Esta semana, desde el Gobierno de España hemos anunciado una de las medidas sociales más importantes de la legislatura: la financiación pública de gafas y lentillas para todos los menores de 16 años, sin necesidad de acreditar renta. Es decir, con carácter universal.

Y como era de esperar, ha vuelto el viejo mantra de si también se las vamos a pagar a los ricos. La respuesta es evidente: claro que sí. Igual que una operación quirúrgica, una consulta de Atención Primaria o un cribado neonatal. La grandeza de nuestro Sistema Nacional de Salud es precisamente su carácter público, gratuito y universal.

No siempre fue así. El sistema que existía antes en España era un modelo basado en la beneficencia pública o en los seguros privados, no en la universalidad. Era justamente lo que hoy algunos parecen desear: una sanidad para pobres, asistencial, donde acudir al médico público significaba reconocer que no podías permitirte otra cosa. Frente a eso, y de la mano de Ernest Lluch, se construyó nuestro actual Sistema Nacional de Salud, que protege la salud como un derecho universal, sin importar la renta ni la posición social.

Fruto de ese sistema, pagado con impuestos progresivos, fue la respuesta ejemplar durante la pandemia, con una vacunación justa que no discriminó a nadie por su cuenta bancaria, su apellido o su código postal. Porque nuestra sanidad pública es, sobre todo, la expresión más profunda de equidad y cohesión social que tenemos como país.

Pero no se trata únicamente de justicia, sino de eficacia. Universalizar una prestación es la mejor manera de garantizar que llegue a quien más la necesita. Las políticas universales implican menos burocracia, menos estigma, más cobertura y mayor apoyo social. Así lo demuestran años de estudios en salud pública. Lo saben muy bien quienes están al otro lado de la ventanilla. Una profesora lo resumía así en redes sociales: “La de papeleo que nos va a quitar para solicitarlo para los niños con bajos recursos; el infierno hecho papeleo era eso”.

Lo decía hace unos meses Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales: “No se trata de dar ayudas para pobres, sino de generar derechos”. Tenemos claro que el objetivo no es crear un sistema asistencialista para quienes puedan demostrar que son suficientemente pobres, sino garantizar derechos de ciudadanía.

Universalizar las gafas a menores marca un rumbo: el de una sanidad pública que no se reduce ni privatiza, sino que se expande, que se ensancha. Una sanidad pública que no es el último recurso del que no tiene otra cosa, sino la primera opción del que podría tener lo que quisiera. El de unos servicios públicos que no se reservan para casos extremos, sino que forman parte de la vida cotidiana de todos y todas.

Las gafas de los nietos de los ricos son el peaje simbólico que pagamos para que ningún menor se quede sin ver la pizarra. A cambio, el resto de privilegiados deben pagar con impuestos justos las escuelas públicas, los centros de salud o las pensiones.

Esta es la base de nuestro modelo ideológico. Frente al discurso neoliberal del “vales lo que tienes” defendemos la universalidad democrática de los derechos. Porque lo que está en juego no es solo la visión de nuestros hijos e hijas, sino la visión del país que queremos ser.

 ¿Se puede llegar a un acuerdo a nivel global sobre un aspecto crítico para la humanidad en un contexto de inestabilidad geopolítica? Sí, es posible. Y la salud global es el escenario que lo ha logrado.

La labor de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia fue clave. Aunque algunos aspirantes a capitán a posteriori o representantes del pensamiento más trumpista y anticientífico intenten ridiculizar su trabajo, lo cierto es que la OMS desempeñó un papel fundamental como referente de gobernanza y directrices a nivel global. Lo hizo en un contexto de incertidumbre generalizada, en el que las herramientas disponibles para gestionar una emergencia de salud pública de tal magnitud eran endebles y escasas.

Después de lo peor de la pandemia, los Estados Miembros de la OMS decidieron acometer la tarea de redactar un nuevo instrumento internacional que sirviera de marco común para la preparación y respuesta ante futuras emergencias sanitarias. Ese esfuerzo, conocido como el Tratado de Pandemias, ha sido fruto de varios años de trabajo y muchos momentos en los que parecía que no se iba a poder llevar a cabo.

La fecha inicialmente prevista para su finalización fue mayo de 2024. Sin embargo, la falta de consenso, aunque con señales de que podía alcanzarse, llevó a plantear una prórroga de un año. Finalmente, este miércoles se ha logrado un acuerdo que previsiblemente se materializará en la próxima Asamblea Mundial de la Salud en el mes de mayo.

¿Qué logros alcanza este Tratado de Pandemias? Lo primero, poner de acuerdo en materia de salud global a los estados miembros de la OMS, lo cual es todo un hito. Además, sienta las reglas del juego en aspectos tan relevantes como la reducción de contactos entre humanos y animales que puedan desencadenar eventos zoonóticos, el refuerzo de la prevención en origen de posibles infecciones con potencial pandémico, el desarrollo de mecanismos para la transferencia de tecnologías y las bases de un sistema equitativo de acceso a patógenos y la distribución de los beneficios derivados.

Es un acuerdo que no llega todo lo lejos que podría haber llegado, que se queda muy corto en algunos aspectos y que siempre dejará descontento a quienes creen que se podía haber hecho más. Sin embargo, es el primer tratado de pandemias existente y supone un avance decisivo sobre lo que hacer la próxima vez que algo así suceda.

Aunque se haya llegado a un acuerdo, durante este tiempo ha habido muchos momentos en los que éste parecía imposible, y esto ha de hacer que desde los países del Norte Global se plantee un proceso de reflexión. Las principales barreras para lograr un acuerdo beneficioso para el mundo en su conjunto han estado relacionadas con posturas poco flexibles y excesivamente autoproteccionistas de los países del Norte; frente a eso, es un orgullo poder decir que España ha tratado de avanzar hacia posturas más flexibles y que no velaran por el interés particular, sino que antepusieran el interés compartido para poder llegar a un acuerdo.

Este acuerdo se produce, además, en la mayor crisis del multilateralismo desde la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que parecen tambalearse los espacios de toma de decisiones en común, la OMS sale reforzada logrando un acuerdo que nunca antes se había visto, haciendo verdad aquello de que las crisis del multilateralismo se han de afrontar con más multilateralismo.

Más allá del foco global, España ha de sentirse orgullosa por lo logrado. Nuestro papel al empujar unas posturas que fueran de consenso pero no estuvieran vacías ha sido clave, reforzando el liderazgo de España en el ámbito de la salud global y nuestra figura como interlocutores ambiciosos pero confiables de cara a distintos y variopintos actores del panorama de la salud global.

Ahora tenemos por delante lo más difícil de los acuerdos: ponerlos en marcha, acompañar su cumplimiento e identificar sus fallos y aciertos para cuando sea necesario ampliarlos o modificarlos. Lo haremos junto al resto de Estados Miembros y, por primera vez en 20 años, desde dentro del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.  

La sanidad pública es el pilar fundamental de nuestro sistema de bienestar. Ha sido y es el principal motor de cohesión social en nuestro país, generando un profundo sentido de pertenencia y equidad. Es un motivo de orgullo colectivo que concita uno de los consensos más sólidos y transversales en nuestra sociedad. Ese orgullo no puede excepcionar a los empleados públicos que, día a día, sostienen nuestros servicios públicos.

El sistema de MUFACE nació en los años 70, en un contexto muy diferente al actual. Se otorgó un servicio sanitario concertado a todos los trabajadores públicos en un momento de cambio político y con el objetivo de conseguir su adhesión a los planes de las élites políticas, antes de que se construyera un sistema nacional de salud que garantizarse una sanidad universal como derecho para toda la ciudadanía.

Desde entonces, la realidad ha cambiado mucho. En la actualidad, el grupo de edad más numeroso entre los mutualistas se sitúa entre los 65 y 74 años. Y, lo más significativo, los nuevos mutualistas ya no eligen la sanidad privada: el 70% opta por el SNS, y en colectivos como el de los profesores universitarios, la cifra asciende al 80%.

El mutualismo solo funciona cuando la población asegurada tiene riesgos variados, preferiblemente bajos y mientras sea un subsistema dentro de un sistema público que se haga cargo del grueso de los altos riesgos. Pero en el escenario actual, los nuevos mutualistas de bajo riesgo eligen directamente la sanidad pública, dejando en el sistema mutualista una población envejecida y con mayores necesidades de atención. O lo que las aseguradoras han pasado a llamar “mayor siniestralidad”. Hoy, la única manera de hacer viable el sistema de mutualismo sería con aumentos constantes y masivos de financiación. Incluso la última propuesta de subida del 41,2% de la cápita acabaría siendo insuficiente a largo plazo. 

Se suele decir que MUFACE es “más barato”, pero esto requiere matices. La prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o las cardiopatías es mucho menor entre los mutualistas que eligen la sanidad privada, en comparación con la población del SNS. Sin embargo, las patologías más complejas, como el cáncer, las enfermedades raras o los trasplantes, son atendidas mayoritariamente en el ámbito público. Sin hablar de que es la sanidad pública la que sostiene la formación, la investigación y la tan mencionada durante la pandemia salud pública, pilares básicos del ecosistema sanitario. Además, la sanidad pública tiene una economía de escala que permite absorber a la población mutualista con un impacto relativamente contenido: un informe del Ministerio de Sanidad estima que supondría sólo un 2,1% de la población total.

También hay evidencias de selección de riesgos en el mutualismo administrativo. Estudios de expertos en economía de la salud han demostrado que, ante diagnósticos de alto coste, como los oncológicos, los mutualistas tienden a trasladarse al Sistema Nacional de Salud. Incluso dentro del propio mutualismo, los que eligen la sanidad pública tienen menos prevalencia de enfermedades crónicas, pero una mayor incidencia de patologías de alta complejidad. Esto indica que las aseguradoras privadas no tienen la capacidad para atender enfermedades graves de forma sostenible.

Las aseguradoras han tomado una decisión clara: han priorizado la salud de sus cuentas de resultados antes que la de sus asegurados, dando la espalda a un modelo que ya no les resulta rentable. Es el mercado, amigo, y ha dejado bien claro que, cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar.

Los sistemas sanitarios son testigos de la historia de los países. En España, esa historia ha sido la de unos servicios públicos que han crecido con rapidez y cierta fragmentación, pero que han convergido progresivamente en un modelo de mayor calidad, cohesión y solidez. El argumento de que “el sistema lleva muchos años” no es suficiente para justificar su pervivencia. Si nació para responder a una realidad que ya no existe, es momento de pasar pantalla.

Por eso, esta nueva licitación, de acabar produciéndose, debe ser la última. Desde el mismo día en que se firme el contrato, debemos empezar a trabajar en la transición hacia un modelo de sanidad pública que atienda a todos sus ciudadanos por igual, sin excepciones, con más fortaleza y equidad.

Estos últimos meses han servido para demostrar un elemento fundamental: mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad. La razón de ser de la sanidad pública no es el negocio, sino la salud. Y esa es la garantía de que siempre estará donde se la necesite para quienes la necesiten.

Tras este lema surgido de la Marea Blanca hace más de una década, se esconde uno de los valores que nos define como sociedad y nos enorgullece como país. Un lema sencillo, acuñado en una asamblea cualquiera de un hospital cualquiera de Madrid por una de las tantas plataformas y asociaciones que organizaron a la sociedad civil y a los profesionales sanitarios al calor de la defensa de nuestro mayor tesoro: la salud y la sanidad pública.

Decía hace poco Juanlu Sánchez en su podcast Un tema al día, que son muchas las veces que decimos que la sanidad pública es la joya de la corona y que las joyas, o se cuidan o se venden. Bien, ha llegado el momento no solo de cuidarla más que nunca, sino también de evitar que otros la vendan.

