El poder corporativo, a través de las empresas transnacionales, domina el mundo. Domina los asuntos políticos, económicos, culturales, jurídicos. Los tratados comerciales de nueva generación, en el marco de los cuales se inserta el Acuerdo Global que la UE está a punto de renovar con México, son la expresión más tangible de cómo este poder corporativo se refuerza globalmente y perpetúa las desigualdades.

Parlamentarios europeos y miembros del Gobierno mexicano nos sentamos estos días en México a debatir cláusulas de igualdad o respeto de los derechos humanos que maquillen la manifiesta incompatibilidad entre este tipo de tratados y los derechos laborales, la protección del medio ambiente, la igualdad o el respeto a la vida.

Mientras lo hacemos son millones las que ahí afuera, en las ciudades y pueblos de Europa y de México, nos gritan que existe una contradicción estructural entre la acumulación del capital en cada vez menos manos y la sostenibilidad de la vida; millones las que pensamos que Europa, antiguo centro del poder corporativo colonialista, necesita mirarse y mirar el mundo desde las periferias de este poder y contagiarse de la experiencia mexicana, latinoamericana, para plantear alternativas diversas, múltiples, locales.

Somos las mujeres quienes, desde muchos puntos del planeta, más nos hemos resistido a las imposiciones del mercado. La economía de los cuidados que reclama el feminismo tiene que ver con una nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades. No sólo el beneficio económico cuenta. Cuenta la sostenibilidad de la vida. De una vida que merezca la pena ser vivida.

Por eso no sirve de nada ni nos protege una cooperación regida por el poder corporativo. México y Europa deben romper, de una vez por todas, la matriz colonial que sustenta nuestras economías. Sólo así reduciremos la violencia estructural contra las mujeres.

Violencia machista a ambos lados de Océano

En nuestro país hay más de mil violaciones al año denunciadas. La punta del iceberg de todas aquellas que prefieren callar para no ser ellas las juzgadas. Las violaciones se están convirtiendo en espectáculos televisivos donde a quien se juzga es a la víctima y a quien se justifica es a ellos.

Los medios de comunicación los defienden porque son jóvenes, sanos, normales, guapos, hijos de sus madres, novios de sus novias. Son los hijos sanos del patriarcado... pero uno de cada tres pagará por sexo sin importarle sin quien presta su cuerpo lo hace libremente, forzada, sin papeles, coaccionada, amenazada. Los hijos sanos del patriarcado: 60 de ellos asesinarán a sus parejas cada año en España, porque entienden que en el sexo y en el amor las mujeres les pertenecemos.

México, por su parte, sufre una violencia cruel y desgarradora contra las mujeres. Una violencia específica que se evidencia con la mutilación de los cuerpos, la agresión sexual, la tortura y el intento de desaparición de los cuerpos. Lo cierto es que hoy, todo el país se ha convertido en un gigantesco Ciudad Juárez.

Estremece pensar que México es el segundo país más letal del mundo, sólo por detrás de Siria, según ha revelado recientemente el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos. Esta nación, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, rebasa a Afganistán o Somalia en el número de muertes en el conflicto con el narcotráfico. Y, sin embargo, hay un silencio cómplice en los medios internacionales y, dentro del país, quien se atreve a contarlo se expone a ser eliminado.

Denunciar la violencia, la corrupción política y el narcotráfico, así como la íntima relación entre ellas, puede salir muy caro en México. En los últimos 15 años, más de 100 periodistas han sido asesinados. El último ejemplo de estas intimidaciones lo vivimos hace menos de un mes, cuando un grupo de hombres armados asaltaron a tres periodistas independientes que cubrían la caravana de María de Jesús Patricio, la primera mujer indígena que aspira a la presidencia de México.

Desde Podemos Europa hemos exigido por escrito a la UE medidas de presión para que se cumplan las condiciones de seguridad y libertad en el que se debería estar desarrollando la pre-campaña electoral. Y animamos a la candidata a que no desista en su empeño ni se deje intimidar por quienes quieren perpetuar la impunidad y el terror.

