Hay una injusta tendencia, estrategia mejor diríamos, a descalificar gran parte de nuestra Transición y a devaluar los frutos de aquellos primeros años de nuestra democracia. José Antonio Ardanza pertenecía a aquella generación que construyó nuestra democracia y nuestro autogobierno.

Fue alcalde de su pueblo, Mondragón, en las primeras elecciones democráticas de 1979. Y, poco tiempo después, diputado general en Gipuzkoa. De pronto, el mundo interno de uno de los partidos más sólidos del país se fracturó, se escindió y el viejo Partido Nacionalista Vasco se dividió en dos fuerzas enfrentadas: el PNV de Xabier Arzallus y la EA de Garaikoetxea. El terremoto coloca a Ardanza como lehendakari en 1985, gobernando con un grupo parlamentario dividido. Pocos recuerdan lo que sufrió.

En 1986 convocó elecciones y las perdió. El PSE tuvo 19 diputados y el PNV 17. Se negocia una coalición y los socialistas cedemos la presidencia. ¿Por qué? Nos lo preguntaban todos. Porque necesitábamos un gran pacto de todas las fuerzas democráticas contra la violencia y porque era imprescindible que el PNV fuera el líder de la deslegitimación política y social de la violencia.

Vuelvo a las críticas al pasado. España estaba sufriendo un ataque a su democracia sistemático, provocador y masivo, con atentados día sí y día también y su respuesta al terrorismo era deficiente y solitaria. El Estado estaba aislado y la espiral acción-represión ideada y practicada por ETA la estaban ganando los ideólogos de la violencia. El pacto de Ajuria Enea fue la gran consecuencia de aquel Gobierno de coalición. Desde entonces, el lehendakari Ardanza se convirtió en el presidente de un Gobierno vasco que convocaba y vertebraba la reacción social al terrorismo y lideraba a todas las fuerzas políticas vascas, a todos los partidos políticos vascos democráticos, en su unidad contra la violencia.

Ardanza fue ese hombre que, llamado por su partido para resolver las crisis internas, lideró un nuevo y pragmático PNV. Llamado a liderar el rechazo del nacionalismo vasco a la vía armada y al terror, lo hizo con convicción y firmeza. Llamado a gobernar con los socialistas vascos, expresó la pluralidad identitaria de la sociedad vasca, pactando con nosotros tres Gobiernos de coalición durante casi doce años.

Él protagonizó, además, los años del desarrollo autonómico más importante: la llamada segunda fase del autogobierno vasco, cuando se transfirió la Sanidad (Osakidetza), se fijaron los cálculos del Cupo, se culminó la implantación de la Ertzaintza en todo el territorio del país, etcétera. Su acción política nacionalista siempre estuvo dentro del Estatuto de autonomía y de la Constitución.

Su pragmatismo le llevó a gestionar los intereses del país con una mirada moderna y eficiente. Él siempre supo que el futuro de la comunidad tenía que superar el monocultivo del hierro para pasar a manejar la fibra de carbono y los centros tecnológicos. Por eso, puede ser calificado también como el constructor de la Euskadi moderna de hoy. Muchas de las críticas de aquel pasado no suelen tener en cuenta las circunstancias y los problemas de aquel pasado. Por eso hay que recordarlas, para apreciar a los hombres buenos que hicieron posible lo que hoy tenemos.

Ardanza fue uno de ellos.

Agur Lehendakari.

A Rodolfo te lo encontrabas siempre. Antes que nadie. Llegaba, organizaba, disponía, mandaba. Hubo un tiempo en que fue aparato. Eso que algunos desprecian porque gestiona la maquinaria interna de los partidos y que los dirigentes apreciábamos tanto, porque todos nuestros actos públicos dependían de ella.

Al principio, en los años ochenta, en los años de plomo y tragedia, Rodolfo era un chaval del partido de Bizkaia que siempre estaba allí. En un funeral, en una concentración contra ETA, en un mitin. Él ya había organizado la cabecera, el escenario, el desarrollo del acto, todo. Incluso antes, había hecho la convocatoria, movilizado militantes, convocado prensa o diseñado el lugar y hasta el fondo corporativo del escenario. Pronto se hizo imprescindible. Su actividad y sus prestaciones le hicieron pieza principal de la actividad externa del partido y de ahí a dirigente principal de la organización solo había un paso que él dio con decisión y valentía.

Rodolfo fue colaborador y compañero esencial de todos los líderes del socialismo vasco; Benegas, yo mismo, Nicolás Redondo, Patxi López, Idoia Mendia y ahora mismo de Eneko Andueza. Toda la historia del socialismo vasco desde la conquista de la democracia, le tuvo a él como protagonista. Pero sin duda su liderazgo -porque líder también lo fue- lo ejerció con Patxi como lehendakari en aquel Gobierno vasco en el que él fue consejero de Interior.

En esos años, fraguó una relación especial de amistad y complicidad máximas con Alfredo Pérez Rubalcaba, quien pilotaba junto al presidente Zapatero el fin de la violencia. Fue un periodo muy especial en su vida y puedo decir, con conocimiento de causa, que esta tarea histórica le marcó y prácticamente definió la parte final de su vida política.

Él vivió, junto al lehendakari Patxi López, el negociador Jesús Eguiguren y Alfredo, el que movía los delicados hilos de un finísimo y exitoso proceso para terminar con el terrorismo, unos años extraordinarios. Tuvieron que hacer cosas que ya nadie recuerda pero que en su momento fueron claves. Recuerdo, por ejemplo, una reunión con la dirección de HB, hoy solo pequeñas anécdotas del pasado, pero en su momento acontecimientos críticos e injustamente criticados. Muchos han olvidado aquellos años y las nuevas generaciones ni siquiera saben qué era ETA, pero la historia la escriben personas como Rodolfo, que jugó un papel fundamental en la conquista de la paz.

Rodolfo fue todo en el socialismo vasco: aparato y dirigente, colaborador y líder. De una lealtad absoluta a la causa. De una constancia en su militancia y en su actividad sin límites. De un compañerismo fraterno.

Hemos vivido juntos cuarenta años de socialismo vasco con todo lo que eso significa: El dolor y las lágrimas comunes por tantos amigos y compañeros asesinados. La soledad de nuestra lucha. El temor de nuestras propias vidas. Las convocatorias de nuestras protestas y condenas, algunas veces en soledad. Desde la defensa de la constitución allá por el 78, hasta la celebración de nuestra victoria sobre ETA.

Fue la épica de una vida que Rodolfo entregó por la paz y la democracia. Él siempre estuvo allí.

Hay dos decisiones que marcan la trayectoria vital de Nicolás Redondo Urbieta. La primera fue su renuncia a la secretaría general del PSOE surgido del Congreso de Suresnes en 1974. El PSOE del interior estaba unido en la decisión de romper con un exilio paralizante y alejado de las expectativas del tardofranquismo de aquellos años, pero dividido respecto a quién debía liderarlo: Pablo Castellanos, apoyado por Madrid, o “Isidoro”, apoyado por Andalucía. El famoso“ Pacto del Betis'', una alianza hábilmente gestada entre los dirigentes socialistas de entonces de Asturias, País Vasco y Sevilla, fue determinante en la victoria y entrada en escena en la política española de Felipe González. Pero esa victoria se construyó sobre una renuncia previa: la de Nicolás Redondo Urbieta quien, quiero pensar, inteligentemente previó que sus cualidades eran más adecuadas para dirigir el sindicato hermano en el que siempre estuvo.

Hay quien dice que en aquellas conversaciones ya estaba decidido que Felipe dirigiera el partido y Nico el sindicato, pero creo que no hubo tanta precisión en aquellas conversaciones. Yo estuve en Suresnes y aunque mi papel fue menor, no recuerdo que tal reparto estuviera formalizado. Pero el devenir de la realidad afirmó al uno y al otro en esos espacios de responsabilidad respectiva.

La segunda fue su ruptura con el partido. El razonamiento que la provocó fue que un sindicato no podía permanecer tan vinculado al partido del gobierno y afectado por este en sus decisiones. Lo cierto es que la cultura interna de la familia socialista de entonces era la de ir hermanados en una misma lucha, un poco como era la experiencia de los sindicatos nórdicos y alemanes, vinculados al liderazgo electoral del Partido Socialdemócrata respectivo. Militábamos en ambas organizaciones y pasábamos de una a otra en función de las necesidades mutuas. Yo mismo fui líder de la UGT vasca hasta 1983 porque el partido así lo decidió y Nicolás fue candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE de Bizkaia, siendo ya secretario general de la UGT, de manera natural.

