En 2017, Bruce Gilley profesor de ciencias políticas en la Universidad estatal de Portland publicó el artículo The Case for Colonialism en la prestigiosa revista Third World Quarterly. Este artículo provocó una gran controversia en el mundo académico, que se trasladó rápidamente al ámbito político y social. Miles de académicos de todas partes del mundo firmaron peticiones para que se retirase el artículo, solicitando además la dimisión de los responsables de la revista. Quince de treinta y cuatro miembros del consejo de redacción de la revista dimitieron de sus cargos. Tanto los editores como el propio autor del artículo reconocieron haber recibido insultos y amenazas de muerte. Tras una minuciosa investigación sobre el proceso de evaluación del trabajo desarrollada por Taylor and Francis, la editorial propietaria de la revista, el texto fue finalmente retirado. El autor acabaría publicando en 2023 un ensayo de 326 páginas con el mismo título y argumentos similares en una casa editorial de dudoso prestigio. 

La pregunta es obvia: ¿qué argumentos científicos podían generar tanta polémica? El autor defendía la necesidad de cambiar el consenso internacional existente sobre los efectos perniciosos del colonialismo en el largo plazo. Más bien al contrario, Gilley observaba la necesidad de introducir un nuevo tipo de colonialismo para el siglo XXI. Un modelo colonial de base occidental -por supuesto no china ni rusa. El autor defiende la necesidad de “recolonizar” algunas regiones, eso sí, siempre con el acuerdo y beneplácito de los pueblos colonizados, que es el punto central de su argumento. No se trataría de repetir la historia colonial de los siglos XIX y XX, sino de crear un nuevo modelo de gobernanza en las viejas colonias, liderado por expatriados occidentales. La tesis de Gilley gira en torno a tres líneas de actuación: 

Algunas de estas soluciones implican la cesión territorial a cambio de un canon para la instalación de colonos occidentales que fomenten el desarrollo y la inversión, con plenas competencias políticas y aplicación de la legislación metropolitana. Se espera de esos centros que funcionasen como polos de desarrollo regional para la inversión internacional. En consecuencia, es necesario deconstruir todos los aspectos que se han señalado como negativos del colonialismo, comenzando por la falta de la más mínima legitimidad institucional. Este nuevo colonialismo contaría con la aprobación de la población, observando en esos gestores extranjeros los garantes de la responsabilidad, el bienestar material y la lucha contra la corrupción. Gilley indica que el anticolonialismo político, especialmente de orientación socialista o comunista, habría provocado y profundizado la crisis del Estado, así como el desmoronamiento del orden que se había construido durante la etapa colonial. El ejemplo principal que utiliza el autor en su argumento es el de Guinea Bissau y el discurso antiimperialista de Amilcar Cabral.

Sin entrar en consideraciones éticas, el autor señala la contribución positiva del colonialismo contemporáneo en términos de desarrollo económico, seguridad, gobernanza y reconocimiento de derechos civiles y políticos. De tal forma, llega a indicar: “Los confundidos académicos marxistas culpan [de muchos problemas económicos actuales en esos países] a los legados coloniales, a la meteorología o a Israel”. En un sorprendente desprecio al contexto histórico de la Guerra Fría y las fuerzas profundas que explican el funcionamiento de las relaciones internacionales, Gilley señala de forma torticera que el propio Patrice Lumumba agradecía en sus memorias a Bélgica su labor en “la restauración de nuestra dignidad humana volviéndonos hombres, felices, vigorosos y civilizados”. Lumumba fue asesinado el 17 de enero de 1961. Su cuerpo fue descuartizado y disuelto en ácido sulfúrico por orden de Mobutu Sese Seko, quién se convirtió en presidente de la república entre 1965 y 1997, protagonizando una de las más prolongadas dictaduras en la historia del continente africano. La publicación de la documentación reservada de la CIA expone el contexto político internacional y las sombrías perspectivas estadounidenses acerca del surgimiento de un nuevo “Fidel Castro” en el corazón de África. 

