En pocas horas el CETA, o Acuerdo Económico y de Comercio Global entre Canadá y la Unión Europea, será sometido a votación en el Parlamento Europeo. Todo apunta a una victoria de las fuerzas políticas defensoras del acuerdo: conservadores, liberales y la mayor parte de los socialdemócratas. Estos grupos esgrimen que es un acuerdo progresista y acusan a quien se opone a él de seguirle el juego a Donald Trump, el antihéroe de la democracia y máximo exponente contra la globalización económica. Se trata de una comparación maniquea, ya que son precisamente acuerdos como el CETA los que han contribuido a catapultar al poder a personas como el actual presidente de EEUU.

Firmado oficialmente el pasado 30 de octubre después de siete años de negociaciones opacas, el CETA, como otros acuerdos de comercio e inversiones como el TTIP y TiSA, es un acuerdo de nueva generación y, quizás, el que mejor representa la política comercial y de inversiones de la Unión Europea.

A pesar del carácter mixto del acuerdo, es decir, de su obligatoria ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de los 28 estados de la Unión Europea, buena parte de las previsiones contenidas en el CETA entrarán en vigor el mes de abril. Esto se debe a la aplicación provisional del mismo, cuya duración y alcance sigue siendo una cuestión ambigua y compleja. Así que poco podrán hacer los Estados para evitar sus repercusiones más inmediatas.

Nos encontramos ante un acuerdo que fomenta las privatizaciones e instaura la cooperación reguladora, un conjunto de procesos e instituciones cuya finalidad es aproximar las reglamentaciones de ambas partes. Las leyes europeas serán sometidas a un proceso para converger o hacerse equivalentes a las de Canadá. Con la excusa de facilitar las exportaciones y evitar “trabas al comercio”, el gobierno canadiense y las grandes empresas podrían revisar toda legislación existente y futura de la UE para evaluar el impacto al comercio y exigir cambios. ¿No limita esta medida la capacidad de los Estados de implementar políticas de interés público?

Un acuerdo que ofrece una herramienta supra-judicial a los inversores extranjeros a la hora de poder demandar en tribunales privados y con conflictos de intereses a un gobierno ante medidas que le perjudican. Este mecanismo no es parte de una paranoia colectiva o de un escenario distópico; los mecanismos ISDS (Tribunales de Solución de Controversia entre Inversores y Estados) ya se aplican bajo el paraguas de otros tratados comerciales y de inversión, donde empresas multinacionales han demandado a ciertos gobiernos por sus medidas de prevención contra el tabaquismo, moratoria al fracking o subida del salario mínimo, entre otras.

Si bien el texto del acuerdo regula de manera detallada los aspectos económicos y regulatorios, respondiendo a una lógica de aumento del lucro empresarial y de imposición de la lex mercatoria, no existen disposiciones que sean de obligatorio cumplimiento en temas ambientales y sociales. Y sus repercusiones no son pocas.

En su proyecto de opinión sobre el CETA, la propia Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, que en su votación del pasado mes de diciembre recomendó al Parlamento el rechazo del acuerdo, determinó que el acuerdo pondría en peligro unos 90 millones de puestos de trabajo provenientes de pequeñas y medianas empresas europeas. Esto es solo un ejemplo.

En el plano ambiental, este acuerdo ya ha mostrado su peor cara: la directiva de calidad de los combustibles. Esta directiva pretendía discriminar los combustibles fósiles más contaminantes (como las arenas bituminosas de Canadá) de cara a su comercialización. Pero el gobierno norteamericano utilizó las negociaciones del CETA para frenar la intención de la directiva, al alegar que suponía una traba al libre comercio. Y lo consiguió.

A pesar de estas premisas, mientras el partido socialista francés ha declarado que votará contra el acuerdo, es difícil esperar lo mismo del bloque socialista español, que, más allá de una débil postura crítica en su formación, ve en el CETA un tratado acorde con los principios progresistas para una nueva era de acuerdos comerciales.

Sin embargo, el CETA no es un tratado comercial progresista ni puede dar respuesta a la urgencia ecológica y social a la que se enfrenta nuestra sociedad. Este acuerdo representa una nueva forma de generar negocios en detrimento de los derechos sociales, ambientales y laborales. Es el reflejo de una lógica de la maximización del lucro privado que cristaliza las desigualdades sociales y dificulta la construcción tan necesaria y urgente de alternativas que favorezcan procesos sociales basados en la igualdad y la interdependencia.

Lejos de debilitar el ‘fenómeno Trump’, acuerdos como el CETA fomentarán aún más el modelo que éste representa así como su variante europea de extrema derecha. Nos podemos imaginar al nuevo presidente de Estados Unidos expectante de ver los resultados de la aprobación del CETA y los beneficios que este tratado conllevaría para las más de 40.000 multinacionales estadounidenses que tienen filiales en Canadá y que podrán acceder al sistema de resolución de controversias para demandar a los gobiernos europeos. Pese a su supuesto discurso antiglobalización, Trump es un firme defensor del poder corporativo y de la eliminación de los derechos sociales y ambientales.

Hoy se vota en el Parlamento Europeo nuestro futuro. La importancia de este momento queda plasmada en la fuerza del movimiento europeo contra los llamados tratados de libre comercio e inversiones. Estamos ganando fuerza: 3,5 millones de personas de toda Europa han firmado una petición en contra del CETA y del TTIP; más de 2.100 gobiernos regionales y locales se han declarado zonas libres de dichos tratados. Un movimiento plural compuesto por organizaciones sociales, ambientales, sindicales, asociaciones de jueces, pymes, agricultores y sanidad pública.

Si hoy se llega a aprobar el acuerdo, se abrirá un nuevo frente de resistencia de cara al proceso de ratificación del CETA, llevando el debate a los parlamentos nacionales de los países miembros de la UE. Por el momento, miles de personas de varios países europeos, incluida una delegación española de la campaña No al TTIP, están marchando hacia el Parlamento Europeo. La ocasión lo merece.