En el debate político-criminal es frecuente encontrar opiniones que critican la influencia de los intereses de las víctimas, percibidas como caballo de Troya de las políticas punitivas anti-liberales. Estas críticas incurren a menudo en la generalización. No tienen en cuenta que la creciente atención a las víctimas es una consecuencia de la evolución de las sensibilidades, que se plasma hoy en día en muchos países en políticas que garantizan a las personas afectadas por un delito el reconocimiento y apoyo que históricamente se les ha negado. 

Las mencionadas críticas suelen adoptar como referencia la experiencia de los Estados Unidos, donde la presión de asociaciones de víctimas o la “victimagogia” de los representantes políticos han tenido un papel decisivo a la hora de emprender reformas penales de signo punitivista. Algo de ello ha sucedido también en España. La expresión “populismo punitivo” es adecuada para caracterizar las políticas que ofrecen a la población un continuado endurecimiento de las leyes penales como respuesta ante problemas sociales complejos (las agresiones sexuales, por ejemplo) que requieren soluciones difíciles, pues exigen recursos, inteligencia y tiempo.

El pasado mes de diciembre algunos expertos comparecimos ante la Comisión del Parlament de Catalunya sobre pederastia en la Iglesia Católica y otras instituciones. Fue una sesión interesante en la que pudimos exponer nuestras recomendaciones ante los representantes de los partidos que participan en la Comisión (obviamente estaban ausentes los de Ciudadanos, Vox y PP, quienes se habían autoexcluido sin mostrar interés ni compromiso respecto a los objetivos de la Comisión) y fuimos respetuosamente escuchados y preguntados. Insistimos en los aspectos más necesarios a abordar para poder dar respuesta a las necesidades y a los derechos de las víctimas: la puesta en funcionamiento de un procedimiento para el reconocimiento y la reparación, en la línea de lo que había propuesto el Informe del Síndic de Greuges de 2020 y el reciente Informe del Defensor del Pueblo, y la aportación de los recursos necesarios para mejorar el apoyo psicológico que reciben las víctimas, hasta el momento totalmente insuficiente. 

Se destacó la importancia del tema, dada la gravedad de los efectos que el abuso sexual infantil tiene en las personas afectadas, efectos que en muchos casos se manifiestan en la edad adulta, y la elevada prevalencia de estos delitos. Pese a ser inferiores en número a los ocurridos en el ámbito familiar, los abusos sexuales cometidos en un entorno institucional requieren una especial atención por parte de las instituciones públicas, que deben adoptar compromisos de reparación moral y económica, no sólo por una voluntad de solidaridad, sino con base en una responsabilidad derivada de un defecto de prevención y supervisión. 

Se abordó en la Comisión el tema de la prescripción. Es bien conocido que la prescripción impide que la mayor parte de los casos denunciados puedan ser llevados a la justicia penal. Muchas víctimas tardan años antes de tomar conciencia del agravio sufrido o de tener la fortaleza necesaria para hacer frente a un proceso penal. Ello es así por razones que deben ser conocidas y respetadas. Son razones de carácter psicológico y relacionadas con las circunstancias sociales y del entorno de la víctima. En los abusos en el ámbito eclesiástico, además del poder social que ha tenido la Iglesia, buena parte de víctimas ha sufrido victimización secundaria causada por la negación e incluso por el encubrimiento y las presiones sufridas. El Informe del Defensor del Pueblo ha aportado datos de especial interés al respecto.

Para hacer frente a este problema, una reforma del Código Penal aprobada en junio de 2021 amplió muy considerablemente los plazos de prescripción, de modo que en la actualidad el computo del tiempo de prescripción del delito no se inicia hasta que la persona afectada haya cumplido los 35 años de edad. Ello supone que los delitos más graves de agresión sexual no prescriben hasta que la víctima alcance los 45, 50 o 55 años (dependiendo de la pena prevista en la ley para cada tipo de delito). Hay que recordar que este plazo ampliado sólo es aplicable a los delitos que se hayan cometido a partir de la entrada en vigor de la citada Ley de 2021 y, por lo tanto, no a la mayoría de casos denunciados que se conocen en la actualidad. Sabemos que la mayor parte de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica se cometieron hace bastante más de 20 años y, por lo tanto, no son perseguibles.

Ante ello, mi recomendación, en línea con el Informe del Defensor del Pueblo (en el que me honro de haber participado) y con el criterio predominante entre los especialistas en Derecho Penal, fue desaconsejar una nueva ampliación del plazo de la prescripción, con los siguientes argumentos: a) la imprescriptibilidad legal no tendría efectos respecto a los casos ya prescritos (la inmensa mayoría de casos denunciados); b) generaría expectativas a las víctimas que luego pueden verse fácilmente defraudadas, también a las que pudieran beneficiarse de la ampliación, pues a las dificultades que siempre supone llevar adelante un proceso penal por un delito de agresión sexual se añaden las derivadas de un lapso muy largo de tiempo (dificultades de prueba, defunción o deterioro del agresor, entre otras); c) el régimen de prescripción de los delitos es algo que debe ser abordado desde la visión de conjunto de la delincuencia y de las decisiones de política criminal respecto a la respuesta a la misma. 

Por ello, las instituciones deberían poner el foco en aquellas medidas que permitan dar una respuesta real y eficaz a las demandas de justicia de las víctimas, incluidas las de los delitos prescritos. Ante la imposibilidad de la justicia penal, estas medidas deben basarse en los principios de justicia restaurativa y tener en cuenta la importancia de la necesidad de reconocimiento y reparación, además del apoyo psicológico.