Les pido consideren unos minutos para la reflexión y analicen los argumentos políticos presentados por la administración Trump para justificar sus actuaciones en estos momentos de renacimiento del colonialismo extractivo con socios confiables como Milei, Noboa, Bukele y otros gobiernos latinoamericanos serviles frente al imperio. Con el ataque norteamericano a Venezuela, la asunción de su necesaria autocracia benevolente -Destino Manifiesto- y su nueva doctrina Monroe para el siglo XXI, los consensos de posguerra parece que han entrado en fase terminal. Un imperio decadente y desbocado, gobernado por una élite multimillonaria extractiva y supremacista que promete libertad a cambio de sumisión. Entramos de forma decidida en una era de genocidios televisados, neolengua orwelliana y el colapso del derecho internacional.

Como bien conocerá ese tertuliano y cualquier comentarista político serio, el conocimiento de los factores estructurales son fundamentales para un correcto análisis de fenómenos como el de los movimientos migratorios. Mali, país de origen de la mayoría de víctimas en este naufragio, ocupaba en marzo de 2024 el puesto 188 de 193 en los rankings de Naciones Unidas que miden los Indicadores de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador es multifactorial e incluye parámetros esenciales que gradúan los niveles de bienestar global en todos los países del mundo. Más allá de elementos clave en la vida de las personas como el acceso a la educación o la salud, incorpora otros muchos factores como la seguridad física o los niveles de participación democrática. El estado de guerra larvado en el norte de este país del Sahel desde hace más de una década, los recurrentes fenómenos meteorológicos extremos, así como el impacto del terrorismo en esa zona del continente se encuentran también detrás de las motivaciones básicas para arriesgar la vida en un incierto tránsito hacia la próspera Europa.  

De la misma manera en que se están planteando discusiones sobre el papel del colonialismo español en América, ¿cómo puede siquiera minimizarse el impacto del colonialismo y el imperialismo en la estructura económica internacional del presente? Muchos han sido los estados colonialistas que están emprendiendo políticas de reparación y reflexión crítica sobre las ventajas económicas adquiridas gracias a la extracción colonial. La división internacional de la producción durante la era de la expansión ultramarina europea abrió una senda marcada por la esclavitud, la extracción económica, la desigualdad y una creciente divergencia entre Occidente (the West) y el resto (the Rest). Esta brecha se hizo aún más evidente a partir del siglo XIX a merced de la Revolución Industrial y el nuevo control imperial de la economía. El Imperialismo decimonónico incorporó nuevos elementos de supuesta racionalidad científica en el establecimiento de jerarquías sociales a nivel internacional. El nuevo orden económico internacional debía ser liderado por hombres blancos y occidentales. El resto del mundo se dividía en diferentes pueblos susceptibles de ser civilizados. Ahí encontraremos una taxonomía de pueblos, culturas y civilizaciones, donde el centro de todo –incluyendo la hora mundial- tenían sentido en el corazón de la Europa industrial.

En esta parte del continente africano, el Sudán francés (actual Mali) era un espacio territorialmente asimétrico, con escasa presencia institucional más allá de Bamako y las regiones limítrofes a Senegal. Esta ausencia del Estado colonial francés se explica parcialmente por las enormes dificultades para la extracción de recursos económicos relevantes para la industria y economía metropolitanas. La falta de recursos económicos motivaba ese “desentendimiento” institucional relativo, pero que sí se hacía evidente en la ausencia de inversiones básicas en educación, salud o infraestructuras de transporte. Por el contrario, la mayor parte del territorio, de bajo interés agroexportador serviría como gran reserva de mano de obra forzosa bajo el régimen de prestaciones. Esa mano de obra se movilizaba allá donde fuese necesario, especialmente en las regiones más ricas que recibían mayores inversiones públicas. Las asimetrías espaciales se siguieron reforzando durante décadas. 

En 1937 el Gobernador socialista del África Occidental Francesa (AOF), Marcel de Coppet, incluyó algunas reformas para reducir el tiempo asignado a esta modalidad de trabajo forzoso a un máximo de sesenta días al año. Anteriormente, los periodos de trabajo forzoso podían extenderse durante más de tres meses al año, con todo lo que ello suponía para las familias que perdían manos para trabajar en la agricultura a cambio de nada. Sin embargo, este sistema de explotación laboral –común en casi todas las colonias africanas- seguiría en funcionamiento hasta 1946 y, de hecho, fue un recurso ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, complementado por la militarización de la mano de obra. Esta modalidad de trabajo forzoso de aplicación en toda la Federación del AOF (Mauritania, Senegal, Mali, Burkina, Níger, Guinea, Costa de Marfil), estaba amparada jurídicamente por el Código del Indígena. Establecido en el AOF 1887, el Código del Indígena implantó un sistema de segregación legal en donde la práctica totalidad de residentes en el territorio carecían de derechos básicos, siendo un código punitivo perfectamente organizado para la extracción económica y la explotación de la mano de obra.

