La historia, e incluso la propia actualidad, nos advierte de que, si bajamos la guardia en la defensa de los derechos fundamentales, ponemos en peligro su propia existencia.

El día 1 de febrero celebramos, como ya es tradicional, el aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía de Cantabria, que cumple 35 años.

Dado que contempla las competencias en organización territorial y ampara la creación y desarrollo de iniciativas locales, en esta ocasión hemos querido resaltar el papel, quizá no suficientemente reconocido, que han jugado durante más de 20 años los cinco Grupos de Acción Local, articulados en torno a la Red de Desarrollo Rural.

Los Grupos de Acción Local Campoo-Los Valles; Asón-Trasmiera-Agüera; Valles Pasiegos; Saja-Nansa y Liébana, son un ejemplo real de cómo la colaboración entre la Unión Europea, el Gobierno central y el de Cantabria se transforma en mejoras concretas en los pueblos de nuestra comunidad autónoma.

Estos Grupos de Acción Local actúan en más del 90% del territorio de Cantabria y, precisamente, uno de los retos más importantes que han tenido que afrontar  es el hecho de que en esta gran extensión de terreno habitan 126.000 cántabros y cántabras, es decir, apenas el 21,5% de la población de la comunidad autónoma.

Los miembros de esta RED, empeñados en desmentir a quienes destacan el excesivo individualismo de los cántabros, están desde 2002 desarrollando proyectos concretos de forma conjunta, y con procesos absolutamente democráticos, participativos y transparentes.

Desde estas organizaciones, y con la participación europea, se ponen en marcha instrumentos que fomentan la creación del empleo como paso imprescindible en la lucha permanente contra la despoblación y en favor de la conservación del paisaje y del medio ambiente.

Basta recordar un ejemplo: El Programa LEADER que acaba de concluir, no solo ha permitido crear 453 nuevos puestos de trabajo en todos los sectores, sino que además ha contribuido a consolidar 872 empleos, y con ellos la creación de riqueza y la fijación de la población en el territorio.

Es oportuno recordar estos logros justo cuando algunos ciudadanos y ciudadanas se cuestionan si el proyecto europeo ha tenido beneficios concretos.

Hace apenas tres unas décadas veíamos como Europa crecía y se desarrollaba como un proyecto político ambicioso en momentos de decadencia de los nacionalismos excluyentes.

Lamentablemente, hoy observamos, tras la crisis económica que ha golpeado a las clases populares, que los nacionalismos ganan terreno frente a esa utopía política y amenazan con desmontarla, seguramente sin calcular las consecuencias.

Entramos en un escenario crucial en el que tendremos que decidir si permitimos una Europa fraccionada en cientos de reinos de taifas, en una suerte de nuevo-medievo o seguimos apostando por la colaboración que inspiró a los primeros europeístas.

Lo que ya parece probable es que debemos olvidarnos de la Europa de las naciones, e incluso de la Europa de los burócratas, para empezar a pensar en la Europa de los ciudadanos y sus derechos individuales.

Por supuesto que el modelo de la Unión es revisable y mejorable, pero aquí tenemos un ejemplo claro, práctico, palpable de que algunos proyectos europeos son perfectamente capaces de salir desde Bruselas y apoyar iniciativas concretas en un pueblo aislado de Cantabria. Iniciativa o proyecto que han decidido, en asamblea, los miembros de ese municipio y junto a los municipios vecinos.

Es decir, de Bruselas a Peñarrubia, sin trasbordos; y que no se molesten los municipios no citados.

La presencia en el Parlamento de todos los actores políticos, económicos y sociales de Cantabria en la conmemoración de este 35 aniversario, ha permitido reafirmar un año más nuestra personalidad como comunidad autónoma y la Ley que refrendó nuestro autogobierno.

Que hayan transcurrido 35 años desde aquella fecha en la que nos dotamos de la mayor cuota de autogobierno que nunca habíamos disfrutado antes puede tener dos interpretaciones en esta sociedad plural que hemos construido entre todos. No hablo de aquellos años con añoranza, ni con melancolía. Pero sí creo que, para conocer el auténtico significado de algo, conviene saber qué sentido tenía cuando comenzó.

Muchos de nuestros conciudadanos comprenden y valoran la importancia de disfrutar de un marco estable de relaciones políticas, donde las instituciones velen por el cumplimiento de las normas con que nos hemos dotado.

Porque esas normas, como el Estatuto de Autonomía, han sido establecidas no por imposición, sino por pacto y por consenso. Y además, a pesar de todas sus imperfecciones, nos han ayudado a mejorar notablemente nuestras condiciones de vida.

