Las asociaciones y colectivos que trabajamos por el cierre de los Centros de Internamiento de personas Extranjeras (CIE) nos encontramos de manera relativamente frecuente un hecho muy grave: la presencia de menores no acompañados allí internados. Es necesaria una precisión inicial: los menores no acompañados (también llamados MENA) no pueden ser detenidos ni internados en un CIE, tal como disponen las leyes de protección del menor y la propia Ley de Extranjería. Aún y así, en los últimos meses hemos podido comprobar aquello que ya imaginábamos: que las autoridades competentes no tienen previsto hacer nada para cambiarlo, incumpliendo así su responsabilidad y su mandato.

Ante esto es necesario preguntarse: ¿por qué motivo acaba un menor en un CIE si está prohibido por el ordenamiento jurídico? Las razones las encontramos en la falta de certeza que presentan los métodos de determinación de edad, así como en la implementación de un procedimiento jurídico que contraviene tanto las obligaciones internacionales contraídas por España como la propia normativa interna.

Las historias se repiten casi siempre de la misma manera: tenemos conocimiento que unos menores no acompañados están retenidos en el CIE; que llegaron juntos en una patera y que fueron interceptados por las autoridades españolas en algún punto de la costa. No llevaban ninguna documentación, pero manifestaron ser menores de edad. No todos lo hacen: algunos quieren pasar por adultos porque en su proyecto migratorio no preveen pasar un tiempo en un centro de protección. Otros, en canvio, lo dicen porque confían en esta protección. Lo que suele suceder entonces es que ante la falta de documentación y desconfiando de su palabra, se les aplican unas pruebas radiográficas de determinación de la edad, tal y como contempla el protocolo (según recoge el artículo 190 del reglamento de la Ley de Extranjería y el artículo 2 del reglamento de los CIE).

En muchas ocasiones, el resultado de estas pruebas es que sí que son mayores de edad, lo que supone su internamiento en el CIE a la espera de ser expulsados a su país de orígen. Pero se obvia un hecho de vital importancia para estos chicos: el resultado de las pruebas presenta un margen de error de hasta 18 meses (tal y como establecen las Sentencias de 4 de mayo de 2010 del Juzgado de Primera Instancia num 28 de Madrid, y de 8 de junio de 2011 del Juzgado de Primera Instancia num 80 de Madrid). 

Un margen de error de 18 meses significa que un joven que según las pruebas médicas es mayor de edad, en realidad puede tener 16 años y medio. Un hecho nada banal. Y aunque las instituciones lo niegan contínuamente, por nuestra experiencia podemos afirmar que esto sucede realmente. Por ejemplo, hace unos meses denunciamos la presencia de un menor en el CIE de Barcelona. Lo habían internado después de identificarlo como mayor de edad a través de las pruebas médicas. Afortunadamente, el chico pudo entregar documentación oficial que demostraba su edad real y lo dejaron en libertad. ¿Qué sucede con todos los que no pueden demostrarlo?

Insistimos, el internamiento en un CIE de menores no acompañados (es decir, sin padres ni tutores legales) está prohibido, tal y como recoge la Ley de Estranjería, que indica “Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España pasarán a disposición de las entidades públicas de protección de menores, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) y de acuerdo con las normas previstas en el artículo 35 de dicha ley”.

¿Es competente la Dirección del CIE para ocuparse de estos casos? Sí, lo es. Y según determinan las leyes aplicables (el art. 12.1 de la LOPJM y el 190 del RD 557/2011, en concreto) además tienen la obligación de informar a la institución pública de protección del menor correspondiente (la DGAIA en el caso de Catalunya), después a la Fiscalía de Menores y finalmente a la Subdelegación del Gobierno, en este orden. Y no a los cónsules, ni tampoco a los jueces, como se acostumbra a hacer. En cualquier caso, la ley no prohibe que se informe a estos segundos, pero sí exige que se informe a los primeros.

¿Porqué falla de manera tan evidente un sistema con la consecuencia de que un menor esté en un CIE? Apuntábamos anteriormente que esto se debe a los propios medios de detección de la edad, así como a un procedimiento jurídico creado para encubrir, mediante la apariencia del derecho, la voluntad de no identificar a menores. En la práctica, el procedimiento para la determinación de la edad se ha convertido en un ejercicio más de política migratoria que no de protección del menor. 

¿Qué pretendemos las asociaciones de defensa de los derechos humanos cuando se detecta un menor no acompañado en un CIE? En primer lugar, su salida inmediata del centro y la protección efectiva del menor por parte de la institución correspondiente. La DGAIA en el caso de Catalunya. Y, en segundo lugar, que los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado pongan en conocimiento a las autoridades competentes y el Ministerio Fiscal, que aquella persona ha de ser considerada menor y protegida como tal, según recoge el artículo 12.4 de la LOPJM.

Pero la no aplicación de la presunción de la minoría de edad y el deber de atención inmediata de menores, evidencian que se obvia la especial vulnerabilidad del menor no acompañado y se incumplen principios fundamentales de la protección del menor, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Menor, que justamente conmemorábamos el pasado 20 de Noviembre.