Pero ese hermanamiento resultó indigerible a partir de la victoria socialista en 1982. El contexto era imposible para la UGT: reconversión industrial, miles de excedentes laborales, contención salarial y esfuerzos colectivos para entrar en la Unión Europea...

La escenificación de la ruptura fue la reforma de la Seguridad Social que planteó el ministro de Trabajo Joaquín Almunia en 1985 (antes colaborador-asesor de Nicolás en la UGT), que aumentaba el periodo de cómputo de la base reguladora de las pensiones de 2 a 8 años.

Nicolás bajando las escaleras del Congreso para no votar esa reforma es la fotografía que mejor refleja esa ruptura. Pero la convocatoria de una huelga general en 1988 de la UGT y Comisiones contra el gobierno fue la ruptura más formal y estratégica de ambas organizaciones.

La UGT se proyectaba así al campo sindical sin amarres políticos, manteniendo ese aroma de sindicato socialista, pero sin compromisos orgánicos ni estratégicos con el partido.

La decisión hay que entenderla en ese contexto y se comprende bien el acierto estratégico aunque provocara dolorosas consecuencias.

De esos años procede la separación entre Felipe y Nico. Desde luego no es difícil entender que sus caracteres y sus personalidades tampoco ayudaban a su entendimiento y afecto mutuos. Nico fue siempre un hombre de trato duro, quizás porque forjó su perfil sindical en los años del antifranquismo más gris y represor. Un hombre con una personalidad muy acusada, acostumbrado a la dialéctica reivindicativa del sindicalismo. Un vasco hecho a la vida en un ambiente rudo, austero, rodeado del hierro de los barcos de “la Naval” y del acero de “Altos Hornos”. Que utilizaba la lucha y el esfuerzo personal y colectivos para conseguir las cosas. Que había sufrido la represión y que se planteaba objetivos de mejora y de conquista para los trabajadores sobre bases ideológicas y conceptuales propios de esa contienda eterna entre trabajo y capital.

Su liderazgo sindical de tantos años le reafirmó en sus convicciones y, parapetado en esa trinchera de reivindicación y lucha, se convirtió en un crítico severo de líderes y de políticas que se alejaban de sus convicciones. Solo unos días antes de estas navidades, su hijo Nicolás me decía que Nico seguía atento a la actualidad, lúcido en sus razonamientos y crítico como siempre. Genio y figura Nicolás.

Ya llevamos varios meses oyendo hablar de SUMAR, sin saber nada de tal proyecto político salvo que tiene una líder con enorme potencial, que preserva como oro en paño sus líneas ideológicas y programáticas y que aplaza día sí, día también, su comparecencia electoral. 

Por supuesto, hasta las generales de finales de 2023, tiene tiempo de explicarnos cómo se configura ese gran espacio sociológico que no se conforma con ser “una esquinita de la izquierda”. Pero tan pragmática como enigmática frase no nos dice mucho. Los tiempos los elige ella, claro, pero quienes esperamos conocer algo más de ese nuevo proyecto, nos preguntamos cómo perfilar una izquierda amplia si su principal rival en ese espacio extiende sus horizontes ideológicos hacia la izquierda con todas las políticas progresistas posibles, en todos los campos, desde un gobierno de coalición en el que ella misma participa. 

Más dudas todavía ofrece su planteamiento orgánico. Escuchar está bien. Hablar con unos y con otros siempre es necesario. Pero un proyecto político serio no se asienta en “la gente”, sino en estructuras orgánicas sólidas con base territorial y reglas internas que lo distinguen de una asamblea ciudadana o de un foro cívico. Los candidatos de una circunscripción electoral no son “independientes” que se eligen arbitrariamente, sino líderes locales que tienen acreditada su conexión política con los ciudadanos y que responden, con su trayectoria y su vida política, a las exigencias de conocimiento y ejemplaridad que demandan los electores. Los grupos parlamentarios que se constituyen después de las elecciones no son una suma aleatoria y heterogénea de diputados, sino una organización estructurada, jerarquizada y reglada que actúa en las Cámaras con unidad y coherencia ideológica. 

El proyecto SUMAR debe aclarar más pronto que tarde cuáles son sus bases orgánicas y cuáles sus pactos con los partidos territoriales que representarán el proyecto en diversas y muy cualificadas autonomías: Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, ¿Madrid?... Por eso, puede entenderse la ausencia de SUMAR en esas elecciones, pero no deberían despreciar la oportunidad de hacerse presentes en 12 comunidades autónomas y en cientos de municipios españoles en base a acuerdos programáticos o locales que identifiquen el proyecto y que asienten su presencia territorial. 

Es en ese contexto que me ha parecido muy razonable la demanda de Podemos a Yolanda Diaz de establecer su presencia en el proyecto mediante una coalición electoral. Ya fue generosa la aceptación de su liderazgo, pero sería ingenuo diluirse en SUMAR y renunciar a su identidad, abandonando una década casi prodigiosa en lo que respecta a su nacimiento y desarrollo. Podemos nació en un contexto socioeconómico muy concreto, respondía a una evolución histórica de la democracia española y en poco tiempo integró la primera experiencia política europea de coalición de izquierdas. Tiene todo el derecho y toda la razón para decirle a Yolanda que su presencia en SUMAR debe ser salvando su identidad y asegurando una presencia determinada y notable en sus listas electorales y en su grupo parlamentario futuro. 

No son solo razones morales las que Yolanda Díaz debería considerar ante esta petición. No es solo que ella fue elegida en las listas de Podemos y que fue ese partido el que la hizo ministra y que fue ese partido el que la propuso como vicepresidenta del Gobierno. Son además, razones políticas las que avalan que su proyecto tenga un basamento orgánico y una estructura territorial sólida. De lo contrario, las palabras bonitas como “la gente”, “escuchar”, “esto no va de siglas”... se las llevará el viento y su proyecto será una cometa que gira en el aire sin ir a ninguna parte. Hay además un tufillo antipartidos muy inconveniente para la política en general y muy injusto con las únicas estructuras capaces de articular la voluntad y la representación políticas ciudadanas en nuestras democracias. 

Desconozco absolutamente el estado de la cuestión en las conversaciones de Podemos con el equipo de Yolanda Díaz, pero creo que esa demanda, si efectivamente se ha planteado, está cargada de sentido y de razón. Es más, creo que su aceptación es condición necesaria para el éxito de una operación política, tan cargada de buenas intenciones como de incógnitas y complejidad. 

La posibilidad de que España logre un pacto social para afrontar los próximos dos años bajo unas reglas acordadas entre Gobierno, sindicatos y empresarios, ha sido despachada con demasiada prisa y sorprendente facilidad. Bastó una reunión entre los agentes sociales para concluir que las posiciones de ambos estaban muy alejadas y para que el conjunto del país (desde el Gobierno a la opinión publica) haya arrinconado una estrategia fundamental para combatir los peligrosos riesgos que nos depara la actual geopolítica internacional y para afrontar la grave situación macroeconómica que nos rodea. 

“La inflación es el impuesto de los pobres y de los pensionistas”, se decía en mis tiempos sindicales y hoy sigue siendo una gran verdad. Gran parte de la política social de este gobierno (salario mínimo, reforma laboral, pensiones, ingreso mínimo vital, etc.) queda oscurecida por los efectos de la inflación sobre los precios de la alimentación y de la energía. Las ayudas a los colectivos más afectados y las políticas de abaratamiento de la energía y de los combustibles, precisamente para luchar contra la inflación, se están planteando en un horizonte temporal muy limitado frente a las causas generales de estos desequilibrios sobrevenidos. La guerra en Ucrania será larga y los precios del gas, petróleo, materias primas y de los alimentos básicos en el mercado mundial no van a descender a corto plazo. 

Nos enfrentamos, además, a un escenario de ajustes fiscales porque, aunque se haya prorrogado la suspensión del Pacto de Estabilidad europeo en el próximo año 2023, las previsiones de control del déficit desde Bruselas, se van a acentuar. Los llamados países frugales y Alemania, enormemente sensible a la inflación, presionarán para una subida de los tipos de interés en el BCE y para una mayor reducción de los déficit público nacionales. No olvidemos que el Banco Central Europeo dejará de comprar nuestra deuda y los mercados están alarmados por el endeudamiento público producido durante la pandemia. La prima de riesgo asoma de nuevo y encarece nuestras emisiones. Finalmente, una progresiva reducción de los ritmos de crecimiento económico, aunque España lo esté liderando, reducen nuestros márgenes de gasto. 