Han sido muchos años viendo cómo, tras argumentos falaces cuando no flagrantes mentiras, algunos falsos patriotas han estado malvendiendo nuestra sanidad, nuestra joya, al peor postor. Al postor que se lleva mordidas, al que se lo lleva crudo, al que se lo lleva a paraísos fiscales para regocijo de fondos buitre, al que revende nuestra salud en el mercado de segunda mano, al que desprecia lo común a cambio de beneficios obscenos, al que antepone el lucro privado al artículo 43 de la Constitución, el que subraya el derecho a la protección de la salud. Al que, desde posiciones institucionales de representación de la ciudadanía, prefiere rendir cuentas ante cualquier consejo de administración antes que en su propio consejo de gobierno que representa a esa ciudadanía. Porque han sido muchos años viendo el deterioro de nuestra sanidad pública de la mano de quienes tenían la encomienda de protegerla y ahora es el momento de protegernos de ellos.

La sanidad pública no se vende, se defiende. Un lema sencillo con altas dosis de sentido común que debe materializarse, tomar cuerpo y hacerse ley. Una ley que proteja nuestro sistema sanitario de aquellos que privatizan nuestro derecho a la protección de la salud, pero sobre todo que proteja nuestra salud garantizando que los esfuerzos de todo un país no se nos escapan por el sumidero del lucro incesante. Y para eso debemos legislar no solo para invalidar la ley 15/97 sino para ir más allá y garantizar la integridad de nuestro sistema nacional de salud, tantas veces amenazado por la corrupción institucional y tantas veces privatizado y vendido al peor postor de manera impune.

Para eso el Gobierno de España ha echado a andar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Una ley que tiene como objetivo fundamental limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes empresariales privados y mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada existentes. Además de anteponer la gestión pública futura va a facilitar la reversión de la gestión privada en los servicios sanitarios públicos actuales para quienes lo deseen.

En paralelo, debemos recuperar la esencia de nuestro sistema: la universalidad. La pandemia nos recordó que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Esta lección nos lleva de vuelta al fatídico año 2012, cuando el Partido Popular cercenó este derecho universal, poniendo en jaque la ética de todo el Sistema Nacional de Salud. El Gobierno de España cerrará esta herida con una nueva Ley de Universalidad, destinada a acabar con la exclusión y garantizar la cobertura sanitaria universal.

En un momento en que los discursos xenófobos en Europa promueven servicios públicos excluyentes, es un orgullo y una declaración de intenciones que España amplíe su cobertura universal. La nueva ley recupera el derecho a la asistencia sanitaria para los españoles en el extranjero, los extranjeros por reagrupación familiar y todos los residentes en España, independientemente de su condición administrativa. Además, elimina la posibilidad de nuevos copagos y habilita la declaración responsable para acceder a la atención sanitaria.

Todo esto que hace 12 años se defendió en las calles, ha de trasladarse a las leyes conjugando el aprendizaje de casi tres décadas de experimentos de privatización de la asistencia sanitaria en nuestro país, la mejor evidencia disponible publicada en la literatura sobre los efectos perversos de esta lucrante privatización en la salud de la población, y el conocimiento y los reclamos de los profesionales y la ciudadanía que llevan muchos años dando lo mejor de sí para cuidar nuestro sistema sanitario.

La sanidad no se vende, se defiende. Un lema sencillo que nos define como sociedad y que nos apela como Gobierno. Lo haremos ley y será otro motivo de orgullo más.

Vivimos tiempos extraordinarios. En los últimos años hemos asistido a la mayor crisis sanitaria del último siglo, una crisis energética fruto de la invasión rusa de Ucrania y la escalada de precios que supone una pérdida de poder adquisitivo a marchas forzadas de las familias españolas. En este contexto, de volatilidad e incertidumbre, hay quienes pretenden convencernos de que los grandes damnificados son quienes amasan patrimonios millonarios, algunos de los cuales hicieron fortuna gracias al aprovechamiento de las últimas crisis

Hace cincuenta años Ronald Reagan y Margaret Thatcher  alumbraron la doctrina de bajar los impuestos a los ricos bajo el nombre de “teoría del goteo”. Según estos postulados, que a los ricos les vaya muy bien permitiría que caigan migajas hacia abajo que beneficiarían al conjunto de la población. Una teoría que asumía que el común de los mortales debía vivir de las migajas de los ricos muy bien no pintaba.

Tras décadas de aumento de las desigualdades económicas y en las que los súper ricos consiguieron que sus intereses fueran defendidos desde las instituciones como si fueran los de las mayorías, sin ningún respaldo empírico sobre su eficacia económica, la ficción está llegando a su fin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó recientemente que “es hora de poner un clavo en el ataúd de la economía del goteo, no funciona”. Esta sencilla frase pone fin a un sinsentido de política fiscal y resume un cambio de tendencia al que se han unido la mayoría de gobiernos europeos, el FMI, el BCE o la Unión Europea. Hoy es ya sentido común.

Sin embargo, frente al nuevo consenso económico que coincide en exigir un mayor esfuerzo a quienes más tienen, hay quienes se revuelven e intentan seguir defendiendo los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría. Ayuso hace gala de su obstinación y se erige como el guardián, junto a la caída en desgracia Liz Truss, de las esencias del negacionismo fiscal. Su dogmatismo y su fanatismo le han dejado sola, aislada y le impiden ver que asistimos a una nueva etapa donde el consenso está más alineado con las familias que con las grandes fortunas.

Si estamos de acuerdo en que las vacunas funcionan y la emergencia climática existe, es hora de tratar la fiscalidad con la misma rotundidad. Ni gorritos de aluminio en la cabeza, ni chips con 5G, ni mantenimiento de los regalos fiscales a los más ricos. El negacionismo fiscal que practica el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un peligro para la cohesión social, los servicios públicos y el estado de bienestar. 

El negacionismo fiscal es incompatible con una sociedad justa, con fuertes lazos comunitarios y que atiende las necesidades del conjunto de la población repartiendo de manera justa y equitativa los esfuerzos. Nada más ni nada menos que lo que dice la Constitución. Si los impuestos son el pegamento de una comunidad, un síntoma civilizatorio, el combustible que pone en marcha la igualdad de oportunidades, el negacionismo fiscal supone un ataque directo a una sociedad que se preocupa por cada uno de sus miembros. O si, como escribió la propia Ayuso en el prólogo de un libro, “los impuestos son los que materializan la responsabilidad inherente a la libertad” el negacionismo fiscal es el caballo de Troya de la condición de libertad y de la condición de ciudadanía“.

Los impuestos salvan vidas, trasplantan corazones, hacen funcionar el metro, abren universidades, enseñan matemáticas, apagan incendios, encienden las calles, detienen corruptos, dan de comer a los mayores, becan a los deportistas, te hacen el DNI, te vacunan, te cuidan y te ayudan a reconocerte en todo aquello que te identifica con una ciudadanía con derechos. 

El egoísmo que sostiene el negacionismo fiscal es inadmisible en cualquier momento pero especialmente en tiempos de crisis y zozobra como los que vivimos. No hay cabida para el sálvese quien tenga. “Que aporte más el que más tiene” es puro sentido común y Madrid no puede ser la deshonrosa excepción que confirme la regla. Los madrileños y madrileñas no necesitamos estériles recursos al Tribunal Constitucional ni aplicar recetas que se han demostrado obsoletas. Queremos una fiscalidad justa que haga más fácil la vida a la mayoría al tiempo que crea una red para amortiguar los golpes a quienes tropiezan.

En Madrid nos levantamos cada día con un escándalo nuevo sobre la mesa. Con una noticia que hace que se nos caiga el alma a los pies. Una cascada constante de atropellos a lo público, obstáculos en nuestra vida cotidiana y fracturas del contrato social.

El repertorio es infinito. Puede tratarse de un recorte del 10% de trenes de metro en plena crisis energética, del trasvase obsceno de fondos públicos a centros privados en forma de becas para familias que cobran más de 100.000€ al año o de decenas de millones destinados a combatir la exclusión social o la violencia machista que se quedan sin gastar en un cajón, sin olvidarnos de la corte de sinvergüenzas que siempre sobrevuelan nuestras instituciones a la espera de una situación de emergencia o de shock que les permita llevarse una buena mordida. Todo esto aderezado con el ingrediente caduco de la irresponsabilidad fiscal que provoca un agujero en las cuentas madrileñas socavando aún más nuestras oportunidades de futuro y fiando todo a la suerte de unos privilegiados que vienen dopados de favores políticos. Este abanico de calamidades diario comparte algo aún más preocupante: produce una identificación mental inmediata entre el PP y Madrid.

La derecha madrileña ha ejecutado magistralmente una estrategia en las últimas décadas. Ha logrado que se asocien a Madrid todas sus prácticas corruptas, sus valores incívicos y sus comportamientos reprochables. El todo por la parte. La extensión de sus tentáculos por todo Madrid dificulta, en ocasiones, discernir y diferenciar entre ellos y Madrid, llegando a producir rubor, por qué no decirlo, cuando “Madrid” llena día sí y día también los telediarios por sus comisionistas o por sus gobernantes duchos en el arte de la crispación.

Se trata de una estrategia efectiva, eficaz y que explica parte de su éxito. Un método que solo funciona si no se encuentra a nadie en frente que cuestione esa vinculación casi automática. Hace falta dejar de agachar la cabeza y alzar la voz para reivindicar Madrid. Ya es hora de cortocircuitar esta indebida e ilegítima apropiación. Porque Madrid no son sus tropelías, su bravuconería y su cutrez. Madrid es vibrante, es espectacular, es maravillosa y hay que decirlo más a menudo.

Hoy, 2 de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, es buen día para recordarnos que tenemos esa tarea pendiente. No regalarles ni un ápice de Madrid; ni una gota de su agua, ni una carcajada de su noche, ni un minuto de su compromiso, ni un ápice de su empatía ni un frescor del aire de su sierra, ni una migaja de su esencia más noble y generosa. Hay que decirlo con mayúsculas, nos sentimos orgullosos y orgullosas de decir, “de aquí de Madrid”, de que puedan decirlo quienes llevan toda su vida aquí o quienes acaban de llegar.

Borremos de nuestras mentes la pegajosa losa que han puesto sobre Madrid, porque Madrid engatusa y enamora pese al PP. Madrid late precioso en cada uno de sus rincones y ese latido sobrevive con la pasión de quien tiene un corazón que late precioso y lo demuestra cada vez que alguien pide ayuda. No hay que esperar para que Madrid nos erice la piel, porque ya lo hace. Y lo hace sin ruido, sin aspavientos, sin confrontar ni pedir nada a cambio. Por eso, para ganar terreno, para seguir construyendo la alternativa, toca alejar la desafección, el desencanto y el desapego. Quienes queremos, disfrutamos y redescubrimos Madrid cada día no debemos caer presos de ese terrible juego de espejos que distorsiona la imagen de Madrid.

Por unos momentos hasta el propio Partido Popular se hizo eco de un secreto a voces en Madrid: el Gobierno de la Comunidad ha utilizado la pandemia como coartada perfecta para llenar de dinero público los bolsillos del entorno de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, hasta la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el caso después de la documentación presentada por Más Madrid y el resto de grupos de la oposición.

Utilizar las instituciones como mecanismo para hacer negocios y saquear el dinero público es, y ha sido, tristemente, una constante en los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad. Sin embargo, hoy nos encontramos ante un caso que choca con la última y más preciada fibra moral de nuestras sociedades. Y es que estos contratos fueron otorgados al entorno de Ayuso precisamente en los días de la pandemia en los que se registraba un mayor número de muertos, cuando estábamos en nuestras casas sufriendo, maniatados por la congoja y la incertidumbre. Unos días de shock en el que los familiares no pudieron ni abrazarse para enterrar sus muertos. Mientras, en los hospitales vivíamos una situación insostenible y muchas personas sufrían soledad, miedo y desesperanza.

