Con su habitual tono de cronista oficial, Moreno Bonilla declaró, tras la negligencia que provocó la crisis de los cribados, que los problemas del SAS no eran de personal ni de dinero, sino más profundos. No le faltaba razón, el problema es el modelo del Partido Popular. Han empeorado todos los indicadores. Las listas de espera están en cifras escalofriantes, se ha maltratado al personal sanitario y a los pacientes. Todo ello tras dilapidar miles de millones de euros que vuelan a las cuentas de resultados de las multinacionales farmacéuticas y de las empresas de sanidad privada. Estas son las grandes beneficiarias del destrozo del Servicio Andaluz de Salud.

Mientras Moreno Bonilla promete, las empresas privadas facturan. Lo hacen con los “encargos” del SAS y con el aseguramiento privado, ese que sigue creciendo sin parar porque la ciudadanía necesita atención sanitaria y no puede esperar semanas una cita con su médico de familia o meses, incluso años, a que le vea un especialista. Un negocio redondo a costa de nuestra salud, pagado con nuestro dinero y atendido con nuestro personal, al que el PP ha abierto la puerta a trabajar en la sanidad privada mientras afirma que no contrata más profesionales “porque no los hay”.

Mientras Moreno Bonilla promete, otra vez con unas elecciones en puertas, el hospital de Cádiz, el de Málaga, o el materno infantil de Huelva, solo en el último concierto ha entregado 553 millones de euros a la sanidad privada, siendo las mayores beneficiarias HLA, Quirón, Vithas y Pascual. Él posa para la foto y pone la primera piedra, pero es la sanidad privada la que construye y amplía su red con nuestros recursos. Desde que llegó al gobierno, ha trasvasado 4600 millones de euros a la sanidad privada. Solo en este año, la inversión pública del SAS decrece en 244 millones, mientras que el presupuesto que irá a la privada contabiliza 705 millones.

Y todo ello con las listas de espera fuera de control.

Las consecuencias de no cuidar a la población ni al personal sanitario las estamos padeciendo a diario. La indignación que ha movilizado a sindicatos, mareas y asociaciones de pacientes marca con claridad el cambio de rumbo que toda la sociedad reclama y que las políticas de salud de la Junta necesitan.

Este pasado domingo lo vimos con claridad: profesionales sanitarios, desde médicos hasta celadores, desde enfermeras hasta personal administrativo, junto a cientos de colectivos y miles de personas, salieron a las calles de las 8 capitales andaluzas bajo el lema “Negocio en sanidad, más mortalidad” para manifestarse contra el deterioro constante que sufre la sanidad pública andaluza.

En definitiva, para reclamar algo tan básico como contar con una sanidad pública que cuide a las personas, que no mire la cartera y que garantice la atención en condiciones de igualdad. Porque la sanidad pública no es solo un servicio esencial: es una pieza clave del modelo de futuro que necesita Andalucía.

Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias

Estas movilizaciones suponen, además, una enmienda al intento de Juan Manuel Moreno Bonilla de expulsar del debate público la cuestión sanitaria, como si no fuera político garantizar cita rápida cuando tienes fiebre, diagnóstico a tiempo cuando hay riesgo grave en tu salud o intervención quirúrgica que no se cronifique en una espera desesperante.

Es imperativo un cambio de gobierno que rectifique esta deriva que, no lo olvidemos, cuesta vidas. El Servicio Andaluz de Salud no aguanta una tercera legislatura en esta situación.

“Hay que fortalecer el SAS” no es una frase vacía. Falta personal en todas las categorías y para contratarlo y retenerlo se precisan contratos más estables y mejor retribuidos. Este refuerzo permitiría acabar con miles de derivaciones y poner a pleno rendimiento los equipamientos sanitarios públicos. La sangría de derivaciones cuesta mucho más cara que mejorar las plantillas. Tenemos personal sanitario andaluz en todas las CCAA y en el extranjero, y una fuga incesante a la sanidad privada. Simplemente, no nos lo podemos permitir.

Tampoco es aceptable que sanitarios duerman en autocaravanas en los aparcamientos de los hospitales para cubrir contratos de corta duración en los municipios de gran afluencia turística. Para ese personal, el SAS debe incorporar un complemento a modo de “cheque vivienda” que les permita afrontar el sobrecoste de su alojamiento. No es de recibo que tengamos a miles de niños y niñas sin atención pediátrica en sus centros de salud y que la Junta mantenga una brecha salarial entre facultativos de hospitales y de Atención Primaria que en algunos casos supera el 20%. Es injustificable que las TCAE sigan con unas funciones de 1973 y se les niegue su categoría real, el C1. Es inaceptable que no haya matronas, técnicos de documentación o de anatomía patológica, personal administrativo… que lo formemos para que luego engrosen las listas del paro o se marchen a trabajar a otros sistemas. Y, definitivamente, es un insulto a nuestra inteligencia que se oculten los datos de listas de espera de pruebas diagnósticas mientras que trece CCAA los publican.

Ese apagón da la medida del riesgo cierto en el que se mantiene a la ciudadanía: sin diagnóstico no hay tratamiento, y sin tratamiento no hay recuperación. Así que es cierto. Los problemas son profundos y requieren decisiones políticas audaces. La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que coloque el bienestar de su población por encima del interés de cuatro empresas sanitarias.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras

Y esto se logra, por ejemplo, con un férreo control del gasto en medicamentos, aunque a alguna que otra farmaceútica le moleste. O asegurando el acceso a un hospital de titularidad y gestión íntegramente públicas. Y si para ello hace falta expropiar el uso de hospitales actualmente privados, debe hacerse, moleste a quien moleste.

Y también es posible que a algunas personas les moleste un gobierno que elimine la compatibilidad entre sanidad pública y privada para jefaturas de servicio y puestos de responsabilidad. Pero debe hacerse, porque no es lógico que quienes dirigen nuestra sanidad trabajen en la “competencia”.

En definitiva: solo con medidas certeras, firmes y valientes es posible construir una sanidad pública a la altura de Andalucía.

Solo así será posible garantizar atención sanitaria de calidad los 365 días del año en todos los rincones de nuestra comunidad o garantizar un tiempo de espera máximo de 48 horas para las citas con el médico o médica de cabecera.

La sanidad pública andaluza necesita un gobierno que trabaje solo para ella y que no le tiemble el pulso. Sin corrupción, sin contratos a dedo, sin dar a ganar una fortuna a las multinacionales por medicamentos que podrían adquirirse a mejores precios, sin puertas giratorias, y sin faltar al respeto a las víctimas de este destrozo. Y, por encima de todo, sin mentiras.

Porque los andaluces merecemos un gobierno que nos cuide, no que nos mienta. Un gobierno que cuente la verdad sobre lo que ocurrió con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que restaure el daño causado a las afectadas y que repare la memoria de las que ya no están y fueron víctimas de tan criminal negligencia. Se lo debemos.

Estamos a tiempo de revertir la situación y hay recursos para hacerlo. Vamos a ello. Por la sanidad pública. Por Andalucía.

Nuestra tierra es la mayor región exportadora de productos agrícolas y la tercera comunidad autónoma que más riqueza crea en el país. Y, sin embargo, la desigualdad social es el mayor problema que tenemos en Andalucía: sufrimos los peores datos en cuanto a niveles de pobreza, desempleo, precariedad laboral o exclusión de toda España. Esta contradicción define nuestro presente y condiciona gravemente nuestro futuro. 

Tenemos recursos naturales, capacidad productiva, talento y una posición estratégica privilegiada. Y todo este potencial convive con la codicia de quienes lo extraen y minimizan. La concentración de la riqueza y del poder en pocas manos conlleva profundos niveles de precariedad vital y falta de oportunidades para muchas familias andaluzas, especialmente para las clases trabajadoras.  

El proyecto de la derecha para Andalucía es tratarla como si fuera una mina. Extraer la riqueza, sacarla de aquí sin importar el daño al territorio y las personas que vivimos en él. Un modelo que no piensa en el mañana y que no protege lo común. Un modelo que amenaza nuestro ecosistema. 

Saquean nuestra agricultura, sobreexplotan la costa, especulan con los alimentos y con la vivienda. Alquileres cada vez más caros, una lista de la compra que no deja de subir, empleos inestables y mal pagados. Aún más, han encontrado una nueva veta para el negocio: privatizar los servicios públicos. 

O beneficiamos a la sanidad privada, o protegemos y fortalecemos la pública. O le ponemos alfombras rojas a los fondos especulativos para que se apoderen de nuestras viviendas y de nuestra agricultura, o usamos las herramientas públicas para defender a las empresas vecinas y a los pequeños y medianos agricultores. O fortalecemos la FP y la Universidad pública y gratuita o llenamos los bolsillos de quienes comercian con la formación cualificada de la juventud andaluza

Lo hemos visto en la reciente y no acabada crisis de los cribados, con retrasos, desorganización y falta de información clara a la ciudadanía. Ha sido el colofón de años de debilitamiento de la atención primaria y desvío de recursos hacia la sanidad privada. Cuando no se planifica, cuando no se refuerzan plantillas y cuando se gobierna a golpe de titular, son las familias andaluzas las que pagan en salud y en detrimento de sus ahorros.  

O beneficiamos a la sanidad privada, o protegemos y fortalecemos la pública. O le ponemos alfombras rojas a los fondos especulativos para que se apoderen de nuestras viviendas y de nuestra agricultura, o usamos las herramientas públicas para defender a las empresas vecinas y a los pequeños y medianos agricultores. O fortalecemos la FP y la Universidad pública y gratuita o llenamos los bolsillos de quienes comercian con la formación cualificada de la juventud andaluza. 

Frente a esto, hay quien pretende hacernos creer que no hay alternativa. Que las cosas son así y que no pueden cambiar. No es cierto. Los grandes problemas de nuestra tierra tienen solución.  

Hoy la riqueza de Andalucía está yendo a parar a manos de una minoría, y Moreno Bonilla obedece intereses ajenos y ha puesto la comunidad a su servicio. Nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro territorio y nuestra forma de vivir no soportarían un tercer mandato de la derecha

Hay que elegir entre gobernar para mejorar la vida de la gente o alimentar la codicia de unos pocos. No hablamos de utopías; hablamos de recuperar el control de nuestras vidas. De asegurar las herramientas con las que afrontar los retos del presente y del futuro. De poner las instituciones al servicio de la mayoría social. 

Los problemas de Andalucía no se resuelven solo ajustando números en un presupuesto. Se trata de tomar decisiones. De decidir a quién se protege y a quién se beneficia. En qué bando se está. En el de las familias trabajadoras o en el de los especuladores y rentistas. Se trata, en definitiva, de decisiones políticas perfectamente viables que requieren voluntad y valentía para enfrentarse a los poderosos. Y Andalucía necesita, más que nunca, un gobierno que esté dispuesto a hacerlo. 

