El derrumbe del edificio Rana Plaza en Dhaka, capital de Bangladesh, es la peor tragedia textil conocida hasta el momento y, sin lugar a dudas, la más mediática. El 24 de abril de 2013, 1.134 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas, en su mayoría mujeres, al desplomarse este edificio que albergaba cinco talleres de ropa que producían para marcas europeas y norteamericanas.

Ya han pasado cinco años del derrumbe del Rana Plaza, que puso en el punto de mira una industria caracterizada por la explotación laboral, la falta de seguridad y la opacidad. Gracias a la atención de los medios de comunicación al desastre, salió a la luz que el edificio no había sido inspeccionado adecuadamente y que, como las trabajadoras no estaban sindicalizadas, les fue muy complicado autoorganizarse cuando algunas detectaron que la fábrica tenía grietas y avisaron a sus superiores (quienes les obligaron a golpes a continuar trabajando). Además, no había ningún registro público de las marcas que producían allí, hecho que fue un gran obstáculo a la hora de exigir responsabilidades.

Ante la poca transparencia de la industria de la confección, activistas y periodistas tuvieron que arriesgar sus vidas buscando entre los escombros etiquetas y otros documentos que verificaran la relación comercial entre las marcas internacionales y las fábricas. Benetton, Walmart, El Corte Inglés y Mango son algunas de las casi dos docenas de marcas que finalmente reconocieron tener encargos en el Rana Plaza, aunque hicieron falta más de dos años de presiones por parte de sindicatos y de la Campaña Ropa Limpia para que indemnizaran a las víctimas y familiares de la tragedia.

Desde entonces, ha habido algunos cambios importantes en el sector; sin embargo, todavía hay muchas cuestiones sobre las que seguir trabajando hasta conseguir una industria justa y transparente.

A raíz de la tragedia, se impulsó por parte de sindicatos internacionales, sindicatos locales y redes como la Campaña Ropa Limpia, el acuerdo para la seguridad en edificios y contra incendios en Bangladesh, vigente durante cinco años y legalmente vinculante. Después de meses de presión, más de 200 empresas se decidieron a firmarlo y con él se consiguió mejorar sustancialmente la seguridad en las fábricas de este país.

En estos años se han inspeccionado y reclamado mejoras en más de 1.600 fábricas en las que se han encontrado riesgos graves, anteriormente desconocidos por sus compradores y por las trabajadoras. A 1 de marzo de 2018, el avance global de las tareas de subsanación de riesgos era del 83%, un total de 138 fábricas habían completado la fase inicial de subsanación y 749 se encontraban en una tasa de subsanación superior al 90%. Además, el acuerdo se complementaba con formación y apoyo a comités de seguridad formados por personas trabajadoras y miembros de la dirección de las fábricas, una estrategia para asegurar una seguridad sostenible a largo plazo no sujeta únicamente a las inspecciones. Hasta la fecha, se contabiliza que 846 comités de seguridad han recibido formación y que se han celebrado 1.036 reuniones de trabajadoras de las fábricas adheridas al acuerdo (en el que han participado un total de 1,4 millones de trabajadoras).

El acuerdo supuso un avance revolucionario centrado en resolver los problemas identificados en lugar de únicamente registrarlos o analizarlos y establecía nuevos canales de comunicación con el personal empleado. Con él, las personas trabajadoras han podido comprobar que este mecanismo no solo les permitía expresar sus inquietudes, sino también que fueran tomadas en serio y que se actuara en consecuencia.

Este 2018 finalizaba el plazo pactado en el acuerdo para aplicar medidas de seguridad en las fábricas. Por este motivo, y porque aún hay mucho trabajo por hacer, se ha impulsado una fuerte campaña para que sea renovado bajo la denominación de Acuerdo de Transición de 2018. El nuevo acuerdo, también independiente y vinculante entre las marcas globales y los sindicatos IndustriALL Global Union y UNI Global Union, tiene como objetivo trabajar para conseguir una industria textil segura y salubre en Bangladesh hasta que exista un organismo nacional que vele por ello. A día de hoy, 180 marcas han firmado esta extensión del acuerdo inicial, pero todavía hay muchas que no han querido comprometerse.

Una de las novedades del Acuerdo 2018 es que incluye fábricas que producen textil para el hogar y accesorios de tejidos y telas. Sábanas, cojines, sofás, manteles… Estos productos amplían el listado de fábricas a revisar y, por lo tanto, se beneficiará a muchas más trabajadoras. Entre las empresas afectadas por esta ampliación en la dimensión del acuerdo, encontramos a la conocida marca sueca Ikea, que todavía no se ha decidido a firmar.

