pocos meses, en febrero de este año, el único senador de Vox vetó una declaración institucional en la Cámara Alta contra la LGTBIfobia en el deporte. Fue su primera actuación en un pleno del Senado con un mensaje claro: la ultraderecha ha llegado a las instituciones para atacar la convivencia y los valores democráticos de nuestra sociedad. Porque, ¿cuál si no puede ser la razón por la que Vox se opone a condenar la violencia y el odio hacia el colectivo LGTBI?

Existen muchos más ejemplos de los ataques ultras a este colectivo: de forma directa o a través de sus socios. Recientemente, el nuevo gobierno municipal de Madrid, del PP, censuró un tipo determinado de pancarta sobre la fiesta del Orgullo Gay. Y tampoco hay que olvidar que Vox exige al PP y a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid la derogación de artículos de las leyes que protegen a las personas trans y que actúan contra la LGTBIfobia.

Vox es una amenaza clara a la convivencia y a la democracia, porque no puede haber libertad si no existe respeto a los derechos de toda la ciudadanía. Los socios de la ultraderecha deberían tener esto en cuenta y reflexionar sobre si están dispuestos a seguir siendo cómplices de esta agresión a la democracia o sumarse al rechazo frontal a los voceros del odio, a tiempo están.

El Artículo 9.2 de la Constitución Española lo deja bien claro pero como cantaría Jose Antonio Nielfa “La Otxoa”, primer artista homosexual en cantar en una cárcel, “quieren entrar en mi mundo, quieren ser mi voluntad, no dejaré ni un segundo que roben mi libertad”.

Comienza el año 2019 cargado de efemérides, incluida la que probablemente es una de las más importantes en la historia reciente de España: el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil y el inicio de una de las dictaduras más longevas y crueles de Europa.

Han pasado ocho décadas desde que el ejército sublevado del general Franco derrotó, con la inestimable ayuda de Hitler y de Mussolini, al legítimo ejército de la II República, lo que obligó a miles de españoles y españolas a huir para seguir siendo libres e incluso salvar la vida. Muchos de ellos no volvieron jamás a nuestro país. Muchos han fallecido, y otros, los menos, hoy aún viven en sus países de acogida, ya muy ancianos. Es hora de recordar su historia y, sobre todo, de rendir merecido homenaje a su lucha por la democracia y la libertad, una lucha por la que han tenido que pagar un precio demasiado alto. Para acordarnos de ellos y de ellas, 80 años no son demasiados.

La imagen de mujeres, ancianos y niños huyendo de los soldados franquistas hacia la frontera francesa o embarcando en buques atestados pertenece al recuerdo colectivo de muchas familias españolas. Cargados con sus escasas pertenencias, sin saber qué sería de su futuro, y aterrados por la amenaza de una represión segura en forma de cárcel, tortura y asesinato, miles de españoles y españolas, combatientes republicanos, militantes políticos de izquierda, sindicalistas, o simplemente demócratas y luchadores por la libertad, tuvieron que huir de España.

Se estima que unas 440.000 personas huyeron a Francia, de las que la mitad no regresó. Otros muchos se quedaron y pagaron el precio impuesto por el dictador: según estiman algunos historiadores, casi 200.000 personas fueron fusiladas. De esta manera, Franco diezmó a sus enemigos y así afianzó su férrea dictadura durante casi cuarenta años.

Recuperar el Senado para todos y todas

Este año 2019, ocho décadas después de esta tragedia, es hora de que las instituciones democráticas recuerden y rindan homenaje a estos españoles y españolas que se enfrentaron al fascismo y sufrieron el exilio precisamente por defender las instituciones democráticas existentes por entonces en nuestro país.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado organiza, junto a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, un acto de reconocimiento a estas personas, que se celebrará en la Cámara Alta, la misma que las derechas quieren convertir en un mausoleo de las ideas más rancias y retrógradas. El PP y Ciudadanos usan su mayoría absoluta para imponer su voluntad en el Senado, mientras negocian con la ultraderecha, heredera del fascismo vencedor de 1939, para hacerse con el poder en Andalucía. No debemos olvidar que, en breve, se unirá un senador de extrema derecha a esta mayoría.

Desde hace tiempo, estas derechas quieren hacer del Senado un lugar inhóspito e irrespirable para el resto de fuerzas políticas. Ha sido allí donde, recientemente, han vetado la ampliación del techo de gasto para los presupuestos, hurtando así a la ciudadanía unos 6.000 millones de euros más en gasto social. Y también ha sido en el Senado donde las derechas se han negado a condenar el franquismo, el mismo régimen que fusiló, encarceló y obligó a exiliarse a miles de compatriotas.

Pero los socialistas nos negamos a aceptar que el Senado, que es de toda la ciudadanía, siga siendo percibido como un reducto partidista de las derechas. Por ello, la institución va a ser el marco de un merecido homenaje, por parte de los y las socialistas, a los exiliados y exiliadas, a aquellas personas que tanto han sacrificado por la libertad de nuestro país. Un acto que se celebrará el próximo 15 de enero, 80 años después de sufrir la represión y el miedo por defender la libertad, y que contará con la presencia de los propios exiliados y exiliadas, de familiares, de asociaciones, y por supuesto de cargos y responsables del PSOE.

Hoy, la democracia española está en deuda con ellos, y el Senado será el escenario donde se recordará y agradecerá su lucha y su sacrificio.

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 43 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Unos días después, el 6 de diciembre, celebraremos el 40 aniversario de nuestra Constitución, y el comienzo de la mejor etapa de la historia de España en cuanto a libertades y desarrollo económico y social se refiere.

La secuencia de los acontecimientos es fundamental y, aunque es evidente, no hay que dejar de recordarla: Si podemos celebrar cuatro décadas de democracia y Constitución en España, es porque previamente Franco y su dictadura habían dejado de existir. Franquismo y Constitución, dictadura y democracia, son incompatibles. No lo olvidemos.

Sin embargo, aunque ha pasado tanto tiempo, el nombre de Franco sigue influyendo en la vida pública de nuestro país. Es lo que se conoce como “el genio del lugar”. El sociólogo Enrique Gil Calvo hace la siguiente definición: “Puede entenderse por genio del lugar la singularidad incomparable de cada cultura política específica de un determinado territorio, derivada de la trayectoria histórica irrepetible seguida en el pasado que sigue ejerciendo efectos retardados sobre el presente y el futuro”.