Pese a la clara recomendación de los expertos, al cabo de pocos días a Comisión decidió convocar una rueda de prensa para anunciar, antes de haber terminado sus labores y sin haber emitido ningún informe, que se propondría al Congreso de los Diputados una reforma legal que establezca la irretroactividad de estos delitos. Tal gesto, reiterativo de otro realizado meses atrás, tiene todos los ingredientes del populismo punitivo: demagógica adulación a los representantes de las víctimas organizadas, huida hacia la “solución punitiva” (basada en la atávica asociación entre justicia y castigo) y desviación de la atención hacia una medida que no tiene coste alguno y que, además, no depende de los diputados que la auspician. 

Los representantes parlamentarios eluden así la responsabilidad de tomar medidas efectivas, adoptando ante ciertas víctimas (que propugnaron esta “solución”) el papel de compañeros de lucha reivindicativa frente a un superior con poder de aprobar reformas penales, antes de ejercer la responsabilidad de tomar decisiones políticas arriesgadas y comprometidas. Dada la seriedad del tema, esperemos que los plazos y las dinámicas de la vida política no impidan que llegue el momento de concretar en medidas efectivas los trabajos de la Comisión parlamentaria.

Las noticias sobre el juicio al acusado de cometer abusos de menores en la Diócesis de Granada han puesto sobre la mesa una vez más el problema de los abusos sexuales en instituciones religiosas. Si observamos los pronunciamientos que efectúan algunos representantes eclesiásticos en ocasiones como ésta nos podemos percatar de lo fácil que es caer en la tentación de minimización o incluso de la negación, reduciendo el problema a comportamientos individuales que pueden suceder en toda clase de grupos sociales o instituciones. Sin embargo, frente a tan cómoda actitud mental existe también la posibilidad de optar por el coraje y la sensatez que llevan a ver la realidad del bosque, no sólo la de los árboles. Quienes quieran saber deberían prestar atención a lo que hoy en día se conoce ya sobre el problema y a las decisiones adoptadas por la Iglesia católica en otros países.

Las primeras revelaciones de abusos sexuales cometidos por el clero surgieron en los Estados Unidos de América a finales del siglo pasado. En la actualidad empezamos a saber bastante más que entonces. Un estudio presentado en el Congreso europeo de criminología en 2016, basado en la revisión de 30 estudios publicados sobre el tema, presentó casos ocurridos en instituciones de la Iglesia católica con un total de 14.753 víctimas (79% de ellas de sexo masculino) y 9.495 abusadores (de los cuales  un 93% hombres). La Santa Sede reconoció como probados 3.420 casos que se habrían producido entre 2004 y 2013, aunque otras fuentes han apuntado que la cifra total de víctimas podría llegar hasta las 100.000 personas. No puede sorprender, pues, que un documento de la Iglesia católica en Irlanda calificara el abuso sexual como un problema “endémico”.

En diversos países se han creado comisiones que han investigado la realidad, como la que en Australia ha examinado el abuso sexual en instituciones gubernamentales y religiosas. En Irlanda ha habido entre 2005 y 2011 cuatro comisiones de investigación  sobre abuso sexual en la Iglesia católica. También se han creado comisiones “ad hoc” en los Países bajos, Bélgica, Reino Unido y Austria. Algunas de ellas han emanado del Parlamento y otras han sido órganos internos de la Iglesia católica encargados de establecer procedimientos dirigidos a conocer los casos, exigir responsabilidades a los perpetradores y reparar a las víctimas. En 2014 la Conferencia de obispos católicos alemanes encargó a un equipo de expertos un estudio para determinar la extensión del fenómeno, descubrir cuáles las estructuras y dinámicas que favorecen el abuso y establecer medidas de prevención.

En el capítulo de reparaciones, la Iglesia católica de Estados Unidos llegó a pagar cantidades de hasta 3.000 millones de dólares como compensación a las víctimas y familiares de éstas. En Irlanda las compensaciones fueron de más de un billón, mediante dinero en su mayor parte público y con aportación de fondos de la Iglesia. En Alemania la Iglesia fijó una cantidad estandarizada de 5.000 euros para cada víctima.

En el caso de Granada, como en tantos otros, muchos han lamentado que la mayor parte de delitos habían prescrito. Ante la frustración que ello conlleva es comprensible que se oigan voces favorables a prolongar los plazos de prescripción de estos delitos, aunque no podemos olvidar que la justicia penal es un remedio muy imperfecto. Aun en el hipotético caso en que los delitos fueran imprescriptibles habría casos que no recibirían una condena judicial, por el fallecimiento del abusador o por las dificultades de prueba que suelen existir en esta clase de delitos.

En todo caso, la inviabilidad de la justicia penal no debe servir como coartada para la elusión de responsabilidades. La Iglesia puede adoptar procedimientos que lleven a conocer el alcance del problema y permitan satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para que estos procedimientos generen confianza y no susciten sospechas de ser un medio para encubrir los hechos deben estar acreditados por referentes externos a la institución. Para ello deben contar con expertos que ayuden a diseñar programas eficaces orientados hacia el reconocimiento de los hechos y de los diversos niveles de responsabilidad, así como a la reparación y el apoyo psicológico a las víctimas que lo necesiten.

Los daños que los abusos causan a los niños pueden ser muy graves. Afectan a su confianza en los otros y a su vida emocional y sexual, incluso, a menudo, cuando ya son adultos. A los sentimientos de culpa y vergüenza se une el de traición, especialmente en los casos en que el hecho se perpetra en un contexto de abuso de un poder moral y espiritual. Por ello la Iglesia no puede dar la espalda a las víctimas y debe hacer creíble ante ellas la seriedad de su compromiso por la verdad, la justicia y la reparación.