Sin embargo, a pesar de los avances en seguridad, imprescindibles para que las personas que cosen nuestra ropa no pongan en riesgo sus vidas cuando van a trabajar, hay otras cuestiones fundamentales que deberían abordarse y que Gobiernos y marcas están evitando.

En primer lugar, la poca organización entre las trabajadoras ante la catástrofe del Rana Plaza puso de manifiesto la necesidad de crear sindicatos en la industria y durante los meses posteriores muchas trabajadoras se movilizaron para reclamar sus derechos. Aun así, la libertad sindical es una falacia en Bangladesh y la continua represión de las personas que intentan organizarse hace muy difícil que consigan sus objetivos. No hay ninguna ley o régimen de aplicación vigente en cuyo marco las trabajadoras puedan denunciar prácticas laborales injustas y no hay un proceso claro para registrar un sindicato, ya que los rechazos de las solicitudes suelen aducir razones inconsistentes o arbitrarias. Esto ha implicado el hecho de que en 2017 solo se hayan registrado 53 solicitudes frente a las 392 del 2014: una disminución que se puede relacionar fácilmente con esta burocracia arbitraria y con la represión antisindical.

Encarceladas por protestar

En diciembre de 2016, más de 35 sindicalistas y trabajadoras fueron encarceladas por participar en las protestas para reivindicar un aumento del salario mínimo en Ashulia, una zona industrial cercana a la capital, Dhaka. Después de este suceso, la represión antisindical aumentó drásticamente en todo el país y se presentaron cargos criminales, se realizaron detenciones y hubo despidos masivos que afectaron a más de 1.500 personas. El miedo a sufrir alguna de estas consecuencias conlleva que muchas trabajadoras no se atrevan a sindicarse, ya que los riesgos que se corren para que sus voces sean escuchadas son muy altos y pueden tener graves consecuencias tanto para ellas como para sus familias.

Y por si lo expuesto ahora fuera poco, hay que subrayar que las trabajadoras de la confección de Bangladesh son las peor pagadas del mundo. En 2013, a raíz del desastre y las presiones internacionales, se revisó la Ley Laboral de Bangladesh que marcó el salario mínimo en 5.300 BDT (53 euros) discutible cada cinco años, cifra que la Campaña Ropa Limpia alertó en ese momento que estaba lejos de ser suficiente para proporcionar una vida decente a las trabajadoras. Actualmente, las trabajadoras piden que el salario es establezca en 16.000 BDT, cifra que sigue aún por debajo de varias estimaciones del coste de vida, por ejemplo, según la Alianza por un Salario Digno en Asia el coste de vida en Bangladesh se estima en 37.661 BDT, que es siete veces el salario mínimo actual. Mientras que el coste de las necesidades básicas como la alimentación y la vivienda sube de forma constante y la tasa da de inflación del país es elevada, la necesidad de un salario mínimo justo se convierte en algo imprescindible para garantizar la dignidad de la vida de millones de personas.

Aunque la situación en Bangladesh es especialmente complicada, no es el único país en el que se producen incidentes recurrentes y donde los salarios de miseria, las jornadas laborales excesivas, los entornos laborales peligrosos, la explotación infantil y la ausencia de sindicatos legalmente constituidos caracterizan las condiciones laborales de las personas trabajadoras en el sector textil. Para denunciar todo esto y luchar para combatirlo, iniciativas como la Campaña Ropa Limpia publican informes constantes que proponen acciones concretas y realizables que, de ser adoptadas por empresas y Gobiernos, nos acercarían a la industria de ropa sostenible prometida tras el colapso de Rana Plaza.

Entre las medidas que se proponen, se pide a las marcas y minoristas que mejoren la transparencia de sus cadenas de suministro, permitiendo tanto a trabajadoras como a las personas consumidoras conocer y monitorizar las condiciones de trabajo. Además, se reclama a la Unión Europea que legisle para asegurar el derecho sindical y que apruebe una regulación que obligue a las empresas al ejercicio de debida diligencia en sus cadenas de suministro, es decir, que se responsabilice de los impactos negativos de su actividad y trabaje para mitigarlos.

Solo con el compromiso de los Gobiernos y las instituciones supranacionales podremos incidir en las prácticas habituales de las grandes empresas textiles, que se benefician de la explotación de millones de personas con total impunidad. Como consumidores, podemos ejercer un consumo responsable, pero, sobre todo, debemos exigir a nuestros gobernantes que tomen partido.

