“Con su gesta invasora, el norte es el que ordena”. Esta semana nos venía a la memoria este verso al calor de las declaraciones entusiastas de la alcaldesa Manuela Carmena o, incluso, de históricos líderes sindicales como José María Fidalgo que anunciaba que un proyecto como Madrid Nuevo Norte “civilizaba a los partidos políticos”. Pero, ¿qué hay detrás de esta nueva gesta del capital financiero?

Parece importarle poco, a quienes se enorgullecen de haber “desatascado” Madrid Nuevo Norte, el que estas últimas semanas haya salido a la luz documentación que no deja lugar a dudas sobre el quebranto al patrimonio público y al interés general que supone la Operación Chamartín. Así, en el acta del Consejo de Administración de DUCH (antecesor de DCN, empresa participada por el BBVA y Constructora San José) del 2015 celebraban con entusiasmo el reparto del botín. Unas “extraordinarias mejoras e inmejorables ventajas” que se cifraban en facilidades de pago a 20 años, una sustancial rebaja del 26% en el coste de infraestructuras y los riesgos de la operación asumidos por el Estado para que, en última instancia, la banca no pierda nada en este suculento negocio.

Esta jugosa acta, sumada a los contratos ocultos entre ADIF y DCN, deja en evidencia la cadena de favores tanto del gobierno de Aznar como del PSOE en beneficio del BBVA y la Constructora San José. Y es que desde 1993 el norte de la ciudad está atrapado por las garras de la especulación. Convenios que, sucesivamente, regalaban suelo público con la excusa inicial de “renovar la estación de Chamartín” y que hemos visto cómo incrementaban sin cesar con cada nueva firma el beneficio, pasando de 625.000 m² cedidos inicialmente a los 1.9 millones de m². Es decir, tres veces más y con unas plusvalías sobre el suelo público que van íntegras a DCN. 

“Madrid se abre” dice la campaña publicitaria de DCN para tratar de vender a la opinión pública esta operación. Más bien, deberíamos decir que Madrid se abre al capital, a los mercados financieros en forma de City y a la transferencia directa de suelo público al BBVA. Una entidad a la que se le está regalando un suelo público que le proporcionará plusvalías millonarias, al tiempo que se niega a proporcionar alquileres sociales a personas vulnerables o a firmar convenios de cesión de las viviendas okupadas con el Ayuntamiento de Madrid.

Estamos, sin ninguna duda, ante un nuevo (en este caso gigantesco) negocio basado en un pelotazo urbanístico para mayor lucro de la banca y las constructoras. Eterno retorno a las políticas económicas basadas, estas sí, en la colaboración público-privada para que los de siempre hagan un volumen extraordinario de negocio a costa del patrimonio común.

Desde la publicación de la documentación publicada por eldiario.es ningún responsable del ayuntamiento o la propia alcaldesa ha ofrecido ninguna explicación de la situación ante las evidencias que muestran estos papeles. ¿Acaso esto no merece ningún tipo de explicación por parte de una de las administraciones claves en la aprobación y desarrollo de esta operación?, ¿a qué responde este estruendoso silencio?

Ahora Madrid llegó al gobierno de la ciudad con un programa de gobierno que comprometía a sus cargos a, textualmente, “elaborar una auditoría y paralizar las operaciones urbanísticas especulativas, de expolio de suelo y patrimonio público”. Hoy, lamentablemente, el impulso personalista de la alcaldesa y de su proyecto de Más Madrid ha liquidado aquel programa común. Cuatro años después, el sector vinculado a Manuela Carmena ha optado por un modelo de ciudad que poco tiene que ver con el espíritu, en proyecto y programa, de aquel Ahora Madrid heredero del impulso municipalista y rebelde que despertó el 15-M.

Este proyecto escisionista representado por Más Madrid muestra, en la práctica, la bifurcación de proyectos que se ha plasmado en Ahora Madrid en asuntos centrales durante esta legislatura. Así, por ejemplo, la encomiable pelea mantenida por el concejal Sánchez Mato contra Montoro y la regla de gasto hoy aparece en boca de la alcaldesa como poco menos que una cuestión menor y un empecinamiento personal. De lo que se trataba entonces era de una pelea central por la autonomía local y la posibilidad de poder realizar una política claramente anti-austeridad y antineoliberal.