Hoy la riqueza de Andalucía está yendo a parar a manos de una minoría, y Moreno Bonilla obedece intereses ajenos y ha puesto la comunidad a su servicio. Nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro territorio y nuestra forma de vivir no soportarían un tercer mandato de la derecha. Nada está escrito. En las próximas elecciones tenemos la oportunidad de dar un giro y construir el futuro de nuestra tierra. La coalición POR ANDALUCÍA la forman organizaciones políticas y personas que no se resignan: un proyecto abierto, plural y unitario, con voluntad de gobierno para proteger a las clases trabajadoras y ejercer más poder político desde Andalucía. No para resistir, sino para ganar. No para administrar derrotas, sino para abrir un nuevo tiempo de esperanza y de ilusión colectivas. Merece la pena.

En el paisaje digital contemporáneo, los nombres de Donald Trump, Elon Musk y la empresa Meta (anteriormente conocida como Facebook) se han convertido en sinónimos de una nueva forma de imperialismo, una que no se basa en las conquistas territoriales sino en el control de la información, en la modulación del discurso y el control oligopólico de la tecnología: una amenaza ya no velada, sino directa y explícita, a nuestra democracia, que empezó con las injerencias en el Brexit, continuó con golpes de Estado en Brasil, Bolivia y Venezuela y hoy anticipa una campaña de restauración ultraderechista en el propio seno de la UE.

La era de los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) y otras grandes tecnológicas de Silicon Valley plantean en este sentido un reto político y un cambio en el paradigma del poder, donde el imperialismo se ha digitalizado y el Príncipe de Maquiavelo actúa como empresario de sí mismo fuera de las estructuras democráticas del Estado nación. La capacidad de moldear la realidad social, política y económica a través de la tecnología concentrada en el complejo industrial-militar del Pentágono es el principal peligro que corren nuestros sistemas de representación. El mismo Biden lo ha reconocido en su último discurso. Mediante el control de la narrativa, la capacidad de definir lo verosímil, los marcos de comprensión y debate, y una suerte de privatización del espacio público digital, las plataformas de origen estadounidense redefinen las reglas del juego y deliberación democrática, despliegan un poder nada sutil que afecta a la política interna y el sistema internacional de Naciones Unidas, tal y como vemos en la guerra de Gaza donde operadores como Facebook o Twitter actúan como cómplices activos y necesarios del sionismo en la guerra de exterminio contra el pueblo palestino.

Los recientes movimientos de X y Meta, eliminando toda forma de control y regulación, incluso interna, del sesgo del algoritmo y la manipulación de informaciones e imágenes, representa una vuelta de tuerca a la lógica disruptiva de la comunicación de la era Trump o Fox News, marcada por el aceleracionismo y la producción de imágenes falseadas de la realidad sin los filtros tradicionales de los medios de comunicación. Este fenómeno no es nuevo, pero ahora se reivindica como legítima la conformación de un ecosistema informativo y un modelo de mediación social y política donde la verdad se disputa en un terreno de “hechos alternativos” y noticias falsas. Este cambio de escalada y visión de los principales actores de la comunicación-mundo tiene consecuencias no solo en la convivencia de culturas y corrientes de opinión, tal y como se está observando en Estados Unidos, sino que afecta sobremanera a la sostenibilidad de la información comprometida por la velocidad y a la viralidad del contenido digital y que además requiere ingentes recursos naturales que incidirán en el expolio de países como Argentina o Brasil que contienen recursos estratégicos para sostener la carrera sin futuro de la innovación tecnológica.

En el contexto de la presidencia de Donald Trump, la ecología de la comunicación va a experimentar cambios significativos, afectando la manera en que se gestionan los recursos naturales y cómo se aborda la transición digital en un escenario geopolítico internacional que trata, desde la Casa Blanca, de retornar al unilateralismo y los tambores de guerra. De algún modo el Pentágono y Silicon Valley nacen, viven y permanecerán alimentando la espiral de la barbarie y la muerte. El fenómeno de la infodemia, término acuñado para describir la sobrecarga de información, especialmente la falsa o engañosa, ha sido un rasgo distintivo de lo que algunos denominan tecnofeudalismo y en cierto modo es verdad, pues como explica Naomi Klein, la doctrina del shock y la aplicación de las medidas de acumulación por desposesión del capitalismo financiero que acompaña la transición digital de estas compañías requiere el aislamiento psicológico y social de los actores sociales. Este ambiente informativo tóxico no solo favorece las ínfulas imperiales de figuras como Elon Musk, sino que impone un “yugo invisible” que además de acumular riqueza logra moldear eficazmente la realidad social y política percibida, imponiendo agendas de terror y desinformación sembrando divisiones y distracciones varias, alejando al público de los asuntos esenciales y de los intereses en juego de Wall Street. Así, al tiempo que nos entretienen con la dialéctica de la inmediatez y la confrontación, se oculta a la opinión pública la malversación de los recursos naturales que la IA y los servidores de estos gigantes tecnológicos requieren para su mantenimiento cuasi monopólico que favorece la desregulación absoluta, que la UE y algún que otro gobierno como el de Lula intentaban frenar para garantizar el normal desarrollo de la actividad de estas corporaciones desde el punto de vista del derecho.

Bien es cierto que la IA se aplica y puede contribuir a optimizar la explotación de recursos naturales, y analizar y predecir patrones climáticos y de uso de la tierra. Sin embargo, la falta de regulación puede conducir a un uso y abuso insostenible de estos recursos. Por lo que además de un problema político de amenaza a la democracia tenemos un problema de ecología política, de ecología de la comunicación, en términos de cómo la política energética y medioambiental puede afectar el desarrollo de tecnologías informacionales y la gestión de recursos naturales a largo plazo.

La transición digital ha sido un campo de batalla geopolítico desde la irrupción de Trump en la escena pública. La visión de Trump sobre la ciberseguridad, la infraestructura de 5G, y la privacidad de datos han marcado un nuevo capítulo en la competencia global, donde la tecnología se convierte en un medio para imponer agendas políticas y económicas directamente conectadas con el rearme de la industria militar estadounidense y la expansión de la OTAN. Este enfoque ha tensionado las relaciones internacionales, especialmente con potencias tecnológicas como China, poniendo de relieve cómo la tecnología afecta la geopolítica en la era digital mientras personajes como Musk actúan de ariete central en el debate sobre el imperialismo digital a través de empresas como Tesla y SpaceX. La visión del nuevo estratega de Trump de una internet satelital con Starlink deja en evidencia que tenemos un problema grave en la UE de soberanía digital y acceso a la información, áreas que antes eran dominio exclusivo de los estados. De ahí que debamos plantear en el debate público nacional quién controla la infraestructura digital, los servidores, la red de satélites, la Unión Internacional de Telecomunicación y el gobierno de Internet, en términos de seguridad nacional y de democracia de las relaciones internacionales. En otras palabras, la respuesta a esta dinámica imperial, destituyente y oligárquica de los GAFAM y Estados Unidos pasa por mayor regulación, la defensa de la privacidad y la soberanía digital, y la promoción de un espacio digital que sea verdaderamente público y democrático. La vigilancia y la crítica de estas dinámicas son esenciales para salvaguardar la democracia en el siglo XXI.

La adaptación de la cultura digital para la creación de lo común con garantías normativas e institucionales es la única forma de no retornar a tiempos oscuros en forma de era tecnofeudal. Es tiempo para la acción y no para mimetizarnos y responder a golpe de tuit. La política por otros medios es el remedio a esta hipermediatización de los señores del aire. Nos va la vida. Literalmente.

A veces las cosas son tan evidentes, incluso ante el barroco mundo de la diplomacia, que no sorprenden. La no invitación a Felipe Borbón a la toma de posesión de la primera presidenta de México, Claudia Shainbaum, ha generado una sacudida de hiperventilación patriótica y de indignación que conviene matizar.

Siempre es bueno ir más allá de los titulares de prensa: intentar indagar las razones de decisiones que no son nunca caprichosas. Y mirar a 2019, cuando Manuel López Obrador, presidente de México, escribió al rey de España y este no le respondió. Un ninguneo de niño caprichoso impropio de un jefe de Estado en las mínimas reglas diplomáticas de las relaciones internacionales. 

Y no hay más. O sí, en realidad. Indagamos más y la no respuesta de nuestro jefe del Estado viene al caso de un asunto que es de enorme sensibilidad en la sociedad mexicana y no de ahora, frente a la ausencia de un debate profundo en España sobre la conquista de América, fuera de determinados círculos intelectuales y académicos o de organizaciones políticas. 

Y estalla la previsible hiperventilación patriótica: una sobreactuación del Ministerio de Asuntos Exteriores victimizando la figura del rey y solicitando comparecencia en el Congreso para explicar este incidente –la posición del PSOE sobre la monarquía empieza a ser digna de estudio sobre el contorsionismo político– y el PP buscando su hueco de oportunidad perdida de partido de Estado en un campo identitario de nacionalismo español rancio.

El jefe del Estado español, que no es ignorante de esta realidad, pudo haber contestado con reconocimiento a lo escrito por López Obrador, matizando su posición, rechazándola cortésmente invitando a un encuentro futuro al respecto o tirando balones fuera. Pero lo que no puede hacer un jefe de Estado a otro, y menos uno de España a otro de México, es no contestar, como un aristócrata de viejo régimen a peticiones de favor incómodas de un no igual. 

Faltó empatía, además de educación en su mínima exigencia, de Felipe Borbón en la falta de respuesta a un igual, en este caso elegido democráticamente por su pueblo, como es el presidente de la República de los Estados Unidos de México. Y sobró prepotencia de quien precisamente basa su legitimidad en el legado de una dinastía histórica que llega más allá de los 500 años desde que se inició la conquista de América y apenas 214 desde que México adquirió la independencia.

Así que convendría empezar a no extrañarse de estas reacciones venidas de otros países y otras sociedades, y empezar a hacer en nuestra sociedad un ejercicio de humildad, empezando por el jefe del Estado, tomando nota el Gobierno, y empujando a un encuentro de reflexión desde amplios sectores de la sociedad española sobre esta asignatura pendiente. Solo así podrá abordarse, y estoy convencido de ello, desde el otro lado del Atlántico el legado recibido por quienes, descendientes de quienes se asentaron en los territorios colombinos, son también responsables de las profundas desigualdades estructurales que han asolado aquellas tierras y de la exclusión de las comunidades indígenas que vienen siendo reivindicadas coincidiendo precisamente con gobiernos como el de Morena y su cuarta transformación, cuyos éxitos le convierten en un presidente con un 80% de aceptación popular en el final de su mandato no renovable. Quizá debamos aprender de estas experiencias políticas, de quien como presidente eleva su grito contra la corrupción, el clasismo y el racismo y en apoyo a las personas migrantes. No escucharemos a Felipe Borbón hablar nunca de ello. 

Será, pues, el mero hecho de afrontar un diálogo entre sociedades y entre pueblos desde la empatía –ponerse en el lugar del otro– y la humildad –reconocer errores del pasado de los que no fuimos responsables pero sí somos herederos–, el inicio de una superación real de este diálogo necesario para una etapa multipolar de las relaciones internacionales, y que necesitamos en España, lejos de la construcción irreal de un figura como la del monarca que en modo alguno suscita consenso ni la simpatía que venden desde el sistema.

