Nuestra sanidad sufrió un duro revés con la crisis. Lo que no sabemos es si esta crisis fue la causa o el pretexto que se utilizó para deteriorar la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta duda cabe porque el gasto en sanidad pública no se ha aumentado lo más mínimo, sino todo lo contrario. Mientras que, supuestamente nuestra economía se iba recuperando, los ajustes en sanidad pública no han parado de crecer.

La inversión en Sanidad el año 2009 fue de 73.130,6 millones, disminuyendo hasta los 70.635,7 millones en 2016. Para 2018, nuestro gobierno ha enviado el Plan Presupuestario a Bruselas en cual se contempla para sanidad un 5.8% del PIB. Una cifra que supone un mínimo histórico, muy lejos del porcentaje en PIB de lo que destinan el resto de los países europeos a sanidad.

La situación actual es la siguiente: las necesidades de nuestra población en protección a la salud va aumentando, entre otros factores, por el envejecimiento de la población. Nuestra esperanza de vida está a la cabeza del mundo después de Japón y el presupuesto destinado a ello va disminuyendo. Esta situación se traduce en menos puestos de trabajos y mayor temporalidad, con lo que esto supone para la atención a los pacientes, menor mantenimiento de las estructuras y recursos en general. Lo que nos lleva a listas de espera importantes, tanto para consulta como para pruebas complementarias, y en esto llega la oferta de la empresa privada.

Como ejemplo tenemos la Comunidad de Madrid, ofreciendo resultados magníficos con soluciones eficaces para solucionar las listas de esperas. Tenemos ejemplos concretos en los hospitales de Móstoles: mientras el hospital público del municipio se va degradando, el Hospital Rey Juan Carlos está muy bien financiado. Una muestra clara de cómo se ofrecen a la población las bondades de la sanidad privada, mientras se va dejando que se deteriore la sanidad pública.

¿Esto es casual? Parece que no. Es lógico, este deterioro de la sanidad pública facilita la llegada y la expansión del mercado sanitario. Estaba claro que nuestra sanidad era un nicho de mercado, cada día más, tenemos más pruebas que apuntan en esa dirección.

El Real Decreto 16/2012 supuso un antes y un después para nuestra legislación sanitaria, con este Real Decreto perdimos nuestra sanidad universal. No podemos atender a un paciente inmigrante en atención primaria. En muchos situaciones, en teoría hay que esperar a que la patología siga evolucionando y cuando la persona está ya muy afectada, entonces ya sí que puede ser atendida en un hospital. A esta situación se llega con lo legislado en el Capítulo I de este Real Decreto.

Otra cuestión clave es el Capítulo II de este Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2012. En él se recoge la modificación de la Cartera de Servicios que pasa de una única cartera común, a tres: cartera común básica, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios. Se entiende que una cartera de servicios recoge el catálogo de prestaciones, que contempla los servicios o conjuntos de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.

Fragmentarla y contemplar en ellas diversas prestaciones, está claramente ideado con el objetivo de imponer nuevos copagos, como ejemplo, el pago del transporte sanitario no urgente. Esta es la causa que llevó a Unidos Podemos a plantear este nuevo proyecto de Ley Reguladora de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud que presentamos esta semana. Un nuevo modelo que pueda revertir esta situación para recuperar la forma en que estaba contemplada esta Cartera de Servicios en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y con ello cerrar la puerta a futuros copagos que llevarían a más inequidad entre la población española y desigualdad entre las comunidades autónomas.

Hay derechos que hoy damos tan por sentados, tan extendidos, que cuesta acordarse de lo mucho que costó conquistarlos. Ni siquiera nos produce ya la más leve mueca, cuando vemos ejercer esos mismos derechos a aquellos que, a la hora de la verdad, cuando tocó reivindicarlos, se pusieron del otro lado. A esos mismos que un día anunciaron, desde sus medios y desde sus púlpitos, el fin de la familia y el advenimiento de mil plagas, y hoy les vemos divorciarse, o asistir a la boda de un amigo gay –incluso de un diputado–, con la normalidad con la que el resto de la sociedad recurre a estas herramientas civiles; en absoluto garantes de ninguna felicidad personal, pero al menos disponibles como opciones tan válidas como cualquier otra para buscarla.