Es decir, si algunos sectores sociales más inmovilistas albergaron alguna duda sobre la oportunidad o los efectos de constituirnos como Comunidad Autónoma hace 35 años, solo hay que comparar cuáles eran las condiciones de vida de una gran mayoría de cántabros y cántabras de aquel entonces con las que disfrutamos ahora, aunque también con periodos de retroceso como el que hemos vivido estos últimos años.

En la actualidad, algunos cántabros y cántabras, seguramente con la impaciencia propia de la juventud, no acaban de asimilar y reconocer el enorme avance político, económico y sobre todo social que ha permitido, e incluso impulsado, el autogobierno que establece el Estatuto de Autonomía.

Es hasta cierto punto comprensible que esas generaciones, que solo han conocido la democracia, la libertad y un mejor bienestar que sus padres, tengan la tentación de poner en cuestión de forma general la validez del sistema político con el que nos hemos dotado.

Y ante estas reivindicaciones y exigencias, en ocasiones injustas por generalizadas, pero en otras muchas acertadas en la crítica, no debemos hacer oídos sordos o descalificarlas porque proceden de quienes no han sufrido la crueldad de una sociedad no democrática ni los sistemas estructuralmente injustos con los ciudadanos de a pie.

Ante estas nuevas exigencias, estoy convencida de que debemos adoptar una actitud de atenta escucha para contribuir a la mejora de aquellos aspectos de nuestro autogobierno que no han funcionado todo lo bien que esperábamos. O para ajustar aquellos aspectos de nuestro Estatuto que 35 años después ya no se alinean con los nuevos contextos económicos, sociales y por supuesto políticos donde nos coloca el dinámico mundo, acelerado diría yo, en que vivimos.

Ya he manifestado en otras ocasiones que no se trata de socavar los cimientos de justicia, democracia y libertad sobre los que se asienta, sino de revisar de forma consensuada dónde están las goteras y la falta de pintura de este edificio común que nos ha protegido de muchas inclemencias a lo largo de estas tres décadas y media.

Yo solo soy la presidenta de este Parlamento, donde se viene a eso, a hablar y a dirimir las diferencias mediante las ideas y las palabras con el máximo respeto a los que opinan diferente. Y si se me permite, parlamentar con solo dos limitaciones: No mentir ni tampoco hablar en nombre de la verdad absoluta.

Por tanto, serán los diputados y diputadas elegidas democráticamente quienes afrontarán el remozado del Estatuto, para que los cántabros y cántabras sigan considerándolo parte de su identidad al menos durante otros 35 años.

Mi papel se limita a llamar la atención sobre la pulsión reformista de sectores sociales, descontentos con los desequilibrios económicos que ha provocado la crisis. A mi juicio, debemos atender esas demandas desde el pacto y la generosidad. La incapacidad para el acuerdo se paga siempre muy cara, y el precio es  la degradación de las instituciones.

Y al tiempo, todos nosotros debemos hacer la pedagogía necesaria para explicar que la democracia y la convivencia, así como las leyes y las instituciones que las articulan, son bienes extremadamente frágiles que requieren del apoyo y del compromiso diario de toda la sociedad. La historia, e incluso la propia actualidad, nos advierte de que, si bajamos la guardia en la defensa de los derechos fundamentales, ponemos en peligro su propia existencia.

Yo pertenezco a una generación que sabe bien que no siempre tuvimos esos derechos y que fue muy duro conseguirlos. Y que es mucho más fácil perderlos que ganarlos. No me canso de recordar que los actos de celebración del Estatuto son necesarios, porque expresan el respeto que le debemos a unas instituciones garantes del período más exitoso en la historia de nuestra Cantabria.

Y porque además refuerzan nuestros sentimientos de pertenencia a una colectividad orgullosa de su señales identitarias y al tiempo generosa con los que necesitan nuestra solidaridad, vengan de donde vengan.

Observamos con preocupación cómo se instalan altos muros que separan a las familias o impiden a la personas buscar mejores oportunidades. Ahora es cuando los cántabros y cántabras tenemos la ocasión de demostrar que, orgullosos y defensores de nuestra cultura, también somos, como se ha demostrado en la donación de órganos, una, sino la que más generosa y solidaria región del planeta.

Quizá este pueda ser  un oportuno deseo, seguro que compartido por todos y todas, con el que cerrar la celebración del mejor marco de convivencia que hemos conocido, el Estatuto de Autonomía.