Esta bifurcación de proyectos tiene en la operación Chamartín su caso más paradigmático, pero va más allá de eso. Responde a lógicas y proyectos diferentes que es mejor que caminen por separado, aunque puedan encontrar puntos de acuerdo frente a las derechas y la ola reaccionaria. La propia Carmena lo reconoce así ya en público, aunque era evidente hace tiempo. Según la alcaldesa, quienes “desean un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid”. Se equivoca aquí Carmena. Hay mucha gente que lo que queremos no es un mundo sin empresas. Nos organizamos políticamente por un mundo y unas ciudades y barrios donde las empresas estén al servicio de la gente y bajo control de la sociedad, no al revés. Donde el patrimonio público y común sea protegido y no mal vendido a fondos buitres pero tampoco a una banca parasitaria y extractivista. En realidad, no es un horizonte tan difícil de imaginar y de lograr. Lo que sorprende es la escasa capacidad para imaginar un mundo diferente por parte de las gestoras de la “nueva política” incapaces de asumir que con políticas como la Operación Chamartín siguen otorgando el mando real de la ciudad a esos poderes que nunca se presentan a las elecciones pero gobiernan desde la sombra.

Frente a esta forma progresista de gestión neoliberal de la ciudad va a tocar poner en marcha un proceso capaz de ofrecer una alternativa distinta, donde los intereses y demandas de movimientos como la PAH sean el contrato vinculante. Un proceso y una candidatura que pueda ir articulando un verdadero contrapoder político y social frente a las élites económicas, políticas y financieras que siguen gobernando Madrid.

Tiempos de monstruos en forma de ola reaccionaria y autoritarismo, de gobiernos débiles sin voluntad para enfrentar al neoliberalismo ni a los poderes financieros. Tiempos de desconciertos, miedos y dudas. Tiempos de crisis de proyecto de las izquierdas. Tiempos de colapso de todo un ciclo que despertó tantas esperanzas como desilusiones ha provocado. Y es que las tendencias de fondo nos van marcando un camino tortuoso frente al que no podemos desfallecer.

Revertir esta tendencia no va a ser producto de un mero movimiento audaz, sino de establecer y poner en práctica una política estratégica que aprenda de los errores y asuma las tareas ingentes y urgentes que tenemos por delante. Desorden económico, político, crisis ecológica y crisis de los cuidados en medio de una ola antifeminista y xenófoba que requieren de respuestas programáticas y de proyectos radicales y en ruptura con un sistema que nos lleva al colapso y al auge de los nuevos fascismos. Política con mayúsculas que, sin embargo, necesita solventar las cuestiones de la política concreta.

Así, la sacudida que ha provocado el movimiento de Íñigo Errejón y Manuela Carmena para constituir un ticket en las próximas elecciones municipales y locales de Madrid bien merece una reflexión. Reflexión que, para ser útil, solo puede transitar por los horizontes y perspectivas necesarias que toca abrir en lo inmediato. Los lamentos impotentes, el cinismo desmovilizador, la pontificación sin propuesta no van a ayudarnos a salir de esta situación sino profundizar la crisis.

En nuestra opinión, es legítimo que cada cual haga sus propias apuestas. En este sentido, entendemos que Errejón ha decidido formar un proyecto coherente con sus hipótesis y sus líneas políticas. Nuestra orientación mantiene discrepancias políticas de fondo con Errejón: no creemos en la construcción de un proyecto político “centrado” gobernista y gestionario, si no que pensamos que hay que construir un espacio impugnador, de confrontación con las élites. La diferencia fundamental es, por tanto, política y programática. A este respecto, la experiencia del Ayuntamiento es fundamental y clarificadora: se ha elegido gobernar como el PSOE y bajo su tutela, dejando intacto el gobierno del poder financiero sobre la ciudad. Creemos que ahí se ha producido una bifurcación de proyectos que, además se ha impuesto por parte del carmenismo-errejonismo volando por los aires cualquier mecanismo de debate democrático, torpedeando los espacios orgánicos e impidiendo todo desarrollo territorial con la consecuente pérdida de base social.

