La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 supone un cambio de modelo y una oportunidad política para España, en concreto para la ciudadanía y, sobre todo, para la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.

Después de un año de interinidad, la nueva legislatura tiene ante sí una gran oportunidad: poner en marcha una Agenda que plantea propuestas y metas concretas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, y a favor de la sostenibilidad en España. Además incorpora de manera prioritaria los derechos de la infancia. En un escenario político con una nueva correlación de fuerzas, la Agenda 2030 representa una hoja de ruta oportuna y justa para promover acuerdos entre los diferentes grupos políticos, pues se cimienta sobre dos pilares que deberían traer consenso: la sostenibilidad y la equidad.

¿Por qué la Agenda 2030 representa una oportunidad para las personas?

La alianza promueve la necesaria aplicación de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales y aborden los problemas de mayor urgencia social, con una inversión que priorice a los colectivos más vulnerables.

Solo un ejemplo: la Agenda pone de manifiesto la necesidad de incrementar la inversión pública en protección social, con medidas redistributivas y un claro enfoque de equidad. Entre 2009 y 2014, en España la inversión destinada a la protección social de las familias y niños se redujo en 2.700 millones de euros. Esto se tradujo en que el gasto público en protección social destinado a las familias y niños fue del 0,6% (PIB, 2014), mientras la media de la Unión Europea se situaba en el 1,7%.

Esto no hace más que incrementar la necesidad de una apuesta por la inversión, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país son los niños y las niñas los más castigados por la pobreza. De acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi tres millones de niños (el 34,3%), esto es, uno de cada tres, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Indudablemente, esta cifra evidencia las debilidades estructurales de nuestro sistema de protección y es tan solo un ejemplo de los problemas que atajaríamos al hacer realidad la alianza.

Pese a ello, más de un año después de la aprobación de la Agenda por parte del Gobierno de España, comprobamos que éste no ha adoptado medidas concretas para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas. Además, ni ha definido un mecanismo de coordinación y liderazgo político, ni ha iniciado ninguna ronda de consultas oficiales con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico.

Durante gran parte de 2016, el Gobierno explicó que esta inactividad se debía a la interinidad del Ejecutivo. Sin embargo, ahora nos encontramos en otro escenario, con un Gobierno y un Parlamento constituido y en plenas funciones. Tenemos ante nosotros una oportunidad única y es fundamental que la aprovechemos. Este 2017 debe ser el año en que España adopte de forma efectiva y definitiva la Agenda 2030. En caso contrario, corremos el riesgo de cerrar una puerta de progreso y que la alianza no tenga los impactos previstos y necesarios en las personas, sus derechos y el planeta.

¿Cómo hacer realidad la Agenda 2030 en nuestro país? Lo fundamental: Compromiso político al más alto nivel

La Agenda 2030 requiere un enfoque y abordaje distinto del desarrollo sostenible por parte del Gobierno, basado en la universalidad. La Alianza de Desarrollo Sostenible no puede ser una tarea o competencia exclusiva de un único organismo o ministerio, sino que precisa de una implicación transversal e interdepartamental. Para garantizar la aplicación de la Agenda 2030, lo que ocurra a partir de ahora debe contar con el impulso de todas las administraciones afectadas –Ministerios y Comunidades Autónomas–, bajo el liderazgo político y coordinación de un organismo cercano a la Presidencia de Gobierno y controlado por las Cortes.

Hasta ahora la acción política sobre desarrollo sostenible se abordaba, en gran parte, desde la política exterior y el enfoque internacional y, sin lugar a dudas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) desempeñará una función fundamental en la aplicación de las metas de la alianza. No obstante, no sería conveniente que recayera sobre esta cartera todo el liderazgo político que requiere la misma. La aplicación de la Agenda 2030 va más allá del ámbito de actuación de la política exterior y depende del impulso activo y comprometido de todas las esferas del Gobierno.

En resumen, los ODS representan una nueva forma de concebir el diseño de las políticas públicas y el seguimiento de los PGE y, en definitiva, de entender el desarrollo. No podemos permitirnos un enfoque continuista y seguir haciendo las cosas como hasta ahora.

Resulta vital adoptar un cambio de rumbo que dé solución a los principales problemas de la ciudadanía y, en concreto, de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país.

Este 2017 demandemos a nuestro Gobierno y a las Cortes una acción política que dé solución a los problemas de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, apostando por un sistema educativo de calidad e inclusivo, y con la vista puesta en acometer una transición hacia un modelo energético sostenible. Si esto es así, podremos afirmar que la Agenda de Desarrollo Sostenible es una realidad en España.