Tal y como ha aprendido de Esperanza Aguirre y Javier Fernández Lasquetty, Ayuso ha encontrado en la contratación por vía de emergencia un método infalible para utilizar fondos públicos para enriquecer a personas cercanas. Un dinero que debía haber sido utilizado para hacer frente a los estragos de la pandemia.

Se trata de un mecanismo sencillo: para responder a la coyuntura pandémica se han tenido que rebajar los controles, las inspecciones y la supervisión de la contratación pública. Esa relajación ha sido utilizada de manera sistemática por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para adjudicar contratos millonarios, muchas veces sin ser capaces de justificarlo de manera seria y rigurosa. Es precisamente esa fórmula la que les permite, a día de hoy, seguir otorgando contratos millonarios alrededor del Hospital Zendal. Sin embargo, en el caso de Tomás Díaz Ayuso han tenido que afinar un poco más el procedimiento.

Pese a esta laxitud en los controles de la contratación, siguen existiendo unas mínimas normas que deben cumplirse incluso en un escenario de total excepcionalidad como es la pandemia, como es la prohibición de contratar con familiares de los miembros del Gobierno. Es aquí donde aparece Daniel Alcázar, amigo de la infancia de los Ayuso y administrador de Priviet Sportive SL, la empresa agraciada con un millonario contrato por mascarillas pese a no tener experiencia en ese sector. Es así, utilizando a su amigo como testaferro, como Tomás Díaz Ayuso esquiva los tibios controles existentes y puede así recibir su preciada mordida de miles de euros. Pero es que además hemos conocido que las mascarillas se compraron por encima del precio de mercado, eran de una calidad inferior a la esperada y llegaron tarde.

Serán los tribunales los que aclaren qué grado de ilegalidad se ha cometido con este y con tantos otros contratos sospechosos. Y no cabe duda de que lo acabarán haciendo. Pero las responsabilidades políticas van más allá. En paralelo a la legalidad está la ética y la ejemplaridad. Y estos hechos son inadmisibles para un Gobierno cuya responsabilidad, en los momentos de zozobra y pánico, es cuidar a la población y ofrecer confianza.

Mientras las buenas gentes de Madrid llenaban las despensas solidarias, se ofrecían para hacer la compra a sus vecinos más vulnerables o donaban mascarillas caseras, Ayuso aprovechaba para seguir favoreciendo a los suyos a costa de la sanidad de todos. Es probable que las guerras internas del PP y la vorágine informativa engullan este caso, pero no podemos olvidar que todo esto ocurrió el 1 de abril de 2020, el mismo día que nuestro país registraba la mayor cifra de fallecidos por la Covid.

Decía Machado que todo lo que se ignora, se desprecia. La mental es la dimensión de nuestra salud más ignorada, y por lo tanto la más invisibilizada y despreciada. Tanto como para que la renuncia en unos Juegos Olímpicos de la campeona Simone Biles por problemas de salud mental haya revolucionado a propios y extraños; los unos por identificación y los otros por pura ignorancia.

''Tengo que cuidarme. He priorizado mi salud mental por encima de cualquier campeonato''. ¿Alguien se imagina una sociedad que priorice el cuidado y la salud mental de sus ciudadanos por encima de otros intereses? Si esa sociedad existe, me temo que aún no está en nuestro horizonte. Si la renuncia de Biles hubiese sido por cualquier otro problema de salud, una fractura, un esguince, una rotura muscular, nadie estaría llamando débil a quien en sobradas ocasiones ha demostrado ser la más fuerte, también en esta ocasión. Nadie dudaría de que su fortaleza va más allá de su voluntad. A ningún paciente se le pide que ande con una fractura y sin embargo a las personas con una enfermedad mental se les pide que dejen de tenerla, que dejen de ser vulnerables, que dejen de victimizarse, que se escondan. Y como siempre, en tercera persona suena menos aterrador hasta que te llega el turno y te das cuenta de que todos somos esa persona a la que por desconocimiento le decíamos ''anímate mujer, si no tienes motivos para estar mal''.

Pero la salud mental ha empezado a conquistar el centro del debate y a salir del ámbito de lo íntimo, de lo oculto, de lo estigmatizante. Los más jóvenes han empezado a socializar y contar en alto sus miedos, sus angustias y sus debilidades. Hoy es Biles superada por la ansiedad, pero antes han sido Springsteen, mi querida y admirada Blanca Fernández Ochoa, la chavala que antes de suicidarse dejó un hilo póstumo en Twitter diciendo que el sistema no le había ayudado y que no podía más; es mi amiga Ana Ribera, que escribió el libro ''Los días iguales'' sobre los terribles meses que pasó conviviendo con una depresión mayor, es Javier Giner, autor de ''Yo adicto'' cuya vida fue atravesada por la adicción al alcohol y la cocaína; soy yo misma cuando a los 15 años me asomé al abismo de los trastornos de la alimentación sin llegar a caerme, es mi amiga de la facultad que un día nos contó que en el instituto estuvo deprimida y que no se lo contó a nadie; son las miles de mujeres que cargan sobre sus espaldas el peso de la responsabilidad y a las que, como sociedad, les hemos dado un orfidal y una palmada en esa misma sobrecargada espalda o son los cientos de jóvenes que no ven en el futuro un lugar habitable y a los que hemos estafado en un contrato social perverso que les ofrece incertidumbre y estrés; somos todos y todas en un momento de nuestras vidas. Es el Me Too que ha ido surgiendo tras la visibilización de un problema común y comunitario que requiere soluciones comunes y comunitarias. Porque la vulnerabilidad se ha socializado y ha traspasado la paredes de la individualidad y la privacidad. Y porque hay factores sobre los que podemos incidir como sociedad: factores previos que están ampliamente demostrados como los determinantes sociales de la salud (DSS), también ampliamente desconocidos y despreciados aunque ya en 1974 el ministro de salud canadiense Lalonde los identificara como los factores que más pueden incidir en la salud de una población. La desigualdad, la precariedad o la exclusión social que repercuten directamente en las enfermedades y en el aumento de los trastornos de salud mental. De hecho, de la crisis del 2008, la dimensión de la salud que más se vio afectada fue justo la mental. Y como sociedad también debemos hacernos cargo entre todos de esa vulnerabilidad de la que nadie nos libramos y que requiere de servicios públicos robustos que refuercen la red que nos sujetará cuando la vida no sigue el mismo guion que nos habíamos escrito. Necesitamos campañas que faciliten el entendimiento y la comprensión, lugares de escucha y espacios donde se pueda hablar en alto de los trastornos de salud mental.

Y la política tiene mucho que hacer a este respecto más allá de vendernos y condenarnos a una sociedad donde las penas se ahogan con cañas y la vulnerabilidad se castiga con desprecio. ¿O no es castigo y desprecio acaso que tu hijo o hija adolescente tenga que esperar meses para ver a un psiquiatra o un psicólogo en el sistema público de salud? ¿O que las urgencias por enfermedades de salud mental se hayan disparado y las plantillas se hayan mermado? ¿O que para pedir ayuda para recomponer los jirones de tu vida tengas inevitablemente que pasar por caja? Como diría Segismundo en La vida es sueño, ''qué delito cometí contra vosotros naciendo aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido''; el delito de ser vulnerable, de ser diferente, de tener un mal momento, de no poder permitírmelo. Hace poco escuché a Enrique Aparicio (@esnorquel para los tuiteros) decir que una sola charla de educación afectivo sexual en el colegio que le hubiese contado que ser homosexual no era una rareza ni una enfermedad, le hubiera ahorrado dos años de terapia. Fíjense si desde la política se pueden ahorrar malestares y sufrimientos ajenos y propios.

Desde el ''¡vete al médico!'' escupido a Errejón al llevar este tema al Congreso de los diputados desde la bancada popular, hasta el ''de qué se quejará Biles si está forrada'', lo que hay es una línea de puntos que te lleva directo a la casilla de la ignorancia, a la falta de voluntad de conocer la realidad de las enfermedades mentales y, como diría Machado, al desprecio.

Queda mucho camino por recorrer, mucha empatía que despertar y mucha ignorancia que sacudir para poder enfrentar esta epidemia silente que cada vez afecta a más ''yos'': Sí, yo también tuve un trastorno de salud mental. Sí, yo también soy vulnerable.

En las elecciones del pasado 4 de mayo Más Madrid obtuvo unos resultados notables, pero a todas luces insuficientes. El bloque progresista no consiguió una mayoría alternativa a la de las derechas para construir un gobierno de cambio y decente en la Puerta del Sol. Por lo tanto, no podemos darnos por satisfechos. 

Sin embargo, sí conseguimos sembrar en Madrid la semilla de la que nacerá la alternativa a Ayuso y al Partido Popular. Nos hemos erigido como la principal fuerza de oposición regional y consolidado un espacio político feminista, verde y apegado a la realidad de los madrileños y madrileñas y que cada vez cuenta con más respaldo, apoyo y confianza. Tras dos años encabezando la oposición en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento, estamos en disposición de asumir el reto que salió de las urnas: construir y liderar la alternativa para 2023.

Más de 600.000 madrileños y madrileñas han avalado con su voto un trabajo riguroso y constante. Hemos tratado de demostrar que hay otra forma de hacer política, basada en la escucha y la empatía, en ofrecer soluciones y trabajar para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Se trata de una fórmula capaz de reconciliar a la gente con la política, de aterrizar los eslóganes y las grandilocuentes discusiones y proponer medidas que resuelvan las dificultades y las angustias cotidianas.

Pese a estar en las antípodas, la campaña de Más Madrid y de Ayuso han coincidido en un elemento: intentar conectar con la fatiga pandémica de los madrileños y madrileñas. La diferencia es cómo la hemos enfrentado cada una. Ayuso ha ofrecido una solución basada en el corto plazo, en tomarse una caña después de los cafés y antes de los orfidales. Obviamente, esta receta tiene las patas muy cortas y una de ellas sigue en la UCI. Nosotros, por contra, hemos tratado de ofrecer un futuro a largo plazo y que no deje a nadie atrás. Decimos que somos la alternativa a Ayuso y al PP porque somos capaces de imaginar un futuro que vaya más allá de las cañas después del trabajo y de la resaca de 26 años de desgobierno.

El futuro que queremos se construye desde el presente, con los pies anclados en el suelo, recorriendo Madrid de punta a punta, poniendo en valor su diversidad, su enorme potencial, poniéndolo en hora con Europa y siendo capaces de imaginar cómo queremos que sea nuestra región dentro de una década. Este Madrid que incorpora el cuidado de la salud mental como una faceta vital de nuestras vidas, afronta el derecho al tiempo como una de las inevitables conquistas de los trabajadores y trabajadoras y que asume la emergencia climática como el reto más importante de nuestra época.

El breve paso de Ayuso por el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a dejar un reguero de mala gestión, chapuzas y confrontación. La crispación que estamos viviendo provoca tensiones, malestares y desencuentros entre Madrid y otras regiones. Pero nuestro Madrid no puede vivir a la contra del resto de España. Queremos un Madrid basado en la convivencia, el diálogo y la empatía. Es acogida a quienes llegan, aprendizaje de los de al lado y orgullo de quienes están aquí. 

Ser la alternativa en 2023 pasa por demostrar que el Madrid de la empatía, la cooperación y los cuidados es mucho mejor de puertas para dentro pero también para el conjunto de España. Me gusta decir que “autonomía” se conjuga en femenino. Me siento orgullosa de pertenecer a una ola de liderazgos autonómicos femeninos en el campo progresista. Una suerte de feminismo del bienestar, que es consciente, sobre todo después de la pandemia, que es en las comunidades autónomas donde se juega el cuidado de las personas, la defensa de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades, el progreso y el desarrollo de nuestras sociedades.

