Hay ocasiones en que las contradicciones de la política económica de la Unión Europea se hacen aún más tangibles de lo habitual. La semana pasada tuvo lugar uno de esos momentos en que, a pesar de llevar ya tres años trabajando en el Parlamento Europeo, sus paradojas me indignaron como el primer día.

El martes pasado la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo dio su visto bueno al CETA, el macro tratado comercial negociado entre Canadá y la Unión Europea. Este era el último paso que faltaba antes de que el CETA estuviese listo para votarse en la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 14 de febrero. Lo paradójico es que un día después, en la Comisión de Desarrollo del Parlamento, se presentaba el borrador de un estudio sobre el impacto de CETA en los países en desarrollo. Un borrador que, como reconoce su autor, se encuentra como primer obstáculo con que en los estudios que se habían hecho hasta entonces no se habían recopilado ni tenido en cuenta datos específicos sobre cómo afectará el tratado a estos países. Ante la falta de datos el estudio se limita a sacar conclusiones aproximadas de fuentes secundarias, o deducir posibles efectos a partir de los estudios que se han hecho para otros acuerdos. Y estas pocas conclusiones son nefastas para los países en desarrollo.

Se trata de uno de los ejemplos más sangrantes de cómo la Unión Europea no tiene reparos para violar sus propios principios elementales cuando el beneficio de los lobbies está en juego. Este futuro estudio en profundidad llegará tarde, si es que llega, y sólo nos quedará la posibilidad de luchar para poner parches al destrozo que vamos a provocar en medio mundo con la puesta en práctica de este tratado.

El artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula explícitamente que “la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la Cooperación para el Desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo”. Sin embargo, esta semana hemos tenido la ocasión de comprobar una vez más cómo el impacto de las políticas de la Unión Europea en los países en desarrollo es la última de las preocupaciones de la Comisión. Y también a pesar de haber firmado y ratificado acuerdos como el de París, sobre el clima, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el seno de la ONU, ninguno de estos compromisos se interpone en el camino de los negocios. La incoherencia y el cinismo de las instituciones europeas –de quienes las gobiernan– no tienen límites.

¿Y a partir de ahora, qué?

Que el CETA sea aprobado o no por el Parlamento Europeo dependerá ahora de para quién tengan oídos los Eurodiputados. Al igual que la Comisión de Comercio Internacional se ha pronunciado a favor del CETA, la Comisión de Empleo se pronunció en diciembre en contra. Ante la evidencia de que CETA tan sólo puede beneficiar a una minoría empresarial –y que se cobrará estos beneficios en puestos de trabajo y condiciones laborales de la mayoría– se unió así a los más de tres millones de ciudadanos, tres mil municipios y cientos de ONG que están contra del tratado.

Queda por ver en febrero cuál de las dos opciones se impone en la plenaria.

Debemos estar preparados para reaccionar ante la posibilidad –más que probable– de que los engranajes de la gran coalición sigan intactos y que el Parlamento Europeo vote a favor del CETA. En cuyo caso ¿cuál sería la situación?

Aunque el CETA entraría en vigor provisionalmente desde ese momento, seguiría requiriendo ser ratificado por Parlamentos nacionales y regionales y, en algunos países, esta aprobación estaría sujeta a la celebración de un referéndum. Es decir, la ciudadanía europea todavía puede ganar la batalla en el terreno en que más difícil es para la Comisión imponer su estrategia de secretismo, y para la Gran Coalición pasar el rodillo que utiliza en el Parlamento Europeo: el de los Parlamentos nacionales y regionales.

Así que, aunque la batalla en Bruselas esté previsiblemente perdida, especialmente gracias al grupo socialdemócrata, aquí no acaba la guerra. Al CETA le queda por sortear más de treinta filtros democráticos, y más de un referéndum vinculante. No lo tiene nada fácil, sobre todo si la sociedad civil organizada –la misma que ha herido de muerte al TTIP– gira sus miradas de Bruselas hacia los Estados de la Unión para ejercer presión sobre los Parlamentos e informar a la ciudadanía.

Lo más triste de todo es que sean las ONG y otros actores los que tengan que recordar a los que gobiernan que están atados a unos principios y valores superiores a cualquier interés privado, intentando poner cordura en esta locura. Que desde esta Casa de la Democracia algunas tengamos que repetir hasta la saciedad que los Derechos Humanos deben ser la guía de nuestras políticas. Que tengamos que pelear por lo que debería ser obvio. Si nuestros gobernantes y representantes europeos no tienen en cuenta la dignidad de los europeos, ¿cómo van a considerar la de los ciudadanos de países pobres?

Sólo el pueblo salva al pueblo. Y sólo los más estúpidos políticos seguirán defendiendo un modelo comercial y económico que, además de dañar profundamente los pilares de la Democracia y violar los Derechos Humanos, provocan el renacimiento del fascismo en Europa y de fenómenos tan peligrosos como Trump en Estados Unidos. Los CETAs engendran monstruos.