Ciudadanos y ciudadanas europeas entendemos que el Covid-19 es una amenaza común, que puede perjudicar a un país antes que a otro, pero que finalmente nos perjudicará a todos, y que puede afectar a nuestra vida cotidiana y a nuestra economía casi como una guerra.

Los ciudadanos europeos estamos preocupados y asustados por esta amenaza; y aún más por la cacofonía, el egoísmo y la miopía autodestructiva de las diferentes respuestas nacionales no coordinadas; por la falta de previsión de nuestros dirigentes nacionales, que fingen no saber que nuestra interdependencia requiere una respuesta europea única con estrictas medidas de contención de las pandemias, y un plan a escala de la UE para volver a poner en marcha la economía europea después.

Nosotros, los ciudadanos europeos, denunciamos que la actual UE es una Res Publica incompleta, por lo que está mal equipada para hacer frente a este desafío, con pocas competencias y poderes para hacer frente a las pandemias. Acogemos con satisfacción la oportuna decisión de la Comisión de proporcionar 25.000 millones de euros y flexibilidad financiera para hacer frente a esta amenaza. Tal vez sea lo máximo que puede hacer, pero no es suficiente.

Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea y al Parlamento para que propongan, y a los gobiernos nacionales para que adopten (empezando por la reunión del Eurogrupo del 16 de marzo, y un posterior Consejo Europeo extraordinario que se convocará poco después) las siguientes medidas urgentes, utilizando también la cláusula pasarela del Tratado de Lisboa y las disposiciones simplificadas de revisión del Tratado:

1. Hacer de la salud pública y el combate contra las epidemias una competencia concurrente de la UE, sujeta al procedimiento legislativo ordinario, y dotar a la Comisión de poderes extraordinarios para coordinar la respuesta a las epidemias, como debería hacer un gobierno federal.

2. Ampliar el alcance del Mecanismo de Estabilidad Europeo para financiar el fortalecimiento inmediato de los sistemas de salud europeos y nacionales para hacer frente a las pandemias, que amenazan la vida de los ciudadanos europeos y, por consiguiente, también la estabilidad económica y financiera de la UE.

3. Suprimir la disposición presupuestaria equilibrada obligatoria para la UE y crear un Activo Seguro de la UE que se emitirá para financiar un plan de toda la UE para promover la recuperación económica y la cohesión social de la UE durante y después de la emergencia.

4. Trasladar las cuestiones fiscales al procedimiento legislativo ordinario y otorgar a la UE facultades fiscales para adoptar nuevos recursos propios –como el impuesto sobre el carbono (y los aranceles sobre el carbono), el impuesto digital, el impuesto sobre las transacciones financieras- para financiar el presupuesto de la UE (o el Instrumento Presupuestario de la zona del euro, si la decisión sólo pudiera adoptarse a nivel de la zona del euro).

5. Aprobar inmediatamente el próximo Marco Financiero Plurianual que aumente el presupuesto a por lo menos el 1,3% del PIB de la UE, como pidió el Parlamento Europeo, sobre la base de la estructura actual de la financiación presupuestaria; y con la disposición de alcanzar el 2% con los nuevos recursos propios, para garantizar el suministro de bienes públicos cruciales en toda la UE.

6. Convertir la prevista Conferencia sobre el futuro de Europa en una Convención Europea de pleno derecho para redactar un nuevo Pacto Constitucional entre los ciudadanos de la UE y los Estados miembros.

Nosotros, los ciudadanos europeos, creemos que es la hora de definir la UE. La percepción social de la UE estará formada durante años por su respuesta a esta crisis. Es el momento de demostrar que la UE es una comunidad de valores con un destino compartido, vital para sus ciudadanos y estados miembros ante un mundo global turbulento con amenazas políticas, económicas y sanitarias. Es el momento de dar pasos comunes audaces para superar el miedo. Es hora de la unidad europea, no de la división nacional.

Uno de los inconvenientes del escándalo que produce la corrupción es que nos hace olvidar el verdadero problema de la política, el más habitual, el que no se explica cómodamente por la conducta inapropiada de unos cuantos (o muchos), sino que tiene un carácter estructural: su debilidad, la impotencia pública a la hora de organizar nuestras sociedades de una manera equilibrada y justa. Descubrir a los culpables es una ocupación necesaria pero suele dificultar los diagnósticos, porque tendemos a pensar que el problema ya ha sido resuelto por la policía y los jueces. Si de algo podemos estar seguros es de que una política en la que no hubiera corrupción no equivaldría necesariamente a una buena política.

Si miramos las cosas con más detenimiento observaremos un problema aún más grave: la erosión de la capacidad de los países democráticos para construir un poder público legítimo y eficaz. Tenemos los casos más bien extremos de los “estados fallidos”, como los “estados cautivos” por los cárteles de la droga y el terrorismo, de estados aparentemente fuertes como Rusia, cuya soberanía está sometida al chantaje económico, o la dificultad de los países en los que tuvo lugar la llamada primavera árabe a la hora de transformar la movilización democrática en construcción institucional.

Pero la situación no es menos dramática en países de larga tradición democrática, donde la intervención de los estados para gobernar los mercados se enfrenta a numerosas dificultades que ponen en jaque su autoridad: la evasión fiscal, el peso asfixiante de la deuda, los efectos deslegitimadores de la austeridad pública, la dificultad de relanzar la actividad económica desde la intervención pública, el estado que pierde saber experto y competencia, los problemas de gobernabilidad, la incapacidad de regular, una administración desencantada y carente de visión, el estado del bienestar a la defensiva o en plena retirada, el servicio público degradado a los criterios de la gestión… Todas estas constricciones no son sino manifestaciones de la dificultad del estado a la hora de formular, representar y construir el interés general.

Puede que estemos haciendo un diagnóstico equivocado de la situación como si el origen de nuestros males fuera el poder de la política y no su debilidad. La regeneración democrática debe llevarse a cabo de manera muy distinta cuando nuestro problema es que nos tenemos que defender frente al excesivo poder de la política o cuando el problema es que otros poderes no democráticos están sistemáticamente interesados en hacerla irrelevante. Y tengo la impresión de que no acertamos en la terapia porque nos hemos equivocado de diagnóstico.

Comparto en principio todas aquellas medidas que se proponen para limitar la arbitrariedad del poder, pero no estoy de acuerdo con quienes consideran que este es el problema central de nuestras democracias en unos momentos en los que nuestra mayor amenaza consiste en que la política se convierta en algo prescindible.

Artículo publicado en el último número de nuestra revista: un monográfico sobre la corrupción. un monográfico sobre la corrupción