Como en todos los conflictos, las mujeres y las niñas se llevan siempre la peor parte porque a la violencia institucionalizada en México hay que sumar la condena de la violencia machista. Y es que las víctimas de feminicidio lo son triplemente en México: lo son cuando las asesinan, lo son cuando sus muertes no se investigan y lo son cuando la sociedad y los medios de comunicación las juzgan tras su muerte: por cómo vestían, cómo hablaban o cómo vivían.

Siete mexicanas son asesinadas cada día, sólo un 25% de los casos son investigados como feminicidios. Muchas de ellas son activistas y defensoras de los Derechos Humanos y del territorio. Matan a las mujeres porque nosotras representamos la vida frente a sus proyectos de muerte.

La mayor parte de los asesinatos y desapariciones quedan en la impunidad porque no se investigan. Pero no nos van a callar. El dolor de las mujeres de México es también nuestro dolor. Si atacan a una nos atacan a todas. En España, en México, en Europa, en todas partes del mundo seguiremos gritando: Ni Una Menos. Y el 8 de marzo, en la huelga de mujeres, no lo duden. Nosotras pararemos y parará el mundo.

Estos días se celebra en Bonn la 23ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP23. Conviene recordar que la COP21 fue la conferencia ‘de las decisiones’, en la que 195 países suscribieron el Acuerdo de París, presentado como un gran éxito internacional por los mandatarios del mundo. Y que la COP22, de Marrakech, se dijo que sería la ‘de las soluciones’ –pero más bien resultó ‘la de las paradojas’–. Ahora nos encontramos con que la COP23 o es la ‘de los compromisos económicos’ o habremos llegado, definitivamente, tarde.

Muchos países del norte global querrán renegociar en la COP23 para ver el alcance de sus compromisos en la lucha contra el cambio climático limitados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para no incluir ninguna mención de adaptación al cambio climático a través de un cambio en el modelo económico y productivo. El desafío al que nos enfrentamos es, por un lado, que no lo logren y, por otro, que contribuyan económicamente con los objetivos de lucha contra el cambio climático fijados por los países del sur global. Tanto el Acuerdo de París como el Convenio Marco obligan a los países ricos a contribuir a estos costos. Cerrar esta brecha sigue siendo una cuestión urgente. Desde Podemos Europa lo hemos dicho muchas veces: mientras no haya un cambio de modelo de crecimiento económico, no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta.

Para evitar que el calentamiento global nos lleve a fenómenos climáticos incontrolables debemos transitar desde ya hacía un modelo de energía distribuido y democrático basado en el 100% renovables. Esa transición energética debe permitir un abandono paulatino de los combustibles fósiles que no deje a nadie atrás, debe hacerse de manera justa, incluyendo plenamente a los trabajadores de los sectores afectados. Se trata de no hacer cierres, sino finales con alternativas para todos y todas. Invertir en renovables, ahorro y eficiencia energética generará más empleos, más sostenibles y menos contaminantes.

En Europa estamos trabajando para que la nueva legislación energética permita incentivar el desarrollo de las energías renovables. Existen experiencias transformadoras desde los ayuntamientos del Cambio, la distribuidora pública y 100% renovable de Barcelona o a la mesa de transición de Cádiz son un hito esperanzador en el camino hacia un modelo energético en manos de las personas, que pone en el centro la sostenibilidad de la vida.

El agua, fuente de vida y derecho humano fundamental es el eje central de una crisis que enfrentan millones de personas diariamente y esperamos que en esta Cumbre se aborde con la urgencia que requiere. Según los datos de la ONU, 748 millones de personas no disfrutan de un acceso de agua potable y 2500 millones no cuentan con un saneamiento mejorado. En la lucha contra el Cambio Climático, Podemos reivindica en la COP23, una apuesta por una gestión pública y participada bajo el prisma de la Nueva Cultura del Agua, que propone una hoja de ruta basada en políticas de mitigación y adaptación.