La alternativa para 2023 será fruto del compromiso con Madrid, la justicia social y amplias alianzas: entre quienes temen no llegar a final del mes y quienes temen el final del planeta, entre quienes hacen latir el corazón cultural de Madrid y quienes saben que el futuro pasa por la innovación y entre quienes quieren cuidar y quienes necesitan ser cuidados.

Tras un año durísimo, tras una pandemia que ha arrasado Madrid y que ha hecho saltar las costuras de nuestros debilitados y descapitalizados servicios públicos, un nuevo capricho de Ayuso volvió a golpearnos. Una convocatoria de elecciones fruto de la irresponsabilidad, de la pulsión de entregarse a los brazos del odio y la intolerancia y de la absoluta falta de empatía. El enésimo desprecio al sufrimiento, a los problemas y a las necesidades de los madrileños y madrileñas. Una nueva evidencia de que está más preocupada por su carrera política que por cualquier otra cosa, demostrando que no merece revalidar el puesto que ostenta.

Ante nuestra advertencia de que no era momento de convocar elecciones, en plena pandemia, sin presupuestos y sin ayudas directas, hubo quienes nos acusaron de temer las urnas. Nada más lejos. Pero somos responsables y priorizamos el cuidado, el bienestar y la atención de los madrileños y madrileñas por encima de cualquier cálculo electoral. Y sin embargo, no nos pilló a pie cambiado, con el trabajo por hacer o pendientes de otros asuntos. Nos pusimos manos a la obra, sin perder ni un momento, encarando la campaña electoral como llevamos trabajando estos dos años.

Nos propusimos trasladar nuestro forma de hacer oposición a Ayuso en la Asamblea a nuestra campaña electoral. Contundencia, rigor y cercanía. Hablar de los problemas de la gente al tiempo que denunciamos el desgobierno de Ayuso. Seguir pateándonos los barrios, ciudades y pueblos de Madrid. Seguir escuchando, recogiendo propuestas y haciéndonos cargo de lo que ocurre en cada rincón de nuestra región. Convertir los insultos, que no han sido pocos, en propuestas. A cada problema, una solución; a cada temor, una esperanza; a cada voz del pasado, una propuesta de futuro. No ha sido sencillo pero podemos decir, orgullosos y orgullosas, que no nos hemos desviado de nuestro objetivo, que no hemos modificado ni un ápice nuestra hoja de ruta y que hemos hablado todos los días de lo que de verdad importa.

Nos comprometimos a hacer una campaña limpia, fraterna y centrada en quienes teníamos en frente y no en quienes teníamos al lado. Y lo hemos conseguido. Creo que el electorado progresista agradece, porque llevaba tiempo demandándolo, que no perdiéramos el tiempo hablando de nosotros. Que no nos dedicáramos a viejas rencillas, a dejarnos recados o lanzarnos pullitas. Así lo hemos hecho desde Más Madrid y, sinceramente, no se me ocurre otra manera de demostrar el compromiso con la transformación de Madrid. Tan importante es llegar a la meta como el camino que transitamos y me da la sensación de que esta senda pone los cimientos de una nueva forma de relacionarnos.

Nos inspiramos en las fuerzas verdes europeas y los movimientos feministas para hacer frente a la ultraderecha. Ante la disyuntiva de si rebatirlos o ignorarles, hicimos las dos cosas: les dijimos que eran una aberración y cancelamos cualquier debate hasta que se cumplieran las condiciones mínimas democráticas. El partido de la violencia, el odio y la xenofobia, ahogado en las encuestas, ha intentado reventar esta campaña. Ha intentado que hablemos sobre ellos, sobre sus ataques, sus miserias y sus bulos pero hemos seguido hablando de sanidad, de educación, de vivienda, de residencias, de las expectativas de la juventud, de la salud mental, de las posibilidades de formar una familia, del transporte, de la jornada laboral de 32H, del clima, de las escuelas infantiles y del bienestar animal. Porque no hay nada que tema más la ultraderecha que no ser el centro de las conversaciones. Hablar de lo importante les deja fuera de juego, les neutraliza y les impide intoxicar la discusión política porque no tienen ni una sola propuesta para mejorar la vida de los madrileños y madrileñas.

Ha sido mi primera campaña como candidata a la Presidencia a la Comunidad de Madrid. Ha sido intensísima. Ha sido emocionante y, a ratos, dura. Ha sido alegre, divertida y tierna. Sigo fascinada con las miles de personas de Más Madrid que se han echado sobre sus hombros una campaña artesanal, con menos recursos que el resto pero llena de ilusión, cariño y buenas ideas. Me ha resultado extraño ver mi cara en carteles, banderolas y panfletos. Imposible no sonrojarme cuando me han pedido fotos por la calle y tremendamente orgullosa cuando, en cualquier zona de Madrid, se me acercaban para darme ánimos, para agradecerme el trabajo realizado e incluso para decirme que no me iban a votar pero que lo estábamos haciendo bien. Para quien no tiene en sus planes presentarse a unas elecciones no deja de hacérsele raro que lleguen cartas con su nombre y su cara a miles de hogares madrileños. Son gajes del oficio pero sigo sin acostumbrarme.

Afortunadamente esta campaña no va de mí, ni de Ayuso, va de Madrid, de los madrileños y madrileñas. De sus intereses, sus desvelos y sus anhelos. Yo quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid para que tengamos un gobierno que defienda Madrid y se desvele y anhele por lo mismo que sus vecinos y vecinas. Por eso, los distritos y los municipios abandonados, los distritos y los municipios maltratados, el sur y el este de Madrid tienen que ir a votar. Votos que vayan directos a lo que de verdad importa: al centro de salud, a ayudar al pequeño comercio, a reforzar la educación pública, a que haya plazas en las residencias y en las escuelitas infantiles, a que haya más metro y más autobuses; votos directos al empleo verde, a la inversión en I+D+i. Votos que supongan un muro ante la ultraderecha, la corrupción y el mal gobierno, votos que frenen el odio, la intolerancia y la violencia. Votos cargados de futuro, ilusión y empatía. Votos que nos recuerden que somos más y que vamos a gobernar el 4 de mayo.

Porque Madrid es increíble, Madrid es espectacular y podría serlo mucho más si soltamos lastre, si quitamos el tapón que suponen 26 años de gobierno del Partido Popular y que nos impide aprovechar todo el talento y el potencial que tenemos. Ante quienes quieren atraparnos en el pasado, la política sucia y un Madrid en blanco y negro, tenemos la posibilidad de mirar a los ojos al futuro, hacer valer la política buena e imaginar el horizonte verde que merecemos. El próximo 4 de mayo podemos conseguir que la empatía se instale en la Puerta del Sol y empiece una nueva época para Madrid. Está en nuestras manos.

Si viniésemos de la Edad Media y tuviésemos que construir una sociedad de cero, crearíamos, sin lugar a dudas, una sociedad con servicios públicos. Si, como dijo John Rawls, no supiésemos de antemano el lugar que vamos a ocupar en esa sociedad, garantizaríamos unos servicios públicos robustos y los blindaríamos del pillaje, las privatizaciones y los recortes. Si, además, quisiéramos financiarlos para aprovechar todo su potencial, inventaríamos el mayor crowdfunding social, solidario y comunitario de la historia: los impuestos.

En tiempos de youtubers, deportistas de élite y empresarios huyendo a Andorra para no arrimar el hombro, dejando claro que algunos solo quieren aprovechar los derechos conquistados de esta sociedad al tiempo que dejan caer el peso de las obligaciones y la responsabilidad en el resto, conviene hacer algunas consideraciones. Los servicios públicos son un mecanismo imprescindible para acercarnos a la igualdad de oportunidades y para que los derechos de cualquier madrileño y madrileña se puedan materializar sin depender de cuánto dinero tienen en sus cuentas corrientes ni el barrio donde hayan nacido. Son la condición de posibilidad para que seamos capaces de aprovechar todo el potencial, el ingenio, las ideas y las capacidades de quienes formamos parte de la sociedad sin que la desigualdad o la ausencia de justicia social determinen tu futuro. Son el mecanismo que pone en funcionamiento el ascensor social.

En pleno siglo XXI, en el sur de Europa, es imposible conjugar la palabra libertad si no viene acompañada de servicios públicos y es difícil concebir vidas cuyo objetivo vaya más allá de arañar el calendario para llegar a fin de mes sin ellos. Sin la sanidad, la educación, la recogida de basuras, el alumbrado, el agua que sale de nuestros grifos, el metro, los autobuses, los bomberos, los centros culturales, las casas de la juventud, las residencias de mayores… nuestra vida en común sería peor, nuestra calidad de vida más baja y en definitiva, seríamos menos libres. Un concepto de libertad muy alejado de la identificación de la libertad como el abandono institucional de las derechas en su “sálvese quien pueda” o su “arréglatelas como puedas” en plena pandemia o en pleno temporal.

Los servicios públicos son los que marcan la diferencia. En las buenas y en las malas, especialmente en las malas. Cuando una pandemia arrasa el planeta, no es lo mismo tener que afrontarla con la sanidad de España que con la sanidad de Estados Unidos. Cualquiera que conozca ambos sistemas tiene claro qué prefiere.

Porque cuando una nevada azota una región, no es lo mismo hacerle frente con unos servicios de protección civil eficientes y eficaces a que cada uno tenga que buscarse una pala. Cuando uno tiene que saltar al vacío, no es lo mismo hacerlo con red de seguridad que sin ella. Y los servicios públicos son esa red, ese bote salvavidas que en los naufragios marcan la diferencia entre quién sobrevive y quién no, entre quién se queda a la deriva al albur de las olas y quien llega a buen puerto. El problema es que en Madrid llevamos demasiados años con los capitanes del barco pinchando los flotadores, saboteando los botes, recortando los remos y reservando los botes que funcionan para primera clase a costa del resto del pasaje.

Unos capitanes cuyo plan de los últimos 20 años ha consistido en deteriorar el navío de todos y todas, haciéndonos más frágiles al temporal, debilitando nuestras defensas y desmontando, pieza a pieza, ese mecanismo que nos habría hecho aguantar mejor los embates del mar: los servicios públicos. Ese armazón que habría minimizado el impacto, que nos habría aliviado nuestro sufrimiento. En la sanidad pública madrileña hemos tenido que hacer frente al coronavirus con un agujero en el casco, un agujero hecho desde dentro: sólo 2,4 médicas por cada 1.000 habitantes frente a los 3,8 de la media española o solo con 3,7 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a los 5,1 de España.

Hay quien cree que esos capitanes, los gobernantes del Partido Popular, Ayuso, Almeida y sus antecesores sufren de públicofobia pero creo que se equivocan. Viendo el inusitado interés que tienen en gobernar lo público y sacar tajada, el diagnóstico más certero sería el de públicofagia, que se alimentan de lo público, lo devoran y no dejan nada para el resto. A ver si no, cómo se explica que en plena pandemia quieran privatizar más la sanidad y sin embargo quieran remunicipalizar los toros.

Y ante esa voracidad por lo público, ante ese desatado empeño en parasitarlo para desviar su inversión a lo privado a través de privatizaciones, publicidad institucional y contratos a dedo, solo hay un tratamiento: la defensa férrea de los servicios públicos. Una defensa que surja de la alianza entre quienes amamos lo público y queremos mejorarlo, de la movilización popular y del convencimiento de que solo juntos y juntas podremos salir reforzados de esta terrible crisis y de todas las que vengan.

Manuel (nombre ficticio) sale en un programa de máxima audiencia dedicado a la sanidad madrileña con la voz distorsionada y sin enseñar la cara. Denuncia que uno de los hospitales de gestión semiprivatizada de la Comunidad de Madrid, gestionado actualmente por un fondo buitre, ha mantenido un espacio óptimo para albergar 16 camas de UCI cerrado durante toda la pandemia de la COVID-19. 