Franco y su dictadura representan “el genio del lugar” de nuestro país, puesto que ambos fenómenos inseparables han definido y configurado nuestro pasado reciente en gran medida, y continúan ejerciendo efectos sobre el presente. Lo que queremos los socialistas es que, de una vez por todas, dejen de hacerlo sobre el futuro. Y para eso debemos expulsarlo definitivamente y cerrar de una vez por todas una de las etapas más oscuras de nuestra historia.

El paso fundamental para conseguirlo es que aquellos que, aún hoy, mantienen una actitud tibia y ambigua con respecto al franquismo, lo condenen de manera rotunda y clara. Sin ambigüedades ni condiciones. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista llevará al próximo Pleno del Senado –que se celebrará a partir del 20 de noviembre– una moción que da la oportunidad al resto de los grupos políticos representados en la Cámara Alta de realizar esa condena clara que nuestro país necesita para que el “genio del lugar” de Franco deje de ejercer su influencia en el debate político y desaparezca.

Hay voces que dicen que esta iniciativa es una mirada al pasado y que no interesa a la sociedad, o que reabre heridas y divide a los españoles. No comparto esta opinión. Precisamente se trata justamente de lo contrario, de cerrar una profunda herida del pasado que sigue lamentablemente abierta para, de esta manera, unir a todos los españoles en aquello que nos identifica independiente del color político: los valores democráticos. Solo de esta manera podremos encarar el futuro con toda la normalidad democrática que merece este país.

Difícilmente se puede ser constitucionalista sin condenar la dictadura

Precisamente, el objetivo último de esta iniciativa en el Senado es defender y fortalecer los valores democráticos de nuestra Constitución en su 40 aniversario. Como he explicado al inicio de este artículo, nuestra Carta Magna existe porque Franco murió previamente, y con él su terrible dictadura que derrocó y persiguió la democracia y la Constitución de 1931 con la ayuda de los regímenes de Hitler y de Mussolini. Un régimen que durante casi cuatro décadas no permitió a los españoles y españolas vivir en libertad. La etapa de libertades, de prosperidad y de progreso que hoy disfrutamos con absoluta normalidad, hace solo un par de generaciones era simplemente un bonito sueño que sólo fue posible a partir de su muerte.

Por lo tanto, si se defienden los valores democráticos de nuestra Constitución es necesario condenar el franquismo que los trató de evitar y someter. Dicho de otra manera: para ser constitucionalista es imprescindible condenar la dictadura que negaba por principio precisamente la posibilidad de tener una Carta Magna. Se trata de un ejercicio de mera coherencia democrática y el mejor homenaje que podemos brindar a nuestra Constitución en su 40 aniversario.

El próximo 20 de noviembre todos los demócratas y constitucionalistas tenemos una oportunidad de oro para demostrar nuestra coherencia y nuestra defensa de los valores democráticos en el Senado gracias a una iniciativa del PSOE. Toca pasar de las palabras a los hechos.

Las derechas en España van por el mismo camino, y últimamente de la mano. El Partido Popular y Ciudadanos están en plena competición por la hegemonía del espectro electoral conservador, pero olvidan fácilmente sus diferencias cuando se trata de unir fuerzas contra su enemigo común: el Gobierno socialista y sus políticas contra la desigualdad social.

El PP y Ciudadanos se apoyan mutuamente. Entre los dos han construido un búnker y un muro de bloqueo en las Cortes que trata de frenar el trabajo del Gobierno del presidente Pedro Sánchez. Les es indiferente si ese muro impide aumentar el techo de gasto en 6.000 millones de euros para políticas sociales. Les da igual que, con su bloqueo, quien pueda perder sean las personas dependientes que no recibirán la asistencia a la que tienen derecho por ley, que los hospitales públicos puedan tener más recursos, o que las escuelas y los profesores y profesoras puedan contar con más medios. Les da igual que, con su bloqueo, comprometan el bienestar de nuestra sociedad.

Ese muro de la vergüenza política del PP y de Ciudadanos ha obligado al Gobierno y al PSOE a buscar una salida alternativa en el Congreso que haga posible que esos 6.000 millones de euros lleguen a la ciudadanía. Pero las derechas se empeñan en cerrar la puerta. Solamente tienen un objetivo: acabar con el Gobierno socialista, cueste lo que cueste, y lamentablemente cueste lo que les cueste a los españoles.

Una colaboración completa

La colaboración del PP y Ciudadanos es completa y efectiva, está perfectamente sincronizada. Hace escasos días, cuando los focos mediáticos se estaban dirigiendo hacia al líder del PP, Pablo Casado, y su polémico máster, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le sacó del apuro al provocar un falso escándalo sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno. Automáticamente la póliza naranja del PP siempre acude en auxilio ante cualquier siniestro que le suceda a los populares.

Pero no se ayudan solamente en el día a día. Son aliados firmes en las cuestiones cruciales de nuestra política. En la moción de censura contra Mariano Rajoy, los únicos que no apoyaron echar al PP del poder, fueron Albert Rivera y los suyos. Hay que recordar que los que venían de regeneradores de la política, miraron para otro lado a pesar de que la moción de censura estuvo motivada por una sentencia judicial que declaraba al PP como organización corrupta.

¿Dónde ha quedado la regeneración democrática que defiende Ciudadanos? ¿Cómo pueden apoyar cada día con sus votos y palabras a un Partido Popular que no sabe, o no quiere, avanzar y que sigue apostando por lo mismo que ha hecho siempre: inmovilismo y enfrentamiento?

Precisamente, el uso de la dialéctica del enfrentamiento entre españoles es lo más grave y peligroso que están perpetrando las derechas. Por un puñado de votos son capaces de dividir, ensuciar y crispar la convivencia democrática en nuestro país. No dudan en poner en circulación ‘fake news’ y utilizar los chantajes de determinados personajes de las cloacas con tal de desgastar al Gobierno.

Y tampoco dudan en enfrentar a los distintos territorios para conseguir una pequeña ventaja en la particular carrera hacia la radicalidad en la que andan enfrascados. Y es que los que tanto dicen defender la unidad de España tienen en su haber que el independentismo en Cataluña haya crecido desmesuradamente en los últimos años hasta alcanzar el 47% del electorado.

Las derechas parece que no son conscientes de que, con su discurso radical (por ejemplo con respecto a la inmigración), están abonando el terreno a otras fuerzas que podríamos calificar directamente de fascistas. Las últimas encuestas señalan que partidos de ultraderecha como Vox, podrían hacer su entrada en el Congreso de los Diputados. Y esto es consecuencia, en gran parte, de que PP y Ciudadanos están normalizando un discurso que se les puede ir de las manos, convirtiendo en “políticamente correcto” un lenguaje y unos argumentos que alimentan a un fascismo latente que, hasta ahora, se mantenía agazapado.

