En los últimos dos años, el número de niños y niñas extranjeros no acompañados en España se ha duplicado. Además de los que migran por voluntad propia, también hay un número importante que lo hace forzosamente: la huida de zonas de conflicto o del servicio militar obligatorio, la identidad o la orientación sexual o las diversas formas de violencia contra las mujeres pueden ser el detonante de estos desplazamientos.

La mayoría de ellos son adolescentes varones de entre 15 y 17 años, magrebíes, aunque el número de subsaharianos, sobre todo de Guinea Conakry y Malí, está aumentando. Sus expectativas son comunes: aprender castellano para poder completar sus estudios y desarrollar habilidades que les permitan encontrar un trabajo. Se concentran en los puntos de acceso al territorio español, principalmente Andalucía, Ceuta y Melilla o Valencia y en las comunidades autónomas de Catalunya y País Vasco.

Cuando llegan a España, deben ser protegidos por la administración pública de la comunidad autónoma correspondiente. Sin embargo, siempre hay una minoría que acaba en Centros de Internamiento de Extranjeros. A los demás, lo habitual es que se les ofrezca el acogimiento residencial en alguno de los centros de menores existentes. Aunque hay experiencias de éxito, lo más habitual es que no se esté garantizando su protección ni su acceso a derechos. Para empezar, algunos terminan en la calle a los pocos meses, al no ser considerados como menores, tras los resultados de las cuestionadas pruebas de determinación de la edad.

Además, la alta concentración de menores en determinadas comunidades autónomas ha hecho que los centros se encuentren completamente saturados, hasta el punto de que los menores tengan que dormir en colchones en el suelo. Es frecuente que ni siquiera hayan sido tutelados y no tengan un acceso adecuado a la educación o a la sanidad. Además, no se les está tramitando la autorización de residencia que establece la ley, ni preparando para su incorporación al mercado laboral. Por otra parte, cada vez más estos centros se están convirtiendo en el foco de ataques xenófobos, potenciados por discursos de odio.

Y ante esta situación, ¿cuál está siendo la respuesta de las administraciones públicas? Algunas de las comunidades autónomas que reciben muchos niños han abierto nuevos centros o ampliado los que tenían, pero la mayoría es reacia a ello, justificando su decisión en un supuesto efecto llamada. Por otro lado, muy pocas de las que menos niños reciben se han ofrecido para apoyar al resto. La iniciativa del Gobierno para redistribuir a los menores llegados en 2018 a España tuvo poca repercusión, y solo algunas Comunidades Autónomas aceptaron a un total de 200 niños y niñas que se encontraban en otras regiones.

Sin embargo, hay comunidades autónomas que han dado un paso más en la búsqueda de soluciones. Catalunya, por ejemplo, ha puesto en marcha un proyecto piloto para ofrecer acogimiento familiar a menores extranjeros solos y los primeros niños ya se encuentran con sus familias de acogida. También en la Comunidad Valenciana se está potenciando este tipo de acogimiento. Y es que, según la ley de protección del menor, el acogimiento familiar debería primar frente al residencial. Aunque en Europa y en España este último es el más frecuente, en Holanda, el 43% de los niños y niñas extranjeros no acompañados están en familias y en la ciudad de Venecia, el 50%, lo que demuestra que es posible.

Las necesidades específicas de estos niños están relacionadas con su edad, su diferente idioma, cultura, religión y su proyecto migratorio. Aunque la acogida está abierta a todo tipo de familias, en Holanda los mejores resultados se han dado en familias de cultura similar. En este sentido, algunas organizaciones sociales, entre ellas, ACCEM, recomiendan que el acogimiento se promueva primero entre la familia extensa y luego entre familias de la misma nacionalidad o al menos del mismo origen cultural y religioso. Este contexto puede facilitar que las decisiones relacionadas con el interés superior del menor tengan en consideración estos aspectos de su identidad.

Para que el acogimiento funcione, el apoyo a las familias es fundamental, tanto en recursos, compensando suficientemente los gastos del acogimiento, como en formación, proporcionando herramientas para la toma de decisiones. Uno de los retos que se plantea es que algunos niños y niñas tienen su propia familia apoyándoles. Por eso, es crucial que el niño obtenga lo que podría considerarse como un consentimiento emocional de sus padres que prevenga un potencial conflicto de lealtades y que ambas familias mantengan una relación adecuada.