María (nombre ficticio) denuncia en la radio con la voz distorsionada que ella trabaja en ese hospital y habla del “caos, la rabia y la tristeza” al conocer que en su hospital ha habido 16 camas de UCI sin estrenar desde hace meses donde podrían haber dado “un trato más digno” a sus pacientes. 

Juan (nombre ficticio) cierra su cuenta de Twitter donde denuncia los abusos e irregularidades que se cometen en su hospital, uno de los más importantes de Madrid. La cierra porque le han dicho que desde la Consejería están intentando averiguar quién está detrás de esa cuenta. 

Elena (nombre ficticio) me cita en su despacho tras contactarme a través de Twitter para enseñarme el limbo en el que se encuentran cientos de pacientes que deberían de estar en lista de espera por indicación de su cirujano y a los que no se les ha dado de alta en el Registro Unificado de Listas de Espera Quirúrgica de Madrid (RULEQ) y, por lo tanto, no aparecen en las estadísticas. “Una práctica que se intensifica en diciembre para que a finales de año los datos cuadren”, confirma. Cuando le digo que cómo lo podemos denunciar me dice que ella solo me lo enseña pero que no puede denunciarlo porque tiene miedo. 

Carmen (nombre ficticio) me contacta al verme llevar una denuncia a la Fiscalía sobre los hospitales de gestión privada y me dice que tiene documentos que confirman mi denuncia pero que nunca se ha atrevido a denunciarlo porque tiene miedo a las represalias. 

La enfermera Goetti Pacheco (esta sí, a cara descubierta) denuncia en Twitter que en su centro de salud no hay más vacunas. Es cesada inmediatamente. 

No me extenderé en la infinidad de casos similares que durante estos meses –y años– hemos podido ver y escuchar a través de medios y, en mi caso, en reuniones y encuentros privados. Este es un pequeño esbozo de una de las caras ocultas de la sanidad madrileña: la normalización de una aberración. Una aberración asumida como parte de nuestra rutina, en la que los sanitarios que denuncian las irregularidades, los abusos o la merma en la calidad de la asistencia a sus pacientes tienen que salir con la voz distorsionada por miedo a las consecuencias. La misma voz distorsionada de los que denunciarían a una mafia o a una organización clientelar corrupta donde el silencio vale más que tu carrera. La misma voz distorsionada que escuchamos sin preguntarnos cómo es posible que lo que esté distorsionado sea la voz de quien denuncia y no la legitimidad y la responsabilidad de los denunciados. Distorsionar las voces para que nadie señale a quien denuncia la verdadera distorsión del sistema. Como si de un testigo protegido se tratara pero sin nadie que les proteja.

Veinticinco años de gobierno del Partido Popular en Madrid nos han dejado unas tupidas redes clientelares que carcomen lo más profundo de una institución que debería basar en la transparencia y en la lex artis médica y política su funcionamiento, porque estamos hablando de la que seguramente sea la mayor empresa de cuidados y protección de la salud. Resulta paradójico que mientras se protege la salud, no solo no se protege a los denunciantes y a los que reivindican la mejora del sistema sino que se les castiga. Una ley del silencio que tenemos interiorizada y que condiciona en demasiadas ocasiones nuestra conducta aún cuando sabemos que nos estamos jugando la práctica de nuestra profesión y la salud de nuestros pacientes. 

“Es que no me quiero significar por miedo a las consecuencias”, “yo preferiría no firmar y que mi nombre no salga”, “soy eventual y me la juego”, son frases comunes que hacen tributo al “no te metas en política” que con tanto acierto han sabido inocular quienes querrían que la política siguiera siendo su coto privado. El acoso y señalamiento a aquellos y aquellas que intentan mejorar el servicio público es una práctica que el PP ha llevado hasta sus últimas consecuencias para mantener, cueste lo que cueste, los negocios de sus amiguetes y evitar perder los beneficios privados que les reporta mantener el Gobierno de la Comunidad. 

Hoy es la Sanidad Pública la que está en el punto de mira de los ataques del PP, sin embargo, no podemos obviar que esta ley del silencio y este hábito de saquear lo público es inevitable que intenten extenderlo a todos y cada uno de los derechos que los madrileños y madrileñas nos hemos ganado. La respuesta a la pandemia que propone el Gobierno de Ayuso pone en riesgo los servicios públicos, las políticas de bienestar y amenaza con imponer una mordaza invisible, pero no por ello menos efectiva, a quienes lo denuncien. 

“No te metas en política porque te lo van a hacer pasar mal”. ¿Quiénes? Quienes hacen de las instituciones sus cortijos y de la ejecución de sus políticas la transcripción de un feudalismo anacrónico que lastra el funcionamiento, en este caso, de nuestro sistema sanitario. Mejor callado que cesado y mejor equidistante que denunciante. Tener que elegir entre ser crítico con las condiciones de trabajo o la calidad de la asistencia a tus pacientes y poder mantener tu propio trabajo en condiciones dignas. Un dilema que no merecemos los profesionales, los pacientes ni el conjunto de una sociedad que valora y le preocupa lo que ocurre con la sanidad. Porque defender la sanidad pública también pasa porque se pueda decir en voz alta y a cara descubierta lo que funciona mal, sus causas y cómo solucionarlo. Solo así tendremos un sistema que aproveche todo su potencial y sea capaz de hacer frente a los retos que tiene por delante.

El pasado 28 de septiembre, el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio Aguado, escribía en Twitter: “La imagen que estamos dando ambas administraciones no es la que esperan los madrileños y pido disculpas por ello”. El pasado 9 de octubre, volvía a hacerlo: “Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos”.

No vamos a entrar a valorar la dudosa sinceridad de sus palabras cuando en ellas mete en el mismo saco a “los políticos”, como si la culpa fuera de la política en abstracto y él como vicepresidente no fuera responsable directo del despropósito de las últimas semanas. Pero dando por válidas sus disculpas, parece evidente que, cuando uno reconoce un error, éste debe ir acompañado de un compromiso de reparación. De lo contrario, las disculpas quedan como un gesto de cara a la galería, que quizás alivia al emisor, pero que no ofrece al receptor ninguna garantía de que no se vuelva a repetir en el futuro. Pedir perdón a secas es un paso que se queda corto sin las razones que expliquen el error y la voluntad de corregirlo.

Y los errores no han sido pocos ni menores. La Comunidad de Madrid lleva desde hace semanas siendo el epicentro de la pandemia después de cuatro meses sin hacer nada. Con el sistema sanitario completamente fuera de control, el Gobierno de Ayuso se negó a que los barrios y municipios que consideraban “de los suyos” se sometieran a los mismos criterios que los barrios y pueblos del Sur y el Este de Madrid. Mientras medio mundo tomaba medidas mucho antes y mucho más estrictas, en Madrid se elaboró mal la orden premeditadamente para que los tribunales la tumbara y el Gobierno central se viera obligado a intervenir. Y, con el mismo modus operandi que han usado siempre, han manipulado los datos para meter a los contagiados debajo de la alfombra. 

Por si no fuera suficiente, esta semana vamos de camino a otra negociación in extremis. La competición por ver quien hace la rueda de prensa más larga o carga con mayor eficacia la responsabilidad de la toma de decisiones en el de al lado, ha dejado de ser una práctica excepcional para convertirse en una auténtica filosofía de gestión patentada por Ayuso y consentida por Aguado. Lo único seguro es que ninguna de las partes de este gobierno ha alterado su orden de prioridades para situar de una vez por todas la salud en primer lugar. El silencio de Ayuso sobre los rastreadores que faltan o los recursos que necesita la Atención Primaria encuentra un aliado perfecto en el silencio de Aguado.

Con este panorama, y si realmente el señor Aguado está arrepentido con esta situación esperpéntica, si cree que se podría haber actuado antes, si cree que ha sido un error poner palos en las ruedas a las medidas que señala la ciencia, si cree que los madrileños y madrileñas han pagado injustamente la irresponsabilidad y el exceso de cálculo político de unos y otros, le animamos a que sea valiente y pase de las palabras a los hechos. Poner un tuit, mandar mensajes en clave en una entrevista y quedarse de brazos cruzados no evita que el desastre en Madrid se perpetúe.

Estamos convencidos de que en las filas de Ciudadanos, y sobre todo entre sus votantes, cada vez hay más gente que se encuentra incómoda, sin saber muy bien qué pintan sosteniendo a una presidenta como Ayuso. Es evidente que algunos están cansados del maltrato, el ninguneo y el menosprecio, o que incluso les preocupa que el balance de su aportación al gobierno se reduzca a la vergüenza e impotencia. Es comprensible que en Ciudadanos haya quienes no quieran resignarse a pedir perdón de boquilla cada vez que Ayuso se sale con la suya porque esa es precisamente la expresión de la vieja política que tanto critica siempre el señor Aguado: sostener un gobierno a sabiendas de que está tomando decisiones equivocadas.

Nosotros no vamos a tirar la toalla porque, en una situación tan grave como la que estamos viviendo, Madrid no se lo puede permitir. Por eso vamos a ofrecer diálogo para buscar una salida alternativa al caos negacionista de Ayuso, recordándole a Aguado que es él quien tiene la llave para librar a los madrileños del peligro público en el que se ha convertido el ejecutivo de Ayuso. No somos ingenuos, sabemos que nos separa un abismo, pero también sabemos que no debe haber ninguna diferencia que sea más importante que las vidas que se pueden salvar. Es tan sencillo como responder al dilema que él mismo planteó: ser virus o vacuna. Cuando elija vacuna, se habrá disculpado como es debido con los madrileños. Hasta entonces solo no pasará de ser un gesto para la galería.

El pasado viernes el Gobierno de Madrid dio una rueda de prensa en la que, entre otros muchos dislates, el vicepresidente, Ignacio Aguado, dijo que “los madrileños teníamos que elegir entre ser virus o vacuna”.

Tras meses sin rastreadores ni medidas eficaces de contención de los rebrotes, tras años denunciando el déficit de profesionales de Atención Primaria o el raquítico gasto en sanidad por habitante y tras semanas reclamando responsabilidad y recursos al Gobierno de la señora Ayuso, nos encontramos que el problema es un problema de libertad y responsabilidad individual porque los y las madrileñas hemos elegido ser virus frente a vacuna. La responsabilidad por la falta de rastreadores, sanitarios, protocolos, investigadores, laboratorios públicos, refuerzos en Atención Primaria y Salud Pública, ya tal, que diría aquel.

El epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Miguel Hernán, ha intentado explicar cómo es posible que Madrid se haya convertido en la capital global de la Covid-19. Para ello, ha comparado la evolución de Nueva York, ciudad muy golpeada antes del verano, con la situación de Madrid, tristemente renombrada como epicentro de la pandemia en Europa.

La conclusión que Hernán ha encontrado es tan simple como obvia: las respuestas que se han dado en un caso y en otro han sido “significativamente diferentes en términos de rastreo de contactos, número de pruebas y velocidad de reapertura”. Las principales medidas que explican la disparidad entre un caso y otro son dos: los rastreadores y la celeridad en la apertura del interior de los bares y restaurantes. 

La gestión de Ayuso (y de Aguado) ha caminado en dirección opuesta a la de Nueva York, ya que han hecho todo lo posible por apurar una total apertura sin ni siquiera estar preparados para la fase 1 y, posteriormente, han sido incapaces de contratar ni a los rastreadores necesarios ni a los refuerzos en Atención Primaria y Salud Pública que la situación demandaba. Su gestión sanitaria se ha convertido también en un peligro económico, puesto que, hundiendo a la sanidad están hundiendo a la economía.