El Estado colonial implementado en la región de forma casi inmediata al final de la trata de esclavos no construyó pilares institucionales sólidos. Como ha señalado de forma acertada Olivier de Sardan, el colonialismo construyó estados burocráticos gobernados por verdaderos autócratas sin implicar la participación de las masas, sin otorgar derechos de ciudadanía. El Estado colonial construyó también su poder gracias a la cooptación de jefes de aldeas y otros individuos capaces de hacer funcionar el sistema. La debilidad fiscal estatal, combinada con la violencia inherente a un modelo de extracción colonial dificultó la consolidación de movimientos sociales y reivindicativos de entidad, siendo normalmente reprimidos con brutalidad por parte del poder colonial. Ese funcionamiento institucional de nula representatividad fue transformándose en las etapas finales del régimen colonial, pero su legado persistente continuó marcando el día a día de las nuevas repúblicas independientes, como magistralmente filmaran cineastas como Ousmane Sémbene en su prolífica obra. Los males institucionales del Estado colonial se traspasaron y donde hubo alguna disidencia en esa dinámica, se consumaron golpes de Estado. Esos golpes fueron seguidos por dictaduras y gobiernos autoritarios con el reconocimiento más o menos velado de la comunidad internacional. Autócratas benevolentes, como diría William Easterly.

El contexto de la Guerra Fría y el control de los recursos naturales en esas nacientes repúblicas no puede obviarse tampoco como un aspecto crucial para comprender por qué no se produjeron transformaciones relevantes en muchos países del oeste africanos. La intervención de potencias extranjeras, la corrupción institucional y el control de los recursos naturales deben situarse en el centro de un análisis que trasciende al continente y se explica en esa nueva fase de división internacional de la producción en la que nos hallamos inmersas. La extensión de la miseria, la desigualdad extrema y la extracción económica no son males ajenos al funcionamiento orgánico del sistema económico turbocapitalista que se viene desarrollando desde la década de 1980. ¿O es que se desconoce qué sucedió en buena parte del Sur Global en las décadas de 1980 y 1990? ¿Es que no hay evidencias empíricas del impacto de los Planes de Ajuste Estructural del FMI en esas décadas en África Occidental? ¿Es que se ha perdido del enfoque analítico el impacto de la deuda exterior y las diferentes políticas que se han desarrollado para saldar esas deudas? ¿Es que el crecimiento económico en muchos de esos países desde comienzos de la década de los 2000 se ha acompañado de una reducción de la desigualdad y una mayor inclusión financiera? ¿Es que las manifestaciones anticoloniales que se vienen desarrollando en toda esta región –con la lucha contra el Franco CFA como símbolo- forman parte de una conspiración antioccidental? ¿Es qué los jóvenes miran al futuro de sus países con esperanza?  

Evidentemente, los factores persistentes que explican las estructuras socioeconómicas e institucionales del mundo actual no implican elementos de causalidad, pero sí indicadores de correlación que son analizados por especialistas en desarrollo económico en el largo plazo. Encontrar soluciones para graves problemas son el objetivo de la política, y esas soluciones deberían incorporar necesariamente la mirada histórica y el análisis exhaustivo de estructuras complejas. Los Derechos Humanos están en juego.    

El hambre domesticará a los animales más feroces, enseñará a los más perversos la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción. En general, únicamente el hambre puede espolear y aguijonear [a los pobres] para obligarlos a trabajar; y pese a ello, nuestras leyes han decretado que nunca deben pasar hambre. Las leyes, hay que reconocerlo, han dispuesto también que hay que obligarlos a trabajar. Pero la fuerza de la ley encuentra numerosos obstáculos, violencia y alboroto, y no inspira nunca un buen ni aceptable servicio. El hambre no es solo un medio de presión pacífico, silencioso e incesante, sino también el móvil más natural para la asiduidad y el trabajo.