En estas circunstancias sería extraordinario que nuestro país recuperara la cultura de los grandes acuerdos entre los agentes sociales que comenzaron con los Pactos de la Moncloa y fueron seguidos de sucesivos Acuerdos Nacionales a lo largo de las dos últimas décadas del pasado siglo. La España de hoy es, en parte, deudora del sentido común y de la capacidad de pacto que mostraron los agentes sociales aquellos años: desde la reconversión industrial de comienzos de los ochenta, hasta la modernización de nuestro aparato productivo en los primeros años 90 y la internacionalización de nuestras empresas al final del pasado siglo. 

Algo de ese espíritu constructivo ya está ocurriendo ahora, porque los salarios reales no han repercutido la inflación de estos últimos seis meses y porque la senda de los beneficios empresariales está siendo relativamente moderada. Pero no es suficiente y no está asegurado que no ocurra lo contrario el año que viene. Al elaborar los presupuestos de 2023 estos criterios de contención de la inflación deben extenderse a los funcionarios. También deberíamos ser capaces de incluir algunas medidas fiscales en el rendimiento de capitales, en sociedades y en otras figuras impositivas, aunque solo sea como símbolo de un esfuerzo colectivo del país y como compensación a los sacrificios que se demanda al conjunto de los trabajadores. Por supuesto, el pacto de rentas debería incluir también las ayudas a los sectores más vulnerables del país en lo que bien podríamos llamar políticas pre-distributivas hacia mercados básicos: vivienda, energía, movilidad, más las ayudas temporales a la supervivencia de la pobreza extrema. 

Soy consciente de las dificultades políticas que encierra este proyecto, pero también afirmo que no hay en el horizonte actual mayor ni mejor esperanza para nuestra política económica. Junto a los fondos del Next Generation, un pacto de rentas colocaría a España en la mejor disposición interna e internacional para afrontar los difíciles años económicos que vienen. Un pacto de rentas es, contra lo que piensa cierta izquierda testimonial, la política más progresista y la que evita mayores males para la población más necesitada, la de las bajas rentas y los nueve millones y medio de pensionistas, cuando la inflación nos ataca. 

Tomemos como buen ejemplo de buena política la reforma laboral pactada a finales de 2021. Pues bien, esa es la senda por la que deberíamos seguir. Por eso me extraña que la búsqueda de ese gran pacto que, además de los beneficios económicos y sociales descritos, daría al gobierno una centralidad social que necesita, se haya abandonado tan rápidamente. 

Es difícil desde luego, pero imposible si no se intenta. 

La idea sugerida por Macron en su discurso de clausura de la conferencia sobre el futuro de Europa en Estrasburgo, de crear una especie de estructura política paralela a la UE que agrupe a los países que están en fase de adhesión, puede parecer una de esas genialidades que se exhiben en un discurso, sin ninguna trascendencia, o por el contrario, puede tomarse muy en serio. Veamos.

La invasión rusa de Ucrania ha golpeado el tablero de la geopolítica internacional, eso es sabido, pero ha hecho temblar los cimientos de la UE. De la guerra, ojalá que pronto, saldrá una Ucrania Europea, cuyo único destino es la adhesión a la Unión Europea. Ucrania será Europea o no será. Aunque le demos el estatuto de país candidato, su proceso de ingreso será muy, muy largo. Decenios quizás, porque los estándares de la adhesión no podrán cumplirse antes y la Unión Europea no está en condiciones de reducir o incumplir sus propias exigencias de pertenencia. No es momento de cuestionar los valores que presiden nuestra Unión, especialmente mirando a nuestros problemas con algunos de nuestros Estados miembros en el Este y teniendo en cuenta las diferentes crisis que sufren las democracias.

Moldavia y Georgia están y estarán en el mismo proceso, aunque la carga simbólica de la bravura del pueblo ucraniano merezca especial tratamiento. Los Balcanes Occidentales están mirando a Europa desde hace años y también aquí sabemos que las condiciones de acceso tardarán en cumplirse, además de las dificultades políticas que ofrecen algunos de ellos: Bosnia, Kosovo y Serbia, especialmente.

Pero, a su vez, Europa no puede permanecer ajena al futuro de esos países porque se está jugando su vecindad y su influencia geopolítica. Si la UE no despliega su paraguas político allí, otros lo harán más pronto que tarde: China y Rusia, por ese orden o conjuntamente.

Todo el mundo se mueve después de la invasión rusa. Que se lo pregunten a finlandeses y suecos que, en pocos meses, han cambiado desde una neutralidad casi secular a su acelerada incorporación a la OTAN.

Pues bien, es evidente que Europa tiene que atender estás urgencias, estas llamadas angustiosas de tantos pueblos. Es evidente que no podemos permanecer impasibles ante la voluntad europeísta de un pueblo que lucha por ser Europa y por compartir nuestros valores y nuestro sistema democrático, como lo está haciendo el valiente pueblo ucraniano. Ellos pertenecen –solo por eso– a nuestra familia y a nuestra Unión. Pero, repito, eso no puede hacerse a costa de rebajar nuestras exigencias políticas, económicas y sociales de la integración en la UE. Tampoco podemos poner en riesgo el funcionamiento interno de nuestra Unión. Basta recordar las dificultades y las discordancias que surgieron a raíz de la integración masiva de los países del Este, después de la caída del muro, para que seamos muy prudentes con las futuras adhesiones. Si la gestión de una Europa a 27 es compleja, mucho más lo será la Europa a 35.

Por todo eso, no es descabellado, sino por el contrario, oportuno y sensato, pensar en una Comunidad Política Europea que integre a todos los países en proceso de adhesión y que manifiesten una auténtica vocación de pertenencia a este club y a estos valores. En palabras del propio Macron: “Esta nueva organización Europea permitiría a las naciones europeas democráticas adherirse a nuestro suelo de valores y encontrar un nuevo espacio de cooperación política, de seguridad, de cooperación en materia energética, de transporte, de inversiones, de infraestructuras, de circulación de personas, en particular de nuestros jóvenes”…Como él mismo terminó, ceremoniosamente su discurso, cabe decir que eso sería “reunificar nuestra Europa sobre su verdadera geografía, sobre la base de sus valores democráticos, con la voluntad de preservar la unidad de nuestro continente y conservar la fuerza y la ambición de nuestra integración”.

Esta especie de círculo concéntrico sobre la UE estaría también abierto a los países europeos con quienes mantenemos especiales relaciones estratégicas, económicas o simplemente vecinales, desde Noruega a Suiza y desde luego el Reino Unido.

Se trata de una arquitectura que debe dibujarse mucho más precisamente, pero ofrece además una solución a aquellos países que actualmente pertenecen a la UE, pero mantienen serias diferencias internas con el conjunto o quieren preservar su soberanía monetaria, sin incorporarse a la gobernanza unitaria de la UE del euro. La idea de un núcleo duro más federalista es la que permitiría a su vez atender muchas de las demandas que ha presentado la conferencia sobre el futuro de Europa, especialmente las que se refieren a las reformas de los tratados para eliminar la unanimidad en muchas decisiones, principalmente en política exterior, incorporar a la Comisión nuevas competencias comunitarias en materia de salud, educación y ciudadanía, además del derecho de iniciativa legislativa al Parlamento Europeo. En definitiva, lo que viene siendo un clamor desde hace varios años: “hacer una Europa más política, más central y más fuerte”, como dijo recientemente Antonio Tajani, antiguo presidente del Parlamento Europeo y diputado del PP europeo. La convocatoria de una Convención para abordar la reforma de los tratados, es otra de las grandes cuestiones sobre el futuro de la Unión. Pedida por el Parlamento Europeo y prometida por Macron en ese mismo discurso, dista mucho, todavía, de ser una realidad.

En cualquier caso, en mi opinión, la puesta en marcha de la Comunidad Política Europea, exigiría, a su vez, un proceso de acuerdos políticos tan serios y trascendentes que difícilmente podrían ser abordados al margen de una reforma de los tratados actuales.