La gravedad de los hechos no es sólo el internamiento de menores no acompañados en el CIE, aún y su prohibición. Sinó la no actuación de la administración pública, no cumpliendo con su deber de protección de la infancia. La DGAIA se supedita a la voluntad de la Dirección del CIE, que a su vez se supedita a la resolución judicial de internamiento, que se dicta basándose en el resultado de unas pruebas de determinación de edad que no son fiables. A su vez, las peticiones y denuncias hechas desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos quedan sin resolver, dado que se niega sistemáticamente la presencia de menores en los CIE. Así que nos encontramos una y otra vez con un círculo vicioso qu muestra la inoperancia de la Administración pública que está omitiendo su deber de actuación en la protección de menores que se encuentran en su territorio. Y, en consecuencia, hay un menor (o decenas de ellos) sufriendo en un recinto de privación de libertad donde no debería estar, porque no se le considera como tal por ser migrante.

La presencia de menores no acompañados en centros de internamiento, o los que estan retenidos en la Ciudad de la Justícia de Barcelona durante días y días, así como la realidad de los que malviven solos en las calles de nuestros pueblos y ciudades, nos alerta. En primer lugar, por la desprotección de la infancia en general, y en segundo lugar, porque sitúa el orígen extranjero de la infancia como un elemento más para legitimiar esta desprotección, incumpliendo de esta manera la responsabilidad de las instituciones públicas del Estado.

Parlar de racisme és parlar en primera instància d’un sistema de dominació, i és fonamental enfocar-ho des d’aquesta perspectiva perquè si no ho fem així, correm el perill de no entendre tota la problemàtica que planteja, i per tant no ser conscients de l’envergadura de la nostra lluita. El racisme juntament amb el patriarcat i el classisme, són elements fonamentals per a fer perdurar les desigualtats i per tant eines molt estimades i utilitzades per aquells que volen mantenir el seu poder.

Parlar de racisme és parlar de no reconèixer a l’altre com a igual, negar-li la condició de persona, de ciutadana, de veí o de veïna. I aquesta negació de l’altre com a igual és la que obre la porta a l’insult, la vexació, la discriminació i l’agressió. I també a no respectar, protegir i garantir els seus drets en igualtat de condicions.

El racisme és invisible, i ho és fonamentalment perquè no hi ha voluntat política ni institucional per fer-lo aflorar. I ho és perquè, en general, les persones desconeixem els nostres drets i els mecanismes per a defensar-los. La suma de la desconfiança en les institucions i en el sistema i del desconeixement dels propis drets, suposa que la majoria de situacions de racisme, i altres vulneracions, quedin silenciades i amagades. Fet que suposa una greu conseqüència: per fer polítiques públiques contra el racisme és necessari quantificar-ho, però cal que aquesta quantificació sigui oficial. De nou la manca de compromís polític i institucional és bona part de l'impediment.

Els darrers tres anys entre un 34 i un 41% de les situacions de racisme que han arribat al Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme de SOS Racisme no han estat denunciades. I en la majoria de casos (al voltant del 60%) és la persona victimitzada que decideix no seguir amb la denúncia, per por, per desconfiança... En moltes ocasions perquè pensa que no servirà per a res.

Però si la invisibilitat és un greu problema, també ho és la impunitat, fins i tot poden ser part d'una mateixa moneda, en tant que si socialment no es reconeix el racisme com un problema és més fàcil que aquest quedi impune.

La impunitat també la podem desgranar des de diferents perspectives. Sovint, i sobretot des de la nostra tasca com acusació particular en casos de racisme, assenyalem l'administració de justícia com a responsable d'aquesta impunitat. Tot i que no és l’única, té certa rellevància en una societat que dóna valor al sistema judicial, utilitzant la via penal per a solucionar una gran diversificació de situacions.

De la impunitat de l'administració de justícia destacaria dues idees, la ceguesa davant el racisme, quan no es veu el racisme en el fet que s'està jutjant, quan sembla que fem ciència ficció si parlem d'atemptat contra la integritat moral o quan directament ens arxiven casos, perquè entre altres qüestions no es consideren que siguin rellevants. L'altra idea a destacar és l'actuació en desacord a la jurisprudència de drets humans, i obviant lleis i normatives o sentències anteriors, no es tenen en compte les peculiaritats dels fets. Totes dues situacions són molt greus, perquè en definitiva ens impossibiliten denunciar el racisme, evidenciant que el codi penal no és una eina útil per defensar drets humans.

Però també hi ha impunitat davant el racisme en els governs, estatals, nacionals i municipals, una impunitat que pot ser directa: quan és la mateixa administració la que perpetra la vulneració, per exemple els abusos per part de la policia que es donen en situació d'encobriment i opacitat. I indirecta, quan l'administració mira cap a un altre cantó i no concep el racisme com una problemàtica greu; i en conseqüència desaten la seva responsabilitat que és fer política pública per combatre el racisme i atendre, protegir i acompanyar a les persones que el pateixen.

El racisme té moltes cares, i el perill és que una bona part d'aquestes estiguin ocultes i amagades, que altres no es deixen veure i una altra bona part siguin tapades. El racisme existeix, no és abstracte i forma part de la vida de moltes persones. I el racisme, a més, té responsables: els que perpetuen la vulneració, els que no fan res per condemnar-les i impedir-les, i els que callen.

Posar el focus en invisibilitat i impunitat té la voluntat de fer una crida a la corresponsabilitat, perquè el racisme té unes víctimes directes, però ens afecta a totes, perquè condiciona la democràcia, la igualtat i la llibertat.