Me queda la duda de si la frase en la que Ayuso anuncia “si se hunde Madrid, se hunde España” es una amenaza, una profecía o ambas. No, no había que elegir entre economía o salud, había que priorizar. Pero priorizar la salud parece que no está dentro de los manuales del buen neoliberal, y mucho menos si de lo que estamos hablando es de la salud de los barrios populares castigados reiteradamente por las políticas de desigualdad, la falta de recursos sanitarios y, ahora, las medidas restrictivas segregatorias. 

Cuanto más evidente resulta que la gestión de Ayuso es un desastre, más se aferra a un negacionismo de la situación y más se encierra en un victimismo narcisista como vía de escape ante su incapacidad de hacerse con el volante de la situación. Tanto es así que, con tal de eludir su responsabilidad, incluso llega a culpar de los contagios a la gente que vive en los barrios del sur de Madrid por su “forma de vida” o porque “han incumplido las normas”, castigando y cargando sobre ellos la responsabilidad de sus fallidas recetas políticas y de su incomprensible inacción de gobierno.

Qué lástima que nadie en todos los años de gobierno del Partido Popular le haya dedicado ni un minuto de su vida política a conocer los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) que hablan de las condiciones de vida -no de las formas de vida- y de la desigualdad como los principales factores que enferman a una sociedad. Se habrían podido ahorrar el injusto y bochornoso anuncio de los confinamientos selectivos y segregatorios y habrían podido elegir -ellos sí- entre virus o rastreadores y virus o sanitarios.

Ayuso no representa una anomalía ni tampoco una extravagancia en el Partido Popular, más bien es su fiel heredera y la expresión desnuda del espíritu que abandera el Partido Popular de Madrid. Ayuso mantiene el proyecto político centrado en ampliar la desigualdad, denigrar a los servicios públicos y blindar los negocios de las empresas amigas. Es el mismo proyecto de región que ha vaciado a la educación y la sanidad pública de recursos con la finalidad de promover la desafección de la población con los servicios públicos.

El mismo proyecto que se enorgullece del informe demoledor que presentó el relator de la ONU, Philip Alston, denunciando el denigrante estado de las políticas sociales y de vivienda de Madrid. La libertad de Ayuso solo le pertenece a quienes se la puedan pagar y quien no cuente con los medios y las condiciones que hacen posible su ejercicio, se verá privado de esa libertad. Una distopía liberal hecha realidad con el anuncio de los confinamientos selectivos. Así, la libertad se desvincula de la seguridad y se convierte cada vez más en un privilegio de unos pocos en lugar de ser un derecho garantizado para todas las personas.

En este contexto, el fanatismo ideológico de Díaz Ayuso insiste en aplicar una política fiscal injusta y desleal que segrega todavía más al pueblo de Madrid y que perjudica al resto de España. Anunciar rebajas fiscales regresivas, de las que se benefician sobre todo un 0,2% de los madrileños más ricos en plena pandemia, es la mejor manera de confesarnos que su único plan para Madrid es seguir asfixiando a los barrios populares, los servicios públicos y la sanidad. 

Mucho nos tememos que los más de 1.700 millones transferidos desde el Estado al Gobierno de la Comunidad de Madrid no han sido utilizados para contratar rastreadores, ni para aumentar las camas hospitalarias, ni para contratar personal sanitario y educativo, no. Tampoco para contener la pandemia donde más la estaban sufriendo. Los van a utilizar para mantener su oferta fiscal a los que más tienen aunque se colapsen los hospitales y los centros de salud.

La situación de Madrid es insostenible, ya nadie duda de eso, ni siquiera en su propio Gobierno. Ayuso debería dejar de ensañarse con Madrid, con nuestros sanitarios, profesores, familias, con nuestros mayores, nuestros hijos e hijas, con el metro, con el sur, con los inquilinos y con los más vulnerables; Ayuso debería tener un gesto con Madrid y marcharse. Pero eso no va a suceder, no va a dimitir -salvo que le hagan dimitir-, de ahí que nos encontremos en una situación donde sacar a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol es un imperativo moral. En Madrid hace falta un Gobierno que haga frente a la situación y hoy no lo hay, porque lo que tenemos es un vacío de poder que nos pone a toda la población en peligro.

Ante este despropósito no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que agotar todas las vías, todos los mecanismos y todas las fórmulas a nuestro alcance para defendernos de este atropello y delirio que nos gobierna; si Ayuso niega la realidad, nosotros nos negamos a dejar Madrid a su suerte. Por eso, consideramos que es tan urgente como inevitable que la oposición tenga una hoja de ruta conjunta para que Ayuso pase a ser un capítulo lo más corto posible en la historia de Madrid.

La Mesa de Emergencia que proponemos desde Más Madrid, y que ya ha echado a andar, no es más que eso: una llamada a dejar de lado las diferencias y a priorizar la salud y el bienestar de los y las madrileñas. Es el inicio de un camino para que Madrid tenga un Gobierno a la altura de las circunstancias y deje de tener el peor Gobierno en el peor momento.

No se trata de elegir entre virus o vacuna sino entre Ayuso o Madrid.

La Comunidad de Madrid es de nuevo el centro de la pandemia de COVID-19 en Europa. La segunda oleada de la pandemia ya está aquí, impulsada por la incompetencia y los planteamientos ideológicos privatizadores del Gobierno de Ayuso que sustenta Ciudadanos. La atención primaria sanitaria está desbordada; no hay prácticamente servicio de salud pública (rastreadores y seguimiento); la ocupación en hospitales y UCIs empieza a aumentar alarmantemente. Y todo ello antes de la reincorporación masiva de septiembre y, sobre todo, de una imprescindible ‘vuelta al cole’, que, como es ya habitual en Madrid, se aborda sin un plan serio, con improvisación, desorden generalizado, privatización de servicios (como las pruebas médicas al profesorado) y contradicciones internas en el Gobierno Ayuso.

En esta situación, los municipios madrileños están sufriendo el nuevo avance del virus de manera muy especial: la semana pasada, 15 de los 30 municipios españoles de más de 50.000 habitantes con más casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días eran madrileños, con Alcobendas, Parla y Fuenlabrada a la cabeza, y hasta Collado-Villalba en el puesto 29. En estas circunstancias el virus se ceba sobre todo en las localidades y distritos más empobrecidos por más de dos décadas de políticas urbanísticas, educativas, económicas, sociales y culturales tendentes a fomentar la desigualdad y la segregación económica y social, demostrando que el virus “sí entiende” de clases y situaciones sociales.

Los municipios madrileños se enfrentan a la pandemia sin el respaldo político ni los medios económicos necesarios para abordar sus importantísimas funciones y competencias para luchar contra ella. Lo primero que hay que denunciar es el clamoroso olvido al que, una vez más, y más allá de los casos excepcionales de alguna gran capital, han sido sometidos los municipios por parte de las administraciones superiores, los responsables políticos y muchos medios de comunicación. En el habitual tira y afloja entre Comunidades y Gobierno central que caracteriza la política de nuestro país, parece como si los municipios y lo municipal no existieran y no tuvieran competencias, incumbencias y responsabilidades en la pandemia, y no fuesen un actor político y social de vital importancia en esta crisis. Por poner un ejemplo, dicho desprecio sistemático a los ayuntamientos produce despropósitos como la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que está fracasando, entre otras cosas, por no contar para su implementación con los servicios sociales municipales.

Y, sin embargo, el papel de los ayuntamientos sigue siendo fundamental. Por mencionar solo unas pocas competencias, son los municipios los que se ocupan de las escuelas infantiles, de la limpieza y mantenimiento de los colegios de primaria, de las actividades extraescolares, de los comedores escolares, de los refuerzos escolares, de la gestión de espacios de apoyo a los centros educativos, de la limpieza e higiene pública en las calles, jardines y otros espacios públicos al aire libre o cerrados, del control por medio de la Policía Local del cumplimiento de las normas sanitarias en espacios públicos y privados (las célebres terrazas, por ejemplo, o reuniones familiares), el control de horarios en establecimientos de ocio y de otro tipo, y un largo etcétera. Y todo ello deben hacerlo mientras sufren una alarmante falta de autonomía, de capacidad y de suficiencia financiera.

En efecto, los ayuntamientos tienen que abordar la pandemia cuando sigue vigente la infame ‘Ley Montoro’, que prácticamente “interviene” y limita sus cuentas, y cuando el Gobierno central, tras su criticado acuerdo con la FEMP, sigue impidiéndoles usar sus remanentes, a los que los tienen, y dotar de más medios económicos a los que se encuentran en dificultad,en contraste con las cuantiosas sumas que ha transferido a las CCAAs. De hecho, desde el inicio de la pandemia, sólo se ha hablado de los ayuntamientos en una ocasión: para sustraer sus ahorros, pues la única administración que ha hecho los deberes en cuanto a su deuda: 11.000 millones de superávit desde 2015, con el Madrid de Carmena liderando. A ello se suma, en Madrid, la suspensión del PIR (plan de obras públicas financiado por la Comunidad por medio de convenios con los ayuntamientos), lo que ha impedido, por ejemplo, la rehabilitación y acondicionamiento de centros escolares, que en las localidades del sur tienen en su mayoría ya 30 o 40 años, y, por ahora, la falta de financiación de ningún tipo para los refuerzos y mejoras urgentes que deben emprender los ayuntamientos para abordar la pandemia en lo referente a la vuelta al cole y en materia de seguridad pública e higiene. Recordamos que la Comunidad de Madrid ha recibido 1.600 millones de euros del Gobierno central, pero que nada de esa cantidad ha llegado aún a los municipios.

Esta es una situación que se debe corregir radical y urgentemente. Los municipios deben ser dotados económicamente y valorados por los actores políticos en la medida de sus muchas competencias. Y deben poder responder con eficacia, rapidez y cercanía institucional y humana a las exigencias que les hace, con toda la razón, la ciudadanía. Más Madrid, en su firme convicción municipalista, está y seguirá ejerciendo la mayor presión política y social para ello, pues nos parece un aspecto clave para la vertebración social y territorial de nuestro país. Por ello, hemos presentado mociones en todos los municipios en los que tenemos representación, exigiendo que se apoye a los ayuntamientos en su lucha de primera línea contra la pandemia, mociones que esperamos se conviertan en Declaraciones Institucionales con apoyo del resto de los grupos políticos. La ausencia del municipalismo en la gestión de la pandemia dificulta el control y la eficacia para combatirla, la solución pasa por más municipalismo y no menos, más proximidad y financiación directa, justo lo contrario de lo visto hasta ahora.

Mónica García (Diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid), Rita Maestre (concejala y portavoz de Más Madrid-Madrid), María Pastor (Diputada en la Asamblea de Madrid, EQUO), Gabriel Ortega (concejal de MM en Móstoles), Cati Rodríguez (concejala de MM en San Fernando de Henares), Gumersindo Ruiz (concejal de MM en Villaviciosa de Odón), Gonzalo Díaz (concejal de MM en Collado-Villalba), Fernando Romero (concejal de MM en Coslada), Unai Sanz (concejal de MM en Pozuelo de Alarcón), Jesús Pérez (Concejal de Más Madrid Compromiso con Getafe), Eva Martínez (Concejala de Más Madrid Leganés),  Jose Luis Alfaro (concejal IU-Equo-Más Madrid de Rivas Vaciamadrid) y Álvaro Hernandez (Concejal MM Galapagar).

La Comunidad de Madrid ha sido uno de los epicentros de la pandemia de la COVID-19 y sin embargo a día de hoy seguimos preguntándonos qué medidas ha tomado el Gobierno de Ayuso para afrontar el mayor reto sanitario y social de la historia reciente.