Decía Feijóo hace unos días, que era cruel no bajar impuestos a la vista de la extraordinaria inflación de los últimos meses. Más allá del oportunismo propio de un líder de la oposición en tiempos difíciles y de la benevolencia con la que podamos juzgar a quien quiere hacerse notar en los primeros días de su nuevo liderazgo, sorprende la contundencia de su frase, e importa - y mucho- el tema elegido para confrontar con el Gobierno. 

Porque parece claro que esta será la razón que explique su negativa a aprobar el Decreto de medidas urgentes contra la crisis derivada de la guerra en Ucrania y el alza de los precios energéticos. A falta de conocer la propuesta concreta de su “rebaja de impuestos”, la idea misma, el fondo de esa alternativa fiscal, merece severas críticas. 

Para empezar, no merecemos un debate tan ramplón como el propuesto, en un tema tan complejo e importante. Todos los sistemas tributarios occidentales necesitan una  revisión profunda para adaptarse a las grandes transformaciones económicas derivadas de la globalización y de la digitalización. Entre otras cosas, para poder capturar múltiples rentas derivadas de esas transformaciones. En concreto, el sistema tributario español sigue basado en las importantes reformas introducidas en los primeros años ochenta y hoy padece ineficiencias e injusticias que solo serán posibles abordar mediante reformas basadas en la ciencia fiscal y adoptadas mediante amplios  consensos políticos. 

En segundo lugar, puestos a elegir algún impuesto sobre el que actuar urgente y puntualmente, el señor Feijóo podría haberse fijado en aquellos que muestran un preocupante descenso recaudatorio. Por ejemplo, Sociedades, Plataformas tecnológicas, Fortunas, etcétera o podría haber puesto el dedo en la llaga de la evasión fiscal a múltiples paraísos o en la sofisticada ingeniería fiscal de las empresas transnacionales. No es este un mensaje ideológico, como podría parecer. El FMI, el G20 y la OCDE, están alertando hace años sobre estos “agujeros fiscales” y hoy se están aplicando tributaciones fiscales mínimas para evitar la elusión y se están discutiendo convenios multilaterales (BEPS) para combatir la erosión de las bases y el desplazamiento de los beneficios. 

Habría sido mucho más innovador - y justo-, que el PP hubiera reclamado avances en la coordinación internacional de todas estas iniciativas y si la urgencia reclamara extraordinarias medidas fiscales - y yo creo que así es-, podría haber planteado un impuesto especial a la riqueza o gravar las emisiones de dióxido de carbono, entre otras medidas fiscales a incorporar a nuestro sistema tributario. En definitiva, medidas dirigidas a evitar que sigan aumentando las pérdidas de ingresos tributarios derivadas  de la evasión y la elusión fiscal y que producen un creciente sentimiento de injusticia  fiscal y de alarma social en la ciudadanía. Como dice el propio Fondo Monetario  Internacional, “amplifican la desigualdad y las percepciones de injusticia. 

No es ni una ONG ni un partido revolucionario quien lo dice. Es el FMI: “el 1% de la población más rica, que tiene el 40% de la riqueza, evade el 25 % de sus ingresos usando estructuras en paraísos fiscales”. Por eso los mensajes de Kristalina Georgieva insisten en tres ideas rotundas:

No es conveniente bajar impuestos en tiempos de crisis e inflación, hay que evitar que los estados compitan entre sí para bajar impuestos y, dada la situación actual, hay que mantener el gasto social  necesario. 

Resulta muy decepcionante que el PP se aleje de estas tendencias internacionales, las desprecie - o peor, que las desconozca - y se límite a sugerir una “bajada de  impuestos” como panacea al sufrimiento de la gente por la subida de precios. Se supone que asumen una caída en la recaudación fiscal de un país con una alta deuda pública y con un déficit estructural, agravado en tiempos de crisis extraordinarias como las que vivimos (pandemia en el mundo y guerra en Europa). 

El PP sabe que España sufre una insuficiencia crónica grave de Ingresos Públicos en comparación con los países europeos y sabe también que España no puede reducir su gasto público, relativamente inferior al de los estados de bienestar de nuestros socios. Por eso cuesta mucho entender que se proponga reducir la recaudación de un país  que sistemática y reiteradamente recauda menos de lo que necesita. 

Lo verdaderamente cruel es olvidarse de esta evidencia y asumir que las políticas de atención social y protección a los que menos tienen sufran más restricciones en  tiempos de más necesidad. 

La Legislatura va a ser muy dura en su tramo final. La pandemia, la guerra, las consecuencias macroeconómicas... todo se ha puesto cuesta arriba. ¡Es la política, hermano! Todo es veloz. Nada es predecible. Todo está concatenado. Somos vulnerables.

La coalición resistirá porque tiene que hacerlo. La ruptura es el fracaso. El adelanto, casi también y no garantiza la victoria. Sin embargo, las divergencias reaparecen y probablemente serán más notables, más de fondo. El cambio en la posición española sobre el Sáhara es una muestra más de ese horizonte. A mí personalmente me ha parecido una decisión valiente y acertada, porque siempre creí que una autonomía profunda era una solución mucho más razonable y viable que la independencia de un país con menos de 200.000 habitantes, situado en una conflictiva región del mundo. Pero, reconozco que ese giro estratégico de nuestra posición tradicional exigía muchas conversaciones con muchos interlocutores y un consenso político que en este caso no se ha dado.

Que las cosas eran difíciles se veía ya antes de la guerra de Putin. Un horizonte de crecimiento económico y fondos generosos de inversión venidos de Europa, no garantizan paz social. En otros momentos históricos ya sufrimos estos episodios cuando la mejora económica sucedía a años de sacrificios y estrecheces. Así ocurrió en 1988 con la huelga general más masiva de nuestra historia. En 1993 y en el 2011, con el 15-M ocurrió algo parecido. A comienzos de 2022, a la salida de la pandemia, muchos sectores luchaban por sobrevivir, debilitados por dos años durísimos de pandemia. La inflación y los precios de la electricidad se sumaron a reivindicaciones pendientes y generaron un marco de alarma social y conflictividad en los sectores primarios y de transporte. Todo ello inevitable ante el cumulo de circunstancias adversas.

La guerra tendrá consecuencias importantes en nuestras cuentas públicas, además de en nuestras vidas. Se reducirán los ingresos previstos (miedo a las inversión, contención del consumo y reducciones impositivas a la energía) y aumentarán los gastos para atender a la población más vulnerable, para subvencionar a sectores incapaces de competir y para asumir lo que viene en gasto militar.

La guerra además, nos plantea retos inéditos en múltiples planos: acogida e inserción social de miles de refugiados ucranianos, compromisos militares en el marco de nuestras alianzas OTAN y europeas, participación en la implementación de las sanciones a Rusia que pueden tener prolongación y extensión temporal indefinida, acuerdos en materia de la defensa europea, etcétera. Sin olvidar la cumbre de junio de la OTAN en Madrid, presentada en su día como un éxito de la política exterior española -y lo es- que compromete nuestra ejemplaridad como socio cualificado de la Alianza.

Esta realidad opera sobre un presupuesto cuyas previsiones no contemplaban la mayoría de estas circunstancias (no olvidemos que fue elaborado en el otoño de 2021) y sobre una deuda pública acumulada muy elevada (125 % del PIB).

Yo tengo confianza en que el gobierno sabrá sortear estas y otras dificultades. No tengo ninguna en que Podemos acompañe el rigor y la entereza que la Gobernación española exigirá a nuestros ministros. Por eso creo que deben pactar las divergencias y darse un juego político inteligente.

A finales de los años ochenta del siglo pasado -¡qué lejos queda ya!- protagonicé el primer gobierno de coalición de la democracia. Yo era vicelehendakari con el PNV de Ardanza como lehendakari y nuestra convivencia era tormentosa, aunque casi siempre de puertas para adentro. Había una convicción común en culminar con éxito la experiencia y había materias de alto valor político -el pacto de Ajuria Enea y la Unidad Democrática en la lucha contra el terrorismo- que mantenía la coalición a salvo de los muchos incidentes de aquella época. Nuestra regla de supervivencia siempre fue pactar las discrepancias y la forma de expresarlas y el factor que lo hizo posible fue un marco de confianza y lealtad que nos dimos los dos jefes de filas de ambos partidos en aquella época.