Xènia Domínguez y Carla Liébana son responsables, respectivamente, de la Campaña Ropa Limpia y de Comunicación de SETEM Catalunya.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La globalización del neoliberalismo hace años que se esfuerza por vendernos un mundo caracterizado por un proyecto político al servicio del capital como solución contra la pobreza. Los hechos y la realidad, sin embargo, hace tiempo que nos indican que el resultado es todo lo contrario.

La constante privatización de los servicios públicos, la liberalización del comercio y el papel creciente de los intereses empresariales en el proceso de desarrollo están dilapidando los derechos humanos y los medios de vida sostenibles. Las desigualdades en el mundo son cada vez más notorias y la crisis no ha hecho más que mantener e intensificar los aspectos esenciales del capitalismo –explotación de los recursos naturales, producción basada en la explotación del trabajo, desigual redistribución y máximo beneficio– incrementando las diferencias sociales y territoriales. El 1% más rico de la población mundial posee actualmente el 40% del capital, mientras que el resto busca la manera de sobrevivir.

Junto con la discriminación de raza, el origen étnico, la orientación sexual, la edad o las condiciones socioeconómicas, el sexo es uno de los factores más influyentes en nuestra sociedad, que limita las oportunidades y los proyectos de vida de las mujeres y las niñas.

Aunque se han producido importantes avances en los últimos años, las desigualdades de género son aún evidentes en todas las sociedades. Son las mujeres las que siguen teniendo más probabilidades de vivir en la pobreza. Su posición desigual dentro de las sociedades implica que tienen menos poder, menos dinero y menos tierras. También son más vulnerables a sufrir violencia y tienen menos acceso a la educación, la sanidad y los espacios políticos y de toma de decisiones.

La crisis económica y la desregulación de los derechos laborales no ha hecho más que precarizar el empleo e incrementar el riesgo de pobreza a escala global. Este impacto lo sufren más las mujeres. En Catalunya con cifras de un 19% y llegando hasta el 34% en los hogares monoparentales. Tener un trabajo ya no es sinónimo de seguridad económica. Nos encontramos ante un fenómeno global y creciente donde las personas, a pesar de trabajar o tener alguna prestación o subsidio estatal, no poseen recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta realidad de nuevas personas pobres, representadas en su mayoría por mujeres, es lo que la economista y autora Amaya Pérez Orozco llama la feminización de la pobreza.

La pobreza laboral crece a unas cifras preocupantes, especialmente en las jóvenes trabajadoras hasta los 25 años con un riesgo del 16,9%, cinco veces más que los jóvenes trabajadores de la misma edad (3,3%). Las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres se han incrementado en un 20,2% y la proporción de mujeres con contratos a tiempo parcial triplica a la de los hombres, un 21% frente al 7% en 2015. Este hecho es una de las consecuencias de la falta de medidas reales para la conciliación familiar, extrapolable a la mayoría de sociedades. Las tareas de cuidados necesarios para el mantenimiento de la vida así como los usos del tiempo y las cargas no remuneradas siguen invisibles dentro del mercado del capital.

La industria del textil es uno de los sectores donde claramente se percibe la tendencia a la feminización de la pobreza; mujeres trabajadoras que con jornadas laborales maratonianas no llegan a cubrir sus necesidades básicas. La campaña Ropa Limpia hace años que denuncia que en el sector deslocalizado de la confección del 80% de las personas que trabaja son mujeres en situación de explotación. Las trabajadoras siguen sufriendo diariamente la imposición de unas condiciones de trabajo indignas similar a las condiciones de las mujeres obreras que protestaban en 1908. Salarios de miseria, jornadas laborales excesivas, falta de higiene y seguridad laboral, represión sindical, dificultades para la negociación colectiva, acoso y violencia verbal, física y sexual. El hecho de que la mayoría de trabajadoras sean mujeres no es causalidad sino fruto de la discriminación sistemática de género que prioriza mano de obra barata, que es más fácil de contratar por poco tiempo y que a menudo tiene menos posibilidad de organización sindical por las cargas reproductivas asociadas. En la India, la asociación READ ha documentado que en los últimos cuatro años como mínimo 86 chicas han perdido la vida mientras trabajaban en la industria textil alertando la dureza de las condiciones en las fábricas y los casos de violencia física y sexual.

No queremos que los gobiernos sigan intentando resolver los problemas a través de incentivos materiales, inversiones, bienes de consumo y tecnología y el impulso de procesos de modernización e industrialización obviando la necesidad de transformaciones estructurales y políticas al servicio de las personas. Es necesario un cambio de paradigma. Un paradigma que promueva relaciones justas y equitativas a las necesidades de todas las personas dentro del ciclo de la vida.