El Partido Popular y Ciudadanos han firmado una alianza con un objetivo: echar a Pedro Sánchez de la Moncloa aunque se lleven por delante el futuro de este país. Aunque sea sacrificando el bienestar de nuestra sociedad e hiriendo la convivencia. Es, claramente, una alianza contra el progreso ante la que los socialistas no nos vamos a arrugar.

Los socialistas no vamos a ceder al chantaje. Por mucho que lo intenten, por muchas toneladas de fango que arrojen, las derechas y sus oscuras cloacas no van a poder acabar con el gobierno de la dignidad porque desde las alcantarillas no se gobierna, se gobierna desde las instituciones. Tenemos las ideas claras y plena confianza en la necesidad de llevar a cabo las medidas que necesitan los trabajadores y trabajadoras de este país, los jóvenes, los mayores y el conjunto de la sociedad para salir del pozo de desigualdad y retroceso que nos dejaron los casi 7 años de políticas de derechas.

Los y las socialistas somos optimistas porque el tiempo corre de nuestra parte, porque el progreso llegó hace 40 años a nuestro país para quedarse. Y porque no hay muro, ni foso, ni cloaca, ni búnker que pueda frenar la voluntad y determinación del presidente Pedro Sánchez y de su Gobierno por mejorar la vida de los españoles y españolas.

La nueva senda fiscal del Gobierno de España es una propuesta factible y una gran oportunidad para poder dar un golpe importante a uno de los mayores enemigos de la justicia social de los últimos años. Me refiero a la austeridad, la misma que durante demasiado tiempo ha marcado la agenda política y económica de nuestro país y de Europa con consecuencias nefastas e incluso trágicas para millones de españoles y españolas. Los años de la crisis ya son pasado, pero es un pasado demasiado reciente como para querer ignorarlo, porque sigue habiendo demasiada desigualdad en nuestra sociedad. Demasiadas personas siguen sin empleo tras siete años de gobierno del señor Rajoy y del PP. En España, uno de cada tres niños está en riesgo de vivir en la pobreza o de sufrir exclusión social. Somos el tercer país en la cola de Europa en igualdad, con una tasa de pobreza por encima del 20%. Estos son datos que llaman a la acción, y no a mirar hacia otro lado.

Con los objetivos de estabilidad presupuestaria entre 2019 y 2021 que propone el Gobierno, se plantea la gran oportunidad de poder entrar en acción contra este escenario que golpea cada día a millones de personas en nuestro país. Se posibilita que, desde las instituciones públicas, se combata directamente a la pobreza en todas sus manifestaciones. También se puede poner fin a la larguísima época de recortes en los servicios públicos que tanto daño han hecho a nuestro estado del bienestar.

El Gobierno propone facilitar más dinero para políticas sociales, de educación, de sanidad y para las pensiones. Podemos dar a las comunidades autónomas de nuestro Estado más de 2.500 millones de euros para que, desde sus administraciones, redistribuyan esta cantidad en forma de mejores hospitales, más profesionales sanitarios, más y mejores colegios, más profesores, ayudas para la dependencia, y para que nuestros mayores puedan vivir sus últimos años con tranquilidad y dignidad, cobrando su pensión tras toda una vida trabajando y cotizando. Podemos empezar a decir adiós a la austeridad y caminar hacia una sociedad más solidaria, fuerte y justa.

El NO: entre el oportunismo y el dogmatismo ajeno a las personas

Lamentablemente, ya se han puesto trabas importantes a esta propuesta contra la desigualdad. El nuevo presidente del Partido Popular se ha estrenado en su cargo ordenando el NO. También ha sido claro Ciudadanos en el NO a esta oportunidad para hacer que nuestro país pueda volver a despegar, y millones de personas puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de vida. Podemos y los independentistas catalanes, por su parte, han utilizado esta votación con un oportunismo indigno ante el gran reto que afrontamos todos de mejorar la vida de las personas. En definitiva, han utilizado esta votación en el Congreso para atacar al Gobierno, cuando en realidad a quien han golpeado es a las personas corrientes que necesitan salir de la crisis de manera definitiva.

Pablo Casado, el flamante presidente del PP, dijo en su discurso ante los compromisarios de su partido, que él es de la “España que madruga”. Los millones de españoles y españolas que de verdad madrugan cada día, son los que necesitan que las instituciones les tengan presentes para solucionar sus problemas, y no solamente para formular frases para ganar congresos. Pero el señor Casado también se olvida de sus propios votantes. En concreto de aquellos que han elegido a los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. El señor Casado tendrá que explicar que con su NO, estas comunidades perderán unos 800 millones de euros que dejarían de revertir en la ciudadanía. En concreto, los más perjudicados serán los madrileños, los gallegos y los castellano-leoneses. La gente quiere que no se juegue con su salud ni con su educación, pero al Partido Popular ese temor les da igual.

Eso me lleva a la siguiente reflexión: si el PP apoyara los objetivos de estabilidad presupuestaria, de pronto se encontrarían con más recursos en sus administraciones autonómicas, y con ello sin coartada para lo que realmente persiguen: el desmantelamiento de los servicios públicos. Su NO es ideológico, no solamente una táctica mediocre para tratar de desgastar al Gobierno. Tratan de imprimir su huella neoliberal en este país, y la crisis ha sido su gran aliada en los últimos años para justificar los recortes y la austeridad. La derecha se encontraba cómoda con esta coartada, pero hoy ya no está disponible y tienen que dar la cara.

Es el mismo pensamiento neoliberal que mueve a Albert Rivera: argumenta que no quiere pagar más impuestos y que está en contra de incrementar el gasto. Cegado por su neoliberalismo dogmático, se olvida de que con esta nueva senda fiscal, es cierto que se gastaría más, pero también que se ingresaría más. La ministra Montero ha argumentado públicamente que, con los nuevos objetivos presupuestarios, se podría dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad sin la necesidad de llevar a cabo ajustes adicionales. Bruselas está de acuerdo, y los funcionarios de la Unión Europea no son precisamente sospechosos de querer que se dispare el déficit en ningún país miembro. Es decir, estamos hablando de cumplir con nuestra obligación presupuestaria, y a la vez de dar respuesta a las demandas sociales de millones de personas. Hace poco eso parecía imposible, pero hoy podría ser realidad.