Los códigos legales brutales que criminalizaban la pobreza (Black Codes) y el hostigamiento frente a las más mínimas políticas de protección social se correspondían con esta fase de violencia social, económica y política que caracterizó el inicio de la Revolución Industrial británica. En este caso, Joseph Townsend atacaba las conocidas leyes de Speenhamland. Estas regulaciones se pusieron en marcha por parte de las parroquias para compensar la deprivación absoluta de las clases populares británicas, despojadas de sus medios de vida tras la privatización progresiva de las tierras y espacios comunales. Las Leyes de Cercamientos (enclosures) favorecieron la concentración patrimonial en Gran Bretaña, disminuyendo también el valor del factor trabajo, facilitando una proletarización acelerada en los entornos rurales. El crecimiento demográfico del siglo XVIII impulsó aún más el desbordamiento laboral. 

La desigualdad social extrema, y el desempleo masivo que se estaba generando en ese proceso se resolvió mediante dos vías principales: la emigración interior hacia los florecientes núcleos industriales donde encontrar una ocupación en condiciones infrahumanas. La segunda opción era la emigración exterior hacia los territorios coloniales en Norteamérica. Esta última permitiría colocar a la “morralla” de la sociedad -usando los términos habituales en el Parlamento británico de la época- fuera de la vista de la élite económica. Las colonias representaban el “sumidero” al que enviar a la población indeseada para reproducir la estructura y dinámica social desigual en ultramar. La explotación intensiva de la fuerza de trabajo favorecería los intereses de los propietarios, bien en Europa, bien en América, como ha explicado de forma precisa Nancy Isenberg en un libro formidable (White Trash). 

Mientras esos ajustes poblacionales se desarrollaban, a las parroquias y ayuntamientos les pareció esencial establecer ayudas básicas que beneficiasen a las familias más empobrecidas e impactadas por ese proceso de proletarización. Ese auxilio estaba representado por algunas raciones de pan para no morir de hambre. Ante esa especie de “socialismo” de base religiosa, pensadores influyentes en la política de su época como Townsend, respondían de forma frontal, puesto que “¿quién querría trabajar si tenía un sustento mínimo asegurado?”. El Parlamento británico, dominado por las clases propietarias, tanto agrarias como fabriles, torpedearon cualquier reforma social, habida cuenta de los pingües beneficios económicos que se estaban obteniendo de una explotación laboral sin ningún tipo de regulación. La maquinaria del complejo industrial se llevaba por delante a generaciones enteras de hombres, mujeres e infantes. Era la misma sociedad que estaba extrayendo recursos en los territorios ultramarinos mediante la mano de obra esclavizada; produciendo algodón y otras materias primas esenciales para el éxito del proceso industrializador. 

La impresionante desigualdad patrimonial, social y política que se engendró al calor de la Revolución Industrial en el siglo XIX aceleró también la movilización social que emergió de forma clara a partir de 1848, cuando un fantasma comenzó a recorrer Europa. Las contradicciones de un crecimiento económico absolutamente asimétrico aceleraron la respuesta colectiva, cuya máxima expresión fue la emergencia del movimiento obrero organizado. La Europa decimonónica del liberalismo ortodoxo ricardiano que lideró la civilización y el progreso tecnológico de su época, se sustentó en la explotación humana, dentro y fuera de sus fronteras también a través del colonialismo y el imperialismo. Esa sociedad de la desigualdad extrema, el racismo y el darwinismo social experimentó una primera llamada de atención en el contexto de la Guerra franco-prusiana. La derrota militar francesa y el desorden político generado por la captura del emperador Napoleón III, permitió que estallase una verdadera revolución social en París: la Comuna (1871). Prácticamente por primera vez en un siglo, las bases sociales y económicas propietaristas entraron en pánico, al observar que era posible un cambio estructural que diera paso a un modelo de organización social alternativo. La Comuna duró apenas dos meses, hasta que el ejército prusiano y la guardia nacional francesa entraron en la capital a sangre y fuego. La represión posterior ejercida por el orden propietarista fue bestial. Las cifras más conservadoras calculan en torno a doce mil fusilados, siendo comúnmente aceptado el número de entre dieciocho y veintidós mil represaliados. Pese a esa violencia institucional masiva, la movilización social no se detuvo. La Comuna representó una semilla de posibilidad, unida a una creciente movilización social que impulsó transformaciones a corto plazo, incluyendo la legalización de sindicatos de trabajadores, reformas laborales y la posterior ampliación del sufragio universal masculino. Todo ello fue el punto de partida de las grandes transformaciones sociales y políticas acaecidas en la primera mitad del siglo XX, y de forma particular en el periodo de entreguerras (1918-1939). 