Si Podemos quiere mantener su “No a la guerra ” sin matices, si no quiere gasto militar porque no quiere la OTAN, si quiere defender una propuesta propia en materia fiscal, si  discrepa de la posición sobre el Sáhara, la regla debe ser trasladar al partido o a su grupo parlamentario la expresión de esas posiciones y solo excepcionalmente permitir que la portavoz de Podemos en el Gobierno (no sé si es la ministra de Trabajo o la de Asuntos Sociales), exprese la posición minoritaria cuando el Ejecutivo adopte decisiones en tales materias, previa aceptación expresa de la decisión mayoritaria. El otro consejo que, humildemente me permito dar, es que hay que elegir muy cuidadosamente los temas de discrepancia pactada. No pueden serlo todos, ni todos los días. Eso destruye la coalición.

No es una situación ideal pero mantiene la coalición. Es verdad que daña la imagen del Gobierno y ofrece a la oposición gruesa munición para el desgaste, pero no hay otra alternativa cuando el partido minoritario necesita reforzar su perfil electoral para no ser absorbido o diluido en la coalición. Es lo que pasa cuando la coalición es entre dos partidos que se disputan el mismo espectro ideológico y electoral. Son coaliciones más lógicas pero mucho más difíciles.

Esas divergencias pactadas tampoco deben incomodar al PSOE. Le ayudan a ubicarse en una zona más templada socialmente y sobre todo le permiten ejercer como el partido fiable para gobernar España con responsable equilibrio de sus múltiples intereses, de su enorme pluralidad y de conformidad con nuestros compromisos internacionales.

Han pasado ya varios años desde que el sistema de partidos en España cambió, especialmente en lo que se refiere al número de partidos y a la variedad de ofertas ideológicas y territoriales que se ofrecen al ciudadano. Después de la crisis 2008-2014, esto fue saludado como algo sano, necesario, enriquecedor, de un agotado bipartidismo. Algunos llegaron a proclamar la sustitución de los “viejos partidos” como una necesidad de regeneración democrática.

Me pregunto hasta qué punto teníamos razón en esa creencia. ¿Para qué ha servido el multipartidismo? Me parece legítima y conveniente esta reflexión, cuando nuevas propuestas políticas territoriales aparecen por doquier y en el contexto de un fenómeno de fragmentación política que es general en casi toda Europa.

Una de las consecuencias de esta elección respetable de los ciudadanos es la inestabilidad de los gobiernos, obligados a mayorías multipartidarias muy complejas (véanse los gobiernos del centro y norte de Europa) o a procesos de investidura dificilísimos (España). Es verdad que aumentan las ofertas electorales, pero eso no significa que se enriquezcan los proyectos políticos. Hace unos años se saludaba con alborozo que la suma del PSOE y el PP no representara más allá de un 50% de los diputados del Congreso. Me pregunto qué hemos ganado con esa disminución del bipartidismo y con una Cámara de 20 o 30 fuerzas políticas, decisorias en votaciones importantes. El mercadeo de votos con contraprestaciones locales es lesiva para la política española y me temo que estamos condenados a él por mucho tiempo.

Otra de las creencias que debiéramos examinar es la extensión de las primarias a la elección de nuestros líderes orgánicos. Lo que nació como una forma de ampliar y extender la democracia en la elección de nuestros cargos públicos está produciendo efectos contradictorios en el seno de la vida democrática interna de los partidos. Es muy difícil negar ese derecho conquistado por los militantes de un partido, pero el liderazgo obtenido con ese procedimiento debiera estar más limitado y controlado por los órganos representativos internos. El balance actual de este sistema es una pérdida de peso en los órganos deliberativos y de control en la mayoría de los partidos. Esto no es un cuestionamiento de los “aparatos” de los partidos. Estos son necesarios, sin duda, pero el edificio deliberativo de la democracia interna de los partidos debe restablecerse y fortalecerse. Es bueno para la democracia. También para el aparato. Incluso para el líder. Mi experiencia personal cuando lo era es que la incomodidad que producen los debates internos y las presiones de opinión de otros dirigentes y de otras sensibilidades era compensada con creces por el enriquecimiento político que producían y por el equilibrio interno que generaban.

También creíamos que la información era el basamento cultural del triunfo de las izquierdas. Esta fue una convicción histórica del socialismo. Ciudadanos informados, capaces de analizar los hechos y encontrar la razón de nuestra causa eran condiciones necesarias de la victoria. Recuérdese la apuesta republicana por la escuela como buen ejemplo de aquel ideal. Pues bien, en el siglo XXI hemos alcanzado el cenit de la información, la tecnología nos ha transportado a la cumbre del acceso a los datos y a la información. Es más, hemos empoderado a cada ciudadano con el derecho y los medios para ser titulares y protagonistas de la información y… el resultado lo conocemos.

Las redes son como las “chuches” de los niños, escuché decir a Luis Landero. En la misma línea leí hace unos días a un psiquiatra americano decir que las redes son como el tabaco: adictivas y perjudiciales para la salud (Daniel Lieberman). Los efectos políticos de la sociedad de la información los conocemos. La izquierda gana electores en círculos universitarios pero los pierde en espacios sociales donde antes tenía el monopolio. Las democracias están atacadas por múltiples factores, pero uno de ellos es la banalización de la información y las fake news. Accedemos a millones de artículos, informes, vídeos, podcast, medios de comunicación instantáneos, golpeando nuestras limitadas capacidades para asimilarlos y acabamos alienados por opciones extremas, en una polarización cada vez más peligrosa. Nuestra sociedad es incapaz de debatir seriamente temas importantes. Incluso resulta difícil asumir verdades incuestionables y sus consecuencias (la película No mires arriba caricaturiza bien estas dificultades con la metáfora del cambio climático). Cada vez más, buscamos la información que nos confirma en nuestras posiciones y rechazamos la que contradice nuestras ideas, extremando el terreno ideológico, lo que también condiciona y presiona a los medios a convertirse en altavoces de la polarización.

Multipartidismo, primarias y redes sociales no son cuestionables. Lo que debe ser revisado son las consecuencias de nuestras creencias equivocadas sobre ellas. Lo que procede es extraer las consecuencias políticas de los resultados producidos en estos tres importantes campos de nuestra vida política y social para corregir esos efectos y ponerlos al servicio de una convivencia mejor y de una democracia enriquecida.

Al iniciarse la presidencia francesa de la Unión Europea, en el mismo semestre en el que se elegirá el próximo o la próxima presidente/a de la República, vuelve a nosotros ese país tan próximo y tan desconocido a veces, con toda la intensidad de sus apasionantes retos. Muchos de ellos nos conciernen como europeos y otros como demócratas, sometidos por ello a los mismos embates populistas y nacionalistas que asaltan nuestra cultura democrática . 

Nacionalista fue la reacción política al simbólico acto de colocar la bandera europea (en exclusiva), bajo el Arco del Triunfo con motivo de la inauguración de la presidencia francesa. Es verdad que Macron se enfrenta a líderes ultranacionalistas en las presidenciales francesas y es inevitable que estos aprovechen cualquier acto del presidente para desgastarlo. Pero el volumen y la intensidad de las reacciones al gesto expresan ese nacionalismo estatal y en el fondo antieuropeo que late en la extrema derecha de toda Europa. Desde Budapest hasta Milán, desde Varsovia a París o a Madrid. 

Macron ya tuvo otro gesto de valentía europeísta en la noche electoral de la segunda vuelta, el día de su victoria sobre Le Pen en 2017, cuando subió al formidable escenario del Louvre, decorado con las banderas de Europa y a los sones del himno europeo. Fue una imagen emocionante, llena de fuerza simbólica, después de una campaña electoral en la que su rival reivindicaba un referéndum para abandonar el euro, prometía cerrar fronteras a la inmigración y una ley de protección al consumo francés. Su victoria por ello estuvo preñada de un europeísmo militante y quiso simbolizarlo de aquella valiente manera. 

Ahora, al inaugurar el semestre de la Presidencia francesa de la Unión, ha repetido su gesto, esta vez en pleno Arco del Triunfo, emblema de Francia y honra a sus caídos, lo que le ha valido ser acusado de “traición y ultraje a los valores franceses”. Lo triste es que al escándalo del ultranacionalismo francés se haya sumado Melenchon, el líder de Francia Insumisa, que con su retórica oposición a los tratados europeos, proyecta un confuso antieuropeísmo. 