Pedro Sánchez, comprometido con la lucha contra la desigualdad

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, está comprometido con la lucha contra la desigualdad. En dos meses ya ha mostrado más sensibilidad en este campo que el Gobierno de Rajoy en siete años: la lucha contra la pobreza infantil es una prioridad, se ha negociado una subida del Salario Mínimo Interprofesional, la universalidad de la sanidad pública está garantizada para todos y todas, la igualdad real entre hombres y mujeres no es ya una frase vacía y se ha roto el techo de cristal en el Consejo de Ministras y Ministros. Tenemos sobre la mesa el punto de partida para que esta lucha dé un salto cualitativo y cuantitativo con recursos suficientes.

La ley dice que dentro de un mes los españoles podrían tener otra oportunidad de ver aprobada esta propuesta del Gobierno. Sin embargo, si los que han votado NO y se han abstenido no recapacitan, volveremos a la herencia del Gobierno de Rajoy y su austeridad. Espero que las formaciones políticas del NO digan a los ciudadanos por qué más recortes es mejor para España, cuando lo que estamos planteando los socialistas es la recuperación de los derechos de los ciudadanos mientras cumplimos nuestro compromiso con Bruselas.

Los diputados y diputadas que han votado en contra el pasado viernes no pueden vivir ajenos al destino de tantas personas sin empleo, o con uno precario, y de tantos niños al borde de la pobreza. No es humano mantenerse insensible y cerrar la puerta a la posibilidad de que millones de nuestros conciudadanos puedan contar con una administración pública con más recursos para atenderles. Cuando regresen a sus circunscripciones, tendrán que explicar a sus vecinos y vecinas por qué apretaron ese botón del NO. Y, estoy seguro, a muchos, en el fondo, les costará hacerlo.

El pasado jueves conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los primeros años de la trama Gürtel, con un fallo que condenó, no solo a los principales cabecillas de la trama, el extesorero Luis Bárcenas y el líder Francisco Correa, sino también al propio Partido Popular como beneficiario a título lucrativo. Un Partido Popular que ha sido condenado por gestionar durante más de 20 años una Caja B en Génova y que se convierte así, oficialmente, en el primer partido condenado por corrupción en la historia de nuestra democracia.

Los socialistas hemos venido denunciando desde hace años que la corrupción del Partido Popular es mucho más que la suma de una interminable lista de casos, es una forma de actuar; es un modus vivendi. Y ahora lo ha dicho la Justicia de forma clara y contundente: “entre el grupo Correa y el Partido Popular, se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. Fin de la cita.

Una sentencia que viene a dar la puntilla a un gobierno y a un Partido Popular que lleva demasiado tiempo incapacitado políticamente para acometer las reformas que necesita nuestro país. Y una sentencia que, además, es sólo la punta del iceberg de corrupción de un Partido Popular que, como organización, está a día de hoy presente en 5 sumarios en calidad de acusado a título lucrativo, responsable civil subsidiario y/o investigado penal por blanqueo de capitales y delito electoral.

Esta situación política y procesal del Partido Popular hace inviable la gobernabilidad, porque nuestro país no puede permitirse ver a su gobierno un día sí, y otro también, ante los tribunales. Y tras conocerse la sentencia, solo había dos salidas: o la moción de censura que hemos presentado los socialistas, o que Rajoy convocase elecciones. Lo segundo no sucedió, por tanto, sólo hay un camino: el éxito de la moción para investir presidente a Pedro Sánchez, y pasar de una vez página de esta etapa negra que para la democracia de este país han supuesto los Gobiernos de Mariano Rajoy.

El Secretario General del PSOE es el mejor candidato para pilotar el proceso de regeneración que este país necesita porque ostenta una triple legitimidad. En primer lugar, por la legitimidad de ser el líder del partido más votado de la oposición. En segundo lugar, por la legitimidad que le otorga el voto directo de la militancia que le ha elegido en dos ocasiones para liderar el Partido Socialista. Y en tercer lugar, por la legitimidad moral que le proporciona haber dimitido en su día para no investir a Mariano Rajoy.

Ya en 2015 en el debate electoral que sostuvo con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez le dijo: “Si usted gana, el coste para la democracia es enorme porque el presidente del Gobierno debe ser una persona decente y usted no lo es”. Aquello le costó no pocos ataques y críticas. El tiempo le ha dado la razón. La degradación de la calidad de la democracia y el enorme deterioro que para las instituciones ha tenido la corrupción del PP, amparada por Rajoy, no ha dejado al PSOE otra salida que la presentación de la moción de censura con una hoja de ruta que ha dejado clara Pedro Sánchez: el consenso de las fuerzas políticas en torno a la censura a Mariano Rajoy, la recuperación de la convivencia y del normal funcionamiento de las instituciones, y dar la palabra a los ciudadanos para que decidan.

Sin embargo, más allá de candidatos, lo que se dirime este jueves y viernes es muy simple: si continúa gobernando el partido de la corrupción que está corroyendo todas nuestras instituciones, o si cerramos la nefasta etapa que ha supuesto para la democracia la presidencia de Mariano Rajoy. En definitiva, ¿Rajoy sí, o Rajoy no?, ¿corrupción sí, o corrupción no?

Ciudadanos tuvo la oportunidad de forzar elecciones en el trámite de presupuestos, pero apoyó aquellas cuentas injustas para mantener en respiración asistida a Rajoy. Su reacción de las primeras horas tras la sentencia, con mociones instrumentales, presidentes interinos, abstenciones técnicas o su propia moción, vienen a confirmar que Rivera está buscando pretextos para seguir sosteniendo a Rajoy en el poder y, con ello, la corrupción del Partido Popular.

Cabe preguntarse si Albert Rivera tiene al día su encuestómetro, o por fin va a dejar de mirar por sus intereses personales. Esperemos que así sea. Los 350 diputados y diputadas del Congreso, incluido el Sr. Rivera, lo tienen muy fácil: Corrupción, ¿sí o no?

La decisión es de sus señorías.