Esperemos que gane protagonismo la visión del mundo de las mujeres, especialmente de las mujeres campesinas e indígenas; sus conocimientos sobre el cultivo respetuoso de la tierra y la gestión de los recursos naturales deben ser puestos en valor. Y esperamos que pierda todo el poder la visión de los lobbies energéticos y de las multinacionales que hablan a través de muchos de nuestros gobiernos. Celebramos que, por primera vez, para la COP23 se esté elaborando un plan de género, que tendrá en cuenta los efectos del cambio climático en las mujeres y su papel fundamental en la transformación de sus comunidades. Y también celebramos que por fin se esté discutiendo y poniendo en tela de juicio la legitimidad de los lobbies’ energéticos para participar en la COP23.

No queremos olvidar tampoco que “El cambio climático tiene rostro” Los refugiados climáticos son las víctimas silenciosas del calentamiento global. Según ACNUR, 64 millones de personas se ven ya forzadas a desplazarse por desastres y efectos climatológicos. En los próximos 50 años, se prevé que podríamos ascender los 1.000 millones de refugiados climáticos.

Son los y las agricultoras de la región del Sahel que ya no pueden cultivar sus tierras por falta de precipitaciones y que tienen que emigrar a la ciudad, son habitantes de las Islas Fiyi (país que ocupa la presidencia rotativa de la COP) que deben dejar sus islas porque el nivel del mar está subiendo. Por solidaridad, humanismo y por la justicia climática, atajar las razones que llevan estas víctimas silenciosas a dejar sus casas y reconocerles un estatuto protector debe ser una de nuestras prioridades.

La UE debe apoyar los esfuerzos de los países del norte global en la transición hacia sociedades de bajas emisiones de carbono; para que sean así más sostenibles y más seguras. Pero también debe instarse a sí misma a dejar de hacer políticas al servicio de los mercados, y empezar a hacerlas al servicio de las personas. Porque, ¿de verdad creemos que es compatible la política comercial de la UE con la lucha contra el cambio climático? No, no lo es. La batalla por el clima es política y enfrenta dos visiones del mundo.

El Comisario de Acción por el Clima, Miguel Ángel Arias Cañete y su discípula Isabel García Tejerina, actual Ministra de Agricultura, han dicho esta semana que precisamente la agricultura es clave para la lucha contra el cambio climático. Sin que sirva de precedente, estoy completamente de acuerdo.

Pero más allá de un eslogan estupendo (que parece copiado de nuestros propios discursos) habría que contestar a una serie de cuestiones que tienen que ver sobre todo con qué tipo de modelo necesitamos en nuestro país y, más importante aún, qué tipo de iniciativas necesitan los agricultores, las ganaderas y las personas que viven en las zonas rurales para llevar a cabo actividades sostenibles y viables económica y socialmente hablando. Porque no sólo es clave la agricultura. Son claves las personas, los pueblos y sus territorios. 

No es de recibo auspiciar la implantación de la Macrogranja de Noviercas vendiéndola como un proyecto creador de empleo cuando en este país cierran, al menos, 80 explotaciones lácteas al día. Cuando este país sigue siendo deficitario en leche y no sabemos dónde encajar todos nuestros excedentes porque falta apoyo y respaldo suficiente por parte de las Administraciones públicas para apostar por la industria de transformación local y donde los precios se vean, ahora sí, atravesados por criterios de sostenibilidad que reflejen las externalidades ambientales y sociales.

Porque para tener visión de presente y de futuro no basta con eslóganes vacíos. Hay que ser conscientes de que los recursos naturales son finitos y es precisamente el planeta el que nos está poniendo en alerta. Ya no da más de sí. Debemos cambiar la forma de producir, de consumir y también de alimentarnos.

La apuesta del Gobierno del Partido Popular es clara. Prefiere continuar con la sobre explotación de los recursos naturales por encima de nuestras posibilidades y con el empleo precario en las zonas rurales, vendido además de manera cínica e irresponsable como si proyectos similares al de la macrogranja de Noviercas fuesen la solución a la despoblación cuando son justamente la causa de ella. Y es que el Partido Popular es amigo de dejar que nos invadan productos foráneos copando un mercado que ya maltrata lo suficiente a nuestros productores.