La guerra de símbolos entre Nación y Europa no es exclusiva de Francia, aunque en París (todo lo que ocurre en Francia sucede en París), adquiere un nivel más espectacular e internacional. Estuvo también presente, hasta la exageración, en el debate del Brexit, en el Reino Unido, cuando la narrativa nacionalista británica despreciaba la europea. Yo lo he visto en el propio Parlamento Europeo, cuando una orquesta interpretaba el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía en la solemne inauguración de la legislatura y todos los diputados elegidos en muy diferentes Estados, por partidos antieuropeos o euroescépticos, daban la espalda al centro del hemiciclo, como expresión de su rechazo a ese simbólico himno. 

Desgraciadamente, no es solo gestual ese rechazo. En Varsovia y en Rumanía sus tribunales constitucionales se niegan a reconocer la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional. En Karlsruhe, sede del Tribunal Constitucional alemán, se han dictado sentencias parecidas a propósito de los préstamos europeos en la crisis de 2008- 2012, señalando que Alemania no podía comprometer ayudas financieras a otros estados sin permiso del Bundestag. En Roma se cansaron de culpar a Bruselas de todos los daños económicos de Italia. En Budapest se ha hecho rutina el discurso autoritario, nacionalista y antieuropeo. 

En el fondo, lo que esconden estas disputas simbólicas y estas narrativas nacionalistas es la negación de la democracia europea, encerrando esta, es decir, las reglas que ordenan nuestra convivencia política, al espacio nacional, como si fuera de él resultara imposible encontrar los requisitos prepolíticos de la democracia. Como si el Estado de Derecho solo fuera posible en la nación, donde el interés público, la comunidad cultural, la identidad nacional, la historia, etcétera, hacen posible el juego democrático y por tanto como si en Europa nada de todo esto existiera. Negando así la comunidad europea, el espacio público europeo, las elecciones y las instituciones europeas, la Europa misma.

Hace unos años participé en un debate en la Universidad de París con Sami Nair y el antiguo ministro francés de defensa Chevenement. Hablábamos de terrorismo y cuando reivindiqué una policía europea capaz de concentrar, ordenar y analizar la información antiterrorista de toda la Unión, me sorprendió la encendida defensa de la soberanía policial francesa que hizo el exministro, aludiendo a que la democracia de la República no permitía cuestionar la soberanía nacional en funciones esenciales del Estado. 

Es un razonamiento a veces oculto, a veces muy explícito, que ataca los fundamentos de la construcción europea. Porque 60 años después de que los padres fundadores construyeran esa “unión en la diversidad”, esa formidable arquitectura para superar siglos de guerras, vecindades enfrentadas, odios nacionales, memorias encontradas, historias bélicas amañadas, tantos y tantos relatos de unos contra otros, las bases de aquel proyecto han sido puestas en cuestión por esos mismos sentimientos que pretendían superar. 

En una tribuna que publicó en la víspera electoral de mayo de 2019, Macron decía “el repliegue nacionalista no tiene propuestas; es un NO sin proyecto”. “Los nacionalistas se equivocan cuando pretenden defender nuestra identidad apelando a la salida de Europa, porque es la civilización europea la que nos une, nos libera y nos protege” 

Volvamos al principio. La presidencia francesa del Consejo Europeo es muy importante. Solo Francia puede dar impulsos a la “autonomía estratégica europea”, concepto fundamental en los tiempos de competencia global y dependencias tecnológicas como los que vivimos. Solo Francia puede dar un fuerte impulso a la Europa de la defensa, en tiempos de amenazas múltiples a la seguridad europea. Nadie mejor que Francia para proceder a una delicada y equilibrada revisión del Pacto de Estabilidad. Solo Francia es capaz de construir los consensos que Europa necesita en tantas cosas importantes 

Por eso, creo que España tiene que sumarse a los ejes vertebradores del futuro europeo con París, Berlín y Roma lo antes posible y por eso también nos envolvemos en la bandera europea de Macron, en sus elecciones presidenciales, a la vista de que la izquierda francesa está destrozada y que los rivales de derecha y de ultraderecha viven de sus odios miserables a los otros y esconden, en sus guerras de símbolos, un nacionalismo anacrónico y reaccionario para el futuro de Europa y para nuestras vidas.

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), una de las principales innovaciones del Tratado de Lisboa, fue creada para incrementar el debate y la participación ciudadana en la vida democrática de la Unión. Siete años después de su entrada en vigor en 2012, la evaluación de esta importante herramienta política es decepcionante pese a la ilusión que desató la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas, un millón en concreto pertenecientes a siete países como mínimo, pudieran pedir a la Comisión Europea que presentase propuestas legislativas en cualquier campo donde tiene competencias para proponer legislación (por ejemplo, medio ambiente, agricultura, transportes, salud pública energía, transporte o comercio, ...).

Desde su entrada en vigor, se han reunido nueve millones de declaraciones de apoyo de ciudadanos de toda la Unión Europea entre las más de setenta iniciativas que se han dirigido a la Comisión Europea. Sin embargo, las dificultades ligadas a los procedimientos existentes han provocado que sólo hayan prosperado cuatro iniciativas: “Right2Water” (perseguía una legislación que consagre el derecho humano al agua y fomente el suministro de agua y saneamiento como servicio público esencial), “Uno de nosotros” (abogaba por poner fin a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, en particular en los ámbitos de la investigación, la ayuda al desarrollo y la salud pública), “Stop Vivisection” (urgía a la Comisión a derogar la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos y presentar una nueva propuesta que ponga fin a la experimentación con animales) y “Prohibición del Glifosato” (pedía la prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos).

Tan escasos resultados generaron un amplio debate sobre la eficacia de la norma. Por ello, el Parlamento Europeo junto con las organizaciones de la sociedad civil y los organizadores de ICE han solicitado reiteradamente que se revisase el Reglamento que regula la ICE. Finalmente, y con objeto de subsanar las deficiencias observadas en los últimos años y lograr que la ICE sea más accesible y más fácil de utilizar para quienes la organicen o apoyen, la Comisión presentó en septiembre de 2017 una propuesta de revisión.

El pasado mes de diciembre finalizaron las negociaciones interinstitucionales entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo que acordaron mejoras destinadas a facilitar la utilización de este instrumento, ampliar la participación y reforzar el impacto de las iniciativas que prosperan. En definitiva, acercar Europa a la ciudadanía.

Esta semana el Parlamento ha ratificado en Estrasburgo, por una amplia mayoría, estas reformas. Entre ellas figuran:

1. La mejora de la información que se facilita y la asistencia que se presta a los organizadores, en particular estableciendo puntos de contacto en los Estados miembros y creando una plataforma colaborativa en línea que proporcione asesoramiento práctico y jurídico.

2. La traducción de las iniciativas registradas y de sus anexos a todas las lenguas de la UE, el registro parcial de las iniciativas en los casos en que solo una parte o partes de ella cumplan los requisitos, con el fin de garantizar el registro del mayor número de iniciativas posibles y una mayor flexibilidad para que los organizadores elijan la fecha de inicio del plazo de doce meses para la recogida de firmas en los seis meses siguientes al registro de la iniciativa.

3. La posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de la UE respalden una iniciativa independientemente del país en el que residan y la ampliación de la fase de examen y la organización de audiencias públicas más inclusivas para las iniciativas que prosperen. En concreto, el Parlamento ha modificado su Reglamento interno para acoger en su seno un debate sobre una iniciativa ciudadana publicada en el registro correspondiente durante un período parcial de sesiones posterior a la audiencia pública.

4. La creación de un sistema en línea para la recogida de firmas, al que se podrá acceder de forma gratuita a más tardar el 1 de enero de 2020 y la eliminación progresiva de los sistemas individuales de recogida a partir de 2022 para garantizar una mejor protección de los datos personales.

5. Luz verde para que los Estados miembros de la Unión puedan fijar la edad mínima de los firmantes en dieciséis años si lo desean.

A las puertas de las próximas elecciones europeas del 26 de mayo, que como se sabe, serán elecciones decisivas para el proyecto político europeo por el ascenso de los nacionalismos y los populismos en toda la Unión, estas reformas contribuirán sin duda a que haya más iniciativas y mejor participación ciudadana y, por ende, a fortalecer la legitimidad democrática de la Unión y reforzar la percepción de los ciudadanos de los efectos positivos que conlleva la pertenencia de sus países a la Unión.