Tras el bochornoso vídeo de las cremas de Cifuentes, Mariano Rajoy dijo que su dimisión “era obligada” y “lo que tenía que hacer”. Es decir, que en el baremo ético de Rajoy, si robas 40 euros en dos tarros de crema siendo presidenta de Madrid, la dimisión es obligada, sin embargo, si eres presidente del Gobierno de España y avalas las cuentas en Suiza de tu tesorero corrupto, organizas una caja B para financiar ilegalmente el partido, pagas en negro tus campañas electorales, te mensajeas con delincuentes, y avalas todo tipo de tramas corruptas a tu alrededor, la dimisión no solo no es obligada sino que, lo que toca, es seguir siendo presidente del Gobierno. Consejos vendo que para mí no tengo, como le gusta decir estos días a nuestro presidente.

Este es el nivel al que nos ha conducido Mariano Rajoy y su particular sentido de la moral y la ética en el ejercicio de lo público.

Con él como presidente del Gobierno y del Partido Popular, España ha alcanzado límites insospechados de corrupción, manipulación de las instituciones y degradación democrática que nunca antes habíamos conocido en nuestro país. Por eso, cuanto más tiempo pase Rajoy en La Moncloa, más daño hará a España y los españoles.

Leía yo el otro día que Rajoy es ya el político que más tiempo lleva en el poder desde la muerte de Franco. Desde que entró en la Moncloa en 1996 como ministro de Administraciones Públicas hasta hoy, pasando por su etapa de vicepresidente del Gobierno, aquella de los hilillos de plastilina del Prestige, ha pasado la friolera de 22 años.

En todo este tiempo que le llevamos sufriendo los españoles, especialmente como presidente del Gobierno, es evidente que su forma de hacer política siempre ha tenido a la mentira como elemento central de su estrategia. Tal vez por eso, y por lo que hace y deja de hacer, Mariano Rajoy es, con mucho, el presidente peor valorado por el CIS en toda la democracia.

De todas las mentiras que nos ha dicho, y hay donde elegir, la más sangrante puede que sea la de la herencia recibida. El PP se presentó ante la sociedad con Zapatero como causa de todos los males de la humanidad. Sin embargo, 7 años después de alcanzar La Moncloa, la falta de resultados de su gestión es evidente: el paro sigue desbocado, la precariedad laboral y la desigualdad campan a sus anchas, ha quebrado el sistema de pensiones, la deuda pública crece a un ritmo vertiginoso, la banca ha sido rescatada, y se pierden derechos laborales civiles y sociales a cada día que pasa.

Las mentiras ideológicas también han sido una constante de Rajoy en estos años. Mientras el crecimiento económico del país se acercaba al 3%, el PP nos ha aumentado de forma inmisericorde las dosis de austeridad, como se puede comprobar en los Presupuestos Generales de este año, mientras machaconamente nos cuentan que son los presupuestos más sociales y solidarios. Con Rajoy en La Moncloa, hemos visto cómo se rescataban bancos o se repatriaban combatientes de la División Azul, mientras suprimían cualquier presupuesto para abrir fosas de victimas franquismo, o se hundían y liquidaban las ayudas a dependientes y parados de larga duración.

Capítulo aparte es la corrupción del PP, amparada, consentida y respaldada por Mariano Rajoy. El partido que decía ser incompatible con la corrupción, ha acabado siendo el más corrupto de Europa. En pocos días, previsiblemente, lo veremos traducido en forma de sentencia judicial por la Gürtel. Será el reconocimiento oficial de que el Partido Popular lleva más de 20 años financiándose ilegalmente con una caja B con la que se han repartido sobresueldos a los principales dirigentes del PP, entre ellos al propio Rajoy. Pero claro, en esto, la dimisión no es obligada. Para que Rajoy dimita, hará falta que alguien le grabe saliendo de algún súper con una colonia de deliplus. Entonces sí estaremos ante un flagrante caso de dimisión obligada.

En definitiva, estamos ante un Gobierno decadente que es un verdadero motivo de vergüenza para la sociedad española. Un Gobierno al que ya solo le salva el inestimable oportunismo de Albert Rivera, que se ha convertido en la respiración asistida de un moribundo PP, y que de ninguna manera deberíamos seguir consintiendo porque, cuanto más tiempo lo dejemos, peor olerá. ¿Sabes, Albert?

Nada más llegar al gobierno, Mariano Rajoy enterró bajo toneladas de cinismo sus promesas electorales y lo apostó todo a recortar gastos en políticas sociales, a legislar para dar cobertura legal a esos recortes y a esperar, fiel a su estilo, a que el paso del tiempo hiciera el resto.

Seis años después y tras provocar mucho dolor a millones de españoles, el Presidente del Gobierno ha perdido aquella apuesta. Pero no la ha pagado él sino todos los españoles, especialmente los cientos de miles de trabajadores precarizados y de jóvenes exiliados económicos. Y ambos fenómenos, además de dramas personales, han desencadenado la tormenta perfecta que está arrasando nuestro Sistema Público de Pensiones.

Como ya nos enseñó cuando era ministro, donde caben unos hilillos caben 70.000 toneladas de fuel, donde caben dos errores caben tres, y donde caben tres mentiras caben cuatro. Él siempre dice que es un presidente predecible, y quizá sea ésta una de las pocas verdades que ha dicho en el ejercicio de su cargo. Mariano Rajoy ha hecho lo de siempre con los asuntos que luego nos explotan en la cara a todos: mirar para otro lado y tratar de ganar tiempo.

Pero en realidad desencadenó una terrible tormenta y se sentó a esperar pensando, –quizá asesorado por algún primo experto–, que por arte de magia los negros nubarrones que se cernían sobre el Sistema Público de Pensiones se desintegrarían justo antes de abatirse sobre su cabeza. Sin embargo ya los tenemos encima y nuestro gobierno no ha hecho nada para protegernos, al contrario, ha gastado todas nuestras provisiones en protegerse a sí mismo.

Nuestro sistema de pensiones no depende estrictamente de la mera demografía, sino de las cotizaciones de los trabajadores, y éstas han caído en picado por el modelo de creación de empleo parcial, temporal y precario del Partido Popular. Y ha terminado generando un tremendo agujero anual en la Seguridad Social de unos 15.000 millones.

La manifiesta incompetencia de Rajoy en este asunto es tan solo comparable a su enorme irresponsabilidad. Durante todo este tiempo, en lugar de moverse para buscar soluciones, acuerdos y consensos, se ha limitado a liquidar tranquilamente la hucha de las pensiones que dejó en 2011 José Luís Rodríguez Zapatero con casi 67.000 millones, dejándola en los 8.000 millones actuales, casi un 90% menos. Ha arruinado en tan solo seis años el patrimonio neto de la Seguridad Social, que es de todos, dejándolo en números rojos por una mezcla de desidia, incapacidad y afán de supervivencia. Marianismo en estado puro.