De manera complementaria al acogimiento, se han puesto en marcha proyectos de acompañamiento de niñas y niños que viven en centros, que proporcionan un apoyo familiar o individual desde fuera. El proyecto Izeba, de la Diputación de Gipuzkoa, lleva años ofreciendo el soporte de figuras familiares que ejercen las funciones de “tíos y tías” compartiendo su tiempo con los menores y cubriendo una parte de sus necesidades afectivas y emocionales. Esta relación muchas veces perdura tras la mayoría de edad y facilita el paso a la vida autónoma. En Catalunya, por otro lado, se está desarrollando un programa de mentoring en el que las personas interesadas se ofrecen durante un mínimo de seis meses para apoyar a los menores con los idiomas oficiales y facilitar su integración.

Muchos de estos niños y niñas extranjeros sin referentes familiares permanecerán en España tras la mayoría de edad. Su desarrollo personal no es solo un derecho para ellos, sino una oportunidad para toda la sociedad. Los programas específicos de acogimiento familiar pueden ser una buena opción ya que asegurarían un entorno adecuado, una acogida individualizada y, la existencia de una red familiar que les sirva de referencia cuando cumplan los 18 años y cese la medida de protección.

Los petroglifos del Barranco de Balos conforman, según la citada web, “el más importante conjunto de grabados rupestres de Gran Canaria”. ¿Cómo no sentir la tentación de conocerlos? Allí fui. Llegar al camino que conduce al Barranco de Balos tiene ya su dificultad. Google Maps te manda al otro lado de la montaña, mientras señala un camino inexistente, y uno no sabe qué hacer cuando las indicaciones que estaba siguiendo se terminan abruptamente en mitad de la carretera. Tuve que buscar las coordenadas exactas en un blog. Tras varios intentos, cerca del cruce de Arinaga, llegué a un pequeño poste de madera, con letras casi borradas, que tímidamente señalaba la dirección de los “Petroglifos de Balos”. 

La carretera parecía fiable, a pesar de estar sin asfaltar. Según el blog había que seguir hasta una granja de cabras y después coger el segundo sendero hacia la derecha, detrás de una casa abandonada. No parecía que aquel sitio estuviera muy preparado para las visitas, la verdad. Dejé el coche tras el único muro que quedaba de la antigua vivienda y comencé la marcha. Eran las once de la mañana y el calor empezaba a apretar, a pesar de que el día había salido nublado. El barranco se hacía más y más pedregoso y el camino más irregular. La cobertura del móvil iba y venía. No se veía un alma. Ninguna indicación. A lo lejos se distinguía una construcción abandonada y una verja roja que parecía rodear una roca. Debía ser aquello. 

Cuando por fin llegué, vi una gran roca de varias decenas de metros de longitud. Bordeé su perímetro hacia la parte norte, tratando de descubrir los famosos grabados realizados por los antiguos canarios alrededor del siglo octavo. Nada. Nada, excepto un calor cada vez más asfixiante. Bebí un poco de agua mientras seguía caminando. Finalmente, cuando ya pensaba que no encontraría los petroglifos, me topé con una pared completamente llena de grabados, con letras escritas en alfabeto líbico-bereber y dibujos antropomorfos que apenas se distinguían entre los nombres de los canarios modernos (José, Juan, Luis…) que quisieron dejar huella al lado de sus antepasados. Llegué de vuelta al coche al borde de la insolación y sin saber si las débiles líneas grabadas en la roca, acorraladas por los nombres propios más recientes, eran reales o fruto de mi empeño por encontrar algún hallazgo que compensara la caminata. 

Mis andanzas continuaron en el Tagoror del Gallego. Descubrí su existencia al visitar el Cenobio de Valerón, un granero colectivo que los aborígenes construyeron hace más de 800 años al norte de la isla. En las escaleras que ascienden hasta los silos por la empinada pendiente de la Montaña del Gallego hay carteles cada pocos metros que, además de proporcionar explicaciones sobre el yacimiento, sirven para poder reposar sin que nadie, ni uno mismo, se dé cuenta de lo cansado que está. En uno de los carteles aparecía una fotografía del Tagoror, situado en la cima de esa misma montaña. Al parecer, se trataba de un lugar de reunión de los antiguos canarios, del que se conservan seis asientos labrados en roca.

