Por favor, no entrevisten, no conversen, no escriban sobre la familia ni sobre las bondades de los integrantes de 'la manada'; y no lo hagan, en aras de un imperativo ético, en aras de la reparación, del reconocimiento y de la  memoria de las mujeres agredidas.

Ciertamente las mujeres somos un pueblo sometido pero no les estamos sugiriendo cambiar la historia, sino como cubrirla; les estamos apuntando que feminicen al sujeto ético, que intenten, por una vez, que la ética no esté al servicio del mercado capitalista ; les estamos pidiendo  que no den pábulo a la humillación de las mujeres violadas y violentadas, les estamos diciendo que no todo vale, que nunca más podrán protestar contra el machismo si defienden los mecanismos que hacen posible el poder y las estructuras patriarcales.   

Quizás sería un éxito de audiencia y de un consumo morboso; ustedes probablemente alegarían libertad de expresión pero, como saben, la libertad de expresión puede ser políticamente correcta pero no es neutra: que los depredadores se lucren con su crimen normaliza la violencia contra las mujeres y lanza un mensaje de humillación, ignominia y  vergüenza hacia las víctimas.

No pretendemos acallar disidencias pero ustedes contribuyen a la representación social de las violencias. Ni siquiera les pedimos una mirada feminista sobre el derecho a la verdad y a la memoria, sólo que no denigren a la joven de Madrid ni a tantas mujeres violadas y violentadas que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Las redes están llamando a un boicot preventivo ante eventuales entrevistas con los depredadores, quizás esto sea disuasorio para ustedes, quizás es el único lenguaje que entienden, porque les boicotearemos a ustedes y a sus anunciantes, pero me gustaría plantearles una opción ética, no capitalista: no les entrevisten, no conversen con sus familias ni con sus vecinos, no publiquen, no den voz ni paguen a nadie que normalice  la afrenta de la violencia contra las mujeres. 

Las palabras expresan lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto; les animo a conquistar el lenguaje de la verdad, el lenguaje de las mujeres, la fuerza del espíritu de las mujeres que se ha manifestado durante milenios, a que hagan público un espacio nuevo y sostenible espacio, otro impulso, otra energía que permita transformarnos en una sociedad más igualitaria.

El silencio invisibiliza los efectos de la violencia y la impunidad de los agresores, pero preferimos que no los convoquen, que no creen contextos de violencia y humillación, que no ultrajen a las víctimas, ni a la joven de Madrid ni a tantas mujeres que forman parte de la memoria colectiva, no jueguen a la banalidad del mal, no acompasen el concepto de in-justicia. Muchas mujeres no se los perdonaremos.  Y no estamos solas.

La indignación no nos cabe en la piel; de nuevo la palabra de una mujer es cuestionada, de nuevo la justicia patriarcal consuma la enésima violación de los derechos de las mujeres, y decimos de nuevo, porque pasa todos los días, todas las semanas, con mujeres anónimas cuyo juicio no genera expectación.

El caso de la violación de los sanfermines es paradigmático, pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra no crea precedentes, sino que constata una práctica habitual en la interpretación y la aplicación de las leyes; las decisiones judiciales no son nunca una aplicación mecánica de la ley, sino que pasan por el tamiz de la interpretación personal de quien las aplica, habitados y habitantes de una sociedad patriarcal impaciente y enojada con las mujeres, especialmente con las que rompen con los estereotipos asignados a su género.

La clave de la sentencia radica en la inaplicación de la violencia o intimidación como elementos definidores de la agresión sexual, con cuya apreciación la calificación jurídica hubiera pasado de abusos a agresión sexual. Hay muchas formas de ejercer la intimidación y la violencia, pero en este caso la intimidación fue muy grave, brutal: cinco machos que utilizan su fuerza y su presencia física para anular la libertad de una joven de 18 años y doblegar su cuerpo. No es una intimidación clara, grave, invencible y suficiente para hacer innecesaria la resistencia de la víctima?

Cómo y cuánto las mujeres deben resistirse para salvar las pruebas del patriarcado: oponiendo resistencia física? Cerrando las piernas, la boca? O quizás emulando a Maria Goretti, para ser sometidas, violadas y hasta asesinadas?

Han transcurrido apenas veinticuatro horas desde que se diera a conocer la sentencia; la violación en grupo extraviada en la burocracia judicial, y la repugnancia y la vergüenza de un voto particular de doscientas treinta y siete páginas, han provocado indignación, ira e impotencia, emociones que están presidiendo los primeros análisis: se habla de inhabilitar a los magistrados que dictaron la sentencia y de modificar el Código Penal.