A esto hay que sumarle que, paralelamente, desde la reforma impuesta por el gobierno en 2013, la subida anual es del 0’25%, desligada de la subida del coste de la vida. Y como ésta ha sido muy superior a esa cifra, los pensionistas han perdido poder adquisitivo en los dos últimos años. En 2018 lo volverán a seguir perdiendo, y a partir de 2019 más aún con el factor de sostenibilidad, otra imposición, que puede hacer disminuir las pensiones un 30% en el futuro.

Ante esta gravísima situación, los socialistas consideramos irrenunciable la defensa del sistema público de pensiones, fundamentado en torno a los principios de solidaridad, contributividad y gestión pública. Para ello es imprescindible la derogación de las últimas reformas del PP que van a condenar al empobrecimiento de los pensionistas. Y por otro lado hay que aumentar los ingresos del sistema, priorizando un aumento salarial de trabajadores, sobre todo del Salario Mínimo para elevar las bases de cotización y la recaudación de la Seguridad Social.

Pero hay que ser realistas y con esto no basta. Ahora más que nunca es necesaria la audacia para buscar otras fuentes de ingresos complementarios a las cotizaciones. Y la clave la dio el Secretario General de mi partido, Pedro Sánchez, el pasado martes: la creación de dos nuevos impuestos, uno sobre las transacciones financieras y otro extraordinario sobre la banca, que por cierto fue rescatada en su día por todos los españoles, y que por tanto tiene el deber social y ético de devolver parte del sudor y del sacrificio de tantos miles de compatriotas.

Es necesario salir de la asfixiante cueva de excusas y trampas de Mariano Rajoy y del Partido Popular, que condena a la parálisis todo lo que cae en ella y que pretende paralizar España entera. Hay que salir a la calle, preguntar a los que saben y comprobar que las soluciones a veces son más fáciles de encontrar de lo que parece. Ser valientes y ser de izquierdas. Ser optimistas y ser conscientes de que hay futuro. Y los socialistas lo estamos siendo.

Porque la ecuación adecuada para proteger nuestro Sistema Público de Pensiones la conocemos desde siempre todos los socialistas y se escribe con la izquierda: valentía más Justicia Social es igual a futuro.

Son muchas las perspectivas y los ángulos desde los que abordar el tema de la energía nuclear. Pero hay uno fundamental: la seguridad nuclear y radiológica.

Los accidentes de las plantas de Three Mile Island (en Estados Unidos, en marzo de 1979), el de Chernóbil (en Ucrania, en abril de 1986) y el de Fukushima (en Japón, en marzo de 2011) han puesto de relieve que existen riesgos altos. Muy altos. Riesgos que no pueden ser eliminados por completo, pero que, mientras esta tecnología exista, tienen que ser controlados al máximo, con una sólida y rigurosa regulación, con fuertes inversiones económicas y con equipos humanos extremadamente preparados, donde la cultura de seguridad esté por encima de los intereses monetarios.

Como dice un amigo, lo “bueno” de las centrales nucleares es que “casi nunca pasa nada”. La energía nuclear no es ninguna panacea: son instalaciones que requieren miles de millones de euros para su construcción, hay un proceso emisor de radiaciones ionizantes de difícil control, se generan residuos radiactivos de alta actividad (de carísima y compleja gestión, como estamos viendo con el caso del Almacén Temporal Centralizado –ATC– en Castilla-La Mancha, y que hipotecan a las generaciones futuras), desconocemos con precisión la cuantía de las reservas de uranio y existe el riesgo de la proliferación de armamento nuclear.

Además, como quedó demostrado en Japón, nunca se podrá eliminar por completo el riesgo de accidentes (un tipo de accidente, el nuclear, que conlleva unas tremendas implicaciones sociales, económicas, sanitarias y medioambientales de muy largo plazo). Y tampoco podremos evitar que las plantas atómicas sean objetivos de atentados terroristas. Sin embargo, tendremos que convivir con esta tecnología algunas décadas más.

Se puede, legítimamente, estar a favor o en contra de cualquier tipo de energía. Pero lo inaceptable sería adoptar posiciones sin rigor, sin hacer las cuentas completas, sin anticiparse a los problemas que puedan surgir. Mucho menos, se puede adoptar una posición desde la óptica de la cuenta de resultados de grandes multinacionales de la energía.

Si esto es así, si vamos a tener que seguir utilizando la tecnología nuclear para la producción de electricidad durante algunos años más, un hecho también será cierto: dado que tenemos un parque nuclear muy envejecido, ya al borde o por encima de los 40 años de operación, habrá que destinar muchos más recursos, tanto económicos como humanos, a la seguridad nuclear y radiológica. Y, muy especialmente, tras el desastre de Fukushima.

En otras palabras: la seguridad deberá ser la prioridad de las prioridades.

Países como Alemania, Bélgica o Suiza han anunciado el abandono definitivo de sus programas nucleares (Austria ya lo hizo hace 30 años) o la reducción de su dependencia de la energía nuclear (como Japón, Reino Unido o Francia). Otros, como, por ejemplo, China, Rusia, India o Estados Unidos, han confirmado la continuidad de los mismos.

El hecho es que en el próximo cuarto de siglo es probable que se mantenga el portectaje actual de producción mundial de energía eléctrica con origen nuclear.

Como en el caso de otras tecnologías, los países deben sopesar los costes y los beneficios de contar con centrales nucleares.

Todos los países tienen derecho a utilizar la energía nuclear. Pero todos los que opten por esta vía deben estar obligados a hacerlo correctamente y con las máximas garantías, capacitando a un gran número necesario de ingenieros, físicos, químicos y de expertos nucleares, construyendo una sólida infraestructura técnica, ateniéndonos a las normas, a las buenas prácticas y a las directrices internacionales de seguridad y contando con organismos reguladores eficaces, eficientes, creíbles, transparentes, que cuiden una buena comunicación con la opinión pública y, sobre todo, independientes.

Así, en el debate sobre el futuro de la energía nuclear los organismos reguladores cobrarán más protagonismo, debiendo mantener su neutralidad y extremo rigor en la aplicación de las normativas y de las buenas prácticas, ya que esa es la misión que les encarga la sociedad. Algo que, por supuesto, incluye a España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Consejo de Seguridad Nuclear lleva desde 1980 trabajando con un cuerpo técnico de primer nivel. Por eso, el Consejo ha sido reconocido por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) como una institución de referencia a nivel internacional a la hora de prestar un servicio público esencial: proporcionar previsibilidad, estabilidad y confianza en la regulación de la seguridad nuclear.