Lo ha hecho hasta la Iglesia católica, ¿no lo haremos nosotros?

Cuando supe de la elección de Francisco Sierra como candidato para encabezar la lista de SUMAR por Sevilla, reconozco que tuve una sensación reconfortante, de contenida alegría ante los no siempre agradables procesos de elaboración de listas electorales. Se había acertado y eso siempre ayuda a votar con más esperanza, y alegría si cabe, el próximo 23J.

Francisco Sierra es un reconocido Catedrático de Teoría de la Comunicación. Bien. Pero, como él mismo dijo en el acto de SUMAR en Sevilla con Yolanda Díaz, “uno viene de donde viene, hijo de un obrero de Standard Eléctrica que, aunque es catedrático, no ha perdido la identidad de clase”. En esa frase de gran belleza se resume su historia vital. Hijo de la migración andaluza de los 60, de familia granadina trasladada a Madrid, su propia trayectoria vital refleja el emocionante compromiso por el estudio que las familias trabajadoras transmitían a sus vástagos. Estudiante de la escuela pública “con beca”, su recorrido académico es el arquetipo de quienes sabíamos que o había esfuerzo para superar cada curso o la beca que perdíamos nos devolvería a casa antes de tiempo.

Antes de tiempo fue Catedrático, pero el Decreto Montoro retrasó su acceso cuatro años, avalado por numerosas representaciones y publicaciones académicas nacionales e internacionales. Pero sin duda nos sorprendió cuando en 2005, con apenas 35 años, fue nombrado Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, el más joven de España en ese momento. Su compromiso con la educación pública -y la conciencia de devolver a la sociedad lo que esta le ha dado- le impulsó a asumir esta responsabilidad a una edad tan temprana.

Su intensa dedicación al trabajo tiene que ver con su pertenencia a una generación que, procedente de familias trabajadoras, accede por primera vez a la Universidad. Algo que hoy se da por hecho, pero en los años 80 no era así

Estos vínculos le animaron a fundar asociaciones científicas como la Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC) o la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEICC). Su trabajo de ida y vuelta con países como México o Ecuador ha definido un perfil de amplias miras y altura profesional.

Su intensa dedicación al trabajo tiene que ver con su pertenencia a una generación que, procedente de familias trabajadoras, accede por primera vez a la Universidad. Algo que hoy se da por hecho, pero en los años 80 no era así.

Esa vocación de servicio público también procede de su itinerario biográfico y profesional. Frente al saber instrumental concebido como una práctica profesional en la que el pensamiento crítico no tiene por qué hacer acto de presencia, Sierra concibe la Universidad como un espacio para construir comunidad en un proceso estrechamente ligado con el cambio social. Sin que él lo pretenda, forma parte de una excelente tradición de la educación universitaria sevillana que ha forjado, desde espacios críticos y rigurosos, líneas de investigación y pensamientos –en el campo del derecho, el filológico, histórico, científico o artístico- que han nutrido una concepción comunitaria, de vanguardia y abiertamente progresista. Parte de la mejor Sevilla, digna de ser resaltada.

Toda esta trayectoria se pone ahora al servicio de SUMAR: desde la conciencia de una Andalucía determinante para el futuro de la mejor España, en Sierra tenemos a un defensor de los servicios públicos irrenunciable, firme y de los que no duda

Es precisamente este anhelo de cambio social el que explica su optimismo de la voluntad, incluso en las situaciones más difíciles. Desde su participación juvenil en las organizaciones estudiantiles y culturales en la entonces reciente democracia, hasta su compromiso con la unidad de la izquierda de los últimos años, Francisco Sierra, con la generosidad del que sabe que lo común está por encima de lo individual, no ha dejado de ponerse al servicio de los procesos colectivos que buscaban una profundización democrática de la sociedad. Por eso, este paso dado no nos ha sorprendido a quienes lo conocemos desde que compartíamos luchas en el movimiento estudiantil.

Toda esta trayectoria se pone ahora al servicio de SUMAR: desde la conciencia de una Andalucía determinante para el futuro de la mejor España, en Sierra tenemos a un defensor de los servicios públicos irrenunciable, firme y de los que no duda. Para que nos entendamos: de los que no se ofrecen a un debate para aumentar la edad de jubilación porque niegan la mayor, que es retroceder en derechos. Será, por tanto, una garantía en la defensa de las familias trabajadoras, esas que nos piden que sobre todo seamos buenas personas, como el mejor patrimonio o legado que nos dejan.

Y Francisco Sierra es una bellísima persona, y aunque este tipo de reflexiones provocan muecas de sonrisas cínicas en quienes consideran la política ajena a marcos de comportamiento éticos, aún hay quienes defendemos estas categorías necesarias para la defensa del bien común y del mejor vivir: que un buen político, que una buena política debe ser ante todo una persona decente. Y Francisco Sierra Caballero lo es.

Se cumplen tres años desde que celebramos las últimas elecciones andaluzas que dejaron, por primera vez en 37 años, al PSOE en la oposición y al PP en el Gobierno autonómico. Ese día se produjo una combinación –virtuosa para las derechas- que permitió la suma de escaños de tres partidos: El PP, con su peor resultado en 32 años; Ciudadanos, con su mejor resultado; y Vox, que entró por primera vez en un Parlamento

Treinta y seis meses después, en ese trío que posibilitó la investidura de Juanma Moreno, tenemos a un PP relativamente consolidado, a Ciudadanos en caída libre y a Vox, suelto y sin vacunar, en su teorización impugnatoria por la que aspira a una hegemonía cultural de la extrema derecha. 

Tengo para mí que una de las cosas que más daño ha hecho al estado anímico y demoscópico de la gente ha sido el señuelo malditista de “que viene la derecha”, como anunciador apocalíptico de todos los males venideros. De tal suerte que el mero hecho de que todo siga funcionando –no mejor ni de lejos- haya podido generar un espejismo de benevolencia hacia los que gobiernan. “No eran tan malos como nos decían”. Al final, los anuncios prejuiciosos diluyen la gravedad real de tres años de gestión de Juanma Moreno con una hoja de ruta bien marcada que pasa, fundamentalmente, por la disminución de ingresos a través de una fiscalidad aberrante e insostenible que consolidará el adelgazamiento de los servicios públicos cuando no su desmantelamiento. 

Es más, el prejuicio escandalizado si algo ha hecho es permitir que la agenda de la derecha haya entrado desacomplejada, aunque sutil en lo formal, en la gestión de la administración andaluza. Porque la nave de gobierno, como un portaavión, ha virado desde el principio, aunque, también como los portaaviones, no sea percibido por la tripulación, que bastante tiene con su trabajo y quehacer diario.

Tiene su prioridad puesta, de forma casi obsesiva, en un giro estratégico de gestión orientado al beneficio y cuidado de quienes no han visto pasar las crisis por sus vidas, ni por su colchón patrimonial, ni por su acomodada situación económica

Pero la realidad es que el destrozo de la atención primaria en la sanidad pública y la privatización de esta se ha acelerado, mediante la derivación fáctica de funciones esenciales como las intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, las citas médicas o los especialistas. También se ha producido un impulso a la colaboración pública-privada, sin límite ni condicionantes. Esto significa que los andaluces y andaluzas pagamos por grandes obras públicas cuatro veces su coste real. Existe un retraso intencionado en la aplicación de las normas que vienen del Estado, como la Ley de Eutanasia; hay una evidente difuminación en la asunción de cualquier rol conflictivo, como hemos comprobado en el vergonzoso desistimiento de mediación por parte de la Junta en el conflicto del metal de la provincia de Cádiz; y concesiones culturales a la extrema derecha en política educativa y de comunicación, que les sirve para imponer su agenda pública. 

Y no solo eso. A pesar de los discursos oficiales y de los informativos de Canal Sur, la realidad es que Juanma Moreno tiene su prioridad puesta, de forma casi obsesiva, en un giro estratégico de gestión orientado al beneficio y cuidado de quienes no han visto pasar las crisis por sus vidas, ni por su colchón patrimonial, ni por su acomodada situación económica. Para ellos trabaja.

Pese a todo, la construcción de un estado de calamidad que supondría la llegada de la derecha a la Junta de Andalucía ha provocado una sensación de que la cosa no está tan mal. La percepción es de un cambio suave y moderado en las formas. Como si el recorte despiadado del personal sanitario, de derechos sociales, y de prestaciones o ayudas a los sectores más necesitados hubieran de imponerse con griteríos e imposiciones formales más o menos chuscas.

Esto puede estar llevando a la percepción, en el trazo grueso, de que el futuro inevitable y resignado es que siga gobernando el Partido Popular, algo con lo me encuentro profundamente preocupado. Y me explico: 

Hemos asistido a un ruido inmenso sobre un posible adelanto electoral, que seguirá, aunque ya de modo poco relevante, pues el fin de la legislatura está a punto. Ese ruido refleja que ha existido una reflexión en el seno del PP al respecto, dada su tendencia al alza, que se ha saldado con un freno a convocar elecciones precipitadamente, como esperaba Génova, y que, desde mi punto de vista, tiene que ver con tres factores. 

No me rima el clima de resignación que contemplo con el clima de renovación que, sin embargo, ha emprendido el bloque progresista andaluz

El primero son los antecedentes. No es menor resaltar el fracaso de expectativas que tuvo el PSOE de Andalucía cuando Susana Díaz pulsó en dos ocasiones el adelanto electoral. No mejoró los peores resultados hasta entonces obtenidos –en 2015 se quedó con los mismos escaños que obtuvo José Antonio Griñán en 2012- y empeoró hasta perder el cetro en 2018.

El segundo factor es el desmoronamiento de Ciudadanos. Entiendo que debe de ser muy complejo gobernar de tú a tú con un grupo parlamentario que prácticamente iguala al PP ahora mismo pero que está roto y desmoronado. Mirarse en el espejo de Madrid, donde el PP absorbió a su otrora aliado en el cogobierno, podría ser una opción si no fuera porque Andalucía no es Madrid, ni el votante de Ciudadanos en Andalucía viene exclusivamente del espacio de la derecha-derecha.

El tercer elemento que a mi juicio pesa es que a Juanma Moreno no le salen las cuentas. Unas elecciones se adelantan para ganar y gobernar en mejores condiciones de las que antes se tenían y en un contexto que garantice que ese marco deseable va a tener lugar. Por mucho que se cocinen las encuestas que se han publicado –con mayor o menor condimento, pero cocina hay- en ninguna se garantiza una mayoría absoluta que pivote en torno al Partido Popular con claridad. Todo es un resultado demasiado raspado para dar por hecho que está consolidada la mayoría de las derechas en Andalucía.

Con estos tres elementos – que nos dicen que el PP no tiene la Junta amarrada ni de lejos- propongo una reflexión sosegada. ¿Puede que el principal aliado de Juanma Moreno hoy sea el desistimiento o resignación que puede haberse instalado en amplias capas populares progresistas o de izquierdas sobre lo inevitable de una repetición de este gobierno? O lo que sería peor ¿Han asumido esto como inevitable los círculos de las propias organizaciones progresistas y de la izquierda política, social, económica y cultural de Andalucía?