La historia del siglo XIX y XX merece ser leída, estudiada y conocida, especialmente por aquellas personas que han sido escogidas para asumir importantes responsabilidades políticas, como sucede con el actual presidente de la República de Argentina, quién se tiene por un gran economista. En 1944, Karl Polanyi afirmaba que no había existido nunca una sociedad donde el liberalismo se hubiese aplicado en su entera y absoluta totalidad. Polanyi defendía que tal modelo sería irresistible para las estructuras sociales puesto que, la lógica de una hipótesis de mercado infalible y autorregulado sólo beneficiaría a los más poderosos. Ante esa perspectiva, las instituciones informales (usos, costumbres y convenciones sociales) reaccionarían como mecanismo de autoprotección. Desde luego, el estudio del pasado pone de manifiesto la relevancia estructural de esas instituciones informales, clave para comprender el funcionamiento de las sociedades, como demostró hace muchísimos años Douglass C. North. 

El hostigamiento a las clases populares, la criminalización de la pobreza y el desmantelamiento de cualquier institución de protección de los grupos sociales más vulnerables no es nuevo. Es muy antiguo. Pero también es larga la tradición humanista que promueve valores de solidaridad y resistencia. Estas son las cuestiones que explican la evolución reciente de la Humanidad. Todas estas temáticas se enseñan de forma básica en cualquier Grado de Economía.  Aunque sé que a usted le importa poco o nada mi opinión como docente, señor Milei, tiene usted un cero en Historia.

Actualmente, el 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima. El carácter estratégico de los puertos explica la importancia de la eficiencia de la comunidad portuaria (trabajadores, empresas, instituciones). Pese a los avances técnicos y organizativos, la correcta manipulación de las mercancías requiere una mano de obra altamente especializada.

Hace medio siglo, la situación era muy diferente. La estiba se realizaba esencialmente mediante la fuerza física y una tímida presencia de maquinaria pesada. Tal era el desgaste físico, que en 1969 se aprobó en España su jubilación a los cincuenta y cinco años, después de treinta años de experiencia a pie de muelle. La precariedad laboral y la irregularidad en la obtención de jornales ha sido una característica histórica del sector, dependiente de los ritmos de tráfico marítimo. Sin embargo, esta situación era mucho mejor que la que existía antes de 1948, cuando se creó la Organización de Trabajos Portuarios (OTP).

A nivel de imaginario colectivo, la imagen de los estibadores se asociaba a los “bajos fondos”: marginalidad social, alcoholismo y violencia. En 1927, el periodista francés, Albert Londres escribía propósito de los estibadores marselleses:

El autor describía la dureza de sus condiciones de vida y su situación como sujetos desclasados. Hijos desheredados de la revolución industrial, considerados los últimos en la escala social. Sin requisitos más allá del físico y la disciplina, el volumen de proletarios generaba disputas entre los trabajadores para ser escogidos por las empresas y obtener un jornal.

Desde los años 1920, la mejor organización sindical condujo a mejoras relevantes como las obtenidas durante la Segunda República, con la constitución de Jurados Mixtos que equilibraban las relaciones laborales. En esa coyuntura se creó en Hamburgo el primer sindicato internacional de estibadores (1932), con la presencia de representantes españoles. Las mejoras laborales se consiguieron a través de acciones colectivas como huelgas o boicots, duramente reprimidas por la policía. Las reclamaciones se referían a los salarios y la irregularidad en la contratación. No obstante, a partir del Golpe de Estado de 1936, los avances sindicales fueron totalmente devastados.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la OTP, estableciendo una normativa básica para la gestión de la mano de obra portuaria. Este tipo de instituciones fordistas fueron comunes en esa época, con un doble objetivo: mejorar los servicios portuarios a través de la paz social garantizada por los derechos laborales. Así, siguiendo el modelo francés de 1947, se instauró un censo oficial de estibadores en los puertos españoles que componían la oferta de mano de obra disponible. Los trabajadores recibían su salario de estas empresas, pero dependían finalmente de la OTP. Siguiendo la tradición, los trabajadores eran contratados por manos, equipos de entre seis y nueve miembros, atendiendo a las habilidades complementarias de cada estibador, pero también a sus afinidades personales. El aprendizaje era progresivo, hasta alcanzar una especialización relevante. Para conseguir un reparto equilibrado de la carga de trabajo se instauraron turnos rotatorios, de ocho y seis horas posteriormente.