Pero es que si hablamos del clima, como han querido hacer el Comisario de los papeles de Panamá y su discípula, la evidencia se hace magnánima. Lo hemos dicho muchas veces: el actual sistema agroalimentario mundial es el tercer mayor causante de gases de efecto invernadero, sólo por debajo de Estados Unidos y de China. Es evidente que en la Cumbre del Clima a celebrar en Bonn el próximo mes de noviembre tiene que estar la agricultura pero sobre todo debería estar presente un debate mucho más trascendental, responsable e histórico: cómo producimos la comida que necesitamos para alimentarnos a nivel mundial.

Un debate tan importante que debiera ser lo más participativo, inclusivo, profundo y honesto posible. Un debate democrático y abierto a toda la ciudadanía. Porque tanto los productores como los consumidores forman parte de una cadena indivisible que es interdependiente. Si los consumidores tienen derecho a una información veraz de qué es lo que compran y, por tanto, consumen, los productores tienen derecho a recibir precios justos por cuidar y trabajar la tierra. Un legado que hemos heredado y que en herencia dejaremos.

Y es que no sólo es clave la agricultura. Es vital la construcción de una ciudadanía alimentaria. Una ciudadanía consciente, empoderada, informada y con instrumentos democráticos que le permitan decidir sobre sus sistemas alimentarios. Esta es la diferencia entre ellos y nosotros.

México y la Unión Europea (UE) comenzaron en mayo de 2016 las negociaciones para la modernización del llamado Acuerdo Global. Ahora, la urgencia por cerrar el trato apremia a los equipos negociadores, que no tendrán un verano relajado: se celebrarán dos rondas de negociación y varias reuniones intersectoriales con el fin de cerrar el capítulo comercial del acuerdo para consagrar un Tratado de Libre Comercio de nueva generación, similar al TTIP (entre la UE y Estados Unidos) o al CETA (entre la UE y Canadá). Es decir, un tratado que empobrece como han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil.

Existe un interés claro por ambas partes por acelerar el proceso y lograr un acuerdo antes de final de año. Sin embargo, durante esas reuniones estivales se obviarán los asuntos que más interesan a la ciudadanía y no se pedirá la opinión ni de las organizaciones de la sociedad civil, ni de los colectivos más afectados por el acuerdo.

Se buscará superar divergencias importantes entre la UE y México en materia de acceso a mercado, sobre todo en donde hay discrepancias entre las partes como en el caso del banano, el azúcar y la carne.

También se intentará cerrar una lista sobre los servicios futuros que entrarán en el acuerdo de libre comercio y otra lista negativa o excluyente. Y es presumible que se aborde la cuestión de tribunales de arbitraje privado y las cláusulas ISDS –sobre resolución de conflictos entre Estados e inversores privados– del acuerdo.

De lo que no se hablará, sin embargo, es de la dramática situación de derechos humanos que vive México. No se hablará de Miroslava Breach ni de los otros seis periodistas asesinados en lo que va de año. No se dirá que el periodismo en México se ha convertido en una profesión en la que se pone la vida en riesgo.

Tampoco se hablará de los feminicidios, ni de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que siguen desaparecidos casi tres años después ni de la extorsión a personas defensoras de derechos humanos que muchas veces acaba también en asesinato, como el del premio Goldman Isidro Baldenegro este mismo año.

En suma, en las reuniones de negociación del Acuerdo Global que tendrán lugar en Bruselas y en Ciudad de México no se hablará de los problemas cotidianos de la gente, que no son otros que los derivados de la inseguridad que tiene su raíz en la pobreza, en la desigualdad y en la exclusión social así como en la corrupción estructural y en la connivencia entre el crimen organizado y el Estado, que conduce a una alarmante impunidad.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 98 de cada cien crímenes cometidos en México quedan sin resolver.

Pero no, no se puede hablar de lo feo. Los motivos son diversos: las negativas consecuencias del efecto Trump en México, la proximidad de las elecciones presidenciales de 2018 o la voluntad de la Unión Europea de convertirse en un socio fundamental de México.