Las respuestas a estas preguntas deben llevar a plantearnos si estamos a las puertas del año cuarto de la era conservadora en Andalucía o si, por el contrario, estamos ya entrando en el año menos uno para venidera expresión en Andalucía de un gobierno progresista de nuevo cuño. 

Y no me rima el clima de resignación que contemplo con el clima de renovación que, sin embargo, ha emprendido el bloque progresista andaluz, una vez amortizadas Susana Díaz y Teresa Rodríguez –por dos veces candidatas a la Presidencia de la Junta - aunque ambas, ya sin liderazgo, sigan adheridas a cargos públicos de representación. 

Juan Espadas, como cualquier nuevo dirigente, es el resutlado de una decisión que no ha sido un error por el cambio de liderazgo, pero que aún no se sabe si ha sido un acierto

De un lado, el PSOE de Andalucía, que es una organización con gran capacidad de análisis de la realidad social de nuestra Comunidad, ha movido ficha y ha leído la necesidad de reflejar el nuevo tiempo con nuevos referentes. Juan Espadas, como cualquier nuevo dirigente, es el resultado de una decisión que no ha sido un error por el cambio de liderazgo, pero que aún no se sabe si ha sido un acierto. En cualquier caso, su perfil responde a una lectura del PSOE de querer ganar el centro para volver a gobernar Andalucía y disputar los despojos de Ciudadanos con el Partido Popular, con el doble objetivo de recuperar apoyo electoral y limitar el que pudiera ganar el PP.

En Unidas Podemos el proceso ha sido más traumático, pero el resultado clarifica en perspectiva que la definición, ya sin matices, es la de un proyecto de profunda raíz andalucista y cimentado en un proyecto federal, como ha sido IUCA siempre. La renovación de IU y Podemos en Andalucía, con Toni Valero y Martina Velarde al frente, ha supuesto volver a tomar el pulso y ambos dirigentes proyectan ya la frescura que se necesita para confirmar que hay un proyecto de gobierno creíble y serio para Andalucía.

Pero hay un elemento no menor y es que urge resolver ya el liderazgo del espacio de Unidas Podemos. Se hace perentorio dar forma y voz a quien sea la referencia electoral de este proyecto, ampliado como sería deseable, pues hay sectores de la izquierda andaluza con proyecto de país y voluntad de gobierno con quienes deberíamos encontrarnos en acuerdos programáticos como en otras Comunidades Autónomas.

Ya el actual presidente de la Junta de Andalucía ha definido los espacios en los que pueden celebrarse las elecciones. Toca ponerse a desmentir y liberarse de la resignación a la que hacía referencia al principio de este artículo. También enarbolar una bandera de reversión de estos años de privatización, de giro reaccionario y de conservadurismo integrista.

Ardua la tarea y, por ello, no podemos esperar a que el calendario andaluz encaje en otros calendarios aún por definir, porque lo que está en juego son los intereses de las capas populares de Andalucía. 

No estamos mal en el campo de la izquierda. Si lo hacemos bien, Juanma Moreno no será presidente otra vez, pero hay que creérselo.

En política, como en la vida –y lo estamos viendo hoy, con una pandemia que no cesa-, ninguna situación es fácil. Se cuentan con los dedos de la mano coyunturas que den certezas o seguridades. Nunca se toman decisiones con la garantía de acierto y, en estos periodos de crisis y agitación constantes, es imprescindible atenderlas desde una visión dialéctica. Solo con esta seremos capaces de dar respuestas a las nuevas preguntas que van surgiendo en un mundo en constante cambio.  

Sobre nuevos escenarios y sobre nuevas preguntas nació, hace algo más de dos años, Adelante Andalucía como respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es posible construir un espacio político amplio, diverso y conformado por diferentes tradiciones políticas, que configure un modelo social, económico y cultural para Andalucía basado en la justicia social? ¿Es posible hacerlo desde el respeto entre las partes, la horizontalidad y la igualdad de los sujetos para construir una alternativa política al bipartidismo?

Las respuestas no fueron sencillas y tardamos meses en diseñar, con mucho debate, lo que más tarde sería Adelante Andalucía, un sujeto político andaluz, expresión del espacio de Unidas Podemos en Andalucía. No pactamos una terminal regional –faltaría más-, pero desde luego tampoco pactamos una fuerza política independiente de un espacio que consideramos fraternal –con sus fallas aún por corregir- y solidario con el resto de los pueblos de España.

Y bajo una misma definición de sujeto político andaluz –en nuestro caso federal y solidario- pensamos cómo articular Adelante Andalucía. Nos reconocimos, por méritos propios, como la referencia del espacio de Unidas Podemos en Andalucía, con toda la personalidad política que ello implica y enriqueciéndonos con asociaciones y organizaciones nacionalistas de izquierda, con sus significadas personalidades de referencia.

Y siempre, desde IUCA, –yo estaba ahí- dejamos claro el vínculo irrompible con nuestra organización federal. Porque, con todo nuestro acervo, somos un proyecto solidario al servicio de una clase trabajadora, por cierto, engañada tantas veces bajo la envolvente de las identidades territoriales. Nunca se nos pidió hacerlo y nunca hubiéramos aceptado hacerlo. Pero es que nunca fue objeto de debate la ruptura con las organizaciones federales, pues tuvimos claro que negociábamos entre organizaciones, no entre corrientes dentro de aquellas ni entre personas. Los acuerdos de IUCA eran con Podemos, no con Anticapitalistas.

Negociábamos entre organizaciones, no entre corrientes dentro de aquellas ni entre personas. Los acuerdos de IUCA eran con Podemos, no con Anticapitalistas.

¿Por qué ahora pretende justificarse una ruptura a causa de la disensión sobre el concepto ‘sujeto político andaluz’? En IUCA nunca hemos tenido problema con ello, al contrario. IUCA es y ejerce como sujeto político andaluz desde los años 90 y ha tenido voz propia en el Congreso de los Diputados. Somos un sujeto con personalidad política y jurídica, como lo es el Partido Comunista de Andalucía (PCA) desde principios de los años 80. Por tanto, no creo que haya debate en esta cuestión en el seno de IUCA ni del PCA porque es lo que siempre hemos defendido y ejercido.

¿Dónde está entonces el problema? Escucho cómo se acusa a IUCA de haber cambiado de posición, pero la realidad es que lo único que ha cambiado desde la conformación de Adelante Andalucía es que Anticapitalistas se ha ido de Podemos con sus cargos públicos elegidos bajo el paraguas de esta última formación, y eso es lo que explica que ahora se pretenda esconder bajo el concepto de “sujeto político andaluz” lo que en realidad se pretende: construir un partido nacionalista al estilo de las CUP catalanas, controlado por Anticapitalistas, cosa respetable pero que no tiene nada que ver con Adelante Andalucía.

Pronto van a cumplirse dos años de las elecciones andaluzas. Tiempo en el que el Gobierno de las derechas con el apoyo de la extrema derecha ha comenzado a ejecutar su plan para Andalucía. Y en este dramático escenario, agravado por la pandemia que nos agarrota como sociedad, contemplo con perplejidad que parte de Adelante, cuyo grupo parlamentario tiene mimbres para liderar la oposición ante un PSOE-A en encefalograma plano, se está dedicando a una suerte de juego de tronos ajeno absolutamente a las preocupaciones e interrogantes de la gente a la que representamos, y no solo de esta; y en hacer oposición a un cogobierno en España que tanto las bases de IU como de Podemos votaron masivamente.

Lejos de ejercer ese papel (el de liderar una oposición que demuestre que existe una alternativa de gobierno sólida a la izquierda que no pase por el PSOE-A), sigo con estupor cómo una parte de Adelante Andalucía se ha embarcado en una maniobra que pretende dejar en minoría administrativa a las dos fuerzas políticas fundadoras del espacio, Podemos e IUCA. Incluso tengo que escuchar que se tache a IUCA y a Podemos de minoritarios frente a Anticapitalistas, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. ¿De verdad con casi mil concejales y el 98% de los alcaldes de Adelante, IUCA es una fuerza minoritaria en el espacio?

Adelante Andalucía fue lo que fue – a pesar de las críticas en su día, obtuvo el mejor resultado en toda España del espacio político en elecciones autonómicas- porque todos hicimos renuncias por el bien común. En mi caso, renuncié personalmente a competir en primarias para evitar el levantamiento de muros emocionales e identitarios entre las organizaciones que estaban construyendo Adelante Andalucía. Soportamos el esfuerzo militante de una organización vertebrada en más de 400 asambleas que pusieron el alma, el empeño y la lucha en una campaña difícil. Abrazamos a todos los candidatos que los sentíamos como nuestros. Nos negamos a participar en jugadas políticas o envolventes que rompieran la construcción de los consensos, de uno y otro lado.

Estamos viendo cómo en España el proyecto de Unidas Podemos está siendo acosado por tierra, mar y aire por las derechas, las élites financieras, el poder judicial y la Corona. No se lo pongamos fácil.

Hoy, sin embargo, constatamos un secuestro de la marca Adelante Andalucía registrada como partido político –y de sus canales de comunicación- con torticeras maniobras burocráticas. Asistimos a la inclusión sin consenso de Anticapitalistas como fuerza política de pleno derecho, con el fin de construir una falsa mayoría que incline la balanza del Grupo Motor hacia las posiciones maximalistas inasumibles para Podemos e IUCA. Vemos cómo se modifican las reglas de juego saltándose los consensos que tanto nos costaron conseguir. Evidenciamos cómo un grupo minoritario –amparado en una mayoría de parlamentarios que fueron elegidos gracias a las siglas de Podemos- pretende vampirizar un patrimonio común que principalmente se ha levantado con la mano de obra militante de IUCA y Podemos y con los recursos económicos de ambos, que todo hay que decirlo.

No podemos renunciar, por el sectarismo de algunos, a un espacio que construimos como esperanza de cientos de miles de andaluzas y andaluces. Quienes creen que la desunión dará lugar a fuerzas políticas con más capacidad para esa alternativa se equivocan. La división solo apuntalará la permanencia de las derechas en el Gobierno andaluz y la renuncia a ser alternativa de sociedad y gobierno en favor del PSOE-A, lo que no deja de ser desolador. Llama la atención que quienes se autoerigen como garantes de evitar alianzas de cogobierno con el PSOE-A lo que consigan -con su acción irresponsable y diría que frívola-, es apuntalarlo en un momento de extraordinaria debilidad del otrora partido poderoso. Que existen dificultades o desacuerdos va de suyo. Pero esto es política: dirímase con debate, esfuerzo de síntesis y votación democrática de las bases como expresión de una voluntad colectiva. Eso es la democracia y a eso deben aspirar las fuerzas políticas y no, desde luego, a construir falsas mayorías al margen de la gente.