Sin embargo, la última secuela de la “larga crisis” de Podemos no se remite al último episodio. Es la constatación del colapso definitivo de un modelo de partido que se ha demostrado fallido por su forma de construcción política incapaz de integrar y cooperar, mucho menos de establecer reglas de juego comunes. La “privatización de Podemos” ha terminado siendo el síntoma organizativo de la ausencia de un proyecto que, a nivel político, se ha basado en el bandazo permanente, provocando la desorientación constante de su espacio político. La dirección de Pablo Iglesias no ha sabido gestionar la pluralidad del proyecto: colocó a dedo a Errejón obviando el necesario debate político, no han sido capaces de integrar a diferentes sensibilidades ni de construir un proyecto político sólido, impugnador y con voluntad constituyente. Una pluralidad que, por otra parte, en el conflicto “pablismo-errejonismo” no es tal. Son apenas diferencias de matiz en el marco de una misma estrategia política. De hecho, lo paradójico ha sido que tras aquella batalla fraticida en Vistalegre II, Pablo Iglesias ha terminado por adoptar la línea política que defendía Errejón.

En nuestra opinión, en un contexto en el que el auge de la extrema derecha provoca miedo, es el momento de construir proyectos que vayan a la raíz de los problemas y ofrezcan alternativas. Lo que está en juego es cómo vamos a salir de la crisis: si pagan los de arriba o si pagan los de abajo. La izquierda cometería un error imperdonable si trata de buscar un camino intermedio. Un camino hoy bloqueado por la crisis estructural del capitalismo y la radicalización autoritaria de las élites. Este es el punto de partida fundamental para pensar un proyecto político hoy: la capacidad para proponer un modelo económico distinto al dominante, como está haciendo Corbyn en Reino Unido. Eso es lo que queremos trasladar a la Comunidad, al Ayuntamiento y a todos los municipios de Madrid. Queremos volver a hablar de banca pública, de parques de vivienda pública con alquileres accesibles, remunicipalizaciones, de expropiar a los especuladores, garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, defender los derechos sociales y económicos de las migrantes: queremos un proyecto de lucha y de transformación, sin complejos, y no retóricas vacuas que nos hagan parecernos al PSOE o al viejo PCE de Santiago Carrillo.

Como venimos defendiendo desde siempre, la única forma de garantizar la unidad es reconocer la pluralidad, debatiendo y construyendo colectivamente programas y proyectos. De lo que se trata ahora es de politizar las diferencias, que el “pueblo de izquierdas” pueda participar y elegir su proyecto: no se trata de lanzar proyectos por diferencias burocráticas, se trata de organizar proyectos políticos. El nuestro está claro: democracia, pluralidad, movimiento y programa transformador.

Desde Anticapitalistas seguimos proponiendo construir un proyecto radicalmente transformador, ecologista, feminista y democrático, vinculado a los movimientos, con un fuerte protagonismo de la clase trabajadora. Es una apuesta de largo recorrido, no meramente electoral, pero también con la vista puesta en los próximos comicios. Por eso hemos hecho una propuesta a IU, a Podemos (si es capaz de aceptar un marco democrático) y a otros sectores políticos y sociales de Madrid. No vale repetir el modelo cerrado de “Unidos Podemos”. Hay que ir hacia algo nuevo, con racionalidad y evitando peleas ridículas.

Cuando se celebraron las elecciones primarias de Podemos hace unos meses ya advertimos de que lo que tocaba era abrir un proceso de agregación popular y habilitar primarias abiertas y conjuntas de todos aquellos sectores que se reconocieran en un programa transformador. Esa tarea quedó pendiente y, de hecho, el cierre en falso de esas primarias explican gran parte de la situación actual.