En un momento en el que se hace vital la necesidad de instituciones solventes, la necesidad de políticas al servicio de la comunidad y la confianza en la gobernanza del bien común -que hoy se presenta en su derivada más sensible y humana, la salud colectiva, el miedo a enfermar o morir y el miedo a perderlo todo-, nos encontramos con un vacío de Gobierno que nos asfixia en la incertidumbre y nos confía a nuestra propia suerte. Una suerte individual que si bien siempre estuvo vinculada a la suerte colectiva, ahora depende de ella para sobrevivir. Y una suerte colectiva que depende de la política y de un Gobierno regional que se haga cargo de sus competencias y responsabilidades para ponerlas al servicio de su ciudadanía en lugar de, una vez más, usarlas para sus intereses partidistas e ideológicos.

Por qué el Gobierno liberal del PP y Ciudadanos no contrata los rastreadores necesarios, por qué no refuerza la Atención Primaria, por qué no garantiza los recursos para la Salud Pública. Por qué el Gobierno de Ayuso no tiene planes para una vuelta segura a los colegios, institutos y universidades. Por qué la Consejería de Sanidad no ejerce sus funciones y la de Políticas Sociales no se hace cargo ni de las familias vulnerables ni de las personas mayores en las residencias.

Por qué Madrid no deja de ser el Madrid de los pelotazos urbanísticos, de los contratos abusivos e irregulares, de las privatizaciones obscenas, de la opacidad y del sálvese quien pueda, ni siquiera en una pandemia donde nos lo jugamos todo a la carta del gobierno de lo común.

Por qué cuando más lo necesitamos, el Gobierno “más liberal” de Madrid ni comparece ni interviene. ¿Por qué?

A lo largo de estos meses, he intentado dar respuesta a esta pregunta entre la incomprensión y la rabia, entre la frustración por la inacción y la falta de ética de quienes nos gobiernan y el contraste con la admiración y humildad de quienes nos han cuidado en un mar de respiradores, neumonías, dolor y vocación de servicio público. Y las respuestas que me afloraban han ido mutando desde la indolencia, la incompetencia y la incapacidad de un Gobierno inane, hasta concluir la peor de las respuestas, la más negligente:

El Gobierno de las derechas en Madrid no va a hacer nada contrario a su ideología liberal aunque nos cueste la vida. Cualquier forma de gobierno, cualquier muestra de competencia o eficacia de las políticas públicas representa al Estado, y el Estado para un liberal de pura cepa, no debe intervenir ni siquiera en una pandemia. Solo el mercado marca los designios de los individuos aunque el empirismo, la realidad y las cifras de contagiados y fallecidos digan lo contrario. Individualismo metodológico, pseudociencia política y decisiones tomadas por el subjetivismo liberal antes que por el interés colectivo.

Antes morir o dejarnos morir que demostrar la capacidad y el poder del Estado, de las instituciones y del gobierno de lo común como único garante para salvaguardar no solo la vida sino también la economía. Antes morir o dejarnos morir bajo su inacción que dejar morir su ideología a manos de la acción de su propio gobierno siguiendo la evidencia de expertos y científicos de todo el mundo..

¿Poner rastreadores que demuestren que la intervención del Estado y del Gobierno pueden prevenir y controlar una epidemia? ¿Potenciar la Atención Primaria para que se traduzca en un fortalecimiento de la Sanidad Pública frente al mercado lucrativo de la enfermedad? ¿Reforzar la Educación Pública contratando más profesores y disminuyendo las ratios para enfrentar la segregación escolar que discrimina entre quienes “se lo merecen” y quienes no? ¿Dejar en manos de la administración el especulativo mercado del cuidado de las personas mayores que riega los fondos buitre?

El Gobierno de Ayuso y Aguado tenía que elegir entre hacer su trabajo y cuidar de la salud de los madrileños o corromper las instituciones y hacer de testaferros de las empresas privadas. Han elegido lo segundo porque están ahí para maniatar las instituciones mientras enriquecen los beneficios privados. Y eso choca frontalmente con proteger la salud pública y la decencia institucional. No son ni incompetentes ni indolentes ni tampoco han perdido el juicio: solo son fanáticos del liberalismo salvaje, antisistema de cualquier sistema que dé cobijo y protección social. La fábula de la rana y el escorpión en su versión más trágica; porque está en su naturaleza demostrar que ninguna institución debe intervenir ni siquiera para salvarnos, aunque nos cueste la vida.

La experiencia del virus como resorte que socializa la vulnerabilidad ante la muerte y la experiencia de la acción del Estado, de las instituciones públicas y de la Sanidad Pública como único garante de la vida, resultan una combinación inasumible y letal para el fanatismo liberal. Si “la sociedad no existe”, como dijo Thatcher, los gobiernos responsables y representativos de esa sociedad, a la que cuidan y dan respuesta, tampoco. Toda responsabilidad externalizada al individuo y toda acción de gobierno pasada por el tamiz del negocio lucrativo. La mano invisible que no gobierna para el común pero que mece la cuna del dinero de todos para lucro de unos pocos interviniendo impúdicamente en un mercado supuestamente intocable. La mano invisible que desde el mismo gobierno que maniatan, se muestra flácida e indolente con sus principales competencias, la sanidad, la educación, las políticas sociales o la justicia social, pero que es firme y precisa como la mano de un cirujano para adjudicar contratos obscenos y abusivos a terceros que externalicen esas mismas competencias para cuyo gobierno fueron elegidos. Una vez externalizada la decencia, el resto es solo intervencionismo sectario y desleal que pagamos entre todos mientras ingresamos en la UCI, perdemos el trabajo o caemos en la exclusión social.

Las derechas de la Comunidad de Madrid gobiernan nuestra suerte, nuestra salud y nuestro futuro con la misma convicción con que un ateo oficiaría una misa. El legado de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres en forma de derechos colectivos servidos en la bandeja de un gobierno desleal para banquete de su ideología caduca y retrógrada. Qué mejor manera de autocumplir su profecía que gobernar para demostrar el desgobierno e imponer lo contrario que la pandemia ha venido a evidenciar: que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo y que el miedo y la vulnerabilidad individual solo se atajan con medidas colectivas y gobiernos responsables.

Ni una sola receta liberal nos salvará de esta crisis, ni una sola receta liberal nos salvará de ninguna crisis a no ser que de lo que se trate, es de salvar al propio liberalismo. Aunque nos cueste la vida.

Hablaba Adam Smith, considerado el padre de la ideología capitalista, de la existencia de una “mano invisible” que regulaba el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Aun así, reconocía que había instancias donde ese concepto no era apropiado porque el consumo de recursos limitados podría perjudicar al conjunto y acabar en lo que el biólogo Garret Hardin llamó “la tragedia de los comunes”.

En este contexto ideológico algunos han querido aprovechar ese marco teórico liberal para introducir sus propias “manos invisibles” y convertirlas en tentáculos políticos al servicio del negocio y del lucro. Un lucro, que en un sistema sanitario de recursos limitados y recortados, representa a la perfección esa tragedia común.

En una comunidad autónoma como la de Madrid, donde esos tentáculos han terminado contaminando de corrupción todos los valores comunes que nos identifican como la sociedad que somos, era difícil pensar que un valor tan necesario y tan codiciado como la salud quedara fuera de esas dinámicas oscuras que inevitablemente conducen a “la tragedia de los comunes”.

Privatizar la sanidad, haciendo que empresas privadas con ánimo de lucro -sin otro ánimo que no sea el de lucrarse- participen del pastel del abultado presupuesto destinado a la sanidad, ha sido y es una apuesta ideológica clara del Partido Popular y disimulada del partido de Ciudadanos.

Pero la apuesta liberal tenía y tiene un gran competidor: la sanidad pública. Una sanidad pública con historia, con prestigio, con talento y con un potencial social incalculable, sustentada en valores netamente superiores como la equidad, la igualdad y la solidaridad. Una sanidad pública que, bien gestionada y en manos de gestores y políticos con vocación de servicio público y cuidado del bien común, no daba cabida ni a la especulación ni al lucro. Una sanidad pública cuyo potencial solo podía mermarse desde dentro, horadando los cimientos sociales que la sustentan e impregnando cada decisión política de “manos invisibles” que lastren su eficacia y ahoguen su presupuesto; si no puedes competir con tu adversario ni puedes eliminarlo, basta con sembrarlo de incompetencia y deslealtad.

Así y solo así, se abrirá paso el camino de la privatización sanitaria: con la incompetencia y deslealtad del propio gobierno a quien se le ha encomendado proteger ese bien común tan preciado y que, sin embargo, lo ha utilizado como moneda de cambio para jugárselo en el casino de la especulación. Incompetencia y deslealtad que dicta un gobierno pero que impregna capas gerenciales, directivas y de altos cargos que crean núcleos de poder en torno al miedo, la indolencia y el desprestigio del servicio que ellos mismos proveen.

Una incompetencia con lo común que contrasta con la precisión, casi de cirujano, con la que los sucesivos gobiernos del PP han ido construyendo un ecosistema privatizado paralelo a nuestra sanidad pública; contratos abusivos, incrementos presupuestarios obscenos, leyes a medida, dejación de responsabilidades, captación de reguladores, incumplimiento de leyes… Una maquinaria perfectamente engrasada desde los diferentes gobiernos de la Comunidad y Consejerías de Sanidad y en perfecto funcionamiento al servicio de la privatización sanitaria.

Sin embargo, ahora sabemos que esa maquinaria solo funciona si se alimenta de millones de euros en forma de sobrecostes. Ahora sabemos que el buque insignia de la privatización sanitaria, la Fundación Jiménez Díaz-UTE, solo puede competir con la sanidad pública si le añades un sobrecoste de un 40% por encima lo que cuesta esa misma asistencia en cualquier hospital público de referencia y prestigio de nuestra región. Ya lo dijo el anteproyecto de la Cámara de Cuentas, que desveló un informe interno del 2012 de la propia Consejería de Sanidad en el que comparaba los precios de la Fundación Jiménez Díaz-UTE con los del resto de hospitales de su mismo nivel y concluía que la fórmula utilizada en exclusividad con este ente privado, en ese momento en manos de un fondo de inversión, nos costaba a los madrileños entre 60 y 80 millones más al año.

Más de 400 millones de sobrecostes invertidos en hacer más rentable aquel fondo de inversión que logró vender su preciado tesoro a un gigante de la sanidad privada alemana: el grupo Fresenius, un grupo empresarial cuyos consejeros delegados no dudaron en calificar la reciente compra como “un filón sobre todo por la parte pública” y de expresar sus deseos de que “en la Comunidad de Madrid siguiese gobernando la derecha” para mantener intactos sus intereses y sus manos invisibles.

Un filón, nada menos que un filón. Nuestra sanidad pública, pagada con los impuestos de todos y concebida para el cuidado de la salud del común, puesta en bandeja como sacrificio social al mercado. Y un mercado, el de la salud, que para poder competir con la sanidad pública necesita del desvío continuo de dinero público desde el caballo de Troya del Gobierno. Decía un editorial de una de las revistas científicas de mayor prestigio, el British Medical Journal , que “como la sangre, la sanidad es demasiado valiosa, íntima y corruptible como para confiársela al mercado”. A lo que habría que añadir “y a algunos gobiernos”.

Ahora sabemos que el empeño ideológico que intenta demostrar la falacia de la privatización sanitaria se paga caro, porque se paga con el dinero común y con la salud. Ahora sabemos que para que la privatización sanitaria pueda competir con nuestra sanidad pública necesita que esas manos invisibles lleven a cabo minuciosamente la tragedia de los comunes.

El pasado 26 de mayo se abrieron las urnas en la Comunidad de Madrid y, con ellas, se abrió una posibilidad de dejar la gestión de uno de nuestros pilares sociales fundamentales: nuestra sanidad pública, en manos de gente decente.