La voluntad de resolución ante una coyuntura extrema se demuestra si las partes asumen la voluntad del mandato democrático de las bases –desde el programa electoral a la participación o no en los gobiernos-, y ejercen la empatía para entender las posiciones políticas ajenas. Esa es la fórmula, no conozco otra, para que se superen las dificultades. Me consta que así ha sido planteado por la actual dirección de IUCA al resto de organizaciones en innumerables ocasiones.

Estamos viviendo momentos complejísimos, de reordenación de lo que vamos a ser como sociedad. La pandemia ha instalado una enorme preocupación social que debe ser atendida y cuidada como prioridad entre las organizaciones políticas. Cada día me encuentro en el instituto en que trabajo con alumnos inquietos por un futuro al que no quieren renunciar, profesores y familias que luchan por que la pandemia no se lleve promociones de estudiantes en peores condiciones formativas. Esa realidad y cuidado, en este u otros ámbitos de trabajo, debe ser la prioridad política. Ser útiles a quienes nos necesitan.

Estamos viendo cómo en España el proyecto de Unidas Podemos está siendo acosado por tierra, mar y aire por las derechas, las élites financieras, el poder judicial y la Corona. No se lo pongamos fácil. Las clases populares andaluzas también merecen un gobierno de nuevo cuño, que trascienda lo hasta ahora conocido, al servicio de sus aspiraciones de felicidad y de estar bien en el mundo. 

Después de la conmoción ante su fallecimiento, me atrevo a escribir algunas reflexiones sobre Julio Anguita tras comprobar el impacto extraordinario que ha tenido la noticia. ¿Por qué una ola de emociones tan desbordada sacude hoy a tanta gente, llena de afecto hacia Julio? ¿Cuál fue su valor para sectores tan amplios de la población? La respuesta está en el valor profético de su acción política, pero no en el sentido con el que intentaban caricaturizarlo quienes se sentían incapaces de combatirlo dialécticamente. Los hubo que se lanzaron a una operación por mar, tierra y aire contra él; y creían que venciendo a su persona combatían sus ideas.

Julio gustaba de abordar el sentido profético en política con un valor prometeico: de adelantarse a lo que sucedería, de ver de antemano las consecuencias de las decisiones políticas y afrontar, sin importar el coste, la acción política correspondiente, pesara a quien pesara. Si uno acude a los debates sobre el Tratado de Maastricht o se para a escuchar los mítines que dio en los últimos años observa que sus diagnósticos no eran los cómodos del momento, pero sí los acertados con el tiempo. Nunca le agradeceré lo suficiente que rompiera su silencio tras 15 años para contribuir a la campaña electoral de las elecciones andaluzas de 2015.

Si en 1992 la ofensiva llegó a quebrar a IU en un momento de crecimiento y amenaza al consenso del bipartidismo, en 2015 advertía en su discurso de vuelta en un mitin en Málaga sobre la necesidad de organizar el poder popular para defender un gobierno del pueblo frente al ataque de los poderosos. En 1992 hablaba para 2008 y sobre los estragos de la Gran Crisis. En 2015 hablaba para mayo de 2020.

Hombre de una excepcional visión estratégica, hay toda una generación para quien Julio ha sido referente desde los inicios de nuestro compromiso político. Primero lo fue en su labor municipal y luego con la construcción de Convocatoria por Andalucía. El germen de Izquierda Unida tuvo en el Partido Comunista de Andalucía el impulso organizado para su empuje; en Felipe Alcaraz, la generosidad del momento, y en Julio Anguita, la adhesión subjetiva de un dirigente político ya entonces de enorme credibilidad.

Era diferente. Distante y displicente con las cuitas internas de partido, hijo de una cultura comunista impregnada del sustrato anarquista andaluz, Julio Anguita fue una llegada de aire fresco a la sacudida del espacio a la izquierda del PSOE tras la debacle del PCE de 1982.

En los años 80 del siglo pasado, Julio Anguita era sobre todo el alcalde comunista de la ciudad de Córdoba. Un referente que despuntaba por su discurso sosegado, nada condescendiente con el auditorio y que invitaba a reflexionar. Fue con Santiago Carrillo y Ernesto Caballero en Lucena, en mayo de 1982, la primera vez que lo escuché: un orador que mostraba datos y citaba textos continuamente para ratificar las tesis que defendía. A un joven estudiante de enseñanza media como yo le causó un hondo impacto.

Su salto a la política española fue producto de una curiosa carambola. Sus más leales compañeros no querían que se fuera de Andalucía, donde era una parte fundamental en la construcción de un espacio político exitoso. Fueron quienes menos coincidían con sus tesis quienes más lo empujaron a aceptar la Secretaría General del PCE.

Solía contar Julio que en el PCE convivían dos culturas que gustaba de llamar el PCE del interior, un partido conectado a la realidad y tejido social; y el PCE del exterior, agarrado a las tesis inamovibles de una alianza estratégica con el PSOE. De esa doble vía surgían cada cierto tiempo las contradicciones políticas internas.

Llamó la atención a todo aquel que con él trataba la diferencia de su personalidad -poliédrica, llena de matices y con momentos de ternura que él seleccionaba - con la que se proyectaba públicamente desde determinados medios y que construían un personaje envarado, dogmático o irracional. La realidad era que siempre te encontrabas a un Julio racional, didáctico, apasionado y contenido, de una forma de ser andaluz muy cordobesa, muy senequista.

Le sacaban de quicio la impostura intelectual o política, el oportunismo o el regate corto porque él era de una profunda coherencia intelectual y política y un convencido de que la razón era el mejor instrumento para construir una sociedad infinitamente mejor que la que se desmoronaba a nuestros ojos.

¿Por qué, pues, una ola de solidaridad tan amplia emerge en un ejercicio de fraternidad tan emocionante como el que lo acompaña con su marcha? Porque su honestidad vital es un valor en quien todo el mundo quiere reconocerse. Porque una sociedad tan huérfana de dirigentes que no defrauden abraza con entusiasmo a aquel que, firme en sus convicciones y las comparta o no, las defiende con una fortaleza que admira porque quiere ser como él. Por eso Julio es respetado, es escuchado y es profundamente querido. Desde las familias de los barrios populares que lo veían juntos en televisión, porque lo sentían su referente, a escépticos que veían brillar cierta pátina de ilusión propia en la fundamentación del discurso de aquél.

Para quienes como yo se politizaron con Julio como figura, hay un profundo sentimiento de orfandad ante quien ha ocupado hasta ahora el papel de vigía en medio de la desorientación, el de leño al que agarrarse tras sucesivos naufragios. En un momento en que la Historia de nuestro país, con tantos antecedentes desasosegantes, se encuentra con una oportunidad formidable para quebrar el fatum, el destino que siempre la ha llevado a salidas reaccionarias en tiempos de crisis, posiblemente a Julio le agrade sentir esa fraternidad. Una fraternidad, siempre entendida como la extensión de la libertad y la igualdad a toda la población –el valor eclipsado de la tríada revolucionaria francesa-, que emerja como la principal característica en esta crisis y a cuya contribución él ha sido imprescindible.

Su postrera apelación a las militancias de Unidas Podemos a organizarse, porque sin organización no hay gobierno, debería ser recogida por quienes se sienten discípulos de sus enseñanzas y hoy muestran sincero reconocimiento a su maestro. Un traspaso a la altura de su legado.

Nueve años después de que se presentara la primera denuncia ciudadana en Bruselas en forma de petición, una delegación del Parlamento Europeo visitará durante los próximos tres días el parque natural de Doñana, un enclave medioambiental único y un verdadero puente de biodiversidad entre África y Europa.

Esta misión de investigación -promovida y defendida cada año durante los últimos cinco por el grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo- nace del trabajo incansable de numerosas organizaciones políticas y asociaciones ecologistas que, hartas del abandono y la desprotección por parte de la Junta de Andalucía y de los diferentes Gobiernos centrales, decidieron acudir a las Instituciones europeas para evitar que uno de los parques naturales más importantes de Europa acabe convertido en un mero parqué especulativo en forma de almacén de gas.

Al igual que muchas otras organizaciones ecologistas, cuando desde IU registramos nuestra petición en el año 2013, lo hicimos porque entendimos que quienes rechazamos este proyecto especulativo y defendemos Doñana estamos jugando una partida con las cartas marcadas. Una partida trucada de inicio por los estrechos vínculos e intereses compartidos por el PSOE y el PP con la empresa Gas Natural-Fenosa, la encargada del proyecto.

Vínculos estrechados gracias a cuantiosas ayudas económicas concedidas por el anterior Gobierno de España a Gas Natural - como los 6,3 millones concedidos el pasado enero en relación al proyecto en Doñana- e intereses compartidos entre empresas y miembros de los partidos al frente de las administraciones competentes con forma de puertas giratorias y generosos salarios, como los recibidos por Felipe Gonzalez (PSOE) o Nemesio Fernández-Cuesta (PP) en su etapa como miembros del Consejo de Administración.

Si a esta relación casi simbiótica entre empresas y gobiernos sumamos la irresponsabilidad sistemática a la hora de proteger el medioambiente que nos convierte en el país líder de la UE en infracciones medioambientales, es comprensible la desconfianza de asociaciones y organizaciones sociales, pero también de las Instituciones europeas, hacia el Gobierno central y la Junta de Andalucía a la hora de proteger el parque Natural de Doñana.

Desconfianza ante gobiernos que aceptaron la fragmentación fraudulenta del proyecto de almacén de gas en cuatro subproyectos, dando por buena esta forma de ocultar su verdadero impacto medioambiental. Administraciones que fueron concediendo los permisos pertinentes a la vez que ignoraban el rechazo mayoritario de la ciudadanía y las numerosas irregularidades –cuando no ilegalidades- que dinamitan por los aires los dos principios rectores del derecho medioambiental europeo: la prevención y la precaución.

Irregularidades a la hora de dar por válida una Declaración de Impacto Ambiental que no recoge los efectos acumulativos del proyecto, no tiene en cuenta el elevado riesgo sísmico por las extracciones e inyecciones de gas en el terreno, ni tampoco analiza la “peligrosidad alta” por posible inundación de la zona.

A todas las organizaciones y asociaciones que estamos citadas a participar estos días en la misión nos toca trabajar para asegurar que los y las eurodiputadas conozcan durante su visita toda la verdad sobre este proyecto y sobre la alarmante situación en la que se encuentra actualmente el Parque Natural.

Mostrando la verdad, la principal conclusión de esta misión coincidirá con lo que piensa la inmensa mayoría de andaluzas y andaluces: el futuro de Doñana no pasa por convertirse en un gran almacén de gas, si no por medidas urgentes para su conservación y protección.

Pero mantener vivo este Patrimonio andaluz para la Humanidad requiere de la implicación de todas y cada una de nosotras y del refuerzo del imprescindible papel que están desempeñando para su conservación movimientos como la Plataforma Salvemos Doñana u organizaciones como Ecologistas en Acción, WWF o Greenpeace.

