El incremento del SMI está concebido para potenciar la capacidad de consumo, reducir las desigualdades y asegurar que cada jornada de trabajo se vea justamente retribuida. Según datos ociales del Ministerio de Trabajo, el aumento del SMI ha beneciado a más de un millón de trabajadores en España, y en Canarias a decenas de miles de familias, generando un efecto multiplicador en la economía local. Sin embargo, la aplicación de un gravamen extra, concretamente mediante la utilización del IRPF sobre la parte adicional del SMI, acaba por penalizar a esos mismos trabajadores.

Esta propuesta implica, en la práctica, que el benecio neto que deberían recibir los trabajadores se vea reducido de manera signicativa. Se estima que, dependiendo de la situación personal y familiar de cada contribuyente, la retención adicional podría mermar entre un 15% y un 20% del incremento salarial. Esto se traduce en una pérdida real en el bolsillo de los trabajadores, una consecuencia completamente contradictoria con la nalidad de elevar el nivel de vida de las familias con ingresos más bajos.

Los análisis económicos recientes publicados en medios como El País y La Vanguardia han puesto en evidencia que aplicar impuestos adicionales a la mejora del SMI no solo reduce el incentivo al consumo, sino que también genera un efecto regresivo. La carga scal, diseñada en teoría para ser progresiva, en este caso se convierte en una penalización directa para quienes están intentando salir de situaciones de vulnerabilidad económica. Los sindicatos, tanto CCOO como UGT, en sus últimos comunicados, han denunciado que esta medida “desvirtúa el espíritu de justicia social que debe impregnar las políticas laborales” y “atenta contra los derechos básicos de los trabajadores”.

Es inaceptable que en un momento en el que nuestro país y, en particular, Canarias, necesitan medidas que impulsen el crecimiento y la cohesión social, se planteen soluciones que, en lugar de aliviar las cargas económicas de los sectores más desfavorecidos, los penalicen scalmente. La economía canaria, caracterizada por altos índices de precariedad y una dependencia notable del turismo y otros sectores vulnerables, requiere políticas que realmente sumen en lugar de restar.

Desde Sumar Canarias, hemos defendido siempre la necesidad de una política salarial que permita una redistribución justa de la riqueza y que contribuya a un crecimiento inclusivo. Por ello, resulta imprescindible que el PSOE, en calidad de partido de gobierno y artíce de políticas sociales, retire de inmediato esta propuesta que amenaza con socavar los logros alcanzados en materia de justicia laboral. El compromiso con las clases trabajadoras debe ser inquebrantable, y medidas como esta envían un mensaje contradictorio que puede minar la conanza tanto de la ciudadanía como de los agentes sociales.

Además, el análisis comparativo con otros países evidencia que la estrategia correcta para fortalecer el poder adquisitivo pasa por el aumento real del salario, sin aplicar recortes indirectos a través de modicaciones en la tributación. El caso de naciones europeas que han impulsado políticas de revalorización salarial sin gravámenes adicionales sobre el incremento demuestra que es posible dinamizar el mercado interno sin penalizar a quienes más lo necesitan.

Nuestra propuesta es clara: el incremento del SMI debe materializarse en una mejora palpable para las familias trabajadoras, sin condicionar ese benecio a cargas scales que, en última instancia, reviertan parte del esfuerzo destinado a superar la precariedad. Llamamos, por tanto, al PSOE a replantear esta medida y a escuchar las voces críticas de sindicatos, partidos progresistas y de la sociedad civil, que se han hecho eco de este rechazo en sus últimas declaraciones.

En conclusión, aplicar el IRPF sobre el incremento del SMI es una medida injusta y contraproducente que debilita la función social de una política destinada a combatir la desigualdad. Hacemos una enérgica llamada al PSOE para que retire esta propuesta de inmediato y apueste por soluciones que verdaderamente fortalezcan el bienestar y el poder adquisitivo de los trabajadores canarios. No podemos permitir que, en el afán de equilibrar cuentas scales, se sacrique el derecho de millones de ciudadanos a una remuneración digna y justa. La lucha por un salario digno no admite retrocesos; es hora de sumar esfuerzos para construir un futuro más justo y próspero para todos.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para actualizar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas al incremento del Salario Mínimo Interprofesional. El objetivo de dicha medida es asegurar que las personas que ingresan el salario mínimo no tributen por el IRPF por sus rentas del trabajo, revirtiendo así una decisión que el Ministerio de Hacienda ha tomado de forma unilateral y sin consenso con el socio de gobierno.

