Queremos una autoridad independiente del gobierno a la que los denunciantes de corrupción puedan dirigirse, más protectora que fiscalizadora

“No puede ser que los perseguidos seamos los que luchamos contra la corrupción y no los corruptos”. Esta frase, tremenda, no la pronunciaba por una vez un funcionario municipal indefenso ni un ciudadano anónimo. Tampoco un portavoz de la oposición ni un periodista de investigación. Esta frase, de hace tan solo tres semanas, fue la denuncia impotente ante los medios del responsable de una de las Fiscalías Anticorrupción que más asuntos ha llevado de España, la de Murcia.

Dos días antes, el grupo Ciudadanos conseguía el voto favorable de casi todo el Congreso de los Diputados, a excepción del PNV, para iniciar la tramitación de una Ley Integral contra la Corrupción que incluye la protección expresa de aquellos empleados públicos de la Administración del Estado que denuncien malas prácticas. Hasta ahora pocos lo hacen: todos sufren represalias.

La corrupción nos cuesta casi 90.000 millones según la CNMC, pero hablamos primero de personas, de profesionales que son los cimientos que posibilitan que el Estado del Bienestar y el Estado de Derecho funcionen todos los días. Que hacen hoy nuestra sociedad mucho mejor y más estable porque aplican procedimientos y controles. Porque si dejan de hacerlo por miedo al acoso, al libre cese (ay, esos cargos técnicos de libre designación) o incluso a la agresión física o a las amenazas, no solo fallan los procedimientos: desaparecen los controles que nos hemos dado y emerge la colaboración necesaria que necesitan los corruptos, el silencio cómplice de la ley del miedo, la corrupción institucionalizada cuando ya no son casos aislados.  

En la Comunidad de Madrid hemos planteado dos veces desde Ciudadanos una legislación que ampare a empleados públicos autonómicos y municipales. No salió adelante ni como propuesta del Debate de la Región en 2016 ni como Proposición No de Ley: el Partido Popular se opuso frontalmente estas dos ocasiones y el PSOE ha bloqueado la iniciativa hasta el momento.

Esta semana presentamos una Propuesta de Ley completa, con cinco capítulos y más de treinta artículos que definen a quién se protege, cómo, bajo qué derechos, quién los ampara y ante quién responde el defensor del denunciante: ante la Asamblea de Madrid, la representación de todos los madrileños.

Queremos una autoridad independiente del gobierno a la que los denunciantes puedan dirigirse, más protectora que fiscalizadora. Que preserve la identidad del denunciante, su estabilidad personal y laboral, y que sea garantista también con los denunciados. Que respete la independencia del Poder Judicial y derive a este los indicios de delito. No queremos una autoridad antifraude juez y parte del gobierno de turno, como han defendido Ahora Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de la capital, o el PP, en Castilla y León.

Este jueves votaremos en el pleno de la Asamblea tomar o no en consideración esta ley. Si a otros grupos les parece oportuna, votando a favor, podrán negociar después enmendarla y mejorarla.

En Ciudadanos, como partido liberal progresista que somos, nos parece una obligación intentarlo por tercera vez. Porque un partido liberal es eficaz cuando protege al débil. Porque un partido es verdaderamente reformista cuando no tiene miedo.

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Dolores González Pastor es diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, presidenta de la Comisión de Investigación por Corrupción Política y portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.Dolores González Pastor