En un momento en el que el Presidente Peña Nieto y su partido, el PRI, están en índices extremadamente bajos de popularidad, el gobierno mexicano quiere vender el acuerdo como un símbolo de modernización y como un puente hacia Europa superador de los muros de Trump.

La Unión Europea, a su vez, desea reforzar su influencia en Latino América y expandir aún más el beneficio de sus grandes corporaciones en la región. La posibilidad de que se haga con la presidencia de México una candidatura popular y emancipadora que apueste por priorizar a los mexicanos asusta a ambas partes, y las encuestas van en este sentido y dan como favorito al candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel Lopez Obrador.

La élite mexicana y la oligarquía Europea ven en este futuro acuerdo la vía para mantener el statu quo en el país norteamericano y para reforzar los beneficios de las transnacionales europeas.

Por ello, tanto el Gobierno mexicano como la UE quieren anunciar este mismo año el acuerdo a la opinión pública como un éxito, como contrapunto a Trump. En esa narrativa no hay espacio para las violaciones de derechos humanos, la pobreza, ni la desigualdad.

Las partes interesadas lo saben bien. Y eso es lo que explica que el Partido Popular Europeo bloquee sistemáticamente cualquier propuesta de otros grupos para tratar asuntos relacionados con derechos humanos en México.

En otoño empezaremos a conocer los textos consolidados del Acuerdo. En ellos solo encontraremos avanzadas cláusulas en materia comercial que convertirán el Acuerdo global con México en un Tratado de Libre comercio del estilo del TTIP o el CETA, que reduce la soberanía de los pueblos y ataca el bienestar de las personas trabajadoras, y la ciudadanía en general, solo beneficiando a las grandes transnacionales y a los multimillonarios.

Encontraremos también cláusulas en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, pero no serán vinculantes: se tratará de meras declaraciones de intenciones carentes de mecanismos de observación y de sanción en caso de incumplirse.

Habremos perdido, así, otra oportunidad de hablar de lo importante, de poner la política comercial al servicio de las personas como instrumento para mejorar la vida diaria de la gente. Porque dar la espalda a la gente no crea puentes, sino que construye muros. Sería mejor que los encargados de las negociaciones se fuesen también de vacaciones.

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Estefanía Torres, diputada de Podemos en el Parlamento Europeoy miembro de la Delegación Unión Europea-México en la Eurocámara.

Carlos Villota, asesor del grupo GUE/NGL en el Parlamento Europeo Carlos Villota, e integrante de la Secretaría Internacional de Podemos.

Esta semana Donald Trump ha visitado Bruselas con motivo de la celebración de la cumbre de la OTAN, esa alianza “obsoleta”, “baluarte de la paz y la seguridad internacionales”, tal como él mismo  la definió, eso sí, en dos instantes diferentes de su carrera.

Poco antes de su visita en Florencia, se celebraba la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En ella hemos hablado de seguridad, de terrorismo, de crimen organizado, de narcotráfico… y también hemos hablado de nosotras, las mujeres. Porque en un mundo globalizado, donde los Estados apenas tienen ya poder de decisión y los tratados comerciales socavan más que nunca la soberanía de los pueblos; donde la xenofobia y la intolerancia aumentan, espoleadas por figuras como la del inefable presidente americano, la solidaridad internacional entre mujeres es quizás más imperiosa que nunca.

Creemos que no existe más digno ni más necesario internacionalismo que el feminismo. Porque quienes como la activista hondureña Berta Cáceres luchan y mueren por la tierra, por defender el agua, el territorio, los bienes comunes, la vida, para que ésta no caiga en manos de corporaciones privadas y sea destruida, necesitan que nos unamos.

Necesitan también saber que las escuchamos, que oímos sus voces y que las amplificamos en los espacios de poder en los que estamos presentes. Por eso hemos dado en Florencia las gracias a las mujeres periodistas, fotoperiodistas y activistas de México con las que hemos estado en contacto estos días. Mujeres que se juegan la vida documentando y denunciado cómo su país se está convirtiendo en un inmenso Ciudad Juárez.