La globalització del neoliberalisme fa anys que s’esforça per vendre’ns un món caracteritzat per un projecte polític al servei del capital com a solució contra la pobresa. Els fets i la realitat però, fa temps que ens indiquen que el resultat és tot el contrari.

La constant privatització dels serveis públics, la liberalització del comerç i el paper creixent dels interessos empresarials en el procés de desenvolupament estan dilapidant els drets humans i els mitjans de vida sostenibles. Les desigualtats arreu del món són cada vegada més notòries i la crisi no ha fet més que mantenir i intensificar els aspectes essencials del capitalisme -explotació dels recursos naturals, producció basada en l’explotació del treball, desigual redistribució i màxim benefici – incrementant les diferències socials i territorials. L’1% més ric de la població mundial posseeix actualment el 40% del capital, mentre que la resta busca la forma de sobreviure.

Juntament amb la discriminació de raça, origen ètnic, orientació sexual, edat o condicions socioeconòmiques, el sexe és un dels factors més influents a la nostra societat, que limita les oportunitats i els projectes de vida de les dones i les nenes.

Tot i que s’han produït importants avenços al llarg dels últims anys, les desigualtats de gènere són encara evidents a totes les societats. Són les dones les que segueixen tenint més probabilitats de viure en la pobresa. La seva posició desigual dins les societats implica que tenen menys poder, menys diners i menys terres. També són més vulnerables a patir violència i tenen menys accés a l’educació, la sanitat i els espais polítics i de presa de decisions.

La crisi econòmica i la desregulació dels drets laborals no ha fet més que precaritzar l’ocupació i incrementar el risc de pobresa a escala global. Aquest impacte el pateixen més les dones, a Catalunya amb xifres d’un 19% i arribant fins al 34% en les llars monoparentals. Tenir un treball ja no és sinònim de seguretat econòmica. Ens trobem davant d’un fenomen global i creixent on les persones, malgrat treballar o tenir alguna prestació o subsidi estatal, no posseeixen recursos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta realitat de noves persones pobres, representades en la seva majoria per dones, és el que Amaya Pérez Orozco anomena la feminització de la pobresa.

La pobresa laboral creix a unes xifres preocupants, especialment en les joves treballadores fins a 25 anys amb un risc del 16,9%, cinc vegades més que els joves treballadors de la mateixa edat (3,3%). Les diferències salarials entre els homes i les dones s’han incrementat en un 20,2% i la proporció de dones amb contractes a temps parcial triplica a la dels homes, un 21% davant del 7% el 2015. Aquest fet és una de les conseqüències de la falta de mesures reals per la conciliació familiar, extrapolable a la majoria de societats. Les tasques de cures necessàries per al manteniment de la vida així com els usos del temps i les càrregues no remunerades segueixen invisibles dins el mercat del capital.

La indústria del tèxtil és un dels sectors on clarament es percep la tendència a la feminització de la pobresa, dones treballadores que amb jornades laborals maratonianes no arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques. La Campanya Roba Neta fa anys que denuncia que en el sector deslocalitzat de la confecció el 80% de les persones que hi treballa són dones en situació d’explotació. Les treballadores segueixen patint diàriament la imposició d’unes condicions de treball indignes similar a les condicions de les dones obreres que protestaven el 1908. Salaris de misèria, jornades laborals excessives, falta d’higiene i seguretat laboral, repressió sindical, dificultats per la negociació col·lectiva, assetjament i violència verbal, física i sexual. El fet que la majoria de treballadores siguin dones no és causalitat sinó fruit de la discriminació sistemàtica de gènere que prioritza mà d’obra barata, que és més fàcil de contractar per poc temps i que sovint té menys possibilitat d’organització sindical per les càrregues reproductives associades. A l’Índia, l’associació READ ha documentat que en els últims quatre anys com a mínim 86 noies han perdut la vida mentre treballaven a la indústria tèxtil alertant la duresa de les condicions a les fàbriques i els casos de violència física i sexual.

No volem que els governs segueixin intentant resoldre els problemes a través d’incentius materials, inversions, béns de consum i tecnologia i l’impuls de processos de modernització i industrialització obviant la necessitat de transformacions estructurals i polítiques al servei de les persones. És necessari un canvi de paradigma. Un paradigma que promogui relacions justes i equitatives a les necessitats de totes les persones dins el cicle de la vida.