Ni esta misión, ni las Instituciones comunitarias van a salvar Doñana. Salvar Doñana pasa por conseguir que nuestros gobiernos se llenen de personas que entienden que el ecologismo y la protección del medioambiente, hoy en día, no son una opción más; son una obligación y una responsabilidad con nuestro presente y, sobre todo, con nuestro futuro como sociedad.

Izquierda Unida acaba de cumplir 32 años. Nació al calor de las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, y solo ocho años más tarde de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Miles de mujeres y hombres, de culturas diversas de la izquierda, compartían un proyecto de país desde una voluntad de unidad y desde una convicción: la de articular un espacio político que sirviera de instrumento de transformación económica, social y cultural a una España cuyo Gobierno daba señales de que se arrinconaba de nuevo cualquier política de verdadero cambio. Hablábamos entonces no sólo de otra política, sino de otra forma de hacer política, a través de la elaboración colectiva de sus fundamentos y programa.

Qué duda cabe de que nuestro país ha cambiado mucho desde entonces, tanto política como económica y socialmente. Y en cierta medida, durante todo este tiempo hemos conseguido adaptarnos al menos lo suficiente como para seguir existiendo, evitando caer en el canto de sirenas de un capitalismo que nos exigía claudicar. Nuestra incesante lucha por un trabajo y una vida dignas siempre ha tenido enfrente al capitalismo, al patriarcado y a la corrupción que a ambos alimenta. El patrimonio acumulado de resistencia, dignidad política y coherencia de miles de personas, militantes, simpatizantes y activistas es un orgullo para quienes pertenecemos a IU, y amplios sectores de la sociedad ajenos a nuestra organización así lo reconocen.

Como tal, cualquier organización se define por lo que aspira a conseguir, esto es, por sus objetivos, mientras que sus formas van cambiando para adaptarse a los diferentes contextos en los que actúa y siempre con el propósito de facilitar la consecución de los objetivos. Esto es algo evidente una vez se piensa con detenimiento, pero para llegar a ese punto primero hay que combatir la idea según la cual este tipo de instituciones -como el capitalismo, la democracia, la Constitución o los partidos políticos- han estado toda la vida ahí, detenidas delante de nosotros como dioses imperecederos.

Repetía el filósofo Edgar Morín que una de las pocas cosas que tienen validez universal es la máxima aquella de que “todo lo que no se regenera, degenera”. Al menos en lo que se refiere a las instituciones políticas, eso nos parece rotundamente cierto. Por eso pensamos que hay que insuflar continuamente vida, movimiento y nuevas energías a las organizaciones políticas para evitar que se enquisten y que caigan víctimas de insalvables procesos de burocratización que pervierten su propia naturaleza y la causa para la que fueron creadas.

Por esta razón, en la última asamblea federal de junio de 2016 aprobamos colectivamente una serie de directrices que tenían como objetivo fortalecer IU a través de diversos cambios en el modelo organizativo. Aquellas directrices son las que ahora, dos años más tarde, vamos a poner en marcha a través de una nueva asamblea que específicamente tratará esta cuestión. Algunos de los elementos centrales que cambiaremos son los siguientes:

En primer lugar, queremos introducir nuevas formas de afiliación que complementen a las ya existentes. Tenemos que ser conscientes de que la participación política a través de los partidos se ha visto muy afectada en las últimas décadas en todos los países europeos. Países de tradición liberal como Reino Unido han perdido más del 30% de su afiliación política en apenas unas décadas, mientras que países de tradición socialdemócrata como Suecia han perdido hasta un 20%. Es una dinámica generalizada, probablemente reflejo de la crisis de legitimidad de la democracia representativa y que en España desveló especialmente el movimiento 15M. De hecho, en nuestro país el número de personas que manifestaba participar en un partido político era casi del 10% en 1980, mientras que actualmente esa cifra es de sólo un 2,5%. Por diversas razones, la población española considera hoy menos útil la participación en organizaciones políticas que hace cuarenta o treinta años. Eso nos parece una mala noticia.

A nuestro juicio, ninguna organización se sostiene en el medio plazo sin una amplia base social de afiliados. Por eso insistimos en esta idea en el informe anual de 2017, también discutido y aprobado colectivamente. Queremos introducir nuevas figuras de afiliación que permitan, especialmente a las generaciones más jóvenes, participar de las decisiones y acciones de IU de una manera novedosa y adaptada a la nueva situación tecnológica y política.

En segundo lugar, vamos a profundizar en los mecanismos de democracia radical republicana en el seno de IU. Ya en 2016 fue la primera vez que se eligió a toda la dirección federal mediante sufragio universal, e incluso en 2017 en Andalucía algunas de esas responsabilidades se eligieron por sorteo. Queremos que todo espacio de nuestra organización esté afectado por la rendición de cuentas de los cargos públicos y la dirección, la implantación de un salario máximo, la deliberación en los órganos, la participación de movimientos sociales y entidades independientes, las primarias internas, etc. En suma, IU tiene que seguir avanzando hacia la figura de un movimiento horizontal, asambleario y ágil en la toma de decisiones, dejando atrás las estructuras burocratizadas, jerárquicas y funcionales a la política de mesas camilla, esto es, los acuerdos cupulares que se extienden luego hacia abajo clientelarmente.

En tercer lugar, la densa red de Izquierda Unida se ha tejido en torno a los procesos electorales y la participación en los asuntos de política nacional. Seguir haciéndolo no es incompatible, más bien lo contrario, con fortalecer los vínculos sociales que existen en la afiliación y la base social de IU mediante la puesta en marcha de nuevas prácticas. En concreto, queremos profundizar la participación estratégica en los conflictos sociales, para lo cual creamos las redes de activistas, así como la comunicación activa entre nuestra propia gente, para lo que creamos La Comunidad. Sabedores de las dificultades que tiene nuestra organización para comunicar sus actividades sin distorsiones interesadas, y conscientes del enorme potencial que tenemos gracias a la enorme red de personas colaboradoras y afiliadas, buscamos poner en común a toda nuestra gente directamente mediante el uso de las nuevas tecnologías. Pensamos que es mucha la gente que quiere contribuir al proyecto de IU y que necesita nuevos canales para hacerlo.

En último lugar, pretendemos racionalizar las finanzas de la organización desde los principios de mayor solidaridad y eficacia, adecuándolos a la Ley de financiación de partidos políticos y a la nueva cultura resultante del Movimiento Político y Social al que tendemos a ser. Sorprendentemente, esto ha generado una controversia descaradamente interesada. La forma jurídica que deriva de esos objetivos no va a condicionar la soberanía política de las federaciones, que seguirá siendo plena porque está garantizada por los estatutos de IU. Es más, la mayoría de las federaciones ha cumplido con este requisito desde siempre sin que eso haya mermado un ápice su soberanía política, como lo demuestra de forma significativa la política de alianzas seguida en 2015 por nuestra federación en Galicia. Nuestro proyecto federal se nutre de una doble coherencia interna y externa que es lo que nos da credibilidad política: queremos para nuestro país lo que nos damos en nuestra organización, frente a un centralismo ineficaz y desigual y un confederalismo igualmente asimétrico.

Como se puede comprobar, se trata de transformaciones importantes que buscan fortalecer nuestro instrumento a través de la adaptación del modelo organizativo a una realidad social y política distinta a la que existía cuando comenzamos a andar hace 32 años. Entendemos que esta ambición puede generar una crítica legítima en tanto que todo cambio implica la existencia de una resistencia. No vamos a ignorar ahora que siempre existen sectores conservadores adversos a los cambios. Pero afortunadamente tenemos los canales adecuados de debate, deliberación y toma de decisiones, pues la dirección de IU está comprometida con una práctica radicalmente democrática basada en la intuitiva idea de que muchas cabezas piensan mejor que unas pocas.

Estamos firmemente convencidas de que todos estos cambios abundan en la fortaleza de IU, un proyecto político surgido desde una profunda convicción de unidad y ambición colectivas y llenas de complicidades sociales, con quienes no nos resignamos a una realidad que destruye la dignidad humana, nos rebelamos para combatir las injusticias y nos unimos para construir una sociedad justa y de iguales.

El 28 de febrero de 1980, hace ahora treinta y ocho años, tuvo lugar el referéndum en el que Andalucía conquistó su autonomía. El 55,80% del censo votó por el SÍ, mientras que el NO apenas alcanzó el 3,44% del censo. A pesar de que el censo estaba inflado con la presencia de miles de personas fallecidas, la participación fue del 64,2% y la abstención, que fue la opción promovida por la derecha de UCD y AP, fue derrotada. Además, tanto los niveles de participación como de apoyo al SÍ fueron en Andalucía superiores a los que se habían obtenido, un año antes, tanto en Cataluña como en el País Vasco, lo que ponía de relieve que la pluralidad de España no se limitaba ni mucho menos a las llamadas nacionalidades históricas –Galicia, Cataluña y País Vasco.

No obstante, la autonomía hubo de conquistarse en una segunda fase debido a que los resultados del SÍ en Almería se habían quedado por debajo del 50%, que era el umbral establecido por el artículo 151 de la Constitución de 1978. La movilización y presión política –que incluyó encierros en ayuntamientos y huelgas de hambre de dirigentes políticos- permitió que en noviembre de 1980 se modificara la Ley de Referéndum para que el resultado en Almería no fuese obstáculo a la consecución definitiva de la autonomía de Andalucía. De esa forma el Congreso adaptó el marco legal a una realidad social y política que desbordaba entonces las calles de Andalucía y de toda España, como se había puesto de relieve muy especialmente durante la jornada del 4 de diciembre de 1977. Andalucía conquistaba así una autonomía que la izquierda y los movimientos populares identificábamos con la salida del subdesarrollo económico de nuestra tierra.

Estos hechos que ahora conmemoramos no sólo nos sirven para recordar que las normas jurídicas –entre las cuales se encuentra la Constitución de 1978- se pueden y deben modificar para adecuarlas a la cambiante realidad social. También nos permiten reflexionar sobre el sentido político del andalucismo y de nuestra idea de España en unos momentos en los que la izquierda necesita más que nunca salir a la ofensiva para hacer frente a la deriva autoritaria y el brutal retroceso en derechos y libertades que suponen los gobiernos y las políticas neoliberales.

Y es que hoy, como cada año, llenaremos las calles reivindicando nuestra común identidad andaluza y española portando los símbolos andaluces y republicanos, en un gesto que vincula nuestro pasado con nuestro futuro y que desgraciadamente es poco conocido. Por eso queremos aprovechar esta ocasión para incidir en ello, fundamental en nuestra reivindicación de un andalucismo inscrito en la idea de una República Federal española.

Fue justo hace cien años, en enero de 1918, cuando el movimiento andalucista se reunió en Asamblea en Ronda para desplegar un proyecto político con el que combatir a la oligarquía y el caciquismo a través del regionalismo. Aquella Asamblea, conformada sobre todo por sectores sociales pequeñoburgueses y liderada por Blas Infante, considerado actualmente como padre de la patria andaluza, no sólo aprobó la bandera y el escudo andaluz actual sino que también defendió una idea de España basada en el proyecto de Constitución Federal para España de 1883. Dicho proyecto había sido uno de tantos que proponían el modelo federal como base de solución a los problemas territoriales y sociales del país. El más conocido fue el de la Constitución Federal de 1873, que llegó a ser aprobado en el Congreso aunque nunca llegaría a entrar en vigor. Pero con aquella reivindicación el andalucismo recogía, como haría también el movimiento obrero, la tradición republicana federal que en nuestro país había sido la expresión política de los sectores demócratas y populares.