Porque, no lo olvidemos, todos los conflictos lo son siempre más duros para nosotras, ya que a la violencia del narcotráfico hay que sumar la violencia específica contra las mujeres solo por el hecho de serlo. Una violencia cruel y desgarradora que deriva del odio relacionado con el género, y de las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. Una violencia específica que se evidencia con la mutilación de los cuerpos, la agresión sexual, la tortura y el intento de desaparición de los cuerpos. Las víctimas de feminicidio lo son triplemente en México y en muchos otros países del mundo: lo son cuando las asesinan, lo son cuando sus muertes no se investigan y lo son cuando la sociedad y los medios de comunicación las juzgan tras su muerte: por cómo vestían, cómo hablaban o cómo vivían.

Ya van siete asesinatos de periodistas en México este año para acallar a quien reportea el infierno. Por las y los periodistas de México debemos sumar nuestras voces al grito desesperado de: NO AL SILENCIO. No a la impunidad y no a una Comunidad Internacional que sigue prefiriendo mirar hacia otro lado, alzando muros en lugar de tender puentes.

Vivimos una de las fases más intensas de la globalización capitalista, podríamos decir que estamos ya en las postrimerías del paso de la economía de mercado a la sociedad de mercado. Una sociedad en la que todo, hasta nuestros vientres, nuestra capacidad de parir, se convierte en mercancía. Es cierto que el auge de la extrema derecha y de personajes como Donald Trump surge también como reacción a la omnipotencia del mercado y a la desposesión de las clases populares. Pero es una reacción que trae consigo terribles consecuencias. Necesitamos reaccionar, sí. Pero necesitamos una reacción basada en los valores de equidad, respeto, igualdad. Una reacción feminista y no justo todo lo contrario.

Somos las mujeres –brujas y curanderas, que diría Silvia Federicci– quienes desde muchos puntos del planeta, más nos hemos resistido siempre a las imposiciones del mercado. La economía de los cuidados que reclama el feminismo tiene que ver con una nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades. No sólo el beneficio económico cuenta. Cuenta la sostenibilidad de la vida. De una vida que merezca la pena ser vivida.

Debemos reclamar una vida digna y segura para nosotras y para nuestras hijas; donde la cultura de la violación no campe a sus anchas ni se expanda por culpa de unos medios de comunicación que hacen un uso irresponsable del altavoz que poseen como generadores de opinión pública y que tiene relación con la cosificacion de los cuerpos de las mujeres y, por tanto, con la mercantilización de la vida.

En España hay más de mil violaciones al año denunciadas. La punta del iceberg de todas aquellas que prefieren callar para no ser ellas las juzgadas. Últimamente, las violaciones en grupo de manadas de jóvenes que buscan diversión se están convirtiendo en espectáculos televisivos donde a quien se juzga es a la víctima y a quien se justifica es a ellos. Los medios de comunicación los defienden porque son jóvenes, sanos, normales, “guapos”, hijos de sus madres, novios de sus novias. Son los hijos sanos del patriarcado. Uno de cada tres pagará por sexo sin importarle si quien presta su cuerpo lo hace libremente, forzada, sin papeles, coaccionada, amenazada. Los hijos sanos del patriarcado: 60 de ellos asesinarán a sus parejas cada año en España, porque entienden que en el sexo y en el amor las mujeres les pertenecemos.

Es crudo decirlo así. Pero es necesario decirlo: nos están matando. Movilizaciones inspiradoras, como Ni Una Menos, surgida en Argentina, son las que nos alumbran el camino. Porque hay una revolución pendiente. Y si algo bueno tiene la globalización es que nos da la oportunidad de compartir ideas e inquietudes, de generar redes de mujeres a ambas orillas del Océano, de crear espacios democráticos y consolidar una verdadera ciudadanía social que no excluya, como hasta ahora, a la mitad de la humanidad.

Por eso nuestra propuesta ante los Donald Trump que amenazan el mundo es una alianza entre nosotras. Una alianza que nos haga fuertes. Que dote al feminismo (eso que Clara Campoamor decía debiera llamarse, más bien, humanismo) de un papel protagonista en nuestra historia. Una alianza para que la igualdad y la equidad sean argumentos básicos del pacto global.