Esta iniciativa busca, además, reforzar la justicia scal y la equidad en el sistema tributario español, asegurando que los trabajadores con menores ingresos no sean penalizados por el IRPF y que las rentas de capital contribuyan de manera justa al sostenimiento del Estado del bienestar. Con ello, se pretende avanzar hacia un modelo scal más progresivo, donde el esfuerzo contributivo se reparta de manera equitativa y se garantice que el sistema tributario sea un verdadero instrumento de redistribución de la riqueza y reducción de la desigualdad. 

*Mila Hormiga y Jacinto Ortega del Rosario con coordinadores autonómicos de Sumar Canarias. 

Sin embargo, un año después de mi reincorporación, mi situación laboral sigue siendo inestable. A pesar de mi larga trayectoria, me encuentro realizando servicios en diversas instalaciones, sin una ubicación fija y con la obligación de presentar demandas ante el juzgado de instrucción por vulneración de derechos y ante la inspección de trabajo por numerosos incumplimientos en materia de prevención, todo ello en calidad de delegado sindical.

Estas circunstancias me llevan a cuestionar si la empresa, Securitas Seguridad España, no está utilizando mi caso como una advertencia para el resto de sindicalistas y trabajadores. La pregunta que surge es: si una persona que ha ocupado cargos de relevancia en la política municipal puede ser tratada de esta manera, ¿qué no harán con los demás?

La situación actual en Securitas sugiere una estrategia clara de represión sindical. A través de mi experiencia, la empresa podría estar enviando un mensaje inequívoco a sus empleados: aquellos que se atrevan a levantar la voz o asumir roles de representación sindical serán objeto de represalias. Esta táctica de intimidación busca desalentar la participación activa en el sindicato y silenciar cualquier forma de resistencia ante las injusticias laborales.

La figura del delegado sindical es crucial para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, cuando estos representantes son atacados y menospreciados, se debilita la estructura sindical y se desprotege a la fuerza laboral. Mi caso no es solo una agresión personal, sino un ataque directo al movimiento sindical en su conjunto.

Es fundamental que los trabajadores y sindicalistas de Securitas y de otras empresas se mantengan unidos y solidarios frente a estas prácticas de represalia. La fuerza del sindicato radica en la cohesión y el apoyo mutuo entre sus miembros. No podemos permitir que las tácticas intimidatorias de la empresa logren su objetivo de desmovilización.

Además, es esencial que las instituciones competentes, como la inspección de trabajo y los tribunales, actúen con firmeza para sancionar cualquier incumplimiento de la legislación laboral y cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores. La justicia debe prevalecer para garantizar un entorno laboral justo y equitativo.

La situación que enfrento en Securitas Seguridad España no es un caso aislado, sino un reflejo de una problemática más amplia de represión sindical en muchas empresas. Debemos denunciar estas prácticas y luchar por la protección y el respeto de los derechos laborales. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos asegurar un futuro en el que los trabajadores no sean castigados por defender sus derechos y en el que la justicia laboral sea una realidad para todos. 

Ayer vivimos la entrada triunfal del “trumpismo” a la española (por parte de Ayuso) que ha reforzado al Partido Popular tras años de caídas. Ese mensaje claro y a veces, populista, ha calado en la ciudadanía de Madrid y se toma como un plebiscito de las políticas del Gobierno progresista de la Moncloa haciendo saltar todas las alarmas, provocando así la prematura salida de Pablo Iglesias de la política. Menos mal que venía a quedarse a vivir del cuento (nótese la ironía). La figura de Pablo como referente y como hombre que ya ha hecho historia en la política española es indiscutible y se estudiará en todas las facultades de Ciencias Políticas de Europa.

Podemos buscar todos los responsables externos que queramos, que si la gente no sabe votar (ahora, cuando en el pasado nos dieron 50 y 80 diputados, la gente era buena). Que si los poderes mediáticos (los mismos que auparon la imagen de Pablo en los inicios y que ya sabíamos que eran empresas con objetivos económicos). Sin embargo, ni un solo comentario sobre lo que hemos hecho nosotras y sobre nuestra trayectoria interna.

