El tiempo que dura una guerra es siempre una eternidad. 

Desde luego en Ucrania, donde el coste humano y material del conflicto armado desatado por la ilegal invasión rusa hace doce meses es dantesco: las decenas de miles de combatientes y civiles muertos o heridos, los millones de refugiados y desplazados y una destrucción cifrada en cientos de miles de millones de euros son argumentos trágicamente evidentes para trabajar por el restablecimiento de la paz sobre la base del cumplimiento del derecho internacional.

Como ciudadanos de la UE debemos sentirnos especialmente concernidos por una catástrofe que tiene lugar en nuestro continente y siega la vida y los proyectos de europeos como nosotros. La Unión ha sido contundente en su reacción a la invasión a través del apoyo político, económico y militar a Ucrania, por un lado, y de las sanciones a la Federación Rusa, de otro. Correcto. Pero, al mismo tiempo, tiene que reflexionar profundamente sobre cuatro implicaciones de esta guerra para su presente y su futuro, evitando que la guerra cambie su naturaleza o su posición de fondo.

La primera implicación, sobre su identidad: la respuesta a esta guerra no debe modificar lo que representa la UE como proyecto de paz, alejada de convertirse en una potencia clásica que base su influencia internacional en el poderío militar. Tenemos que seguir siendo un poder global relevante por la capacidad de atracción de nuestro modelo -democracia y solidaridad- y nuestra colaboración política y económica de carácter abierto y universal, con una política exterior centrada en la prevención de conflictos y la gestión de crisis y un gasto en defensa suficiente y eficaz para garantizar nuestra seguridad. No somos una alianza militar.

La segunda, sobre su autonomía estratégica: la UE debe tener plena capacidad de decisión en todos sus ámbitos de competencia, estableciendo sus objetivos y los medios para alcanzarlos con independencia de criterio. Tener aliados y socios es imprescindible, pero siempre en pie de igualdad y teniendo antes que nada en cuenta los intereses de su ciudadanía y sus Estados miembro. La Unión es una realidad política y jurídica bien definida, en profundización y ampliación permanentes: confundirla con conceptos geopolíticos abstractos -sobre todo de cara a otros continentes- no es precisamente una buena idea.

La tercera, sobre la seguridad en Europa: construir un marco compartido por todos los países europeos, con vías efectivas de solución de diferencias y orientado al desarme -empezando por el nuclear y siguiendo por el convencional- es imprescindible. Conformar un esquema de seguridad dinámico desde el Atlántico a los Urales sigue siendo una tarea pendiente que la UE debería incluir entre sus prioridades. Apostar por uno excluyente sería un error impropio de la visión europea.

La cuarta, sobre su relación global: la UE es exactamente lo opuesto a lo que Europa representó para buena parte del mundo durante siglos, es decir, el colonialismo. Bien al contrario, debe ser percibida como una parte del Norte rico y desarrollado -esa es la realidad- empeñada en promover relaciones estables de respeto e igualdad con el resto del Planeta para la consecución de objetivos compartidos como el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, a través del libre comercio y la cooperación. Considerar al Sur global como un socio y buscar la convergencia con sus legítimas aspiraciones es la opción europea. Ni la división del mundo en bloques -en una suerte de retorno a la Guerra Fría- ni el unilateralismo casan con la identidad de la UE.

Si somos capaces al tiempo de ayudar a Ucrania y de mantener nítidos los perfiles propios de la UE -que están en sus orígenes, su historia y, no lo olvidemos, sus Tratados-, habremos conseguido cumplir con nuestras obligaciones y dar una nefasta noticia a cuantos autócratas gobiernan en el mundo, empezando por el que ha provocado esta guerra: Vladímir Putin.

Resolver el problema de la pobreza energética en España es no sólo una obligación moral y legal con los más de 5 millones (8% de los hogares) de personas que no pueden mantener su vivienda en condiciones adecuadas de temperatura ni usar energía para iluminarse o cocinar. Es además una oportunidad de mejorar el funcionamiento de nuestro sistema energético y cumplir con los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático a los que nuestro país se ha comprometido.