No podemos seguir en el auto-engaño. Ha fracasado un modelo. Un modelo que no respondió a las expectativas creadas, donde solo han sido protagonistas unas élites con vocación de clase política, relegando esa idea fuerza del protagonismo popular. Pero no olvidemos que quien hace la historia son las trabajadoras, las mujeres, las migrantes, sus luchas. Un nuevo proyecto en Madrid debe tener en cuenta esto y poner en primer plano el protagonismo de los sectores sociales que mueven la sociedad. Por eso, ni el modelo personalista de Más Madrid ni un acuerdo de izquierdas estilo Unidos Podemos es suficiente. Necesitamos cambiar la dinámica, retomar las tareas y los debates pendientes. Retomar el impulso estratégico constituyente. Buscar nuevos acordes. Aún estamos a tiempo.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera y económica, el sector español de la construcción de viviendas ha ido reinventándose. Por un lado, las constructoras buscaron refugio en lo público, nutriéndose de la privatización y/o externalización de sectores económicos como limpieza, zonas verdes, mantenimiento e incluso otros muy sensibles, que les eran totalmente ajenos, como la educación o la atención social. Y por si las deficiencias en estos servicios y peores condiciones laborales para los profesionales que en ellos trabajan fuera poco, en el otro lado nos encontramos a los promotores o comercializadores, que han virado su negocio hacia la “rehabilitación” de edificios para seguir especulando con lo que debería ser un derecho, la vivienda, mientras vecinos y vecinas son expulsados de sus barrios.

La escalera de Fray Luis de León 18, Arganzuela

La historia que ahora nos ocupa: todos los afectados son legítimos inquilinos que pagan religiosamente sus alquileres en un edificio de la calle Fray Luis de León del distrito de Arganzuela. Los anteriores propietarios de esta escalera, mal que bien, sí mantuvieron sus responsabilidades con el cuidado del edificio. Hasta que vendieron el edificio y los vecinos y vecinas recibieron la primera comunicación de sus nuevos caseros. No era un saludo, ni una bienvenida; eran burofaxes invitando al desalojo de los apartamentos. Burofaxes dirigidos a personas con contratos legalmente en vigor (algo ilegal). Todos los vecinos han seguido pagando sus alquileres, pero es la empresa la que rechaza los pagos y se los devuelve. Si logra echar a los que pueden plantear pelea ya será muy fácil echar a quienes tienen más protección legal pero más debilidad física y social: 6 personas de hasta 96 años y sus familiares, con contratos de alquiler de renta antigua.

Los vecinos y vecinas están sufriendo acoso inmobiliario por parte de la empresa, Urbania, que ha adquirido el edificio en el que viven, con el objetivo de reestructurar las viviendas –dividirlas, en definitiva, para que salgan más– y venderlo o alquilarlo a precios muy superiores. La propia empresa dice en su web que “el edificio se encuentra en un estupendo estado de conservación”. Solo enmascaran una operación económica y de ingeniería social que termina con la expulsión de determinadas poblaciones más o menos vulnerables, y las sustituye por otras con un mayor poder adquisitivo.

Por suerte, muchos de estos vecinos y vecinas han decidido organizarse para resistir, para protegerse unos a otros, para plantar cara a lo que a todas luces es una injusticia. En esa lucha contarán con todo nuestro apoyo, frente a la brutal subida de los alquileres y, en algunos extremos, casos como este en el que se expulsa a vecinos probablemente para intentar cobrarles más dinero a futuros arrendatarios y generar así una segregación clasista entre aquellas personas que pueden pagar y las que no.

Vecinos y vecinas expulsados

La historia es, desgraciadamente, cada vez más repetida. Un edificio histórico en la ciudad de Madrid que tenía una estructura de propiedad vertical, con un único propietario o familia de propietarios, ve cómo, con el paso de las generaciones, la propiedad se va subdividiendo y se hace más difícil la gestión del edificio. En el edificio resisten muchas personas mayores, que en ocasiones incluso han nacido en el propio edificio, y que son titulares de contratos de “renta antigua” (aquellos que garantizaban la estabilidad en la vivienda). Posteriormente han ido llegando otras inquilinas más jóvenes, cuyos contratos ya están sujetos a las diferentes leyes precarizadoras de 1985, 1994 o 2013, en las que los inquilinos no han dejado de perder derechos frente a los propietarios de las viviendas. Se trata de un maridaje perfecto para recortar derechos: un mercado de alquiler desregulado y el parque de vivienda social más insignificante de la Unión Europa, con sólo un 1,1% frente al 32% de Holanda o el 23% de Austria.

En ocasiones se produce un abandono deliberado de estos edificios por parte de propietarios que no realizan el mantenimiento necesario para que la vida en ellos se convierta en algo insostenible. Los inquilinos que viven en su interior se enfrentan a situaciones de precariedad, desperfectos en sus viviendas, suciedad, cortes de agua y luz, etc. Las viviendas van quedando abandonadas, pero también, en ocasiones, algunas personas sin acceso a la vivienda terminan ocupando estas casas vacías y se dedican, por lo general, a hacer reformas, limpiar, pagar el agua y la luz que no pagan los legítimos propietarios, cuidar a sus vecinos y vecinas y acompañarlos en su soledad y en sus necesidades. Sin ir más lejos, lo que habían hecho hasta ahora los residentes de Casas Rojas en Majadahonda, de donde este lunes 24 de abril fueron desalojadas 140 personas, entre ellas 20 menores sin alternativa habitacional.

El objetivo general de muchos propietarios de este tipo está claro: dejar que el edificio se muera, mientras que los inquilinos más jóvenes se marchan y los mayores fallecen. De este modo, los propietarios pueden venderlo al mejor precio posible a nuevos “inversores”, o incluso mejor, derribarlo para construir uno nuevo y así generar un “aumento del flujo de renta”, como al parecer se dice en la jerga de estas empresas especuladoras. Nos cuentan en su web que “la estrategia se centra en una mejora y aumento del número total de viviendas que permita un aumento unitario de las rentas por vivienda y a su vez un aumento en el número de rentas totales. La excelente ubicación, la demanda de producto en la zona y la flexibilidad en cuanto a poder albergar diferentes proyectos de negocio, representan una oportunidad de garantizar un buen retorno a la inversión”. Jerigonza pura y dura mientras los alquileres ya han aumentado en poco tiempo un 20% en el centro de la ciudad de Madrid.

Vecinos y vecinas organizados

El panorama es, por desgracia, bien conocido en todas las ciudades del Estado, siendo Barcelona quizá el caso más paradigmático. Incluso se ha popularizado y casi desgastado un palabro, cuyo uso hasta hace poco estaba reducido a especialistas en urbanismo y activistas sociales, como el de gentrificación o “elitización residencial”, la transformación de zonas urbanas mediante operaciones de marketing urbanístico que cambian las condiciones de vida de los barrios y los “revalorizan”.

A él añadimos el de turistificación: la conversión de los centros históricos de nuestras ciudades en parques de atracciones para turistas, llenos de franquicias de tiendas, lugares de ocio calcados unos de otros y donde las plazas hoteleras y apartamentos turísticos superan a la oferta de vivienda en alquiler para residentes, cuyo mercado se ve completamente distorsionado. En definitiva: violencia inmobiliaria y expulsión de la población más vulnerable que en ocasiones puede llegar a la violencia más física como ocurre con “Desokupa”. Estas cuadrillas de “asustavecinos” de alto porte físico y ligados a la extrema derecha y a grupos violentos está creando una verdadera alarma social en Barcelona y numerosos jueces no dudan en calificar a esta empresa como una organización criminal en toda regla.

Estos fenómenos necesitan de la respuesta social y vecinal. En Barcelona y Madrid existen experiencias incipientes como la de los Sindicatos de Inquilinos, que el 12 de mayo comenzará su andadura como herramienta fundamental para la defensa del derecho a una vivienda digna para todas las personas, la cual aplaudimos y esperamos se extienda a Madrid muy pronto. Pero también, por supuesto, todas las administraciones públicas tenemos una responsabilidad con este tipo de fenómenos, operaciones económicas y urbanísticas que expulsan a la gente de sus casas. Algo que se disfraza desde algunos discursos irresponsables como la gran oportunidad que representa la atracción de inversiones (más glamour todavía si son inversiones extranjeras), y que supedita toda política a convertir Madrid en un gran escaparate que atraiga a esa inversión. Todo vale: rebajas de impuestos, cambios de leyes y ordenanzas, inversiones públicas en publicidad y campañas de marketing urbano para construir la “marca ciudad”, etc.

Es cierto que nuestras herramientas son limitadas, pues sería necesaria una reforma en profundidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos y unos mecanismos que hagan efectivo y exigible el derecho constitucional a una vivienda digna, que limiten la acumulación, el desuso, el abandono y la especulación. Algo que, de hecho, consigna la propia Constitución española en su artículo 47, pero que nunca se ha desarrollado normativamente. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Queda claro que el único delito de estos vecinos de Fray Luis de León 18 es ser “inquilinos”, una suerte de perdedores para el mercado y las leyes.