Nuestro país es el cuarto mayor productor de energía nuclear de los 28 países de la Unión Europea. Y el octavo de los 31 países que configuran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estamos, por  lo tanto, entre los países del pelotón de cabeza en materia de utilización de energía nuclear, que representa en la actualidad en torno al 19% de nuestra generación eléctrica.

A día de hoy, disponemos de seis centrales en operación, que contabilizan un total de ocho reactores, siendo la edad media de funcionamiento de nuestro parque nuclear de 36 años (las más jóvenes son Trillo y Vandellós II, puestas en marcha en 1987). Garoña, situada en la Comarca burgalesa de Las Merindades, es la más antigua, con sus 46 años a cuestas, y en diciembre de 2012 paró, unilateralmente, su actividad comercial.

En julio de 2013 Garoña recibió una orden ministerial que le obligó a un cese definitivo de explotación, tras haber operado durante más de 42 años. Sin embargo, varios cambios legislativos realizados ad hoc a favor de Nuclenor (la empresa titular de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y por Endesa), anunciados en rueda de prensa por la vicepresidenta primera del Gobierno de Rajoy (incluyendo una reforma exprés del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas) permitieron a Nuclenor solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la renovación de su autorización de explotación por 17 años más, hasta 2031.

Es decir: Gobierno y empresas quieren llevar al reactor burgalés hasta los 60 años de operación comercial (una petición desconocida en la historia de la seguridad nuclear en España, a la que parece haberse plegado la mayoría del pleno del CSN, dado el valleinclanesco proceso de licenciamiento de Garoña que hemos conocido hasta ahora). 

El hecho es que tras diversas modificaciones legales realizadas ad hoc (sin contar nunca con la unanimidad del pleno del CSN) para propiciar la ampliación de la vida útil del reactor nuclear Santa María de Garoña; tras haber dejado expirar voluntariamente varios plazos legales en 2012 y en 2013 para operar a potencia (debido a negociaciones económicas entre el propietario de Garoña y el Gobierno de España); tras ser multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con más de 18 millones de euros (por parar unilateralmente, sin permiso, en diciembre de 2012), la compañía explotadora de Garoña, Nuclenor, presentó en 2014 al Gobierno de España y al CSN una nueva solicitud de renovación de su autorización de explotación, con el objetivo de seguir operando dicha central nuclear hasta 2031, a pesar de estos lamentables antecedentes reguladores.

Y, por si esto no fuera suficiente, en 2015, unas semanas antes de las elecciones, el Gobierno de Rajoy, sin contar con el respaldo del Parlamento, impuso por Real Decreto un tercer consejero del Partido Popular en el CSN, Javier Diez, para que la mayoría política en el seno del pleno del Consejo (3 de 5) estuviera garantizada (haciendo un daño tremendo a la credibilidad y a la independencia del organismo regulador). Al PP le oímos luego apelar a no se qué consensos, pero en cuanto tienen la oportunidad, imponen su criterio unilateralmente. No es la forma de hacer política que reclaman los tiempos y los ciudadanos.

Así ha llegado Garoña a 2017. El pasado miércoles 25 de enero, el pleno del CSN recibió, por fin, la documentación técnica que autoriza a Garoña para ser explotada comercialmente hasta 2031… o más allá, ya que el CSN, haciéndole el juego al Gobierno de Rajoy, ni siquiera le pone fecha límite a Garoña. Un chollo para Endesa e Iberdrola.

No sabemos qué decidirá dentro de unas semanas la mayoría del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero lo que sí sabemos es que Nuclenor apenas ha hecho las inversiones económicas exigidas en materia de seguridad nuclear. Así que aunque consiga la autorización es posible que ni siquiera pueda cargar combustible para operar a potencia, para producir energía que es para lo que sirve una central nuclear.

Y, aun así, sabiendo que Garoña no ha hecho mejoras en seguridad nuclear y que no puede producir electricidad, el pasado miércoles llegó a la mesa del Consejo su informe, inédito por dos motivos: primero, porque nunca una empresa propietaria de una central nuclear había presentado al CSN una solicitud de renovación de una autorización de explotación por un período de tiempo superior a los 10 años (Nuclenor pide 17 años más de operación para Garoña). Y, segundo, porque nunca un titular había solicitado al CSN operar un reactor nuclear hasta los 60 años de explotación comercial. Y, por supuesto, nunca se había disociado en España una Revisión Periódica de Seguridad (RPS), que obligatoriamente se realiza cada 10 años, de una autorización de renovación de explotación de un reactor nuclear (una práctica reguladora bien asentada desde 1999, así reconocida por el OIEA en una misión de evaluación que envió a nuestro país en 2008).

En el Congreso de los Diputados y en el Senado esperamos el informe del CSN con urgencia. Un informe que, de ser positivo, servirá de precedente para el resto de reactores españoles, deseosos de llegar también a los 60 años de explotación comercial. Hay mucho dinero en juego. Buena prueba de ello es que el CSN lleva tres años cambiando instrucciones, guías, procedimientos y manuales de seguridad para adaptar la normativa a la operación a largo plazo de nuestras centrales nucleares. Incluso, a propuesta del consejero del Partido Popular, Fernando Castelló, el CSN retiró en el pleno del 8 de octubre de 2014 la norma que impedía a la central nuclear de Trillo solicitar renovaciones por más de 10 años. Además, Almaraz, antes de agosto de este año, tendrá que solicitar su renovación de autorización de explotación, y, probablemente, querrá lo mismo que Nuclenor: llegar a los 60 años de explotación comercial. ¿Qué apostamos?

El objetivo político-empresarial es muy claro.  Incluso sin operar a potencia, sin que Garoña volviera a producir ni la energía que consume una bombilla, la jugada es rentable: las eléctricas podrán chantajear a futuros gobiernos exigiendo lucro cesante si algún presidente o ministro se atreve a cerrar alguna central nuclear en España por motivos políticos o económicos. Otra vez el interés particular y económico de las grandes empresas por encima de la política y el interés general. ¿Les suena? Son exactamente las bases del camino que nos trajo hasta una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Algunos parece que no han aprendido nada e insisten en esta fórmula.