Es una obligación moral porque afecta a los más débiles de la sociedad: a nuestros mayores (la pobreza energética es una de las causas de aumento de mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias en personas de más de 60 años en invierno), a nuestra infancia y nuestra juventud (la pobreza energética provoca falta de concentración, ansiedad y depresión en este grupo de la población, lo que a su vez genera problemas de aprendizaje y retrasos en el colegio). Afecta más a las personas que viven en viviendas más antiguas, a los que tienen trabajos más precarios o están desempleados y a los hogares con un miembro de la familia enfermo. Afecta a las madres con menores a su cargo, es decir, a más de 1,7 millones de hogares en España. Solucionar la pobreza energética es construir una sociedad menos desigual y más cohesionada.

Pero es también una obligación legal. Lo dice la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico. Lo dice la Comisión Europea en su último paquete de medidas sobre clima y energía. En ambos casos se habla de la necesidad de definir adecuadamente el concepto de consumidor vulnerable de pobreza energética y de desarrollo normativo para paliar el problema. En esta línea, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2016 en diciembre del año pasado, que modifica los criterios que regulan el acceso al bono social e introduce algunas medidas que tratan de reducir el impacto de la pobreza energética. Se trata de un modesto primer paso. Sigue pendiente resolver el problema de los hogares que no pueden pagar la factura de electricidad. Además, no podemos olvidarnos del gas, que no está incluido en el bono social, y del que dependen muchas familias para cocinar y calentarse.

Hay que hacer mucho más para reducir la pobreza energética en España. A falta de regulación adecuada en el nivel nacional, los actores relevantes en este terreno (consumidores, empresas energéticas, gobiernos locales, comunidades autónomas, ONG y otros colectivos sociales) se han puesto manos a la obra y han llegado a acuerdos por los que tratan de coordinarse en caso de impago de facturas y evitar cortes de suministro en los casos de hogares de mayor vulnerabilidad. Pero son acuerdos parciales, sin coordinación entre ellos y que en cualquier caso no cubren a todos los consumidores vulnerables. Ni todas las empresas energéticas han llegado a acuerdos, ni todos los municipios forman parte de alguno de ellos.

En cualquier caso, ha supuesto más carga para los servicios sociales que ya habían sido objeto de recortes en los presupuestos públicos, lo que les sitúa en una difícil posición para asumir adecuadamente el trabajo extra derivado de estos acuerdos.

Uno de los factores más importantes relacionado con la pobreza energética en España tiene que ver con el precio de la energía, que no ha dejado de subir en los últimos años. Tiene también ver con cómo se factura la energía en nuestro país, con una parte fija muy alta que hace que cualquier medida de ahorro y reducción de consumo energético tenga muy poca relevancia en la factura final.

Una mejor regulación del sistema eléctrico en España implicaría como resultado que las medidas de ahorro tendrían más repercusión en el gasto dedicado a la energía por los hogares (también en el nivel empresarial, por cierto), lo que a su vez haría más atractivas medidas de rehabilitación energética, tan necesarias en España, de las viviendas, especialmente de las más antiguas, que es donde vive el mayor porcentaje de la población vulnerable a la pobreza energética. Esta mejor regulación pasaría por revisar los conceptos incluidos en el término fijo de la factura, el establecimiento de tarifas de consumo progresivas, reducción del 21% de IVA al que estamos pagando la energía y mayor flexibilidad en la potencia contratada, entre otras medidas.

Además, para acabar con la pobreza energética es necesario aprobar programas de rehabilitación de viviendas a gran escala, comenzando por los barrios donde se encuentran las viviendas y las familias más vulnerables.

Pero sobre todo hace falta más información a los consumidores, capacitación sobre medidas de ahorro, tipos de tarifas, ayudas existentes y sus derechos. Existe una falta enorme de conocimiento en temas energéticos en España. Queda mucho camino por recorrer en este sentido.

No podemos dejar de hablar de las energías renovables. Que uno de los países con mayor recurso solar de Europa obstaculice el uso de la energía solar para autoconsumo no tiene ningún sentido, ni económico, ni ambiental, ni social. Facilitar el uso de energía solar a nivel hogar reduciría de forma importante el presupuesto familiar dedicado a energía.

Caber recordar que España se ha comprometido, como el resto de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de París, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático en un 40% para el año 2030 tomando como referencia los niveles de 1990. Se ha comprometido también a aumentar el uso de energías renovables en el 2030. De momento, no ha cumplido los objetivos de producción marcados para el 2015, tal y como se avisa desde Bruselas.

La nueva Ley de cambio climático y transición energética anunciada por la ministra García Tejerina es una oportunidad de oro para poner en marcha todas o gran parte de estas medidas y evitar así que haya ciudadanos de primera y de segunda en función de su acceso a la energía.