Y es que, al final, siempre ocurre que las nuevas realidades nos ponen a todas y a todos en nuestro sitio, y debemos aceptar que gente de nuestro entorno, gente a la que queremos –acaso nosotrxs mismxs– tenemos derecho a vivir como nos dé la real gana. Por eso, y en muchos sentidos, el debate de la eutanasia hoy, es el debate de la ley del divorcio de hace más de treinta años, o del matrimonio homosexual de hace algo más de diez. Quizá algún día nuestrxs nietxs no sepan decir muy bien cuál de estos derechos se conquistó primero, porque todos ellos les parecerán igual de obvios.

Pero lo cierto es que hoy en España se sufre innecesariamente al morir. Según los últimos estudios, unas 130 personas mueren al día con sufrimiento en nuestro país. Hace años, las personas morían en sus casas, rodeadas de su gente, sin paliar los sufrimientos provocados por las distintas patologías. Hoy lxs pacientes mueren sobre todo en los hospitales, en muchas ocasiones, con padecimientos que son fruto de la obstinación diagnóstica y terapéutica de una sociedad hiper-medicalizada. Sin embargo, la población ha ido solicitando más información sobre su situación clínica, y ahora demanda más poder para decidir.

Desde la aprobación de la Ley 41/2002 (básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), sin duda se ha reforzado el derecho a la autonomía del paciente. Se han registrado avances, como los cuidados paliativos, actualmente recogidos en la cartera de servicios. En algunas autonomías se han aprobado normativas en este sentido. Sin embargo, quedan otros muchos casos por cubrir, ya que existen personas que, no encontrándose próximas a la muerte, pueden presentar sufrimiento irreversible, y desean poner fin a su padecimiento.

Por otro lado, y según las principales encuestas de opinión pública, la inmensa mayoría de la sociedad española contemporánea está a favor de regular el derecho a morir dignamente. Desde hace años, la labor de varias organizaciones de la sociedad civil como Derecho a Morir Dignamente ha ido sembrando este nuevo sentido común. En otros países como Bélgica, Suiza u Holanda, este derecho ya existe desde hace años. Hace apenas un mes, en Portugal, el Bloco de Esquerda presentó un anteproyecto de ley de la eutanasia, muy similar a la que estamos promoviendo desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea.

En España, el clamor por llevar adelante esta medida ha surgido tradicionalmente desde la izquierda. Desde varios parlamentos autonómicos, los partidos progresistas –incluido el PSOE– han votado a favor o han promovido mociones instando al Gobierno a regular la eutanasia. Parecía razonable pensar, por tanto, que el PSOE se sumaría a esta iniciativa que ahora proponemos, para poner a consideración de la Cámara el desarrollo de una Ley de la Eutanasia. Desarrollo en el que, posteriormente, este y el resto de partidos tendrían la oportunidad de proponer y negociar sus puntos de vista.

Sin embargo, ahora el PSOE no se suma. Y, al no hacerlo, ha tumbado la posibilidad de iniciar este trámite. Con ello, se pospone sine die el debate. ¿Por qué? Argumentan que ya han registrado la tramitación de una ley de muerte digna. Sin embargo, la misma pretende apenas armonizar los avances que ya se han realizado en algunas autonomías, y muy poco más. Quizá este cambio repentino de posición tenga que ver con que esta iniciativa ha sido discutida con Ciudadanos, socio preferente de la actual cúpula socialista, para cambiar aquello que no cambia nada. Quizá se deba más bien a esa práctica, tan propia de esta cúpula, que consiste en incendiar el verbo, para luego enfriar la letra. O, sencillamente, quizá prefieren paralizarlo todo, hasta que aclaren si quieren ser útiles al Ibex o a la ciudadanía.

Mientras tanto, la gente deberá seguir esperando a que sus instituciones respondan.

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Amparo Botejara es portavoz del Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Txema Guijarro es secretario general del Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM.