En esta situación puede que el efecto buscado por las tibias medidas del Gobierno (aunque ahora parece que podrían quedar en menos aún por la presión del PNV) en la reducción de la factura de la luz, que ya presiona también a la patronal de la industria, supongan un pequeño alivio. Sin embargo, la idea de fondo que mueve la política gubernamental es bien diferente: impulsar una nueva clase empresarial moderna conforme a los retos del capitalismo del siglo XXI. El objetivo de la política económica del gobierno es por tanto enfrentarse a una supuesta clase empresarial anticuada y parasitaria, frente a unos empresarios conscientes de la nueva era que se abre ante las oportunidades de un neoliberalismo en crisis. Quedan lejos ya para el ejecutivo aquellas aclamaciones rimbombantes de la investidura sobre el poder de las trabajadoras y trabajadores.

Y es que en esta crisis que atravesamos debemos reconocer que existe un cierto grado de contingencia, debido a los altos precios de extracción de los combustibles fósiles, minerales y los movimientos geopolíticos, pero de fondo el papel del Gobierno responde a lo que algunos de sus ministros y ministras han denominado como “colaboración público-privada”, es decir, el Estado-empresa constituye hoy la mejor garantía para los intereses privados de las grandes multinacionales. Esto es, socializar riesgos y pérdidas privadas y extender una red salvavidas a costa de la riqueza generada por las clases trabajadoras de toda Europa. No se trata de una estafa urdida en oscuros despachos, a pesar de imágenes tan deplorables como la del militante del PSOE, Antonio Miguel Carmona , siendo nombrado vicepresidente de Iberdrola, sino de un sistema que supedita sus intereses a los del conjunto de la sociedad a través del papel del Estado, apoyándose en él para afrontar los retos que la profunda crisis del capitalismo le expone. Sin ir más lejos, nos encontramos con Iberdrola, empresa que se jacta de ser la compañía que más dinero público ha solicitado al Estado de los Fondos Europeos “Next Generation”, unos 30.000 millones de euros de dinero público para sus propios proyectos.

Son estas mismas empresas energéticas, bancos y fondos buitre propietarios de una parte importante de las viviendas, quienes vienen amenazando al conjunto de la sociedad si no se cumple con sus deseos. Así lo hacen diariamente manteniendo miles de viviendas vacías en todo el Estado, mientras millones se enfrentan a alquileres abusivos que suponen más de la mitad de los salarios. Al mismo tiempo, vacían los embalses de Extremadura, Galicia y Zamora, destruyendo parajes por completo para extraer más energía que vendernos a un precio más caro.

Frente a este panorama, desde Anticapitalistas nos preguntamos, ¿Por qué no decidir entre todas y todos como gestionar esta grave situación? ¿Podemos elegir democráticamente la manera de gestionar recursos imprescindibles como la vivienda y la energía? El gobierno es débil y su exigua voluntad de alterar el mercado se derrumba a la primera llamada de las compañías eléctricas o de partidos de la derecha, por eso armarse desde lo social no es sólo la vía más deseable, sino la única opción que tenemos para garantizar una democracia real. Pues la democracia es, en definitiva, decidir sobre aquello que afecta decisivamente a nuestras vidas y permite poner sobre la mesa las necesidades e intereses de la mayoría sobre los intereses particulares de una minoría. Desde el 14 de septiembre, día en el que el gobierno anunció las medidas sobre el precio de la luz, este no ha dejado de crecer semanalmente y amenaza a millones de personas con la llegada del invierno.

De la misma manera que, por lo anunciado en boca del Gobierno, la futura ley de vivienda será muy difícil que regule los precios del alquiler, no acabará con los desahucios y mucho menos pondrá en marcha un parque público de vivienda que asegure el acceso generalizado a este bien básico. Este afán permanente del Gobierno por vender ilusiones que cuando llegan a la realidad no se traducen en mejoras concretas para la vida de la gente solo amplía el campo de la frustración y la desafección, traduciéndose en más debilidad social para el conjunto de la izquierda que la extrema derecha no duda en aprovechar a cada momento.

Experiencias concretas como el referéndum celebrado en Berlín el pasado 27 de septiembre demuestran como medidas reales, serias y efectivas, expropiar más de 270.000 viviendas en manos de especuladores, pueden contar con un apoyo masivo si conectan con las necesidades cotidianas de las clases populares. Por tanto, es el momento de ponerse a ello. Tenemos las ideas y tenemos las propuestas para afrontar esta situación, pero necesitamos la fuerza social para hacerlas posibles. Es posible el control público de la producción energética que nos permitiría avanzar en la necesaria transición energética, abandonando la insostenible explotación de los recursos fósiles y sustituirlos por fuentes de energía renovables. Es posible acceder a este bien esencial para todas y todos a través de una empresa pública de energía. Podemos contar con un parque de vivienda público que facilite que las y los jóvenes puedan independizarse, que asegure que nadie tenga que elegir entre comer y pagar el alquiler, que acabe al fin con el drama de los desahucios.

Por eso desde Anticapitalistas hemos iniciado una campaña con el objetivo de que el Gobierno ponga en marcha un referéndum que permita al conjunto de la sociedad decidir sobre la gestión de la vivienda y la producción energética. El Gobierno cuenta con la capacidad legal de convocar un referéndum según la propia Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980. Es la misma Constitución la que establece en su artículo 92 que corresponde al Presidente del Gobierno, autorizado por el Congreso, la convocatoria efectiva de un referéndum con carácter consultivo sobre decisiones de especial trascendencia.

No existe mejor forma de hacer avanzar la democracia que en la práctica cotidiana, discutir sobre la economía y los recursos como derechos sociales para la mayoría o como privilegios para unos pocos. Por todo ello, decidamos todo: https://decidamostodo.org/

Entramos en un otoño decisivo. La crisis sanitaria está lejos de haber remitido y se anuncia una segunda oleada que puede volver a poner en tensión a la sociedad, sobre todo, a la gente trabajadora de los barrios obreros. A esta situación se suma la incertidumbre por una situación económica que se prevé catastrófica: una crisis sin precedentes que cae sobre una población ya empobrecida por décadas de políticas neoliberales que solo han recortado derechos sociales.

Es evidente que la crisis sanitaria ha sido inesperada. En ese sentido, es comprensible que el Gobierno haya actuado con retraso y a la defensiva, aunque tras meses de pandemia, la impresión que da es que no se han sacado lecciones en absoluto y que el caos administrativo es total. Todas las comunidades autónomas, sean del color que sean, así como el gobierno central, se muestran paralizadas y sin capacidad para dar soluciones a problemas urgentes, como por ejemplo, la vuelta a las aulas. La conclusión es clara: los partidos sistémicos, sean del color que sean, son incapaces de abordar los retos urgentes, y el Estado en sus múltiples ramificaciones (excepto en la represiva, donde sigue manteniendo intactas sus atribuciones), aparece ante la sociedad como una maquinaria impotente ante los problemas que van apareciendo.

Pero la crisis económica y los fallos estructurales en el sistema que se han revelado estos meses vienen de muy atrás. Por desgracia, no podemos decir que el gobierno PSOE-UP, auto-proclamado como el gobierno más progresista de los últimos 40 años de democracia, haya abordado esos problemas. Frente a una derecha radicalizada, pero dividida, en minoría parlamentaria y sin un rumbo claro, el Gobierno ha apostado por no abordar las cuestiones económicas, políticas y sociales, colocando en su lugar parches extremadamente débiles y chapuceros, que no tardarán en despegarse.

El ejemplo del famoso “escudo social” es paradigmático. En un país democrático, deben existir derechos que no estén sujetos a los intereses de los mercados. En un contexto en el que el paro ha comenzado a aumentar de forma desorbitada y millones de personas no pueden garantizarse sus ingresos a través del trabajo (por culpa del sistema y no de las personas), es fundamental que el Estado se ocupe de evitar que se agudice la miseria y la desesperación. El Ingreso Mínimo Vital está siendo un absoluto fracaso: no solo por lo escueto de su cuantía y lo restringido de su alcance, también por una gestión desastrosa producto de la condicionalidad y el conservadurismo del Gobierno, que ha hecho que solo llegue al 1% de 600 mil solicitantes.

Este fracaso tiene que ver con el aspecto de fondo del problema. El Gobierno no puede abordar la crisis social porque se niega a asumir decisiones que conlleven confrontar con las grandes multinacionales y los millonarios y así, poder redistribuir la riqueza. Empresas como Amazon o Mercadona han aumentado sus ingresos de forma brutal en esta crisis, arruinando a decenas de miles de pequeños empresarios y sin mejorar las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras. Es cobarde e incomprensible que un gobierno que se dice de izquierdas no haya implementado un impuesto extraordinario a los ricos y las grandes empresas con beneficios para generar un fondo de cohesión social, que ayude a toda la gente que lo necesita. No estamos planteando una medida revolucionaria (que también hacen falta, sin duda): son simplemente medidas que tratan de evitar que la sociedad se despeñe hacia el abismo. Si no se llevan a cabo, ¿es por inutilidad o por falta de voluntad política? Ambas respuestas son preocupantes.

Hay otros temas que urge abordar. La vivienda es uno de ellos: estamos en un país en donde millones de viviendas están vacías y son propiedad de grandes fondos de inversión que solo las utilizan para especular y aumentar los precios de los alquileres. La inacción de los poderes públicos es inaceptable: no solo debería implementarse una prohibición indefinida de los desahucios, sino que debe abordarse de forma urgente la creación de un parque publico de vivienda que utilice como bien social todas esas propiedades de los bancos, los cuales, por cierto, no han devuelto los 65 mil millones de euros con los cuales se les rescató en la pasada crisis.

En el terreno de la sanidad, de la estructura publica de cuidados y de la educación, no parece que los poderes públicos vayan a afrontar sus obligaciones con la población. No hay ni planes de inversión pública ni reforzamiento de personal y de sus condiciones laborales para afrontar los problemas de fondo que diariamente sufren el profesorado y los usuarios y usuarias. En un contexto de profunda crisis social, esto significa que las familias trabajadoras tendrán que afrontan ellas solas las consecuencias de la precariedad de lo público, siendo las mujeres las que más van a pagar esta parálisis gubernamental. El anuncio del PSOE de buscar pactos con Ciudadanos, en vez de buscar una alianza social fuerte, contando con la opinión activa de los trabajadores de lo público, para sostener un proyecto que fortalezca los derechos sociales, no augura voluntad política para resolver este tema. Es incomprensible, por ejemplo, que en este contexto, PSOE, UP y ERC hayan mantenido la financiación a la educación concertada, en vez de volcar todos los recursos a la educación pública.

Otro gran problema tiene que ver con la industria. Es obvio que hay una crisis que viene de lejos, producto del agotamiento de la rentabilidad de ciertos sectores otrora motores de la economía, como la automoción. Los ERTES pueden ser un mecanismo temporal para evitar despidos (aunque sin una reforma fiscal que aumente los ingresos del Estado, a largo plazo arruinarán la caja de la seguridad social), pero no solucionan el goteo de cierres de empresas o deslocalizaciones. Nissan ha sido el primer aviso de lo que viene. Cada empresa cerrada debe convertirse en pública y ponerse al servicio de un plan de producción de bienes sociales, que garantice el empleo y la transición ecológica. La palabrería no va a solucionar un problema que arrastra a muchas zonas al desierto económico.

Además, la destrucción sin alternativa de comunidades articuladas en torno a la industria aboca a la atomización social, debilita a la clase trabajadora como fuerza política y, por tanto, a la democracia. Ya ocurrió en Francia, EEUU o Reino Unido, en donde la pulverización de estas comunidades ha sido el preludio de la aparición de los monstruos políticos. Todo ello tiene relación con el legítimo miedo a la derecha que hoy domina a la izquierda. No se puede ser antifascista sin combatir con políticas públicas las condiciones que facilitan su ascenso. En una sociedad densa, en donde la seguridad vital esté garantizada por la comunidad, el fascismo es un fenómeno marginal.

En ese sentido, el viejo lema de “somos el 99%” parece asumir hoy todo su sentido, a condición de interpretarlo como una metáfora de cómo sectores cada vez más amplios de la población son condenados a la precariedad. Las mujeres trabajadoras (en un sentido también reproductivo del término), los trabajadores y trabajadoras de la industria, el precariado urbano, el personal público cada vez más ahogado por las políticas de desinversión, las personas migrantes y la gran mayoría de la juventud (¡estamos hablando de condenar a una generación entera!) forman una gran mayoría amenazada por un sistema en decadencia y por una clase política a su servicio, o en el mejor de los casos, incapaz de ponerle frente y limites.

Por eso, resulta preocupante la lógica del mal menor que se ha impuesto mayoritariamente en la izquierda. Fiarlo todo a un gobierno sin voluntad, atrapado por su miedo y fidelidad a los grandes poderes financieros, solo nos conduce al colapso. Hay que romper esa inercia con urgencia: sólo pasando a la ofensiva y exigiendo a través de la movilización que este gobierno timorato, incapaz de cumplir por sí mismo promesas como la derogación de la reforma laboral, aplique políticas sociales fuertes y generar condiciones que eviten escenarios peores. Estamos en un momento decisivo. Se vienen meses difíciles. No debemos afrontarlos desde la pasividad.

En el marco de los distintos procesos de investidura, el retorno a la política de bloques y del eje izquierda-derecha está siendo el elemento central de los rescoldos del ciclo electoral de los últimos meses. Unos bloques que, inevitables en su conformación en la política electoral y en la áspera aritmética parlamentaria, constituyen una auténtica bicoca para los partidos (de la izquierda y de la derecha) defensores del régimen del 78, bien en su forma más reaccionaria bien en su forma restauracionista y regeneradora. Y es que la forma en la que se desarrolla la dinámica política en el Estado español es totalmente ajena ya al ciclo impugnador y de horizonte constituyente que se abrió con el 15M. Retornó a los bloques clásicos del turnismo, a la primacía de los aparatos de partidos con lógicas e intereses propios, a la búsqueda de los consensos necesarios en el limitado y amputado horizonte que ofrece la actual Constitución. Del bipartidismo imperfecto al pluripartidismo para que nada cambie sustancialmente en el estrecho marco de la ortodoxia neoliberal dictada por la UE. La novedad, en todo caso, son las grietas,  dentro de esos bloques para dirimir la hegemonía dentro de los mismos. Política inter-bloques y política-intra.

Pero más allá de esto, a lo que asistimos estas semanas es al entierro definitivo de una perspectiva estratégico-constituyente por parte del “bloque del cambio”. De existir esa opción, el debate sobre la propia investidura se habría planteado en otros términos, y no como una lucha de poder en el seno de la izquierda del Estado. Se pondría encima de la mesa, por ejemplo, la necesidad de vincular el programa a las respuestas también fuera del ámbito estrictamente parlamentario, retomar las movilizaciones como método para garantizar que las reivindicaciones populares se traduzcan en mejoras sociales, mientras se traza y organiza un rumbo diferente al neoliberal-progresista de un PSOE que no va a cuestionar en ningún momento los consensos sistémicos fundamentales. Pero esa opción no está encima de la mesa. Parece que Unidas Podemos está dispuesto a renunciar (¡todavía más!) a esa posibilidad estratégico-programática con tal de entrar a formar parte del núcleo ejecutivo del Estado y convertir así en realidad el objetivo último de su núcleo dirigente: formar parte del mismo Estado. O, sencillamente, también se trataría de reafirmar pedagógicamente la voluntad de constituirse en partido autónomo, manteniendo el compromiso con el programa y no subalternizado al PSOE. Es decir, sostener una lógica tanto de impugnación general como de garantía de dique frente a las derechas y frente a las políticas neoliberales y recentralizadoras, vengan de donde vengan.

Pero esta opción no ha sido ni contemplada por una dirección que ya solo contempla las conquistas y las reformas sociales desde el Gobierno, obviando o minusvalorando las concesiones de programa y de proyecto que supone el compromiso de gobierno con una fuerza como el PSOE. En este sentido, incluso parece extraño que no se haya podido incorporar al debate real (ni siquiera en la propuesta de referéndum interno planteado por la dirección de Podemos) una opción como la de un “gobierno a la portuguesa” en la que al tiempo que se acuerda un programa mínimo de gobierno las opciones políticas a la izquierda del PS mantienen su independencia y autonomía parlamentaria. En la práctica, la política de “o gobierno de coalición o muerte” no solo ha reducido las posibilidades existentes sino que ha obviado el balance de las experiencias que esta fórmula ha deparado en diferentes contextos, incluyendo el resultado de Podemos en Castilla La Mancha, por poner solo un último ejemplo.

Pero asistimos también estas semanas a una batalla real en ese duelo por el relato y más allá entre PSOE y Podemos. Una batalla táctica que se ha vuelto compleja. Con la mirada puesta sólo en formar parte del gobierno, la disputa se ha configurado como una “negociación” de desgaste entre un PSOE que trata de mantener su monopolio como la izquierda del Estado y un Podemos que no renuncia a entrar en este juego. He aquí una paradoja: el PSOE utiliza los mismos argumentos que usó la dirección de Podemos para cargarse la pluralidad en el bloque del cambio: necesidad de cohesión, monolitismo, negativa a repartir el poder. En su momento ya consideramos gravísima esta actitud de la dirección de Podemos y, por lo tanto, deberíamos considerar con la misma gravedad la forma en la que está actuando el PSOE en este caso. Una actuación que muestra tanto su obsesión monopolizadora del poder como un desfase entre su situación parlamentaria real y sus deseos. De hecho, aunque consideremos que la posición de Podemos es reflejo de su bancarrota estratégica, no debemos dejar de denunciar el giro macronista-bonapartista que se esconde tras la actitud arrogante de Pedro Sánchez y el PSOE. Un giro previsible hacia el centro, tratando de gobernar con manos libres a izquierda y derecha y aderezado con ocurrencias tan peligrosas como tratar de reformar la constitución (el famoso articulo 99). Una medida esta que, por ejemplo, anularía la capacidad de las fuerzas independentistas de hacer valer su fuerza en las negociaciones de investidura. 

Por tanto (y de forma un poco provocadora): Aunque no estemos de acuerdo con la orientación de Podemos en esta investidura, debemos ser capaces de defender el derecho a Podemos a formar parte de un gobierno. Su exclusión solo responde a una voluntad de sometimiento por parte del PSOE y a su deseo de gobernar desde un centro que las derechas han dejado vacío. Las apelaciones a los perfiles técnicos e independientes no son sino un salvoconducto con cierto tufo tecnocrático y macronista, tan del gusto últimamente del superviviente Sánchez.

Creemos que es necesario seguir defendiendo posiciones y estrategias políticas alternativas. Abrir otros caminos, explorar otras fórmulas de construcción organizativa y de estrategia política. Lamentablemente, estas posiciones han sido minorizadas y excluidas facilitando la hegemonía de las propuestas gobernistas y restauradoras. Estas últimas opciones han servido también, en la práctica, para reducir de forma notable las expectativas y los anhelos transformadores de amplios sectores sociales del pueblo de izquierdas. En el mientras tanto de la plasmación real a escala estatal de estas ideas gobernistas, ¿qué perspectivas puede ofrecer una izquierda que no se conforma con la subalternidad de proyecto y programática respecto al PSOE? En nuestra opinión, habría que preparar una estrategia de recomposición de un polo transformador basándose en la realidad: La mayoría de la gente de izquierdas, quiere un gobierno progresista frente a la derecha liderado por el PSOE pero participado por otras fuerzas. Es parte constitutiva de este final de ciclo y epílogo de un proceso transformista (que todavía está por ver si es orgánico o coyuntural), tanto de los partidos como de la base social que sostuvo el ciclo-pos-15M. En realidad, este movimiento de desplazamiento de las posibilidades de cambio entraña una posición paradójica y, a la postre, suicida: A medida que se aleja el horizonte de transformación radical de la sociedad, también se aleja la posibilidad de mejoras concretas. Pero así está la situación y es mejor no contarse cuentos. Toca  prepararse para la acción política, la rearticulación con y desde los movimientos y no lamentarse por lo que pudo haber sido y no fue. En ese sentido, si el gobierno progresista se hace realidad, habrá que reconstruir el proyecto transformador en tensión con él, a partir de las luchas y de las demandas que este gobierno no va a ser capaz de hacer efectivas: la crisis territorial, las reforma laborales, la ley mordaza, el cambio climático, la inversión publica (que requiere de acabar con las leyes que imponen el techo de gasto), la necesidad de una reforma fiscal, vivienda, etc. Temas que han sido y siguen siendo clave, pero que ni el PSOE (por su naturaleza) ni Unidas Podemos (por su oportunismo de entrar en el gobierno a cualquier precio y el nivel de compromiso con el que anuncia que se mantendrá) están dispuestos a abordar en serio, tal y como está demostrando una negociación de investidura donde el programa es el elemento ausente de la misma.

La paradoja de la coyuntura es que Unidas Podemos está dando una batalla durísima en lo táctico contra el PSOE para conformar un gobierno de coalición, y que si la gana, va a ser a costa de renuncias estratégicas y programáticas. Lo fundamental no debería pasar desapercibido: El PSOE va a ser siempre un freno a las transformaciones profundas que nuestra sociedad necesita. Pase lo que pase, tendremos que prepararnos para construir una fuerza social y política capaz de llevar a cabo esas transformaciones. Estratégicamente, estamos convencidos de que es un error que la izquierda trate de cogobernar bajo las órdenes de un PSOE que se niega a pactar un programa transformador. Pero está quedando clara otra cuestión: que el PSOE de Pedro Sanchez tiene una concepción patrimonialista del poder muy poco democrática y que prefiere gobernar con la derecha que mirar hacia la izquierda.

Tiempos de monstruos en forma de ola reaccionaria y autoritarismo, de gobiernos débiles sin voluntad para enfrentar al neoliberalismo ni a los poderes financieros. Tiempos de desconciertos, miedos y dudas. Tiempos de crisis de proyecto de las izquierdas. Tiempos de colapso de todo un ciclo que despertó tantas esperanzas como desilusiones ha provocado. Y es que las tendencias de fondo nos van marcando un camino tortuoso frente al que no podemos desfallecer.

Revertir esta tendencia no va a ser producto de un mero movimiento audaz, sino de establecer y poner en práctica una política estratégica que aprenda de los errores y asuma las tareas ingentes y urgentes que tenemos por delante. Desorden económico, político, crisis ecológica y crisis de los cuidados en medio de una ola antifeminista y xenófoba que requieren de respuestas programáticas y de proyectos radicales y en ruptura con un sistema que nos lleva al colapso y al auge de los nuevos fascismos. Política con mayúsculas que, sin embargo, necesita solventar las cuestiones de la política concreta.

Así, la sacudida que ha provocado el movimiento de Íñigo Errejón y Manuela Carmena para constituir un ticket en las próximas elecciones municipales y locales de Madrid bien merece una reflexión. Reflexión que, para ser útil, solo puede transitar por los horizontes y perspectivas necesarias que toca abrir en lo inmediato. Los lamentos impotentes, el cinismo desmovilizador, la pontificación sin propuesta no van a ayudarnos a salir de esta situación sino profundizar la crisis.

En nuestra opinión, es legítimo que cada cual haga sus propias apuestas. En este sentido, entendemos que Errejón ha decidido formar un proyecto coherente con sus hipótesis y sus líneas políticas. Nuestra orientación mantiene discrepancias políticas de fondo con Errejón: no creemos en la construcción de un proyecto político “centrado” gobernista y gestionario, si no que pensamos que hay que construir un espacio impugnador, de confrontación con las élites. La diferencia fundamental es, por tanto, política y programática. A este respecto, la experiencia del Ayuntamiento es fundamental y clarificadora: se ha elegido gobernar como el PSOE y bajo su tutela, dejando intacto el gobierno del poder financiero sobre la ciudad. Creemos que ahí se ha producido una bifurcación de proyectos que, además se ha impuesto por parte del carmenismo-errejonismo volando por los aires cualquier mecanismo de debate democrático, torpedeando los espacios orgánicos e impidiendo todo desarrollo territorial con la consecuente pérdida de base social.

Sin embargo, la última secuela de la “larga crisis” de Podemos no se remite al último episodio. Es la constatación del colapso definitivo de un modelo de partido que se ha demostrado fallido por su forma de construcción política incapaz de integrar y cooperar, mucho menos de establecer reglas de juego comunes. La “privatización de Podemos” ha terminado siendo el síntoma organizativo de la ausencia de un proyecto que, a nivel político, se ha basado en el bandazo permanente, provocando la desorientación constante de su espacio político. La dirección de Pablo Iglesias no ha sabido gestionar la pluralidad del proyecto: colocó a dedo a Errejón obviando el necesario debate político, no han sido capaces de integrar a diferentes sensibilidades ni de construir un proyecto político sólido, impugnador y con voluntad constituyente. Una pluralidad que, por otra parte, en el conflicto “pablismo-errejonismo” no es tal. Son apenas diferencias de matiz en el marco de una misma estrategia política. De hecho, lo paradójico ha sido que tras aquella batalla fraticida en Vistalegre II, Pablo Iglesias ha terminado por adoptar la línea política que defendía Errejón.

En nuestra opinión, en un contexto en el que el auge de la extrema derecha provoca miedo, es el momento de construir proyectos que vayan a la raíz de los problemas y ofrezcan alternativas. Lo que está en juego es cómo vamos a salir de la crisis: si pagan los de arriba o si pagan los de abajo. La izquierda cometería un error imperdonable si trata de buscar un camino intermedio. Un camino hoy bloqueado por la crisis estructural del capitalismo y la radicalización autoritaria de las élites. Este es el punto de partida fundamental para pensar un proyecto político hoy: la capacidad para proponer un modelo económico distinto al dominante, como está haciendo Corbyn en Reino Unido. Eso es lo que queremos trasladar a la Comunidad, al Ayuntamiento y a todos los municipios de Madrid. Queremos volver a hablar de banca pública, de parques de vivienda pública con alquileres accesibles, remunicipalizaciones, de expropiar a los especuladores, garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, defender los derechos sociales y económicos de las migrantes: queremos un proyecto de lucha y de transformación, sin complejos, y no retóricas vacuas que nos hagan parecernos al PSOE o al viejo PCE de Santiago Carrillo.

Como venimos defendiendo desde siempre, la única forma de garantizar la unidad es reconocer la pluralidad, debatiendo y construyendo colectivamente programas y proyectos. De lo que se trata ahora es de politizar las diferencias, que el “pueblo de izquierdas” pueda participar y elegir su proyecto: no se trata de lanzar proyectos por diferencias burocráticas, se trata de organizar proyectos políticos. El nuestro está claro: democracia, pluralidad, movimiento y programa transformador.

Desde Anticapitalistas seguimos proponiendo construir un proyecto radicalmente transformador, ecologista, feminista y democrático, vinculado a los movimientos, con un fuerte protagonismo de la clase trabajadora. Es una apuesta de largo recorrido, no meramente electoral, pero también con la vista puesta en los próximos comicios. Por eso hemos hecho una propuesta a IU, a Podemos (si es capaz de aceptar un marco democrático) y a otros sectores políticos y sociales de Madrid. No vale repetir el modelo cerrado de “Unidos Podemos”. Hay que ir hacia algo nuevo, con racionalidad y evitando peleas ridículas.

Cuando se celebraron las elecciones primarias de Podemos hace unos meses ya advertimos de que lo que tocaba era abrir un proceso de agregación popular y habilitar primarias abiertas y conjuntas de todos aquellos sectores que se reconocieran en un programa transformador. Esa tarea quedó pendiente y, de hecho, el cierre en falso de esas primarias explican gran parte de la situación actual.

No podemos seguir en el auto-engaño. Ha fracasado un modelo. Un modelo que no respondió a las expectativas creadas, donde solo han sido protagonistas unas élites con vocación de clase política, relegando esa idea fuerza del protagonismo popular. Pero no olvidemos que quien hace la historia son las trabajadoras, las mujeres, las migrantes, sus luchas. Un nuevo proyecto en Madrid debe tener en cuenta esto y poner en primer plano el protagonismo de los sectores sociales que mueven la sociedad. Por eso, ni el modelo personalista de Más Madrid ni un acuerdo de izquierdas estilo Unidos Podemos es suficiente. Necesitamos cambiar la dinámica, retomar las tareas y los debates pendientes. Retomar el impulso estratégico constituyente. Buscar nuevos acordes. Aún estamos a tiempo.

No podemos decir que nos sorprenda que estén apareciendo tantos casos de corrupción en estos momentos. En la Comunidad de Madrid, hace tiempo que sabemos que la corrupción es una forma de gobierno instalada por el Partido Popular, y en tiempos de crisis política, sus propias facciones internas  se devoran entre ellas. Pero creemos que estamos viviendo un periodo de gravísima excepcionalidad democrática. Máxime cuando alcanza a la propia justicia sobre la que el PP también está intentando intervenir a través de la fiscalía.

Si el expolio como forma de gobierno se normaliza, si penetra todos los órdenes de la gestión pública y lo hace a la luz del día, si cuando encendemos la TV solo vemos “otro caso de corrupción más” se puede producir en la sociedad un desapego a lo que debería ser común, un repliegue hacia el interés individual, aislándonos más y recluyéndonos en nuestra particular desesperanza. Por eso no debemos permitir que esta situación excepcional se convierta en lo normal. Por eso el movimiento arriesgado, quizás, de una moción de censura.

Pero nosotr@s no tenemos miedo. No tenemos miedo a perder la moción, no tenemos miedo a que nos digan que ahora no toca. Para nosotr@s el fracaso sería no intentarlo. El fracaso sería que asumiésemos que no hay alternativa, que no se puede hacer nada y que minimizásemos el daño que provoca la corrupción o el modelo neoliberal del PP. Durante mucho tiempo, los ciudadanos han percibido que la indignación ya fuese provocada por los casos de corrupción, por los recortes, los rescates de bancos mientras se deja gente sin luz y sin casa o sin derechos laborales, no conseguía llamar a  las puertas de las instituciones. Podemos nació con el mandato de inundarlas con las aspiraciones de millones de personas que sienten que su voz no cuenta, también de las que incluso, han dejado de votar por esa misma razón.

Porque para nosotras la política no se limita a la Asamblea de Madrid. No tenemos miedo a perder mociones, a lo que tenemos miedo es a quedarnos arrinconados en las instituciones y asumir que la única política posible es la de las pantallas y los brillantes asientos del hemiciclo. Por eso tratamos de hacer una moción diferente, abierta a la ciudadanía y vinculada con la sociedad organizada. Una moción a la que dan soporte muchos colectivos sociales y también los sindicatos, aunque no cuente con el beneplácito de un acomplejado PSOE o de un buen alumno agradecido como Ciudadanos. La moción de censura no es solo una cuestión de ética sino una oportunidad para construir colectivamente la alternativa.

Corrupción como forma de gobierno

La corrupción es inseparable del PP madrileño y de su forma de gobierno de los últimos 20 años. Es el aceite que engrasa un modelo de gestión de lo público que entrelaza sus intereses con los de sus empresarios afines. En particular, los dueños de las grandes constructoras que parasitan la obra pública y los que acaban asumiendo la gestión de todo tipo de servicios públicos “externalizados” o privatizados. Servicios que, como ya sabemos, les son concedidos, muchas veces previo pago de comisiones.

Son empresarios y son medios de comunicación y en ocasiones hasta fundaciones y ONG, todo lo que les permita mantener el poder concebido como una malla de relaciones. Una malla, claro, que se puede tensar y romper como ahora, cuando hay menos a repartir y se empiezan a pelear por las migajas. Verdaderas vendettas napolitanas es lo que estamos presenciando ahora en Madrid.

Por eso la moción es una oportunidad para visibilizar que hay otros proyectos políticos para Madrid más allá de la corrupción, la especulación urbanística, los recortes, las privatizaciones y las exenciones fiscales y burbujas inmobiliarias que favorecen a los muy ricos y condenan a la pobreza al resto. El gobierno de Cifuentes ha perdonado a los más ricos más de 2.000 millones de euros en impuestos sólo en 2016. A esto hay que sumar las exenciones de impuestos a las élites económicas que también se aplican en Madrid y también el dinero que nos han robado.

Se calcula que solo en las tramas de corrupción Lezo, Gürtel, Púnica y Mercamadrid hemos perdido unos 656 millones de euros con los que impedir que siga aumentando la desigualdad. Con los 312 millones de euros de dinero público que los imputados de la Operación Púnica se repartieron, se podrían haber construido 72 centros de salud en la Comunidad de Madrid. Y con los  23,3 millones de euros del desvío a paraísos fiscales del Canal de Isabel II –solo en la compra fraudulenta de Emissao– se podrían haber facilitado 4.854 rentas mínimas anuales en la Comunidad. Y esto es sólo la punta del iceberg.

Por tanto, oponerse a la corrupción para nosotr@s, va ligado a construir un proyecto alternativo donde es posible democratizar la economía y devolver derechos. Madrid ha sido uno de los laboratorios fundamentales para construir un modelo neoliberal y estamos dispuestos a desmantelar esas redes de poderes oligárquicas para construir un Madrid diferente. Un Madrid que se construya de la mano de los y las  que, día a día, construyen ya un Madrid diferente oponiéndose al expolio, como la PAH, las Mareas, del movimiento feminista, de quienes pelean por sus derechos laborales expoliados como los trabajadores de Coca Cola en Lucha, como las ecologistas y como la gente que construye Centros Sociales como La Ingobernable. Un Madrid que recupere los servicios públicos –y el sentido de lo público; con una educación y una sanidad equitativos e igualitarios. Una región de los cuidados donde los ancianos/as no sobren y podamos ofrecerles una atención digna; donde vigilemos las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que dependen de la administración. Un Madrid de la democracia económica, con una fiscalizad justa que permita una redistribución real de la riqueza.

Allá donde pasaban sobres estaba Cifuentes

No existen dos partidos populares: uno de Aguirre, corrupto, y otro impoluto de Cifuentes. Cristina Cifuentes ha ocupado demasiados cargos de importancia para poder distanciarse como pretende de la corrupción. Estuvo en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II cuando se produjo el saqueo y en el patronato de Fundescam donde se recibían los sobres para financiar las campañas electorales –de cuyos comités de campaña ella formaba parte–. También estuvo en la mesa de la Asamblea que adjudicó contratos al mismo Arturo Fernández. A medida que se conocen más casos y se suceden las imputaciones, el cerco se estrecha.

La corrupción también ha afectado a su gobierno. El PP de Cifuentes ya ha perdido 19 diputados en lo que va de legislatura –por motivos diversos, desde “personales”, hasta por delitos como conducir borracho. Y un 25% de los diputados de Cifuentes ha tenido que dimitir por corrupción.

A Cifuentes cada vez le resulta más difícil desmarcarse de la podredumbre que rodea a su partido. La imputación de Cifuentes solo depende en realidad de la persona que sustituya al Juez Velasco al frente de este juzgado ya que heredará la causa. Es posible que la veamos en breve.

De alguna manera, Cifuentes tendrá que hacerse responsable de este modelo fallido de gestión de lo público, de este lodazal en el que se ha convertido el PP. Pero si no lo hace, nosotr@s, el día siguiente de la moción y pase lo que pase, vamos a seguir construyendo una alternativa con la complicidad y el apoyo de la ciudadanía y vamos a seguir confrontando con una forma de gobernar que es absolutamente nociva para la vida de los madrileños y las madrileñas.

Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas  son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años ochenta y noventa hasta el corazón de la Europa capitalista: primero a través del Tratado de Maastricht de 1992 y luego, de forma mucho más palpable para las mayorías sociales europeas, tras la crisis financiera de 2007. A lo largo de la larguísima crisis europea, los poderes financieros globales utilizaron la extorsión a través de altísimos tipos de interés para poner de rodillas a estados, gobiernos y administraciones públicas; dejando una estela de pagos pendientes a futuro que apuntaban a la sumisión permanente del poder político al poder financiero. Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda.

Las políticas de austeridad no son sino la aserción en términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, en principio, descansa el poder democrático. Son un golpe de estado permanente del capital sobre la democracia. La deuda, propiedad de los grandes grupos financieros, es el instrumento utilizado para este dominio. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda obliga a los estados y a las administraciones públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda obliga a las administraciones públicas a, primero, recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y, luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables.

En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de cacarear que en España no ha habido  rescate, nuestro blindaje del pago de la deuda fue la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, votado por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en ese momento posterior al 15M. Este artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de tal manera que no sólo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establecía una suerte de intervención permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. Todo esto en un país que acababa de decir: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.

La regla de gasto tal y como la interpretó el ministro Montoro es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad. Se trata de una norma anticíclica. Es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que sólo produce efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Cuanto más crecen los ingresos de una administración local y cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más dinero de reserva para pago de la deuda retiene el Ministerio de Hacienda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico, ideológico como son todos los modelos econométricos, que calcula algo llamado el “PIB potencial”. Modelo este impuesto unilateralmente por la Comisión Europea. Aunque, y esto es importante, a diferencia de la lectura que Montoro hace de la regla de gasto, en el resto de países europeos no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, esta no deja de ser un indicador y una recomendación.

Este giro ultradisciplinario de Montoro no era baladí: lo exigia Alemania para que el entonces tambaleante gobierno del PP se pudiera beneficiar de las políticas expansivas del Banco Central Europeo, que en última instancia son las responsables de las victorias electorales del Partido Popular en el último año. En la práctica, esto significa que ningún ayuntamiento o comunidad autónoma, en una situación de estancamiento económico y de efectos todavía muy dolorosos de la crisis para una mayoría de la población, puede realizar políticas económicas expansivas. El bienestar de las mayorías sociales, una vez más, sacrificado en el altar de las finanzas y de los intereses partidistas del Partido Popular.

En este marco, la gestión de Carlos Sánchez Mato al frente del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha sido difícilmente mejorable. Se encontró con una herencia de despilfarro y deuda difícilmente equiparable a la de ninguna otra ciudad europea, cuyo último capítulo ha sido la aparición de contratos SWAP en las colocaciones de deuda del ayuntamiento de Gallardón, algo parecido a las cláusulas suelo de las hipotecas, productos financieros en los que la banca siempre gana. Pues bien, en una de las ciudades más endeudadas de Europa, Sánchez Mato siempre ha sido fiel al espíritu del programa de Ahora Madrid, pidiendo y promoviendo auditorías de la deuda municipal y rechazando las cadenas inasumibles de la regla de gasto de Montoro, en un ayuntamiento que es casi una ciudad-estado y que simplemente no puede poner las demandas democráticas de su ciudadanía y sus clases populares bajo el yugo de los caprichos políticos de Montoro.

Pero la posición del área de Economía y Hacienda no sólo ha sido fuerte en lo político, sino que en los aspectos técnicos de la ejecución del presupuesto municipal, ha sido irreprochable. En dos ejercicios, el área de Economía y Hacienda ha cuadrado unas cuentas con superávit de 1.020 millones de Euros en 2016, más inversión social y productiva, y sí, también, amortización de deuda, algo más de 1.700 millones desde que Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento. Algo con lo que la gran mayoría de las ciudades gobernadas por el Partido Socialista y el Partido Popular que apoyaron la ley de gasto apenas pueden soñar. Pero Madrid no es una ciudad gobernada por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista. El programa de Ahora Madrid que ganó las elecciones y que tan bien ha sabido interpretar el Área de Economía y Hacienda mantiene un rechazo claro a las políticas de austeridad y su especificación en las administraciones locales: la regla de gasto. Y no está sólo en este rechazo: son miles ya los ayuntamientos que se han sumado al rechazo a esta intervención disciplinaria de sus cuentas, y hasta la Junta de Castilla y León, controlado por el PP, ha pedido que se retire esta nefasta regla.

En este contexto, llega el ataque político del 6 de abril al Ayuntamiento de Madrid. Cristóbal Montoro reclama la retirada de más de doscientos millones del presupuesto de gasto del Ayuntamiento de Madrid apelando a la regla de gasto. Desde luego, este ataque es parte de una norma depresiva, económica y anímicamente, como es la regla de gasto que castiga, precisamente, a aquellas entidades locales que más crecen. Pero también es parte de una operación política punitiva para golpear a quienes demuestran con hechos que es posible una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente y más justa.

La defensa del rechazo de la regla de gasto en el Ayuntamiento de Madrid apela al centro de los valores y las posiciones políticas de un ciclo político que se inició el 15M y que se ha traducido en los llamados “ayuntamientos del cambio”. Y en esa misma medida debe producir una fuerte contestación federada y en bloque al ataque de Montoro. Esta contestación sólo puede encontrarse con  obstáculos “internos” en el seno del ayuntamiento de aquellos que creen que la legalidad tramposa del PP debe ser acatada sin mayores estridencias. Esperemos que en esta decisiva ocasión, en la que nos jugamos ese combate entre finanzas y democracia por el que llevamos tanto peleando, tanto la alcaldesa Manuela Carmena como su entorno más inmediato,  entiendan cuales son las demandas democráticas que les han puesto ahí y apoyen sin fisuras la postura de Carlos Sánchez Mato.

Los datos presentados en el informe Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis España 2006-2016, el último realizado por la prestigiosa Asociación de Ciencias Ambientales, describen un escenario preocupante. España ha superado la media europea de hogares (10,2%) incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada mientras el número de familias con retrasos en el pago de las facturas sube. Estos datos superan las cotas más altas desde 2004, en un escenario supuestamente marcado por la recuperación económica.

Más de 5 millones de españoles, que equivalen al 11% de los hogares del país, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, lo que supone un incremento del 22% en tan solo dos años. Si tenemos en cuenta la ola frío que estamos sufriendo en las últimas semanas y la dimensión del problema, coincidiremos en que las soluciones son urgentes.

Más de 2,5 millones de españoles (un 6% de la ciudadanía) destinan más del 15% de sus ingresos a hacer frente a las facturas energéticas. La situación laboral también tiene una importante influencia en el aumento de la pobreza energética; en 2014, el 21% de los hogares en paro registraron retrasos en el pago de las facturas, mientras que en los hogares con población ocupada era del 7%. Los desempleados tienen niveles más altos frente a los trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena o los perceptores de pensiones contributivas.

Los datos en la Comunidad de Madrid no son mucho mejores: de los 7,4 millones de personas en España con gastos en energía doméstica por encima del 10% de los ingresos, 765.000 personas se encontraban en Madrid, mientras que de los 4,2 millones de personas que no podían mantener su hogar a una temperatura adecuada, 499.000 personas estaban en Madrid. Datos, todos ellos, que deberían llevar a una reacción inmediata de los poderes públicos.

La presión social que han ejercido plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energética, organizaciones de consumidores como FACUA o partidos políticos como Podemos obligó finalmente a tomar alguna medida, más allá del estéril bono social, al Gobierno del PP. Pero en lugar de seguir la recomendación contenida en la moción aprobada en el Congreso para aprobar una Ley contra la pobreza energética, el PP encontró un aliado fiel en el PSOE para redactar un Real Decreto ambiguo y que no permite acabar con los cortes durante este invierno y deja en manos de Rajoy fijar todas las reglas mediante el desarrollo reglamentario. Además, ni PP ni PSOE contaron con organizaciones de la sociedad civil para redactar el Real Decreto, que han criticado duramente.

En la Comunidad de Madrid, el Grupo Parlamentario de Podemos presentó hace ya más de seis meses una Proposición de Ley contra la Pobreza Energética (agua, luz y gas) en la Asamblea de Madrid. Tras la aprobación en Pleno de su tramitación, con el voto en contra del PP, se constituyó una ponencia que terminó sus trabajos en el mes de diciembre, con un texto consensuado por Podemos, PSOE y Ciudadanos. El PP no solo se opuso a la tramitación de la proposición, sino que ha obstaculizado de todas las formas posibles su aprobación final. Finalmente, y gracias al cambio de posición de Ciudadanos merced a su acuerdo con el PP para los Presupuestos de 2017, el texto acordado ha sido rechazado y los trabajos se retrotraen al inicio.

La Ley contra la Pobreza Energética es así la primera víctima del acuerdo presupuestario entre el PP y Ciudadanos para 2017. Los motivos alegados son presupuestarios: para los dos socios de Gobierno dedicar en torno a 60 millones de euros a que la gente en pobreza severa no pase frío es un exceso. Mientras los ricos gozan de un paraíso fiscal en esta Comunidad, para los más necesitados no hay presupuesto. El mensaje está claro.

La ley que proponemos responde a dos defectos fundamentales de las medidas que anteriormente trataban de poner remedio a esta problemática en la Comunidad: la escasa relación entre el acceso a las prestaciones y la renta y las dificultades en el acceso a este tipo de prestaciones. Esto suponía que las personas que más lo necesitaban eran las personas que menos posibilidades tenían de acceso a la misma.

En la Comunidad de Madrid las prestaciones para hacer frente a la pobreza energética están desagregadas en función del insumo del que se trata: por un lado se accede al agua a través del bono social del Canal de Isabel II y por otro se accede a la electricidad o el gas, sea a través del Bono Social o a través del reciente convenio firmado con las compañías de distribución energética.

La propuesta de ley que defiende Podemos establece una tipología clara de Hogares Vulnerables que determina el acceso a una ayuda para el pago de los suministros energéticos. Esta tipología se basa en afrontar la relación existente entre desigualdad y pobreza energética y genera una prestación única para los diferentes suministros energéticos, dejando de separar entre electricidad, agua y gas. Se simplifican los procesos de acceso a la prestación y se facilita la cooperación con entidades sociales para detectar casos de pobreza energética y con las empresas comercializadoras, a través de convenios, para garantizar que no se den cortes a personas en situaciones de Hogar Vulnerable y que se informe, mediante avisos en la factura, de las prestaciones existentes.

En los casos de mayor pobreza se asumirá el 100% de la factura energética, en otros casos, dependerá del cruce entre renta y consumo energético. La ayuda en el pago tendría una duración máxima de dos años. Nuestra propuesta incide en dos elementos claves para abordar la relación entre desigualdad y pobreza energética:

a) la primera de ellas tiene que ver con la generación de un plan de microeficiencia energética en domicilios para mejorar, a través de intervenciones específicas, la situación de domicilios con deficiencias energéticas, así como influir en pautas de consumo y ahorro energético entre las personas que solicitan esta ayuda.

b) la apuesta por un nuevo modelo económico basado en dinamizar la transición energética para poder estimular la economía regional y generar posibilidades de empleo para muchas de las personas afectadas por la pobreza energética.

La aprobación de esta proposición de Ley es urgente. Si Cristina Cifuentes sigue bloqueando su tramitación lo denunciaremos en el Parlamento, pero también en las calles. Las vidas de la gente humilde y trabajadora valen mucho más que los beneficios de las empresas eléctricas.