En tiempos inmemoriales, cultivar cáñamo (Cannabis sativa) formaba parte del corazón productivo de muchos países, donde se plantaba con la misma naturalidad que el algodón o las hortalizas. Fue una de las primeras plantas utilizadas para extraer fibra y era reconocida por su resistencia en la fabricación de cuerdas, papel y aceite para lámparas.

De la planta del cannabis se dice que es la planta de los mil usos. Es un poco como el cerdo, del que se aprovechan hasta los andares. En España incluso se observan sus hojas en las banderas de algunos municipios (como Santa Cruz de los Cáñamos, en Ciudad Real, o Cañamares, en Cuenca) debido a la vital importancia que la planta suponía para la economía local. La prohibición del cultivo del cannabis tiene su origen en Estados Unidos y está llena de prejuicios raciales, desconocimiento y también intereses económicos de grandes empresas.

Se dice que fueron los mexicanos quienes, a principios del s.XX, llevaron la costumbre de fumar cannabis a Estados Unidos, desatando su prohibición. “Todos los mexicanos están locos y es esta hierba la que los vuelve locos”, dijo un senador de Texas en aquella época. Han pasado más de cien años. Hoy conocemos los beneficios del uso medicinal del cannabis: glaucoma, autismo, quimioterapia, parkinson, reducción del riesgo de obesidad y diabetes; también sirve para algunos tipos de epilepsia e incluso mitiga el dolor menstrual, ayuda en procesos de ansiedad y depresión, etc. Debemos seguir investigando en esta línea para descubrir todo lo que nos puede dar, porque es profundamente triste que despojen irracionalmente a los pueblos de la capacidad de conocer y reconocer todos los atributos que nos regala la tierra.

La normalización del cultivo y consumo del cannabis ha ido aumentando en los últimos años en España, demostrando que la sociedad, también en este tema, va por delante de los gobernantes. Por otra parte, se están dando sendos procesos de regularización del uso y tenencia del cannabis en distintos países del mundo y de Europa. Uno de los más recientes ha sido Portugal, donde esperan que la liberalización de su cultivo suponga un impulso para el deprimido sector agrario.

Necesitamos hacer desaparecer los impedimentos legales sobre la planta que imposibilitan que la investigación básica y clínica avancen. Pero no es sólo de usos medicinales de lo que hablamos. De las semillas del cannabis, por ejemplo, ricas proteínas, omega 3 y omega 6, se puede obtener aceite comestible, harina, leche, pan, cosméticos, jabón, lubricantes y biocombustibles. Por todo esto es necesario un enfoque integral sobre su cultivo. Estoy convencida de la necesidad de ir más allá de la legalización por prescripción médica, ya que el cannabis podría suponer un impulso económico para el mundo rural en términos de producción ecológica, comercialización y consumo de proximidad.

Intentando abrir camino en esta dirección, la semana pasada, desde Podemos anunciamos el debate que celebraremos en el Parlamento Europeo sobre la regularización del cannabis en Europa. Aunque las reacciones fueron positivas, la mayoría se referían al cannabis única y exclusivamente en sus facetas terapéutica o de ocio. Pocas respuestas iban más allá de ambas concepciones. Creo que esto pone de manifiesto cómo se ha demonizado el cannabis desde hace mucho tiempo y el desconocimiento en general que hay acerca de la marihuana (el término que suele usarse para hablar de las variedades del cannabis que sirven para fumar).

Creo que debemos ampliar la mirada y luchar por la legalización del cannabis simplemente como lo que es: una planta. Abrir este debate es reconciliarnos con la naturaleza, con nuestros antepasados y con la vida. Porque la tierra es fuente de vida y observarla, mimarla y estudiarla sin estigmas para saber sacar lo más provechoso de ella es, desde luego, el mayor legado que podemos dejar a quienes vengan detrás. Escribamos el futuro sin ataduras y con responsabilidad.