Falta el suficiente sosiego para hacer una valoración serena, pero quiero hacer un primer apunte: posiblemente una modificación del Código Penal, tantas veces retocado y maquillado en estos delitos, mejoraría la aplicación judicial de la violencia sexual pero no sería suficiente: la vieja justicia y el patriarcado continuarían encontrando resquicios contra las mujeres, como está pasando en buena medida con la aplicación de la ley integral contra la violencia de género.

Aprovechemos el momento histórico, la catarsis y la movilización masiva del último 8 de marzo, la constatación de que una generación de mujeres se ha despertado. Estamos en guerra y el campo de batalla es infinito, pero hagamos de la sentencia un catalizador para deconstruir el sistema jurídico, superemos el falso universalismo, acabemos con el supremacismo masculino y desalojemos al patriarcado del poder.

Eppur fue violada.

El lunes, una más, otra mujer asesinada. Esta vez en El Alquian, Almería, una mujer que, según la Delegación del Gobierno de Andalucía, no había presentado denuncias previas por violencia machista, como si este dato fuera un salvoconducto para las instituciones: como no ha denunciado, no sabíamos que sufría violencia; cuando resulta que sólo menos de la mitad de las mujeres asesinadas durante los últimos años había denunciado previamente a su agresor.

A todo esto, la máxima responsable de Igualdad en el Estado español, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, envía por las redes sociales un mensaje ñoño de apoyo y cariño para la familia y amistades de la mujer asesinada. No lanza un mensaje airado contra la violencia machista, no dice: vamos a luchar, vamos a poner recursos para erradicar las violencias contra las mujeres, no grita #NiUnaMenos.

Sí, es la ministra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sin presupuesto, la que mantiene en el cargo a Lucía del Carmen Cerón como directora del Instituto de la Mujer, que afirma que el término machista es “un decir, un no sé qué, qué sé yo” y que responsabiliza a las mujeres por no saber decir que no a la violencia de género.

Y luego se preguntan por qué las mujeres no denuncian. ¿Que por qué las mujeres no denuncian la violencia? Por la falta de recursos institucionales, porque no existe un interés real ni una verdadera voluntad política para acabar con las violencias machistas, ni programas de prevención, soporte y apoyo a las mujeres en situación de violencia; no denuncian por vergüenza; por el deterioro psíquico causado por el maltrato continuado; por miedo: miedo al agresor, miedo a no ser creídas, miedo al proceso judicial; porque no quieren perjudicar al agresor, porque sólo quieren vivir tranquilas.

Las mujeres no denuncian porque el sistema penal no es neutro, porque el género no se ha incorporado a la interpretación y aplicación de las leyes y  éstas van muy por detrás de las expectativas creadas. Las mujeres no denuncian porque en muchas ocasiones la respuesta penal a las violencias machistas se vuelve contra ellas, porque las ideas culturales dominantes, las reacciones y las resistencias del sistema patriarcal siguen difundiendo antiguos mitos y estereotipos, como el de las denuncias falsas que, a pesar los continuos desmentidos de diferentes estudios e informes judiciales, generalizan las sospechas sobre las mujeres.

Las mujeres no denuncian por las enormes dificultades existentes para acreditar la violencia cuando no hay hematomas ni contusiones; por las deficiencias de la investigación judicial sin lesiones físicas recientes. Las mujeres tienen sobrados motivos para resistirse a denunciar la violencia sufrida y en muchas ocasiones, en una proporción alarmante, renuncian a mantener la acusación.

Las mujeres no denuncian porque muchos agresores utilizan las contradenuncias o denuncias cruzadas para que se retiren o archiven las causas penales contra ellos; es tan fácil como que el hombre que ha sido denunciado como agresor por su pareja, denuncia a su vez supuestas agresiones de la mujer, aunque sean meramente defensivas, como arañazos o rasguños. En esta estrategia de defensa de los maltratadores y de criminalización de las mujeres, éstas son siempre sospechosas y casi siempre condenadas; la estratagema les da resultados, el sistema acaba imponiendo su propia lógica y apenas se habla de estas denuncias falsas; la estrategia de la contradenuncia pasa desapercibida pese a la paradoja de que de los juzgados de violencia contra la mujer puedan derivarse acusaciones y condenas contra mujeres que sufren violencia.

A todo ello, el gGobierno continúa impasible, ni sabe, ni contesta. ¿Será un problema menor? Gracias ministra, por ayudar a erradicar las violencias machistas.

Seguiremos gritando #NiUnaMenos #MachismoMata.

Cinco mujeres asesinadas en cuatro días, veintiuna en lo que llevamos de año (16, según las cifras del Ministerio de Sanidad); “fallos del sistema”, le llaman.