De hecho, prácticamente durante todo el siglo XIX las clases populares, campesinas y urbanas, se educaron políticamente al abrigo del republicanismo federal. Este republicanismo fue plural y heterogéneo, y se convirtió en gran medida en el canal de politización de nuevos actores sociales que, más adelante, acabarían engrosando las filas del movimiento obrero. La República, especialmente tras la Revolución de 1868, no era considerada únicamente una forma de gobierno que permitiría la conquista de la democracia sino también un proyecto político vinculado a la lucha contra las carencias materiales. En todas partes, y sobre todo en Andalucía, las sublevaciones populares estaban protagonizadas por sectores sociales de la incipiente clase trabajadora que aspiraban a acabar con los durísimos impuestos al consumo, el sistema de quintas y otras fórmulas mediante las cuales las oligarquías andaluzas y españolas saqueaban a la gente más humilde. También era el proyecto político que canalizaba las demandas de sufragio universal, la separación entre Iglesia y Estado y el poder municipal, entre otras. La mayoría de aquellos levantamientos populares, como el liderado por el gaditano Fermín Salvochea, se hicieron en nombre de la República Federal y de las clases populares. El propio Salvochea llegaría a ser alcalde de Cádiz durante la I República y acabaría convirtiéndose al anarquismo, representando así simbólicamente la conexión entre las ideas republicanas y socialistas en nuestro país.

Todas aquellas demandas fueron vistas con temor por las élites oligárquicas y sus representantes políticos. Las bases profundamente democráticas del movimiento republicano alarmaron siempre a monarcas, aristócratas y ricos en general. Además, el federalismo republicano español del siglo XIX significaba una idea de España alternativa a la de tales élites, las cuales defendían un ideal de nación tradicionalista, uniformizadora y centralista. No obstante, y frente a lo que dice la propaganda, ni el cantonalismo ni el federalismo ni el andalucismo fueron nunca contrarios a la unidad de la nación española, sino que más bien fueron ejercicios democratizadores que buscaban regenerar España mediante la abolición de los privilegios, la redistribución de la riqueza y el reconocimiento de nuestra pluralidad nacional. Precisamente por eso la reacción de las elites fue siempre tan dura.

El gobierno de Cánovas del Castillo, durante la Restauración, prohibió todos los partidos no monárquicos y persiguió con dureza –y con dureza también incluye el asesinato- todo movimiento republicano y socialista. Eso sí, el socialismo ya había sido perseguido con anterioridad, por todos los partidos monárquicos, como cuando en 1871 fue ilegalizada la Asociación Internacional de Trabajadores. Más tarde, durante la dictadura de Primo Rivera, se radicalizaría la lucha contra el separatismo y el socialismo y, por supuesto, se criminalizaría cualquier defensa de un modelo alternativo de Estado y de nación. Y durante la Guerra Civil, el propio Blas Infante fue fusilado por el ejército franquista en 1936 en las afueras de Sevilla. No podemos olvidar que el franquismo no sólo fue un régimen dictatorial que segó la vida de los disidentes, sino que significó también la aniquilación de las instituciones y culturas democráticas y republicanas, lo que incluía la destrucción de las conquistas sociales, económicas y administrativas de la II República. Desde entonces el franquismo dedicó todas sus energías a imponer su idea de España, aquella que era una, grande, uniforme y que hablaba únicamente en castellano. Y el proceso de reeducación implicó también la relectura de todos los fenómenos republicanos y autonomistas, incluyendo por supuesto al federalismo y el andalucismo.

Desde el mismo nacimiento del republicanismo español, las oligarquías españolas se han constituido siempre como reacción a los movimientos democratizadores que surgían y se desarrollaban eventualmente en España. Hay por ello un hilo muy claro que vincula a Cánovas, Primo de Rivera, Franco y los actuales dirigentes del PP y Ciudadanos, por supuesto siempre representados por sus majestades borbónicas. Y ha sido esta reacción la que, a lo largo de la historia de España, ha construido la idea de una anti-España que estaría conformada por separatistas, masones, republicanos, socialistas y rojos en general, que tanto ha calado en el imaginario colectivo tras decenas de años de dictadura, militarismo y adoctrinamiento cultural.

Precisamente uno de los problemas que enfrentamos actualmente proviene directamente de este hecho. Aquel mismo proceso mermó con mucho la idea alternativa de España, una alternativa republicana. Tras cuarenta años de dictadura nacional-catolicista en la que las elites se cuidaron mucho de extirpar cualquier alternativa cultural a la de una España centralista, uniformizadora, militarizada y reaccionaria, la izquierda ha sido incapaz de restaurar formalmente el hilo que la conectaba con su propia historia y su propia noción de España. En suma: dejamos de disputar la idea de España a la reacción.

Y eso, en las condiciones actuales, nos está pesando. Y mucho. La izquierda política y social de este país no puede limitar por más tiempo su idea de España a un abstracto reconocimiento del derecho de autodeterminación que, sin nada más, resulta incomprensible para la mayoría de las clases populares de nuestro país. Al contrario, tenemos que recuperar un proyecto de país, disputando la idea de país a la reacción no por la vía de la imitación sino por la vía de la construcción de alternativa. Quiere esto decir que necesitamos un proyecto de país no sólo discursivo, capaz de encuadrar nuestras propuestas políticas, sino que esté también enraizado en las prácticas cotidianas de las clases populares en tanto que opera como horizonte deseado de futuro. Ser republicano es defender la sanidad, la educación y las pensiones públicas; ser republicana es defender las libertades civiles y la democracia participativa; ser republicana es luchar contra el patriarcado y defender un modo de producción y consumo sostenible; ser republicano es entender la pluralidad nacional de nuestro país y defender su articulación en un modelo de Estado compartido desde el que poner en marcha las políticas sociales. Ser republicanos y republicanas es nuestra forma de ser españoles y españolas, es pertenecer a esa España que se construye desde abajo.

En nuestros días, y de forma similar a lo que sucedió en el período de entreguerras en el que emergió el andalucismo, nuestro país atraviesa una grave crisis institucional, económica y política. La derecha política y económica ha puesto en marcha una importante ofensiva contra las libertades y los derechos conquistados por los movimientos democratizadores, especialmente el obrero. Hoy las derechas han acentuado su ataque al Estado Social, recortando en sanidad, pensiones, educación, etc. al tiempo que limitan la libertad de expresión, imponiendo una política del miedo mediante multas y la encarcelación de críticos políticos. Asimismo dedican ingentes recursos a proteger a sus corruptos, que van desde los Urdangarin hasta las grandes empresas oligárquicas que les financian, y blindan las posiciones recentralizadoras –basta ver el diseño institucional constituido por el ministro Montoro y su capacidad de intervención y chantaje sobre todas las administraciones autonómicas y municipales.

Pero estos ataques son también reflejo de su misma debilidad. La propia monarquía corrupta está en caída libre. En Cataluña la monarquía recibe un suspenso del 2,36, siendo más de un 50% los jóvenes entre 25 y 34 años que directamente le dan un 0, y en Andalucía y en el resto de España no lo sabemos porque el CIS lleva ya treinta y cuatro meses sin preguntar por esta institución medieval y el EGOPA –el CIS andaluz- tampoco lo ha hecho. El deterioro parece evidente y peligroso para un régimen que ha volcado todas sus energías en proteger los privilegios de las oligarquías, repitiendo la historia una y otra vez. Y mientras todo eso sucede también hay un pueblo que defiende otra idea de España y de las relaciones económicas, y que continúa mermando las bases materiales y culturales de la reacción. No por casualidad a este régimen político se le sigue atragantando que un espacio político explícitamente republicano tenga cinco millones de votos, que una huelga general feminista se dirija directamente contra el sistema patriarcal y el sistema económico capitalista y que un 28 de febrero el andalucismo salga a la calle junto con las Marchas por la Dignidad.

Por eso decimos hoy, 28 de febrero, que no debemos perder de vista el carácter histórico de las luchas que mantenemos. Nos jugamos el orden social, el país en el que viviremos durante las próximas décadas, y también la idea de España que prevalecerá entonces. Frente al proyecto de la reacción nosotros defendemos una Andalucía libre. Y por eso mismo gritamos:

¡Viva Andalucía! ¡Viva la República Federal!

Celebramos un nuevo 28F cuando se cumplen 10 años desde la aprobación de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en un 2007 de éxtasis de burbuja inmobiliaria, crédito fácil y especulación sin límite. En el espejismo de la hegemonía neoliberal, pocas organizaciones -Izquierda Unida era una de ellas y lo hacía con valentía- alertaban de lo insostenible de ese modelo económico y la necesidad de afrontar un cambio en el modelo productivo. Se nos calificó, en su forma más diplomática, de aguafiestas. Clamábamos en el desierto frente al espejismo neoliberal, pero clamábamos con razón y razones.

Se perdió -en esos años de burbuja- una oportunidad para afrontar el cambio de modelo económico, hacerlo de forma democráticamente planificada y participada, en un gran debate social y no en los despachos de grandes empresas extraterritoriales.

Diez años después, noveno año de la crisis, nos encontramos con más de un millón cien mil personas en paro. El 40% de la población está en riesgo de pobreza y el deterioro de los servicios públicos es continuado mientras los desahucios siguen ejecutándose y la precariedad se pretende configurar como el nuevo orden laboral.

El modelo productivo no ha cambiado pese a la crisis. Si entonces era copado por la construcción y los servicios, éste sigue igualmente teniendo estos sectores entre los más destacados. El primer sector, la construcción, unido a los riesgos de crear de nuevo una burbuja inmobiliaria que demuestre que no hemos aprendido nada, -lejos de la  importancia sostenida del sector en el  marco de la rehabilitación de viviendas construidas. El segundo sector, el de los servicios, unido a la precariedad como mecanismo de intervención laboral.

Hay una Andalucía que se resigna: la que mantiene que hemos de seguir con ese modelo productivo, subsidiado, clientelar, periférico y dependiente. Y plantean -creo que erróneamente- que no hay otra salida que potenciar lo realmente existente. “Si la construcción y los servicios son los sectores que más se mueven [junto con el sector agroindustrial], sigamos por esa senda y no demos más vueltas” nos vienen a decir.

Quizá convendría repasar el Estatuto de 2007: “La política económica de Andalucía se rige por los siguientes principios: el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo, la cohesión social, la creación y redistribución de la riqueza”. 

El vaciamiento de los objetivos estatutarios hoy es palpable: la crisis ha provocado una situación de efectiva intervención, pero no del autogobierno precisamente como se recoge en la Constitución andaluza, sino intervención de la Comisión Europea, del FMI y del Banco Central a través de su terminal. En eso se convirtió el poder ejecutivo central.