Pregunté a la mujer de la recepción, y con una gran sonrisa, me dijo que sí, que podía visitarlo, que estaba abierto. Llegar era sencillo, no tendría ninguna dificultad. Me dio las indicaciones: coger la carretera en dirección Artenara, y en Santa María de Guía, preguntar a algún vecino. Quizás en este momento debería haber sospechado. Dejé el coche casi al final de la colina que termina en el Pico Gallego y continué hacia arriba andando. Cuando ya estaba cerca de las últimas casas, me encontré a un señor de unos ochenta años limpiando con esmero un coche impoluto. 

Es domingo. Le pregunto cómo se puede llegar al Tagoror. No me entiende, entre mi acento peninsular y que parece un poco duro de oído. Me acerco un poco más y repito la pregunta. Me mira extrañado, se ríe y me dice que no puedo ir allí. 

— ¿Por qué no?, le pregunto amablemente. 

Está lleno de tuneras, me dice. 

— ¿Qué es eso? Perdone mi ignorancia. 

— De púas, de pinchos, no se puede pasar. Antes el camino estaba limpio, lo limpiaba yo mismo. Venía gente como tú, incluso extranjeros, pero ya no vienen. Subían por esas escaleras, ¿las ves? Pasaban por mi casa, que es la de la esquina. Yo subo allí a dar de comer a los perros, pero ya no se puede seguir más.

Le agradezco la información, pero decido intentarlo. No me voy a dar la vuelta ahora que casi he llegado. Empiezo a subir por un montón de escaleras estrechas, de no más de metro y medio de anchura. A mitad del recorrido, a mano izquierda, encuentro un hueco excavado en la pared de roca, es un pequeño taller con herramientas, de no más de seis metros cuadrados. No hay nadie dentro. Sigo por el camino, que pasa por la entrada de varias casas, entre ellas la del vecino que me ha dado las indicaciones. Está todo muy bien arreglado, las paredes pintadas de naranja. Llego arriba del todo, ya no hay más casas, solo monte, y una jaula con dos perros. Al principio no me ladran. A unos sesenta metros, distingo claramente el punto geodésico de la montaña. Un poco más a la izquierda, según el mapa, debería estar el Tagoror. Se intuye un camino ocre que serpentea por el suelo, pero está devorado por las tuneras, cuyas agujas brillan desafiantes bajo la luz del mediodía. Doy el primer paso y me cierra el camino una densa telaraña seguida por una selva de pinchos. Los perros empiezan a aullar. Imposible. No puedo continuar.

Deshago el camino envuelta en mis pensamientos. ¿Por qué estos lugares están prácticamente abandonados, la historia de los primeros moradores descuidada, desaliñada, oculta bajo los cactus, cubierta por el olvido? ¿Por qué se percibe esa distancia que va más allá del tiempo entre los actuales canarios y aquellos pobladores de origen norte-africano que llegaron al inicio de nuestra era a las islas? De una manera distinta a la que esperaba, la visita a los yacimientos me da pistas sobre la cultura canaria, me señala ese contraste entre un pasado silencioso y desdibujado, que parece desgastarse día a día, y el evidente legado de los antiguos canarios, que se manifiesta orgulloso en la toponimia y los nombres propios, pero sobre todo, como concluyen los estudios científicos, en un gran porcentaje de la población autóctona, entre un 40 y un 60%, que todavía porta sus genes.

Tan presentes y tan ausentes. 

Ceuta y Melilla conforman la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ante la inexistencia de facto de cauces legales para migrar, incluso para potenciales solicitantes de protección internacional, cientos de personas emprenden un viaje lleno de incertidumbre y riesgos, plagado de obstáculos y de vulneraciones de derechos. En 2015 se contabilizaron 11.624 personas que entraron al Estado español de manera irregular a través de estas dos ciudades autónomas, según datos del Ministerio del Interior.

En 2015 se crearon sendas oficinas de asilo en Ceuta y Melilla después de que un gran número de familias sirias hubiera llegado a estas ciudades. Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado la imposibilidad en el acceso a los puestos fronterizos para las personas de origen subsahariano, por lo que la entrada irregular se convierte en la única alternativa para quienes desean solicitar protección internacional.

A la espera del momento propicio para cruzar la frontera, la mayoría de las personas africanas se establecen en los alrededores de estas dos ciudades, con la esperanza de que un día llegue la oportunidad de entrar en suelo europeo.