Parece mentira que un gesto tan simple como colocar una papeleta en una urna tenga tantas consecuencias en el devenir de nuestra salud. Desde que en 1974, un ministro canadiense, Marc Lalonde, encargara un estudio epidemiológico sobre la influencia de las condiciones socioeconómicas en la salud de la población, nadie duda de la influencia de los determinantes sociales en salud. Pero si damos un paso causal más, si enfocamos más el microscopio, los determinantes sociales derivan de los determinantes políticos, puesto que son las decisiones políticas las que moldean que el espectro social sea o no saludable y sea o no un determinante en la salud: salarios dignos, educación de calidad, viviendas accesibles, protección social, igualdad de oportunidades, acceso equitativo a la protección de la salud, etc, no son sino la consecuencia de los determinantes políticos en salud.  

En este contexto de determinantes políticos en salud pareciera como si el movimiento que produce la papeleta al caer en la urna produjera lo que en la teoría física se conoce como el efecto mariposa, un simple aleteo electoral convertido en una tempestad en el futuro de nuestro sistema sanitario y de nuestra salud.

Que nadie dude de que los cambios ya introducidos en el ADN de nuestro sistema  sanitario, en forma de privatizaciones y cambio de un modelo social a un modelo mercantilista de nuestra salud, van a tener una traducción en forma de enfermedades sociales como la inequidad y la desigualdad social. Desigualdad que a su vez actúa como factor de riesgo independiente para generar mayores problemas de salud y mayores problemas sociales.

Que nadie dude de que cada privatización, cada euro público desviado o malversado  o cada movimiento de deterioro de nuestros hospitales, centros de salud o profesionales, actúan como un aleteo de mariposa que se traduce en su correspondiente huracán  social. El problema es que el huracán social, como el efecto mariposa, no llega al otro lado del mundo sino al otro lado del tiempo: a la siguiente generación.

Por eso es imprescindible traducir el aleteo electoral en un gobierno que sea capaz de frenar el deterioro sistemático y programado de nuestros servicios públicos y la tempestad social que ocasionará al otro lado del tiempo. Por eso es imprescindible no traducir el aleteo electoral en términos de simpleza ideológica sino en términos de salud: institucional, democrática y poblacional.

Supongo que si en algo hemos fallado quienes pretendemos defender la salud desde la política y no sólo desde nuestras consultas o nuestra profesión, es en conseguir trazar una línea continua sobre la línea invisible que une las urnas con  la sala de espera de las urgencias de un hospital colapsado o con las manchas no lavadas en las sábanas de los pacientes, fruto del mercadeo del bien común al que nos han llevado nuestros supuestos representantes.

Seguramente tampoco hemos sido capaces de unir por puntos los casos de corrupción, de despilfarro, de mal gobierno y de indolencia política y completar el dibujo resultante de una sociedad deteriorada que dejamos a futuro. Trazar esa línea no es fácil cuando, como el efecto mariposa, las consecuencias de tales acciones desencadenan huracanes sociales lejos en el tiempo y el espacio del propio aleteo.

Hoy la aritmética electoral da de sí, da mucho de sí si tenemos en cuenta que el partido de la Gürtel y la Púnica no solo necesita el apoyo de quienes les han sustentado y apoyado en su descomposición moral del último lustro, sino que necesita del apoyo de quienes vienen a resucitar las descomposiciones morales del último siglo.

Veremos si la capacidad política da más de sí de lo que ha dado hasta ahora y es capaz, aunque sea como excentricidad, de poner la salud colectiva por delante de la salud partidista o puramente ideológica basada más en “que no gobiernen los otros” que en que gobierne alguien decente.

Todavía estamos a tiempo de cambiar las consecuencias a futuro del aleteo electoral. Todavía estamos a tiempo de probar qué ocurriría si el aleteo lo iniciara una mariposa decente con vocación de servicio público. Todavía estamos a tiempo de dejar de poner en juego la salud colectiva.

Decía el que es considerado como el padre de la medicina social, el médico alemán Rudolf Virchow, que “la medicina es una ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran escala”.

Tras la huelga de las mujeres y las manifestaciones de nuestros mayores, el colectivo médico se suma a hacer huelga en defensa de sus legítimos derechos. Unos derechos que tienen el mismo rostro de mujer, de pensionista o de licenciado superior en medicina y cirugía. Todos ellos reclaman que tras haber llevado la sociedad a cuestas durante la travesía del desierto impuesta por la crisis, a su vez impuesta por un interesado desorden económico, se les devuelva el orden social que tanto les costó conquistar. Todos ellos reclaman un reparto más justo de las cartas, donde se repartan también los ases que los privilegiados se han guardado en la manga y que nos ha dejado un futuro de incertidumbre para todos: las futuras médicas, los futuros científicos, los futuros pensionistas…el futuro sistema de pensiones o el futuro sistema sanitario, ambos perseguidos por el dogma de la falsa sostenibilidad.

Este miércoles nos toca a los médicos materializar la indignación y el descontento y defender una jornada de trabajo justa y negociada, un convenio para los médicos en formación MIR, el fin de la sobrecarga asistencial y una carrera profesional que ponga en valor un sistema de ascenso profesional basado en la competencia en vez de en la obediencia. Reivindicaciones justas que tienen su traducción en la medicina social en forma de precariedad laboral, de futuro incierto y de desigualdad de oportunidades.

Este miércoles nos toca a los médicos porque es ilusorio pensar que la ruptura del contrato social no se iba a extender como una mancha de aceite hasta las capas más altas de los pilares de nuestro estado de bienestar y porque una profesión con innegable vocación de servicio público no puede mantenerse al margen del contexto en el que se desarrolla la sociedad a la que dice cuidar. Y en este contexto es imprescindible entender que la defensa de una parte pasa irremediablemente por la defensa del todo y pasa por entender que la fuerza de la gravedad social hace que más tarde o más temprano caigan incluso las manzanas más altas o las más valoradas socialmente. Por eso es importante que seamos capaces, desde nuestro privilegiado valor social, que volvamos a ponernos en la vanguardia de la defensa de todo nuestro sistema sanitario y por qué no, de nuestro modelo social. Es importante que nos constituyamos en los defensores del todo para poder defender nuestra parte. Y es imprescindible que la suma del conjunto de las demandas e intereses particulares que Este miércoles reivindicamos los médicos, se solapen en un plano superior y seamos capaces de hacernos cargo del colectivo común porque solo así desafiaremos la fuerza de la gravedad social que siempre nos acabará arrastrando a los límites de la realidad precaria, desigual e incierta en la que se encuentran los demás.

Este miércoles nos toca a los médicos darnos cuenta de que las reivindicaciones que nos afectan en el devenir del desarrollo de nuestra profesión y de nuestra sagrada relación médico-paciente pasa porque esas reivindicaciones traspasen los muros de nuestras consultas y nos hagamos cargo también de las condiciones sociales de nuestros pacientes.

Decía Virchow hace un siglo que le temía más a la pobreza que al bacilo de Koch. Seguramente porque la primera es una enfermedad social cuyo tratamiento, colectivo y complejo, requiere levantar la vista del microscopio y ser capaz de mirar el trasfondo de nuestra sociedad.

Decía Bertolt Brecht que de la ignorancia política, del analfabeto político, nace el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos, que es el político corrupto y el lacayo de las empresas multinacionales. Un día después de vivir una de las fechas más significativas del panorama social y político contemporáneo, este 8 de marzo de 2018, podemos afirmar sin dudas que de la ignorancia política nace la desigualdad, la brecha salarial, los techos de cristal, el acoso sexual y por supuesto, la falta de medios para combatir todos ellos.

El feminismo no es solamente una cuestión de justicia hacia las mujeres, sino una manera de pensar cómo queremos vivir todos, cómo construir una sociedad más sostenible y con más futuro por delante. Tratar la discriminación salarial, la brecha de las pensiones o la desatención de nuestros mayores y dependientes como un acontecimiento natural en el que “no hay que meterse” es, simplemente, dejar de invertir en el mañana e hipotecar el futuro de nuestra sociedad. Decían algunas portavoces de Ciudadanos que este 8 de marzo “escondía cuestiones ideológicas” y que ellas, que son feministas pero no comunistas, no iban a ir a la huelga por eso. Nosotras, ante todo, damos la bienvenida al feminismo a todas las mujeres que hace años lo denostaban o ponían en duda la gravedad penal de la violencia machista. Nada tiene más sentido que el hecho de que las mujeres, todas las mujeres, vengan de donde vengan, se sumen a defender sus derechos, porque el feminismo es inclusivo, cómplice y transversal. Pero les recordamos a esas mujeres políticas que siguen yendo varios pasos por detrás, que lo que este 8 de marzo pedimos millones de mujeres, parando durante el día y desbordando las calles de las ciudades horas después, no es ideología, es sentido común, es democracia, pero sobre todo, es futuro.

Para sumarse al feminismo y al futuro hay que defender que la atención y cuidado de nuestras personas enfermas, nuestros mayores y nuestros dependientes no acabe descansando, en última instancia, en nosotras las mujeres. Es decir, los servicios públicos necesitan menos recortes y más inversión presupuestaria. De no ser así, mientras se siga dejando a las personas a su suerte, seremos nosotras quienes, renunciando a nuestras carreras, cuidemos de otros en la invisibilidad del hogar y perdiendo por el camino nuestra independencia económica y nuestros derechos.

Sumarse al feminismo pasa también por que las escuelas infantiles sean accesibles para todas las familias. Porque mientras su precio sea tan elevado que a las mujeres nos salen las cuentas recortando nuestra jornada laboral o dejando de trabajar, estaremos obligando a muchas a elegir entre carrera profesional o maternidad. El feminismo, que quiere que cuidar y trabajar sea compatible para todos y todas, es una apuesta de futuro absolutamente necesaria en una sociedad con un envejecimiento de la población cada vez mayor.

Sumarse al feminismo es defender que haya permisos iguales e intransferibles, porque si hombres y mujeres no cuidamos en igualdad no accederemos al empleo en igualdad. Tienen que ser intransferibles, como son intransferibles las vacaciones, porque sabemos lo que ocurre si no lo son: las mujeres, que ya tienen menores perspectivas de promoción profesional por ser madres, son quienes los acumulan y de ese modo, se refuerzan sus desventajas, su discriminación y su desigualdad salarial. Mientras a las mujeres se nos siga preguntando en una entrevista de trabajo si pensamos tener hijos, seguiremos cavando la brecha salarial. ¿Tiene futuro un país en el que la maternidad está penalizada y ser madre soltera conlleva un alto riesgo de pobreza?

Este 8 de marzo una marea feminista ha pedido parar. Que pare el abuso sexual de quienes nos han acosado durante años amparados en la impunidad, que paren las violencias machistas que sufrimos todos los días dentro y fuera del hogar y que paren las ruedas de la lógica cortoplacista, de las políticas que venden nuestros servicios públicos a precio de saldo y esquilman nuestros recursos del mañana. Necesitamos más política y menos ignorancia política. Y ya hemos visto a dónde nos conducen las políticas de destrucción de nuestros servicios públicos, de privatización de la sanidad, de desmantelamiento programado de la educación y de precarización laboral. Las recetas del Partido Popular, pensadas para el corto plazo y los beneficios de algunos, no ofrecen ningún futuro para nuestro país, y los miles de pensionistas en las calles demuestran hasta qué punto esas políticas son migajas para hoy y hambre para mañana. Lo que quiere el feminismo es parar, pensar qué país queremos y construir futuro. La pregunta es si las mujeres de Ciudadanos, ahora que quieren sumarse al feminismo, querrán sumarse, junto a nosotras, al futuro.

El jueves llenamos las calles de reivindicaciones y denuncias de todo aquello que queremos parar, pero también inundamos las ciudades de celebración y alegría. Porque España fue una referencia mundial y lideró la defensa de la igualdad. Y porque a partir de ahora ya nadie puede dudar de que nuestro país no cabe en los corsés viejos y estrechos de esa idea de España de quienes nos han gobernado durante años. Hay un pueblo que quiere igualdad y el futuro de nuestro país, el de todas y todos, pasa por el feminismo.