Llevamos años con guerras fratricidas entre quienes forman el Podemos “bueno” y quienes no en Canarias, manteniendo a la militancia más preocupada en conservar las cuotas de poder internamente (con unas primarias municipales casi anuales) que en la formación y el debate ideológico.

Teniendo representación y formando gobierno en la mayoría de las Instituciones Canarias (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cabildos y Gobierno de Canarias) las mismas personas que ostentan dichos cargos que en su mayoría, son responsables orgánicos internos, han hecho que toda nuestra fuerza organizativa se centre en el apoyo de los cargos y se descuiden las líneas de trabajo internas, que son vitales para mantener viva la fuerza de la militancia.

Ayer, tras el conocimiento de la victoria de Ayuso, nuestra secretaria general en Canarias debería haber tirado de teléfono para ponerse en contacto con el sector de Meri Pita y firmar la paz ya que Madrid es sólo un aviso, pero vaya aviso. Tenemos la oportunidad de construir entre todos y desde la unidad. De poner por encima la organización ante los que la quieren como mero vehículo para satisfacer sus necesidades ególatras.

Podemos es mucho más que un mal resultado en Madrid, que Laura Fuentes que Noemí Santana o que Meri Pita. Podemos es la plaza del Pilar a reventar. Podemos es la ilusión por una Canarias mejor, con mayor peso político, que defienda a su gente ante los estertores del capitalismo. Podemos lo construimos entre todas. Compañeras, estamos a tiempo. ¡Sí se pudo! ¡Y sí se podrá!

¡¡¡Es el momento de la unidad!!!

Después de establecer estas prioridades, tomamos decisiones organizativas, haciendo ver a otras áreas que la política social tenía que ser transversal en todo el Gobierno Municipal, y creo que nuestro primer gran logro ha sido poner en orden el área que, para nosotros, es la más importante de este Ayuntamiento.

En los 100 primeros días de nuestro mandato presentamos el plan de rescate social que no existía en este Ayuntamiento, un documento con 35 medidas transversales, unas ya desarrolladas y otras en fase de ser presentadas, que benefician a más de 20.000 familias, que son las que peor lo estaban pasado por los efectos de la crisis.

Hablar de coordinación entre Administraciones es algo que hemos desarrollado durante el pasado 2016, manteniendo reuniones frecuentes tanto con los responsables de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, como es la viceconsejera, el Comisionado de Inclusión Social y lucha contra la Pobreza y el Director General del Instituto Canario de la Vivienda, también con los responsables de los programas asistenciales de la dirección General, así como los responsables de la comisión de Empleo y Bienestar Social de la FECAM y los responsables de Políticas Sociales y de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, con la intención de exponer y buscar soluciones a las necesidades en materia social existente en nuestra ciudad e impulsar un plan integral con la participación directa de todas las administraciones.

Hemos puesto en marcha mejoras en materia social como la firma del convenio con Endesa, para evitar cortes del suministro de luz a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes en Las Palmas de Gran Canaria, mejorando el firmado con anterioridad entre la Fecam y Endesa para el resto de municipios canarios.

Pusimos en marcha iniciativas novedosas como el piso tutelado para personas sin hogar, el primero que tiene nuestra ciudad. Hemos logrado incluir las cláusulas sociales en los concursos públicos de este Ayuntamiento, para que todo contrato público recoja la obligación por parte de las empresas de cumplir con la legalidad y los convenios colectivos. Hemos conseguido, a través de recursos propios de este Ayuntamiento facilitar el servicio de transporte a las asociaciones que reparten alimentos. Se ha puesto en marcha el albergue de emergencias provisional para alojar a las personas sin techo debido a las malas condiciones meteorológicas, hecho sin precedentes en esta ciudad. Hemos reforzado el personal de Cohesión Social mediante la contratación a través del Imef de 25 personas que estaban sin empleo.

En cuanto a los presupuestos, realizamos un incremento en el año 2016 que superó en 2.210.000 euros el del año anterior, un 8% más, hecho avalado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que nos han reconocido como el tercer mejor Ayuntamiento de España en inversión social. Para el 2017 se ha vuelto a aumentar el presupuesto social en un 3%, es decir, 1.000.000 más que el año anterior.

En cuanto al trabajo con las ONG, para el presupuesto del año 2017, se incorpora una subida a esta línea de trabajo de 116.000 euros para el apoyo de los distintos proyectos que desarrollan las organizaciones sociales en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, teniendo previsto modificar las bases de la convocatoria para la mejora en la financiación de los distintos proyectos.