Un vodevil que llama la atención (más aún) ante el hecho de que España tiene un exceso de potencia eléctrica, pudiendo prescindir sin problemas de un reactor nuclear tan obsoleto, tan envejecido y tan peligroso como Garoña, que lleva más de cuatro años sin producir ni un solo kilowatio de electricidad.

Desde el PSOE hemos dicho que así no pueden hacerse las cosas. Porque no se puede tomar una decisión tan trascendente, ampliar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, sin transparencia, sin debates, sin diálogo, sin que el Congreso de los Diputados ni el Senado conozcan en profundidad las implicaciones técnicas que en materia de seguridad conlleva tal disposición.

Se trata de un proceder nada democrático, inaceptable en un país desarrollado, que contrasta con el profundo debate público que se está siguiendo, por ejemplo, en países altamente nuclearizados como Francia, donde desde 2009 se está analizando tanto técnica, como política, económica y medioambientalmente las implicaciones derivadas de permitir que sus centrales nucleares lleguen a los 60 años de vida útil.

Así, la Agencia de Seguridad Nuclear (ASN), el homólogo francés del CSN, ha anunciado que emitirá un informe al respecto en 2019 (tras más de 10 años de intensos análisis científicos, debates públicos y de consultas técnicas). Además, en Francia no juegan con fuego: el pasado 23 de enero François Hollande anunció el cierre de Fassenheim, la central nuclear más vieja del país galo, incorporada a la red en 1977 (Garoña obtuvo su autorización de construcción en 1963, se comenzó a construir en 1966 y se conectó a la red en 1971).

Una cosa está clara en el ámbito de la seguridad nuclear, y muy especialmente tras las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima: la actuación del organismo regulador es clave. No es casual que la Comisión Parlamentaria Independiente de Investigación del accidente de Fukushima concluyera, en su informe remitido al Gobierno de Japón en julio de 2012, que el accidente nuclear de Fukushima fue un “desastre causado por errores humanos”. El informe subraya, taxativamente, que la catástrofe fue consecuencia de la complicidad entre el gobierno, las agencias de regulación y el operador TEPCO, reconociendo que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de tal gravedad, que el accidente de Fukushima hubiera podido producirse incluso en ausencia de cualquier desastre natural. ¿Les suena la fórmula?

La mayoría de tres quintos de la Comisión de Industria del Parlamento ya instó al Gobierno de España, en mayo de 2015, el cese del presidente del CSN, Fernando Marti, exsecretario de Estado de Energía, quien, incomprensiblemente, sigue al frente de esta institución, ya que el Consejo de Ministros hizo caso omiso al Parlamento. Ese mismo año incluso fue obligado por el Consejo de Transparencia a publicar la documentación técnica que había ocultado sobre el emplazamiento del cementerio nuclear en Villar de Cañas, porque se negó a hacerla pública, en un alarde de opacidad impropio de un organismo regulador de riesgos como es el CSN. Finalmente fue forzado a comparecer ante la Comisión de Industria el pasado 19 de octubre de 2016, tras escabullirse durante dos años seguidos, evitando rendir cuentas ante el Parlamento, alegando, textualmente, que “viajaba mucho”. Y vaya si lo hace, aunque de eso hablaremos otro día.

Las anomalías han sido constantes desde su toma de posesión en diciembre de 2012. Y prosiguen, incluyendo cazas de brujas contra aquellos técnicos, como Rodolfo Isasia, que se negaron a plegarse a sus arbitrarias instrucciones (se cuentan por decenas los comunicados emitidos por ASTECSN, la asociación de técnicos que no se ha arrugado ante el martillo de Fernando Marti).

Sus constantes y carísimos viajes internacionales sin justificar ya son un escándalo públicamente conocido y aireado por la prensa y que han motivado varias preguntas parlamentarias de este senador que escribe y que aún no han sido respondidas por el Gobierno de Rajoy.

Adicionalmente, en 2016 todos los grupos parlamentarios solicitaron por escrito, tanto al CSN como al ministro de Energía, el Sr. Nadal, que se congele el informe sobre la autorización de la renovación de explotación de Garoña hasta no haber abierto un debate sobre las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales y en materia de seguridad derivadas de llevar las centrales nucleares hasta los 60 años de operación comercial. Sin embargo, nada parece alterar el proyecto urdido por el Partido Popular para propiciar la ampliación de vida de las centrales nucleares españolas hasta las seis décadas de vida útil. El informe de Garoña ya está sobre la mesa del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear.

Si la energía nuclear va a seguir siendo parte del mix energético de nuestras sociedades, creo indispensable renovar el compromiso de instituciones como el CSN con la ciudadanía. No podemos hurtar al Congreso y al Senado, y a la opinión pública, un debate esencial sobre la operación o vida a largo plazo (60 años) de los reactores nucleares, como debería hacerse en un país serio. Por eso, considerando que no es concebible el uso de la tecnología nuclear sin un refuerzo de la seguridad y que, en esta materia, siempre habrá margen para mejorar, un organismo regulador como el CSN debería ganar legitimidad, neutralidad, transparencia, credibilidad e independencia ante todos los grupos parlamentarios, ante las empresas y los ciudadanos, ante los medios de comunicación y las ONGs, ante los partidos políticos y los sindicatos, ante las universidades y las instituciones internacionales. Ante todos.

El pleno del CSN no debería olvidar nunca que la defensa del bien público ha de ser el leit motiv del quehacer diario de ese organismo regulador. Porque no hay duda de que el siglo XXI ha traído consigo la necesidad de reforzar el papel de los organismos reguladores, como garantes de la protección social y la defensa del bien público. Basta con mirar los desmanes propiciados por el sector financiero al no haber contado con una eficaz y sólida regulación en el momento de tomar decisiones cruciales. Todos conocemos las consecuencias, pero el PP vuelve a insistir en esta nefasta fómula que nos trajo a la mayoría hasta aquí. ¿No aprendieron nada?

En un contexto de vertiginosos cambios y de inusitadas turbulencias económicas, políticas y medioambientales en todo el mundo, es preciso apostar por lo que el profesor inglés Christopher Hood ha denominado “el gobierno del riesgo”. Es decir, por diseñar mejores e innovadores sistemas de regulación, de control y de prevención de aquellas actividades que conllevan serios peligros inherentes (como es la energía nuclear). Y, en ese “gobierno del riesgo”, los organismos reguladores no sólo tienen mucho que decir: también tienen mucho que hacer. Ojalá no nos fallen. Confianza es la palabra clave. Y deseo confiar en que el CSN finalmente esté a la altura de lo que se espera de él, evitando más esperpentos.