Frente a esto es necesario imponer la máxima de que “la gente es lo primero”, las vecinas y vecinos de Madrid, y la garantía efectiva de sus derechos. A ello nos debemos y por eso hemos puesto freno a la venta de vivienda pública, hemos adoptado una nueva instrucción que impide que un bloque de viviendas de uso residencial pase a tener uso turístico dentro de la almendra central y hemos emprendido una apuesta decidida por la rehabilitación de vivienda mediante las subvenciones del Plan MAD-RE atendiendo a criterios de sostenibilidad medioambiental y recuperación de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Solo apostando por la vivienda pública en alquiler y por otros modelos de tenencia de vivienda daremos respuesta a esa vulneración cotidiana de la ley y, sobre todo, el derecho humano a un techo digno.

Los ayuntamientos del cambio no pueden adoptar las mismas lógicas de mercantilización del trabajo que las anteriores corporaciones del PPSOE. Tenemos que desterrar la manera en que aquellos equipos veían a los trabajadores: un bien, una mercancía, desechable, intercambiable uno por otra, sin importar lo que hay detrás de ellos

“De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste”, gritaban desde el escenario de este segundo Vistalegre muchos de los que por allí pasaron, en un congreso que ha contado con un amplio protagonismo del mundo del trabajo. La apelación a las luchas laborales resonaba con fuerza dentro del palacio gracias a la voz de las trabajadoras de telemarketing, Coca Cola, Vodafone o Telemadrid, entre otras. Testigos y víctimas, todas ellas, de las reformas laborales del PPSOE y de la deslocalización, la subcontratación y las privatizaciones salvajes con las que el neoliberalismo ha ido convirtiendo los derechos laborales en papel mojado.

Sus reivindicaciones traspasaron los muros. En la calle, fuera del recinto, las trabajadoras del Centro Deportivo Municipal Moscardó apelaban a diputados, consejeros y concejales de Podemos para que transmitieran una demanda muy básica: si las privatizaciones fueron subastas al mejor postor que conllevaron sobrecostes para las cuentas públicas, precariedad para las trabajadoras y peor calidad de servicios para la ciudadanía, la remunicipalización de estos últimos no puede cargar sobre las espaldas de las trabajadoras.

Remunicipalizar para crear más y mejor empleo, no para destruirlo

El paradigma neoliberal consiguió imponer el relato de la necesidad de recortes en el gasto público con la excusa de la deuda que soportan los ayuntamientos. Una deuda a la que los gobiernos municipales sometían a la gente, precisamente externalizando servicios contra informes del Tribunal de Cuentas que demostraban que la gestión indirecta no solo no era más eficaz o barata, sino que implicaba una sangría para las arcas públicas. Lo hemos visto en pequeños municipios como Ciempozuelos, donde el contrato para la recogida de residuos y limpieza viaria, firmado por el socialista Joaquín Tejeiro y fijado sin que la administración estableciera el precio del servicio, llegó a suponer un sobrecoste mayor del 580%. También fuera de la Comunidad de Madrid, en Cádiz, donde ya falta poco para que se municipalicen los servicios de playa una vez aprobada la memoria que certifica que la gestión directa supondrá ahorro y mejora de la calidad de los tres servicios y, no menos importante, de las condiciones de sus trabajadoras.

Porque la situación de las trabajadoras que prestan servicios públicos también se ha visto afectada por este relato neoliberal. Y no solo la de las trabajadoras de los servicios externalizados. El adelgazamiento del sector público a lo largo de las últimas décadas ha supuesto que actualmente este grupo de trabajadores sólo sume un 9% de la población empleada, frente a porcentajes de países europeos como Suecia que alcanzan el 25%.

En este contexto de deterioro del Estado de bienestar, el cual alcanzamos tras años de lucha sindical, los programas de las candidaturas del cambio aparecieron en el horizonte recogiendo como objetivos la recuperación progresiva de la gestión pública, la auditoría de los contratos y el establecimiento de sistemas de control y sanciones en caso de incumplimiento de contratos. Pero sin duda alguna, existía una gran premisa que debía ser transversal a todos estos puntos: la municipalización se llevaría a cabo equiparando progresivamente las condiciones de trabajo de las personas de los servicios recuperados a las mismas condiciones que el personal municipal.