La OTP regulaba el acceso a la profesión y al censo de estibadores estables y ocasionales. La mayor parte se situaba en la segunda categoría, realizando las operativas más penosas (carbón, cemento…). Muchos de estos trabajadores tenían lazos de parentesco con los estibadores estables, y aspiraban a incorporarse a esa categoría que suponía una mayor regularidad de jornales. Integrado en el sindicato vertical, la admisión se realizaba por un cierto consenso entre las instituciones, empresarios y representantes de los estibadores, quiénes podían proponer a nuevos miembros. Entre otros derechos alcanzados en este periodo (también en Francia), se reconoció el cobro de jornales de garantía para los días sin actividad en el puerto.

Sin embargo, la extensión de la mecanización y la llegada del contenedor en los años setenta, implicó profundos cambios en el sector. La demanda de mano de obra cayó bruscamente frente a la mayor utilización de capital. En abril de 1975, España firmaba el Convenio 137 (ratificado actualmente por un total de veinticinco países, mayoritariamente europeos) de la OIT en el que se reconocía la especificidad del trabajo portuario, así como una normativa básica que debía respetarse por parte de las instituciones. Sin embargo, fueron años de movilizaciones masivas por parte de los estibadores, ante la posibilidad real de supresión masiva de puestos de trabajo frente a los cambios jurídicos y tecnológicos. La conflictividad laboral y sindical se multiplicó, fruto del choque violento de intereses.

Un hecho importante fue la creación de un sindicato nacional de obreros portuarios en 1978 (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar). Este sindicato se alejó progresivamente de las centrales sindicales, a las que se identificaba con los postulados del PSOE en materia reformista. Convertida en el principal interlocutor en la negociación colectiva a nivel nacional, la Coordinadora garantizaba el éxito de las acciones reivindicativas. Con altísimos índices de sindicalización, la Coordinadora ha jugado un papel determinante en la negociación colectiva, especialmente en lo relativo a la liberalización del sector tras la entrada española en la CEE.

En 1986, de forma dramática se suprimía la OTP y se creaban las Sociedades Mixtas de Estiba y Desestiba que introdujeron una mayor flexibilidad en la contratación de operarios auxiliares. No obstante, la figura del censo se mantuvo prácticamente inalterada. A partir de 1988 se entró en una nueva fase de paz social, fruto de la firma del primer Convenio Marco. Se consolidaron los censos a la baja, fomentando las prejubilaciones y la entrada de nuevos estibadores. En 2011, con la creación de la SAGEP se modificaron de nuevo las condiciones de acceso al censo, estableciendo criterios de concurrencia pública que debían poner límites a la discrecionalidad tradicional.

La mayor parte de la conflictividad en el sector se deriva del marco jurídico europeo. La huelga de Liverpool (1996-2000) alteró la estrategia sindical, que se orientó hacia la coordinación internacional. En el 2000 se creó el International Dockers Council (IDC) que representó una acción sindical globalizada y de alcance mundial.

En este contexto, la Corte Europea ha denunciado el incumplimiento por parte de España del artículo 49 del TFUE, referido al libre movimiento y establecimiento de empresas y particulares en territorio comunitario. Se ha sentenciado frente a la obligación de las empresas consignatarias a formar parte del accionariado de las SAGEP y la selección prioritaria de estibadores del censo. Según los sindicatos, la normativa europea implicaría importantes pérdidas salariales y una “desprofesionalización” del sector.

Existe una problemática compleja y de largo recorrido que merece ser analizada desde un enfoque histórico: los estibadores defienden un modelo laboral fordista heredado de la posguerra, en una Unión Europea que se mueve en una dirección opuesta. La patronal española (ANESCO) y los operadores logísticos defienden la liberalización del sector, con el argumento de incrementar la competitividad de los puertos. El debate regulación vs liberalización se desarrolla en todos los sectores productivos, pero ahora el foco se ha centrado en un sector clave para la economía, donde el factor humano desempeña un papel esencial.