El Gobierno del PP aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Entre otras cosas, esta ley regula, en su Sección 2. ª –«Movilidad internacional»– “determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España”. Una medida dirigida a “inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido”.

Dichos visados y autorizaciones de residencia son las llamadas 'golden visa' (visados de oro), término que se utiliza para denominar aquellas políticas específicas desarrolladas por países que buscan atraer a personas ricas, nacionales de terceros países, para que se conviertan en residentes o ciudadanos.

Tales políticas comenzaron a hacerse habituales en varios países de la UE que buscaban atraer inversión extranjera tratando de paliar los duros efectos de la crisis económica y financiera, a los cuales, como decíamos, no fue ajena España. Así, en la actualidad 13 Estados miembros de la UE aplican normas por las que se intercambian ciudadanía o derechos de residencia a cambio de inversiones.

De los varios supuestos que contempla la norma española para conceder una 'golden visa' destaca el de aquellos solicitantes que realicen una “adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante”.

Los expertos han dejado claro que las Visas Oro son una puerta abierta a la evasión fiscal y al lavado de dinero negro. En muy pocos años los países europeos han concedido más de 100.000 permisos de residencia y se han concedido más de 6.000 pasaportes. A veces, son personas ligadas a negocios oscuros, incluso al crimen.

En la actualidad, cuatro Estados miembro (Austria, Bulgaria, Chipre y Malta) venden este tipo de visados y otros 13, entre los que se encuentra España, aplican normas por las que se intercambian ciudadanía y derechos de residencia a cambio de inversiones.

No hay estudios que permitan acreditar que las inversiones que autorizan el visado sirvan para nada bueno. No se conoce la cantidad de dinero que han movido las 'golden visa' pero, probablemente, buena parte de él busque su lavado y ser evadido al fisco de los países de origen.

España ha concedido hasta la fecha 24.755 'golden visa', tanto a inversionistas como a sus familiares. El reparto por nacionalidad lo dice todo:

Los principales destinos de las inversiones también son indicativos: Madrid, Barcelona y la Costa del Sol (Marbella es el destino preferido de los rusos).

La UE está altamente preocupada y seriamente decidida a prohibir estas prácticas porque representan serios riesgos de lavado de dinero negro y evasión fiscal, además de la conexión, que en algunos casos se pueden dar, con el crimen organizado. No olvidemos que la Visa nacional de un país europeo permite a esas personas moverse por toda Europa con plena libertad, de manera que las quejas de aquellos países que no tienen estos esquemas son constantes y reiteradas, por el hecho de que otros “venden” residencia europea al conceder ciudadanía nacional a cambio de dinero o inversión.

El Gobierno de España debería estudiar esta situación y derogar esta norma. No nos trae nada bueno y encarece el precio de las viviendas en nuestras ciudades. Además ofende a la moral cívica de un país que niega la residencia a tantos y se la concede a tan pocos… Solo por ser ricos.

Al pensar en la complejidad de la cadena de producción por la que pasa cada prenda hasta llegar a los escaparates, parece difícil creer que hoy compremos un 60% más de artículos que hace tan sólo 15 años. Este aumento del consumo tan solo puede explicarse por un descenso vertiginoso de los precios de las prendas, pero ¿son esos sus precios reales? y, si no lo son ¿quién está pagando el precio real de la ropa con que nos vestimos?

Hoy conmemoramos el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza, en la que hace cinco años murieron 1134 personas en el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh. En la fábrica se producían prendas que serían más tarde vendidas por marcas internacionales en todo el mundo; entre ellas el Corte Inglés, Mango, o Inditex. El desastre supuso para muchos un despertar: sólo ajustando cada céntimo se consiguen los precios -y los beneficios- de una industria como la de la “fast fashion”; y ajustar cada céntimo es un eufemismo que enmascara más horas extra, aguantar unos meses más antes de cambiar una escalera de incendios oxidada, o ahorrar unos días en las jornadas de formación sobre el trabajo con productos químicos peligrosos.

En efecto, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta tras la del petróleo y  la que mayor número de niños trabajadores explota. ¿Son todas las empresas de la industria textil culpables de ello? Evidentemente no, pero datos agregados tan escalofriantes no pueden esconder sino verdades incómodas. Y es la responsabilidad de los poderes públicos atajar un problema de cuya solución depende la vida de millones de personas y la confianza de los consumidores europeos que quieren poder comprar artículos con la tranquilidad de que ninguno de ellos ha sido cosido con trabajo esclavo o pagado con sangre.

El año pasado el Parlamento Europeo dio un paso adelante decisivo con la aprobación de una Resolución sobre el sector de la confección (2016/2140(INI)) en que pedía a la Comisión Europea una propuesta legislativa. El Parlamento expresó una posición clara: las iniciativas de empresas que, voluntariamente, deciden actuar de forma más responsable son loables, pero insuficientes. Deben ser complementadas con una iniciativa legislativa que exija a las empresas procedimientos de obligado cumplimiento y que tenga capacidad de establecer   responsabilidades para las que no los respeten en una justicia extraterritorial. La comunidad internacional está negociando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra la elaboración de una Norma internacional obligatoria que asegure el cumplimiento de los derechos humanos a través de su protección, su respeto y su reparación en todo el mundo. Esa es también nuestra exigencia.

Ha pasado un año y la Comisión no ha avanzado aún hacia la elaboración de esta legislación, pero muchos eurodiputados seguimos insistiendo en la urgencia de ello. No podemos seguir de brazos cruzados lamentándonos de que “estas sean las reglas del juego en el mundo globalizado”. La globalización es un hecho y es nuestra responsabilidad adaptar la legislación europea e internacional a este nuevo contexto. Es un derecho para los consumidores, que merecen que nadie les haga cómplices de estos hechos; para las pequeñas empresas que quieren reglas claras y una justa competencia para todos; y, sobre todo, para las víctimas, porque otro Rana Plaza no debe repetirse. Porque entre todos tenemos que evitar la explotación y la esclavitud laboral y la vulneración de las normas internaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos humanos.

Los últimos meses han traído consigo más de una parada brusca para la política comercial europea. A lo largo de 2016 hemos presenciado la congelación del TTIP y, más recientemente las polémicas sobre el CETA (los dos tratados comerciales con EEUU y Canadá, respectivamente). Con el trasfondo de la salida de Gran Bretaña de la UE y la elección de Donald Trump a la Casa Blanca, desde luego el cuadro no resulta reconfortante. Frente a los desafíos globales, con frecuencia Europa ha parecido replegarse sobre sí misma y dejarse tentar por la vuelta a los proteccionismos nacionales. Y sin embargo, precisamente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa Europa está mejor pertrechada que nunca para hacer frente a esos desafíos, porque ve reforzada su capacidad negociadora.

País por país, no somos nada. En cambio, todos juntos somos la comunidad supranacional más acabada del mundo y la primera economía en términos de PIB, con un mercado de más de quinientos millones de habitantes y un enorme potencial inversor, innovador y generador de riqueza. Seguimos siendo una potencia política y económica, aunque parece que últimamente se nos olvida.

En este escenario hay al menos una buena noticia que destacar: tras un paréntesis de cuatro años se han retomado las negociaciones entre la UE y Mercosur. Mercosur es el mercado común de América Latina e incluye entre sus propios miembros a los mayores países de ese continente, empezando por Argentina, Brasil y Uruguay. En el mes de octubre las delegaciones europea y sudamericana han recuperado oficialmente el diálogo por primera vez desde octubre de 2012. Son muchos los temas que están sobre la mesa, desde la reducción de cargas administrativas para las empresas, a la normativa sobre contratos públicos, pasando por el capítulo del desarrollo sostenible. Lo que caracteriza a un buen acuerdo comercial, en efecto, son los retornos positivos que puede traer no sólo a las empresas de los países que son parte –empezando por las PYMES– sino también para los trabajadores y consumidores.

Más allá de los aspectos aún por afinar, que son muchos, no podemos por menos de saludar con satisfacción la recuperación del diálogo entre la UE y Mercosur, lo cual demuestra que si hay una voluntad política firme el acuerdo siempre es posible. La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en marzo de este 2017 en Buenos Aires. Un acuerdo equilibrado y ambicioso entre las dos zonas constituiría una excelente oportunidad de crecimiento en ambas orillas del Atlántico.