Al menos dos de las últimas mujeres asesinadas, en Gandía y Santa Perpetua de la Mogoda, tenían concedidas una orden de protección, y ahora el debate público se ha instalado en la eficacia de estos instrumentos jurídicos, olvidando que la protección de las mujeres no se limita a las órdenes de alejamiento, sino que es un concepto mucho más amplio y complejo; olvidando que el sistema jurídico es fruto del sistema patriarcal, que es el que falla y el que mata.

No nos sirven las palabras de consuelo, ni las subcomisiones de trabajo, ni los minutos de silencio de las instituciones, BASTA YA, queremos hechos, prevención, sensibilización, políticas y recursos. Que no se llenen la boca de condenas estériles contra la violencia machista quienes mantienen recortes indignantes en políticas de prevención y de igualdad y no adoptan las necesarias medidas de protección y seguridad de las mujeres supervivientes.

Sabemos que la orden de alejamiento se puede quebrantar con cierta facilidad, pero es esencial que en sede judicial se lleve a cabo una valoración urgente del riesgo de letalidad, de la gravedad de la situación y del riesgo de reincidencia de la violencia, a efectos de gestionar el riesgo y garantizar, en su caso, la coordinación de la seguridad y el apoyo, tal como establece el art. 51 del Convenio de Estambul. Además, se deben implantar en todos los juzgados de violencia las Unidades de Valoración Forense Integral, previstas en la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, pero inexistentes en la mayoría de juzgados especializados. Por tanto, menos palabras vacuas y cumplan ustedes las leyes de las que nos hemos dotado.

Cumplan también las recomendaciones de la CEDAW (Informe 2015), que insta al Estado español a impartir formación obligatoria y capacitación periódica a la judicatura, fiscalía y agentes policiales y judiciales sobre violencia de género y sobre la Convención y su Protocolo Facultativo, para que puedan servir de marco efectivo para todas las leyes, decisiones judiciales y políticas relativas a la igualdad de género y a los avances de la mujer. Quizás así evitaríamos el abstencionismo y la miopía de muchos, demasiados juzgados de violencia sobre la mujer; especialmente en Catalunya, que mantiene ocho localidades entre las diez ciudades españolas que menos órdenes de protección adoptan, Barcelona situada en segundo lugar.

No se puede hablar de fallos del sistema cuando subrepticiamente, desde el año 2015, están cociendo la eliminación de diversos juzgados de violencia sobre la mujer, primero con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 21 de julio de 2015. Esta ley establece la posibilidad de alterar la demarcación judicial de los juzgados de violencia sobre la mujer mediante real decreto; a saber, cualquier modificación de las demarcaciones judiciales debe hacerse mediante ley, estudiada y debatida en el parlamento estatal, excepto la de los juzgados de violencia sobre la mujer que, desde la reforma, puede llevarse a cabo por decreto del Gobierno, con alevosía, nocturnidad y sin debate parlamentario.

El pretexto de la modificación era favorecer el ámbito organizativo y el conocimiento especializado de estos juzgados. Hablan de ratios, pero si algunos juzgados especializados tienen poca carga de trabajo, podrían plantearse hacerlos mixtos, darles competencias en otras materias, en lugar de suprimirlos directamente. ¿El problema de la Justicia son únicamente los juzgados de violencia? ¿No habíamos quedado que era fundamental facilitar las denuncias a las mujeres, y por eso la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cambió la competencia territorial, para que el juzgado competente pasara a ser el juzgado del domicilio de la mujer que había sufrido violencia?

En Catalunya hemos comprobado la cara oculta de la reforma; hace unos meses salió a la luz una propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para suprimir 28 juzgados de violencia sobre la mujer, que de los 53 existentes pasarían a 25, lo que obligaría a las mujeres en situación de violencia a emigrar a otros juzgados comarcales, en muchos casos a localidades que distan 60-65 km de su población; de manera que si no denuncia la violencia podría separarse o divorciarse en los juzgados de su localidad y si la denuncia, debería hacer un periplo comarcal, tanto para la denuncia como para un ulterior proceso de separación o divorcio.

Tienen un plan claro y evidente para eliminar juzgados de violencia en todo el estado español; el ministro de Justicia ha dado el visto bueno en sede parlamentaria y la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, ha realizado la propuesta a la subcomisión de violencia de género del Congreso, revestida, claro está, de mejora para la situación de las mujeres más vulnerables, que con la reforma, supuestamente, contarían con juzgados con más recursos y servicios.

Su insensibilidad y desconocimiento contribuyen a la perpetuación de las violencias patriarcales. Por favor, no nos hablen de fallos del sistema.