Por las colinas aledañas a la ciudad de Nador existen varios campamentos en los que conviven mujeres y hombres e incluso familias con bebés recién nacidos. Ellos son los que pueden pagar para arriesgar su vida en una patera y llegar, quizás, a un lugar que les permita tener el futuro soñado. Otros tratan de llegar a nado a estas ciudades, como los 14 hombres que murieron ahogados en 2014 en el Tarajal, Ceuta. En la actualidad hay una investigación abierta sobre la intervención de la Guardia Civil, que utilizó material antidisturbios para impedir la entrada de los subsaharianos. Según la Organización Nacional de Migraciones, en 2016, 5.445 personas habían conseguido llegar a Europa a través de la ruta marítima del Mediterráneo Occidental y al menos 70 personas murieron ahogadas.

Algunos subsaharianos, la inmensa mayoría hombres, consiguen atravesar la valla de Ceuta y Melilla en lo que creen que es su último gran obstáculo antes de llegar a Europa. Pero muchos de ellos, a pesar de haberse introducido en suelo español, serán interceptados por la Guardia Civil y expulsados sin haber sido identificados y sin habérseles proporcionado la asistencia jurídica y de intérprete obligatoria. Estas “devoluciones en caliente” siguen considerándose contrarias a derecho por el Consejo de Europa y ACNUR, entre otros, aunque hayan tratado de ser legalizadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana.

A pesar de todos estos obstáculos, unos cuantos consiguen llegar de cuando en cuando a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), centros abiertos donde estarán hasta ser enviados a la península. En reiteradas ocasiones, el ACNUR ha declarado que estos centros “no son aptos para personas refugiadas”, y ha pedido una reforma urgente de las instalaciones y una revisión del modelo de funcionamiento. También Amnistía Internacional ha pedido que se garanticen “unas condiciones adecuadas de vida”.

En su salida de los CETI, muchos de los subsaharianos serán trasladados directamente a alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) existentes, con el fin de ser repatriados a sus países de origen. Las vulneraciones de derechos que ocurren en estos centros han sido puestas en evidencia por juzgados de control, organismos internacionales, Defensor del Pueblo y organizaciones sociales. Ni siquiera el derecho al asilo está garantizado. Además, la ineficacia de estos centros es palmaria: según datos oficiales, de las personas ingresadas en el CIE en 2015, tan solo 2.871, el 41% del total, fueron expulsadas a sus países de origen.

Después de una larga y dura estancia en el CIE, las perspectivas de futuro no mejoran. Las personas subsaharianas que son liberadas en el Estado español se encuentran con una orden de expulsión debajo del brazo que les impedirá realizar una vida normalizada y vivirán bajo la permanente amenaza de ser repatriadas.

Las identificaciones en base a los rasgos físicos (por perfil étnico) son una práctica habitual en muchas ciudades, y algunas personas son requeridas por la policía prácticamente a diario. Estas acciones ocurren en mayor medida en fechas previas a las salidas de los vuelos colectivos de repatriación de inmigrantes. En esos momentos, las detenciones de oriundos del país al que se dirija el avión se incrementan notablemente. Se producen detenciones y las personas son repatriadas directamente desde las comisarías, en un plazo máximo de 72 horas, lo que se conoce como las “expulsiones exprés”. Estas expulsiones en un plazo tan exiguo habitualmente adolecen de falta de garantías para la persona que va a ser expulsada.

Como vemos, las fronteras del Estado español y de la Unión Europea no terminan en el límite físico del territorio, sino que continúan a través de gran parte del periplo migratorio de las personas subsaharianas. A la sucesiva estancia en centros abiertos o de internamiento, les sigue muchas veces una situación de irregularidad prolongada que implica la amenaza permanente de repatriación. Las identificaciones por perfil étnico completan el hostigamiento cotidiano a la población subsahariana.

Todos estos obstáculos (imposibilidad de acceso a las oficinas de asilo, estancia en los CETI, en los CIE, las devoluciones en caliente, las devoluciones exprés, la irregularidad…) forman el puzzle de una política migratoria irrespetuosa con los derechos humanos. En este contexto, sigue siendo necesario exigir el establecimiento de vías legales y seguras de entrada, amparando especialmente a aquellas personas susceptibles de solicitar asilo o protección internacional, así como mecanismos de regularización dentro del Estado español que favorezcan la integración de las personas inmigrantes que se encuentran residiendo aquí. Todo un reto para los próximos años.