La UE abrió a principios de febrero una consulta ciudadana sobre la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) para 2020. La PAC lleva funcionando desde los años 60 y fue la primera política europea común. Nació para asegurar el autoabastecimiento de los principales productos agrarios en Europa y hacer eso compatible con unas rentas adecuadas para los agricultores. Todavía hoy absorbe el 40% del presupuesto de la UE. Pero poco tiene que ver esta Unión Europea con los objetivos que la gestaron. Lo hemos visto con la crisis de valores derivada del drama de los refugiados. Y lo llevamos viendo en nuestros campos décadas y décadas de reformas de la PAC que nos han llevado a modelos de producción insostenibles, a desequilibrios territoriales, a paradojas de una burocracia desconocedora de la realidad de las tierras, al enriquecimiento de unos pocos y a la ruina de muchos agricultores, desprotegidos ante el sector de la distribución.

La trama de poder y negocios configurada alrededor del campo es más evidente que nunca en el mundo. Tres grandes multinacionales (Bayer, Monsanto y Dupont) están a punto de controlar la mayoría de los suministros agrícolas. La volatilidad de los precios agrarios es altísima y afecta gravemente a los productores desde que, en 2007, las grandes corporaciones financieras comenzaron a especular con los productos alimentarios en en la Bolsa de Futuros de Chicago. Desde entonces, asistimos a la aberración de un mercado mundial que permite que se pudran cosechas enteras para que los precios suban, mientras 40.000 de personas mueren al día de hambre.

La Comisión Europea ha emprendido una nueva estrategia comercial bajo la premisa de que la política comercial es la principal fuerza estabilizadora en el momentos de crisis. Asistimos así al auge de los tratados de libre comercio, como el TTIP o el ya aprobado CETA, que van en la dirección opuesta al establecimiento de una política agraria que proteja tanto a los productores europeos como a los consumidores. Por eso creo que es importante que toda la sociedad se vuelque en este debate. La nueva política comercial de la UE es una amenaza para tanto nuestros agricultores (porque muchas de las denominaciones de origen podrían desaparecer como tales) como para nuestra seguridad alimentaria (porque los estándares medioambientales, de calidad y seguridad se homogeneizan siempre a la baja). Así que, en el fondo, lo que está en juego es algo tan importante como nuestra comida y nuestra soberanía alimentaria.

No debemos dejar pasar la oportunidad de poner en cuestión las políticas de la UE. Tenemos que exigir cambios reales y de decidir qué modelo agroalimentario queremos. Por eso, el próximo sábado 11 de marzo participemos como ciudadanía crítica en una Asamblea que va más allá de los límites que nos marcan unas instituciones que nunca han sabido estar al servicio de la gente. Será la primera de una serie de asambleas que tienen como objetivo sacar a las calles el debate de la Reforma de la Política Agraria Común de cara a 2020. Pero no sólo entre quien vive en el campo y produce los alimentos, sino entre el conjunto de la sociedad. A la asamblea asistirán compañeros y compañeras de la sociedad civil, organizaciones campesinas y ganaderas, así como a todas las personas preocupadas por la situación de nuestro mundo rural, por el medioambiente, por el comercio de proximidad y la justicia alimentaria.

No podemos permitir que la participación sea utilizada por Europa para generar un consenso pasivo y deslegitimar el conflicto social. La trama urdida alrededor del campo no es solo mundial, ni las decisiones sobre la PAC se toman sólo en Europa. Existen grandes diferencias entre los Estados miembros. Y el nuestro no se ha caracterizado nunca por un reparto justo y equitativo de las ayudas. En España, el 74% de las ayudas de la PAC va a parar a manos de un 13% de los beneficiarios. Siete de las mayores fortunas de Andalucía se embolsan la mayor parte de los fondos. Y sólo una de cada 3 personas perceptoras de las ayudas son autónomas agrarias –es decir, personas que realmente tienen la agricultura como profesión–.

Por todo esto es necesario que repensemos la PAC y que hagamos de ella un instrumento válido para la defensa de nuestra agricultura, del medioambiente y de nuestra soberanía alimentaria. Y que no siga siendo el cajón de dinero del que se alimentan entramados empresariales, como el la mujer del comisario Arias Cañete y su familia, una de las principales receptoras de las ayudas agrarias en España.