Realizamos también unas jornadas técnicas con las ONGs, con el objetivo de asesorarles para presentar proyectos al programa municipal de subvenciones, que posteriormente publicamos en un documento revista, elaborado por vez primera en nuestro municipio, donde consultar todos los proyectos subvencionados.

En cuanto a las prestaciones económicas hay que tener en cuenta que el cómputo global de tramitaciones para cubrir necesidades básicas ha sido superior en el año 2016 con respecto al año 2015, en 1.127 ayudas. Este dato significa que con el mismo personal que el año 2015 se ha incrementado el trámite de las prestaciones en el año 2016. Si contabilizamos únicamente las ayudas del Cabildo y las PCI se han tramitado 1.642 ayudas más en este año 2016 que en el año 2015, destacando entre ellas que con el presupuesto del Cabildo, para cubrir las necesidades básicas de la población se han tramitado 398 ayudas más en el año 2016 con respecto al anterior y se han tramitado 1.244 PCI más que el año 2015.

Realmente se ha gestionado un mayor número de prestaciones económicas en el año 2016 que el 2015, aunque tengan diferente denominación y los presupuestos procedan de varias instituciones como el Cabildo o la Comunidad Autónoma y no solo de fondos propios de este Ayuntamiento. En resumen, más trámite de ayudas y de forma más eficiente, ya que lo prioritario es que se cubran las necesidades básicas de todas las familias de este municipio, que es lo que ha sucedido.

Es importante resaltar un dato: atender en el año 2016 a 4.367 familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (1.244 familias más que en el año 2015) ha supuesto que no solo se trabaja desde el asistencialismo y la emergencia, con ayudas puntuales, sino que se trabaja con la familia desde el punto de vista de la prevención e integración, ya que con la percepción de la PCI no solo reciben durante un año unos ingresos que les permiten cubrir sus necesidades básicas de forma autónoma, sino que se lleva a cabo acciones en el ámbito de normalización social y personal, en el ámbito de la formación profesional ocupacional y la escolarización y en el ámbito de la inserción laboral. Esto implica que a medio o largo plazo la familia sea autónoma para cubrir sus necesidades básicas, paliando así la dependencia institucional a las ayudas económicas puntuales.

Esta gestión incide en lo dicho: logramos tramitar más y mejor las prestaciones económicas.

Hablando de recursos económicos, logramos también ampliar el convenio de colaboración entre nuestra concejalía y la Fundación La Caixa, ya existente pero solo como proyecto piloto en un solo distrito. Logramos aumentar el radio de acción del proyecto a los cinco distritos, lo que supuso que pasáramos de atender a 265 menores a 1.012 menores con un aumento en la financiación de mas de 800.000 euros.

Una de las cosas de las que más orgullosos estamos de nuestra gestión es el Plan Integral de Atención a Personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria, que presentamos hace unas semanas. Se trata de un documento que, partiendo de un conocimiento en profundidad de las necesidades, las expectativas latentes y las demandas explícitas de las personas sin techo, sumado a las aportaciones realizadas desde la experiencia acumulada de años anteriores y contando con los profesionales que llevan trabajando en la atención a este colectivo en el municipio durante años, tanto desde el servicio público, integrado en la Unidad de Inclusión Social, como desde la atención ofrecida por parte de las entidades privadas que vienen desarrollando una tarea imprescindible en este contexto, aborda por primera vez como combatir el sinhogarismo de esta ciudad con soluciones y alternativas viables.

Con este objetivo, en los próximos meses se abrirá el primer centro de día para personas sin hogar, con el objetivo de atender, formar y recuperar a quienes peor lo están pasando en nuestra ciudad.

Hemos impulsado la creación de la primera unidad, con carácter social, de la policía local especializada en protección y acompañamiento, para atender a personas sin hogar, víctimas de violencia machista o personas en riesgo de exclusión social, la llamada UPAL (Unida especial de protección y acompañamiento).

En definitiva, han sido 18 meses de trabajo desde que tomamos posesión, buscando otra forma de gestionar la política social. Pero queda aún mucho por hacer. Nos lo debemos, a nosotros y nosotras, y a todos aquellos que más lo necesitan. “Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia” decía Nelson Mandela. Por eso, desde el área de cohesión social de este Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seguiremos peleando con ese objetivo: construir una sociedad más justa.