Es este último objetivo del programa en torno al que se genera el debate abierto por los 37 trabajadores del Centro Deportivo Municipal Moscardó. Satisfechos con la remunicipalización de la piscina que hasta ahora el Centro Deportivo gestionaba, el pasado lunes se encerraron en la instalación para defender sus puestos de trabajo.

El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores reconoce que la recuperación de un servicio externalizado, siempre que estos sigan desempeñando en la Administración pública la misma función que anteriormente prestaban para la empresa privada, tiene que ir obligatoriamente unido a la subrogación de los trabajadores. De otro modo, si los contratos laborales se extinguieran, los trabajadores perjudicados tendrían plena facultad para reclamar ante los tribunales de justicia su derecho a ser subrogados por la Administración y obtener la consecuente indemnización por no haber conservado su empleo.

Y es que no hay por qué entender que el acceso al empleo público, regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad, sea incompatible con la subrogación del personal que venía prestando un servicio municipal. Ayer conocíamos y celebrábamos la reciente municipalización del 010 por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y la subrogación de sus 14 empleados. El tesón del equipo de gobierno va a permitir que en apenas 15 días, las trabajadoras, que llevaban 20 años prestando el servicio en condiciones precarias, se incorporen a la plantilla del Consistorio, sin empresa municipal mediante y asumiendo directamente la gestión. Por supuesto, esto supone la ampliación de la plantilla municipal y una futura convocatoria de concurso público de estas plazas, pero ello no tendría que lesionar —como se suele decir metafóricamente en el sindicalismo — los derechos de los 14 trabajadores subrogados ni los del resto de empleados municipales.

Permitirles acceder al proceso de valoración de su capacitación por parte de la Administración pública, teniendo en cuenta sus méritos y experiencia, pero haciéndoles pasar por los mismos canales de acceso que al resto, supone congeniar los intereses de unos y otros, los mismos al fin y al cabo, en tanto que clase trabajadora. De otro modo, estaríamos cayendo en esa inercia que pretende enfrentar sectores de trabajadores y que solo beneficia a los de arriba; esa inercia que hace que estos días asistamos a la demonización de los estibadores por querer defender los derechos que tanto les ha costado conseguir.

Voluntad política frente a trabajadores desechables

La voluntad política de mantener los puestos de trabajo es, en última instancia, la que determina luego la concreción jurídica que las administraciones tienen que tomar para defender a los trabajadores. Incluso en el supuesto de que el Ayuntamiento de Madrid disponga de medios propios con los que cubrir esos puestos de trabajo, la subrogación no sería ilegal sino coherente. No subrogar a unos trabajadores para sustituirlos luego por otros iría contra el sentido común. Vamos, desvestir un santo para vestir otro. La legalidad o ilegalidad simplemente vendrá dada por la forma que adopte el proceso de integración en cada caso concreto, pero no por el hecho de admitir la incorporación de esta plantilla de 37 trabajadores a través de los cauces que sean necesarios: contrato indefinido no fijo hasta convocatoria pública, interinidad hasta convocatoria de concurso, etc.

Los ayuntamientos del cambio no pueden adoptar las mismas lógicas de mercantilización del trabajo que las anteriores corporaciones del PPSOE. Tenemos que desterrar la manera en que aquellos equipos veían a los trabajadores: un bien, una mercancía, desechable, intercambiable uno por otra, sin importar lo que hay detrás de ellos: familias e hijos que mantener, hipotecas que pagar...Si otros pequeños ayuntamientos están dando la batalla contra enormes deudas que les atan de pies y manos, el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con un superávit que le ha permitido aprobar una inversión en servicios públicos del 22% en los presupuestos de 2017, tiene la obligación moral de pelear también en esta arena. Porque recuperar servicios para los vecinos y vecinas pasa por garantizar el empleo de quienes ya lo tenían y crear nuevos puestos estables y dignos para los que hasta ahora desempeñaban labores precarias. Devolver la soberanía de los bienes comunes al pueblo pasa por ponerse del lado de las trabajadoras si lo que queremos es revertir por completo el proceso de acumulación por desposesión que venimos padeciendo durante los últimos años