Los países de América Latina en su conjunto se cuentan entre los socios más importantes para Europa a nivel global. Esto vale especialmente para Italia, España y Portugal, y no sólo por raíces históricas comunes y por las profundas conexiones culturales que unen a estos pueblos. Nos vinculan al gran subcontinente latinoamericano también consideraciones de naturaleza económica. Las empresas europeas están entre los principales inversores en la región. En 2013 (último año con cifras consolidadas), la UE exportó a América Latina bienes y servicios por valor de 56.956 millones de euros, mientras que el valor de sus importaciones alcanzó los 47.112 millones de euros.

Más concretamente, Mercosur constituye el décimo mayor mercado exportador para los bienes europeos. Pensemos en Italia: los países de Mercosur representan un peso importante en nuestra balanza comercial extracomunitaria. El mercado extracomunitario es importante, ya que en los primeros once meses de 2016 ha visto subir el saldo comercial de las exportaciones italianas a 34,2 billones de euros, marcando un signo positivo con respecto al año anterior.

Por lo que respecta a España, entre 2004 y 2014 las exportaciones españolas a América Latina crecieron un 235%, y la inversión directa acumulada en la región en 2014 alcanzó los 130.571 millones de euros. Si consideramos sólo la zona Mercosur, veremos que el 30% de las exportaciones españolas tienen por destino alguno de sus países miembros, y que en 2015 esos intercambios se tradujeron en 5.000 millones de euros de beneficio para la economía española.

Aunque Portugal es un país de menor escala que España y Italia, hay que tener en cuenta sus vínculos históricos, culturales y incluso lingüísticos con la mayor economía de América Latina, Brasil, la cual representa más de dos tercios de toda la populación de Mercosur y el 80% del conjunto de hablantes de portugués en el mundo. Por lo tanto, Portugal se encuentra en una posición privilegiada para actuar como enlace y interlocutor con el sector empresarial y industrial en Brasil, país con el que tiene una larga y fructífera historia de cooperación en diversas áreas. Por otra parte, si bien América Latina representa hoy el 10% del total de las exportaciones portuguesas extracomunitarias, este porcentaje podrá aumentar sustancialmente si se alcanza un acuerdo con Mercosur.

Con la llegada de Donald Trump y el retorno a la escena global de los instintos proteccionistas, la importancia de la reapertura del diálogo con Mercosur es aún mayor y puede llegar a adquirir más valor político, al contribuir a desbloquear los otros frentes en los cuales se ha empantanado la política comercial comunitaria.

Basta echar un vistazo a la historia para constatar que el proteccionismo y el repliegue en las fronteras nacionales acaba en guerras comerciales, en el mejor de los casos. Por el contrario, el comercio internacional trae prosperidad a los pueblos, sobre todo si está bien regulado. La prueba de ello es que en los últimos 30 años la desigualdad se ha reducido a nivel mundial, beneficiando sobre todo las regiones más pobres del mundo. Millones de personas han salido de la miseria extrema en África y Asia, y a día de hoy la mayoría de los países latinoamericanos son considerados de renta media. Estamos muy lejos de vivir en un mundo igualitario, pero está claro que el aislamiento no es el camino para alcanzarlo.

Una izquierda moderna debe ser capaz de impulsar las regulaciones necesarias para que el comercio internacional dé sus mejores frutos al tiempo que se liman los aspectos más problemáticos.

Sobre la base de esa agenda progresista para el mundo, la izquierda europea debe además aprovechar este momento de cambio para reubicarse ante América Latina: donde otros muestran unilateralismo, desprecio y agresividad, nosotros debemos mostrar respeto y voluntad de diálogo multilateral. Mercosur es la puerta que resituará a Europa en el centro del tablero económico y político de América Latina.

Hemos cruzado el ecuador de la actual legislatura en el Parlamento Europeo. Después de dos años y medios combatiendo los efectos devastadores de la austeridad y defendiendo medidas para reforzar el pilar social de la Unión Europea –y ahora que ha cambiado el panorama institucional con las tres sedes comunitarias copadas por los populares– es el momento de trazar una nueva estrategia política que nos permita a los socialdemócratas consolidar nuestro proyecto y valores.

Los recortes de las políticas conservadoras y la falta de soluciones a los problemas de la gente está llenando las urnas de votos populistas, xenófobos y antieuropeos. Para cuando se demuestre la falacia de las recetas que proponen estas fuerzas extremas, es probable que ya no quede tiempo. Esta realidad, unida a problemas inéditos como la salida de Reino Unido de la UE, nos obliga a reaccionar.

Los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo somos importantes para el futuro de la UE. Conscientes de este rol y de la responsabilidad que acarrea, desde la delegación española hemos propuesto a nuestros compañeros del Grupo Socialdemócrata y del Partido Socialista Europeo que de aquí a lo que resta de legislatura establezcamos unas prioridades claras y trabajemos en la misma dirección para defenderlas ante la Comisión y el Consejo.

Nuestra urgencia es serles útiles a los ciudadanos, que demandan un pilar social sólido sobre el que sustentar el estado de bienestar y los valores que hasta ahora habían sido marca Europa.

Para impulsar este pilar, defendemos un marco europeo vinculante de salarios mínimos en el entorno del 60% del salario medio de cada Estado, así como un Programa de Garantía de Empleo para los jóvenes y de apoyo a personas desempleadas de larga duración, que pueda desarrollar más adelante un Régimen Europeo de Seguro de Desempleo.

En materia económica, tenemos que aceptar que la Unión Europea no ha gestionado bien la crisis de la zona euro, que han faltado instrumentos de gobernanza económica de la moneda común y que la austeridad ha estancado el crecimiento, deteriorando las condiciones de vida de la población.

A partir de este reconocimiento, proponemos de manera urgente revisar en profundidad la estructura presupuestaria y reformar el sistema de recursos propios de la UE, porque el establecimiento de impuestos europeos sería el camino adecuado y justo para financiar el presupuesto de la UE, sustituyendo gradualmente las contribuciones actuales por recursos auténticamente europeos.

Estamos convencidos de que la puesta en marcha definitiva del Impuesto de Transacciones Financieras entre los diez países firmantes del acuerdo será determinante para crear una Hacienda y un Tesoros europeo. También ponemos sobre la mesa la creación de un impuesto de Sociedades Europeos y  los derechos de depósito del BCE.

Necesitamos reforzar la política económica expansiva a través de una mayor dotación del Fondo Europeo de las Inversiones Estratégicas, conocido como Plan Juncker, impulsando la inversión pública en áreas estratégicas e incentivando el consumo a través de la mejora salarial.

Los socialistas hemos cogido la bandera de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal en la Unión Europea y seguiremos abanderando esta lucha en los próximos años, trabajando para la creación de una agenda internacional de combate a los paraísos fiscales.

Los efectos de la austeridad y de las políticas de derechas han profundizado aún más la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres, provocando un retroceso intolerable en materia laboral, salarial, de derechos y libertades. Daremos la batalla para que el Consejo, de mayoría conservadora, desbloquee la directiva de igualdad de trato, porque necesitamos compromisos vinculantes para garantizar que se cumplen los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Pero, sin duda, donde más empeño tenemos que poner para reestablecer el honor y la credibilidad de la Unión es en la gestión y el trato que han recibido los refugiados y los demandantes de asilo. Los Tratados están escritos, los compromisos adoptados pero todo ha quedado en papel mojado y miles de personas siguen vagando y muriendo en tierra europea.

Podremos superar muchos de los obstáculos que tenemos en el camino, pero la UE no sobrevivirá si no ofrece una respuesta a esta emergencia humanitaria. No tenemos ni un minuto que perder, porque ya vamos muy tarde, en la apertura de corredores y visas humanitarias, en la reubicación de los refugiados, en el desarrollo de programas de cooperación y acuerdos bilaterales con los países de origen, al tiempo que ponemos en marcha una Estrategia Europea por la Multiculturalidad y la Gestión de la Diversidad.

Esto es lo más urgente, pero no son las únicas urgencias. Una Unión energética que considere a la energía como un bien social, que garantice su acceso a toda la ciudadanía y combata la pobreza energética es un objetivo fundamental para los socialistas, del mismo modo que incluimos en nuestra agenda de prioridades convertir a la UE en líder de energías limpias, en desarrollo  I+D+i o agricultura y pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

Los socialistas españoles estamos convencidos de que los europeos necesitamos a Europa, pero una más eficiente, más justa y progresista. Nuestro compromiso con esa Europa mejor está hoy más vivo que nunca.