Pasamos del desarrollo sostenible al pago de la deuda por encima de cualquier otra prioridad con la reforma del artículo 135 de la Constitución española aprobado por PSOE y PP. Pasamos del pleno empleo al destrozo del mercado laboral llegando a un 60% de desempleo en las mujeres andaluzas menores de 30 años. Pasamos de la calidad en el trabajo a la precariedad estructural y explotación pura y dura. Pasamos de la igualdad en el acceso laboral a la discriminación de la mujer, donde el campo es el ejemplo más elocuente. Pasamos de la cohesión social a una sociedad rota en una dualidad insostenible. Pasamos, por último, de la creación y redistribución de la riqueza a la destrucción de la misma y la concentración en pocas manos de aquella que se genera.

En consecuencia, reivindicar el cumplimiento del Estatuto deviene en un acto de afirmación política previa a cualquier otra reivindicación. No se trata sino de su aplicación: de su desarrollo en forma de leyes y de su exigencia en forma de financiación que pasa por el cumplimiento del punto 2 de la Disposición Adicional Tercera: “La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años”.

Pero, además de un debate estatutario, hay también pendiente un reflexión sobre el paradigma en el que se desarrolla la política andaluza, sobre cómo se dan las relaciones del gobierno andaluz con el tejido social y económico. Andalucía hoy está arrastrada por un gobierno que vincula la conservación del poder al mantenimiento de una mentalidad clientelar que convierte derechos en favores lo que obstaculiza objetivamente el desarrollo de nuestra tierra.

El hecho de que la debilidad institucional motivada por la crisis no satisfaga todas las demandas que sostienen ese pacto clientelar, va destejiendo la red que se mantiene, no obstante, en niveles de conexión determinantes para el sostén del actual gobierno y su modelo de alianzas sociales.

Paralelamente, y penetrando poco a poco pero de manera creciente, hay una Andalucía que nunca se ha resignado a ese estado de cosas. Hay una Andalucía que no ha dejado de luchar y sigue haciéndolo. Es la Andalucía que se ha organizado sin concesiones y ha tejido y teje redes de lucha, de movilización y de reivindicación. Se trata de la Andalucía que ha llenado y llena las calles contra los recortes y la precariedad, que ha tomado conciencia desde el sufrimiento individual o grupal y lo convierte en instrumento de lucha organizada. La Andalucía que reivindica pan, trabajo, techo y dignidad como espejo desmontador de la otra Andalucía resignada.

En la hegemonía por la defensa del modelo público de servicios -sanidad y educación principalmente- emerge una reivindicación social que reafirma el fortalecimiento del modelo mediante una evidente mejora de la gestión. Y lo hace frente a los discursos defensivos -y ofensivos a la inteligencia colectiva- de un gobierno andaluz, conservador y apático, que acusa, a quienes se manifiestan por la sanidad y la educación, de hacerles el juego a quienes están interesados en la privatización. 

Los enemigos de la sanidad o la educación públicas no están entre quienes defienden la mejora de lo público. Los enemigos están entre quienes aprovechan errores de gestión para justificar el cambio de modelo público a privado y también entre quienes negándose a mejorar y corregir los errores de gestión pueden abrir las puertas a una privatización con mínimo coste social. Nos opondremos firmemente a ese intento.

Izquierda Unida se siente orgullosa de haber mantenido la llama de la reivindicación de un 28F que se ganó en la calle y cuya aspiración a una Andalucía soberana en un  Estado federal sigue vigente. Pero no basta. 

Cuando las que limpian los hoteles se organizan por una insultante explotación laboral, necesitan apoyo. Encontramos ahí un primer nivel de actuación. Luego observan y agradecen que no se sienten aisladas y contemplen que hay otras luchas que son las mismas que las que ellas sostienen. Ahí encontramos un segundo nivel de actuación: la organización. Pero hay un tercer nivel -fundamental para convertir la rabia y la indignación en esperanza e ilusión de cambio- que nos incumbe a todos. Se trata de construir un sujeto político que permita convertir las reivindicaciones y las luchas organizadas en alternativas de otras políticas, a través de la consecución de un gobierno amigo del pueblo andaluz.

De la resignación, a la alegría del cambio. A eso nos encomendamos con sostén y firmeza, y este 28F es un hito que empiece a construirlo.

“There is no alternative”, el eslogan atribuido a Margaret Thatcher en los años 80 del siglo pasado ha sido el mensaje transversal, permanente y repetido una y otra vez a lo largo de los últimos treinta años por el establishment occidental, también en España. Aplicando el principio del adagio latino “Gutta lapidem cavat non vi sed saepe cadendo” (La gota horada la piedra no por su fuerza sino por su constancia en la caída), el neoliberalismo ha mantenido, como un junco, ese lema en su actuación política.

En cualquier conflicto, crisis o tensión ese pensamiento ha impulsado toda la acción del sistema económico imperante: bajo la inflexibilidad, el mantenimiento de políticas o el desarrollo de otras encaminadas a cercenar derechos y libertades. Es la convicción (su convicción) de que se pone en marcha, en el caso de la derecha política y cultural, por coherencia con un nuevo modelo económico y social; y en el caso de la vencida y resignada socialdemocracia, porque no hay otra alternativa posible.

Desde el conflicto minero a principios de los años 80, que retratan de manera emocionante películas como Billy Elliot o más recientemente Pride, hasta las movilizaciones acaecidas en Grecia o España en estos últimos años, el neoliberalismo ha mantenido ese eslogan manido de forma inflexible.

Y ahí siguen (no hay más que escuchar a los ministros del Gobierno de Rajoy): con una inexorable ruta puesta en marcha de forma sólida, constante, dirigida a un modelo y una fase nueva del capitalismo en el mundo occidental y con voluntad totalizadora universal. El acuerdo del TTIP, del TISA o la reorganización de la OTAN como brazo ejecutor de un nuevo orden mundial son reflejo de acciones de gran coherencia organizativa para empujar a ese nuevo modelo. Concretado en España, asistimos a un proceso de recomposición del bipartidismo como forma de expresión política de un modelo que pretende salir reforzado –modificado lampedusianamente- tras las próximas elecciones generales. El régimen busca su reforma; nosotros buscamos la ruptura.

En este contexto, pensar que podemos embridar al capitalismo y sus monopolios, el sistema financiero o el IBEX35, con una acción institucional que tenga en el BOE su sostén de expresión no basta. En Grecia se ha revelado como un dilema –propio de quienes lo plasmaron en sus tragedias en la antigüedad clásica- la ingenuidad de pensar que un país con el 1,2% del PIB de la Unión Europea podría negociar en igualdad de condiciones con la Troika. La experiencia griega nos debe impulsar a elevar un principio de solidaridad –el aislamiento político, de ausencia de gobiernos amigos, fue fundamental en la humillación al pueblo griego- y también de responsabilidad, pues si queremos construir una alternativa, esta debe construirse desde la alianza de futuros gobiernos amigos.

Nuestro país, con más 45 millones de habitantes y casi el 13% del PIB de la Unión, puede ser determinante en la reordenación de las prioridades europeas. Por eso se revela fundamental. Así lo vimos desde 2008 en Izquierda Unida y apostamos por la construcción de un amplio bloque social y político que se dote de un referente electoral para ganar las elecciones: 176 diputados y una amplia organización de clase, del mundo del trabajo y de los sectores populares.

IU es insuficiente para esta tarea, pero es una parte imprescindible para dotar de discurso de clase –no sólo vinculado a opciones de radicalidad democrática- la encarnación de un proyecto de ruptura con las políticas de estos últimos años. Porque de eso se trata: frente a un intento de espectacularización también de la política, que reduce el debate de la Unidad Popular a presuntas renuncias o a una clave simplista y facilona de identidad corporativa, situamos el campo de acción política en torno a la construcción de candidaturas unitarias que reflejen un programa de gobierno en clave de cambio constitucional, en el que traducir las nuevas prioridades a favor de la mayoría social; en clave de radicalidad democrática -se hace necesario un pensamiento que vaya a la raíz del problema-; y en clave social y política. El intento de reformar la Constitución del 78 a través de una lectura reaccionaria y refundadora del bipartidismo se revelará imposible si hay un bloque que haga frente a ese “reseteamiento” del sistema.

¿Es esto la Unidad Popular? Es evidente que no y que no estamos cerca de construirla. Estamos aún lejos de conformar la unidad del pueblo para conseguir de forma colectiva una vida digna. Pero es igualmente evidente que una candidatura unitaria en estas elecciones dará un salto formidable en esa construcción.

Se trata de aglutinar el voto y transformarlo en poder político, de cientos de miles, de millones de personas que han participado a lo largo de estos años – de forma cohesionada y unitaria- en las movilizaciones, mareas, plataformas contra el paro, la precariedad, los recortes, el pago de la deuda, el TTIP, el derecho al aborto, la libertad sindical, ciudadana o política frente al recorte incesante de derechos.

Tenemos una oportunidad para convertir la marea de indignación en una marea de esperanza si damos forma a un instrumento electoral que dé unidad a las fuerzas políticas –y no políticas - implicadas y comprometidas en ese cambio. El bipartidismo trata de recomponerse: el político-electoral, pero también el mediático –una vez recompuesto el financiero y del gran empresariado. Tenemos una oportunidad histórica ante la que debemos saber que habrá obstáculos objetivos por parte de los sectores que dinamitarán este intento en tanto ven en él una amenaza real a sus intereses; y obstáculos subjetivos dados por los propios agentes llamados a formar parte del cambio.

Por eso apelamos a la generosidad y a la flexibilidad en la organización de estos espacios, pero a la firmeza del programa y de la estrategia, es decir: modificar cuanto haga falta los instrumentos para que se adapten a las necesidades del cambio pero sin concesiones ideológicas; con un programa al servicio de las clases populares, una estrategia desde la participación sincera, la organización popular, la honestidad política y la visión global de una ambición: el cambio real en nuestro país.

¿Capitulación?

Es un reto formidable, donde desde Izquierda Unida ponemos tesón y mucha convicción política, sin caer en las provocaciones de quienes intentan construir una capitulación política ante otros actores: se equivocan quienes tienen la tentación de situar la esperanzadora construcción de una lista unitaria – pesadilla, dicho sea de paso, para el Partido Popular y para el PSOE - en una suerte de derrota organizativa.

Ni IU en Andalucía, ni en el resto del país, va a diluir ni trocear su organización, ni su programa, ni su aspiración histórica a contribuir a un cambio real en nuestro país, complejo, poliédrico y de múltiples resistencias. Somos conscientes de que la suma en política, a diferencia de las matemáticas, multiplica e IU quiere contribuir a que esa suma se convierta en una efecto de esperanza y de percepción de que se puede, de que no ha habido mejor oportunidad que ahora para esa transformación. En espacios unitarios, sin duda; en el respeto a las partes, también. En ese esfuerzo nos dejaremos la piel. Vale la pena. Porque, en el campo de la izquierda, no hay alternativa… a la Unidad Popular.